27 marzo, 2019
Saúl Escobar Toledo
La reforma laboral parece llegar a su etapa final. Según se ha anunciado, terminadas las audiencias públicas, a partir de abril comenzará a elaborarse el dictamen correspondiente en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados. Su aprobación se daría a mediados de ese mes para, después de Semana Santa, pasar a la de Senadores. De esta manera, unos días antes del primero de mayo, ésta última la votaría en el pleno. Tenderemos entonces una nuevo marco legal en materia de trabajo.
Sin embargo, las presiones para que esta reforma se convierta en una simulación se han dejado sentir desde el principio. Recordemos que en 2017 se decretaron las enmiendas constitucionales al artículo 123. Sin embargo, los cambios a la Ley federal del Trabajo (LFT) se congelaron durante la administración anterior. Fue hasta que se instaló el nuevo Congreso cuando realmente empezó a elaborarse una propuesta congruente con las nuevas disposiciones adoptadas en la carta magna. Éstas se pueden resumir en tres: crear Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial, desapareciendo así las Juntas de Conciliación y Arbitraje; crear una instancia de conciliación prejudicial y, además, responsable de los registros de sindicatos y contratos colectivos; y garantizar el ejercicio del voto personal, libre y secreto de los trabajadores en la elección de sus dirigentes y de sus comisiones encargadas de negociar las cláusulas contractuales.
La oposición se ha concentrado en la instancia de conciliación, que según la Constitución debe ser un organismo descentralizado que contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Y que se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Pues bien, los representantes del capital, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex (con matices), y por su parte, las viejas centrales sindicales, en particular la CTM, han manifestado su deseo de que esta instancia sea tripartita, en la que participen, dicen, trabajadores, empresas y empresarios (sic) y la autoridad como gran mediadora.
Sus razones: respetar la tradición del derecho laboral mexicano y sobre todo, afirman, mantener la paz y la competitividad internacional de las relaciones obrero-patronales pues ello ha sido determinante para las inversiones nacionales y la atracción del capital internacional. Los representantes del sindicalismo de viejo cuño agregan que sería una intromisión gubernamental que el centro se propusiera exigir constancias o verificaciones que demuestren la voluntad mayoritaria de los agremiados para la elección de sus dirigentes, para pertenecer a un sindicato, o para aprobar la firma de un contrato colectivo.
A estos argumentos jurídicos se suman rumores políticos no comprobados, una campaña insidiosa e incoherente que supone la existencia de un plan del gobierno actual para apropiarse del control de las organizaciones sindicales (nuevas o existentes) y para permitir la injerencia de asociaciones extranjeras en nuestra vida laboral.
Lo que se intenta, en realidad, es fraguar un gran engaño: convertir el organismo de conciliación y registro en un aparato bajo el control de las dirigencias patronales y los vetustos personeros del sindicalismo para que nada cambie. Es decir, para que la democracia y la libertad de asociación no se conviertan en una opción legal. Conservar el manejo de los registros de asociaciones en manos de quienes lo han manipulado durante los últimos setenta años, mantendría sometidos a los trabajadores a prácticas como los contratos de protección que se negocian a sus espaldas.
Sus intenciones encuentran, sin embargo, dos obstáculos: el primero, la voluntad expresa del gobierno actual incluyendo la Secretaría del Trabajo; del grupo parlamentario de Morena, que mantiene la mayoría en ambas cámaras; y de agrupaciones independientes. La cúpula empresarial cree que puede cambiar esta situación mediante amenazas de cancelar inversiones y fugas de capitales. Pero el segundo escollo es más complicado, pues se trataría de engañar a la OIT y, sobre todo, a los gobiernos, parlamentos y sindicatos de Estados Unidos y Canadá, firmantes del llamado T-MEC, el nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre los tres países, que en sus cláusulas laborales y en un anexo especial han comprometido al Estado mexicano a realizar los cambios en la LFT de acuerdo a los señalado en el 123 constitucional.
Con el fraude que intentan cometer, se arriesgan a que el Acuerdo trinacional sea rechazado por los legislativos de los países socios de México. Particularmente en Estados Unidos, donde la nueva mayoría demócrata en la Asamblea de Representantes de ese país votaría, seguramente, en contra de la ratificación del Acuerdo. Además, las representaciones obreras de esas naciones, que han estudiado el tema a profundidad, difícilmente se tragarían la pifia, ejerciendo una presión adicional sobre sus gobiernos y parlamentos.
Así pues, los empresarios que precisamente hablan de atraer inversiones a México parecen actuar de manera irrazonable pretendiendo boicotear un acuerdo que resulta indispensable para el flujo de capital extranjero a nuestro país. Parecen no darse cuenta de que, en las actuales circunstancias, muy excepcionales pero realmente existentes, el esquema de vender a México mediante salarios de hambre y pobres condiciones de trabajo, no puede seguir vigente, al menos bajo las mismas condiciones.
La posición del viejo sindicalismo no sorprende pues desean seguir usurpando la voluntad de los trabajadores. Se equivocan, además, en sus argumentos legales: el organismo de conciliación y registro, tal como dice la Constitución, no sería un instrumento del gobierno sino del Estado mexicano. Tal como otras entidades de este tipo, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. En este caso se trataría de garantizar el cumplimiento de la democracia sindical mediante la verificación del voto mayoritario de los agremiados. Y el respeto a la libertad de asociación, incluyendo la opción de no pertenecer a sindicato alguno.
Las huelgas de Matamoros deben ser entendidas como un llamado de atención en este sentido. Pensar que forman parte de un plan deliberado para el surgimiento de un nuevo corporativismo o para amenazar a la clase empresarial nacional y extranjera, es completamente equivocado. Al contrario, esos movimientos son una señal de que, si no se abren los canales legales, los trabajadores tendrán que actuar fuera de las instituciones para plantear sus reclamos.
La oposición del sindicalismo, ayer corporativo ahora de protección patronal, no representa gran cosa. La posición empresarial en cambio es un factor más importante. Su reacción ha sido dominada más bien por el miedo que por la razón. Acostumbrados, como ellos mismos afirman, a que en este país no haya huelgas, creen que cualquier protesta obrera se convertirá en una sublevación generalizada. Que abrir un resquicio legal para la democracia y la libertad sindical significa desatar un movimiento que necesariamente llevaría a exigir aumentos inmoderados de salarios que afectarían la estabilidad económica del país. Se equivocan también porque, al contrario de lo que suponen, fortalecer las instituciones laborales puede encauzar, en paz y ordenadamente, el descontento acumulado de tantos años de exclusión y abuso.
Apoyar el cambio mediante la ley siempre será mejor opción que apostar por la trampa, la simulación, y el ocultamiento. Por ello, las reformas a la LFT que hoy prepara el Congreso de la Unión y, en particular, el asunto de la composición y funcionamiento del organismo de conciliación y registro de sindicatos y contratos es un punto vital. Adulterar la Constitución de la República para volverlo tripartito es la ruta equivocada: equivale a engañar al mundo y a los mexicanos, y renunciar a construir una nueva relación, más equilibrada y dentro de los cauces legales, entre empleados y empleadores. Esto último no sólo beneficiaría a la parte obrera, también podría servir para mejorar la productividad, el diálogo y la concertación entre los factores de la producción.
En este momento culminante, los legisladores tendrán que elegir entre esas dos opciones: una institución verdaderamente autónoma e independiente, o una de corte tripartito. El primer camino es el de un cambio, que implica riesgos y probablemente algunos costos, pero que al final significa ampliar la vida democrática del país. El segundo, es simplemente cometer un atraco que no pasaría inadvertido ni aquí ni fuera del país.
