*Participación del Magistrado Héctor Arturo Mercado López, en el Foro “la Reforma laboral para todos. Última Llamada” efectuado en la Cámara de Senadores el 13 de abril de 2018.
Desde que se empezó la Reforma Laboral, fue un viejo anhelo que en lo personal tenía de que las juntas tenían que desaparecer.
El sistema de justicia de este país en materia laboral es una vergüenza, era una vergüenza, y sigue siéndolo en su manera estructural, porque hay un abandono estatal del sistema de justicia.
Porque el Estado no provee del suficiente presupuesto al sistema actual, porque no permite la capacitación plena y completa de todos los trabajadores, porque no paga salarios dignos a sus trabajadores que los aíslen y los alejen de la corrupción, porque no mete mecanismos de control que determinen ni detengan el tráfico de influencia y la corrupción.
El sistema, en su conjunto, es una vergüenza, no hace justicia, y eso es gravísimo.
Y el problema es que cuando algún sistema de justicia no responde a las necesidades de una sociedad que reclama que le digan cuál es su derecho, sea trabajador o patrón, el problema se empieza a resolver en la calle. Y se empieza a resolver en la calle o de manera absolutamente inconsciente y por lo tanto, la criminalidad aumenta, porque la desigualdad se acentúa o se empieza a resolver a través de movilizaciones sociales, que logran reivindicar derechos legítimos de una sociedad.
¿En qué situación estamos en este país? ¿Reivindicaremos por consciencia derechos fundamentales como sociedad, frente a eso que se nos viene o saldremos a la calle a continuar rescatando la sobrevivencia de nuestras vidas, porque nuestro trabajo digno no nos lo respeta la ley? Y por lo tanto, incrementará la delincuencia. Esa es la pregunta.
A mí me dijeron que respondiera una pregunta muy sencilla: ¿la reforma laboral secundaria era un retroceso para México?. Bueno, esta es la primera reflexión que me hago.
La reforma laboral tiene que verse sobre el fenómeno de la eficiencia con la que se va a aplicar y que se pretende aplicar con la reforma laboral. Si no entendemos el esquema de toda la propuesta que se está haciendo por parte del PRI y del PAN de manera objetiva, mesurada, profunda, centrada, punto por punto qué persigue; podemos correr el riesgo de no entender qué es lo que están proponiendo y creer que simplemente es un atropello simplón y ramplón de un vulgar despacho jurídico que la elaboró; y yo creo que estoy muy lejos de pensar que sea algo superficial.
Creo que hay que ir pensando varias cosas. La primera de ellas es, si se vota la reforma así como está, entra en vigor en noviembre; estamos hablando de seis meses para que entre en vigor. Y lo que he venido pregonando hasta el cansancio: señores, ¿con qué dinero, con qué presupuesto, con qué instalaciones y con qué personal?
En este país, señores, no existen laboralistas suficientes para soportar una carga profesional de un sistema de justicia altamente eficiente. Tenemos que prepararlos y eso nos lleva dos o tres años; y eso cuesta dinero, y eso implica un diseño de las instalaciones a partir del diseño que se haya hecho en la ley de los procedimientos que se hagan, y esas no las tenemos.
Qué, ¿vamos a rentar la casa que está al lado y metemos como sea y seguimos atendiendo? ¿O vamos a seguir en las instalaciones en que están, que en materia federal y local muchas veces tienen deficiencias serias?
Entonces, tenemos tres grandes problemas de entrada, que no tienen que ver con el derecho necesariamente. Que es un problema presupuestal, un problema de instalaciones que nos obligan a que en seis meses se preparen y un problema de personal.
¿A poco creen –y lo he dicho hasta el cansancio– que tenemos en este país los suficientes conciliadores o mediadores para llevar a cabo una función altamente eficaz?
La respuesta es no. Y se tiene que capacitar, porque aparte de ser expertos en derecho laboral un poco bajo el perfil que mi compañero, el que me precedió lo señaló con mucha puntualidad, tendrían que ser mediadores altamente calificados, con procedimientos objetivos y veraces. Entonces, no existe ese personal; no existen esas instalaciones y no existe el presupuesto.
Entonces, están enviando un par de monstruos tanto al sector federal como al local, de tribunales y de organismos que no van a funcionar. Pero es parte de la estrategia, que no funcionen.
El otro problema que tenemos es, ya en el diseño propio de la ley, de su desarrollo, implica por lo tanto empezar a ver qué papel juega este fenómeno de la conciliación prejudicial dentro del sistema de justicia.
Para un trabajador, él no entiende de si un organismo es prejudicial y que el juicio realmente inicia hasta que llega hasta el Tribunal Laboral; para el trabajador empieza el día que lo despidieron, el juicio, y termina el día en que lo reinstalan o lo indemnizan. O para el Sindicato empieza el día en que presenta su promoción y termina el día en que se resuelve su problema; lo demás son cuentas alegres y son tecnicismos, no necesariamente muy puntuales, porque esto estaría a discusión.
Y entonces, el problema que tenemos con los órganos de conciliación, ya se señaló aquí pero lo vuelvo a enfatizar: la ausencia de autonomía e independencia de estos órganos para tomar las decisiones correctas, en términos, ojo, de conciliación y registro.
Porque ahorita voy a señalar otro problema que trae, y entonces el problema es que su personal no cuenta con autonomía e independencia.
A nivel federal, ya se dijo, la composición tripartita. La composición tripartita, me parece que trae problemas de constitucional severo, pero eso ya será materia de pronunciamiento, en su momento.
Lo grave de la composición tripartita, y ahí es donde me asombro porque ley la ley y digo: Bueno, ¿qué no se dieron cuenta? El Gobierno está cediendo el control corporativo que tenía sobre los sindicatos, se lo está cediendo a un organismo patronal, porque la composición permite una organización con cuatro representantes patronales y cuatro sindicales, pero adeptos a esos patrones, con lo cual los cuatro del Gobierno quedan en minoría.
El control histórico corporativo de los sindicatos oficialistas, el Gobierno lo está cediendo con este proyecto de ley hacia un organismo que va a tener un profundo tinte patronal, y entonces ellos van a decidir qué sindicatos existen, cuáles no existen y cuáles son los procedimientos de contratación colectiva y huelga.
¿Qué no se dio cuenta el Gobierno lo que estaba cediendo en términos de poder? Ya no pregunto como persona que estoy criticando la ley, pregunto como una persona si estuviera haciendo la ley, estoy diciendo, ¿qué no se dieron cuenta los compañeros, estos representantes de los sindicatos que presentaron la ley que estaban presentando su carta de defunción? En fin.
El problema del órgano de conciliación, que también trae un desequilibrio procesal en el mundo individual, porque obliga a que el trabajador abra sus cartas en un fenómeno que se supone que es prejudicial y el patrón no, y entonces le permite todo un invento de pruebas y de defensa al patrón cuando ya llega a los tribunales, y convierte a nuestros tribunales laborales que, por muy independientes o autónomos que sean simplemente una caricatura, porque llegan con procedimientos amarrados y pruebas preconstituidas inventadas. Esto es lo que permite este sistema.
Y, desde el punto de vista colectivo, le da facultades al órgano de conciliación en materia de registros y procedimientos de huelgas y de negociación colectiva, que por su naturaleza específica son decisiones de carácter jurisdiccional que constitucionalmente no puede tener ese organismo, que tendría que tener nuestros tribunales. Entonces, nos resta a los tribunales las funciones jurisdiccionales que nos corresponden, para dejarla en un organismo de conciliación que no es autónomo independiente.
Yo sí estoy convencido de que, en términos federales, las juntas podrían funcionar con autonomía e independencia en las federales, pero a nivel local no.
En todas las entidades federativas los poderes judiciales-locales no son autónomos e independientes.
Cualquier presidente de un Tribunal Superior de Justicia de cualquier entidad federativa, se siente candidato a gobernador en cuanto le dan el cargo de titular del tribunal.
Siempre he alegado que los que nos dedicamos a la carrera judicial, no debemos tener acceso a puestos de elección popular ni en el ejecutivo ni en el legislativo, debemos mantenernos exclusivamente en la carrera judicial.
El problema que tenemos es, tendríamos que garantizar la autonomía judicial tanto de los centros de conciliación como de las juntas, al ser incorporadas en los poderes judiciales, pero eso significa un rediseño constitucional de los propios poderes judiciales locales y probablemente, yo no digo que no, estamos dispuestos y abiertos a todo, un rediseño de carácter federal.
No se toma en cuenta el voto secreto y esa es una cuestión que a mí en lo personal ha sido una de las grandes batallas que dentro de mi función jurisdiccional se dio la batalla por el voto secreto para los trabajadores no se toma en cuenta, ¿por qué? Porque se generan mecanismos para que la decisión no corresponda finalmente a la voluntad de los trabajadores y se rompe esto.
¿Qué podríamos pensar de esto?
Hay un rompimiento del voto, del sindicalismo, se convertiría en una caricatura patronal, existiría un desequilibrio procesal, tribunales que serían solamente de decoración, porque no haríamos justicia, esa es la verdad. Una conciliación inexistente, porque detrás de ella viene todo el control y todo el corporativismo patronal y con personal mal preparado, mal contratado, sin instalaciones y sin presupuesto.
Ese es un panorama que nos plantea el proyecto de ley, porque entraría en vigor en noviembre y entonces voy a repetir una vez más dos cosas y termino, lo que he venido repitiendo desde hace más de un año: pedirle a este Senado, pedirle a los diputados que no se vote la ley.
Yo no digo que no pueda tener cosas valiosas, pero si tiene cosas valiosas, sometámoslas a la discusión de los que no están de acuerdo, abramos un gran debate nacional por la ley, por los sectores, sobrio, profundo, de altura, técnico, que nos lleve a decidir un sistema de justicia eficaz, que le dé a cada quien lo que le corresponde, tanto a patrones como a trabajadores.
Que no se vote la ley, pero si la llegan a votar, porque se quieren imponer, en un acto de decencia les pediría que no entre en vigor en noviembre, no hay manera de organizar este sistema en seis meses de manera eficaz y eficiente.
Por lo tanto, pediría que dieran una vacatio legis de tres o cuatro años, lo que nos permitiría sacar este fenómeno del fenómeno electoral y ponernos a discutirlos con él de manera seria y profunda, que eso es lo que importa, está de por medio el bienestar de los trabajadores.
Finalmente, en 2012 se cambia el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo y se dice que el trabajo digno o decente y hacen una descripción muy completa que todos conocemos, ¿quién puede estar en contra de eso?
¿Este proyecto de ley aspira, lleva, profundiza el trabajo decente? No, yo creo que lo contradice y lo destruye. Por eso es importante en este momento que no haya ley, que se discuta, ninguno de nosotros podemos afirmar que tenemos la razón completa, pero frente a ese proyecto hay muchas razones que dicen que no puede ser, que está muy mal hecho.
Por lo tanto, nuestra obligación es pedir que nos se vote y ojalá no se vote, pero si se llega a votar, entonces que no piensen que ya se acabó el problema, yo creo que empieza la resolución del problema y empieza en términos de decisión constitucional.
La Corte podrá jugar un papel ahí muy importante, los tribunales colegiados, para decidir la constitucionalidad de muchos artículos y de muchas leyes. Ojalá no tengamos que llegar a eso, pero eso es necesario.
La batalla no termina, simplemente cambia de estilo. Defender la Ley Federal del Trabajo, los principios que tanto reivindicó mi compañero, defender la dignidad en el trabajo es defender la dignidad en mi persona y en mi familia, que no se nos olvide.
Gracias.

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