A partir de mañana, 15 de julio, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acudirán diariamente a la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato, a supervisar el proceso de la nueva consulta para legitimar el contrato colectivo de trabajo en la planta, misma que deberá llevarse a cabo antes del 10 de agosto próximo.
Las autoridades mexicanas acordaron lo anterior con sus pares estadounidenses como parte de una serie de compromisos para solventar la queja interpuesta por el gobierno de Estados Unidos por la violación de los derechos sindicales de los trabajadores de la planta, en una primera votación realizada en abril pasado.
La STPS, a través de su cuerpo de inspectores, investigará proactivamente y verificará las condiciones alrededor de la consulta. Esto incluye identificar, documentar y tomar acciones para corregir cualquier desinformación, intimidación o represalia (en contra de los trabajadores) … los inspectores estarán presentes en la fábrica diariamente a partir del 15 de julio”, establece el documento del curso de remediación, donde se consignaron los compromisos de México.
El documento establece también que el número de inspectores se incrementará progresivamente al acercarse la fecha de la nueva votación, empezando con aproximadamente ocho inspectores durante la primera semana hasta llegar a 32 inspectores la semana de la votación, en agosto.
Entre sus funciones, los inspectores deberán entrevistar trabajadores de forma aleatoria para asegurarse que el ambiente en la planta está libre de coerción e intimidación.
La semana pasada México y Estados Unidos anunciaron que habían formulado un curso de remediación que incluye la reposición de la votación para legitimar el contrato que detenta actualmente el sindicato Miguel Trujillo López (afiliado a la CTM), pero ahora con la presencia de observadores de organismos como la OIT.///El Economista
En México hay entre 400 mil a 600 mil contratos colectivos de protección. En la imagen, la aduana de Manzanillo. Foto: Cuartoscuro
Denuncian violación de los derechos de los trabajadores mercantes, contratación por outsourcing, bajos salarios.
En México hay entre 400 mil a 600 mil contratos colectivos de protección, esto es, mafias organizadas patronales que violan flagrantemente todos los derechos laborales de los trabajadores que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT) y se defrauda al SAT, Infonavit e IMSS.
“Y nadie hace nada. Esta es la realidad. Queremos que se acabe este esquema de corrupción”, afirmó en conferencia de prensa el capitán Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo de la Orden Marítima de Profesionales Marítimos y Portuarios.
En conferencia de prensa de Organizaciones Sindicales del Mar de México, Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico, se puso de manifiesto que “en los últimos 30 años mantienen una lucha contra los contratos de protección en el sector y, sin embargo, permanecen, sobre todo en la Sonda de Campeche”.
Como ejemplo citaron el caso del Sindicato de Obreros y Empleados de Transportes, Comunicaciones y Similares de la República Mexicana y su relación con la empresa Servicios Corporativos Marítimos, S.A. de C.V. subsidiaria de la firma española Corporativo Boluda, Corporación Marítima.
Este jueves se llevará a cabo la votación de acuerdo a la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer o no la titularidad del contrato colectivo de trabajo, en el marco del T-MEC.
Denunciaron constante violación de los derechos de los trabajadores mercantes, contratación por outsourcing, bajos salarios, existencia del contrato de protección y colusión entre la empresa y el sindicato y amenazas para ratificar su titularidad.
Hablaron del boicot a este ejercicio que tendrá lugar mañana jueves en 7 puertos: Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Salina Cruz, Altamira y Coatzacoalcos. Así, a quienes trabajan en Tampico, los mandaron votar a Coatzacoalcos y quienes laboran en La Paz tendrán que ejercer su sufragio en Mazatlán.
“Buscan impedir que los trabajadores puedan votar. Esperamos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) esté a la altura de las circunstancias”, dijo el capitán Rodríguez Fritz.
Frente a este esquema de abusos, instancias internacionales como la International Organization of Masters, Mates & Pilots (MM&P), están listas para su defensa, dijo el capitán Don Marcus, presidente de este organismo gremial.
“Los trabajadores de las subsidiarias de Boluda tienen el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Panamá. Los apoyamos porque obtengan el derecho democrático de votar en el recuento de la titularidad del contrato colectivo”, expresó.
De la empresa matriz Boluda, comentó el capitán Rodríguez Fritz, “en España no comete las violaciones que comete en México”.
“Por tanto, la única forma de librarnos de los contratos de protección es denunciarlos”.
“Qué bueno y estamos contentos que el capítulo laboral exista en el T-MEC. Esperamos que sea letra viva y terminar la farsa de violaciones que nadie quiere ver y que todos saben que existe”, aseveró.
El doctor en Derecho Laboral, Pablo Franco Hernández, catedrático del Centro Nacional de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Unión de Juristas de México, A.C., pidió al gobierno federal que reciba denuncias y corrija problemas.
“Nos hemos aproximado a compañeros de Estados Unidos y vamos a denunciar todas las violaciones a los derechos de los trabajadores. Vamos a exigir al Gobierno mexicano que tome medidas para garantizar el principio de neutralidad, que se incorporó en la Ley Federal del Trabajo.
Acerca de los resultados preliminares de la votación que se llevará a cabo este jueves 15 de julio, el capitán Rodríguez Fritz comentó que se tendrán ese mismo día. “La presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitirá el acuerdo”.
El abogado Franco terció y comentó que las partes: sindicato y empresa, tienen 48 horas para objetar o presentar irregularidades y la JFCA deberá emitir un laudo.
Por: Berntha Becerra / El Sol de México 14/07/2021
Para México ha sido un lastre la aplicación y el acatarnos a las nuevas reformas laborales. No sólo por falta de recursos sino porque simplemente los cursos no han sido suficientes para que toda la cadena productiva en materia laboral se ponga a la orden y adquiera la especialización requerida.
De ahí que se ha pasado la batuta a las autoridades estadounidenses. O cómo explicar que entre los acuerdos de ambos países está que en lo relacionado con los sindicatos se reponga la legitimación antes del 20 de agosto. En su defecto, perderá titularidad del contrato y trabajadores mantendrán beneficios en el mismo.
En cuanto a la Secretaría del Trabajo, al mando de Luisa María Alcalde Luján, enviar inspectores a partir de esta semana para evitar intimidación.
E informar a los trabajadores sobre el proceso y sus derechos. Hay que asegurar que el conteo se realiza en un solo momento. Establecer un mecanismo para recibir quejas.
Respecto a lo que tendrá que ajustar el sector empresarial, deberá otorgar facilidades al sindicato, a los trabajadores, a la STPS y observadores para realizar sus tareas.
Remediar intimidaciones anteriores y futuras. Establecer un mecanismo de recepción de quejas.
El Gobierno Federal, que preside Andrés Manuel López Obrador, deberá hacer lo propio, y se ha comprometido a continuar investigando y, en su caso, sancionar sucesos de abril.
En caso de que alguno de los elementos del plan no se cumpla, el gobierno estadounidense de Joe Biden podría solicitar un panel de controversia.
El plazo para completar el curso de remediación vence el 20 de septiembre de este año.
En fin, en este proceso de aplicación y acuerdos se prevé que el gobierno de EU otorgue un préstamo a México, a fin de que cumpla con la Reforma Laboral. Pero más de 100 millones de dólares es una cantidad suficiente para tener bajo la lupa a México.
AEROMEXICO EN PICADA. Grupo Aeroméxico, propiedad del empresario Eduardo Tricio, ya está buscando sus medios de defensa, tanto el ámbito legal como mediático.
La reciente ola de muertos en el clóset que le aparecieron por las operaciones celebradas con Mexicana y que finalmente la llevaron a la quiebra, lo están obligando a pedir favores políticos para evitar una tragedia como la que le propinó a su acérrimo competidor en 2010.
La tarea no está fácil y menos considerando que su gurú de empresa de medios de comunicación es Zimat de Marta Mejía. Recordemos que entre ambos orquestaron la famosa pero fallida campaña en contra de la 4T y del ahora presidente y de su partido Morena.
Como se dice, todo cae por su propio peso, esperemos que el peso de la justicia caiga sobre los responsables de delitos corporativos y sobre empresas que han actuado por encima de la ley sin consecuencias. Sin duda esto sale a la luz en el peor momento, cuando enfrentan el Capítulo 11 o Chapter 11 en Estados Unidos y cuando dependen tanto de nuevos inversionistas para sobrevivir.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó la celebración de prueba de recuento sobre la titularidad del contrato colectivo del Sindicato de obreros y empleados de transportes comunicaciones y similares de la República mexicana con la empresa la empresa Servicios Corporativos Marítimos, S.A. de C.V., subsidiaria de La Firma española CORPORATIVO BOLUDA CORPORACION MARITIMA.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó la celebración de prueba de recuento sobre la titularidad del contrato colectivo del Sindicato de obreros y empleados de transportes comunicaciones y similares de la República mexicana con la empresa la empresa Servicios Corporativos Marítimos, S.A. de C.V., subsidiaria de La Firma española CORPORATIVO BOLUDA CORPORACION MARITIMA.
La ORDEN MEXICANA DE PROFESIONALES MARÍTIMOS Y PORTUARIOS SIMILARES Y CONEXOS interpuso la demanda contra dicho Sindicado, una vez que incumple con lo establecido con la Ley Federal del Trabajo en Materia de Libertad Sindical, y bajo los mecanismo que permite el T-MEC.
Como parte del acuerdo, dictado en el expediente 406/2019, el contrato colectivo de trabajo fue firmado por el Sindicato a espaldas de los trabajadores con la empresa Servicios Corporativos Marítimos, S.A. de C.V. desde hace 23 años.
En el expediente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó la celebración de prueba de recuento en los Puertos de Guaymas, Mazatlán, Ensenada, Salina Cruz, Altamira, Coatzacoalcos y Manzanillo.
El recuento se estableció a celebrarse el 15 de julio de 2021 a las 7 horas locales en cada puerto.
Para dicha orden la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tomó en consideración que:
1. La JFCA reconoce la representatividad de la ORDEN (Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, Similares y Conexos) para representar a LOS TRABAJADORES en todas las categorías tanto de oficialidad como de tripulación, que laboran a bordo de las embarcaciones de las subsidiarias de Boluda (y que están contratados por la empresa de outsourcing, Servicios Corporativos Marítimos, S.A. de C.V.).
2. La empresa presentó un padrón de trabajadores en forma indebida, queriendo incluir categorías de trabajadores que son de tierra. La JFCA reconoció la petición de la Orden y permitirá que voten solamente los trabajadores que desempeñan su labor como Marinos Mercantes.
3. La empresa intentó engañar a la Autoridad Laboral, indicando que para ellos los Capitanes son personal de confianza y que no se les debería de permitir estar afiliados a un sindicato para evitar así que puedan luchar junto con los demás Colegas para mejorar sus condiciones laborales. La Autoridad Laboral desechó la petición de la empresa y reconoció el pedido de la Orden, en el sentido de que los Capitanes son trabajadores, por lo tanto todo los Colegas de a bordo, incluyendo los Capitanes, tienen reconocido su derecho de votar democráticamente y elegir su representación sindical.
4. Considerando que la DEMANDA que propicia el RECUENTO fue presentada el 29 de noviembre del 2019, y el mismo no se efectuó por causas ajenas a los trabajadores, solamente podrán votar los trabajadores activos que estaban vigentes entre los días 29 de octubre y 29 de diciembre de 2019.
Los Colegas que laboran en La Paz deberán de trasladarse a Mazatlán. Los Colegas de los puertos de Tampico y Altamira votarán en Altamira. En total podrán votar 217 Colegas (de aproximadamente 300).
Por ley, la empresa no debe de intervenir O INTENTAR MANIPULAR el proceso de votación, La JFCA ha establecido que la empresa tendrá que pagar una multa de 2,000 veces el salario mínimo si no permite el libre ejercicio del voto.
5. La JFCA ordenó girar oficios a las comisiones de derechos humanos de los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Colima así como la Dirección General de Inspección del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se comisionen visitadores de derechos humanos e inspectores federales del trabajo en cada uno de los domicilios en que se llevará acabo la diligencia de recuento, para que estén presente durante el desahogo del mismo y hagan constar que se lleve a cabo en forma pacífica con orden y respeto a la libertad sindical a través del VOTO PERSONAL, LIBRE, SECRETO Y DIRECTO de los trabajadores y que no se realicen o cometan actos tendientes a que puedan ser constitutivos de violación de los derechos humanos, así como de las normas internacionales relativas a la libertad sindical.
Durante la mesa redonda, la Embajadora Katherine Tai destacó la importancia de los derechos laborales, incluidos los derechos de las mujeres, en la política comercial e implementación de los compromisos laborales del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA / T-MEC / CUSMA).
La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, participó este viernes en una mesa redonda con un grupo de trabajadores y líderes sindicales independientes y democráticos entre los cuales estuvieron presentes el SINACTRAHO (Trabajadoras del Hogar), MUDJI-SIDJA (Trabajadores y Trabajadores Agrícolas de San Quintín B. C.), NURM (Trabajadores de Plataformas digitales), la sección 327 del SINDICATO MINERO, que agrupa a obreras y obreros de TEKSID, TRABAJADORES DESPEDIDOS DE GOODYEAR y la Federación de Sindicatos Independientes de la Industria Automotriz, Autopartes, Aeronáutica y del Neumático (FESIIAAAN).
Durante la mesa redonda, la embajadora Katherine Tai destacó la importancia de los derechos laborales, incluidos los derechos de las mujeres, en la política comercial e implementación de los compromisos laborales del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA / T-MEC / CUSMA).
La embajadora también escuchó las experiencias de las y los asistentes a la reunión sobre el impacto potencial de las reformas laborales de México; algunos de los puntos medulares expuestos fueron: el panorama de la implementación de la reforma laboral y el T-MEC, los protocolos para legitimación de los contratos colectivos de trabajo, así como el registro de observadores nacionales e internacionales para estos procesos, las revisiones contractuales, la elección de dirigencias y la rendición de cuentas.
Ante estos temas la coordinación nacional de FESIIAAAN, mencionó:
“En los procesos de legitimación, en las votaciones de dirigencias sindicales, acuerdos de contratación colectiva, es necesario asignar a observadores nacionales e internacionales, para poder garantizar la correcta aplicación de estos procedimientos”.
Durante el evento, auspiciado por el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en México, se mantuvo el diálogo abierto donde las y los participantes pudieron contar sus historias de lucha, sus experiencias con los nuevos procesos de reforma laboral y también, pudieron aportar valiosas ideas para el mejoramiento de estos procesos.
La FESIIAAAN dijo que este tipo de encuentros implica el reconocimiento del sindicalismo independiente como interlocutor legítimo para el tratamiento de los asuntos laborales de interés trinacional, a su vez, espera que este tipo de eventos se vuelva parte de un sistema de trabajo.
México y Estados Unidos acordaron un “curso de reparación” a la queja que el gobierno norteamericano interpuso por la violación de derechos sindicales en la legitimación del CCT en General Motors en Guanajuato.
Un conflicto sindical desatado al transitar por las reglas democráticas que ordena la reforma laboral resuelto con un tratado comercial internacional. México se comprometió a un plan de 20 puntos para reparar los derechos denegados a trabajadores y trabajadoras de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato. Este acuerdo es histórico, considera el laboralista Alfonso Bouzas Ortiz.
Israel Cervantes Córdova, extrabajador de esa planta y líder de grupo disidente Generando Movimiento, tiene sus reservas respecto al cumplimiento del acuerdo, aunque recoge parte de lo que pidieron. “Dudo mucho que la empresa y el sindicato Miguel Trujillo López vayan a actuar de manera democrática, porque nunca lo han hecho”, señala en entrevista.
El 12 de mayo el gobierno estadounidense utilizó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) e inició una queja contra GM Silao. Pidió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador investigar si en la votación para legitimar el CCT se habían violado derechos sindicales.
El antecedente inmediato de esa queja se ubica en “el hostigamiento que vivieron los trabajadores de la planta por parte de la empresa y del sindicato para votar a favor del contrato”, recapitula Israel Córdova. Pero la historia es más larga: “Llevamos años pidiendo democracia sindical y a quienes lo exigimos, nos corrieron”, agrega.
Este jueves el gobierno mexicano dio a conocer de manera parcial la resolución que alcanzó con el de Estados Unidos respeto a esa queja. Pero la STPS ya había acreditado “irregularidades graves que afectaron el desarrollo y resultados de la votación”.
El plan busca dotar a los trabajadores de la posibilidad para legitimar su contrato “en condiciones libres y democráticas y para remediar la denegación de derechos de libre asociación y negociación colectiva”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado (SE).
Las tres convergencias
“Es una primera resolución histórica. A partir de un tratado de comercio internacional se toma el tema el trabajo como una de las variantes fundamentales para todo comercio, y obviamente para el mercado internacional”, comenta Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL). Este es “el primer paso para la transformación de las relaciones laboralesen México, ahora los trabajadores son quienes tienen la última palabra”.
Pero para llegar a este punto, en el que trabajadoras y trabajadores denunciaron irregularidades en la votación y su reclamo fue atendido, debieron converger tres esferas, reflexiona el Doctor en Derecho: la reforma laboral, el T-MEC y el cambio de gobierno.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era un tigre sin dientes en materia laboral, señala el académico. Derivado de esa experiencia, en este pacto comercial se incorporaron mecanismos para vigilar los derechos laborales.
La reforma laboral, por su parte, tiene como uno de sus principales objetivos devolver el poder a las trabajadoras y los trabajadores y democratizar los sindicatos, continúa.
Este nuevo régimen de gobierno ha tenido que ver también, agrega. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se reformó la Constitución “porque no le quedó de otra, porque la presión internacional lo obligó”.
Pero luego él, junto con otras personas especializadas en materia laboral empezaron a trabajar en la reglamentación de esa modificación. “Lo pensábamos con temor, porque el aparato tiene sus mecanismos para aplastar”. Ese cambio a la Ley Federal del Trabajo se concretó en esta otra administración.
Las personas trabajadoras en México cuentan con esas tres armas, pero habrá que ver de qué manera pueden activarlas. “Silao es un laboratorio para que, cada quien desde el escenario en el que se encuentre, observe el cumplimiento” de la reforma y del T-MEC, dice el abogado, quien lleva décadas en la lucha por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos laborales.
Algunos de los acuerdos
Según el comunicado de la SE, México se compromete a asegurar que el nuevo voto de legitimación se realice a más tardar el próximo 20 de agosto. También a que:
Inspectores de la STPS acudan a la planta a partir de esta semana “para prevenir y atender cualquier intimidación o coerción”
Garantizar la participación de la OIT como instancia observadora del proceso así como de otra organización mexicana
Establecer una línea telefónica y correo electrónico para denuncias
Y otro punto importante: “Investigar y, de ser apropiado, sancionar a cualquier persona responsable de la conducta que llevó a la suspensión del voto de abril y de cualquier otra violación de la ley relacionada con dicho voto”.
Para Israel Cervantes las medidas son buenas, “pero eso que dicen que van a respetar la democracia y la libertad no es así. Desde hace varias semanas la Confederación de Trabajadores de México (CTM) —a la que pertenece el sindicato Miguel Trujillo López— está tratando de convencer a los trabajadores. Esta semana les regaló carteras por el día de la madre y el día del padre. Es una vergüenza eso que están haciendo”.
Una de las causas de este conflicto es el rechazo de los trabajadores a la CTM, dice Alfonso Bouzas. En este proceso también “se va a detectar la manipulación por parte de la empresa y la forma como la empresa se sirve de la dirección sindical”.
Si al final de la votación los trabajadores rechazan a este sindicato que les representa, mediante el “no” al CCT, “hay que preguntarnos por qué. Y llegaremos a la conclusión de que los mecanismos que han utilizado para legitimarse a sí mismos eran la razón y que han hecho un daño social muy grande”.
Sin duda, apunta el coordinador del OCRL, este proceso que ahora tiene nombre de Silao representa en realidad “un cambio cultural en el que el fraude y la simulación pasarán a la historia y el ciudadano de a pie reivindique la honestidad. Ése es el objetivo último de las reformas, no nada más laboral, sino de política general, que nuestro país necesita”.
Los gobiernos de México y Estados Unidos acuerdan un plan de reparación relativo a la reposición de la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato
El acuerdo es resultado del compromiso de los actores involucrados y representa un triunfo para todos: para los trabajadores de la planta, para la empresa y para la agenda laboral en la región
Hoy mismo la STPS comenzará a implementar este plan de reparación
Hoy, los gobiernos de México y Estados Unidos dieron a conocer que alcanzaron un acuerdo en seguimiento a la solicitud de revisión presentada por EEUU en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC, en torno al proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo del Sindicato “Miguel Trujillo López” en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, el cual fue anulado tras acreditarse irregularidades graves que afectaron el desarrollo y resultados de la votación.
El acuerdo establece que la consulta se reponga antes del 20 de agosto, asegurando que las y los trabajadores puedan votar en un ambiente democrático y seguro.
Este acuerdo bilateral se construye sobre la base de las determinaciones que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tomó con anterioridad sobre el caso, y contribuye a reforzar las condiciones democráticas de la reposición de la consulta mediante mecanismos de observación internacional a cargo de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); con el compromiso de la empresa a desempeñar un papel neutral y de respeto a los resultados, así como del sindicato de reponer la consulta en los términos resueltos por la STPS.
Además, el acuerdo evita la instalación de un panel de arbitraje internacional y la eventual imposición de sanciones comerciales. De implementarse adecuadamente, la empresa seguirá gozando de los beneficios comerciales de pertenecer al TMEC.
El plan de reparación consensuado es resultado del compromiso de los actores involucrados y representa un triunfo para todos: para los trabajadores de la planta, para la empresa y para la agenda laboral en la región.
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Fuente: BOLETÍN Número 068/2021 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)
La legitimación es un procedimiento mediante el cual los trabajadores otorgan o no su respaldo al contrato colectivo que los cubre, este proceso es indispensable para el nuevo modelo laboral en México, afirmó la representante comercial de Estados Unidos.
La legitimación de contratos colectivos es un tema central para el cambio al nuevo modelo laboral en México y el fin de las prácticas pasadas, apuntó la embajadora Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos, durante una reunión con autoridades mexicanas para abordar los avances en la implementación de la reforma laboral de 2019.
La reforma al sistema de justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva estableció la obligación de legitimar los contratos colectivos existentes, un proceso en el cual, mediante voto personal, libre, directo y secreto, los trabajadores otorgan su respaldo o no a las condiciones contractuales que los cubren.
La funcionaria estadounidense resaltó que la experiencia y las circunstancias de la renegociación del T-MEC dejaron en claro que los destinos de México y Estados Unidos están entrelazados y por lo tanto, el éxito de un país, representa el éxito para el otro.
Durante el encuentro, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) subrayó que entre los objetivos del nuevo modelo laboral se encuentra la mejoría del poder de negociación de los trabajadores y garantizar el derecho de la fuerza de trabajo a una defensa expedita e imparcial a través de un sistema de justicia independiente.
“Para ello, insistió en los cambios más relevantes del nuevo modelo laboral, como son los procesos de consulta a los trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto; el impulso a la proporcionalidad de género en las directivas sindicales; la transparencia y rendición de cuentas de los organismos gremiales y la verificación de la autoridad en el cumplimiento de estos procesos”, informó la STPS en un comunicado.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2019 fijó un plazo para legitimar los contratos colectivos, los sindicatos tienen hasta el 2 de mayo de 2023 para cumplir con este procedimiento. Las autoridades han reiterado en diversas ocasiones que, en caso de no legitimarse, el contrato desaparecerá, aunque las condiciones contenidas en este quedarán protegidas en contratos individuales.
Tanto la secretaria del Trabajo como la representante comercial de Estados Unidos coincidieron en que el respeto a los derechos laborales debe ser uno de los ejes rectores del comercio, y que el T-MEC debe traducirse en mejoras de las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores.
Por su parte, Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, apuntó que el organismo a su cargo trabaja en informar a las personas trabajadoras sobre la importancia de la legitimación y sus consecuencias, del mismo modo, se explica a los empleadores su papel en el procedimiento, para que eviten actos de intimidación y obstaculización con el fin de garantizar un proceso democrático real.
Nuestro país cuenta con una red sólida de inspectores para vigilar que los procesos de legitimación respeten las reglas establecidas en la LFT y el protocolo. Entre los servidores públicos de al STPS, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y las secretarías locales, México cuenta con 1,100 inspectores para atender este proceso, de acuerdo con información entregada por la Secretaría del Trabajo a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la negociación del T-MEC.
Carlos Mendizábal Pérez reconoció que sigue pendiente el tema de energeía renovable.A un año de la firma del T-MEC se han cumplido los acuerdos principalmente en el tema laboral, asi lo señalo el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Carlos Mendizábal Pérez.
El empresario señaló que aunque se ha dado cumplimiento a gran parte de los acuerdos, el tema de energia renovable ha representado un retroceso. Afirmó que afortunadamente la puesta en macha de amparos ha permitido la llegado de algunas inversiones en el tema.
«Los temas laborales y energías renovables son fundamentales y están establecidos en el nuevo tratado comercial, por lo que en el caso de las energías renovables es un desacierto total, porque estamos regresando al uso de petróleo y del carbón y esto no va acorde a los acuerdos internacionales de medio ambiente, y en el caso de la reforma laboral se tuvo que modificar para estar acorde al T-MEC».
Las secretarias del Trabajo y Economía, Luisa Alcalde y Tatiana
Clouthier, acompañaron en el recorrido
El director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, refrendó
su compromiso de cumplir con los acuerdos en materia laboral del T-MEC
Como parte de la visita oficial a México de la representante
comercial de Estados Unidos, Embajadora Katherine Tai; y la Ministra de
Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Exterior de Canadá,
Mary Ng, acudieron a la sede del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral (CFCRL), donde su director general, Alfredo Domínguez Marrufo, refrendó
el compromiso de cumplir con los acuerdos laborales del Tratado Comercial (T-MEC),
en materia de democracia sindical y conciliación prejudicial.
En la visita que realizaron las delegaciones de los socios
comerciales de México para conocer los diferentes servicios que brinda este
organismo público a los trabajadores y empleadores, asistieron también las
secretarias del Trabajo y Previsión Social y de Economía, Luisa Alcalde Luján y
Tatiana Clouthier, respectivamente.
En el encuentro, la secretaria Luisa Alcalde destacó que desde el pasado 18 de noviembre de 2020,
que arrancó la primera etapa del nuevo modelo laboral, entraron en operación el
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 19 Centros de Conciliación
locales, 10 Tribunales Laborales federales y 18 Tribunales locales; lo cual se
traduce en cerca de 71 jueces y 188 conciliadores laborales, en los ocho
estados que abarca la primera etapa.
Garantizar
la puesta en marcha de este nuevo andamiaje institucional, ha sido una
prioridad para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan es
así, que pese a las presiones financieras que todas las naciones hemos
enfrentado durante la pandemia, se ha destinado en tiempo y forma todo el
presupuesto necesario, agregó.
Finalmente, destacó que resultado del trabajo en estos ocho meses de la primera etapa y que confirma que vamos por buen camino, es que más del 75% de los conflictos se resuelven por la vía conciliatoria, y siete de cada diez acuerdos se logran en los primeros 15 días. “Si antes los trabajadores tenían que esperar años para ver si acaso recibían una compensación, ahora mediante acuerdos logrados a través de la conciliación, los trabajadores han obtenido más de mil millones de pesos en plazos muy breves”.
Por su parte,
Domínguez Marrufo destacó que se trabaja para atender y dar respuesta a los
compromisos establecidos en el apartado laboral del tratado comercial, retos
que se están asumiendo al realizar tareas de conciliación individual y
colectiva, así como de trámites registrales de carácter sindical y de supervisión
de la democracia sindical, además de la legitimación de contratos colectivos de
trabajo existentes.
Las ministras estadounidense y canadiense reconocieron el empeño de las autoridades laborales mexicanas y se comprometieron a avanzar en el trabajo sobre prioridades compartidas.
Por parte de la delegación de Estados Unidos asistieron Daniel Watson, Representante Comercial Adjunto para el Hemisferio Occidental; Nora Todd, Coordinadora de Asesores; y Jamila Thompson, Asesora Senior. Por Canadá, acudieron John Hannaford, Viceministro de Comercio Internacional; Jason Easton, Coordinador de Asesores; y Blue Knox, Directora de Comunicaciones.
En la reunión estuvieron presentes también la Subsecretaria de
Comercio Exterior, Luz María de la Mora, por la Secretaría de Economía; así
como Alejandro Encinas Nájera, titular de la Unidad de Política Laboral y
Relaciones Institucionales y Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de
Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, ambos de la STPS.
Posteriormente, las comisiones realizaron una visita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, donde se reunieron con jueces de esta instancia del sistema de justicia laboral.
