El equipo negociador mexicano no se ha desgastado en desmentir las críticas, más bien se ha concentrado en desarrollar una defensa que podríamos llamar soberanista.
Luis Miguel González
27 de julio de 2018, 01:18
En la renegociación del TLC 2.0, EU y Canadá han exigido a México que haga concesiones sustanciales en materia laboral. Las demandas más importantes se refieren a tres temas: incremento de los salarios de los trabajadores mexicanos; promoción de la democracia al interior de los sindicatos, y una mejora en el sistema de justicia laboral.
Las exigencias de los socios del TLCAN reflejan la presión de los sindicatos y de una parte de la opinión pública de Canadá y Estados Unidos. Acusan a México de utilizar la política laboral como un arma de competencia “desleal” para atraer inversiones y trasladar empleo desde Norteamérica hacia México. Sus quejas se nutren de anécdotas y datos. Constituyen una narrativa que es simple, pero apegada a la realidad: los trabajadores mexicanos reciben bajos salarios porque no tienen sindicatos que los defiendan ni tribunales que hagan valer sus derechos. El problema no es con las leyes mexicanas, sino con la forma en que éstas se cumplen en la práctica.
Los salarios en la industria automotriz son utilizados para ilustrar este punto. En México, un trabajador de esta industria gana en promedio el equivalente a 3 dólares estadounidenses. En Canadá y EU, el ingreso por hora está en el rango de 16 a 18 dólares. Esta brecha existe a pesar de que la productividad por trabajador es similar en los tres países.
¿Qué tan normal es esta situación? Podemos comparar la situación en la región América del Norte con lo que ocurre en Europa central. Las armadoras alemanas han desarrollado clústeres automotrices en países como Polonia, República Checa o Hungría. El diferencial de sueldos entre los trabajadores alemanes y los de estos países excomunistas está situado en un rango que no rebasa 50 por ciento.
El equipo negociador mexicano ha resistido “con éxito” las presiones de sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, en el llamado capítulo laboral. No se han desgastado en desmentir las críticas de fondo, más bien se han concentrado en desarrollar una defensa que podríamos llamar soberanista. México no puede aceptar que Estados Unidos y Canadá le dicten la forma en que deben funcionar sus mercados laborales. Lo que sí, han mostrado flexibilidad a que una parte de los contenidos de los autos sea producida en regiones con sueldos superiores a 15 dólares por hora.
¿Habrá cambio de línea con López Obrador? Todo parece indicar que sí. De manera extraoficial se sabe que éste es uno de los temas que se trataron en la reunión de la jefa negociadora canadiense con AMLO y su equipo. No es difícil imaginar por qué López Obrador está de acuerdo con “ceder” en este punto. Él ganaría en lo interno, al cumplir con su promesa de campaña de mejorar los salarios. Al mismo tiempo, crearía la oportunidad de destrabar la negociación. Con un México dispuesto a hacer concesiones en el capítulo laboral, Trump y Trudeau tendrían algo que presumir a sus sindicatos y a su opinión pública.
Todo esto genera algunas preguntas: ¿Qué papel jugaría el equipo negociador que encabeza Guajardo en la instrumentación de este cambio? ¿Será suficiente esta concesión para acelerar la firma de un TLC 2.0? ¿Cuánto tiempo tardarían los trabajadores mexicanos en ver los frutos? ¿Habrá reducción en las inversiones extranjeras a México?
Etiqueta: política laboral
Piden a Claudia Sheinbaum no integrar las Secretarías de Trabajo y Economía en la CDMX
El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral y académicos en lo personal se han manifestado públicamente contra la propuesta de la próxima Jefa de Gobierno de la CDMX de integrar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a la de Economía.
Advierten que las actividades de la Secretaría de Trabajo, como la procuración de la defensa del trabajo no son factibles que las realice la de Economía. Y señala que “el mayor espacio laboral del país, quedaría acéfala en la materia”
Por el bien de todos, los trabajadores deben estar en el centro de la gestión gubernamental a todos los niveles.
Por su parte Graciela Bensusán especialista en estudios del trabajo, a nombre personal y de otros especialista solicitó a Claudia Sheinbaum establecer el diálogo, así como expuso sus puntos de vista “nos parece que la integración de la función relativa al empleo en otra dependencia va en contra de lo que se espera de un gobierno de izquierda y de las tendencias que hoy experimentan ciudades globales, cada vez más interesadas en la suerte de quienes trabajan en ellas y en sus condiciones particulares”.
“Revitalizar la política laboral como principal instrumento de inclusión social ha sido clave para disminuir la pobreza y la desigualdad así como para dar a los trabajadores la voz colectiva de la que fueron excluidos en la definición de las políticas. Abandonar esta centralidad, cuando desparecen o se adelgazan las secretarías de trabajo, lleva justamente al aumento de la pobreza y la desigualdad. De hecho, son gobiernos de derecha como el de Uribe en Colombia, Macri en Argentina o Temer en Brasil los que buscan a toda costa disminuir la importancia de la política laboral y reducir los recursos e instancias a cargo de su implementación”
En carta Bensusán también señala que “en el nuevo contexto económico mundial, son justamente los gobiernos progresistas de las ciudades globales los que están adoptando los instrumentos necesarios para garantizar las exigencias de protección social sin descuidar los requerimientos y condicionamientos de mercados laborales altamente competitivos, expuestos a las transformaciones tecnológicas y a una nueva informalidad laboral”
“¿Puede la CDMX ignorar estas tendencias, por más que resulte conveniente para aligerar la carga de la administración de la ciudad? Sería lamentable que sin un diagnóstico cuidadoso de los instrumentos que deben aprovecharse para incidir sobre la calidad de los empleos y sin medir las consecuencias del debilitamiento de esta función, se desaparezca una instancia que bien diseñada e implementada puede volverse en adelante un recurso poderoso para mejorar las condiciones laborales de los millones de trabajadores que habitan en la CDMX.”
A Continuación presentamos los textos completos
1) Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral
- Claudia Sheinbaum Pardo:
El OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA REFORMA LABORAL integrado por sindicatos independientes, académicos y ciudadanos interesados por el futuro laboral, se reunió el pasado 18 de julio, con una asistencia tanto física como a través de medio electrónico que nos permite estimar una presencia de más de mil personas.
Con desconcierto recibimos información relacionada con que piensas integrar la Secretaria del Trabajo del gobierno de la Ciudad de México a la de Economía.
El Observatorio, con la participación de la Secretaria del Trabajo y la Presidenta de la CDH de CM, jugó un papel importante en detener la iniciativa presentada por CTM y CROC, reglamentaria de la reforma constitucional de febrero de 2017 y actualmente se encuentra con entusiasmo trabajando para, al inicio del próximo período legislativo, presentar una iniciativa reglamentaria democrática y que termine con la simulación contractual.
En esas condiciones y sabedor que muchas de las actividades de la indicada Secretaría no son factibles que las realice la de Economía, ejemplo; la de procuración de la defensa del trabajo, te invito a que consideres que no es afortunada la supresión de la de Trabajo de la Ciudad de México, el mayor espacio laboral del país, quedaría acéfala en la materia.
ATENTAMENTE
Coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral
José Alfonso Bouzas Ortíz
2) Graciela Bensusán
Estimada #ClaudiaSheinbaum:
Mi nombre es Graciela Bensusán, soy especialista en estudios del trabajo y como muchos, una admiradora del proyecto que tú encabezas en la ciudad y Andrés Manuel López Obrador en el país. Te escribo porque he recibido varios mensajes de diferentes colegas expresando una gran preocupación por el peligro de que se proponga, como parte de la reestructuración de la administración de la CDMX, la desaparición de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Me han pedido que te exprese nuestro punto de vista al respecto.
Entendemos perfectamente la necesidad de revisar las estructuras administratativas y evitar el desperdicio de recursos para hacer más eficaz el gobierno que muy pronto estará a tu cargo.
Sin embargo, nos parece que la integración de la función relativa al empleo en otra dependencia va en contra de lo que se espera de un gobierno de izquierda y de las tendencias que hoy experimentan ciudades globales, cada vez más interesadas en la suerte de quienes trabajan en ellas y en sus condiciones particulares.
No hay que olvidar las responsabilidades que se derivan del importante artículo 10, apartado B, incluido en la Constitución de la CDMX, que logró establecer, superando resistencias injustificables, un innovador marco de derechos para los trabajadores que habitan en ella y los servidores públicos que las autoridades deberán atender para hacerlos efectivos. Nos parece que este nuevo marco institucional ofrece una oportunidad invaluable para un gobierno de izquierda que se propone cerrar las vías a la delincuencia a partir de asegurar una vida digna a sus habitantes.
El tema de la calidad del empleo está hoy en el centro de las políticas públicas que buscan luchar contra la pobreza y la desigualdad y reconocen que las políticas sociales adoptadas en los últimos treinta años no han sido capaces de promover la inclusión y el bienestar de los ciudadanos, la mayor parte de los cuales viven de los ingresos provenientes del trabajo.
No solo los organismos internacionales lo reconocen, como es el caso del FMI, el BM y el BID, junto a la OIT, sino que la experiencia de los gobiernos de izquierda en la región lo ha demostrado. Revitalizar la política laboral como principal instrumento de inclusión social ha sido clave para disminuir la pobreza y la desigualdad así como para dar a los trabajadores la voz colectiva de la que fueron excluidos en la definición de las políticas. Abandonar esta centralidad, cuando desparecen o se adelgazan las secretarías de trabajo, lleva justamente al aumento de la pobreza y la desigualdad. De hecho, son gobiernos de derecha como el de Uribe en Colombia, Macri en Argentina o Temer en Brasil los que buscan a toda costa disminuir la importancia de la política laboral y reducir los recursos e instancias a cargo de su implementación.
En cambio, en el nuevo contexto económico mundial, son justamente los gobiernos progresistasde las ciudades globales los que están adoptando los instrumentos necesarios para garantizar las exigencias de protección social sin descuidar los requerimientos y condicionamientos de mercados laborales altamente competitivos, expuestos a las transformaciones tecnológicas y a una nueva informalidad laboral que resulta del trabajo en plataformas digitales. Justamente este tipo de ciudades, como la CDMX, son las que más pronto y con mayor profundidad experimentan el deterioro de los empleos y la necesidad de contrarrestarlo a través de una permanente y cuidadosa intervención.
¿Puede la CDMX ignorar estas tendencias, por más que resulte conveniente para aligerar la carga de la administración de la ciudad?Nos parece que esta intervención es hoy más importante que nunca en nuestra ciudad, en un contexto en donde se han adoptado importantes reformas constitucionales (como la de febrero de 2017 en el artículo 123) y una nueva Constitución para la ciudad. Sin duda estas tareas requieren de una estrecha colaboración entre autoridades locales y federales en diversos ámbitos que fortalezcan la capacitación de los trabajadores asalariados y no asalariados, la protección ante el desempleo, la conciliación de los conflictos y el ejercicio concurrente de funciones de fiscalización e inspección que podrán incidir en niveles más altos de formalización laboral y supresión de prácticas de simulación que afectan a millones de trabajadores y empresas.
Por lo anterior, concluimos que sería lamentable que sin un diagnóstico cuidadoso de los instrumentos que deben aprovecharse para incidir sobre la calidad de los empleos y sin medir las consecuencias del debilitamiento de esta función, se desaparezca una instancia que bien diseñada e implementada puede volverse en adelante un recurso poderoso para mejorar las condiciones laborales de los millones de trabajadores que habitan en la CDMX.
Te proponemos respetuosamente que antes de tomar esta decisión establezcamos un diálogopara analizar las oportunidades que para el gobierno de la ciudad se abren si se decide a asumir las responsabilidades que se derivan del nuevo marco institucional de la ciudad, comprometido con los derechos humanos laborales y a tono con las transformaciones que se vienen experimentando en ciudades como ésta.
Parafraseando un lema muy querido, por el bien de todos los trabajadores deben estar en el centro de la gestión gubernamental a todos los niveles.
Atentamente
Graciela Bensusán, UAM X.
Próximo gobierno intensificaría inspección laboral
Certificación de trabajo justo, inserción digna de los migrantes mexicanos y plataforma digital para el empleo, entre otros objetivos.
María Del Pilar Martínez
10 de julio de 2018, 00:48
El próximo gobierno que encabezará el candidato ganador en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, contiene como ejes fundamentales de la política laboral aspectos como: la formación profesional y capacitación para el trabajo; aumento del salario mínimo; facilitar negociación colectiva; recuperar la inspección de trabajo; plataforma digital para el empleo; certificación de trabajo justo; inserción digna de los migrantes mexicanos, y programa de certificación de competencias y habilidades para el trabajo.
Plasmados en el Proyecto 18, los ocho ejes están encaminados a recuperar las condiciones de trabajo, en donde el salario sea digno y haya transparencia en la contratación colectiva y la libertad sindical.
Respecto al salario mínimo, dado el diagnóstico en el que después de 35 años se ha perdido el poder adquisitivo 75, y 67% de la población ocupada percibe menos de tres salarios mínimos. se pretende transitar hacia un proceso de recuperación del salario mínimo de manera paulatina.
En el proyecto se explica que el incremento “sería en una primera etapa, superar la línea de bienestar mínimo establecido por el Coneval, con el fin de que este proceso sea compatible con la nueva política económica”.
Así, la propuesta consiste en un impulso al salario mínimo mediante un incremento anual de 15.6% más inflación, para llegar al fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya generado en el periodo. También se incluye el salario mínimo profesional que también se vería mejorado.
Tomando como base la reforma constitucional que realizó el presidente Enrique Peña Nieto, en febrero del 2017, el próximo gobierno buscará crear una nueva instancia que promueva y fortalezca la negociación colectiva.
Lo anterior, debido a que en el país sólo 10% de los trabajadores cuenta con un sindicato y de éstos se calcula que 90% se encuentra sujeto a contratos de protección; es decir, contratos que se firman sin el consentimiento de los trabajadores, y esta situación ha llevado a que se deterioren los salarios y condiciones de trabajo. Para ello se realizará una amplia inspección en el trabajo, lo que permitirá realizar diagnósticos, cuyo fin es corregir y recuperar las mejores condiciones laborales.
En este sentido, el próximo gobierno pretende aumentar el número de inspectores, pues parte de la problemática que tiene el sector laboral es que hay incumplimiento en buena medida de las normas en el mercado laboral, lo que ha permitido que avance la subcontratación ilegal o el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social y la ausencia en el pago de utilidades.
Asimismo, hay un señalamiento por parte de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre nuestro país con el menor número de inspectores, frente a su población trabajadora. Para ello se integrarán 500 inspectores, para llegar a 1,500, para que al final del sexenio se cumpla con 50% que recomienda la OIT.
“Por muchos años se ha denunciado la existencia de los contratos de protección, organismos como la OIT han pedido a nuestro país que informe qué se ha hecho para reducir esta actividad, que incluso llegó a las negociaciones como el TLC, es momento de que se revisen”, afirmó Alfonso Bouzas, abogado laboral de la UNAM.
Empresas certificadas por dar trabajo justo
Como parte de la política laboral, se incluye el concepto de “trabajo justo”, por ello se creará la Certificación de Trabajo Justo, y será un reconocimiento a firmas que otorguen salarios justos, ello sería “previamente determinado por un grupo de expertos, académicos y miembros de la sociedad civil, entendiendo por salarios los inscritos en el IMSS”. Ricardo Martínez Rojas, abogado laboral de De la Vega & Martínez, comentó que “es importante que se avance con las leyes secundarias sobre la reforma a la justicia laboral, en gran medida ahí se tocan temas de interés que van a corregir parte de las preocupaciones que hay en materia laboral en el país”.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Proximo-gobierno-intensificaria-inspeccion-laboral-20180710-0019.html
Los ocho ejes de la política laboral del gobierno electo
Mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y transparencia en la contratación colectiva y libertad sindical son algunas de las ideas rectoras de la política en materia de política laboral del gobierno de Andrés Manual López Obrador que tomará posesión en diciembre.
María Del Pilar Martínez
08 de julio de 2018, 17:59
El próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tiene como ejes fundamentales de la política laboral: la formación profesional y capacitaciónpara el trabajo; aumento del salario mínimo; facilitar negociación colectiva; recuperar lainspección de trabajo; plataforma digital para el empleo; certificación de trabajo justo; insercióndigna de los migrantes mexicanos, y programa de certificación de competenciasy habilidades para el trabajo.
Plasmados en elProyecto 18, los 8 ejes están encaminados a recuperar las condiciones de trabajo, con un salario sea digno y transparencia en la contratación colectiva y la libertad sindical.
Respecto al salario mínimo, dado el diagnóstico según el cual después de 35 años los trabajadores han perdido un 75 por ciento del el poder adquisitivoy el 67 por ciento de la población ocupada percibe menos de 3 salarios mínimos, el nuevo gobierno pretende transitar hacia un proceso de recuperación del salario mínimo de manera paulatina.
Superar la línea del bienestar mínimo
En su proyecto, el Movimiento por la Regeneración Nacional explica que el incremento “sería en una primera etapa, superar la línea de bienestar mínimoestablecido por el CONEVAL, con el fin de que este proceso sea compatible con la nueva política económica”.
Así, la propuesta consiste en unimpulso al salario mínimo mediante un incremento anual del 15.6 por ciento más inflación, para llegar al fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya generado en el periodo.
Los planes también incluyen un aumento del salario mínimo profesional y se elaborará un listado de profesiones considerando el mercado de trabajo y a los jornaleros agrícolas. Todo ello servirá de base para que, mediante el impulso de una negociación colectiva auténtica, se mejoren el resto de los salarios.
Tomando como base la reforma constitucional que realizó el presidente Enrique Peña Nieto, en febrero de 2017, el próximo gobierno buscará crear una nueva instancia que promueva y fortalezca la negociación colectiva.
Eliminar contratos de protección
Esta medida se fundamenta en en el hecho de que en el país sólo 10 por ciento de los trabajadores cuenten con un sindicato y de estos se calcula que el 90 por ciento están sujetos a contratos de protección, que se firman sin el consentimiento de los trabajadores. Esta situación ha llevado a que se deterioren los salarios y condiciones de trabajo.
“Por muchos años se ha denunciado la existencia de los contratos de protección. Organismos como la OIT han pedido a nuestro país que informa qué se ha hecho para reducir esta actividad, que incluso llegó a las negociaciones como el TLC, es momento de que se revisen”, afirmó a Factor Capital Humano Alfonso Bouzas, abogado laboral de la UNAM.
Por este motivo, el nuevo gobierno pretenderá realizar aumentar las inspecciones de trabajo. Esto que permitirá realizar diagnósticos, cuyo fin, es corregir y recuperar las mejores condiciones laborales.
En este sentido, el próximo gobierno pretende aumentar el número de inspectores, porque según el diagnóstico de Morena, parte del problema es que se incumplen las normales laborales existentes,lo que ha permitido que avance la subcontratación ilegal o el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social y la ausencia en el pago de utilidades.
Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo ha señalado que nuestro país tiene un numero muy bajo de inspectores, frente a su población trabajadora. Para ello se integrarán 500 inspectores y llegar asi a 1,500 para que al final del sexenio se cumpla con el incremento del 50 por ciento del número actual que recomienda la OIT.
Certificación de empresas por dar trabajo justo
Como parte de la política laboral, el nuevo gobierno pretende incluir el concepto de “trabajo justo”y por ello, se creará la “Certificación de Trabajo Justo”, que será un reconocimiento a empresas que otorguen salarios justos, según criterios “previamente determinados por un grupo de expertos, académicos y miembros de la sociedad civil, entendiendo por salarios los inscritos en el IMSS”.
La certificación se hará pública para que se conozcan a las empresas que otorguen salarios justos y cumplan con los derechos laborales, y “promoverá la vigilancia ciudadana y será considerada para las licitaciones públicas”.
Por otra parte, Ricardo Martínez Rojas, abogado laboral del despacho De la Vega & Martínez, comentó que “si bien hay temas pendientes, es importante que se avance con las leyes secundarias sobre la reforma a la justicia laboral, en gran medida ahí se tocan temas de interés que van a corregir parte de las preocupaciones que hay en materia laboral en el país”.
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Los-ocho-ejes-de-la-politica-laboral-del-gobierno-electo-20180708-0033.html
Nueva política laboral…pero «aguas»
Lunes 9 de julio de 2018
La política laboral cambiará. Será un comenzar de nuevo. Basta ver el perfil de la que será la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, para entender que muchas cosas no serán como antes.
Mujer de izquierda, egresada de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de México, con maestría en políticas públicas en la Universidad Californiana de Berkeley en Estados Unidos.
Es hija del afamado abogado laboral de las “causas difíciles” Arturo Alcalde, asesor de múltiples sindicatos, enemigo de las políticas laborales de corte empresarial.
Habrá una fuerte inclinación hacia todo aquello que beneficie al trabajador. De entrada, la reforma a la justicia laboral será modificada; la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos vive sus últimos meses; los cacicazgos sindicales desaparecerán y apretarán a los gremios para que democraticen sus procesos internos.
Los trabajadores encontrarán un aliado en el próximo Gobierno, que buscará al precio que sea, una cascada de beneficios sociales, aunque apriete de más las finanzas públicas del país.
Durante los Gobiernos priistas y panistas las acciones en el campo laboral priorizaron siempre las variables macroeconómicas y el bienestar empresarial perjudicando a la base trabajadora al ofertarle empleos precarios y con poca estabilidad.
Ahora, nos iremos al otro extremo. Irán al rescate del trabajador oprimido sin encontrar un punto medio.
DE SALIDA AL CHECADOR
Los extremos generan crisis. Valdría la pena irnos con calma.
Sin estudio serio de por medio, sin los recursos ya en la mano, se ha prometido a 2.6 millones de estudiantes obtener un salario de 3,400 pesos mensuales para que dejen de ser ninis y puedan trabajar y estudiar. Además, de ofrecer apoyos económicos de por vida a discapacitados y pensiones al doble.
Loable es mejorar la realidad de los mexicanos, pero sin “romper el cochinito” porque corremos el riesgo de quedarnos sin recursos. Que no se busque cobijar la cabeza descobijando los pies.
http://www.elpulsolaboral.com.mx/columnas/14270/horas-extras
Luisa María Alcalde, futura secretaria de trabajo: agenda y credenciales de izquierda
La titular más joven del gobierno electo considera la política laboral como una herramienta fundamental para atacar la pobreza, la desigualdad y para pacificar el país.
Geert Rombaut
06 de julio de 2018, 07:25
Cuando en diciembre ocupe su cargo como secretaria de Trabajo y Previsión Social de Luisa María Alcalde Luján será con sus 31 años de edad la titular más joven del gobierno liderado por Manuel López Obrador.
Luisa María Alcalde nació en una familia con credenciales de izquierda: su padre, Arturo Alcalde es un prestigiado abogado y asesor laboral y sindical que es columnista habitual en La Jornada y su madre, Bertha Luján fungió como encargada de la Contraloría del gobierno del Distrito Federal durante la administración de Manuel López Obrar. Ahora, Bertha Luján es presidenta del Consejo Nacional de Morena.
La joven política inició su militancia en2005, participando en el movimiento contra el desafuero de Manuel López Obrador cuando este era Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En 2011, se afilió al recién fundado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el año siguiente, el partido Movimiento Ciudadano la nombródiputada federal plurinominal. Ocupó este cargo hasta 2015.
Igual que otros 8 miembros del gobierno federal, Alcalde estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde terminó la carrera de Derecho en 2011. Después hizo una maestría en políticas públicas en la universidad californiana de Berkeleyen Estados Unidos.
A continuación citamos algunas declaraciones de la futura encargada de la política laboral federal retomadas de una entrevista de 50 minutos hecha el pasado 11 de mayo en la plataforma multimedia nación321.
Política laboral
“Estoy convencida de que la política laboral es unaherramienta que será fundamental para atacar la pobreza, la desigualdad y para pacificar el país”.
Salarios mínimos
“Hasta ahora, la política de salario mínimo ha sido decreto presidencial. Fue decisión de los gobiernos mantener el salario por debajo de las líneas de bienestar. Hay muchísimos estudios que demuestran que la productividad ha aumentado por encima del salario.
«Nuestra propuesta para el salario mínimo (actualmente en 88 pesos diarios) es hacer aumentos parcialesde manera responsable para llegar a duplicarlohasta el final del sexenio.
“Creo que ellos (grandes empresarios y los últimos gobiernos) sostienen la tesis que para que se puedan crear empleos, hay que mantener los salarios precarios, porque los hace atractivos en el extranjero. Dicen: para que venga capital, mantenemos los salarios bajos y restringimos la libertad sindical.
Outsourcing
“En 2012, Felipe Calderón presentó una iniciativa con la que quiso abrir la puerta de par en para a la subcontratación. En aquel momentose incluyeron muchos candados que hasta hoy no se cumplen porque desde entonces, la política de estado ha sido hacer la vista gorda.
«Nuestro plan es recuperar la inspección de trabajo y verificar que no haya abusos en la subcontratación. No se trata de eliminarla. Es una figura que se puede comparar con el colesterol: hay bueno y hay malo.
No hay inconveniente en que las empresas subcontraten algún servicio específico que no tenga que ver son su actividad principal. El problema son los abusos y las simulaciones. Es una figura que tiene que ser limitada y los candados que se pusieron hay que respetarlos”.
Justicia laboral
“Con la eliminación de las juntas de conciliación, toda la justicia laboral pasará al poder judicial.El problema era que antes, el poder ejecutivo metía mucha mano en la justicia laboral. Donde antes los procesos tardaban hasta cinco años, ahora va ser mucho más expedito”.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Luisa-Maria-Alcalde-futura-secretaria-de-trabajo-agenda-y-credenciales-de-izquierda-20180706-0044.html
A debate nacional el tema laboral
JESÚS ENRIQUE RAMÍREZ PÉREZ·29/06/2018
Hace unos días, vi con atención un análisis de la Organización Internacional del Trabajo relativo a lo que deberá ser el futuro del tema laboral en el país, y en donde se hacía énfasis en el mejoramiento del poder adquisitivo del salario, por la vía que mejor convenga a México y los mexicanos, y con ello, la necesidad de reorientar políticas encaminadas a una mejor distribución de la riqueza.
La política laboral pública ha sido menospreciada por las últimas administraciones federales, advirtiendo ello con un factor que ha sido determinante en el deterioro del poder adquisitivo del salario, ya que desde Ernesto Zedillo Ponce de León, los incrementos al salario mínimo han sido, insistentemente, para tratar de cubrir el incremento inflacionario, propiciando, desde las propias políticas de estado, el estancamiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
Durante la presente administración de Enrique Peña Nieto, sus políticas laborales se enfocaron a la creación de nuevos empleos sin importar el nivel de remuneración, dando como consecuencia, el mantenimiento estadístico de creación de fuentes de empleo, pero con una evidente precariedad salarial, al grado de que los jóvenes prefieren seguir de Ninis, ocupando el hogar paterno, en espera de una mejor oportunidad salarial que no llega.
El análisis en comento destaca que la cantidad de empleos creados no debe ser la única medida con la cual se evalúa una política de capital humano: hay componentes como salud, vivienda, salarios y precariedad donde nuestro país ocupa lugares muy rezagados en las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo.
Ante ello, sugiere el organismo internacional, que la nueva administración federal deberá impulsar un gran debate nacional sobre capital humano y capital social en el que confluyan las voces de la academia, los legisladores, los empleadores y los trabajadores y del ejecutivo. Este diálogo social necesita una mayor legitimidad a partir de una mayor participación democrática de los representantes de los sectores productivos, tanto de los empleadores como de los sindicatos.
Y es que por décadas, el Gobierno Federal ha sido el principal obstáculo para que empresarios y trabajadores puedan pactar salarios más dignos, sin que las políticas fiscales, por ejemplo, castiguen la creación de nuevos empleos y el pago de mejores salarios.
Es tiempo, pues, de abrir al debate nacional aspectos, no sólo de la justicia laboral, sino el tema toral como el de mejorar los ingresos de la clase trabajadora, y dejar atrás, de una vez por todas, el añejo discurso de que los salarios no se aumentan para no generar inflación. Ese cuento ya nadie lo cree.
crom_ags@hotmail.com | /CROMAguascalientes
http://www.lja.mx/2018/06/a-debate-nacional-el-tema-laboral-la-formula-del-cafe-con-leche/
¿Cómo desactivar la bomba del encono?
HORAS EXTRAS
Domingo 13 al 20 de mayo
Por Arturo Rivero
El verdadero cambio social que gritan millones es una auténtica Reforma Laboral que esté enfocada en el rescate de una base trabajadora vapuleada, víctima de empleos precarios, de salarios muy bajos, sin oportunidades de desarrollo, engañada y condenada al olvido.
Sin embargo, a 50 día de que culminen las campañas a la Presidencia de la República, a ningún Candidato se le ocurre proponerla. ¿Por qué? … O no conviene, o de plano el verdadero quehacer de la política que es servir, se perdió.
Se proponen cambios en el campo educativo, infraestructura, energético, de seguridad; los cacarean mañana, tarde y noche, pero el planteamiento de gran calado en materia laboral no aparece.
¿Qué no se dan cuenta que hay más de 54.9 millones en edad de trabajar en México, y que de esos, 52.8 millones están desempeñado algún trabajo?
Son mexicanos en edad de votar, que están hasta el copete de que su realidad de vida cada vez empeore, de ver como sus hijos se extravían; de la frustración de trabajar en lo que no se quiere pero no hay de otra; de estudiar años y años para nada; son mexicanos que están dispuestos a castigar o premiar a aquel que los rescate del abismo de la desigualdad, pobreza, desesperación, del enojo.
Pero hasta ahora nadie los ve ni los escucha.
Lo que se promete en el campo laboral son vaciliadas: brindar sueldos a ninis mientras encuentran un empleo; tonterías como darle mil 200 pesos mensuales a las jefas de familia (salario rosa); darle un reconocimiento jurídico al trabajo doméstico, o ahora sí, al salario mínimo otorgarle una categoría de salario digno… ocurrencias, ocurrencias y más ocurrencias. Una tomada de pelo.
La política laboral es un desastre. Aquí simplemente algunas pruebas:
- El Presidente Enrique Peña Nieto dirá que se acaban de alcanzar los 3.6 millones de empleos formales en su Gobierno. Y sí, pero más de tres cuartas partes son trabajos precarios con salarios que no superan los 8 mil pesos mensuales y en casi todos con prestaciones básicas, no más.
- Se dirá que como nunca, que la paz laboral se mantiene como un signo de la estabilidad que prevalece en el campo de trabajo. Es una mentira. Hoy una de las máximas prioridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es, efectivamente, mantener el cero en el registro de huelgas a costa del sometimiento de los pocos sindicatos que realmente defienden los intereses de los trabajadores. Porque hay otros, que literal, están al servicio de la dependencia laboral.
- Presumirá la STPS que en esta Administración de Peña Nieto el salario mínimo aumentó 18 por ciento al situarse hoy en 88.36 pesos diarios, ni la burla perdonan; como si ganar 2 mil 650 pesos mesuales fuera muy digno. Hoy más de 7.9 millones alcanzan esa remuneración.
- Como estará la precariedad del empleo en la que se encuentran millones que apenas 7 por ciento de los 60 millones de trabajadores con Afore hace aportaciones voluntarias. Literal, o ahorran o comen.
- A las madres trabajadoras cada mayo un tributo oficial y su regalo mediático que les recuerda su deplorable realidad: 8 millones laboran en la informalidad y 6 de cada 10 lo hacen sin acceso a instituciones de salud y sin prestaciones de ley. Sus hijos a la deriva, presas de la descomposición social.
- Este panorama desolador de años contamina los ambientes laborales en las empresas. La insatisfacción y frustración convierten a 8 de cada 10 empresas en tóxicas, dice la Facultad de Psicología de la UNAM. La fuerza laboral experimenta estrés, síndrome del agotamiento, acoso laboral y sexual.
El mercado de trabajo en México está en crisis y no lo quieren reconocer. Ni los que se van, ni los que están a punto de llegar.
Muchas palabras, nulas acciones. El verdadero cambio está en una Reforma Laboral con sensibilidad social que dé empleos estables, bien remunerados, con oportunidades.
Todo eso se traduce en bienestar y cuando ese bienestar toca a la familia, la paz y la tranquilidad vuelven al alma. Ahí está la llave que puede desactivar la bomba del encono.
Pero no. La indiferencia y la soberbia de los que ostentan el poder es tan grande que les vale. Les va a costar, al tiempo.
http://www.elpulsolaboral.com.mx/columnas/13786/horas-extras
Los gobiernos de México firman y firman tratados donde sólo los obreros pierden, siempre: Red TDT
Por Redacción / Sin Embargo
SinEmbargo
mayo 01, 2018
1:21pm
1 Comentarios
SECCIÓN economía
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, integrada por 84 organizaciones, denunció que el modelo de negociación y firma de tratados comerciales que ha aplicado el Gobierno de México durante décadas es antidemocrático, poco transparente y viola los derechos de los trabajadores.
Los 12 tratados y 41 acuerdos comerciales firmados por México han generado pobreza para los trabajadores y sólo se garantizan mecanismos de protección a las empresas.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– Los 12 tratados y 41 acuerdos comerciales firmados por México han generado pobreza y deterioro para los trabajadores, denunciaron hoy 84 organizaciones civiles y exigieron un debate abierto sobre la política laboral del país con la participación de sindicatos democráticos, ciudadanos y colectivos.
Las organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, denunció que por décadas el Gobierno de México ha pactado acuerdos comerciales y creado reformas que vulneran los derechos de mexicanos.
Un ejemplo claro de ello, dijo, es el contexto de la firma del TLCAN en 1994.
“Para firmarlo, el gobierno de aquel entonces argumentó que se generarían más empleos con mejores salarios, se mitigarían las causas de la migración y, en general, las y los mexicanos tendríamos una mejor calidad de vida. Sin embargo, después de más de 20 años, lo comprobable es la precarización de las condiciones laborales”, mencionaron las organizaciones a través de un comunicado difundido hoy en el Día del Trabajo.
México es el país que más ha firmado tratados en el mundo. Actualmente ccuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Para las organizaciones, la renegociación del TLCAN sostiene las mismas estrategias que excluyen a los trabajadores: otorgamiento total de facilidades a los mercados transnacionales; abaratamiento de la mano de obra; condiciones laborales precarias: subcontratación, horarios poco estables, falta de acceso a servicios de salud, pérdida de antigüedad y pensiones mínimas.
En contraste, señalaron, se garantizan mecanismos de protección a las empresas en demérito de los derechos.
Otro acuerdo que pone en alerta a las organizaciones es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), recién ratificado por el Senado. Acusan que no solo es grave por su falta de consulta pública, también por la acción estatal, la cual ha excluido de esta política pública fundamental a las personas, y colectividades que han manifestado su oposición a este tipo de acuerdos.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos denunció que con la reforma a la Ley Federal del trabajo en 2012 y la reforma del 2017 se consolidó la precarización y violación de los derechos de las y los trabajadores.
La Reforma Constitucional de Justicia Cotidiana promulgada el 24 de febrero del 2017 suponía importantes cambios institucionales, pero en la realidad, indicaron las organizaciones, las Juntas siguen otorgando rutinariamente reconocimiento legal a contratos de protección patronal y han obstaculizado el derecho de las y los trabajadores a la libertad de asociación sindical. Los impactos reales de la reformas 2012 y 2017, podemos observarlas, como hemos dicho en la precarización del trabajo y las condiciones laborales, con mayor impacto en las mujeres.
“La reforma del 2012 falló en combatir la desigualdad por género. Prometió mejorar la protección legal para las mujeres trabajadoras por acoso sexual, discriminación, licencias por maternidad y paternidad, e impedir la exigencia de pruebas forzadas de embarazo. Hoy, las organizaciones defensoras de derechos humanos laborales seguimos identificando la vulneración de los derechos en estos temas en las empresas de manufactura y ensamble”, destacaron.
Este primero de mayo, la Red TDT se pronunció por leyes laborales más justas en México, creadas con la participación de los trabajadores.
“Nos parece evidente que es necesario un replanteamiento de la política de apertura indiscriminada al comercio y a la inversión, pasando por encima del origen social de nuestro régimen político”, exigieron.
Para las organizaciones sociales, el modelo de negociación y firma de tratados comerciales no sólo es profundamente antidemocrático y poco transparente, sino que pone en riesgo la soberanía y la integridad de México y los derechos de los trabajadores.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos exigió:
– Que no se aprobara una reforma laboral secundaria, puesto que no ha sido puesta a consulta y perjudicaría aún más a la clase trabajadora de este país.
– Un debate abierto sobre la política laboral por parte del Gobierno federal con la participación de los sindicatos democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y colectivos que trabajan derechos humanos laborales.
– Revocar la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
– La apertura de un diálogo nacional para valorar qué tipo de acuerdos y relaciones comerciales que deseamos tener con la región norteamericana.
Imágenes de las manifestaciones de trabajadores mexicanos en el Día del Trabajo. Fotos: Cuartoscuro y Twitter @Coordinadora1DM
Por Redacción / Sin Embargo
http://www.sinembargo.mx/01-05-2018/3413517
Red TDT | Pronunciamiento Red TDT por el día del trabajo
Publicado en 1 mayo, 2018
Por condiciones dignas de trabajo y contra las reformas neoliberales: tratados y reformas han lastimado a las y los trabajadores de México
- Es grave que las políticas públicas de asociación comercial se hayan construido desde la exclusión a las personas, y colectividades que han manifestado su oposición a este tipo de acuerdos.
- Los acuerdos comerciales firmados por México han generado pobreza y deterioro de los derechos laborales.
- Las reformas recientes incentivan la precarización y violación de los derechos de las y los trabajadores al tiempo que consolidan la desigualdad de género.
Por décadas y décadas los gobiernos neoliberales han pactado acuerdos comerciales y creado reformas que vulneran los derechos de mexicanos y mexicanas. Un ejemplo claro de ello, es el contexto de la firma del TLCAN en 1994. Para firmarlo, el gobierno de aquel entonces argumentó que se generarían más empleos con mejores salarios, se mitigarían las causas de la migración y, en general, las y los mexicanos tendríamos una mejor calidad de vida. Sin embargo, después de más de 20 años, lo comprobable es la precarización de las condiciones laborales.
Actualmente, la renegociación del TLCAN sostiene las mismas estrategias: otorgamiento total de facilidades a los mercados transnacionales; abaratamiento de la mano de obra; condiciones laborales precarias: subcontratación, horarios poco estables, falta de acceso a servicios de salud, pérdida de antigüedad y pensiones mínimas. En contraste se garantizan mecanismos de protección a las empresas en demerito de los derechos.
La ratificación reciente del Senado de la República al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) no solo es grave por su falta de consulta pública. Es sumamente preocupante por la acción estatal que ha excluido de esta política pública fundamental a las personas, y colectividades que han manifestado su oposición a este tipo de acuerdos.
Esto ha sucedido también durante el proceso de actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. ¿El beneficio que representan justifica el despojo a las y los trabajadores de sus derechos? La realidad demuestra lo contrario: la precarización de las condiciones de trabajo, los sueldos y la oferta van empeorando. Resulta innegable que las reformas estructurales de esta administración han situado al pueblo de México entre los países con mayor desigualdad: nuestra tasa de pobreza es de 53 millones de pobres (INEGI). Esto además adolece un componente de discriminación por género, afectando en mayor medida a las mujeres.
Con la reforma a la Ley Federal del trabajo en 2012 y la reforma del 2017, se consolidó la precarización y violación de los derechos de las y los trabajadores. La Reforma Constitucional de Justicia Cotidiana promulgada el 24 de febrero del 2017 suponía importantes cambios institucionales como: 1) la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales Laborales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación; 2) se construiría un nuevo organismo público descentralizado para la conciliación y resolución de conflictos laborales; 3) para el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo; 4) que las y los trabajadores serían consultados mediante voto personal, libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo de trabajo.
En la realidad, las Juntas siguen otorgando rutinariamente reconocimiento legal a contratos de protección patronal y han obstaculizado el derecho de las y los trabajadores a la libertad de asociación sindical. Los impactos reales de la reformas 2012 y 2017, podemos observarlas, como hemos dicho en la precarización del trabajo y las condiciones laborales, con mayor impacto en las mujeres.
La reforma del 2012 falló en combatir la desigualdad por género. Prometió mejorar la protección legal para las mujeres trabajadoras por acoso sexual, discriminación, licencias por maternidad y paternidad, e impedir la exigencia de pruebas forzadas de embarazo. Hoy, las organizaciones defensoras de derechos humanos laborales seguimos identificando la vulneración de los derechos en estos temas en las empresas de manufactura y ensamble (confección, electrónica, automotriz, farmacéutica, aeronáutica, etc).
Los cambios aprobados por la Cámara de Diputados, en la definición de las tablas de enfermedades y riesgos de trabajo tiene enormes consecuencias en la calidad de vida de las y los trabajadores. Las organizaciones defensoras de derechos humanos laborales identificamos un conflicto de interés al facultarse a las empresas a definir el pago por enfermedad. Dependiendo de esas definiciones una persona trabajadora recibiría el 60% o el 100% de su salario en caso de incapacidad precisamente el segundo caso depende de las definiciones de enfermedad, infección, intoxicación o accidente laboral.
Por las anteriores consideraciones este primero de mayo La Red TDT se pronuncia por leyes laborales más justas, creadas con la participación de las y los trabajadores. También resulta fundamental que se garantice la libertad de asociación, la contratación colectiva y un trabajo en condiciones más dignas.
Nos parece evidente que es necesario un replanteamiento de la política de apertura indiscriminada al comercio y a la inversión, pasando por encima del origen social de nuestro régimen político. El modelo de negociación y firma de tratados comerciales no sólo es profundamente antidemocrático y poco transparente, sino que pone en riesgo nuestra soberanía y la integridad misma de nuestra Nación y derechos.
En virtud de ello, realizamos las siguientes exigencias:
- No debe aprobarse la reforma laboral secundaria, puesto que no ha sido puesta a consulta y perjudicaría aún más a la clase trabajadora de este país.
- Exigimos un debate abierto sobre la política laboral por parte del gobierno federal con la participación de los sindicatos democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y colectivos que trabajan derechos humanos laborales.
- Exigimos revocar la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
- Exigimos la apertura de un diálogo nacional para valorar qué tipo de acuerdos y relaciones comerciales que deseamos tener con la región norteamericana.
¡Este primero de mayo nos pronunciamos por verdaderas condiciones
de trabajo dignas y una reforma laboral más justa para todas y todos!
https://redtdt.org.mx/?p=10733