La secretaria de Trabajo destacó los avances y desafíos que conlleva la transformación del modelo laboral y recordó que hay plazos que se deben cumplir
En San Luis Potosí, donde ya opera el nuevo modelo laboral, se resuelve el 85% de los conflictos laborales a través de la conciliación, según constató la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Y reconoció que es la entidad, de las ocho que forman parte de la primera etapa e implementación de la Reforma Laboral, donde se tienen las tasas de conciliación más altas, esto es por acuerdo entre las partes, con apoyo de la autoridad.
Asimismo, destacó los avances y desafíos que conlleva la transformación del modelo laboral y recordó que hay plazos que se deben cumplir, ya que antes del 1ro de mayo de 2023, todos los sindicatos tienen que legitimar sus contratos colectivos de trabajo, a través de la consulta a los trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto.
Y llamó a los sindicatos locales a cumplir cuanto antes, con la obligación de legitimar sus contratos colectivos y a modificar sus estatus, para incluir en sus reglas internas la equidad de género en las directivas sindicales, además de los conceptos de rendición de cuentas y transparencia frente a sus agremiados.
Durante esta visita a la entidad potosina, se reunió con el gobernador Juan Manuel Carreras López; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto; la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Olga Regina García López y el director general del Centro de Conciliación Laboral estatal, Miguel Cardoza Mora.
A este encuentro de trabajo también asistieron Marath Baruch Bolaños, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, de la STPS y Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
A dos años de la reforma laboral, la dirigencia vitalicia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), que encabeza Víctor Flores Morales, no se ha realizado el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo a que obliga esa legislación y tiene pendientes demandas laborales y una queja administrativa en las que se solicita la nulidad de la elección de 2018, acusaron trabajadores disidentes del Movimiento de Reconstrucción y Fraternidad Ferrocarrilera.
Eduardo Canales Aguiar, secretario nacional por Talleres del STFRM, indicó que hay una “omisión” de las autoridades laborales al no responder si es procedente o no la queja administrativa presentada en 2019, en que se solicita la nulidad de las elecciones de 2018.
Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social detalló que la toma de nota del Sindicato Ferrocarrilero –que desde hace 25 años encabeza Flores Morales– fue otorgada en 2018 y tiene vigencia hasta 2024.
Ante las inquietudes y miedos a los procesos del nuevo modelo laboral es necesario que las y los trabajadores, así como los empleadores estén bien informados sobre sus nuevas responsabilidades que establece la Reforma Laboral, manifestó el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo.
El funcionario recordó que desde el pasado 1 de mayo las organizaciones sindicales deberán recurrir al CFCRL para realizar el procedimiento de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, pues esta tarea ya no la realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La Legitimación de un Contrato Colectivo de Trabajo garantiza el conocimiento de su contenido por parte de los trabajadores y la opción para ellos de avalar o rechazar los contratos a través del voto personal, libre, directo y secreto.
Este procedimiento de consulta democrática se encuentra abierto desde el 1 de mayo de 2019 y tiene una vigencia de cuatro años, que concluyen el 2 de mayo de 2023.
Sobre las nuevas disposiciones en materia laboral, Domínguez Marrufo expuso en un diálogo virtual que sostuvo con integrantes de American Chamber of Commerce of Mexico, capítulo Monterrey, que en el nuevo modelo es necesario que las y los trabajadores, así como los empleadores, estén bien informados sobre sus nuevas responsabilidades, así como mantener un diálogo permanente entre ambos, que no significa injerencia en la vida sindical y sí, por el contrario, una relación transparente que contribuye al cambio de cultura laboral.
Hizo énfasis que el nuevo modelo laboral no es solo un cambio de normas, sino también un cambio cultural.
Para los empleadores, agregó, “no es tarea sencilla” estar cerca de los trabajadores, pero es necesario mantener una relación constante y transparente con ellos, el que cumplan con sus nuevas responsabilidades, como el facilitar procesos de consultas, contribuye a que los trabajadores ejerzan sus derechos.
Explicó que entre las nuevas obligaciones de los empleadores se encuentra entregar a sus trabajadores un ejemplar impreso del Contrato Colectivo de Trabajo en su revisión o para la legitimación de un contrato colectivo.
También fijar y difundir la convocatoria que le solicite la organización sindical o, en su caso, el CFCRL, en consultas para la solicitud de constancia de representatividad y la ratificación de acuerdos.
Agregó que los empleadores, entre otras obligaciones, deberán implementar con los trabajadores un protocolo para la prevención de la discriminación, acoso, violencia u hostigamiento sexual, así como para erradicar el trabajo forzoso infantil.
Señaló que la libertad sindical es un pilar del nuevo modelo de justicia laboral, por lo que ningún empleador puede obligar a la base trabajadora a afiliarse o retirarse de una agrupación sindical específica, o que voten por determinada dirigencia sindical, ni realizar ningún acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores.
Mencionó que tampoco los empleadores pueden “intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias contra los trabajadores”.
Instalan Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de SonoraHermosillo, Sonora; mayo 26 de 2021. Sonora cumplirá en tiempo y forma con los plazos establecidos para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, al quedar conformada ya la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, aseguró Juan Ángel Castillo Tarazón.
En representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de Gobierno detalló que esta administración ha tenido una distinción en particular al trabajar de la mano con el poder Judicial y el Legislativo, lo que ha significado la consolidación de muchos objetivos claros como, en este caso, la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que le da prioridad a un tema muy importante que es la conciliación.
Aseguró que la instalación de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral promoverá y regulará la conciliación como medio alternativo de solución de conflictos que se susciten entre trabajadores y patrones.
“Estoy seguro que al igual que un servidor, los integrantes de esta Junta nos comprometeremos en cumplir lo que marca la ley, con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia, todo en beneficio de trabajadores y patrones que integran el mercado laboral de nuestro estado”, comentó.
Horario Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo, destacó que Sonora tiene como plazo el 1 de mayo de 2022 para cumplir con la implementación de esta Reforma y con la instalación de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral y la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, que será de manera gradual (en un lapso de cuatro años) para atender el rezago existente, se dará paso a los juzgados de primera instancia en materia laboral.
Los conflictos laborales, dijo, se resolverán como se resuelven los asuntos penales, civiles, mercantiles o de la familiar.
“Con la reforma del 24 de febrero de 2017 se le da competencia al Poder Judicial del Estado y de la Federación para que conozcan por primera vez de los conflictos laborales; hoy se van a involucrar en el procedimiento, bienvenida la incorporación del poder Judicial para este aspecto”, expresó.
La Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora quedó conformada por: Juan Ángel Castillo Tarazón, secretario de Gobierno; los secretarios Horacio Valenzuela Ibarra, del Trabajo; Raúl Navarro Gallegos, de Hacienda; Jorge Vidal Ahumada, de Economía; Francisco Cuevas Sáenz, comisionado presidente del ISTAI; Aldo Padilla Pestaño, Mgdo. Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Pedro Gabriel González Avilés, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Ángel Cota Leyva, director general del Trabajo y Previsión Social y Sergio Gastélum Allard, director general de Productividad Laboral (Secretaría del Trabajo).
Presentes: Alejandro García Rosas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, en representación de Raúl Navarro Gallegos, secretario de Hacienda.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo y la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) Luisa María Alcalde Luján, se reunirán el martes 25 de mayo para analizar la problemática que enfrentan los más de 6,000 trabajadores de General Motors en la planta de Silao, Guanajuato.
Ha transcurrido un mes desde que se realizaron las elecciones en la planta automotriz para legitimar el contrato colectivo de trabajo, en donde el Sindicato “Miguel Trujillo López”, afiliado a la CTM, debió suspender el proceso de votación por la denuncias de diversas irregularidades y cuya queja se enmarcó en el Capítulo 23 del T-MEC, relacionado con la libertad sindical.
El sindicato que encabeza el también secretario general sustituto, Tereso Medina, determinó reponer el proceso, siempre y cuando se analice a fondo la intromisión de grupos interesados del extranjero, dijeron fuentes del sindicato; no obstante, hasta ahora se conoció que quien tomará las riendas en la plática con la titular del Trabajo será el máximo dirigente Aceves del Olmo.
Entre las acusaciones en contra del sindicato actual están que hay trabajadores ganan 184 pesos diarios, y contratistas de SEGLO dentro de la planta que gana 102 pesos diarios, y cuya principal observación es que no quieren permitir mejoría en las condiciones laborales.
Además, trabajadores han denunciado que hay una campaña intensiva de presiones, de parte de la CTM y de la gerencia, por lo que han demandado que la STPSinvestigue a fondo.
Cabe señalar que la reposición del proceso se tienen que realizar en la primera semana de junio, y la autoridad laboral se comprometió a garantizará el cumplimiento de:
Padrón confiable de trabajadores con derecho a votar.
Máxima difusión de la convocatoria y del contrato colectivo de trabajo.
Espacios accesibles y seguros para la consulta.
Reforzamiento de los mecanismos de observación y vigilancia electoral.
No intromisión de la empresa, el sindicato o de persona ajena a la consulta.
Foto por Tereso Medina Ramírez. Daniel Valdes / EL DIARIO
Asegura que en Coahuila desde hace tiempo se practica un sindicalismo responsable
Los contratos colectivos de la CTM en Coahuila tienen el respaldo del 90 y 95 % de los agremiados, en virtud de que la reforma laboral les da ese derecho y garantía a los trabajadores, expresó Tereso Medina Ramírez.
El dirigente estatal de la CTM manifestó que en la entidad no es nueva la reforma laboral, pues desde hace tiempo se realizaban prácticas democráticas al interior de las organizaciones, como parte de la visión del sindicalismo responsable.
Indicó que con estos cambios en la legislación laboral el trabajador se ha convertido en origen y destino, pues tiene el poder de decidir con cuál sindicato estar o no.
Además, dijo, el contrato colectivo debe ser votado por los trabajadores; la transparencia y la democracia sindical son otras de las obligaciones de esta reforma.
Manifestó que el trabajador no es el eslabón débil de un sindicato, por el contrario, adquiere una mayor fortaleza y esto trae como consecuencia representantes sindicales más auténticos, porque deben estar cercanos a los trabajadores para seguir vigentes.
Indicó que con esta visión, los sindicatos se convierten en un factor de competitividad y de compromiso social. Ahora la libertad individual y colectiva es lo que va a regir en esta relación sindical y con un trato digno al trabajador.
La Diputada Kira Iris San, Presidenta de la Comisión de Justicia, y el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ambos de la XVI Legislatura del Estado, presentaron una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado.
Lo anterior, como parte de los trabajos de la Comisión para la Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral en el Estado, en la que participan representantes de los tres Poderes, cuyo objeto es ejecutar las políticas, programas y acciones para la implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral.
En un ámbito de respetuosa coordinación entre los Poderes del Estado, la Diputada Iris San y el Diputado Villatoro Barrios presentaron el proyecto de reformas, como parte de las actividades legislativas para la armonización del andamiaje jurídico en la Entidad, para hacer posible la operación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, a partir de octubre del presente año.
En este tenor, el Poder Judicial reconoce el trabajo colaborativo entre los Poderes del Estado para cumplir con el mandato constitucional de implementar la reforma en materia de Justicia Laboral en tiempo y forma; refrendando su compromiso institucional para continuar trabajando, de manera conjunta, en beneficio de la sociedad quintanarroense y de las fuerzas productivas de la entidad.
La formación de una «ciudadanía laboral» ayudaría a depurar los viejos liderazgos en el sindicalismo mexicano y a crear nuevos, señalan especialistas.
Un sindicato, pero no cualquiera. Uno que pertenece a una de las centrales obreras más grandes del país: la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con más de 4 millones de personas afiliadas. Una empresa, pero no cualquiera, sino General Motors (GM), cuyos ingresos mundiales en el primer trimestre de 2021 fueron de más de 32,000 millones de dólares. Y un contrato colectivo de trabajo (CCT) no legitimado por la mayoría del personal de la planta de Silao, Guanajuato.
Para el presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, Pablo Franco, éste es un caso emblemático y una primera prueba para la reforma laboral. Inés González, una de las coordinadoras de la Red de Mujeres Sindicalistas, opina que esa disidencia da esperanzas al movimiento obrero en otras partes del país.
Pero, antes de festejar, ambos señalan los claroscuros del sindicalismo en México y advierten que la reforma no es una “barita mágica” que revierta años de control y corrupción. Por esos cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2019, todos los CCT deben ser legitimados por quienes integran los sindicatos antes del 2 de mayo de 2023. Luego, cada cuatro años.
A eso se disponía a finales de abril el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedores de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López”. Pero ante una serie de irregularidades, la Secretaría del Trabajo (STPS) declaró nulo el proceso. Iba ganando el “No” al contrato colectivo.
El sindicato Miguel Trujillo López tiene la titularidad del CCT de la planta de Silao. Pero su secretario general, Tereso Medina, nunca ha trabajado ahí. Ha sido senador, diputado local y federal siempre en representación de Coahuila, de donde es originario. También es el secretario General de la Federación de Trabajadores (CTM Coahuila).
“El rechazo fue más bien a la dirigencia”, sostiene Inés González. La académica y activista ha revisado ese contrato y asegura que no ofrece precisamente condiciones precarias. Así que la legitimación fue la coyuntura para repeler a un sindicato que no ha sido elegido democráticamente, apunta.
Abandonar la plaza
Hasta ahora, cerca de 1,000 CCT han sido legitimados, recapitula Pablo Franco. Pero existen entre 500,000 y 580,000, “no es ni el 1%”. Aún queda tiempo, sin embargo, esto ya muestra que los sindicatos no están acompañando la reforma laboral. Y es porque no están convencidos de las formas democráticas, opina.
También confirma que “teníamos razón quienes proponíamos esta reforma desde la década pasada, que la negociación colectiva, los contratos colectivos y los liderazgos son ilegítimos”.
El proceso de legitimación va muy lento “y la inmensa mayoría no ha empezado”. Pronostica que muchos sindicatos esperarán a 2023 y buscarán un mecanismo de última hora para hacerlo. Otros “van a abandonar la plaza”.
Para lo que sea que ocurra, es necesario que las personas trabajadoras sepan qué hacer. Por eso el especialista en movimientos sindicales plantea la necesidad urgente de fomentar la “ciudadanía laboral. Es decir, que conozcan sus derechos y los ejerzan con una perspectiva ciudadana que hasta hoy no ha habido”.
El proceso de cambiar el mundo del trabajo y, concretamente, el de los sindicatos “es de muy largo tiempo. No porque ya se publicó la reforma en unos días seremos otros”, apunta la feminista Inés González. “Se trata de romper una cultura con la que se ha controlado a los trabajadores y las trabajadoras del país”. Pero por algo que hay que empezar y conociendo los derechos es una manera, agrega.
¿Nuevo sindicalismo?
Lo que ocurrió en la planta de GM de Silao, en la que laboran unas 6,000 personas de las casi 20,000 que esa empresa estadounidense ha contratado en México, “no nos lo esperábamos”, confiesa.
Un movimiento surgido en 2019, con 18 trabajadores despedidos que habían exigido la democratización del sindicato, logró el apoyo de organizaciones estadounidenses. Mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el gobierno norteamericano le pidió al mexicano revisar el caso.
Pero la rebelión no debe quedar en la desaprobación de su CCT. Ahora ese grupo disidente debe plantearse “qué aporte hará a la democracia y al futuro del sindicalismo mexicano”, opina Inés González. Y en general, hay que cuestionarnos “qué tipo de sindicalismo queremos”.
Son pocos los sindicatos con cierto grado de transparencia “y decencia”, lamenta Pablo Franco. “He participado en varios procesos democratizadores y concluyo, con tristeza, que terminan siendo más de lo mismo porque no hay una cultura democrática en los liderazgos, sino de beneficio personal”.
No han funcionado porque suelen ser “desprendimientos de los sindicatos originales, sin vocación de cambiar” las formas añejas. La ciudadanía laboral, insiste, cambiará esa cultura en la que es posible que surjan otros liderazgos. Mientras, los actuales tendrán que sujetarse a la supervisión, verificación y presión de quienes sí conocen sus derechos. “Pero es muy pronto para esperar los resultados”.
Por ahora, la atención está puesta en Silao y la nueva votación del CCT en junio, pero no sólo por parte de las autoridades, también de las centrales obreras tradicionales.
Por: María Del Pilar Martínez /El Economista 24/05/2021
Alfredo Domínguez señaló que tanto trabajadores así como empleadores deben estar al tanto sus nuevas responsabilidades
Bertha Becerra | El Sol de México
El nuevo modelo laboral no es solo un cambio de normas sino también, un cambio cultural. Implica tanto para empleadores como para trabajadores el estar bien informados sobre sus nuevas responsabilidades así como mantener un diálogo permanente entre ambos.
Y esto no significa injerencia en la vida sindical y sí, por el contrario, una relación transparente que contribuye al cambio de cultura laboral.
Así lo expuso ante los integrantes de la American Chamber off Commerce of México, capítulo Monterrey, el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo.
Insistió que ante las inquietudes y miedos a los procesos del nuevo modelo laboral es necesario que las y los trabajadores así como los empleadores, estén bien informados sobre sus nuevas responsabilidades.
En esta etapa, es importante que ambas partes conozcan de qué va la Reforma Laboral.
Luego comentó en esta reunión virtual que para los empleadores “no es tarea sencilla estar cerca de los trabajadores, pero es necesario mantener una relación constante y transparente con ellos, el que cumplan con sus nuevas responsabilidades como el facilitar procesos de consultas y contribuir a que ejerzan sus derechos”.
También explicó que entre las nuevas obligaciones de los empleadores está el entregar a sus trabajadores un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo en su revisión o para la legitimación del mismo.
Además, deben fijar y difundir la convocatoria que le solicite la organización sindical o, en su caso, el CFCRL, en consultas para la solicitud de Constancia de Representatividad y la ratificación de acuerdos.
Y entre otras obligaciones, los empleadores deberán implementar con los trabajadores un protocolo para la prevención de la discriminación, acoso, violencia u hostigamiento sexual así como erradicar el trabajo forzoso infantil.
Domínguez Marrufo señaló que la libertad sindical es un pilar del nuevo modelo de justicia laboral, por lo que ningún empleador puede obligar a la base trabajadora a retirarse o afiliarse de una agrupación sindical específica o que voten por determinada dirigencia gremial.
Tampoco, realizar ningún acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores.
Y no pueden intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias contra los trabajadores.
En medio del periodo de reapertura gradual de actividades económicas ante la pandemia de covid-19 y la implementación de la reforma laboral, trabajadores y representaciones sindicales presentaron, entre enero y abril de este año un total de 45 emplazamientos a huelga en demanda de aumentos salariales y mejores prestaciones laborales. Durante el periodo considerado de enero a abril de este año, Puebla se ubicó como el cuarto estado con el mayor número de recursos a huelga que presentaron representaciones obreras.
Sin embargo, la cifra de emplazamientos a huelga en 2021 refleja una reducción frente a los recursos que se presentaron a lo largo del primer cuatrimestre del año pasado, cuando sumaron 57 trámites ante la autoridad laboral. De esta manera, Puebla sumó en abril de este año, 109 meses sin huelga, toda vez que los factores de producción recurrieron a la conciliación y arbitraje para la solución de conflictos.
Los trámites presentados ante la autoridad laboral dan cuenta que la revisión del contrato colectivo de trabajo destaca como una de las principales causas de emplazamiento, así como presuntas violaciones a los derechos laborales. En el primer cuatrimestre sumaron 48 revisiones salariales en empresas de jurisdicción federal, que involucraron a 6 mil 239 trabajadores con ajustes de 4.0 a 5.8 por ciento, según registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
