Rebelión del corporativismo sindical... Sindicatos confederados adheridos a la CTM en Sonora denunciaron que autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) en el estado solapan la presencia del sindicalismo blanco al registrar contratos de protección que favorecen a malos patrones de empresas e industrias asentadas en la capital y otras ciudades del estado.
Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico
Dia de publicación: 2018-10-13
El presidente de Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado, Jorge Emilio Claussen Marín, es acusado por sindicatos cetemistas como responsable de manipular la ley a favor de la empresa de sacrificio porcino “Riser de Hermosillo”.
Lo anterior, luego que el funcionario dispuso reconocer y registrar en los libros de gobierno del tribunal laboral un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que la patronal presentó, previamente convenido con un sindicato independiente desconocido por la mayoría de los trabajadores y en contra de su voluntad.
Desde el pasado 19 de septiembre de este 2018 la planta de sacrificio porcino Riser se encuentra paralizada por un conflicto antisindical derivado de un juicio laboral encauzado por la CTM, mediante el cual, buscan disputar legalmente la titularidad del CCT que a ese momento administraba con la patronal un gremio independiente al que, aseguran, rechaza la base trabajadora.
La organización cetemista exigió por ese motivo el recuento sindical para que sean los trabajadores quienes definan mediante su voto libre, secreto y directo, que gremio los represente y los defienda de los abusos del patrón y jurídicamente ante la autoridad laboral.
Desde el 16 de agosto de este 2018 se presentó la demanda laboral por titularidad de CCT en la empresa de sacrificio porcino Riser asentada en el parque industrial de la capital sonorense.
Aun cuando el juicio laboral se radicó en tiempo y forma, la Junta local de Conciliación y Arbitraje omitió darle el curso legal que dicta la Ley Federal del Trabajo, además de negar la notificación al sindicato emplazado; tampoco procedió a acordar con las partes la fecha para el recuento sindical, ni convocó para tal efecto a todos los trabajadores de la fuente de trabajo.
“La Junta de Conciliación del Gobierno del estado no solo omitió el procedimiento legal que debe seguir toda demanda por titularidad como la radicada por la CTM, sino que, dos semanas después del emplazamiento fallido, sucedió lo peor:
Violando la ley, la autoridad laboral recibió y sancionó como válido un convenio presentado por el patrón y el sindicato independiente emplazado para la terminación del Contrato Colectivo materia del juicio por titularidad. Acto seguido, registró un nuevo Contrato Colectivo con otro sindicado ‘patito´ a espaldas y contra la voluntad de la mayoría de los trabajadores de la planta Riser”, manifiesta en el escrito de protesta el cetemio sonorense.
La CTM recrimina al Secretario del Trabajo en el estado, Horacio Valenzuela Ibarra, el hecho de que días atrás hiciera un llamado a los trabajadores en paro para que se reincorporaran a las labores, a lo que accedió el total de noventa inconformes paristas.
Para su sorpresa, su reincorporación a la producción solo sirvió para que los 90 paristas fueran notificados del despido de la fuente de trabajo de manera unilateral por el patrón, lo que es visto por la CTM como una flagrante violación a la libertad sindical y el derecho a la libre manifestación con la intromisión de la autoridad para dicho fin antijurídico.
El inicio del conflicto deriva de no pocas quejas de trabajadores del rastro Riser de Hermosillo que denuncian que algunos son obligados por el patrón a laborar dos horas y media posterior a la conclusión de la jornada convenida sin recibir el pago de tiempo extra correspondiente.
Los empleados denuncian a la empresa por negarles reiteradamente el pago por concepto de bono de productividad en jornadas a destajo y cuando el patrón opta por pagar tal prestación, lo hace con un monto menor al que merece el trabajador, han dicho los trabajadores.
Además, es reiterada la queja sobre las condiciones de higiene y seguridad en la planta de sacrificio, considerada como insoportables y riesgosas para la salud del personal.
Señalan, por ejemplo, que el patrón no proporciona mascarillas al personal durante la aplicación de productos tóxicos en labores de limpia de canales y que transitan con riesgo constante de accidente por la mala calidad del piso, además que el establecimiento carece de salidas de emergencia ante cualquier contingencia.
Según la CTM, las plantas laborales prefieren a esta central para que los defienda de los abusos del patrón, pero los gobiernos del estado a través de las autoridades laborales manifiestan un inocultable favoritismo hacia un sindicato blanco que claramente es afín a los intereses de la empresa por encima de los derechos del trabajador que dice representar.
Para el cetemio esta postura de la autoridad laboral del gobierno del estado resulta una incongruencia en el México actual, sobre todo, cuando en el mundo del trabajo están surgiendo nuevos criterios en defensa del trabajador, sobre todo, de la Suprema Corte y organismos internacionales que tutelan los derechos y obligaciones del capital y el trabajo en igualdad de condiciones.
Destacan la libertad sindical que tutela el derecho del trabajador a elegir libremente el gremio al que desean pertenecer y quien los represente ante el patrón y la autoridad laboral.
Dossier ha documentado recientemente algunos avances en materia jurisdiccional y en el ámbito del derecho internacional, particularmente el 21 de septiembre de este 2018, cuando el senado de la república aprobó por unanimidad la ratificación del convenio de México con la Organización Internacional del Trabajo.
Mediante firma del presidente Enrique Peña Nieto en el tratado con la OIT y ratificado por unanimidad por el senado de mayoría de Morena, el estado mexicano se compromete a la observancia plena de todos los principios y dictados de la ONU tendientes a preservar el derecho que le asiste a todo trabajador a la libre sindicación y negociación colectiva en las ramas de industria, comercio y servicios.
Esto, a decir de la presidencia de la república y el senado, generará en el país una nueva política laboral, con mejores condiciones de seguridad y bienestar para el trabajador.
ver nota:
http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=209466&relacion=&tipo=Noticias&categoria=1
A partir de la firma de este tratado con la OIT, en el ámbito federal o en las entidades federativas cualquier política laboral o acto de autoridad de funcionarios o servidores públicos que atenten contra la libre sindicación o el proceso de contratación colectiva, podrá ser denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo y esta organización, tras investigar el asunto, podría solicitar la separación del cargo y a la autoridad superior someta al imperio al vulnerador y sea enjuiciado por delitos de servidores públicos y violencia sobre derechos fundamentales del trabajador.
Lo anterior, sin menoscabo del derecho que le asiste al trabajador de recurrir a la instancia que considere pertinente para denunciar cualquier arbitrariedad que atente o vulnere flagrantemente sus derechos tutelados en tratados internacionales y en la ley suprema general, cuya fuente de violación provenga de algún acto u omisión de alguna autoridad, gobierno o funcionario al servicio de este.
Cabe la anotación que los principios plasmados en los tratados internacionales a los que México está suscrito adquieren -por este solo hecho- la categoría igual o superior a los plasmados en la Ley general que rige en el país miembro.
De igual forma, todas las autoridades jurisdiccionales o administrativas que invoquen o le sean invocados los principios y dictados plasmados en los tratados internacionales en negocios judiciales o administrativos donde se litiguen derechos del gobernado, en su observancia plena tales ordenamientos internacionales tendrán un valor igual o superior al rango de la Constitución que rige en el estado suscribiente del acuerdo.
Otro documento relativo al tema aquí tratado publicado por Dossier es el de fecha 10 de octubre de este 2018 donde se documenta a detalle la tesis jurisprudencial del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobada por mayoría de votos, mediante la cual, los ministros reconocen a plenitud el derecho de todo trabajador de cobrar como tiempo extraordinario a la jornada laboral los minutos o fracción de tiempo que el patrón le haga permanecer en la fuente de trabajo, siempre y cuando se encuentre realizando tareas específicas y cuyo pago será computable a la semana en la figura de horas laboradas completadas por fracciones del tiempo acumulado.
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¿En busca del paraíso laboral?
Ernesto Santillán
27 de septiembre de 2018
La lucha por garantizar los derechos laborales de los trabajadores en México y acabar con los abusos sindicales quedó de manifiesto con la ratificación del Convenio 98 de la OIT en el Senado que fue impulsado por Napoleón Gómez Urrutia y ante el cual varios de los actores involucrados se mostraron en desacuerdo, sin embargo, el verdadero reto no está en prometer cambios, sino en aplicarlos.
México tiene una deuda con sus trabajadores. Durante años las condiciones laborales en el país han sido más que desfavorables, privilegiando los intereses de empleadores, empresarios y líderes sindicales por encima de los obreros y sus derechos, situación que sexenio tras sexenio se promete cambiará y que al día de hoy no ha sucedido.
Intentos han habido varios, quizá el más claro fue la reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017, donde se modificó el artículo 123 de la Carta Magna para sentar ahí las bases del derecho colectivo en el país y normar la libertad sindical, un compromiso pendiente de aplicar por la actual administración y ahora una responsabilidad por cumplir del gobierno electo
Por ese motivo y con la intención de atender una exigencia de la clase trabajadora que ha permanecido en el olvido por más de 50 años, en el Senado de la República, donde Morena junto con sus aliados gozan de la mayoría, se ratificó la semana pasada el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
La propuesta fue impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y quien hoy también encabeza la comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.
“Estamos haciendo un acto de justicia porque hay muchos intereses creados, con esto se acabarán los contratos de protección patronal y sindicatos blancos”, aseguró Gómez Urrutia durante su posicionamiento.
Este es el primer instrumento internacional que ratifica la 64 Legislatura en el Senado y el cual busca garantizar la libertad de asociación y la sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación que pudiera menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo y eliminar prácticas como los votos a mano alzada para elegir a sus representantes para ser sustituidas por un método donde la elección de los mismos se haga de manera libre.
Además pretende que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unos respecto de los otros; abre la posibilidad de que se cree más de un sindicato dentro de una misma empresa y prohíbe la afiliación obligatoria a centrales de trabajadores oficialistas; una de las prácticas del llamado corporativismo sindical que se acentuó durante los más de 70 años del PRI en el poder.
“Hoy por hoy los sindicatos en México no necesariamente hacen los trabajos más fuertes, contundentes y congruentes para tutelar a sus agremiados.
Todavía hace falta una condición de libertad sindical; que no se obligue, que no se presione, que no se chantajeé, que no hayan votaciones controladas, que no haya sindicalismo blanco, que no haya sindicalismo charro”, dijo el senador Emilio Álvarez Icaza en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Todos estos cambios que se quieren implementar parecieran solucionar, por lo menos en el papel, el problema laboral por el que atraviesa México, pero una cosa es planear y soñar y otra muy diferente llevarlas a la realidad.
A pesar de los elogios que diversos actores políticos, académicos y representantes de la sociedad civil lanzaron ante la ratificación del Convenio 98, no todos los involucrados en el tema mostraron el mismo optimismo.
Entre los principales inconformes se encuentran Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la bancada del Partido Acción Nacional, la cual incluso trató de reventar la sesión al abandonar el Senado durante la votación.
Tanto el CCE como la CTM publicaron a través de sus canales oficiales comunicados en donde dejaron de manifiesto que no estaban de acuerdo con la manera en la que se aprobó la ratificación del Convenio 98, asegurando que no se discutió lo suficiente el tema y que además se estaba violando otro de los acuerdos ya firmados con la OIT, que sería el 144.
Sin embargo, para la doctora Graciela Bensusán, el tema ya se ha discutido lo suficiente.
“El tema se ha hablado hasta que nos aburrimos de la discusión porque está todo claro. Se respondieron las quejas de la OIT, primero se le dijo que no existían los contratos de protección, después se reconoció que sí existían, luego que se iban a corregir; fuimos y vinimos años con el tema.
Ahora se vota con la mayoría como siempre se han votado las leyes y resulta que nos faltó discusión”, dice la investigadora de la UAM Xochimilco.
Esta postura también la comparte el senador Julio Menchaca.
“El tema de los sindicatos y el Convenio 98 de la OIT es un asunto que está esperando la ratificación prácticamente desde 1956, se firmó en 1949 y en el 2015 Enrique Peña Nieto lo volvió a mandar al Senado”
– Julio Menchaca
Senador de Morena por Hidalgo
Entonces de que se ha discutido se ha discutido por todas las organizaciones obreras, por lo tanto no pueden decir sus detractores que un tema que ha estado presente por más de 50 años no se ha discutido lo suficiente”.
En cuanto a la posibilidad de que esta ratificación desate un conflicto entre el gobierno electo y la clase empresarial, el senador por Hidalgo ve esto como algo lejano.
“Lo que pasa es que hay que diferenciar bien entre algunos líderes empresariales y los empresarios. Aquí el punto es que Juan Pablo Castañón no son los empresarios de México.
Quizá exista alguna situación de molestia por parte de algún sector pero eso no significa que estemos en un círculo de confrontación”, señala.
Ahora el reto será la implementación de lo firmado y acordado tanto en el Convenio 98 como de lo que establece el artículo 123 Constitucional, pues los alcances que tendría la correcta aplicación de estas normas trascienden el tema laboral, ya que rompen el estatus quo y modificarían la relación entre el Estado y los trabajadores, una realidad que de llegar a alcanzarse, también ayudaría a acabar con la desigualdad en el país, sacar a los trabajadores de la informalidad, reducir la corrupción y la violencia al igual que mejorar la relación con nuestro principal socio comercial: Estados Unidos.
CUMPLIR LOS COMPROMISOS
Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT México concluye con la aprobación de los ocho compromisos fundamentales en materia de derechos laborales con los que cuenta la Organización Internacional del Trabajo y se suma a los 165 países de América Latina y el Caribe que también suscribieron el acuerdo que hoy causa tanta polémica en el país.
“Con esta decisión, México se unirá a los 165 países del mundo que han ratificado el Convenio 98 y toda la región de América Latina y el Caribe tendrá ratificado este Convenio” señaló en un comunicado la OIT, en el que también aclara que las normas internacionales del trabajo están orientadas a garantizar que el crecimiento económico y el desarrollo vayan de la mano de la creación de trabajo decente.
Todo esto, incluida la reforma Constitucional al artículo 123 de la Carta Magna que se realizó el año pasado, se vislumbra como un gran avance, sin embargo, una cosa es lo que se describe en el papel y otra muy distinta su aplicación en el actual contexto nacional.
Como bien se sabe, México cuenta con una de las Constituciones más robustas del mundo, sin embargo, esto nunca se ha traducido en la correcta aplicación o respeto de las leyes que de ésta emanan, un hecho que demuestra que de nada sirve tener las mejores normas si éstas no se pueden implementar
Por ese motivo, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco y experta en temas laborales, Graciela Bensusán, cuestiona las capacidades con las que cuenta el Estado para poder cumplir tanto lo que la Constitución establece en materia laboral como los convenios internacionales a los que se ha sumado.
“Un grave problema que tenemos en México, no sólo en el ámbito laboral, es que cambiamos las leyes con cierta facilidad pero luego no podemos implementarlas”, comenta.
Ejemplos para sustentar esta aseveración hay muchos. Tal es el caso de la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual, al día de hoy, no se ha podido aplicar con éxito.
Algo similar ocurre con la prometida transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía independiente y autónoma.
Para evitar que estos fracasos se repitan en el ámbito laboral, Bensusán explica que lo primero que se tiene que hacer es crear la reglamentación de la reforma Constitucional al artículo 123 que todavía está pendiente y que depende del legislativo
Otra tarea que es imprescindible y que también duerme el sueño de los justos desde hace más de un año a pesar de que en la Carta Magna se estableció un periodo máximo para su creación de 365 días es la fundación de un nuevo organismo autónomo que sería el espacio donde se registrarían los sindicatos y donde se inscribirían los contratos colectivos de trabajo.
Aunado a todo esto la experta indica que para poder comenzar a ver un cambio real en el tema laboral también se necesita que los pocos sindicatos verdaderos que existen comiencen a aplicar esta nueva normativa, un Estado comprometido con capacidades estatales y recursos para hacer el nuevo órgano de registro de los contratos colectivos y los sindicatos, dinero para hacer la transición de las juntas de conciliación hacia el poder Judicial y la formación de cuadros y de jueces en materia laboral.
Además, Graciela Bensusán comenta que también vamos a requerir que los sindicatos y los trabajadores mismos encuentren algún incentivo para crear nuevos sindicatos o para legitimar los que ya existen a partir de la votación universal, secreta y directa de los trabajadores y a partir de negociaciones reales crear los contratos colectivos con los empleadores.
“Sin duda si esto no se conduce bien y no generamos una buena reglamentación y no tenemos procesos ágiles y transparentes para llevar a cabo todos estos cambios sindicales y de sus contratos pude haber problemas en las empresas que lleven a conflictos intersindicales, por eso hay que fijar las reglas del juego. El convenio no nos las da, éste simplemente establece una serie de principios que debemos de seguir”, asevera.
La investigadora también lanza un par de cuestionamientos que se deben tomar en cuenta.
El principal reto para mejorar las condiciones laborales en México es que las leyes y los convenios que se han creado y ratificado en este tema se apliquen y no se queden como letra muerta sobre el papel
“Necesitamos de reglas muy claras que nos digan cómo va a funcionar el órgano autónomo, cómo va a garantizar su autonomía, su independencia, sus recursos y cómo vamos a hacer para que el proceso de reorganización sea transparente, cómo hacer que los trabajadores voten, que los conflictos intersindicales no se vuelvan huelgas, y qué tienen que hacer todas las partes: el gobierno, los empleadores, los sindicatos existentes, y los trabajadores para que este proceso de transformación sea real y no genere daños a la economía, a los trabajadores o al país”.
NO HAY VUELTA ATRÁS
Romper con el estatus quo y cambiar la relación que existe entre el Estado y los trabajadores que al día de hoy ha provocado violaciones tanto a derechos humanos como laborales, ha fomentado la corrupción y ha incidido en la creciente desigualdad del país parecería ser un objetivo común de todos los mexicanos, sin embargo, esto no es así.
Empresarios, sindicatos e incluso algunos partidos políticos se han manifestado en contra de la manera como se ratificó el Convenio 98 de la OIT en el Senado. Una situación que algunos senadores y expertos en el tema consideraron como un intento de tratar de trabar la aprobación para que sus intereses personales no se vieran afectados.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo Castañón, manifestó a través de un comunicado su desacuerdo.
El argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT no tiene ningún peso, pues este tipo acuerdos no son vinculantes
“El Consejo Coordinador Empresarial expresa su desacuerdo con la decisión del Senado de presentar ante el Pleno, sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Rechazamos que el Senado busque tomar determinaciones que afectan fundamentalmente a la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado, violando así lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT…”
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en voz de su secretario general y también senador, Carlos Aceves del Olmo, igualmente mostró su inconformidad por las mismas cuestiones que el CCE.
“Sería deseable que esta Soberanía recapacitara sobre el atropellado proceso que se llevó a cabo y se pueda regresar la ratificación a las Comisiones Unidas a las que fue turnada para que se pueda cumplir con lo establecido en el Convenio 144 de la OIT y con la obligación de las Comisiones Legislativas Permanentes del Senado y se pueda dar una discusión sobre el Convenio 98 de la OIT, con todos los sectores involucrados en la materia”.
Diversos actores involucrados en la ratificación del Convenio 98 de la OIT se han quejado por la manera en que se dio la aprobación, sin embargo ninguno de sus argumentes cuenta con la fuerza legal para revertir lo ya votado
La bancada panista simplemente abandonó la sesión.
“Los empresarios que se han manifestado en contra de la ratificación del Convenio 98 es porque temen que al firmarlo ya no se puedan imponer al sindicato que firma el contrato colectivo, algo que es violatorio de los derechos humanos en todo el mundo.
ntonces lo que se está queriendo es cuestionar y decir que no se discutió suficientemente el tema cuando el asunto ha estado presente en el país desde 1949”
– Graciela Bensusán
Investigadora de la UAM Xochimilco
La investigadora de la UAM Xochimilco también asegura que algunos empresarios y empleadores están acostumbrados a imponer sus condiciones y lo que ellos temen es que tanto la ratificación del Convenio como la reglamentación y en su momento la reforma Constitucional los obligue a reconocer una interlocución sindical verdadera.
“Les preocupa que haya genuinamente la necesidad de negociar porque no saben ni quieren hacerlo, no tienen una cultura de negociación”, comenta.
Además explica que el argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT que todos los detractores están utilizando no tiene ningún peso, pues este tipo de acuerdos que emite la Organización Internacional del Trabajo no son vinculantes, es decir, no se tienen que cumplir de manera obligatoria por el país que lo firma.
Por su parte, el senador por Hidalgo Julio Menchaca, califica el abandono de la sesión por parte del PAN como una irresponsabilidad.
“Cuando uno asume su responsabilidad podrá no estar de acuerdo con algo y votar en contra, algo que han hecho en el transcurso del tiempo las minorías cuando el PRI o el PAN estaban en el poder.
Pero los panistas, que por un lado no quisieron verse poco solidarios con los trabajadores y por otro decidieron atender los intereses que los representan, en este caso el de los sectores empresariales a los que no les conviene esto porque hay contratos que ni siquiera conocen los trabajadores y que los perjudican, prefirieron usar como excusa la propuesta de reducir los tiempos para presentar propuestas para abandonar la sesión”.
Respecto a la crítica de que el Convenio 98 no se turnó a comisiones en la Cámara Baja, Menchaca dice que eso no implica ninguna violación a la Ley, por lo tanto no hay forma de echar para atrás lo que ya se aprobó.
“La reglamentación también te dice que si ya tiene primera lectura le puedes dar una segunda y la sometes a votación”.
POR UN NUEVO MODELO SINDICAL
La creación de los sindicatos es quizá uno de los avances más importantes en materia laboral que se ha creado, sin embargo, lo que en un principio se concibió como una manera de proteger a los trabajadores de los abusos de sus empleadores terminó por convertirse en todo lo contrario.
Ejemplos hay muchos, tal es el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana encabezado por el priista y exsenador Carlos Romero Deschamps, quien ha sido acusado por presuntamente enriquecerse de manera ilícita con los recursos del sindicato y de utilizar a sus agremiados como fichas de negociación para cumplir con sus intereses políticos y personales.
Tan es así, que hace una semana, senadores de Morena pidieron al SAT un informe sobre los bienes adquiridos por Romero Deschamps, sus familiares y prestanombres de 1993 a la fecha y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda un reporte sobre presuntos manejos irregulares del líder petrolero
Deschamps es el claro ejemplo de lo que ningún líder sindical debe ser: un hombre millonario que lidera a puros trabajadores pobres.
Un caso similar se da con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y quien ha estado al frente del gremio desde 1998.
Al también priista se le ha denunciado ante la PGR por fraude hipotecario a trabajadores.
Por personajes como éstos es que ahora se busca crear un nuevo modelo de sindicalismo en el país donde los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales y exigir que se respeten.
“En este momento en México ya conocemos cómo se encuentra el mercado laboral, la situación que viven los sindicatos y las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto lo que este modelo nuevo tiene que crear son incentivos para que todos puedan defender sus intereses legítimos”, comenta Graciela Bensusán.
México requiere de una transformación radical en la forma como maneja sus sindicatos, pues la que prevalece actualmente lo único que fomenta son las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores
Sin embargo en este cambio el papel de los trabajadores también es fundamental, pues éstos deben dejar atrás los vicios que de igual manera afectan a sus empleadores y que pocas veces reconocen.
Como ejemplo de un sindicato real en México la investigadora de la UAM pone a la empresa Volkswagen.
https://www.reporteindigo.com/reporte/en-busca-del-paraiso-laboral-senado-propuesta-morena-ratificacion-convenio-98-oit-derechos-trabajadores/
Libertad laboral
24/09/2018
Martí Batres
Despertador
La ratificación en el Senado de la República del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ocurrida el pasado jueves 20 de septiembre, es un paso histórico que beneficia a los trabajadores y se corresponde con una de las exigencias de Estados Unidos en las recientes renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) consistente en fortalecer la contratación colectiva.
El Convenio 98 fue adoptado en Ginebra, durante la 32 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), el 1 de julio de 1949, y entró en vigor el 18 julio 1951. México firmó este convenio en 1956 interponiendo una reserva para mantener la llamada cláusula de exclusión, que permitía despedir del trabajo a los disidentes sindicales. La OIT rechazó dicha reserva por un lado porque estos convenios se aceptan en bloque o se rechazan en bloque, pero también porque la cláusula de exclusión era directamente contraria al espíritu de la libre sindicalización. En este sexenio, el gobierno mexicano eliminó la cláusula de exclusión. Entonces nuestro gobierno volvió a firmar el acuerdo y lo envió al Senado para su ratificación hace tres años.
Sin embargo, se mantuvo en la congeladora. Es decir, México tardó 69 años en incorporarse a este acuerdo y fue la última nación latinoamericana en hacerlo.
La ratificación de este tratado rompe con el corporativismo sindical pues establece que los trabajadores son libres a pertenecer o no a una organización sindical y que su decisión no puede ser motivo para causar el despido. También prohíbe que se condicione la permanencia en el empleo a no pertenecer a una organización sindical. Además, prohíbe la existencia de los llamados sindicatos de protección.
La tradición de control corporativo en México explica por qué nos tardamos tanto en ratificar este acuerdo y lo sucedido esta semana en el Senado encarrila a nuestro país en una ruta de modernización y normalización de las relaciones laborales.
Hay que decir que la ratificación del Convenio 98 no sólo beneficia a los trabajadores. El sector empresarial también resulta favorecido al liberarlo de chantajes y presiones por parte de los llamados sindicatos blancos.
Llama la atención que a pesar de que el presidente Peña Nieto dio los pasos necesarios para su ratificación, la anterior Legislatura condenó el trámite a la congeladora aún cuando cumplió con las consultas requeridas tanto a organizaciones sindicales como la CTM, la CROC y la UNT, así como a organismos empresariales como la Concamin, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial y a entidades gubernamentales. Con ello, se cumplió con los requisitos del Convenio 144.
La ratificación de este convenio internacional se da en dos contextos importantes:
Uno, el que llama más la atención, es que forma parte de las exigencias del gobierno norteamericano, el país más capitalista del mundo e insignia del libre mercado. Dos, es que la democracia sindical se presenta como consecuencia del arribo de la democracia política al país. Es decir, vía el libre comercio y el avance político de México se rompe con una de las principales características del Estado autoritario mexicano: el control de los trabajadores.
La noticia causó distintas reacciones. A mi parecer la principal es la de la ONU que saludó esta resolución del Senado y señaló que con esto “el Estado mexicano estará atendiendo las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Si bien esta ratificación no estuvo exenta de resistencias como la de los senadores del PAN que decidieron abandonar el salón de sesiones para no participar en su aprobación y dar un golpe mediático para tapar esta importante decisión, también es cierto que el Convenio 98 de la OIT contó con el apoyo unánime del resto de los partidos que estuvieron presentes en la sesión.
El hecho confirma la vocación transformadora del nuevo Senado. México está cambiando.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/libertad-laboral
Los trabajadores en el gobierno de AMLO
Carlos Herrera Zubieta
Si hay un sector de la sociedad mexicana que no ha conocido la transición a un escenario de apertura, es el de los trabajadores.
El comercio exterior se liberalizó desde 1986 y el sistema electoral se abrió a partir de la entrada de operación del IFE en 1990.
En contraste, los trabajadores siguen sujetos al vetusto corporativismo sindical. Vistos por los patrones como ‘raza de bronce que todo aguanta’, el grueso de los trabajadores mexicanos carece de libertad.
Ahí están los petroleros con Romero Deschamps, los ferrocarrileros con Víctor Flores, los cetemistas con su gerontocracia.
Y están además los sectores de bajos salarios como los trabajadores migrantes y los jornaleros agrícolas, y adentro de esas agrupaciones, las mujeres trabajadoras y los indígenas, cuyas condiciones de explotación son aún peores. Y los trabajadores por cuenta propia y aquellos que laboran en el sector informal, muchísimo más numerosos que los sindicalizados.
No necesitamos encuestas de salida para saber que la enorme mayoría de ellos votaron por AMLO.
Tras la victoria de AMLO el conflicto social y laboral sigue allí. Ya hay un encendido debate sobre la reducción de sueldos a trabajadores de confianza en la administración pública federal. En contrapartida, está también la burocracia plebeya (@ricardomraphael dixit) que sobrevive con salarios extremadamente bajos.
Los salarios ridículos entre trabajadores gubernamentales sindicalizados dieron pie a una cultura política viciada: ‘hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo’.
Si hemos de pensar que el próximo gobierno tutelará los derechos laborales y promoverá mejores remuneraciones a los de abajo, también habrá de nutrir el desarrollo de la fuerza de trabajo y generar una nueva cultura laboral que conduzca a mercados laborales más dinámicos y productivos en México.
A pesar de que en 1993 —con el TLCAN 1.0— México prometió que sus estándares laborales cumplirían con las normas de la OIT, esto todavía no se hace realidad. Por lo tanto, a medida que la productividad laboral aumenta en México, quienes se apropian del ingreso adicional son principalmente las empresas y sus accionistas, en lugar de los trabajadores que generan valor. La proporción del ingreso nacional que va al trabajo ha disminuido sostenidamente, mientras se acrecienta la destinada al capital y a la tecnología.
La clave está en empoderar a los propios trabajadores para que ellos puedan tener incentivos para mejorar su situación laboral, ser más productivos y ensanchar su horizonte de vida.
Esta no es única ni principalmente una decisión personal individual. El próximo gobierno tendrá como desafío construir un régimen de respeto a los derechos laborales, con salarios dignos y remuneradores, mediante acciones de política pública, tales como:
- Respeto a los derechos laborales; prohibición de los despidos injustificados y de la subcontratación excesiva; igualdad salarial entre hombres y mujeres.
- Invertir en nuestra propia gente. Establecer programas de desarrollo de la fuerza de trabajo con base en el conocimiento y la innovación, mediante una estrecha vinculación de la educación y la investigación, orientada a incrementar la empleabilidad de los jóvenes y generar cadenas con alto valor agregado y certificaciones internacionales homologadas. El programa de aprendices del próximo gobierno es un buen comienzo.
- La inclusión de condicionalidad salarial en el TLCAN renegociado, incluyendo a los trabajadores migrantes, cuyo incumplimiento sea objeto de sanciones comerciales.
En suma, alinear incentivos laborales, salariales y profesionales. No puede haber una democracia verdadera sin justicia laboral. Llegó la hora de los trabajadores mexicanos.
Profesor asociado en el CIDE.
@ Carlos_Tampico
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/carlos-heredia-zubieta/nacion/los-trabajadores-en-el-gobierno-de-amlo
Héctor Barba García: La iniciativa de reforma en materia de justicia laboral de la UNT *
Por: Reformalaboralparatodos.mx
25 de mayo de 2018
Puebla, Puebla.
Advierto que está aquí la mayoría del Congreso General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagn (SITIAVW).
Entre todos hemos construido en la rama automotriz, sin discusión alguna, el mejor contrato colectivo de trabajo, prestaciones, salarios y condiciones de trabajo en el área automotriz y es una actividad que a ustedes los distingue como un sindicato eminentemente democrático, participativo y representativo de los trabajadores.
Antecedentes de la reforma constitucional en materia de justicia laboral.
Sin duda esta reforma es la más importante en los 100 años de vigencia de la Constitución en materia laboral.
Para llegar a estos resultados, ustedes desde el Sindicato de Volkswagen ingresaron desde el origen en 1997 a la Unión Nacional de Trabajadores, que es sin duda, la organización más representativa de los trabajadores libres y democráticos de éste país, y que ha adquirido una gran relevancia internacional por sus acciones defensivas del conjunto de la clase trabajadora.
Desde la UNT en 2002, en 2010 y en 2012, presentamos conjuntamente con el Partido de la Revolución Democrática iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero también a la Constitución en materia laboral.
Y si ustedes ven el contexto de esas iniciativas advertirán que nosotros lo planteamos desde hace más de 15 años.
Cómo lo logramos? Una conjunción de fuerzas extraordinarias que se generó por:
- las acciones ante la Organización Internacional del Trabajo, en donde en el ámbito de la defensa de la libertad sindical y la negociación colectiva, planteamos muchas veces, con mucho vigor, que había que acabar con un cáncer en lo trabajadores de México: Contratos Colectivos de Protección Patronal.
- En México hay más de 50 millones de trabajadores y de ellos sólo una parte mínima está sindicalizada y de éstos la mayoría está sindicalizada en falsos sindicatos en donde se firman Contratos Colectivos de Protección Patronal, para impedir contrataciones colectivas reales y para impedir la sindicalización real.
Lo que va a destruir esta reforma constitucional es ese esquema vigente falso que ha impedido el progreso nacional con justicia social.
Otros elementos que influyen son los que están en el Tratado Transpacífico que planteaban la necesidad de que México cambiara su esquema laboral que se ha distinguido por el corporativismo sindical, que significa el control de los trabajadores para impedir que ejerzan sus derechos de libertad sindical y contratación colectiva auténtica y mantener un sistema salarial de los más bajos del mundo.
Es una vergüenza que en nuestro país tengamos un salario mínimo de los más bajos del mundo.
El salario mínimo en México representa cuatro dólares al día, cantidad que un jornalero en Estados Unidos los gana en 20 minutos de trabajo. Esto ha impedido el progreso nacional con justicia social y que tiene calificado al país, en el ámbito internacional, como un país que ejerce competencia desleal y dumping laboral.
Es el sistema de control corporativo que impide el desarrollo de los trabajadores aunque vean condiciones justas y equitativas en el resultados de la producción y los servicios.
Esta reforma constitucional es la más importante, pero qué está pasando con ella?
Toda reforma constitucional requiere reglamentación en las leyes secundarias.
Hay un proceso de reglamentación a las leyes secundarias en donde el estado mexicano estaba obligado a convocar a todas las fuerzas representativas, tanto de los trabajadores, como de los patrones a la generación de una propuesta común conforme al Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el Convenio sobre el tripartismo, pero en éste país dicho convenio es letra hueca.
Existe el tripartismo? Sí, pero un falso tripartismo que está representado por sindicatos corporativos o charros y por una patronal que no representa ni siquiera a la mitad de los productores de éste país, que se apropia del sistema nacional y mantiene bajos salarios para obtener ganancias no sobre la base de productividad y organización del trabajo, sino sobre la base de la explotación de la fuerza del trabajo.
Ustedes conoce el sistema del partido en el poder, de cooptar el voto mediante la compra. Cómo lo hacen? Manteniendo en la miseria a millones de trabajadores mexicanos. Como datos, de los más de 50 millones de trabajadores en éste país, la mitad de ellos percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza, y eso es una vergüenza. Por qué lo hacen? Para favorecer una explotación patronal indebida, ganancias indebidas, para mantener un sistema de voto duro que compran para ganar las elecciones con un tercio de la votación mediante voto comprado de ciudadanos mexicanos cuyo problemas es saber que comerán al día siguiente porque no tienen recursos alguno.
De esa manera es importante acabar el corporativismo sindical, con los sindicatos democráticos como el de ustedes (SITIAVW), que en el sector automotriz es un sindicato de punta, que luchemos para acabar con el sistema corporativo, y esta ley que estamos intentando reglamentar es uno de los principales intentos para lograrlo
Cómo va el proceso de la reforma secundaria?
Existen varias iniciativas presentadas, no hubo diálogo social previo, el gobierno y la patronal, el mal sector de la patronal porque no podemos generalizar, están coludidos para impedir que haya libertad sindical y contratación colectiva auténtica, y utilizaron a dos peleles uno de la CTM y otro de la CROC para generar una iniciativa que es una auténtica cotrarreforma laboral. Si ustedes leen esa iniciativa de un señor llamado Tereso Medina y otro Isaías González, esa iniciativa es nefasta no contempla ningún aspecto constitucional de los que debe reglamentar y en cambo establece una serie de cuestiones que darían al traste con el derecho colectivo y con el derecho individual del trabajo en México. De ese tamaño es el problema que enfrentamos.
Hay otra iniciativa presentada por el PAN, que no tiene ni pies ni cabeza, lo digo con todo respeto. Pero hay otras iniciativas que si son implementables y convenientes.
La UNT nuevamente y senadores del Partido de la Revolución Democrática, se prestaron para presentar en el Senado de la República nuestra iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Amparo, que refleja claramente un sistema que termine con el manejo corporativo del sindicato, que permita un aumento del salario, contratación colectiva auténtica y libertad sindical para todos los trabajadores de México.
*Apuntes de la participación del Lic. Héctor Barba García en el Foro Reforma laboral para todos, en el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), el 25 de mayo de 2018, en la Ciudad de Puebla.
Sonora: Candidatos al Senado por Sonora buscarán mejorar justicia laboral
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NOTIMEX 03.05.2018 Los candidatos al Senado por Sonora de la coalición Juntos Haremos Historia, Lilly Téllez y Alfonso Durazo Montaño, se comprometieron a procurar una mayor justicia laboral y salarial para los trabajadores del estado.
Al reunirse con líderes de diversas organizaciones sindicales de la entidad, los abanderados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social plantearon su visión para mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora de Sonora.
Ante los representantes de los sindicatos de telefonistas, de Académicos y Trabajadores de la Universidad de Sonora, de la Universidad Estatal de Sonora y del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) dieron a conocer sus propuestas.
Téllez destacó la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y el estancamiento de los salarios mínimos en las últimas tres décadas, producto de las políticas económicas de corte neoliberal.
A su vez, Durazo Montaño señaló que, de ganar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, existe el compromiso real para aumentar los salarios mínimos de los trabajadores y revisar las consecuencias negativas provocadas por la reforma laboral.
“Vamos a darle democracia sindical a los trabajadores, nada de toma de nota, nada de tener control político de los sindicatos. Se acabará el corporativismo sindical, vamos a dejar en auténtica libertad a los trabajadores para que elijan a sus representantes”, anotó.
