Alfredo Domínguez Marrufo, Director General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCyRL), dio a conocer que los más de 14 mil contratos legitimados han logrado un aumento salarial de al menos un 6% superior en proporción a los no legitimados, hecho que representa un avance importante en este periodo de la reforma laboral, la cual entrará a una nueva etapa el próximo primero de mayo.
El anuncio del director general del CFCyRL se hizo en una conferencia en la que participamos diversos actores, entre ellos gubernamentales, de la academia, del gobierno del estado de Chihuahua, abogados patronales, de trabajadores y el Agregado Laboral principal de la Embajada de EU, en Ciudad Juárez el pasado viernes 24 de marzo.
La conferencia fue convocada por Partners of the Americas para sensibilizar sobre la Reforma Laboral en México y evaluar avances, retrocesos y retos por venir.
El debate se centró en evaluar el cumplimiento de la reforma laboral a casi 4 años de su inicio y con el cierre de un ciclo el 1º de mayo cuando se darán por terminados los contratos colectivos que no se han legitimado con el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores.
Alfredo Domínguez fue enfático en señalar que la reforma laboral pretende acabar con la farsa en las relaciones laborales colectivas: “ya no más contratos colectivos ni sindicatos de simulación”. Llamó la atención que, a pesar de quedar unos cuantos días para que se venza el periodo para legitimar los contratos colectivos, están llegando muchas organizaciones sindicales a última hora para iniciar ese proceso.
El director general del CFCyRL anunció que pronto habrá un sistema que permitirá consultar de manera electrónica toda la información de los Contratos Colectivos, y señaló que muchas entidades federativas no cumplieron con una entrega cabal de los datos requeridos.
Diódoro Siller, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua, centró su información en señalar que su trabajo se encaminaba en lograr la paz laboral del estado sede de la conferencia.
Esteban Martínez, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales, informó que a la fecha existen 151 Centros de Conciliación y 806 Conciliadores en todo el país, quienes han resuelto 4 de 5 asuntos que atienden en un promedio de 23 días. Se refirió que, antaño, había personas que morían sin saber del resultado de sus casos.
Pablo Solorio, Agregado Laboral Principal de la Embajada de Estados Unidos de América, refirió que su país está empeñado en que mejoren los salarios de los trabajadores en México por medio de su propia participación, y que haya relaciones legítimas en los tres países de Norteamérica. Señaló que se están aportando 180 millones de dólares para la asistencia técnica de la reforma laboral.
Hizo énfasis en que la principal preocupación en el escenario del T-MEC es evitar que haya violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Es deber de los patrones conocer sus obligaciones y derechos en esta materia para avanzar en el cumplimiento de la reforma laboral.
Jorge Sales, abogado patronal, criticó las prácticas de antaño en las que los gobernadores elegían a las centrales y sindicatos de su preferencia cuando una planta nueva se instalaba en su territorio, y que se ofrecían a cambio salarios bajos como una forma de atraer inversión.
Alfonso Bouzas, catedrático y quizás uno de los más imbuidos en el tema de la reforma laboral, señaló la importancia de impulsar sindicatos fuertes para evitar que haya una clase obrera precarizada y acabar con el ocultamiento de los contratos colectivos, que antaño eran considerados secretos de Estado. Consideró fundamental que en este proceso se logre consolidar la inspección de trabajo, la cédula laboral a empresas que cumplan con los derechos de los trabajadores.
Luis Díaz Mirón, abogado laboral, hizo énfasis en que las instituciones de gobierno y empresas contraten más abogados conciliadores y menos litigantes. Reclama que no es posible hablar de una reforma laboral mientras que más de un millón de casos se encuentran abandonados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a las que nadie mira ni atiende, y que poseen bajísimos presupuestos.
Se quejó de los pocos juzgados que hay en diversas entidades de la República, como en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros, donde el número de casos laborales aumenta, acercándose a la crisis de las anteriores Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Juan Pablo Hernández Lara, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México, señaló la presencia dañina de las empresas outsourcing, de la reelección que perjudica a los sindicatos, la manera en que se construyen los acuerdos para mejorar las condiciones de trabajo, logrando un quórum calificado para la aprobación de sus demandas. Criticó la existencia de un modelo sindical viejo y que ninguna reforma será válida si no beneficia a las familias de los trabajadores.
Por mi parte, critiqué la contradicción de una reforma laboral que predicó la participación de los trabajadores y que fue únicamente a través de los sindicatos titulares de los contratos colectivos como se impulsaron las legitimaciones. Una ley laboral de embudo que limitó la voz de los trabajadores.
Ese voto secreto que tanto defendió oficialmente la reforma laboral, sin embargo, en asuntos tan trascendentales que impactan a los trabajadores y al fortalecimiento o decaimiento de las propias organizaciones sindicales, tales como avalar las revisiones salariales, los convenios cuando haya violaciones a los contratos colectivos, las reformas estatutarias, la elección de comisiones electorales, el reglamento de elecciones, la aprobación del informe financiero que consolida, el voto secreto es inexistente; con estas omisiones, el caciquismo sindical sigue saliendo avante.
En el evento se asomaban con júbilo Darlene Rojas e Ingrid Ceballos, organizadoras del evento por parte de Partners of the Americas, por el éxito del foro que dejó en evidencia los avances, dificultades y los retrocesos de la reforma laboral, todavía naciente.
De otros avatares
Nos estamos enterando que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, designó a partir del 1º de marzo pasado como titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral al magistrado Juan Manuel Vega Tapia, quien cuenta con una importante trayectoria de carrera judicial.
No es una tarea fácil la que tiene el magistrado Vega Tapia, deshacer los demonios que habitan en los juzgados laborales, y lograr una justicia laboral con sentido social. Estaremos atentos a los trabajos que emprenderá.
Por: Manuel Fuentes / La Silla Rota
Fuente: https://lasillarota.com/opinion/columnas/2023/3/28/6-superior-de-aumento-salarial-en-los-contratos-colectivos-legitimados-421524.html
