Nuestro país no aceptará una medida unilateral, aseguró Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos.
Roberto Morales
24 de abril de 2019, 01:28
El gobierno mexicano afirmó que está de acuerdo con aceptar inspectores estadounidenses para el cumplimiento en las disposiciones laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), siempre y cuando Estados Unidos también permita hacer lo mismo a inspectores mexicanos en plantas estadounidenses.
“En un acuerdo comercial, hay reciprocidad, tan fácil como eso. Si quieren tener un equipo de inspectores de trabajo que vaya a México, perfecto. Enviaremos inspectores de trabajo a Estados Unidos”, dijo Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos.
De esa forma, Bárcena replicó el lunes a la propuesta de los senadores Ron Wyden (D-Ore.) y Sherrod Brown (D-Ohio) que funcionarios de Estados Unidos puedan hacer inspecciones en determinadas fábricas localizadas en territorio mexicano para verificar el cumplimiento de las leyes laborales locales y los compromisos en materia de trabajo pactados en el T-MEC, en el caso de que estén inconformes con una primera inspección hecha por las autoridades mexicanas.
Bárcena aseveró que México no aceptaría una medida unilateral.
Por su parte, Brown “está absolutamente abierto a que la disposición sea bilateral y espera continuar el trabajo con ambas administraciones”, expresó la portavoz de Brown, Jennifer Donohue, en un comunicado.
Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), la inclusión de disposiciones laborales exigibles en el texto del T-MEC es un cambio clave que puede llevar a una mayor protección laboral, en particular porque el sistema judicial de México otorga gran importancia a los tratados internacionales.
Algunos grupos estadounidenses favorecen la inclusión de nuevas disposiciones sobre el trabajo forzoso u obligatorio, la violencia contra los trabajadores, los trabajadores migrantes y la discriminación, así como las aclaraciones de los términos “salario mínimo” y “libertad de asociación” en las notas al texto.
Otros observadores señalan que el gobierno mexicano ya ha hecho algunos progresos para mejorar su legislación laboral, como sería requerido por el T-MEC, y que el nuevo presidente de México ha expresado su apoyo para mejorar las condiciones laborales.
Los negociadores estadounidenses afirman que, en su conjunto, el capítulo laboral del T-MEC establece mecanismos que obligarían a todas las partes a proteger los derechos laborales, a fin de garantizar que ninguna de las partes pueda obtener una posición competitiva al ignorar esos derechos.
Algunos analistas sostienen que las disposiciones podrían tener un impacto positivo en las condiciones laborales en México y en los salarios de México y Estados Unidos a largo plazo.
Si bien los grupos laborales generalmente consideran que el capítulo laboral del T-MEC es una mejora frente a la carta paralela acordada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirman que el impacto de estas disposiciones dependerá en gran medida de la disposición de las partes para cumplir de manera proactiva estas obligaciones.
La USITC trató de estimar los efectos asociados con la provisión de la negociación colectiva del T-MEC. Lo hizo modelando econométricamente cómo los cambios en los salarios mexicanos podrían modificarse dados los cambios asociados con la legislación del nuevo acuerdo comercial.
De esa forma, la comisión estima que la legislación de negociación colectiva probablemente aumentará las tasas de sindicalización y los salarios en México y también incrementará la producción mexicana. Esto, a su vez, se espera que aumente la producción y el empleo en Estados Unidos. También daría como resultado un pequeño aumento (0.27%) en los salarios reales de Estados Unidos.
El anexo 23 del T-MEC plantea, entre otras cosas, prohibir la injerencia de los empleadores en los sindicatos, prever elecciones sindicales gratuitas que se produzcan mediante una votación secreta y exigir que la mayoría de los trabajadores cubiertos apruebe las revisiones de los acuerdos de negociación colectiva. Además, el anexo 23 estipula que el hecho de que México no haya promulgado dicha legislación a principios del 2019 podría impedir la entrada en vigor del T-MEC.
Reglas del outsourcing deben mejorar: IP
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, defendió que el mecanismo de outsourcing en la contratación de trabajadores en México se debe reformar mas no desaparecer.
Tras una reunión con diputados integrantes de la Comisión de Economía en San Lázaro este martes, el presidente del órgano empresarial indicó que la figura de outsourcing es común en todo el mundo.
“Creo que fue un gran avance cuando se hizo (autorizar la operación del outsourcing), sin lugar a dudas debe ser regulada indudablemente y evitar que eso se convierta en una forma en la cual el trabajador pierda sus derechos, nosotros jamás estaremos de acuerdo con eso”, apuntó.
En entrevista con medios, Salazar Lomelín afirmó que no en todas las empresas la utilización del outsourcing ha sido una manera de precarización de las condiciones laborales de los trabajadores.
“Yo creo que a veces hay que resolver el efecto que estamos teniendo, pero el eliminar la posibilidad no abona a una mejor forma a poder tener más empleos, más trabajo, más capacidad, para que la gente se pueda desarrollar: entonces sí, de acuerdo con que se regule, con que se estructure adecuadamente pero que no se elimine”, dijo.
Salazar Lomelín indicó que entre lo que se pueda reformar en materia de outsourcing está principalmente que los derechos de los trabajadores no se pierdan.
“Que sus derechos de antigüedad sean reconocidos y que de alguna manera al trabajador se le pague claramente el tiempo que está dedicando; todo esto ya está regulado en otras sociedades, por lo que no estamos inventando nada”, detalló. (Con información de Héctor Molina)
Etiqueta: libertad de asociación
Libertad vs. libertinaje sindical en México
Sindicatos hacen de las suyas por la entrada en vigor del Convenio 98; empresas ya protestaron
Alfredo González / A fuego lento / Heraldo de México
PORALFREDO GONZÁLEZ MARZO 25, 2019
Firmas nacionales y extranjeras acudieron a las autoridades para denunciar la “aparición” de organizaciones sindicales (CTM y CROC) que, sin su consentimiento, se han apostado en sus instalaciones para “afiliar” a trabajadores.
Los sindicatos están recurriendo a esa práctica por temor a perder un negocio millonario: la venta de contratos de protección. Y, por otro lado, quieren impedir que disminuya su número de agremiados.
En palabras puras y llanas, intentan presionar y extorsionar a las compañías para que mantengan “sindicatos blancos”, pero también quieren captar más afiliados.
La razón es simple: desde enero de este año, todos los trabajadores tienen la posibilidad de asociarse libremente a cualquier sindicato sin que éste tenga una relación formal con la empresa para la que trabajan.
La “libre afiliación” forma parte del Convenio 98 –un instrumento legal incluido en el T-MEC entre México, EU y Canadá- ratificado el 20 de septiembre de 2018 por el Senado mexicano.
¿Pero qué es eso del Convenio 98? ¿Cómo surge?
En el periodo de renegociación del TLCAN, Estados Unidos presionó al gobierno mexicano en materia laboral, igual que lo hizo con Canadá, para obligarlo a firmar el convenio fundamental 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Derivado de eso, en el T-MEC se incluyeron diversas obligaciones para México con el objeto de garantizar la libertad de asociación y de negociación colectiva.
Visto de esta forma, eso significa un gran avance para el sindicalismo nacional porque permitirá romper con el sistema corporativo que favoreció al partido y al gobierno en turno durante muchas décadas en México.
Y es que, con la creación del PRI, hace 90 años, surgieron sindicatos y centrales obreras como hongos en época de lluvia. Mineros, taxistas y trabajadores de las industrias textil, automotriz y hasta restaurantera, entre otros, fueron afiliados a la fuerza por las centrales sindicales más grandes del país, entre ellas la CTM y la CROC.
Lo hicieron para mantener control sobre ellos y los contratos de protección. Sin embargo, parece que esa práctica está viendo su fin con el Convenio 98, considerado como la punta de lanza para romper con la hegemonía sindical.
El gobierno de México está obligado a respetarlo y hacerlo respetar. Su misión es promover la democratización interna de los sindicatos en todos sus niveles.
También, debe romper con un negocio millonario que permitió a México tener a los líderes sindicales más ricos de todo el mundo, uno de ellos, sin duda, el petrolero Carlos Romero Deschamps.
En eso radica la preocupación de las empresas que ya levantaron la mano. Exigen la actuación de la autoridad para promover la libertad sindical y frenar de tajo el libertinaje de líderes espurios y charros.
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “No somos antisistema, el sistema es antinosotros”.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/libertad-vs-libertinaje-sindical-en-mexico/
Ratificación de convenio de la OIT favorecerá la libertad de asociación sindical
Organismo ve positiva la creación de la CIT
Jessica Xantomila
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de marzo de 2019, p. 15
El Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) señaló que en el contexto actual de la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la creación de la nueva Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) tiene que ponerse en el centro al trabajador para que exista una real libertad de asociación.
Hugo Mendoza Antonio, abogado de Cereal, señaló que en el país “durante mucho tiempo no ha existido la libertad de asociación”. En la mayoría de los casos el trabajador ni siquiera sabe que existe el sindicato porque muchos de los contratos son de protección patronal, por lo que si se quiere revertir esta situación se debe empezar por que la empresa y el gremio “digan que están ahí”.
También, debe presentarse un proceso de capacitación para que haya una real participación de los empleados, “porque ellos tienen las necesidades y las exigencias del cumplimiento de sus derechos dentro de las empresas”, agregó.
Destacó que si no se genera este proceso, aunque se conformen otras agrupaciones, no habrá libertad de asociación ni sindical, y señaló que en México, a pesar de que la ley dice que los dirigentes de los sindicatos tienen que ser trabajadores activos de las empresas, 85 por ciento “en su vida (no) han pisado una maquila”.
Mendoza Antonio dijo que se está a la espera de “ver cuál es el proceso y postura que tomará el gobierno federal respecto del cumplimiento del Convenio 98” sobre el derecho de libre sindicalización y negociación colectiva.
Señaló también que hay riesgos de que se se realicen más paros dentro de las empresas, problema acentuado por el reparto de utilidades “que durante muchos años no se ha dado como debe ser”, pues se dan como compensaciones, bonos “o en su caso no pagan un solo peso”, lo que ocasiona que los trabajadores exijan sus derechos.
En Matamoros y Ciudad Juárez, añadió, pueden surgir esos movimientos “porque se generan los antecedentes de que cuando los trabajadores se organizan pueden lograr cambios dentro de la empresa”.
https://www.jornada.com.mx/2019/03/13/politica/015n4pol
Esperan en abril aprobación de reforma laboral
La nueva Ley Federal del Trabajo contemplará modificaciones en el establecimiento de los contratos colectivos de trabajo, en la manera de presentar los despidos y el comportamiento que deberán tener los sindicatos para representar a los trabajadores.
María Del Pilar Martínez
05 de febrero de 2019, 17:51
Foto EE: Archivo
Los cambios a la Ley Federal del Trabajo se podrían ver concluidos en el mes de abril, lo que representa modificaciones en el establecimiento de los contratos colectivos de trabajo, en la manera de presentar los despidos y el comportamiento que deberán tener los sindicatos para representar a los trabajadores.
En el marco de la Conferencia “Temas laborales relevantes en América Latina”, que presentaron las firmas de abogados D&M abogados y L&E Global, expusieron temas en los que se involucran los cambios que vienen en México en las relaciones laborales, “es momento de terminar con la simulación, en la contratación colectiva, en las representaciones laborales, tenemos una oportunidad de avanzar como país”, dijo Ricardo Martínez Rojas, socio director de D&M.
Con la participación de representantes de Estados Unidos, James Stone; Canadá, Carl Peterson; y Colombia, Juan Pablo López, expusieron sus experiencias frente a los convenios que han ratificado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como lo es el Convenio 98 que lleva a las naciones a garantizar la libertad de asociación y la contratación colectiva efectiva.
En el caso de Colombia, el Convenio 98 llevó a un crecimiento importante la participación de los sindicatos, “ la tasa de sindicalización en el país pasó de 3.5% en 2003, a 16.1% en 2018”, dijo Juan Pablo López, ello, ha dificultado la negociación.
En el caso de Estados Unidos, se busca la no sindicalización, pero para ello, recomendó James Stone, es importante que se dé un buen trato a los trabajadores, “en Estados Unidos los sindicatos dificultan la flexibilidad, por eso hay que hacer campaña con los trabajadores pero ofreciéndoles buenas condiciones laborales”.
Outsourcing, ¿cómo regularlo?
Es una realidad que en México nació el outsourcing por el tema del PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), ya que en nuestro país es muy alto el porcentaje que se paga y que se ubica en 10%, y no debería haber ningún problema en usar esta figura, el problema es que se ha abusado de la figura evadiendo el pago de impuestos», dijo Mario Yáñez, director de Consultoría de D&M.
“Durante mucho tiempo, desde punto de vista laboral se ha tratado de regular en el 15-A en 2012, y entonces se pidió que sólo fuera para trabajos especializados y que no abarcara la totalidad de las funciones, al final del día nada pasó”, explicó.
No obstante, desde hace dos años encontraron la forma de encontrar a quienes hacen mal uso de esta figura, pero por la parte fiscal.
Aun cuando se pide su desaparición en algunas propuestas laborales, “esta es una actividad que prevalece en todo el mundo, y seria mejor que se lleve de manera adecuada una supervisión e inspección por parte de la autoridad laboral para que se cumpla con el reconocimiento al derecho de os trabajadores”, dijo Ricardo Martínez Rojas.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Esperan-en-abril-aprobacion-de-reforma-laboral-20190205-0083.html
Cambios en materia laboral obligan a permanecer en estado de alerta
Oscar de la Vega destacó que la negociación del T-MEC, se incluyeron diversas obligaciones para México con el objeto de garantizar la libertad de asociación y de negociación colectiva.
María Del Pilar Martínez
30 de enero de 2019, 10:50
Foto: AFP
Los cambios en materia laboral obligan a las empresas a mantenerse en alerta. La lista de lo que vendrán lo encabeza el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, recientemente ratificado por México; siguiendo con el Capítulo Laboral del T-MEC, y la discusión de la nueva reforma laboral que debe dar cumplimiento a los cambios constitucionales aprobados en la materia en febrero de 2017.
En entrevista Oscar de la Vega, socio director de la De la Vega & Martínez Rojas, destacó que la negociación del nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), se incluyeron diversas obligaciones para México con el objeto de garantizar la libertad de asociación y de negociación colectiva”.
Lo anterior, detalló, “obliga a que las empresas conozcan realmente con quienes firmaron un contrato colectivo de trabajo y si la organización sindical cuenta con una verdadera representación frente a los trabajadores, de lo contrario el riesgo es que los líderes puedan verse rebasados ante cualquier demanda laboral”.
Asimismo, comentó que la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual se espera sea discutida en el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, tiene en materia colectiva una nueva forma para regular las relaciones colectivas de trabajo.
“Se trata de cambios que van desde la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo, hasta emplazamientos a huelga para exigir la firma de éstos o de demandas de titularidad, se requerirá que el sindicato acredite representar a los trabajadores protegidos por el contrato. Ante ello, el sindicato deberá legitimarse y trabajar a favor de los trabajadores”.
Por otra parte, el patrón no podrá realizar ningún acto que intervenga en la vida interna del sindicato, ya sea mediante pagos o de cualquier otra forma.
En ese sentido, dijo que se desarrollará la conferencia “Temas laborales relevantes en América Latina”, en donde especialistas abordarán aspectos como: ¿Qué implicaciones tendrán los cambios y qué cambios deberán llevar a cabo las empresas respecto a los contratos colectivos de trabajo que tienen celebrados? ¿Con cuánto tiempo cuentan las empresas para implementar sus estrategias? y ¿Cómo aplicar la nueva normatividad en la realidad de negocios mexicana?
El evento será el próximo 5 de febrero en el Club de Industriales, algunos de los participantes serán: el ex secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón; así como expertos de Canadá, Colombia, Estados Unidos; quienes explicarán la forma en la que cada país desarrolla sus relaciones colectivas: la no sindicalización en Estados Unidos, la multisindicalización y multiafiliación en Colombia; la experiencia canadiense con la firma del Convenio 98 de la OIT.
Adicionalmente, los panelistas analizarán los efectos para México en caso de que las empresas no cumplan con las nuevas obligaciones laborales, en términos de lo dispuesto en los nuevos tratados comerciales.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cambios-en-materia-laboral-obligan-a-permanecer-en-estado-de-alerta-20190130-0062.html
Empresas deberán estar alerta ante cambios en materia laboral: abogado
Foto: Archivo
NEGOCIOS
En materia legislativa, se espera que la reforma secundaria a la Ley Federal del Trabajo, la cual se espera sea discutida en el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados
Los cambios en materia laboral obligan a las empresas a mantenerse alerta, pues el primer reto al que se enfrentarán es el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recientemente ratificado por México, consideró el abogado laborista Oscar de la Vega.
Están además el Capítulo Laboral del T-MEC y la discusión de la nueva reforma laboral, que debe dar cumplimiento a los cambios constitucionales aprobados en la materia en febrero de 2017, explicó en entrevista.
Expuso que en la negociación del nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEX) se incluyeron diversas obligaciones para el país con el objeto de garantizar la libertad de asociación y negociación colectiva.
Lo anterior, detalló, “obliga a que las empresas conozcan realmente con quiénes firmaron un contrato colectivo de trabajo y si la organización sindical cuenta con una verdadera representación frente a los trabajadores, de lo contrario el riesgo es que los líderes puedan verse rebasados ante cualquier demanda laboral”.
Asimismo, comentó que la reforma secundaria a la Ley Federal del Trabajo, la cual se espera sea discutida en el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, tiene en materia colectiva una nueva forma para regular las relaciones de trabajo.
“Se trata de cambios que van desde la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo, hasta emplazamientos a huelga para exigir la firma de éstos o de demandas de titularidad; se requerirá que el sindicato acredite representar a los trabajadores protegidos por el contrato”.
Ante ello, agregó, el sindicato deberá legitimarse y trabajar a favor de los trabajadores.
Por otra parte, el patrón no podrá realizar ningún acto que intervenga en la vida interna del sindicato, ya sea mediante pagos o de cualquier otra forma.
En ese sentido, dijo que se desarrollará la conferencia “Temas laborales relevantes en América Latina”, en donde especialistas abordarán diversos aspectos.
Entre ellos están: ¿Qué implicaciones tendrán los cambios y qué cambios deberán llevar a cabo las empresas respecto a los contratos colectivos de trabajo que tienen celebrados? ¿Con cuánto tiempo cuentan las empresas para implementar sus estrategias? y ¿Cómo aplicar la nueva normatividad en la realidad de negocios mexicana?
El evento será el 5 de febrero en el Club de Industriales.
Algunos de los participantes serán Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Trabajo y Previsión Social, así como expertos de Canadá, Colombia, Estados Unidos, quienes explicarán la forma en la que cada país desarrolla sus relaciones colectivas.
Entre los temas están la no sindicalización en Estados Unidos, la multisindicalización y multiafiliación en Colombia y la experiencia canadiense con la firma del Convenio 98 de la OIT.
Adicionalmente, los panelistas analizarán los efectos para México en caso de que las empresas no cumplan con las nuevas obligaciones laborales, en términos de lo dispuesto en los nuevos tratados comerciales.
https://amqueretaro.com/negocios/2019/01/30/empresas-deberan-estar-alerta-ante-cambios-en-materia-laboral-abogado/
Senado: Mesa Directiva se reúne con Consejo Coordinador Empresarial
Categoría: Boletines
Publicado: Miércoles, 17 Octubre 2018 20:51
Número-455
- Se intercambiaron puntos de vista sobre temas de la agenda legislativa: Martí Batres.
La Mesa Directiva del Senado de la República, presidida por el senador Martí Batres, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial y representantes de diversas organizaciones del sector, a fin de intercambiar puntos de vista sobre temas de la agenda legislativa.
Batres Guadarrama afirmó que, bajo una visión de país y la lógica del Parlamento Abierto, en el Senado de la República se escucharán las opiniones de todos los sectores sociales. En este sentido, confió que la relación con los empresarios sea abierta, con una agenda pública y transparente.
“Coincidimos en que debe haber visión de país, que supere los intereses particulares o de grupo” y que, escuchando a todos, se logren las mejores conclusiones, asentó el presidente de la Cámara de Senadores.
Dijo que esta esta reunión demuestra la convicción plural e incluyente de la actual Legislatura y también la vocación por el respeto a todos los sectores y actores de la sociedad mexicana.
Refirió que en el encuentro se intercambiaron puntos de vista sobre la legislación secundaria en materia de justicia laboral, derivada de la reforma constitucional de hace un año y de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá.
Además, se expusieron puntos de vista sobre la libertad de asociación de los trabajadores, preocupaciones del sector sobre la inseguridad, particularmente el robo de autotransportes y ferrocarriles, del catálogo de delitos graves, pensiones, combate al contrabando, la piratería y otros.
“Queremos que haya más seguridad, que haya más empleo y el intercambio de puntos de vista con el sector empresarial y con otros sectores de la sociedad, va a ser muy importante para que lo podamos lograr”, asentó.
Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que entre los puntos que se tocaron en la reunión está la participación y el trabajo coordinado con la Secretaría del ramo en el nuevo gobierno para el “Programa de Jóvenes Construyendo Futuro, así como “las bondades y la plataforma que esto nos puede significar para construir un mejor entorno de progreso y de desarrollo”.
“Hemos hablado sobre la necesidad de tener un diálogo para la seguridad y competitividad de México, en particular en ferrocarriles y autotransporte de carga”, y al mismo tiempo, para generar política pública para el combate al comercio ilegal.
Además, senadoras que integran la Mesa Directiva también hicieron un llamado para que en las organizaciones empresariales se incorpore el principio de igualdad, a fin de que las mujeres “tengan más peso” en la dirección, representación y toma de decisiones del sector.
El presidente del Senado, Martí Batres, señaló que también se habló de los temas del salario, la igualdad, el bienestar social y la lucha contra la corrupción.
En el encuentro estuvieron los presidentes y representantes de CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz; CONCANACO, José Manuel López Campos; y de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica, entre otras organizaciones.
Además, asistieron los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa y Jorge Carlos Ramírez Marín; y las secretarias Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Verónica Delgadillo García, Nancy de la Sierra Arámburo, María Antonia Cárdenas Mariscal, Verónica Noemí Camino Farjat, José Luis Pech Várguez y María Guadalupe Saldaña Cisneros.
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42265-mesa-directiva-se-reune-con-consejo-coordinador-empresarial.html
Relaciones laborales bajo la lupa del USMCA
Por: Redacción /Pulso Laboral
EN las negociaciones del nuevo Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), por sus siglas en inglés) se cuidaban aspectos fundamentales para el sector automotriz, el agro y el comercio, en el terreno laboral avanzaban, de manera sigilosa, las exigencias que Estados Unidos pretende que México cumpla.
Las relaciones laborales no formaban parte íntegra del acuerdo comercial original. En ese tema, los socios acordaron cartas paralelas, que se cumplían, «de buena fe», por México, Estados Unidos y Canadá, respetando la dinámica del mercado laboral de cada nación.
El 27 de agosto de 2018, la historia cambió. En el documento del acuerdo que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se incluyó un capítulo laboral con las obligaciones que se deben cumplir, como el derecho de los trabajadores a elegir su sindicato y que la contratación laboral sea transparente. Ahora, de no cumplirse, existe la posibilidad de que se abran paneles en determinados sectores o industrias que podrían afectar el comercio, explica Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El acuerdo todavía debe ser aprobado por los Congresos de los socios comerciales.
Anteriormente, la parte laboral en el TLCAN no tenía dientes, se podía presentar una denuncia si una empresa lo incumplía, pero no pasaba nada más.
«Ahora, como está estructurado el tratado, si un país se queja del otro por violaciones a su legislación, el país denunciante tendría derecho a imponer sanciones económicas al denunciado. Y el incumplimiento traería como consecuencia la imposición de un arancel especial que afectaría a México», detalla Salvador Pasquel, socio en Baker McKenzie.
Existen tres principios básicos que se deben cumplir: la , libertad de asociación, de negociación colectiva y mejorar la impartición de justicia laboral.
Bajo estos principios, las empresas tienen que revisar los esquemas de representación sindical con los que ha firmado contratos colectivos de trabajo.
Éstos deberán ser producto de una elección libre de parte de sus trabajadores, a través de la integración de comités con la participación de los trabajadores de cada centro laboral.
«Al final, se busca eliminar aquellas representaciones sindicales que no cuenten con el apoyo de la mayoría de los trabajadores», explica Óscar de la Vega, socio de la firma De la Vega & Martínez.
El acuerdo comercial obliga también a revisar los costos laborales y a establecer bonos de productividad autofinanciables con objeto de mejorar el ingreso de los trabajadores. Las empresas, por cumplir un aumento salarial, podrían llevarlo acabo, pero sin vincularlo a la productividad y a metas perfectamente establecidas, lo cual podría traerles problemas de incumplimiento del tratado.
El Capítulo Laboral del USMCA se suma a la transformación de las relaciones laborales, que, de manera interna, experimenta nuestro país, afirma Germán de la Garza, socio del despacho Mowat.
Es importante que las empresas inicien un proceso de revisión para desactivar aquellos problemas laborales de índole colectivo que puedan motivar paros o huelgas. «Los empresarios deben ser sensibles a los cambios político-laborales», advierte De la Vega.
Las obligaciones asumidas por México a nivel internacional, en el Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico (antes TPP), en el ahora USMCA, así como la reforma constitucional promulgada en México en febrero de 2017 y el Convenio 98 de la OIT recientemente ratificado, exigen cambios a la Ley Federal del Trabajo, que deben ir en la misma ruta de fortalecer la libertad sindical y de contratación colectiva con una nueva impartición de justicia.
El Convenio 98 de la OIT, que México ratificó en septiembre después de casi 70 años, requiere, para su aplicación y cumplimiento, modificaciones a las leyes mexicanas, dice Ancelmo García, especialista laboral y colaborador de la OIT.
La tarea está en el Congreso, que debe impulsar las leyes secundarias que permitan establecer reglas claras sobre cómo deben comportarse los sindicatos y cómo decidirán los trabajadores su participación en la vida sindical, si desean tenerla.
Se espera que la reforma de impartición de justicia derive en modificaciones importantes en la tramitación de juicios, en los despidos y en los procedimientos especiales de titularidad de contrato. «Si bien habrá beneficio para los trabajadores, y algunas exigencias para los patrones, también implica cambios para los líderes sindicales, pues se pretende que un mismo sindicato deje de representar a 20 o 30 organizaciones o sectores, como sucede ahora», dice García.
Los contratos colectivos de trabajo no activos o de protección podrían poner en riesgo la estabilidad laboral de las empresas. Por ello, antes de firmar un contrato deben asegurarse de contar con la aprobación de los trabajadores.
«Es un cambio de cultura, de seguir procesos para dar cumplimiento a las nuevas relaciones. Es atender el voto de los trabajadores, de dar a conocer los contratos, de no firmar anticipadamente con sindicatos. Sabemos que no es sencillo. porque ello podría traer inestabilidad en las empresas ante la disputa de contratos de trabajo por parte de los sindicatos», agrega De la Garza.
La afiliación de los trabajadores a los sindicatos deberá ser voluntaria sin temor a la amenaza de las cláusulas de exclusión (el sindicato es el que decide si se incorpora al centro de trabajo), que son contrarias a la libertad de asociación. /Expansión
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/15801/relaciones-laborales-bajo-la-lupa-del-usmca
Vientos de cambio
Saúl Escobar Toledo
Octubre 10, 2018
En unas cuantas semanas, las leyes y las instituciones del trabajo mexicanas han sido sacudidas por dos acontecimientos distintos pero relacionados: primero, a fines de septiembre, el Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Y poco después, a principios de octubre, se anunció un acuerdo final entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de comercio (el United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA, en lugar de TLCAN o NAFTA) que incluye un capítulo laboral y un anexo, ambos muy destacados.
El Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva data de 1949 y ha sido firmado por 165 países del mundo incluyendo América Latina. La importancia de la decisión senatorial reside en haber vencido, al fin, las resistencias del PRI y del PAN, del llamado sindicalismo oficial (charro o corporativo), y de algunos dirigentes empresariales que se han opuesto por razones estrictamente políticas y convenencieras: defender un modelo sindical corrupto, antidemocrático y servil. Un esquema que sirvió durante muchos años para controlar el descontento obrero y, desde 1982, para imponer topes salariales y otras políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores.
La nueva composición del órgano legislativo (con mayoría de Morena) sirvió sin duda para apresurar esta decisión pues coincidía con su plataforma electoral y su programa. Pero quizás también porque ya se tenía información de que el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial norteamericano traía un apartado especial sobre asuntos laborales que era plenamente congruente con el Convenio 98.
Hasta ahora, el texto completo del USMCA sólo está disponible en inglés, publicado en el portal de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico). Aquí solo nos referiremos al capítulo laboral. Se trata de una versión mejorada de su similar pactado en el TPP (Acuerdo Transpacífico). Es más claro en algunos temas pues por ejemplo incluye explícitamente el derecho a huelga como parte de la libertad de asociación; y precisa las obligaciones de los gobiernos para la aplicación de las leyes laborales, incluyendo la inspección laboral.
Más importante aún, contiene varios apartados muy novedosos. Uno de ellos señala que ningún país dejará de atender los casos en que se ejerza violencia contra los trabajadores, relacionada con el ejercicio de sus derechos. Otros puntos destacables se refieren a la protección de los trabajadores migrantes y a la promoción de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.
En resumen, el capítulo laboral del Acuerdo busca elevar la protección laboral en los tres países de manera más precisa que otros pactos comerciales similares. Hay todavía algunas lagunas e imprecisiones, y la manera de hacer efectivos estos lineamientos deja todavía mucho que desear.
A todo esto, hay que agregar el anexo 23-A que tiene como título, para no dejar ninguna duda, “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. Se trata de un texto que plantea un combate a fondo a los contratos de protección patronal en nuestro país. Para ello, México se compromete a adoptar una legislación que comprenda, entre otras, las siguientes disposiciones:
Un conjunto de reglas para garantizar el derecho de los trabajadores a organizar, formar y adherirse al sindicato de su preferencia, y prohibir a los empleadores interferir en las actividades sindicales o ejercer coerción por su actividad sindical. Asimismo, que se establezcan órganos imparciales para el registro de las organizaciones gremiales. Igualmente, se deberá implementar un sistema efectivo que verifique que las elecciones de los dirigentes sean llevadas a cabo mediante el voto libre, personal y secreto de los socios.
Las leyes mexicanas deberán también contemplar que el registro de los contratos colectivos cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto. Finalmente, señala que las partes (Estados Unidos y Canadá) esperan que México llevará a cabo estos cambios antes del 1º de enero de 2019, y se advierte que la entrada en vigor del acuerdo comercial puede ser pospuesta hasta que dicha legislación entre en vigor.
Tal profusión y claridad en el texto busca impedir que, en México, se siga aplicando un modelo laboral apoyado en contratos y sindicatos ficticios. Una práctica que, como lo explica un análisis elaborado por el Sindicato de Metalúrgicos de Estados Unidos, y como lo han advertido también aquí en México, desde hace tiempo, las organizaciones sindicales independientes, los abogados democráticos y los especialistas en el tema, ha servido para imponer bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Estas políticas, si bien han permitido atraer inversiones extranjeras a la industria manufacturera, particularmente en las últimas tres décadas, en realidad han aportado pocos beneficios para el país y su clase trabajadora.
Así, en esta ocasión, se han reunido diversos protagonistas e intereses: los sindicatos de Estados Unidos y Canadá; los gobiernos de estos países; y la futura administración de AMLO y las organizaciones independientes mexicanas, con el objetivo común de cambiar el modelo laboral vigente. Los primeros sienten que los contratos de protección son una manera deshonesta de quitarles plazas laborales y presionar negativamente los salarios en sus propios países; los segundos, sobre todo Trump, creen que de esta manera protegerán su planta industrial y mejorará su balanza comercial; y los terceros, es decir el próximo gobierno de López Obrador y los legisladores de Morena, confían en que es posible construir un esquema de desarrollo menos dependiente de la exportaciones manufactureras y capaz de mejorar los salarios y las condiciones de vida de los mexicanos.
Hay que advertir que todo lo contenido en el capítulo laboral y su anexo, incluidos en el nuevo acuerdo comercial, no se riñe con las reformas constitucionales de febrero de 2017. Al contrario, se basan en ellas. Pero los representantes sindicales y los gobiernos del norte han creído necesario pactarlos expresamente en el USMCA ante la posibilidad de que esas reformas se reviertan, como en efecto se intentó a lo largo de este año por el PRI y el gobierno de Peña Nieto.
Se trata de una coincidencia un tanto sorprendente que sin embargo puede cambiar profundamente el modelo laboral mexicano. Ahora toca al Poder Legislativo de nuestro país dar el siguiente paso: reformar la Ley Federal del Trabajo para para adoptar nuevos lineamientos que permitan combatir los contratos de protección y abrir la puerta a una democratización de los sindicatos mexicanos. Aun así, después de que esto haya sucedido, vendrá el reto de su puesta en práctica.
La próxima administración tendrá que aplicar las nuevas disposiciones legales y ello significará una labor compleja. Lo será desde el punto de vista técnico y administrativo pues poner en marcha una justicia laboral adscrita al Poder Judicial, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, representa una tarea que exigirá recursos y un proceso de transición difícil, todavía indefinido.
Desde el punto de vista social y político, el cambio enfrentará muchas resistencias tanto de algunos empleadores como de las viejas organizaciones corporativas y, sobre todo, de la mafia que hoy se beneficia de los contratos de protección.
Pero, finalmente, serán los propios trabajadores los que, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la posibilidad de decidir. Vientos provenientes del norte y de nuestra propia coyuntura política se han juntado para impulsar un cambio profundo de las instituciones y las leyes laborales. El camino para hacer realidad la democracia sindical y relaciones de trabajo más equilibradas es todavía muy largo, pero se ha abierto una brecha en un momento singular de la historia de México y del mundo.
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Andrés Manuel López Obrador y los sindicatos
Con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, ideológicamente cercano al priismo clásico, la relación del gobierno con los sindicatos tendría que fortalecerse.
Mónica Uribe
07 de octubre de 2018, 11:11
Una parte central del sistema político mexicano clásico era la relación del Estado con los sindicatos. De manera sintética, la principal encomienda de cualquier Estado nacional moderno es regular la relación entre el trabajo y el capital para la reproducción del capital mismo.
De lo anterior se desprende que el principal cometido del Estado es legitimar al sistema político y garantizar las condiciones para que el sistema económico pueda generar riqueza y, en el mejor de los casos, garantizar que dicha riqueza sea redistribuida entre la población.
Dicho de otro modo: el Estado debe fijar las normas para que el trabajo sea justamente retribuido por los patrones a través de la aplicación de leyes y la impartición de justicia; exactamente a través del mismo mecanismo de estructuración del sistema legal, generar un sistema político legítimo según los mecanismos establecidos en el pacto constitutivo del ente nacional. Así, el gobierno debe ser legítimo en términos de organización, convocatoria y movilización; es decir, a nombre del Estado debe organizar las variables económicas, sociales y políticas del sistema; debe también convocar a la participación política y a la movilización en favor del bien común.
Pero en todo esto, la variable independiente central es el trabajo, pues justamente eso es lo que mueve al Estado en todos sentidos. De ahí la importancia para un Estado nacional de contar con la aquiescencia de los trabajadores —ya sea mediante el apoyo de las demandas de los trabajadores y la democracia procedimental— para poder responder a las necesidades del capital y garantizar el funcionamiento del sistema.
A principios del siglo XX, después de la revolución rusa y el advenimiento del socialismo real, la toma del poder por parte de los trabajadores fue una de las grandes conquistas políticas y sociales de los nuevos regímenes. Y aunque el capitalismo era y sigue siendo la principal forma de producción —ya sea de Estado o privado— los sindicatos constituyen el actor social y económico a través del cual se gestionan las demandas de los trabajadores a cambio del apoyo al régimen. Eso lo entendieron muy bien los líderes revolucionarios y posrevolucionarios mexicanos: crearon un sistema político con tres pilares: el presidente, el partido y los grupos sociales intermedios, principalmente los sindicatos. Por eso se definía como un sistema corporativo clientelar, el cual aglutinaba y articulaba los intereses sociales para garantizar la gobernabilidad en el país.
Uno de los grandes avances de la revolución en materia laboral fue el derecho a la sindicación, como parte de la libertad de asociación; otro logro fue la semana de 40 horas. Por primera vez, se le reconocían los derechos laborales y estaban tutelados por el Estado, aparentemente, en detrimento de los empresarios. Pero cabe decir que el proyecto de la Revolución Mexicana, aunque tenía aspectos sociales de avanzada, nunca renegó de su vocación capitalista.
La asimilación del movimiento obrero y campesino al Partido Nacional Revolucionario en 1929 fue un factor determinante para que el nuevo partido oficial fundado por Plutarco Elías Calles tuviera una base social amplia. Los sectores del partido eran el obrero, el campesino, el militar y el popular, que reunía a buena parte de la sociedad dentro del proyecto del bando revolucionario ganador. Era como tener a todos los grupos de presión, excepto al clero y a los empresarios, unificados en torno a un proyecto de nación derivado de la ideología nacionalista emanada de la Revolución Mexicana. Claro, el sistema, para legitimarse, también requería de una oposición política, en este caso el Partido Acción Nacional, que unía básicamente a las clases medias que no comulgaban con la ideología del nacionalismo revolucionario y cuyas posiciones políticas se asimilaban a la derecha liberal. El PAN carecía de relación con el sindicalismo oficial, pero sí representaba los intereses de buena parte del empresariado.
Para la misma legitimación, el sistema político toleraba la existencia de partidos satélites, como el PARM, y permitía intermitentemente la existencia de grupos de izquierda, a los cuales apoyaba u hostilizaba (las más de las veces), dependiendo de la coyuntura, los cuales sí tenían relación con el sindicalismo independiente.
Tanto el sector obrero como el campesino se integraban por asociaciones intermedias. Pero su destino fue diverso cuando el reparto agrario y la introducción de la propiedad ejidal cambiaron por completo la tenencia de la tierra. Las agrupaciones campesinas asumieron un cariz distinto a los sindicatos de trabajadores fabriles, gubernamentales y de servicios.
Cada rama productiva tenía secciones sindicales afiliadas a la Confederación de Regional Obrera Mexicana, la CROM, desde trabajadores petroleros, pasando por burócratas, hasta pintores y cinematografistas, entre los años 20 y los 40, cada oficio, gremio y profesión tenía un sindicato. En contraparte, empresarios y patrones de toda índole tenían cámaras, de suerte que el mundo del trabajo y del capital estaban agrupados por su lado para mantener un diálogo entre sí y con el gobierno emanado del partido en el poder, primero el PNR, luego el PRM y después el PRI, ese partido que se mantuvo 70 años en el poder y cuando regresó fue prácticamente para agonizar. O al menos eso parece.
La lucha sindical de las décadas de los 20 y 30 vio el surgimiento de cinco líderes laborales, los llamados “cinco lobitos” —Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, Jesús Yurén, Alfonso Sánchez Madariaga, y Rafael Quintero— de los cuales quedó sólo uno como el principal líder sindical del país: Fidel Velázquez, líder hasta su muerte en 1997 de la Confederación de Trabajadores de México, surgida en 1936, una de las centrales obreras más importantes del mundo, que agrupaba no sólo sindicatos fabriles sino también de servicios.
Fidel Velázquez, a nombre de los trabajadores de México, era uno de los factores insustituibles a la hora de la elección del candidato presidencial del PRI. El peso del sindicalismo oficial era el suficiente como para vetar a un candidato que no fuese funcional a sus intereses. Esto cambió con el advenimiento del neoliberalismo y el cambio del paradigma laboral. Tras la muerte de Fidel Velázquez, el sindicalismo fue decayendo excepto en el ámbito magisterial. Puede decirse que el único sindicato que sobrevivió la alternancia del poder en el 2000 fue el SNTE, gracias a la alianza táctica de Elba Esther Gordillo con Vicente Fox y con Felipe Calderón.
Curiosamente, el retorno del Revolucionario Institucional en el 2012 no supuso un resurgimiento del sindicalismo, ni el sector obrero del PRI recuperó sus antiguas prebendas. Es más, en la selección de candidato presidencial priista en el 2017, no tuvo nada que decir.
Sin embargo, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, ideológicamente cercano al priismo clásico, la relación del gobierno con los sindicatos tendría que fortalecerse. Este punto no se ve del todo claro en estos momentos, aunque cabría esperar que, más allá del discurso en favor de los trabajadores, se realicen acciones concretas para el mejoramiento de los trabajadores de industrias como la minera y para el control de los líderes sindicales enriquecidos a costa de sus agremiados. Por eso es posible (y deseable) que López Obrador ponga coto al charrismo sindical. Sería un avance sustancial la transparencia obligatoria de las finanzas sindicales. ¿Quinazo a la vista? Quizá… Romero Deschamps seguramente está al pendiente.