05 Septiembre 2018 00:53
Escrito por Javier Cerón Espinosa
Desde siempre colgarse de un tema que viste pero que deja ver las limitaciones políticas, porque sin ser actor central busca una bandera reivindicatoria para
supuestamente favorecer a los trabajadores del país, con el discurso de siempre que son salarios dignos y de quitar los que a su parecer ya no debe existir, cuando atrás dejaron estelas de rezagos y un desgarriate en su administración ¡bandera!
Ahora piden a gritos soltar las amarras a los salarios, en una propuesta de iniciativa que incluye desaparecer hasta la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como lo ha hecho Miguel Ángel Mancera, que desde su cómoda posición de Jefe de la Ciudad de México, también enarboló la bandera de los salarios mínimos, en un contexto de competencia electoral, incluso hasta se reunió con el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, para hacerle llegar su intención ¡propuestas!
Ya desde el Senado envuelto en los colores negro amarillo, pide hasta desaparecer la CONASAMI, por lo que los trabajadores de ese organismo tripartita le recuerdan que no nada más es pedir, que es una añeja propuesta perredista, tendría que informarse de que no existe por capricho de alguien, sino que está fundamentada en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y habría que revisarlos ¡aguas!
Así como le contestaron al diputado federal morenista Mario Delgado, en una entrevista hecha por VISIÓN LABORAL, al líder del Sindicato de Trabajadores de la Conasami, Rubén Martínez, cabe ahora recordar que no todos ganan sueldos millonarios, al menos los más de 100 trabajadores sindicalizados tienen salarios promedio de 10 mil pesos, por lo que le contestan de igual manera: ¡qué se informe bien!
Le recuerdan que por ahí andan circulando noticias de que en su administración dejó pendientes, como fue la formalización de miles de trabajadores que se sienten “engañados” porque nunca se realizó este proceso, así es que primero debería de voltear a ver lo que dejó y toda la estela de ineficiencias de su gobierno capitalino, para después venir a proponer que se cree un instituto del salario, porque con ocurrencias los trabajadores no van a mejorar sus ingresos ¡recordatorio!
En este contexto, tomar la bandera de los salarios es un asunto que les corresponde a los factores de la producción, en este caso al sector obrero y empresarial junto con el gobierno, para eso está el organismo tripartita de la Consami, porque como político se puede proponer todo, pero habrá que ser autocrítico para voltear a ver toda la corrupción que carcome a la capital del país ¡enfoques!
DE TODO UN POCO…CTM…Ya se dio la primera sesión en el Senado de la República, donde estuvo Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM y Presidente del Congreso del Trabajo, nada ha planteado de salarios y por lo que se observa este asunto se va hasta el próximo año, lo que está a la expectativa es la complementación de la reforma laboral en sus leyes secundarias, que también llevará tiempo y más aún que las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje desaparezcan, y no es por falta de voluntad política, sino por falta de lana…..
http://www.elpuntocritico.com/visión-laboral/163315-salarios-y-oportunismo-¡bandera-ctm,-sectur,-puebla.html
Categoría: Opinión
El Futuro del Trabajo / Invitada: Dra. Graciela Bensusán
Escrito por México Social
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, en disponibilidad de producir bienes y servicios en el país fue del 59.2% de la población total del país durante el primer trimestre de 2017. Es decir, 53 millones 681 mil 720 mexicanos.
Asimismo, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostraron que todas las modalidades del empleo informal sumaron 29.7 millones de personas, lo cual representa a 57.2% del total de la población ocupada del país. Además, la cantidad de personas en informalidad laboral aumentó 1.8% con respecto de 2016.
El INEGI define el empleo informal o informalidad laboral como aquellas condiciones de trabajo donde los trabajadores no pueden hacer efectivos ciertos derechos laborales, como la seguridad social, beneficios no salariales, liquidación o finiquito al término de la relación de trabajo, ni tener acceso a las instituciones de salud comprendidas dentro de esos derechos. Ello, aunque la empresa en donde trabajen esté legalmente constituida ante la autoridad fiscal. Al respecto, cabe destacar que sólo 37% de la población mexicana tiene acceso a instituciones de la salud por su trabajo.
Por otra parte, dentro de la informalidad laboral también existe un ámbito más específico, el cual se refiere al sector informal. Los tipos de actividades dentro del sector informal son aquellas donde los trabajadores laboran por cuenta propia (autoempleo) o donde son trabajadores dentro de su familia y no reciben remuneración
Alrededor de 14 millones de personas trabajan en el sector informal en México y, dentro del mismo sector 13 millones 816 mil 069 de personas que son trabajadores independientes. Esta cifra equivale a 26.6% de la población ocupada.
Como los datos muestran, a pesar del crecimiento en el número de empleos formales registrados en el IMSS, hemos llegado a tasas históricas de condiciones de informalidad laboral. El desarrollo y el crecimiento de economía nacional depende, en sus cimientos, de la calidad del trabajo y del acceso a la calidad de vida a través de él.
https://www.youtube.com/watch?v=VkZPrDi3hDs
http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-13-35-51/resena-programas/item/1572-el-futuro-del-trabajo-invitada-dra-graciela-bensusan#.W4y-Uuq1FnZ.facebook
Reforma laboral y definiciones ideológicas del nuevo régimen
02/09/18 | 14:45 | Por: Pedro Olvera Vázquez
¿;Mejorar salarios y perder inversiones o mejorar inversiones y que pierda el salario?
Lo que se llamó Reformas Estructurales, lo fueron; aunque estemos o no de acuerdo con ellas pero ¿;Hacia dónde iban? Esas reformas de Estado se encuentran cargadas lógicamente de ideología una ideología hacia lo neoliberal, hacia un liberalismo económico rabioso con una ideología extrema o no, según la identifiquemos.
Pues le diré que igual puede resultar con las contra reformas, es decir las reformas que ahora con López Obrador se esperan en varias materias, para corregir o bloquear las Reformas de EPN quien presume como su mejor logro y satisfacción.
Se habla mucho de la reforma educativa y ya se dijo que va para atrás. Esto es, se va a contra reformar en lo educativo, en esa decisión que nos anticipan hay una tendencia más hacia la izquierda, respetuosa de los derechos laborales de los maestros.
Se habla también de la Reforma Energética, que no se sabe aún si va completamente para atrás o si habrá reformas parciales. Pero de lo que no se ha hablado todavía es de la reforma laboral, esta reforma que se empezó a instrumentar desde Calderón y que terminó con gran énfasis (2014 y 2017) en la supresión de la tutela sobre Derechos de los trabajadores con Peña.
¿;Será objeto de una contra reforma? seguramente sí y no habrá otra cosa que marque más claramente la ideología del régimen que ésta pues la naturaleza de su materia obliga a definiciones ideológicas a cada paso: piense usted en Capital, Trabajo, Libertad de Comercio, Derechos Humanos, Libertad de Huelga, Out Sourcing, Paros por Sobre Producción, Protección o Discriminación Para la Mujer, Suplencia de la Queja o de la Deficiencia de la Queja, el Principio In Dubio Pro Operarium (en caso de duda proteger al trabajador) trabajo de menores, jubilaciones, trabajo a prueba o jornadas por hora, y muchos otros conceptos que abrigan principios y contra principios que privilegian mas las leyes de mercado, eso sin platicar de los salarios y de la judicialización del sistema de justicia laboral aboliendo las Juntas de Conciliación que ya en las últimas décadas se enviciaron, corrompieron y envilecieron su objeto.
Esta contra reforma laboral, si es que se hace, es algo que se nos está olvidando y con el Tratado de Libre Comercio (NAFTA) que se está renovando aunque cambie de nombre, va a ser un nuevo acuerdo económico entre los tres países de Norteamérica que tendrá una gran repercusión en los salarios porque los salarios actualmente en México son miserables, precarios y por eso se vienen muchas transnacionales para acá y por eso a Canadá y a EEUU les interesa que sus trabajadores puedan conservar su planta de trabajo, ¿;Cómo? Pues sin tener una competencia desleal como les resulta la de México con salarios tan chafas que son una invitación para que los inversionistas no se quieran quedar allá.
Aquí vale recordar además de los exabruptos de Trump, la visita de Justin Trudeau al Senado de la República y su discurso en el que pidió a los legisladores actuar para que los salarios del trabajador mexicano mejoren a los niveles de los trabajadores Canadienses.
Ya sabemos que no era solo un buen corazón del Canadiense sino la necesidad de equiparar las oportunidades para los trabajadores de los tres países parte del Tratado; también entendemos que los berrinches Trumpianos obedecían precisamente a la fuga de capitales que una mano de obra por debajo de lo barato y cercana a lo ridículo en su costo, provocaba en la industria manufacturera y especialmente las armadoras de automóviles con todas las Rémoras Tiburoneras, de las múltiples industrias que tienen que seguir a aquellas como sus proveedores, emigraran hacia nuestras tierras en donde a veces los mismos líderes sindicales les exigen que se ajusten a moderar sus salarios «para que no les pongan el desorden» y luego otros operarios pidan mas. El colmo.
Pues bien, estos temas laborales conllevan el compromiso de la definición ideológica clara y más evidentemente que otras problemáticas en donde la definición puede ser matizada al no ser de efectos tan inmediatos y directos hacia la población, como la Reforma laboral que MORENA y AMLO (los dos indudablemente) quieran hacer. También será un momento idóneo para medición del «nuevo» Presidencialismo mexicano y la relación entre poderes.
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=177125
Lo laboral en TLC con EU más presión a reforma, juntas de conciliación doble costo y hasta 20 mil mdp
*Pide ADI a Amieva dar aval a proyectos legales y pronto nueva gestión; Choose Chicago, récord en turismo, convenciones y ejemplo a CPTM; Holcim sube 7% el cemento
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres, Nombres / Heraldo de México
POR ALBERTO AGUILAR AGOSTO 31, 2018
bit.ly/2MDXFw3
YA LE ADELANTABA QUE en lo laboral lo pactado por México con el gobierno de Donald Trump no se apartará de lo que en su momento el país comprometió para el TPP.
Desde entonces con Barack Obama ya había críticas en los foros internacionales contra México por el “dumping laboral” que supone un andamiaje sindical ex profeso para mantener salarios bajos.
Hay comparativos de lo que un trabajador de EU ganaba en 1997: estaba en 23 dólares y evolucionó a 37 dólares en 2015.
En Irlanda la remuneración en esos mismos 18 años crecieron de 17 a 36 dólares y en Corea del Sur de 9.24 a 37 dólares, mientras que aquí el salario de un trabajador pasó de 3.47 la hora a solo 5.90 dólares.
De ahí que en el capítulo 19 del TPP, México se obligara a garantizar la libre contratación colectiva, libertad de asociación, justicia laboral independiente y prohibición del trabajo infantil.
Esto mismo se replicaría para el TLCAN o Acuerdo EU-México que quedó listo el lunes como lo anunció el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esta vez además lo laboral quedará plasmado en un anexo con obligaciones vinculantes y sanciones, lo que fue aceptado por Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray.
Ya en febrero del 2017 se iniciaron los cambios con ajustes a los artículos 107 y 123 de la Constitución.
Conforme a la misma deben desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje para sustituirlas por instancias de conciliación especializadas que manejará el poder judicial.
Se imaginará el cúmulo de intereses a vencer para dar el paso comprometido en un asunto que primero quedó a cargo de Alfonso Navarrete Prida como titular de la STPS y que heredó Roberto Campa Cifrián al asumir la dependencia.
Un primer inconveniente fueron los recursos presupuestales que se requerirán para crear una nueva estructura. Se llegó hablar de unos 10 mil millones de pesos (mdp), aunque ahora hay quien calcula el doble, osea 20 mil mdp.
Para cumplir con el cambio las actuales juntas locales tendrían que mantenerse por al menos 3 años para sacar los expedientes vigentes, y en ese ínter las nuevas instancias de mediación deberán recibir lo nuevo.
En un entorno de escasez de recursos presupuestales para 2019 y en el contexto de la austeridad que promueve Andrés Manuel López Obrador, no se ve nada fácil continuar con esa reforma, que ni siquiera se ha empujado con la voluntad requerida.
Ahora el problema es que con los nuevos compromisos la presión internacional contra el país en lo laboral crecerá.
Como indicativo de la problemática que enfrenta esta metamorfosis hoy la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a cargo de José Francisco Maciel opera con un presupuesto de poco más de 915 millones de pesos, recursos que apenas permiten operar a 45% de su capacidad.
Así que habrá que ver que sucede.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/lo-laboral-en-tlc-con-eu-mas-presion-a-reforma-juntas-de-conciliacion-doble-costo-y-hasta-20-mil-mdp-nombres-nombres-y-nombres/y
http://www.milenio.com/opinion/alberto-aguilar/nombres-nombres-nombres/laboral-tlc-eu-presion-reforma-juntas-conciliacion-doble-costo-20-mil-mdp
Petición al Senado: ratificar el Convenio 98 OIT
Arturo Alcalde Justiniani
El triunfo popular de julio pasado abre posibilidades para lograr cambios en la agenda nacional, no sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal; es extensivo a los distintos niveles de gobierno y de manera particular al Poder Legislativo.
El Congreso de la Unión inicia hoy una nueva etapa de trabajo. Se cierne sobre su quehacer muchas expectativas que buscan ser atendidas. La lluvia de peticiones es amplia y buena parte de ellas no pueden esperar. Una de esas decisiones está relacionada con un tema clave para reconstruir el mundo del trabajo: se trata de la ratificación por parte del Senado de la República del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la libertad sindical y al fortalecimiento de la contratación colectiva.
El convenio 98 forma parte de los cinco convenios fundamentales de la OIT, referidos a la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la prohibición de la discriminación en materia de empleo y ocupación y a la libertad de asociación. El convenio 98 tiene la tarea específica de impulsar la negociación colectiva y es hermano complementario del convenio 87. Ambos datan de siete décadas atrás, sin embargo, nuestro gobierno sólo ratificó el 87 y por lo que se refiere al 98 el Senado ha suspendido su ratificación por los intereses del añejo corporativismo y la intención de mantener los contratos colectivos de protección patronal firmados a espaldas de los trabajadores.
Finalmente, en diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto decidió firmar el convenio 98. Su aceptación fue ampliamente celebrada ya que colocaba a México, al menos en el plano legal, en la ruta de otros países democráticos del mundo. En la actualidad lo han firmado ya 164 países de los 187 que forman parte de esta organización internacional.
En un momento se pensó que la ratificación por parte del Senado, condición constitucional para que tenga plena vigencia, sería inmediata, sin embargo, la gestión de un grupo de abogados beneficiarios de los contratos de protección patronal, temerosos de que el fortalecimiento de la negociación colectiva auténtica pusiera en riesgo su negocio, lograron retrasar esta ratificación. Argumentaron con falsedad que ratificarlo podría alterar ¨la paz social¨, ya que al suprimirse los controles a la negociación colectiva se facilitaría la multiplicación de sindicatos. Ninguno de sus argumentos encuentran sustento en el texto del convenio ni en las interpretaciones que la OIT ha llevado a cabo sobre el mismo.
En los cuatro artículos básicos del convenio 98 se plantea en esencia proteger la negociación colectiva frente a todo acto de discriminación tendiente a controlar la libertad sindical, a garantizar la vigencia de este derecho frente a los intentos de controlarlo por parte de los patrones y los gobiernos. Se señala que deberán crearse mecanismos adecuados para que este derecho sea respetado y en particular se hace referencia al fomento de un plan de desarrollo para impulsar la negociación colectiva ya que es el instrumento fundamental por medio del cual patrones y trabajadores dialogan y acuerdan sobre las condiciones de trabajo en una lógica de beneficio mutuo.
Este histórico Senado tiene ahora en sus manos la posibilidad de concluir este proceso de ratificación por las múltiples razones que justifican esta añeja petición. Entre ellas tres: la primera, es su congruencia e íntima vinculación con la reforma al artículo 123 de nuestra Carta Magna de febrero de 2017, en donde se elevó a rango constitucional la negociación colectiva y se establecieron reglas para su fortalecimiento, entre ellas, que su creación inicial o firma debería ser apoyada por los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto. La segunda razón encuentra su justificación en los beneficios del diálogo entre trabajadores y empleadores; nada mejor que la información recíproca, compartir objetivos comunes y compromisos y convenir sobre las reglas de trabajo necesarias para unos y otros. Por ello es la institución central en el derecho laboral. La tercer razón es consecuencia de los compromisos contraídos con la comunidad internacional, tanto con la OIT como en los diversos convenios y tratados de derechos humanos y más recientemente en el Capítulo Laboral de la nueva versión del TLCAN, que contiene el compromiso de nuestro país de garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica.
Confiamos plenamente en que el nuevo Senado de la República, ajeno a ataduras corporativas e intereses malsanos, culmine esta ratificación largamente esperada.
Pd. Es de reconocer la apertura y sensibilidad de Claudia Sheinbaum próxima jefa de Gobierno de Ciudad de México al mantener la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Su decisión después de escuchar a distintos sectores da muestra de la política de diálogo que tanto necesitamos.
https://www.jornada.com.mx/2018/09/01/opinion/015a2pol
La oportunidad de los legisladores
28 agosto 2018-08-29 Por Miguel Carbonell
El próximo sábado 1 de septiembre inicia una nueva legislatura del Congreso de la Unión. A partir de ese día veremos una configuración partidista de las Cámaras que hacía mucho tiempo no existía: una fuerza política tendrá el dominio absoluto y podrá por sí sola aprobar leyes, presupuestos, ejercer control sobre órganos autónomos y de vigilancia, hacer nombramientos de ministros de la Suprema Corte, palomear embajadores y cónsules, etcétera. Tendrá a su alcance, con unos pocos votos de sus partidos aliados, incluso cambiar la Constitución de la República.
El Presidente electo, que entrará a ejercer el cargo a partir del 1 de diciembre, podrá usar ese dominio legislativo para materializarlos cambios que prometió en campaña y que ha venido explicando a partir del día siguiente al de su triunfo electoral. Podrá hacerlo, además, utilizando la ]gura de la “iniciativa preferente” para que sus propuestas legislativas se aprueben con toda celeridad. Todo parece indicar que, ta como lleguen las iniciativas, serán aprobadas por los
legisladores de su partido, pues no se ve que pueda haber
alguna rebelión interna que se atreva a proponer iniciativas distintas a las del Presidente. Eso le dará un enorme poder al próximo titular del Poder Ejecutivo, tal como me imagino que lo quisieron los ciudadanos al expresar su voto en las urnas el pasado 1 de julio.
Ahora bien, los legisladores entrantes (además de la agenda que les vaya fijando el Presidente de la República) se toparán con una serie de pendientes que les heredó la actual legislatura y que deberán atender por mandato constitucional. Me refiero a la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda del procedimiento en materia laboral, a partir de la cual deben desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitrajepara ser sustituidas por verdaderos tribunales laborales, y expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para unificar a nivel nacional las reglas en esas dos relevantes materias del ordenamiento jurídico mexicano.
La reforma del procedimiento laboral debía haber estado lista desde febrero; la enorme irresponsabilidad de nuestros políticos no permitió su aprobación, pero es un tema de la mayor urgencia, que será además un buen termómetro de la orientación que tendrá el nuevo gobierno en un área tan sensible como la de las relaciones obrero-patronales.
Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (que se va a encargar de regular más de un millón de nuevos procedimientos judiciales que se presentan cada año en ambas materias a lo largo y ancho del país) tenía que haber estado listo en el mes de marzo. De nuevo, las inercias de la campaña y la Lojera legislativa impidieron su aprobación.
A esos dos temas hay que agregar las reformas que ha señalado López Obrador en materia penal, para convertir a los delitos de corrupción en delitos que no permiten la libertad caucional a lo largo del proceso, de forma que quienes sean acusados de haberlos cometido van a entrar en prisión. Seguramente en el mismo tema de la lucha contra la corrupción, que fue la propuesta estrella de la pasada campaña, se tendrán que hacer otros cambios legislativos para terminar de dar forma al Sistema Nacional Anticorrupción, que si bien fue diseñado y promulgado en el sexenio de Peña Nieto, nunca se quiso en realidad que funcionase, ni se ha visto ningún resultado tangible desde su creación.
Ojalá los nuevos liderazgos legislativos, que van a sustituir a una clase política reprobada en las urnas y despreciada por la enorme mayoría de mexicanos según todas las encuestas disponibles, haga un mejor trabajo. Para empezar, habría que pedirles a los legisladores que no falten a las sesiones, tanto de Pleno como de las Comisiones.
En segundo lugar, que si acuden a trabajar, no lo hagan para calentar la curul solamente, sino que aporten ideas, iniciativas, debates y buenos argumentos para modificar lo mucho que se debe cambiar en México. En tercer lugar, que honren en serio el discurso de López Obrador sobre la austeridad y pongan el ejemplo. El gasto en “aviadores” y el dispendio de bonos y todo tipo de prebendas ha sido escandaloso en los años recientes. Todo eso debe terminar.
Veremos a una clase política renovada. A partir del sábado sabremos si esa renovación va a servir para mejorar al país o si se van a reproducir los vicios ancestrales de la política mexicana. Se levanta el telón. Inicia la función.
Investigador del IIJ-UNAM
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/miguel-carbonell/nacion/la-oportunidad-de-los-legisladores
México tiene hambre y sed de justicia laboral
Eliseo Rosales Ávalos
27 de agosto de 2018, 00:16
Mucho se habla de los retos que tenemos en materia de seguridad pública, corrupción y combate a la pobreza. Empresarios líderes de opinión plantean sus posicionamientos, queriendo influir en la agenda del gobierno de transición. Pero nadie habla del grave problema que significa la justicia laboral, quizá por la conveniencia que implica para los patrones o para la complacencia de los sindicatos.
Como muchos otros frentes, la justicia laboral es una deuda histórica que se tiene con el pueblo mexicano, todos: grandes directores de empresa, comunicadores, artistas, empleados de carne y hueso, hemos sido víctimas de injusticias laborales, a pesar de lo dicho por los expertos, tenemos un marco jurídico cuantioso de desventajas para los trabajadores.
La burocracia administrativa y la lentitud en las resoluciones judiciales son el pan de cada día, míticos asuntos se encuentran sin resolver. ¡Hay algunos del siglo pasado!, en todos existen las mismas constantes, falta de personal, falta de voluntad de los patrones y en muchas ocasiones falta de presupuesto.
Esta problemática la hemos vivido en carne propia la mayoría de los ciudadanos. En muchos de los casos la negativa de pago pone en serios problemas el patrimonio de los trabajadores, a los cuales no se les toma en cuenta y las multas impuestas hacia los deudores son risibles, muchas veces el trabajador termina por recuperar sólo una parte de lo invertido en estos tardados juicios que empañan su trayectoria profesional. En México la justicia laboral es lenta y con cuentagotas.
Debemos poner el dedo en el renglón para poder agilizar los juicios engorrosos que muchas veces terminan ganando quien más aguanta la burocracia. Los ciudadanos nos merecemos la conclusión de los problemas de manera rápida, leyes justas en tiempos justos que no pongan en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.
Menudo paquete tiene María Luisa Alcalde, próxima secretaria del Trabajo, quien, con 31 años de edad, tendrá que enfrentar problemas que seguramente tienen más edad que ella. México necesita empleos, pero también una justicia efectiva, que nos proteja de los patrones abusivos. Muchos años después sigue vigente el apotegma de que México tiene hambre y sed de justicia.
Será un gran reto para la nueva administración lidiar con vicios que tienen décadas y con problemas que merecen un análisis profundo para poder tener instituciones confiables y eficientes que permitan una respuesta ágil y expedita entre gobierno, patrones y trabajadores.
@ErosalesA
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-tiene-hambre-y-sed-de-justicia-laboral-20180827-0010.html
OPINIÓN: El sindicalismo en la ‘cuarta transformación’
El 1 de mayo Sindicalistas ferrocarrileros, pilotos, maestros, entre otros marcharon de Eje Central al Zócalo capitalino para exigir las respectivas mejoras en sus áreas de trabajo, esto con motivo de una conmemoración más del Día del Trabajo. (Cuartoscuro)
Los excesos abiertos y la falta de una agenda real de apoyo a los trabajadores mexicanos ha demeritado de manera importante la imagen pública de los sindicatos, señala Don Porfirio Salinas.
agosto 20, 2018 09:17 AM
Don Porfirio Salinas
Nota del editor:Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); y antagónico al régimen actual, contrario a esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
(ADNPolítico) – Si hay un poder fáctico en México que ha dañado profundamente a partidos, gobierno, empresas y sociedad, es el sindicalismo. El movimiento sindical mexicano ha sido de los más poderosos de América Latina y ha sabido sobrevivir a todas las etapas recientes de la vida política del país.
El sindicalismo en México tuvo un papel fundamental en la política, sobre todo desde que fue institucionalizado como uno de los tres pilares del PRI: la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la otrora central única de sindicatos.
Si bien las luchas sindicales por momentos han resultado en beneficios laborales para diferentes gremios, la realidad es que los sindicatos han resultado un inquebrantable dique para la modernización del país, y una fuente aparentemente inagotable de poder, votos y recursos para diferentes partidos y gobiernos.
Dentro de la estructura clientelar y corporativista que caracterizó a buena parte de la era del sistema hegemónica priista, los sindicatos jugaron un rol fundamental gracias a sus niveles de organización, y a su capacidad de cooptación.
Ningún partido político en México se puede decir ajeno a la colaboración electoral con el sindicalismo. No ha sido solo el PRI con la CTM el que ha jugado a esta alianza. El PAN durante sus años en el poder presidencial dio rienda suelta a sindicatos como el SNTE, o al SNTSS (Seguro Social). Y qué decir de las alianzas entre el PRD y la una vez famosa UNT de Hernández Juárez.
Curiosamente, el único presidente que ha hecho algo por limitar el poder sindical en la historia reciente fue Carlos Salinas. Más allá de los famosos golpes al Sindicato Petrolero y al SNTE, durante el mandato de Salinas se realizó la reforma más importante al sindicalismo, que permitió la creación de sindicatos independientes. Antes, ningún sindicato podía existir si no era miembro de la poderosa CTM. Es con esa reforma justamente, que se hace posible la creación de la UNT.
Lamentablemente, con la llegada de Zedillo se da un reblandecimiento gubernamental y el sindicalismo comienza a recuperar algo de terreno. Pero es con la llegada de Vicente Fox que los sindicatos vuelven a tener rienda suelta, encumbrándolos como uno de los máximos poderes fácticos del país. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque de manera distinta, continúan la tendencia de refortalecimiento sindical, en detrimento de la apertura democrática del país.
Morena no se queda atrás, y desde antes de su creación como partido formal, genera alianzas sindicales con centrales altamente cuestionadas, como el SME y la CNTE, que mantiene durante el proceso electoral que finalmente lleva a Andrés Manuel López Obrador a ser hoy presidente electo.
Desde el punto de vista electoral, los sindicatos eran estructuras efectivas de movilización, coerción y compra de votos para el mejor postor. Durante décadas fueron fieles al PRI; con el surgimiento y crecimiento de la competencia electoral flexibilizaron sus ideales para trabajar con el partido o líder político que más les conviniera. Incluso, muchos de ellos hoy juegan a diversificar sus apoyos a varios partidos.
Sin embargo, el poder electoral de los sindicatos hace tiempo que dejó de ser factor determinante en los resultados electorales. Hoy, los sindicatos son organizaciones heterogéneas que no tienen ya la capacidad de asegurar un voto masivo para quién contrata sus servicios electorales.
Aún así, los liderazgos sindicales siguen cobrando caro su apoyo. El reparto de posiciones políticas y cargos de elección que hacen los partidos a líderes sindicales no es gratuito, es recompensa al “financiamiento” ilegal que les otorgan.
Lee: Los trabajadores de la Semarnat rechazan su posible mudanza a Yucatán
Es bien sabido el rol de Romero Deschamps en la elección de 2000 y en la de 2018; el papel financiador de Joel Ayala con los recursos de la FSTSE, que incluso le permite imponer a sus novias en turno en cargos de elección y ausentarse por amplias temporadas por sus “desintoxicaciones”; no es desconocida la capacidad de Víctor Flores de los Ferrocarrileros; y ni qué decir del poderío que tuviera la hoy liberada Maestra con el SNTE.
Pero los excesos abiertos, y la falta de una agenda real de apoyo a los trabajadores mexicanos ha demeritado de manera importante la imagen pública de los sindicatos. Los líderes sindicales ya no representan a sus agremiados. Hoy, el gobierno electo tiene la gran oportunidad, y el respaldo social necesario, para tomar decisiones contundentes y rápidas que ordenen al sindicalismo.
Si el presidente electo realmente quiere lograr una «Cuarta Transformación de México», reformar al sindicalismo es una tarea fundamental e impostergable. Es el momento de realizar la tan aplazada modernización sindical que permita flexibilizar los mercados laborales y darle certidumbre a la economía del país.
Son muchas las tareas pendientes. Habría que empezar por profundas modificaciones constitucionales para lograr la libertad sindical, eliminando incluso la obligación de pertenecer a un sindicato.
https://adnpolitico.com/voces/2018/08/20/opinion-el-sindicalismo-en-la-cuarta-transformacion
Criminal reforma laboral de Peña dispara inseguridad
Por Palabras Claras-
18 agosto, 2018
José Lima Cobos
Se vive una auténtica crisis y en un país en el que, si no se actúa con urgencia, el colapso está a la vista, pues a partir de la criminal reforma laboral que terminó con los derechos labores conquistados desde la revolución y través del tiempo, de un plumazo, en el pacto por México de Peña Nieto y los partidos PRI, PAN ,PRD y VERDE, han desaparecidos, porque los salarios han caído más del 20 por ciento y la necesidad alienta la delincuencia y la criminalidad.
Es un hecho notorio e incuestionable, que de las 32 entidades federales, en más de veinticinco de ellas, la extorsión, el robo con violencia, los asaltos, etcétera, se han incrementado exponencialmente y no se trata solo de la delincuencia organizada, sino de personas que ante la desesperación de la crisis económica incurren en esos delitos como forma de supervivencia, y aunque Trump nos abrió los ojos para exigir mayores salarios para los trabajadores, la resistencia interna nos puede llevar a que no se firme el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Así lo han reconocido los propios empresarios que piden más seguridad pública, es decir, más armas para abatir a delincuentes ocasionales, sin observar que esa situación se ha provocado por ellos mismos que, en su voracidad o rapiña, cada día se vuelven insaciables y en tanto ellos acumulan riquezas descomunales, sus trabajadores viven en el desamparo.
De acuerdo con el informe mundial sobre salarios 20016-17, de la organización mundial del trabajo (OIT) entre las naciones que destacaron por su incrementos reales en el ingreso aparecen China con 125 por ciento de aumento real; India, 60 por ciento; Turquía, Rusia, Sudáfrica, Brasil e indonesia entre 20 y 40 por cierto y, Arabia Saudita alrededor del 15 por ciento, en tanto México registró un decremento o caída brutal cercana al 20 por cierto.
Esta situación se empieza a estructurar y sentar bases sólidas de destrucción del país en el gobierno del fraude electoral del 88 con Salinas de Gortari, fortaleciéndose con Zedillo y más aún, con los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, siendo el acabose con Enrique Peña Nieto en que se da una auténtica catástrofe, pero que, según los economistas del gobierno, no se da en la macroeconomía, pero en la microeconomía es desesperante y está a la vista, porque la delincuencia no va a parar ni con ”perdón ni olvido” sino con el reparto equitativo de la riqueza.
El presidente electo López Obrador está, ni duda cabe, en un barril de pólvora, pues no es tarea fácil y, aunque regule los criminales salarios de la alta burocracia que existe en los gobiernos federal, estatal y municipal, no le alcanzará para su objetivo de la cuarta transformación si no logra las reformas legales que el país necesita para responder a los treinta millones de votos que obtuvo, que servirá para sentar las bases de los futuros gobierno y que de manera paulatina han de hacer los cambios enquistados en los gobiernos anteriores.
Si no se profundiza con seriedad en esa cuarta transformación de la que habla el próximo presidente de México, a la vuelta de la esquina está la crisis más profunda que, como lo dijera el líder petrolero José Sosa a Miguel de la Madrid, “si se hunde Pemex, se hunde usted y se hunde México”, premonitoria expresión que se va confirmando.
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El derecho al trabajo
Miguel Concha
Una de las ventajas que permite el adelanto de los tiempos de la transición del gobierno en funciones al gobierno electo, es que permite la expresión de la opinión pública sobre temas de interés de la ciudadanía. Tal es el caso del próximo gobierno de Ciudad de México (CDMX) y la anunciada desaparición de la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo, y la absorción de sus funciones por la Secretaría de Economía. Se ha anunciado al respecto un proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y diversos actores del mundo del trabajo. Con el ánimo de aportar a ese importante proceso, propongo algunas ideas.
El punto de partida de todo diálogo debe de ser el derecho humano al trabajo en sus dos dimensiones, tanto el derecho a trabajar, como el derecho a condiciones adecuadas en el desempeño laboral. Como todo derecho humano, tiene contenidos esenciales. Entre los principales, que el trabajo debe ser a) Disponible, es decir, con la existencia de servicios especializados para asistir y apoyar a las personas en la identificación y obtención de empleos; b) Accesible, lo que significa que debe existir un mercado de trabajo abierto a todas las personas, y c) Aceptable y de Calidad, lo que implica condiciones favorables y justas de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de seguridad, al derecho a formar sindicatos y a elegir y aceptar libremente el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adiciona a estos contenidos otros fundamentales bajo el concepto de Trabajo Digno, el cual añade políticas de fomento de empleo de calidad. Además, el Diálogo Social incluye, de acuerdo a la OIT, todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. (http://www.ilo.org/public/spanish/ dialogue/themes/sd.htm).
De lo anterior se sigue, a) que el derecho al trabajo no es un asunto sólo jurisdiccional, sino que incorpora múltiples dimensiones; entre ellas b) la política económica, sin que se reduzcan a ella, puesto que el trabajo digno va más allá de la creación de ocupación y empleo; c) la capacitación y asesoría para la obtención de empleos; d) la política social como redistribución de recursos y protección social, y e) la gobernanza, teniendo en cuenta que el diálogo social es entre gobierno y actores del mundo del trabajo. Una relación tan compleja como la del trabajo es a toda luz merecedora, no de acciones puntuales, sino de toda una política pública impulsada y ejecutada por una agencia de gobierno especializada y capaz de tener interlocución en plano de igualdad con las demás agencias, a fin de poder lograr una política transversal en materia laboral. Tarea que sería imposible por una instancia que esté subordinada a otra, como ocurre con las subsecretarías.
Frente a lo anterior, es claro que resulta del todo plausible la preocupación del gobierno electo por la austeridad en el uso de los recursos públicos, misma que tiene una doble dimensión, por un lado evitar el desperdicio en obras o consumo suntuario, y por otro optimizar los rendimientos de cada peso que la sociedad le otorgue al gobierno. En el primer sentido, no parece mucho lo que se podría ahorrar con la supresión de la Secretaría del Trabajo, toda vez que hay recursos, como los de la inspección laboral, o la capacitación para la ocupación y el empleo, que son una parte importante de su presupuesto, y que en cualquier hipótesis de reorganización administrativa continuarán ejerciéndose. Por el lado de la optimización de recursos no parece una mala inversión aumentar incluso el presupuesto para cumplir, tanto las obligaciones que establece la modificación del artículo 123 de la CPEUM, como las nuevas obligaciones que en materia laboral impone la Constitución de CDMX.
En consecuencia, el anunciado proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y las organizaciones del mundo del trabajo debe ser la gran oportunidad para que de él surja una secretaría del trabajo fortalecida que se encargue tanto de la promoción de los aspectos jurídicos, como de la capacitación, la elaboración de estrategias para el fomento del trabajo digno, la protección de los derechos laborales y el diálogo social. Así como de aquellas acciones que la adaptación del trabajo al cambio tecnológico demanda, y las estrategias para la mejor vinculación de las y los jóvenes al trabajo y la igualdad de género en el ámbito laboral para la construcción de la cohesión social. Capaz de diseñar y ejecutar una amplia política laboral en todas las líneas de acción que el tiempo actual demanda.
Desde hace dos décadas las innovaciones realizadas por los gobiernos de esta entidad han servido para impulsar cambios a escala nacional. Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo.