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Foro Perspectivas de la Reforma Laboral en la CDMX


Ciudad de México a04 de junio de 2018
Por. Reforma laboral para todos

  • Tiene el reto de discutir si es necesaria o no una reforma a la Constitución de la CDMX.
  • La consulta del Senado, restringida sin ir al fondo

Abogados laboralistas señalaron diversos escenarios y problemas que deben enfrentar la Ciudad de México para implementar la reforma en materia de justicia laboral entre los que destacan la interrogante de si es necesaria una reforma en la CDMX cuando previamente su recién creada Constitución lo contempla en su artículo 25º transitorio.
Para Felipe de la Cruz, Diputado de MORENA, la reforma laboral es el resultado de un modelo económico implantado en México durante los años 80 y profundizado en cada administración federal. El neoliberalismo supone que es posible generar, multiplicar y distribuir la riqueza sin producir bienes de capital, priorizando la especulación y no la producción. Con el desempleo como la consecuencia más grave y visible para los jóvenes, lo que genera la precarización del trabajo
Para Manuel Fuentes Muñiz abogado laboralista, pasa desde el cuestionamiento que debe hacerse si la CDMX necesita reformar su Constitución, a la crítica de ser una reforma regresiva que permite el outsourcing, los contratos colectivos de protección patronal, el tripartismo entre otros aspectos.
Fuentes Muñiz cuestionó “De qué sirve que puedan designar a sus dirigentes sindicales o votar en los conflictos intersindicales en los emplazamientos a huelga por firma de contrato, si no pueden ejercer sus derechos plenos para poder determinar sobre sus condiciones de trabajo”.
También afirmó que la consulta que llevará a cabo el Senado supuestamente públicas, ni siquiera se han dado a conocer en la página del Senado. Pero que han llegado correos a personas en lo específico, y no han sido abiertas a quienes estamos interesados, junto con sindicatos y otras organizaciones y profesionales, para poder opinar sobre los temas de la reforma laboral “Es una consulta muy restringida y donde solamente van a participar 30 personas con 10 minutos para exponer, sin posibilidad de llevar a cabo un análisis de fondo de todo lo que es la problemática de la reforma laboral”
El abogado Gilberto Chávez Orozco, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal, afirmó “no hay audiencias donde nos escuchen” La parte sindical independiente ha levantado la voz, pero lamentablemente el 94 por ciento de los trabajadores en el país no tienen sindicato o pertenecen a uno “sin vida activa”.
Chávez Orozco señaló también que la iniciativa contiene más aspectos civiles que laborales lo que lleva a la precarización de las condiciones de trabajo. Y en cuanto los aspectos procesales dice que debe pensarse en medidas eficaces para acortar tiempos en el procedimiento laboral.
A continuación presentamos la participación del Diputado Felipe de la Cruz y de Manuel Fuentes Muñiz:

La Reforma Laboral en la CDMX

Por: Dip. Felipe de la Cruz*

* Texto leído en el foro Perspectivas de l Reforma Laboral, efectuado en el 4 de junio de 2018, en la Ciudad de México
Los temas de la reforma laboral son amplios y complejos porque se entrelazan con otros ámbitos de la vida pública, por ello, a manera de introducción haré un recuento del contexto en el que esta reforma se construyó y consolidó a partir del ascenso del neoliberalismo como sistema económico en México.
En ese sentido, la Reforma Laboral de 2012 fue la primera de las llamadas “Reformas Estructurales” pactadas entre el gobierno saliente de Felipe Calderón, el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto y la cúpula empresarial mexicana, que habrían de cerrar el ciclo de consolidación neoliberal iniciado treinta años atrás.
Esta reforma es el resultado de un modelo económico implantado en México durante los años 80 y profundizado en cada administración federal. El neoliberalismo supone que es posible generar, multiplicar y distribuir la riqueza sin producir bienes de capital, priorizando la especulación y no la producción.
Sin embargo, en un país como el nuestro, con enormes brechas de desigualdad, ese modelo condujo a la acumulación desmedida de unos pocos y el desamparo laboral de las mayorías, ya que el neoliberalismo debilitó el mercado interno y redujo significativamente el gasto social, que son la base para la generación de empleos, la estabilidad laboral y el desarrollo económico con bienestar social. Dicho proceso se agravó con la desindustrialización del país, la apertura comercial desmedida, las privatizaciones y la transformación de la economía nacional hacia una economía especulativa.
Durante la primera mitad de los años 90 México perdió un tercio de su capacidad industrial, complejas instalaciones fabriles diseñadas para tener una vida útil de al menos 50 años fueron cerradas, recortadas o reconfiguradas en un periodo muy breve de tiempo. En la Ciudad de México, por ejemplo, se desmanteló paulatinamente el complejo industrial de Vallejo.
Con la desindustrialización el país volvió a depender del extranjero pero al mismo tiempo la oferta laboral se contrajo y el desempleo comenzó a ser agudo y creciente, ya que la demanda de trabajadores altamente especializados disminuyó y el perfil laboral de las nuevas generaciones de mexicanos se ha orientado desde entonces hacia los sectores comerciales y de servicios. No obstante, ninguno de estos sectores ha sido capaz de detonar el crecimiento económico, ni recuperar el poder adquisitivo del salario; recordemos que el crecimiento neto de los últimos dos sexenios fue de 2.03% y 2.04% y se pronostica que en este sexenio será de 1.9%.
Por otra parte, los gobiernos de corte neoliberal han consolidado una economía altamente especulativa, poco productiva y enfocada a las grandes empresas creando mecanismos fiscales que incentivan a los empresarios a destinar sus recursos a figuras de especulación financiera y no en la modernización de los centros de trabajo, la introducción de tecnologías en los procesos de producción, la capacitación de los trabajadores o la expansión de su capacidad de manufactura.
Por si fuera poco, dentro de la inversión extranjera se privilegia a los llamados “capitales golondrinos”, es decir, aquellas inversiones que ingresan al país únicamente para participar en el mercado bursátil y maximizar su rentabilidad sin dejar ningún beneficio productivo como fábricas, maquinaria, materia primas o vacantes laborales estables, retirándose una vez que las condiciones macroeconómicas no le favorecen. 
Este proceso ha sido agudizado por el recorte al gasto social, es decir, la disminución del presupuesto nacional en salud, educación, alimentación y seguridad social. El neoliberalismo debilitó el papel del estado en la rectoría de la política laboral nacional, provocando la primacía empresarial en la materia y, consecuentemente la desaparición paulatina de las prestaciones sociales y los servicios públicos, de manera que los trabajadores deben destinar cada vez una mayor parte de su suelo para adquirir éstas; en los años 80´s era impensable que un trabajador promedio estuviera obligado a contratar un seguro de gastos médicos privado, actualmente ese es uno de los productos más solicitados a las empresas de seguros y es que se calcula que 62 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social.
Ahora bien, la consecuencia más grave y visible para los jóvenes es el desempleo, ya que a diferencia de hace 30 años, el país tiene más personas en edad de trabajar, pero menos espacio para ello. La falta de empleo genera la precarización del trabajo, porque si el trabajador no acepta las condiciones laborales impuestas por el empleador éste puede ser substituido con alguno de los millones de desempleados, de ahí que sean posibles la subcontratación, los sueldos injustos y la contratación temporal indefinida.
De esta forma en el neoliberalismo mexicano el empleo se comenzó a transformar en una ecuación mediante la cual se contenía o amplificaban las necesidades básicas de los trabajadores en función del mercado. Sin embargo, el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo detuvieron durante años las mayores amenazas a los derechos laborales; fue hasta el año 2012 cuando las cúpulas patronales, compuestas mayoritariamente por los empresarios favorecidos por el poder político, modificaron la legislación para obtener la flexibilización en las formas de contratación y despido, la disminución de prestaciones y la fragilidad de los salarios, transformando así la dinámica laboral en México.
 Seis años después se presentó una nueva modificación, esta vez contra los sindicatos a nivel constitucional en los artículos 107 y 123. Dicha medida apoyada por el PRI y el PAN se aprobó en febrero de 2017 y entraría en vigor una vez que el Senado votara las leyes secundarias, pero esto no sucedió ya que el último periodo ordinario en dicho órgano legislativo fue el 30 de abril pasado.
 

Manuel Fuentes Muñiz

Con motivo de la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 se abren varios retos para la Ciudad de México, particularmente tendríamos que señalar una serie de escenarios que se plantean.
Las perspectivas que tiene la Ciudad de México se derivan en varios escenarios. Hay un artículo, el vigésimo quinto transitorio que establece dos retos, por un lado la creación de una ley que va a regular todo lo relativo a los trabajadores al servicio de la Ciudad de México, los que laboran en el Poder Ejecutivo, los que estarán laborando en cada una de las dependencias, las secretarías que conforman el Poder Ejecutivo, las ahora Alcandías que estarán iniciando en el mes de septiembre; sobre todo en el ámbito del Poder Judicial el Tribunal Superior de Justicia, también del Poder Leislativo.
Actualmente todos los conflictos que se tramitan derivado de esto se llevan a cabo en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y la Constitución de la Ciudad de México plantea que a más tardar en el año 2020 habrá un tribunal de arbitraje de la Ciudad de México, tiene que haber una ley específica para los trabajadores de la CDMX, de las Delegaciones, de los tres poderes y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje va a conocer de esto.
Esto es una ruta que está como uno de los retos importantes que estará llevando a cabo el Congreso de la CDMX, que también a partir del 17 de septiembre (2018) tendrá este escenario y ese reto.
Llama la atención que esta Constitución plantea el reconocimiento de un tribunal laboral sin que estuviera concebido en una legislación anterior o norma jurídica anterior, porque la reforma constitucional fue publicada el 24 de febrero de 2017 y la Constitución de la CDMX lo hace el 5 de febrero de 2017, está reconociendo una figura que ni siquiera existía, y habrá que ver en su caso los alcances jurídicos de una reforma pre constitucional de esta figura.
Coincidentemente la Constitución de la CDMX habla de un tribunal laboral y en ese sentido no le veo ningún problema, sin embargo el artículo 123 de la Constitución habla de la constitución de un instituto que estará abarcando tres aspectos: conciliación, control de los registros sindicales y el control y registro de los contratos colectivos de trabajo de todo el país, que estará bajo el control de un organismo descentralizado autónomo, pero todo con el control del presidente de la república.
Y, por otro lado, plantea la propia Constitución, que habrá Centros de Conciliación que estarán bajo el control de los Estados. Entiéndase gobernadores y en la CDMX jefe de gobierno.
En el caso de los Centros de Conciliación, desde mi punto de vista, se requiere que estos centros estén reconocidos en cada una de las Constituciones de los Estados, porque no se puede operar ninguna institución, en este caso del alcance que se tiene, si no está concebida en la Constitución, es decir, para que pudiera estar funcionando el centro de conciliación requiere de una ley que lo pueda estar normando. Y desde luego que debe estar ligado con las reglamentaciones que se estarían llevando a cabo de la legislación laboral específica en donde se hable de los instituto y centros de conciliación y demás.
Actualmente hay algunos estados de la República que han llevado a cabo propuestas de reforma constitucional en el que se está creando los tribunales laborales y los centros de conciliación.
Llama la atención que todavía no hay una reglamentación de la legislación laboral, pero ya algunos estados, posiblemente por una necesidad de competencia entre partidos políticos, no encuentro otra explicación, se han apresurado para llevar a cabo las reformas constitucionales correspondientes.
Este escenario plantea una serie de retos. La propia Constitución de la CDMX en su artículo 69 establece una serie de requisitos para su modificación.
Señala que cualquier modificación que se establezca en la misma tendrá que ser presentada en la legislatura correspondiente para que en su caso, la mayoría de los presentes en el Congreso de las CDMX pueda aprobar la admisión de la iniciativa, para que en su caso la conozca la siguiente legislatura. Este escenario es complicado y habrá que revisarlo.
Artículo 69.- Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo de conformidad con lo siguiente:
Fracción I.- Las reformas que se propongan para ser admitidas a discusión requerirán cuando menos el voto de la mayoría de los presentes del Congreso.
II.- Una vez admitidas las iniciativas adiciones o reformas se publicarán y circularán ampliamente con el extracto de la discusión.
III.- Las iniciativas de adición o reforma admitidas podrán ser votadas a partir del siguiente periodo en el que se presentaron.
Se puede interpretar que se trata del siguiente periodo se de sesiones, ya que si es periodo legislativo se estaría con una espera de tres años, lo que complicaría mucho más el escenario
IV.- Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas se requerirá el voto de las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad.
En el primer caso, de admitir la modificación, es la mayoría de los presentes, no de los diputados que conformen el Congreso.
En el segundo escenario de las dos terceras partes de los presentes que se puedan dar. Entonces sólo el voto de las dos terceras partes de los integrantes podrá disponer de la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas a ésta constitución.
Viendo la complejidad de una reforma constitucional en la Ciudad de México, me parece que uno de los primeros retos que tiene que estar vislumbrando este Congreso de la CDMX, es el escenario una vez esperando que hubiera una reforma a la legislación laboral, que espero que no se de, porque me parece que debe haber una discusión muy amplia sobre la misma, donde se determine cuál va a ser la funcionalidad de los tribunales laborales.
Es un escenario específico el que tiene la Ciudad de México para que pueda reconocer el caso de los Centros de Conciliación que estarían bajo su potestad. Este es un primer elemento a considerar.
Un segundo elemento es que el propio Congreso de la CDMX, en su caso, tendría que estar haciendo modificaciones a la Ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, dado que es que va a conocer de la operatividad del tribunal laboral que estaría sustituyendo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
En ese sentido la denominación que señaló la Constitución es el de Tribunales Laborales y quienes hemos seguido de cerca la historia de la iniciativa el Presidente Peña Nieto, cuando la presentó, decía tribunales y juzgados laborales. Después se modifica en la Constitución y solo quedó el término de tribunales laborales.
Esto quiere decir que la figura de un tribunal laboral no es lo mismo que un juzgado laboral. En realidad el tribunal laboral, el único que se encuentra reconocido en ese ámbito es el Tribunal Electoral.
La figura de cómo vaya a funcionar puede darse la circunstancia de que sea un tribunal dentro de un tribunal superior de justicia. Entonces éste tribunal sui generis podría estar funcionando ya sea con magistrados unitarios que hacen las veces de instancia superior en un tribunal y pudiera haber los llamados juzgados laborales, que no serían lo mismo que juzgados de distrito, serían juzgados como los jueces familiares, los jueces penales de primera instancia, los que pudieran conocer del mismo y establecer como pudieran ser las resoluciones.
En materia laboral hay algunos recursos que se dan en el mismo como son los recursos de revisión que se dan en tres escenarios;
Cuando se termina un juicio y se entra al procedimiento de ejecución, embargos, avalúos, remates y demás. Ya entra bajo el control del presidente de la Junta Especial, cuando se trata de asuntos individuales o del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trata de asuntos colectivos.
En un escenario en el que el juez que pudiera estar conociendo del caso tuviera que revisar este tema, quién lo va a revisar, quién va a revisar al juez. Tendría que ser una instancia superior como magistrados unitarios o en este caso salas laborales compuestas por tres magistrados.
Es un escenario que habrá que revisar porque el problema fundamental de quienes idearon esta reforma es que no tienen una idea de lo que esto significa en cuanto a costos. Es muy costosa la reforma laboral y vamos a estar trabajando en dos pistas al mismo tiempo, por un lado la Junta de Conciliación y Arbitraje que tiene un presupuesto de alrededor de 600 millones de pesos y al mismo tiempo se van a crear tribunales laborales que no deben costar menos que eso, porque se supone que deben ser más eficientes que las juntas de conciliación y arbitraje que, además, tienen un problema de operación, no porque los funcionarios o sus trabajadores no sea eficientes, sino porque no se tiene el suficiente presupuesto.
En promedio, cada junta especial, tiene 50 a 52 audiencias diarias y el promedio de espera entre cada audiencia es de 2 a tres horas. Se requiere de suficiente presupuesto. El Congreso de la Ciudad con el siguiente gobierno tendrá que estar preparando en la ley de ingresos de la CDMX un escenario en el que esté planteando los recursos necesarios para la operatividad de los tribunales laborales, sin retirar el presupuesta de la junta de conciliación y arbitraje, porque sería un error retirarle el presupuesto para poder armar los llamados tribunales laborales.
Nos encontramos con una serie de retos. Por lado una reforma a la Constitución con las complicaciones de lo que marca el 69 de la Constitución que tiene que ser la aprobación en el siguiente periodo, que espero no sea en el siguiente periodo legislativo, porque sí complicaría el escenario de esperarse a tres años para que se pudiera dar la reforma constitucional.
Posteriormente. Ya con la creación del tribunal laboral de conciliación y arbitraje, sería la contratación del personal para este tribunal. Se ha señalado que debe ser persona con experiencia. El personal de experiencia es aquel que ha tramitado los juicios laborales que son los que están en las juntas de conciliación y arbitraje.
Ha habido cuestionamientos sobre todo de integrantes del Poder Judicial de la CDMX y Poder Judicial de la Federación señalando que no están de acuerdo que personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje puedan integrar los tribunales laborales porque, dicen, los contaminarían. Yo no estoy de acuerdo con esas posiciones que no conocen de cerca la operatividad de las juntas de conciliación y arbitraje, por lo que no es correcto un señalamiento como el que están haciendo.
Ahora a la CDMX en una actitud soberana, al estar llevando a cabo la discusión de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, tiene entre otras responsabilidades, el de señalar cómo se va a dar la contratación del personal del Tribunal Laboral. Desde mi punto de vista deben tener una preferencia los trabajadores y personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitrajer sobre varios aspectos.
En el caso del personal jurídico tiene que someterse a exámenes para poder ingresar al tribunal laboral y en su caso que se pueda abrir un periodo para la ciudadanía en cuanto a que pudiera haber un señalamiento de algunos de los funcionarios que pretenda serlo del tribunal laboral que haya sido señalado por alguna contraloría.
Es fundamental que el congreso de la Ciudad pueda estar reconociendo su trabajo así como el del personal que está a la orden de la junta de conciliación y arbitraje, que pudiera participar en la integración de estas salas, sobre todo por la experiencia en el manejo de la legislación laboral.
Otro escenario fundamental es el de los costos de lo que pueda representar la nueva reforma laboral. Las formas que ahora se están planteando sobre todo el dictamen que se tiene en el Senado y que está planteando algunas audiencias supuestamente públicas, las cuales ni siquiera se han dado a conocer en la página del Senado. Pero que han llegado correos a personas en lo específico, pero que no han sido abiertas a quienes estamos interesados, junto con sindicatos y otras organizaciones y profesionales, para poder opinar sobre los temas de la reforma laboral y que estarían realizándose en al menos cuatro ciudades: Nuevo León, Culiacán, Mérida y CDMX.
Es una consulta muy restringida y donde solamente van a participar 30 personas con 10 minutos para exponer, sin posibilidad de llevar a cabo un análisis de fondo de todo lo que es la problemática de la reforma laboral.
Habrá que señalar que uno de los aspectos más graves que estamos teniendo es que esta reforma constitucional, la que se dio el año pasado (febrero 2017) en mi concepto es una de las reformas más regresivas en perjuicio de los trabajadores.
Más regresivas porque abre la puerta de una manera muy importante para la privatización del derecho laboral. Es decir, una serie de normas más parecidas al derecho mercantil, al derecho civil, que a una legislación de carácter social.
Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se planea que ahora va a ser el Poder Judicial de la Federación que en los temas federales va a conocer de los asuntos y de los temas locales lo van hacer los 32 tribunales superiores de justicia, quienes se van a encargar de la operatividad de los tribunales laborales.
En mi concepto fue un error haberlo señalado de esta manera, porque desde el punto de vista de la legislación laboral, siendo la Ley Federal del Trabajo, debería haber sido la federalización de la justicia laboral, que esto estuviera solo en manos del Poder Judicial de la Federación y que no metieran mano los gobernadores de los estados.
En muchos estados de la República ser presidente de un tribunal superior de justicia es casi el empleado del gobernador del estado. Y en los asuntos que le interesan al gobierno del estado va a estar metiéndose.
Otro de los aspectos desafortunados de la reforma constitucional es que en lugar de desaparecer la intervención del ejecutivo, lo que hace es fortalecer la intervención del ejecutivo.
En 1917, cuando los diputados constituyentes estaban planteando un escenario de garantías individuales, desaparecer este planteamiento que en la Constitución de 1957 se hablaba de las garantías individuales. 100 años después ya no son las garantías sociales, ni garantías individuales, pasamos el año 2011 por los derechos humanos, pero en 2017 se establece arreglo constitucional el derecho del estado para tener facultades constitucionales para el registro de los sindicatos, para el registro de los contratos colectivos de trabajo.
Nunca se había visto una cuestión tan complicada en donde el estado tuviera el control sobre el mismo, porque el sindicato es la única vía para lograr incrementos salariales y mejores condiciones de trabajo.
Esta figura del sindicato generalmente ha sido un instrumento de control en perjuicio de los trabajadores. Los sindicatos están hechos de tal forma para no fortalecer los derechos de los trabajadores, sino para tenerlos acotados. Y ahora elevarlo a rango constitucional establece una serie de limitantes.
Me parece que esta reforma constitucional es regresiva ciertamente da el derecho al voto secreto, pero lo da de manera limitada, lo da en tres aspectos: voto secreto para la elección de los dirigentes, voto secreto para los conflictos intrasindicales y voto secreto para cuando haya emplazamientos a huelga por firma de contrato.
De una manera increíble el voto secreto no se da para que los trabajadores manifiesten si están de acuerdo o no con las modificaciones a los contratos colectivos de trabajo, o para ver si están de acuerdo o no con los incrementos salariales. No son tomados en cuenta, se les trata como en el Código Civil, como menores de 18 años, en donde necesitan un tutor, que es el secretario general, y ahí se da un escenario muy complicado que solamente sea a través de los sindicatos.
La reforma constitucional de 2017, la festinan como la mejor de todos los tiempos. Yo digo que no, porque finalmente es la que da pie a que las empresas outsourcing puedan operar con toda facilidad, porque no le ponen ninguna limitante a las empresas outsourcing.
Por otro lado, un tema importante es que no le ponen ninguna limitante a los contratos de protección que se llegan a formar en el 98 por ciento de los casos, entre el acuerdo del patrón y su empleado que es un líder sindical.
La Constitución no acota eso y entonces permite al no estar prohibido la posibilidad de que los contratos de protección puedan operar.
Quienes redactaron esa reforma lo hicieron con toda intención para tener vía libre a los contratos de protección.
Uno de los problemas centrales que cuestionamos en esta ley reglamentaria que está en el Senado es que haya realmente un escenario de democratización de las relaciones laborales, que tiene que alcanzar hasta los trabajadores.
De qué sirve que puedan designar a sus dirigentes sindicales o votar en los conflictos intersindicales en los emplazamientos a huelga por firma de contrato, si no pueden ejercer sus derechos plenos para poder determinar sobre sus condiciones de trabajo.
El escenario está complicado. Ahorita se ha parado la discusión sobre la reforma laboral bajo el argumento que se inician las consultas en las cuales no se ha dado un planteamiento abierto y que nos pone en un escenario importante.
Desde la visión de la Ciudad de México tiene que haber un escenario de discusión, si es necesaria o no una reforma a la Constitución de la CDMX.
También tiene que ver reformas a la Ley Orgánica de la CDMX que pueda permitir un escenario en el que se pueda aprovechar la experiencia del personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje, con la condición que puedan establecerse exámenes sobre todo para el personal jurídico, y lograr un escenario de mayor presupuesto, un procedimiento que desde mi punto de vista debe desaparecer, en el ámbito federal, lo que es la etapa de demanda y excepciones, etapa de réplica y contra réplica, que generalmente se llevan en las juntas de conciliación y arbitraje, y podamos estar implementando una justicia laboral a distancia, sin que pueda perder el carácter tutelar que tiene actualmente la Ley Federal del Trabajo.
Hay riesgos que esta legislación pueda tener retrocesos muy importantes sobre todo en tema procesal, porque da un planteamiento de total desventaja a los trabajadores.
Me parece importante también que estemos muy atentos a las discusiones que se puedan dar en el Senado de la República, con el fin que estas consultas sean amplias, que no se lleve a cabo ninguna reforma a la legislación laboral sino hasta el siguiente periodo legislativo, para que se abra un periodo de discusión amplia y que se pueda dar este escenario.
Son enormes retos que en este momento tenemos que estar vislumbrando, pero el más importante de ellos es que debe haber una participación activa de sindicatos, académicos, especialistas en el tema y que la CDMX no puede quedarse atrás.
La iniciativa del diputado Felipe de la Cruz de iniciar esta discusión es muy importante para anotar lo que se viene, independientemente que ya toque al Congreso de la Ciudad de México estas discusiones.
Gracias.

 

Justicia Laboral

Inconcebible la libertad sindical sin estabilidad en el empleo


Balance y perspectivas de la reforma constitucional en materia de justicia laboral

  • Es inconcebible la libertad sindical sin estabilidad en el empleo.

El Estado Mexicano está obligado mediante instrumentos y compromisos internacionales, a recomendaciones y observaciones a promover y proteger los derechos humanos laborales: libertad sindical y estabilidad en el empleo. Es inconcebible la libertad sindical sin estabilidad en el empleo, señaló la abogada y defensora de derechos humanos laborales Claudia Patricia Juan Pineda.
Participación de Claudia Patricia Juan Pineda en el  conversatorio Balance y perspectivas de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, efectuado el 26 de abril del 2018, en la Cámara de Diputados
Es importante dejar claro que el objetivo real de la reforma constitucional era garantizar que los trabajadores y trabajadoras mexicanas ejerzan y gocen efectivamente de sus derechos fundamentales de trabajo. Que esto ha sido materia de quejas y denuncias a nivel internacional en diferentes instancias, y que ha sido una denuncia del sindicalismo independiente durante años en lo que hemos denominado el contratismo de protección patronal, que consiste en una violación sistemática de la libertad sindical, es decir el derecho de asociación, negociación colectiva y huelga.
 
Es necesario recordar que como antecedentes de este proceso está la revisión de los tratados comerciales en los cuales en cada uno de ellos, en el de la Unión Europea, el de América del Norte y el Tratado Transpacífico, se requirió al Estado Mexicano que respetara los derechos de los trabajadores para poder generar condiciones de inversión y no hubiera una competencia desigual entre los trabajadores.
En este sentido también estuvo el antecedente de las quejas que se presentaron en la OIT, dos resoluciones particularmente interesantes, una de la Queja 2694, y las otras son las recomendaciones de los últimos cinco años en las cuales se le ha solicitado a México que atienda el respeto a los derechos laborales.
En este sentido, es importante retomar que más allá de que las propuestas que se han presentado, se han estado criticando y señalando sus defectos, precisamente porque no respetan estos derechos y porque lo que está generando son condiciones de abaratamiento de la mano de obra, y lo único que está buscando es que los trabajadores no puedan acceder a estos derechos individuales y colectivos, señalando en un proceso de intervención en la vida y en la autonomía de los mismos.
Por ello consideramos importante que cualquier reforma reglamentaria que se presente debe contener como requisitos específicos.
Toda propuesta debe proteger, respetar y garantizar los derechos humanos laborales manteniendo el carácter social y tutelar, atendiendo las diferencias entre las partes involucradas y sobre todo de los sectores más desprotegidos como son las mujeres.
El Estado Mexicano está obligado mediante instrumentos y compromisos internacionales, a recomendaciones y observaciones a promover y proteger los derechos humanos laborales: libertad sindical y estabilidad en el empleo. Es inconcebible la libertad sindical sin estabilidad en el empleo.
Los legisladores tienen esta importante responsabilidad y encargo de cumplirlos, y las organizaciones sindicales de exigir su goce y ejercicio pleno y hacer valer de manera estratégica, a nivel nacional e instancias internacionales, sus derechos humanos.
Es vital que la propuesta de legislación reglamentaria tenga como base los estándares internacionales en la materia, siendo referentes obligados el caso Lagos del Campo contra Perú, sentencia del 31 de agosto del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hace un estudio profundo de la importancia de la estabilidad en el empleo en vinculación con la libertad sindical, son interdependientes, y no se puede pensar ninguna reforma laboral, no se puede ningún ejercicio de estos derechos si no se protegen en el mismo nivel.
El voto razonado emitido por el Juez Sergio García Ramírez en opinión consultiva 1118/13, emitida por la Corte Interamericana el 17 de septiembre de 2013, así como las recomendaciones emitidas por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones; y el Caso 2694 del Comité de Libertad Sindical, estos dos últimos de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales han señalado reiteradamente los vicios estructurales al Estado Mexicano, y requiere al Estado que la legislación que se desprenda de la reforma constitucional contenga las medidas legislativas y prácticas necesarias para garantizar la libertad sindical que incluya el registro sindical, la publicidad de estos registros y estatutos sindicales y contratos colectivos.
La creación del órgano descentralizado sobre el procedimiento de registro sindical debe ser un órgano autónomo y el cual deba tener criterios específicos de operación.
El proceso legislativo debe garantizar la consulta y el diálogo social incluyente y participativo con las organizaciones sindicales que representen efectivamente a los trabajadores; y que la asistencia técnica de la OIT, que ha sido reiteradamente señalar al Estado Mexicano que debe aceptarla, ante la necesidad de que los estándares internacionales se vena reflejados en la legislación, sea parte de éste proceso legislativo y que el Estado Mexicano deje de negarse a la misma .
Temas nodales

  • La autonomía del órgano administrativo nacional responsable del registro y actualización sindical, cuya junta de gobierno no reproduzca ese tripartismo falso y los vicios que tanto se han criticado.
  • La modernización, diferenciación y definición competencial clara de los procesos administrativos de los contenciosos, con instancias responsables de cada uno.
  • Criterios objetivos, imparciales, autónomos, transparentes y razonables sobre el proceso conciliador en sus etapas y mecanismos, sin condicionamientos para acceder al órgano administrador de justicia.
  • Los procedimientos en el ámbito individual deben tener el carácter público, social, tutelar en todas sus etapas, considerando la universalidad, interdependencia y indivisibilidad de los derechos fundamentales laborales.
  • Que se contemplen sanciones que inhiban la violación de éstos derechos humanos laborales, tal es el caso de los salarios caídos que se han reducido a un año, y se ha señalado reiteradamente, cuando un derecho humano es violado, la sanción debe ser del mimo nivel, outsourcing, renuncias en blanco, incumplimiento a la seguridad social, el acoso sexual, entre otros.
  • Debe contemplarse la reparación del daño que restituya el proyecto de vida afectado por tal circunstancia.
  • La consulta directa a los destinatarios de un contrato colectivo, previo a su firma y depósito mediante el voto libre y secreto y en lugar neutral. No se permitirá un registro automático como el que se propone.
  • Diferenciar los procesos de huelga y titularidad, donde no existe la conciliación y el pleno respeto a las autonomías sindicales.
  • El voto libre y secreto para la elección de comités ejecutivos.
  • Garantizar el acceso a la justicia y debido proceso a las personas trabajadoras y organizaciones sindicales, eliminando definiciones ambiguas y actos unilaterales patronales, como se presentó el conflicto económico en el proyecto del PRI, en el cual se excluyen los sindicales para opinar al respecto.
  • Respeto hacia las diferentes formas de organizaciones sindicales y su acceso a la negociación colectiva. En la propuesta priísta se negaba a los sindicatos gremiales.
  • La instancia responsable de la administración de justicia deberá ser autónoma, transparente, independiente, imparcial, que se rija por los principios de celeridad y economía procesal. Su personal, previamente, tendrá que capacitarse teniendo claro el origen y el fin de la legislación laboral, que es la protección de la parte débil, la trabajadora, frente al poder económico que es la patronal.
  • Plena aplicación e interpretación de los estándares internacionales de los derechos humanos laborales y perspectiva de género.
  • El marco que rija la transparencia y protección de datos a nivel nacional sea la ley general en la materia y los estándares internacionales.
  • Que la restitución de los derechos y prestaciones sociales y económicas se realice con el parámetro del salario mínimo. Debe quedar claro que la U.M.A. Unidad de Medida y Actualización, es para obligaciones no para el ejercicio de derechos.
  • La estrategia es tener una legislación reglamentaria que garantice el diálogo social, el ejercicio pleno de los derechos humanos laborales, reconozcan la importancia el papel que juegan para la democracia y el Estado de Derecho, que concite a la unidad de las organizaciones laborales y que contribuya al desarrollo y generación del trabajo decente.

Gracias

Justicia Laboral

Derecho, trabajo y nuevas tecnologías (Cuarta y última parte)


Después de hacer un recorrido por el Derecho y la Ley Federal del Trabajo, en este primero de mayo del 2018, el movimiento obrero internacional y en especial el nuestro, no tiene nada que celebrar y por el contrario, deplorar como el Neo-Liberalismo le ha venido quitando sus conquistas, que con sangre y lágrimas habían sido conseguidas, bajo los regímenes basados en el Estado Benefactor, del Capitalismo e Intervencionismo de Estado.
Pero aún más, como una verdadera ironía, aquí en México dos Senadores de la Republica de extracción Obrera: Tereso Medina de la CTM e Isaías Gonzáles Líder de la Froc-Croc, presentaron a nombre de la bancada del PRI en el Senado, la iniciativa de reforma a la Justicia Laboral, sin ninguna técnica de Derecho y con un peligroso y aniquilante giro hacia el civilismo y el economicismo: En efecto, en esta iniciativa se contiene la disolución de los Derechos Laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permitir que la responsabilidad de los empleadores pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista). Facilita el despido al quitarle al empleador la obligación de presentar por escrito las causas del despido. Promueve los reajustes y despidos masivos abaratando las indemnizaciones. Reduce las indemnizaciones en caso de riesgos de trabajo, muerte e incapacidades, ya que para despidos y para estos casos no se toma como base el salario mínimo, sino la unidad de medida (UMA), que es inferior. Obstaculiza el Derecho de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, violentando el artículo 123 Constitucional y los Convenios al respecto de la OIT. Hace imposible el que los trabajadores puedan cambiar de Sindicato por la vía de los Juicios de Titularidad. Impide prácticamente, el Derecho de Huelga al imponer requisitos que será de difícil cumplimiento para un Sindicato. Cancela el carácter autónomo del recién creado Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, al imponerle un órgano de Gobierno controlado por los Sindicatos oficialistas y por los Empleadores. Suprime los avances en materia de transparencia sindical. Y en la materia procesal, hay un retroceso al formalismo del Derecho Civil.
Y mientras nosotros nos entretenemos en estos avatares, el mundo se estremece por la abrupta irrupción de los robots en 800 millones de trabajos. Según un informe realizado por la consultoría McKinsey Global Institute, entre 400 y 800 millones de personas en todo el mundo se verán afectadas por la automatización y tendrán que buscar una nueva ocupación desde hoy, hasta el 2030. Y agrega: “El impacto de las nuevas tecnologías en la vida de los trabajadores será sentido sobre todo en las economías más desarrolladas (Alemania, Estados Unidos y Japón)”. Este informe también habla de México y señala que “los bajos sueldos conllevarán a un impacto menos intenso de la automatización. Del total de 68 millones de personas que formarán la fuerza laboral del país en el 2030, unas 9 millones se verán desplazadas”, Entre las actividades con mayores cambios, se señalan por esta consultoría, a los operadores de máquinas y a los empleados en cadenas de comida rápida, además de los trabajadores capturistas y procesadores de datos; así como los que trabajan en los Call Centers. Y 352 expertos de las Universidades de Yale y Oxford, estiman que para el 2030 un robot será mejor para transcribir voz a texto, leer un escrito, escribir una tarea, crear una canción y para la década del 2040, podrá escribir una mejor novela exitosa que un humano, y en 10 años más, una máquina superará al mejor cirujano en una operación a corazón abierto.
No cabe duda que Isaac Asimov, el gran autor de ciencia ficción del “Imperio Galáctico” tenía razón cuando dijo que: La ciencia acumula más rápido conocimiento, que la sociedad sabiduría”.
Gracias Puebla.
 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/analisis/derecho-trabajo-y-nuevas-tecnologias-cuarta-y-ultima-parte-1660742.html

Justicia Laboral

La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos: NCT


PRIMERO DE MAYO
¡POR LA UNIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA!
¡EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y CONTRA EL GOBIERNO PATRONAL!
A la clase trabajadora.
A las organizaciones independientes.
Al pueblo de México.
Compañeros y compañeras:
De frente a la nueva ola de ataques neoliberales en contra de la clase trabajadora, es necesario redoblar nuestros esfuerzos para evitar nuevos descalabros. Aunque suspendida por el momento, se mantiene la amenaza de una nueva Reforma Laboral corporativa que, para salvaguardar el declinante control charro y patronal de los sindicatos, pretende imponer nuevas trabas al surgimiento de organizaciones obreras de carácter democrático e independiente. Por otro lado, está latente el desmantelamiento del régimen solidario de las pensiones y jubilaciones de nuestro país, mientras que el aumento a los salarios de las y los trabajadores mexicanos prácticamente ha quedado excluido de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Asimismo, las reivindicaciones históricas y demandas inmediatas de la clase trabajadora también han quedado fuera de la agenda electoral de los candidatos a la presidencia, para quienes la clase trabajadora no tiene más derechos que el de ir a votar por ellos cada seis años.
Ante esta situación de emergencia, la Nueva Central de Trabajadores hace un llamado a todas y todos los trabajadores, comenzando por quienes estamos organizados en las filas del sindicalismo democrático, a que nuestras organizaciones continúen unificando su accionar en contra de los patrones y el gobierno, así como de sus políticas y reformas neoliberales que han empeorado la situación de vida de los trabajadores. A los trabajadores que carecen de organización o están sometidos al control corporativo de los sindicatos charros y patronales a organizar la resistencia dentro de sus propios centros de trabajo para liberarse del flagelo y emprender el camino por la democracia y autonomía sindical.
Este Primero de Mayo debemos reflexionar acerca del mundo del trabajo y el papel de los trabajadores en la transformación social de nuestro país. Son ya tres décadas de capitalismo salvaje en México, suficientes como para darnos cuenta de que el discurso de los políticos neoliberales está plagado de mentiras e hipocresía. Tienen años diciendo que el crecimiento económico nos traerá empleos bien pagados y bienestar para nuestras familias. Tienen años diciendo que lo mejor está por venir y que en tanto llega hay que apretarse el cinturón, cuando en los hechos los Carlos Slim, Germán Larrea y Emilio Azcárraga, han hecho y acumulado grandes fortunas al lado de sus socios extranjeros, mientras que en los últimos seis años se incrementó en 4 millones el número de mexicanos en la pobreza y se pagan los salarios más bajos del mundo.
Pero esta situación no es exclusiva de los mexicanos: en todas partes del mundo se vive una acelerada tendencia a la precarización del trabajo. A escala mundial vivimos una feroz ofensiva frontal en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores, en medio de una atroz devastación del medio ambiente y la polarización de los bloques hegemónicos del capital (EU, Rusia, China y la Unión Europea), que en su disputa por los mercados internacionales nos tienen al borde de la guerra.
Aún en los países más ricos se vive el desmantelamiento de las conquistas de la clase trabajadora. Ya no se diga en los países como el nuestro, donde los gobiernos neoliberales son fieles y sumisos a los designios de los grandes centros financieros internacionales, las potencias capitalistas y sus empresas trasnacionales. El férreo control de las organizaciones sociales y sindicales, la manipulación mediática, la represión violenta y la falsa democracia representativa han contribuido a la imposición de un modelo de acumulación salvaje del capital que se expande por todo el mundo en contra del trabajo y la vida.
Sin embargo, las consecuencias económicas, políticas y sociales de este modelo están alimentando el descontento y la protesta popular en todo el mundo. En México, la ola de violencia que azota al país, la escandalosa corrupción de la clase política gobernante, la incesante descomposición política del régimen, el incremento de la desigualdad social y la represión en contra de quienes se resisten al despojo están generando una situación de ruptura con la inercia a aceptar seguir viviendo así.
Las reformas neoliberales solo le han abierto el camino al gran capital trasnacional para sobreexplotar a los trabajadores mexicanos, despojar de sus bienes comunes a los pueblos y comunidades indígenas y saquear sin reparo los recursos estratégicos del país, léase electricidad, gas y petróleo. El PRI, el PAN y el PRD, los partidos del “Pacto por México”, deberán pagar el costo político de las reformas estructurales. Pero no son los únicos responsables.
La Nueva Central de Trabajadores considera que la clase trabajadora no está representada en ninguno de los candidatos que actualmente se disputan el gobierno; ninguno garantiza que no continuarán imponiéndose los intereses de la oligarquía nacional y que será revertido el neoliberalismo que desangra al país. No llamamos a votar por cualquiera de ellos, aunque respetamos el derecho individual de cada integrante de nuestras organizaciones a votar por la opción de su preferencia.
En medio de todos estos escenarios, la oligarquía y su gobierno recurren con más frecuencia y dureza a la represión. La nueva Ley de Seguridad Interna pretende legalizar el empleo de las fuerzas armadas, que ya han militarizado al país, para contener y reprimir la lucha social que libran miles de mexicanos. No debemos descartar un mayor involucramiento del ejército y la armada en la vida política nacional a favor de la preservación del régimen de privilegios de la oligarquía.
Por ello es impostergable que la clase trabajadora unifique sus fuerzas para emerger con una nueva alternativa política y social de frente al declive del neoliberalismo y la crisis del anquilosado y corrupto régimen de partidos. Es por ello indispensable que este Primero de Mayo luchemos por:

  • Recuperación del poder adquisitivo de los salarios y pensiones. Por la recuperación de los fondos de pensión de manos de las AFORES para ponerlos bajo control de los trabajadores y por el incremento de la calidad en la prestación de los servicios de salud pública.
  • ¡Aumento salarial de emergencia! No a las migajas propuestas por la patronal, de llevar el salario mínimo a 96 pesos diarios, progresivamente. El salario mínimo debe cubrir los gastos elementales de una familia, con un nivel de vida digna, para cumplir con lo que establece la actual Constitución. No al tope salarial. Por el incremento d todos los salarios profesionales y contractuales.
  • Plena libertad política para todos los mexicanos, esto es, la completa libertad para organizarse políticamente, sin cortapisas ni intervención de los organismos del estado y los partidos políticos, en sus centros de trabajo, escuelas, comunidades y pueblos. Por un verdadera democracia participativa.
  • Por la defensa de los bienes comunes como la tierra, el agua, el medio ambiente y las culturas comunitarias. Por el derecho a una vivienda digna, la educación, salud y el trabajo, con pleno respeto a la ecología y nuestros recursos naturales, decididas por las comunidades.
  • Contra la precarización del trabajo y empleo digno y estable. Trabajo Digno, Libertad Sindical, Derecho de Huelga y Contratación Colectiva. No al Out Sourcing y los contratos de protección patronal.
  • Creación de empleos dignos y bien remunerados para que los trabajadores puedan cubrir las necesidades básicas propias y las de su familia. Salario constitucional, para poder sostener a una familia.
  • Auditoria y moratoria al pago de la deuda externa, destinando dichos recursos al gasto público -como educación, salud, desarrollo científico y tecnológico- y a la inversión productiva nacional para reactivar el mercado interno y crear empleos. Cancelación de la deuda del FOBAPROA.
  • Recaudación fiscal hacía las grandes empresas en manos de aquellos oligarcas que evaden el pago de impuestos y dejan las arcas públicas vacías de recursos y a merced de los préstamos de la banca internacional. Reducción a la mitad de los sueldos a los Magistrados, Legisladores y Altos funcionarios.
  • Derogación de las reformas estructurales. Renacionalización de las principales ramas industriales como la petrolera, eléctrica, minera, metalúrgica, farmacéutica y alimentaria entre otras. Por el fortalecimiento de la educación pública.
  • Expropiación de las inmensas fortunas labradas bajo actividades ilícitas para ponerlas al servicio de la obra pública de nuestro país.
  • Abajo la Ley de Seguridad Interior: Alto a la represión. Libertad a los presos políticos. Por el regreso de militares y marinos a sus cuarteles y sustitución de las Policías Corruptas y Fuerzas Armadas con Policías Comunitarias.
  • ¡Por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa! Y de todos los desaparecidos.
  • ¡Plenos derechos a las mujeres, especialmente a las de la clase trabajadora, que deben contar con un salario igual al de sus compañeros! Aborto gratuito y seguro en todo el país. ¡Alto a los feminicidios!
  • Solución inmediata a los damnificados por los distintos terremotos en el país con la participación directa de los propios damnificados en el diseño de las alternativas para la construcción de sus viviendas y el manejo de los presupuestos.
  • Contra la nueva reforma laboral corporativista que promueven la CTM y la CROC, en contra de los intereses de la clase trabajadora y del sindicalismo independiente y democrático.
  • En defensa del régimen solidario de jubilaciones y pensiones. Devolución de nuestros fondos de pensiones.
  • Por el Derecho Humano a la Energía. Borrón y cuenta nueva o Huelga de Pagos.

Compañer@s. El país demanda una profunda transformación democrática; hagámosla con nuestra unidad en contra de la explotación y opresión capitalista, y convoquemos a todos los movimientos sociales a construir un gran polo alternativo para fundar verdaderamente un México con paz, igualdad, justicia y libertad.
¡Este primero de Mayo todos al Zócalo!
Sitio de reunión de la NCT: en 20 de Noviembre y Venustiano Carranza y calles adyacentes, a las 10:30 am.
“LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
SERÁ OBRA DE LOS TRABAJADORES MISMOS”
NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES

Justicia Laboral

Marchan miles de trabajadores de varios sectores en 14 estados


En el Edomex, personal de salud denuncia carencias en hospitales y malos manejos financieros
De los corresponsales, Periódico La Jornada
Miércoles 2 de mayo de 2018, p. 26
Miles de trabajadores de los sectores educativo, agrario y de la salud en los estados de Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala, marcharon para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y reclamar que las condiciones laborales hayan empeorado con las reformas impulsadas por el gobierno federal.
En las plazas del país, las consignas de los distintos gremios coincidieron en reclamar que las reformas fueron un retroceso porque provocaron aumentos de precios en las gasolinas y en la canasta básica, y sus derechos sindicales disminuyeron, pues en dependencias estatales y municipales predominan pagos atrasados de salarios, pensiones, bonos y estímulos para los trabajadores.
En Toluca, estado de México, médicos, enfermeras y empleados del sector salud, se quejaron de las carencias que hay en los hospitales. Exigieron que se acaben los malos manejos financieros en la dependencia del ramo, pues por esta situación la calidad en la atención de los derechohabientes cayó de forma estrepitosa en años recientes.
Dijeron que los familiares de los pacientes salen a comprar gasas, jeringas o cualquier insumo para realizar curaciones y se quejaron de anomalías en la entrega de sus prestaciones, pues aunque les descuentan cuotas para viviendas o para el pago de seguros, no saben dónde va a parar ese dinero.
Rechifla a secretario del Trabajo
Más de 12 mil obreros de varias gremios se reunieron en la explanada de Tlalnepantla, estado de México, para la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la cual concluyó con una rechifla cuando el secretario del Trabajo mexiquense, Ignacio Rubí Salazar, señaló que en el actual sexenio había mejorado en 20 por ciento el poder adquisitivo en el país.
En la capital de Chihuahua, el gobernador Javier Corral Jurado no participó en la conmemoración del primero de mayo, por lo que dirigentes sindicales encabezaron la marcha. El líder local de la Confederación de Trabajadores de México, Jorge Doroteo Zapata, justificó que el comité organizador no invitó al mandatario, debido al “descontento de la sociedad”.
En la movilización, docentes de la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua demandaron la destitución de la rectora Victoria Chavira por la persecución ejercida contra Juan Durán y Arturo Limón, directores de los campus de Nuevo Casas Grandes y Chihuahua. Los profesores del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua rechazaron la iniciativa del gobernador que pretende establecer un nuevo régimen de seguridad social que los afecta.
Miles de empleados sindica- lizados, universitarios, de educación básica, telefonistas y electricistas que marcharon en Cuernavaca, Morelos, se manifestaron contra las políticas privatizadoras que han afectado los derechos laborales. También hubo un contingente de maestros de los municipios de Tlaquiltenango y Jojutla que demandaron a los gobiernos federal y estatal entregar los apoyos económicos para la reconstrucción de las escuelas que resultaron dañadas por el sismo del 19 de septiembre anterior.
Los miles de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero marcharon en Chilpancingo, donde corearon consignas contra la reforma educativa, la inseguridad en las escuelas y exigieron la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad exigieron equipo de trabajo, viáticos y aumento salarial; los de la Unión Nacional de Trabajadores denunciaron que Telmex intenta modificar un contrato que no respeta su antigüedad, y los del sindicato académico y administrativo de la Universidad Autónoma de Guerrero, exigieron aguinaldos de 90 días y nivelación salarial.
“Salarios a destiempo”
En Morelia, Michoacán, desfilaron miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, profesores y empleados de la Universidad Michoacana, de los tres poderes del estado, electricistas, de las escuelas de nivel medio superior y del sector salud, para acusar que 2017 fue un año difícil para los trabajadores de esta entidad, debido a que por primera vez, los salarios no llegaron a tiempo por una crisis financiera del gobierno estatal.
En la capital de Oaxaca, miles de agremiados a diversos sindicatos, entre ellos el de Telefonistas de la República Mexicana, el de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxqueños y Nacionales se movilizaron para demandar mejores condiciones de trabajo.
En Juchitán, Oaxaca, integrantes de diversos sindicatos de los poderes del estado en la región del Istmo de Tehuantepec marcharon para exigir aumentos salariales, contra la privatización del servicio del agua en la entidad, el respeto a sus derechos laborales y el incentivo al empleo.
En Guadalajara, Jalisco, trabajadores independientes y oficialistas realizaron seis marchas y caravanas con vehículos. A las protestas se unieron transportistas que exigen incremento al pasaje y los taxistas que a bordo de sus unidades recorrieron el Periférico para repudiar el servicio que ofrecen conductores de Uber o Cabify, quienes a su vez pidieron seguridad social.
Por segundo año, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, no encabezó el desfile oficial en esta entidad, luego que en 2016 un grupo de personas arrojó objetos hacia la zona donde se encontraban las autoridades gubernamentales y líderes sindicales.
En un acto alterno al oficial, los integrantes de la Coalición Autónoma de Trabajadores estatales de Querétaro, denunciaron que de forma recurrente son despedidos en dependencias, viven hostigamiento laboral y trato diferenciado. Los del Colegio de Bachilleres de Querétaro y los de educación básica acusaron que desde 2015 hay cientos de cesados y acusaron que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje desempeña un trabajo en detrimento de los empleados, a pesar que hay laudos que promueven en su defensa que no han sido aplicados desde hace cinco años.
Otras movilizaciones se realizaron en Durango, Nayarit, Aguascalientes, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala para repudiar la crisis en el país y la entrega de recursos a transnacionales. Exigieron elevar el poder adquisitivo, eliminar la desigualdad laboral y acabar con la discriminación hacia las mujeres en los centros de trabajo.

http://www.jornada.unam.mx/2018/05/02/estados/026n1est
Justicia Laboral

Manifiesto Unitario del 1° de mayo del 2018

 
Jornada Nacional De Lucha
Encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales, Campesinas y de la Sociedad Civil
Este primero de mayo los trabajadores del campo y la ciudad, los defensores de los derechos civiles, los campesinos, las mujeres, los estudiantes, los activistas comprometidos con los derechos medio ambientales y los integrantes de los pueblos originarios, nos movilizaremos unitariamente en la Ciudad de México y en las principales localidades de nuestra nación para honrar a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, así como para exigir el cambio de rumbo económico, político y social que reclaman los trabajadores, con el propósito de alcanzar el desarrollo con justicia y equidad.
Lo anterior es más urgente en un momento en que los derechos de los trabajadores continúan bajo ataque, entre otros factores, por la amenaza latente de que se apruebe una contrarreforma en materia de Justicia Laboral. De prosperar esta intención se restauraría el sistema tripartito de control corporativo, además de permitir los despidos de trabajadores sin previa notificación. Exigimos se lleve a cabo una amplia consulta plural y democrática para construir la ley reglamentaria de la reforma del 2017, en la que se retomen las propuestas de las organizaciones sindicales independientes y democráticas.
Los gobiernos neoliberales mantienen una línea de conducta sumisa y servil al capital financiero y al poder de las grandes corporaciones que se ha reflejado en la renegociación del TLCAN, en la reciente aprobación del TPP-11 y en la actualización del Acuerdo con la Unión Europea. Dichos acuerdos comerciales carecen de legitimidad y contienen graves amenazas y violaciones a los preceptos constitucionales, al priorizar los intereses comerciales y financieros por encima de los Derechos Humanos y la Soberanía Nacional, y amenazan la viabilidad de diversos sectores económicos profundizando los derechos e intereses de las empresas transnacionales. Además, son generadores de desigualdades y de la multiplicación de la pobreza, la exclusión económica y social, así como de la espiral de violencia que sacude a diversas regiones del país, circunstancia en la que fenómenos como los feminicidios, las desapariciones forzadas, la criminalización de la protesta social y la violación sistemática a los derechos humanos, son la nota día a día.
Por ello, las diversas organizaciones sociales nos hemos dado a la tarea de construir colectivamente una Agenda y un Programa que conduzcan a un profundo cambio en nuestro país que permita que la gran prioridad nacional sea la satisfacción de las necesidades sociales y la materialización de los derechos, así como de las libertades individuales y colectivas: se trata en síntesis de alcanzar la dignidad para todas y todos. El trabajo debe volver a ser uno de los elementos centrales de la agenda política, económica y social. Al mismo tiempo, estamos construyendo un amplio bloque de fuerzas que enarbole un proyecto alternativo para el cambio económico, político y social que demandan los mexicanos.
La Agenda Social de los Trabajadores incluye los siguientes ejes:

  1. Construir una auténtica democracia participativa. Los trabajadores exigimos espacios y mecanismos auténticos y plurales para participar en las definiciones de políticas públicas e incidir en las decisiones trascendentes de la nación.
  2. Reorientar la política económica para reconstruir el mercado interno y las cadenas productivas con base en la generación de empleos dignos con salarios remuneradores. Es urgente derrotar las políticas neoliberales que se han traducido en el estancamiento de la economía, la pérdida de derechos sociales, así como la entrega de los recursos, los territorios y bienes estratégicos de la nación a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
  3. Impulsar la recuperación progresiva de los salarios reales y la generación de empleos dignos. No al tope salarial. El salario mexicano es de los más bajos del mundo, lo que se ha criticado fuertemente en el contexto de la renegociación del TLCAN. El incremento a los mínimos, por otra parte, es insuficiente toda vez que también se requiere un incremento en los salarios profesionales y contractuales. Para conseguir este propósito se debe comenzar por eliminar la política de topes salariales que se ha impuesto en los últimos años por los gobiernos neoliberales, la contención salarial se ha convertido en el eje de la supuesta “ventaja competitiva” de las empresas del país ante los mercados globales. Nos pronunciamos, en consecuencia, por el impulso de políticas de Estado para la recuperación sostenida y progresiva de los salarios e ingresos de los trabajadores. No hay desarrollo posible para nuestro país sin empleo formal, y sin trabajos dignos como lo establece la OIT. Erradicar la precarización del trabajo es una de las mayores exigencias del movimiento sindical independiente
  4. Promover la democratización y modernización del mundo del trabajo cuyos ejes principales son la libertad de asociación sindical y la contratación colectiva auténtica, para hacer valer dichos derechos, y combatir a los llamados Contratos Colectivos de Protección Patronal. Se trata de fortalecer la autonomía y la independencia del movimiento obrero eliminando el sistema de control corporativo que ejerce el gobierno sobre las organizaciones sindicales, es por ello que, como punto de partida, demandamos que el Senado ratifique los Convenios 98 y el 189 de la OIT.
  5. Reconstruir el sector productivo del campo e impulsar a los pequeños y medianos productores rurales, para alcanzar la soberanía alimentaria garantizando el derecho a la alimentación.
  6. Detener la guerra y el terror, para lograr las libertades democráticas. Presentación de desaparecidos y libertad presos políticos, así como revertir la militarización del país. Nos pronunciamos en contra de la ley de seguridad interior que legaliza la presencia del ejército en las calles con la consecuente vulneración de los derechos humanos de la población.
  7. Fortalecer la educación pública, laica y gratuita, la ciencia, el desarrollo tecnológico además de la cultura y sus instituciones, como motores del desarrollo integral del país. Respeto a los derechos laborales del magisterio.
  8. Defender el sistema de salud y seguridad social del país recuperando el carácter solidario de los fondos de pensiones, así como la responsabilidad social del gobierno y los patrones. Exigimos se ponga fin a las políticas que promueven la privatización del sistema de salud y la seguridad social, así como la desviación y el abuso que se está haciendo de los fondos de ahorro de los trabajadores. De la misma manera planteamos la abrogación de las AFORES, así como la promoción de una ley de pensiones que coloque los fondos correspondientes bajo la administración de los propios trabajadores.
  9. Desarrollar una agenda para promover la equidad de género, combatir y sancionar todo tipo de discriminación y violencia por motivo de raza, género, filiación política o preferencia sexual. Requerimos políticas públicas para tener acceso a la justicia y combatir todo tipo de violencia incluido el feminicidio. Debemos erradicar la discriminación que afecta principalmente a los jóvenes y a las mujeres además de la precarización general del trabajo, las mujeres sufren la discriminación laboral, hostigamiento y violencia. Los jóvenes se enfrentan al desempleo o deben resignarse con trabajos precarios y sin seguridad social, ni perspectivas de futuro. Exigimos igualdad laboral para mujeres y jóvenes, impulsando una agenda de lucha que promueva la equidad de género, así como combatir y sancionar todo tipo de discriminación y violencia por motivo de edad, género o preferencia sexual.
  10. Luchar por la integración con el mundo, con soberanía y desarrollo. Reprobamos la conducta del gobierno mexicano ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLCAN). En vez de impulsar un nuevo modelo de intercambio comercial, más equitativo y que ponga atención en las grandes prioridades de la nación, el gobierno federal se apresta a profundizar el actual esquema subordinado en el que la competitividad de las exportaciones y de las empresas nacionales se sustenta en la precariedad y desprotección de los trabajadores, de allí su renuencia a considerar el tema de la homologación salarial. Impulsar un modelo alternativo de integración regional basado en la cooperación y en la complementación para el desarrollo económico. Condenamos la reciente aprobación por el Senado del TPP–11.
  11. Implementar una política aeronáutica integral y progresista que considere la creación de una agencia de aviación independiente del estado, para fortalecer y desarrollar la industria aérea, en beneficio de los usuarios y los trabajadores.
  12. Revertir las reformas estructurales de carácter neoliberal y asi como la devastación de los sectores estratégicos nacionales; telecomunicaciones, energético, petrolero, pequeña y mediana industria, etc.

Nuestro proyecto va más allá de la jornada electoral y busca sentar las bases para que una sociedad movilizada y con propuestas incida en la urgente transformación de nuestro país. La agenda que impulsamos tiene como eje central el recuperar el desarrollo bajo condiciones de respeto pleno a los derechos sociales tanto individuales como colectivos de la población.
Ratificamos nuestra exigencia para que los conflictos que involucran actualmente a los Electricistas del SME, la CNPA-MN, los trabajadores de la industria aeronáutica, los trabajadores de la educación, los mineros, los petroleros, el frente de los pueblos en defensa de la tierra, las organizaciones campesinas, los jornaleros agrícolas de San Quintín, los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, las normales rurales y los telefonistas sean resueltos a la brevedad con base en el respeto de los derechos laborales y humanos de los involucrados. Al mismo tiempo, exigimos al gobierno federal una respuesta urgente para resolver de manera definitiva, el quebranto ilícito de Mexicana de Aviación, para beneficio de sus trabajadores.
Este 1° de Mayo estamos convocando a todos los trabajadores a redoblar la lucha contra el Neoliberalismo y el poder corporativo empresarial; asimismo, mediante una amplia jornada de lucha daremos un paso más en la construcción de la unidad necesaria dentro del movimiento social democrático, para impulsar un nuevo rumbo económico, político y social para nuestra nación.
“Por un nuevo rumbo económico, político y social favorable a las mayorías nacionales”
“Alto a la criminalización de la protesta social, presos políticos libertad, abajo la Ley de Seguridad Interior”
“Por la recuperación de la soberanía alimentaria y energética de la nación”
“Abrogación de la reforma educativa y de las demás reformas estructurales neoliberales”
“No a la contrarreforma laboral”
“Exigimos la libertad inmediata de Lula da Silva”
“Repudiamos la agresión de Estados Unidos y sus aliados en contra de Siria”
“No a los muros, ni a la militarización de nuestras fronteras”
“Exigimos trabajo digno con salario remunerador, salud, seguridad social y sin discriminación para las mujeres trabajadoras”.
“Justicia y esclarecimiento de los asesinatos de luchadores sociales”
“Solución inmediata al Conflicto en la Universidad Intercultural de Chiapas”
“Porque vivos se los llevaron vivos los queremos”
Unión Nacional de Trabajadores, Nueva Central de Trabajadores, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, Investigación y Cultura, Sección 9 de la CNTE, Frente Amplio Social Unitario, Por México Hoy, Bloque de Organizaciones Campesinas “El Campo es de Todos”, CNPA-MN, Frente Indígena y Campesino de México, Padres de Familia de Ayotzinapa, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Asamblea Nacional Popular, Asamblea Nacional de Articulación de los Trabajadores del Campo y de la Ciudad, Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, Grupo “Hacia un Nuevo Curso de Desarrollo”, Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.

Justicia Laboral

Juzgado admite amparo contra iniciativa laboral


Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 16 de abril de 2018, p. 15
Lo presenta el Colegio de Abogados
El juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió el amparo interpuesto por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados contra las leyes secundarias de la reforma laboral que se encuentra en discusión en el Senado.
Se trata del juicio de amparo 599/2018, presentado por el representante legal de la barra, José Mario de la Garza Marroquín, contra actos de las cámaras de Diputados y de Senadores y el Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Una copia del documento señala que el amparo es contra una posible aprobación de las leyes secundarias de la reforma laboral. Considera que avalarlas ahora sería inconstitucional, ya que había un mandato para que éstas entraran en operación a finales de febrero pasado, lo que se incumplió.
Indica que se acepta la competencia de este amparo, con fundamento en el artículo 55 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. También plantea que las autoridades responsables deberán presentar un informe justificado al respecto, lo mismo que al promotor del amparo y se estableció como fecha para la celebración de la audiencia constitucional el próximo día 24.
La iniciativa de leyes secundarias fue propuesta en conjunto por los senadores del PRI; el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González; sindicatos del sector automotriz, y el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Tereso Medina.
Desde que se presentaron ante el Senado, esas reformas fueron cuestionadas por gran parte de las organizaciones y abogados laborales, que destacan que las mismas contemplan ordenamientos que acabarán con los derechos fundamentales de los trabajadores, como el de huelga y el de libertad sindical; además, de ser aprobadas por el Legislativo, las propuestas darían manga ancha a los gremios de protección, manejados por la parte patronal

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/16/politica/015n2pol
Justicia Laboral

Nuevo presidente de Comisión de Trabajo


Armando Téllez Flores
Entretenimiento
Abril 08, 2018 17:32 hrs.
Entretenimiento Nacional › México Ciudad de México
Armando Téllez Flores › diarioalmomento.com
Ya hay nuevo presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pues el jueves pasado fue electo el secretario de Organización de la CTM, diputado Pedro Alberto Salazar, quien sustituye en el cargo a la también cetemista Ana Gorgina Zapata Loredo.
Y el nombramiento cae en los momentos en que hay quienes están muy nerviosos por el dictamen de la Ley Secundaria de la Reforma Laboral de Justicia Cotidiana, la cual sufre de un rechazo prácticamente unánime y señala como traidores del movimiento obrero a los senadores Tereso Medina y el líder de la CROC, Isaías González Cuevas.
Y es que ya se ha dicho hasta el cansancio que el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo esta contra al artículo 123 de la Constitución, niega la libertad sindical, la libertad para elegir dirigentes, elegir el sindicato que prefieran y la libre negociación colectiva, de hecho se dice que está en contra del sindicalismo y entonces se lanza la pregunta: Pero que necesidad.
Se dice que esta iniciativa facilita el despido, sin aviso del patrón y la autoridad a su favor y abarata los despidos colectivos e individuales con un nuevo factor de medición, menor al salario mínimo.
Se pierde la estabilidad del empleo o la planta, un derecho universal y desaparece la comisión mixta del artículo 39 de la LFT y hace público el voto secreto para demandar la titularidad y la firma de un contrato colectivo de trabajo.
De hecho se dice que niega la libertad sindical, lo que le ha valido el rechazo internacional, pero la realidad es que no se conoce su contenido y así se puede dar como muerta.
Se dice que impide el derecho de huelga al exigir pruebas de legitimidad y de estatutos y prevalecen tribunales que ocultan información de contratos colectivos, estatutos y registros sindicales.
El proyecto incumple con compromisos internacionales: de la OIT en junio de 2017, la Comisión Interamericana el 5 de diciembre de 2016 y TLCAN y TPP. La Central Sindical internacional ya se ha pronunciado en contra.
Hay quienes ya se están preparando para que el próximo primero de mayo tengan elementos para retornar a esas manifestaciones agresivas y de todos contra todos, lo cual a nadie beneficia, por lo que sería prudente que se tomaran cartas en el asunto, pues la realidad es que el horno no está para bollos.
Y es que si de por si la Ley laboral no se cumple, esta reforma laboral de Justicia Cotidiana no le sirve al país y menos a los trabajadores, de otra manera no entendemos el por qué el mismo presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo la rechaza.
Pero en el Senado hay oposición y partidos de izquierda han rechazado de manera categórica el ultimo dictamen presentado y en ello tendrá mucho que ver Pedro Alberto Salazar, flamante presidente de la Comisión de Trabajo de la cámara baja.
Pedro Alberto Salazar ha sdio Síndico procurador de Atizapán de Zaragoza, estado de México, fue diputado del 1988 al 1991, en la LIV Legislatura. Vicepresidente de la Mesa Directiva. Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Ha sido Subcoordinador del sector obrero del PRI, Consejero político nacional del PRI, Comisionado propietario de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, de 1991 a 1993 Secretario general de Gestión Social del PRI. Y de 2004 2010 Subsecretario de Acción Política del CEN de la CTM. Y de 2010 al 2016 Secretario de Organización, Estadística y Promoción Sindical de la CTM.
Es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Espectáculos, Propagandistas e Impulsores de Ventas y del Comercio en General, Similar y Conexos de la República Mexicana (SINTREM) fue del 2014 al 2015 Secretario de la Comisión de Asuntos Políticos de la Directiva del Congreso del Trabajo…..
SISTEMA DE PUNTAJE DEL FOVISSSTE, TIENE CERTIFICADO DE GESTION DE CALIDAD
(tellezflores@hotmail.com)

https://diarioalmomento.com/nuevo-presidente-de-comision-de-trabajo-e3TQxOTQ0e3Q.html
Justicia Laboral

La reforma laboral, el 1 de mayo y las elecciones


Posted by Nahir Velasco
Date: abril 07, 2018
¿Por qué los dirigentes de la CTM, CROC y PRI no consultaron a los trabajadores, antes de proponer la contrarreforma laboral al Senado?
¿Por qué los autores de la reforma (Tereso Medina e Isaías González) no la dan a conocer a los trabajadores de la CTM y la CROC, por qué la ocultan?
¿El 1 de mayo la CTM, la CROC y PRI van a festejar su traición a los obreros?
Muchos proponen que haya una economía que funcione para la mayoría, que conduzca a la justicia social y a proteger los derechos laborales. Pues el gobierno actual no tiene un proyecto de Nación: aplica un proyecto empresarial que carece de política social y de un reparto equitativo de la riqueza.
Los neoliberales afirman: primero que haya el pastel y después se reparte. Anteponen el crecimiento de las empresas para el reparto de su riqueza Es falso, porque el crecimiento, el trabajo y el reparto van juntos. Una economía que funcione para la mayoría, obliga a cumplir la Constitución día a día, a otra política económica. El gobierno no de “interpretar” la Ley, ni de simular realidad través de publicidad de los medios masivos. El país reclama hechos, no promesas. Un gobierno que cumpla con la Constitución y la ley, que sea realidad no letra muerta: el salario mínimo constitucional, la libertad sindical y el empleo digno.
Todos los candidatos, sin excepción, proponen cambiar el tipo gobierno actual, por otro donde si se tome en cuenta al pueblo, trabajadores y empresarios, para lograr el cambio. Hay dos tipos de democracia: la representativa en la que los elegidos deciden y la participativa, donde la decisión es de la mayoría y la hace valer con su propia participación. La vida sindical de debe ser igual y participativa, no espalda de los trabajadores, como hoy lo hace la CTM y CROC. Los hechos anuncian el fracaso de la reforma laboral de la CTM (Tereso Medina) y la CROC (Isaías González) y su PRI. Esa reforma proviene de la Secretaría de Hacienda que decide el reparto de la riqueza: salarios, ganancias y corrupción.
El proyecto de la CTM y la CROC, sin consultar a sus miembros, es la peor reforma laboral de todos los tiempos: totalmente a favor del capital y contra los derechos del trabajo. El PRI previó firmarlo en el Senado el 24 de febrero de 2018, pero el PAN se negó y presentó su proyecto, por su pugna por la presidencia. Este Primero de Mayo el debate nacional es la reforma laboral que deben ganar los trabajadores: el retroceso lo propone el PRI. Un verdadero avance, debe ser el 1 de mayo y el 1 de julio.
La reforma de CTM, CROC y PRI es una agresión a los trabajadores
La reforma laboral largamente anunciada por los secretarios de Trabajo -Navarrete y Campa- fracasó sin el apoyo del PAN y por el repudio de los sindicatos independientes. Ambos partidos, PRI y PAN, guardaron silencio el 24 de febrero, nadie informó nada. Juntos firmaron las reformas estructurales. Igualmente, la CTM y la CROC no han dado a conocer a sus afiliados el contenido del proyecto que sus líderes sí firmaron, porque va contra los trabajadores, sus derechos y sus intereses. Lo guardan en secreto, saben que es una traición.
Todos puede ver: “La iniciativa presentada el 07 de diciembre de 2017 por los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77776 Y la página del Senado del 22 de marzo de 2018.
El proyecto CTM-CROC propone la destrucción del derecho de trabajo surgido en el artículo 123 de la Constitución de 1917, la Ley Federal del Trabajo de 1931 y de las luchas obreras de 100 años. Se ponen de rodillas a los empresarios y les entregan, veamos:
Nunca informaron a los trabajadores, el proyecto CTM-CROC-PRI-Meade. Se hizo traicionando los derechos e intereses de los obreros y sus familias.
El proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo es contra al artículo 123 de la Constitución, niega lo que ella reconoce: la libertad sindical, la libertad para elegir dirigentes, elegir el sindicato que prefieran y la libre negociación colectiva.
Facilita y abarata el despido, sin aviso del patrón y la autoridad a su favor.
Facilita y abarata los despidos colectivos e individuales con un nuevo factor de medición, menor al salario mínimo.
Se pierde la estabilidad del empleo o la planta, un derecho universal y desaparece la comisión mixta del artículo 39 de la LFT.
Hace público el voto secreto para demandar la titularidad y la firma de un contrato colectivo de trabajo. Expone al trabajador al despido y niega la libertad sindical.
El nuevo Instituto de registro sindical, contratos colectivos y conciliación impide la libertad sindical y fortalece la representación tripartita: 4 por cada parte.
Se impide el derecho de huelga al exigir pruebas de legitimidad y de estatutos.
Prevalecen tribunales que ocultan información de contratos colectivos, estatutos y registros sindicales.
El proyecto incumple con compromisos internacionales: de la OIT en junio de 2017, la Comisión Interamericana el 5 de diciembre de 2016 y TLCAN y TPP.
Son algunos ejemplos del proyecto de la CTM-CROC-PRI. En los hechos es peor, el actual gobierno no cumple la Ley: 1. Crecen las empresas contratistas, 2. Crece el empleo precario y eventual, 3. Reduce los salarios con el tope salarial, 4. Los contratos de protección patronal crecen, 5. igual los sindicatos blancos. Todo eso por el gobierno al no cumplir el artículo 123 constitucional y la Ley vigente.
El Primero de Mayo debemos defender los Derechos del Trabajo
Hoy como nunca están en peligro los derechos del trabajo, debemos repudiar la propuesta CTM-CROC-PRI, en las calles y plazas públicas y exigir:
El retiro definitivo del proyecto de traición de la CTM-CROC-PRI.
Que la Constitución y la Ley vigentes los cumplan gobierno y patrones.
Exigir el castigo a las autoridades que violen las leyes.
Retornemos al Estado de Derecho, ni corrupción ni impunidad.
Respeto a la libertad sindical, para que los obreros defiendan sus derechos.
El Primero de Mayo y el Primero de julio reclaman una gran participación de los trabajadores, para salvar el futuro del trabajo.
*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos

http://ljz.mx/2018/04/07/la-reforma-laboral-el-1-de-mayo-y-las-elecciones/
Justicia Laboral

Se acelera la reforma que da muerte al derecho laboral


Arturo Alcalde Justiniani
Al leer el dictamen de reforma laboral que se pretende votar la próxima semana en la Cámara de Senadores, uno concluye que en nuestro país la realidad siempre supera las expectativas. A media hora de iniciar el largo descanso de Semana Santa, el senador ex verde, ahora priísta, José María Tapia Franco, quien fuera impuesto dos días antes en el cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen de 339 páginas, que obviamente elaboró el Ejecutivo Federal, con la intención de que fuera aprobado con urgencia.
De nada sirvieron los foros, los eventos académicos, las mesas redondas y conferencias, los diálogos con las autoridades; tampoco la iniciativa de ley del PRD, apoyando un texto elaborado por la Unión Nacional de Trabajadores, ni la propuesta de ley del PAN. Fueron ignorados los compromisos contraídos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo el respeto al estado de derecho y la independencia en la impartición de justicia. Finalmente, se soslayaron las preocupaciones en el entorno de la negociación del TLCAN y de más de 180 legisladores estadunidenses que con razón expresaron preocupaciones por el modelo laboral mexicano. Al final se impuso la propuesta que impide la libertad de asociación y de negociación colectiva decente y el objetivo de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos. La prisa para la presentación del dictamen se explica porque tan sólo en cuatro semanas concluye el periodo legislativo y el PRI calcula que perderá la elección, por lo que éste es el último momento para cumplir las promesas al sector empresarial con el cual muchos de los integrantes de este gobierno comparten negocios. Poco les importa imponer la votación en un Congreso que va de salida, no les interesa la legitimidad democrática.
El proyecto de ley que pretende imponer el PRI y sus aliados, se sostiene en tres pilares básicos: el primero plantea blindar los contratos colectivos de protección patronal estableciendo requisitos insalvables para aquellos trabajadores que pretendan organizarse democráticamente y acceder a una negociación que pueda mejorar sus condiciones salariales y de vida. Se les exige como condición previa constancias documentales de las que carecen para justificar la negativa a que logren la firma de un contrato colectivo o que puedan cambiar al sindicato impuesto por el patrón. Primero, deberán confesar por escrito con que sindicato están, para que luego el patrón los pueda despedir; después, podrán iniciar un juicio para aspirar a un recuento secreto que carecerá de sentido.
El segundo, crea un muro de contención que hace la tarea de bloquear por la vía administrativa cualquier gestión, trámite o intento de cambio; para ello, el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto por el patrón (juicios de titularidad). Estos nuevos Frankestein decidirán discrecionalmente quién pasa a la segunda etapa, ante el Poder Judicial. Si no lo autorizan, los demandantes ni siquiera le verán la cara al juez (basta ver los artículos 1010, 1027 y su referencia al 1008); en otras palabras, dejarán a los verdaderos jueces sin materia de trabajo. Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado en acabar con el derecho laboral, ya que en contravención a lo señalado por la Constitución que lo considera autónomo, ahora será tripartito, con 12 miembros, cuatro para los sindicatos corporativos, cuatro para los representantes de las cámaras patronales que ocuparán sus abogados y en minoría, cuatro representantes del gobierno. Con ello se pretende que en el caso de que obtenga el triunfo un gobierno democrático, éste quede nulificado y sin presencia alguna, pues sólo tendrá un tercio de los votos. Incluso al presidente del organismo, a quien la Carta Magna otorga el carácter de rector del organismo autónomo y que es designado por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República, se le niega el derecho de voto en la instancia de gobierno. Adiós autonomía.
La tercera pinza impide que los trabajadores sean consultados por voto libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo, como lo ordena la Constitución (Fracción XXII Bis, Apartado A, Artículo 123) y como complemento, se limita la transparencia sindical, reduciendo por ejemplo, la información sobre los contratos colectivos a simples ¨versiones públicas” cuando la ley general en la materia se refiere a los textos íntegros.
No hay más espacio para exhibir las trampas de esta propuesta de ley. Sólo un ejemplo más. En el artículo 390 Bis se establece que cuando el patrón intente registrar un contrato colectivo y el nuevo monstruo tripartito, del que dicho empleador forma parte, no le conteste en 20 días, se le tendrá por autorizado automáticamente. Claro, ignorando a los trabajadores.
Parece claro que los argumentos jurídicos sobran, sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume este golpe, el más duro en la historia laboral.

  1. Pastel sindical en el nuevo aeropuerto.

Se generó una disputa entre las centrales obreras corporativas por recibir los beneficios de las cuotas sindicales y ¨gratificaciones¨ por supuestamente representar a los más de 40 mil trabajadores que laboran en la construcción del nuevo aeropuerto. Finalmente, el gobierno los concilió con un tabulador de ganancias. Según un dirigente, obtendrán lo suficiente para jubilar a todos los líderes. A este meganegocio o megacontrato de protección patronal se le denomina: el pastel. Obviamente, los trabajadores no reciben ni una rebanada.

http://www.jornada.unam.mx/2018/03/31/opinion/011a1pol