Reforma Laboral detenida en el Edomex, por la Cámara de Diputados


Por: Redacción/ El Pulso Laboral
«La Reforma Laboral está detenida porque falta la legislación secundaria; es un tema en cancha de la Cámara de Diputados Federal y la de Senadores, pero en cuanto se apruebe empieza el plazo perentorio para trasladar los asuntos». 
Refirió que cuando inicien operaciones los tribunales, lo harán de cero, lo cual les deja un periodo de seis años para atender los rezagos. 
Recordó que el Estado de México es una de las entidades con mayor dinamismo laboral del país por su número de empleados, patrones y empresas; aunque poco a poco el atraso ha disminuido, reconoció que necesitan iniciar el tránsito al Poder Judicial para que se concentren en el que se acumula. 
Durante su reunión con integrantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), señaló que seguirán impulsando la capacitación que requiera el sector a través del ICATI y los EDAYO, así como combatir el «coyotaje» al exterior de su dependencia y vinculación con el empleo. 
«Necesitamos conocer lo que la industria requiere, quisiera un diálogo abierto, de esta forma construiremos un escenario de ganar-ganar, donde puedan saber que la Secretaría del Trabajo apoya en capacitación y vinculación». 
Sostuvo que encontró una dependencia solida y con rumbo. Refirió que fortalecerán la capacitación del personal para dar respuesta a nuevas inversiones, comerla de una empresa China anunciada hace unos días en Apaxco. 
Puntualizó que mejorarán los servicios jurídicos para evitar el alargamiento de procesos; al igual que apoyarán a los jóvenes para que tengan un trabajo sin que sea obligatoria la experiencia laboral./Milenio

http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/15359/reforma-laboral-detenida-en-el-edomex-por-la-camara-de-diputados

San Luis Potosí: STPS deja un buen trabajo, entrega recepción será el primero de diciembre: Edgar Durón

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Además se logró disminuir en un 64 por ciento la tasa de accidentabilidad en el trabajo

Daniela Aranda
La Reforma Laboral y todo lo que ésta conlleva, como la instalación de los tribunales laborales, es un gran reto que deberá afrontar el próximo Gobierno Federal y que debe tener contemplado dentro de sus proyectos; indicó el delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Edgar Durón Puente, al señalar que ya se encuentran en el proceso de entrega-recepción integrando la papelería necesaria.
Comentó que una de las acciones más destacables durante esta administración es que se mantiene la paz laboral en San Luis Potosí, en ese sentido detalló que se tuvieron más de 15 solicitudes de emplazamiento a huelga en las industrias azucarera y acerera, y la eliminación del contrato colectivo de Continental.
En un 64% logró disminuir la tasa de accidentabilidad en el trabajo.
Más de 3 mil inspecciones realizó la STPS durante todo el año.
Aseguró que cerrarán su gestión con números positivos ya que se logró disminuir en un 64 por ciento la tasa de accidentabilidad en el trabajo, además se realizaron más de tres mil inspecciones durante todo el año en diferentes empresas y apuntó que a nivel federal se generaron más de cuatro millones de empleos.
“Nosotros estamos en proceso de entrega recepción, tenemos hasta el día primero de diciembre, pero ya estamos cerrando cifras y serán más de tres mil inspecciones laborales, estamos en el proceso tal y como lo encomienda la propia ley y hay reunión de los equipos de trabajo para entregar muy buenas cuentas”, expresó.
Manifestó que a grandes rasgos la delegación de la STPS dejará un buen trabajo, sin embargo consideró importante el consenso de que haya un respeto a la nueva Reforma Laboral para que se mejoraren las condiciones laborales de los mexicanos.
De igual forma, anunció que desde las oficinas centrales ya se están llevando a cabo algunas reuniones con los nuevos titulares de las áreas, y en lo que concierne a la delegación de San Luis Potosí la papelería será entregada al coordinador regional.
“Se han tenido reuniones con Roberto Campa Cifrián, nosotros nos reunimos con la unidad de las delegaciones a quienes les estamos entregados formatos sólidos para poder formular una buena entrega-recepción”, añadió. 
La Reforma Laboral es un gran reto que tendrá el próximo Gobierno Federal a fin de mejorar las condiciones laborales de los mexicanos: Edgar Durón.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/stps-deja-un-buen-trabajo-entrega-recepcion-sera-el-primero-de-diciembre-edgar-duron-2013436.html
 

Quintana Roo: Estancada justicia laboral en el congreso de la unión: TSJQROO


NOTICARIBE
SEPTIEMBRE 20, 2018, 8:48 AM
Por Enrique Huerta
CANCÚN, MX.- Las reformas para culminar el traspaso de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial no es prioridad para esta Legislatura en el Congreso de la Unión, ya que hay otros temas pendientes que ocupan la atención de los legisladores federales, reconoció Antonio León, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (Tsjqroo)
“Hay muchos temas en la agenda legislativa, tanto en el Senado de la República como en la Cámara (de Diputados) y, precisamente, he escuchado eso, que el tema de la Fiscalía es algo que más les preocupa (…) La nueva legislatura federal seguramente estará retomando esto, hay diversas iniciativas en la Cámara de Diputados, presentadas por las diferentes fracciones a la reforma a la Ley Laboral”.
Si bien ese traslado se dio en la reforma laboral de 2017, éste no se ha podido concretar porque falta la aprobación en el Congreso de la Unión de una ley secundaria que proporcione el marco legal necesario, por lo que hasta el momento continúa suspendido este proceso.
El magistrado refirió que para enfrentar el cambio en la justicia laboral, el Tsjqroo solicitó una partida para este año de 92 millones de pesos, con el objetivo de construir ocho tribunales en el estado, el cual se dijo que era lo mínimo para empezar. Sin embargo, agregó León, al quedar estancado este proceso, ese monto ya no se otorgó, por lo que si se quiere reiniciar este proceso, la cantidad solicitada rebasará aquel presupuesto  solicitado.
“Estaríamos empezando con lo mínimo, de acuerdo con el análisis que se hizo y, además, son 92 millones que se pidieron el año pasado; para este año, con los incrementos de los costos y la inflación, seguramente será un poco más para infraestructura básica y personal. Obviamente esto dependería de si ya se cuenta con la reforma laboral”.
Antonio León señaló que pese a que en la ley este proceso de cambio en la justicia laboral ha quedado estancado en el Congreso, el Poder Judicial de Quintana Roo ha continuado con el trabajo para enfrentar los retos que se presenten cuando vuelva a la vida esta reforma. Ejemplo de ello, dijo, fue hace unos meses atrás se inauguró la Unidad de Implementación de la Reforma Laboral –creada por la Judicatura–, en donde se brindan cursos de capacitación tanto al interior del Poder Judicial, como a los abogados.
Y es que, comentó Antonio León, el traslado de la justicia laboral implica un mayor reto para el Poder Judicial que la instauración de los juicios orales.
“Sin duda implica una logística muy grande, porque en el caso del sistema penal es una materia que siempre ha conocido el Poder Judicial, pero la justicia laboral es una materia completamente nueva. Es un cambio drástico, completo, mucho mayor que el del sistema penal acusatorio”. (Noticaribe)

https://noticaribe.com.mx/2018/09/20/estancada-justicia-laboral-en-el-congreso-de-la-union-tsjqroo/

 
 

Senado alista aprobar convenio de derecho de sindicación, 69 años después

􏰆 
A propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia, el pleno senatorial aprobó rescatar de los expedientes de la 63 Legislatura, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que data de 1949.
A propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), el pleno senatorial aprobó rescatar de los expedientes de la 63 Legislatura, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que data de 1949.
El presidente Enrique Peña Nieto envió el convenio al Senado, a la espera de su ratificación, el 27 de noviembre de 2015, con una exposición de motivos favorable a la esencia del convenio que se titular para la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva.
El presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama (Morena), presentó el asunto a la asamblea y lo hizo avanzar para quedar de Primera Lectura, con lo cual se inscribe de manera inmediata para ser discutido y votado en la sesión de este jueves 20 de septiembre.
En ese sentido, este sería el primer asunto que se sometería a la votación del pleno, correspondiente a sus facultades de ratificación de tratados internacionales.
Peña Nieto expuso, al proponer la ratificación, que se trata de un «instrumento internacional (que) tiene como propósito dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo«.
Expone también que «dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro del mismo».
Remarca que «el convenio busca regular que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas, respecto de las otras, ya sea que se realice directamente o por medio de sus miembros, en su constitución, funcionamiento o administración».
En 1965, el convenio fue expuesto al Senado, que propuso una reserva, dado que en la ley había la cláusula de exclusión, y la OIT rechazó esa posibilidad, pues no admite reservas en sus instrumentos.
Fue hasta la reforma laboral que se publicó el 30 de noviembre de 2012, cuando se hizo compatible la legislación mexicana con el convenio de la OIT.
Al proponer su ratificación hace tres años, Peña Nieto señaló al Senado que «la ratificación de este convenio se sumaría a los compromisos asumidos por México a nivel internacional, en materia laboral, garantizando el pleno goce y ejercicio del derecho de sindicación y de negociación colectiva a los trabajadores».

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/senado-alista-aprobar-convenio-de-derecho-de-sindicacion-69-anos-despues

Reforma laboral podría ser derogada, igual que la educativa


Ante la falta de recursos para su implementación, especialista dice que existe la posibilidad de que se cancele.
JUAN ANTONIO LARA @ElFinancieroMTY17/09/2018
La resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.Fuente: Bloomberg
La Reforma Laboral se encuentra estancada, sin la respectiva ley secundaria, y ante lafalta de recursos públicospara su implementación, corre el peligro, como la educativa, de ser derogada durante el sexenio actual.
Esta reforma fue aprobada el 24 de febrero del 2017 mediante un Decreto por el que se reformaron los artículos 107 y 124 de la Constitución de México y en el que contempla un año para la adecuación del marco legal en los 32 estados del país, período que ya transcurrió sin realizar estos cambios, con excepción de algunos estados, entre los que se encuentra Nuevo León.
El magistrado Sergio Javier Molina Martínez, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia Laboral por parte del Consejo de la Judicatura Federal, reconoció que hay incertidumbre en torno a este cambio que busca flexibilizar y modernizar las leyes laborales.
“La reforma constitucional se encuentra en un impasse. Podemos calificar la existencia de una incertidumbre (en materia laboral) y falta de atención a este tema”, indicó Molina.
Entre otros aspectos, esta reforma contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones a través de juzgados o tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.
El magistrado reconoció que la implementación de esta ley será difícil, dado que hay 450 mil juicios laborales que están en trámite a nivel nacional y se ignora por cuáles leyes serán resueltos.
“En Nuevo León se presentan más de 20 mil juicios laborales individuales por año. ¿Cuántos juzgados se necesitan abrir para atender 20 mil juicios laborales?”, se preguntó Alejandro Izaguirre González, ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ex director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL.
Lo que detiene la implementación de esta reforma, opinó el especialista, es el alto costo que representa para el Estado mantener lasJuntas de Conciliación por un prolongado tiempo y abrir los juzgados de lo laboral o tribunales del trabajo.
“Conforme al principio de irretroactividad de la ley, todos los juicios que ya se hayan iniciado, tanto individuales como colectivos, no pueden pasar a un juzgado”, explico Izaguirre.
Por tal razón, los gobernadores están obligados a mantener las Juntas de Conciliación hasta que terminen con todos los conflictos que tienen y aquí es donde entra lo que Izaguirre señala como “pánico financiero”, porque hay juicios que se llevan meses y hasta años para su resolución.
Agregó que el costo de un juzgado es superior al de una Junta Local de Conciliación, empezando por el juez que va a querer ganar lo que gana cualquier otro juez, más de 110 mil pesos mensuales, el doble de lo que percibe un presidente de la Junta.
“Desde mi punto de vista, la solución sería que el Congreso de la Unión, con la facultad que tiene y por ser el representante de la voz popular, así como publicó el Decreto del 24 de febrero del 2017, ahora lo puede declarar derogado” y con esto se daría marcha a atrás a la reforma laboral.

http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/reforma-laboral-podria-ser-derogada-igual-que-la-educativa

Hay un abandono estatal del sistema de justicia: Magistrado Héctor Arturo Mercado López *


*Participación del Magistrado Héctor Arturo Mercado López, en el Foro “la Reforma laboral para todos. Última Llamada” efectuado en la Cámara de Senadores el 13 de abril de 2018.
Desde que se empezó la Reforma Laboral, fue un viejo anhelo que en lo personal tenía de que las juntas tenían que desaparecer.
El sistema de justicia de este país en materia laboral es una vergüenza, era una vergüenza, y sigue siéndolo en su manera estructural, porque hay un abandono estatal del sistema de justicia.
Porque el Estado no provee del suficiente presupuesto al sistema actual, porque no permite la capacitación plena y completa de todos los trabajadores, porque no paga salarios dignos a sus trabajadores que los aíslen y los alejen de la corrupción, porque no mete mecanismos de control que determinen ni detengan el tráfico de influencia y la corrupción.
El sistema, en su conjunto, es una vergüenza, no hace justicia, y eso es gravísimo.
Y el problema es que cuando algún sistema de justicia no responde a las necesidades de una sociedad que reclama que le digan cuál es su derecho, sea trabajador o patrón, el problema se empieza a resolver en la calle. Y se empieza a resolver en la calle o de manera absolutamente inconsciente y por lo tanto, la criminalidad aumenta, porque la desigualdad se acentúa o se empieza a resolver a través de movilizaciones sociales, que logran reivindicar derechos legítimos de una sociedad.
¿En qué situación estamos en este país? ¿Reivindicaremos por consciencia derechos fundamentales como sociedad, frente a eso que se nos viene o saldremos a la calle a continuar rescatando la sobrevivencia de nuestras vidas, porque nuestro trabajo digno no nos lo respeta la ley? Y por lo tanto, incrementará la delincuencia. Esa es la pregunta.
A mí me dijeron que respondiera una pregunta muy sencilla: ¿la reforma laboral secundaria era un retroceso para México?. Bueno, esta es la primera reflexión que me hago.
La reforma laboral tiene que verse sobre el fenómeno de la eficiencia con la que se va a aplicar y que se pretende aplicar con la reforma laboral. Si no entendemos el esquema de toda la propuesta que se está haciendo por parte del PRI y del PAN de manera objetiva, mesurada, profunda, centrada, punto por punto qué persigue; podemos correr el riesgo de no entender qué es lo que están proponiendo y creer que simplemente es un atropello simplón y ramplón de un vulgar despacho jurídico que la elaboró; y yo creo que estoy muy lejos de pensar que sea algo superficial.
Creo que hay que ir pensando varias cosas. La primera de ellas es, si se vota la reforma así como está, entra en vigor en noviembre; estamos hablando de seis meses para que entre en vigor. Y lo que he venido pregonando hasta el cansancio: señores, ¿con qué dinero, con qué presupuesto, con qué instalaciones y con qué personal?
En este país, señores, no existen laboralistas suficientes para soportar una carga profesional de un sistema de justicia altamente eficiente. Tenemos que prepararlos y eso nos lleva dos o tres años; y eso cuesta dinero, y eso implica un diseño de las instalaciones a partir del diseño que se haya hecho en la ley de los procedimientos que se hagan, y esas no las tenemos.
Qué, ¿vamos a rentar la casa que está al lado y metemos como sea y seguimos atendiendo? ¿O vamos a seguir en las instalaciones en que están, que en materia federal y local muchas veces tienen deficiencias serias?
Entonces, tenemos tres grandes problemas de entrada, que no tienen que ver con el derecho necesariamente. Que es un problema presupuestal, un problema de instalaciones que nos obligan a que en seis meses se preparen y un problema de personal.
¿A poco creen –y lo he dicho hasta el cansancio– que tenemos en este país los suficientes conciliadores o mediadores para llevar a cabo una función altamente eficaz?
La respuesta es no. Y se tiene que capacitar, porque aparte de ser expertos en derecho laboral un poco bajo el perfil que mi compañero, el que me precedió lo señaló con mucha puntualidad, tendrían que ser mediadores altamente calificados, con procedimientos objetivos y veraces. Entonces, no existe ese personal; no existen esas instalaciones y no existe el presupuesto.
Entonces, están enviando un par de monstruos tanto al sector federal como al local, de tribunales y de organismos que no van a funcionar. Pero es parte de la estrategia, que no funcionen.
El otro problema que tenemos es, ya en el diseño propio de la ley, de su desarrollo, implica por lo tanto empezar a ver qué papel juega este fenómeno de la conciliación prejudicial dentro del sistema de justicia.
Para un trabajador, él no entiende de si un organismo es prejudicial y que el juicio realmente inicia hasta que llega hasta el Tribunal Laboral; para el trabajador empieza el día que lo despidieron, el juicio, y termina el día en que lo reinstalan o lo indemnizan. O para el Sindicato empieza el día en que presenta su promoción y termina el día en que se resuelve su problema; lo demás son cuentas alegres y son tecnicismos, no necesariamente muy puntuales, porque esto estaría a discusión.
Y entonces, el problema que tenemos con los órganos de conciliación, ya se señaló aquí pero lo vuelvo a enfatizar: la ausencia de autonomía e independencia de estos órganos para tomar las decisiones correctas, en términos, ojo, de conciliación y registro.
Porque ahorita voy a señalar otro problema que trae, y entonces el problema es que su personal no cuenta con autonomía e independencia.
A nivel federal, ya se dijo, la composición tripartita. La composición tripartita, me parece que trae problemas de constitucional severo, pero eso ya será materia de pronunciamiento, en su momento.
Lo grave de la composición tripartita, y ahí es donde me asombro porque ley la ley y digo: Bueno, ¿qué no se dieron cuenta? El Gobierno está cediendo el control corporativo que tenía sobre los sindicatos, se lo está cediendo a un organismo patronal, porque la composición permite una organización con cuatro representantes patronales y cuatro sindicales, pero adeptos a esos patrones, con lo cual los cuatro del Gobierno quedan en minoría.
El control histórico corporativo de los sindicatos oficialistas, el Gobierno lo está cediendo con este proyecto de ley hacia un organismo que va a tener un profundo tinte patronal, y entonces ellos van a decidir qué sindicatos existen, cuáles no existen y cuáles son los procedimientos de contratación colectiva y huelga.
¿Qué no se dio cuenta el Gobierno lo que estaba cediendo en términos de poder? Ya no pregunto como persona que estoy criticando la ley, pregunto como una persona si estuviera haciendo la ley, estoy diciendo, ¿qué no se dieron cuenta los compañeros, estos representantes de los sindicatos que presentaron la ley que estaban presentando su carta de defunción? En fin.
El problema del órgano de conciliación, que también trae un desequilibrio procesal en el mundo individual, porque obliga a que el trabajador abra sus cartas en un fenómeno que se supone que es prejudicial y el patrón no, y entonces le permite todo un invento de pruebas y de defensa al patrón cuando ya llega a los tribunales, y convierte a nuestros tribunales laborales que, por muy independientes o autónomos que sean simplemente una caricatura, porque llegan con procedimientos amarrados y pruebas preconstituidas inventadas. Esto es lo que permite este sistema.
Y, desde el punto de vista colectivo, le da facultades al órgano de conciliación en materia de registros y procedimientos de huelgas y de negociación colectiva, que por su naturaleza específica son decisiones de carácter jurisdiccional que constitucionalmente no puede tener ese organismo, que tendría que tener nuestros tribunales. Entonces, nos resta a los tribunales las funciones jurisdiccionales que nos corresponden, para dejarla en un organismo de conciliación que no es autónomo independiente.
Yo sí estoy convencido de que, en términos federales, las juntas podrían funcionar con autonomía e independencia en las federales, pero a nivel local no.
En todas las entidades federativas los poderes judiciales-locales no son autónomos e independientes.
Cualquier presidente de un Tribunal Superior de Justicia de cualquier entidad federativa, se siente candidato a gobernador en cuanto le dan el cargo de titular del tribunal.
Siempre he alegado que los que nos dedicamos a la carrera judicial, no debemos tener acceso a puestos de elección popular ni en el ejecutivo ni en el legislativo, debemos mantenernos exclusivamente en la carrera judicial.
El problema que tenemos es, tendríamos que garantizar la autonomía judicial tanto de los centros de conciliación como de las juntas, al ser incorporadas en los poderes judiciales, pero eso significa un rediseño constitucional de los propios poderes judiciales locales y probablemente, yo no digo que no, estamos dispuestos y abiertos a todo, un rediseño de carácter federal.
No se toma en cuenta el voto secreto y esa es una cuestión que a mí en lo personal ha sido una de las grandes batallas que dentro de mi función jurisdiccional se dio la batalla por el voto secreto para los trabajadores no se toma en cuenta, ¿por qué? Porque se generan mecanismos para que la decisión no corresponda finalmente a la voluntad de los trabajadores y se rompe esto.
¿Qué podríamos pensar de esto?
Hay un rompimiento del voto, del sindicalismo, se convertiría en una caricatura patronal, existiría un desequilibrio procesal, tribunales que serían solamente de decoración, porque no haríamos justicia, esa es la verdad. Una conciliación inexistente, porque detrás de ella viene todo el control y todo el corporativismo patronal y con personal mal preparado, mal contratado, sin instalaciones y sin presupuesto.
Ese es un panorama que nos plantea el proyecto de ley, porque entraría en vigor en noviembre y entonces voy a repetir una vez más dos cosas y termino, lo que he venido repitiendo desde hace más de un año: pedirle a este Senado, pedirle a los diputados que no se vote la ley.
Yo no digo que no pueda tener cosas valiosas, pero si tiene cosas valiosas, sometámoslas a la discusión de los que no están de acuerdo, abramos un gran debate nacional por la ley, por los sectores, sobrio, profundo, de altura, técnico, que nos lleve a decidir un sistema de justicia eficaz, que le dé a cada quien lo que le corresponde, tanto a patrones como a trabajadores.
Que no se vote la ley, pero si la llegan a votar, porque se quieren imponer, en un acto de decencia les pediría que no entre en vigor en noviembre, no hay manera de organizar este sistema en seis meses de manera eficaz y eficiente.
Por lo tanto, pediría que dieran una vacatio legis de tres o cuatro años, lo que nos permitiría sacar este fenómeno del fenómeno electoral y ponernos a discutirlos con él de manera seria y profunda, que eso es lo que importa, está de por medio el bienestar de los trabajadores.
Finalmente, en 2012 se cambia el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo y se dice que el trabajo digno o decente y hacen una descripción muy completa que todos conocemos, ¿quién puede estar en contra de eso?
¿Este proyecto de ley aspira, lleva, profundiza el trabajo decente? No, yo creo que lo contradice y lo destruye. Por eso es importante en este momento que no haya ley, que se discuta, ninguno de nosotros podemos afirmar que tenemos la razón completa, pero frente a ese proyecto hay muchas razones que dicen que no puede ser, que está muy mal hecho.
Por lo tanto, nuestra obligación es pedir que nos se vote y ojalá no se vote, pero si se llega a votar, entonces que no piensen que ya se acabó el problema, yo creo que empieza la resolución del problema y empieza en términos de decisión constitucional.
La Corte podrá jugar un papel ahí muy importante, los tribunales colegiados, para decidir la constitucionalidad de muchos artículos y de muchas leyes. Ojalá no tengamos que llegar a eso, pero eso es necesario.
La batalla no termina, simplemente cambia de estilo. Defender la Ley Federal del Trabajo, los principios que tanto reivindicó mi compañero, defender la dignidad en el trabajo es defender la dignidad en mi persona y en mi familia, que no se nos olvide.
Gracias.

http://reformalaboralparatodos.org.mx/portfolio/foro-reforma-laboral-para-todos-ultima-llamada/

 

Reforma Laboral inconclusa

Raúl Contreras Bustamante
15 de Septiembre de 2018 
La Teoría de la Constitución sostiene que el respeto a la Ley Fundamental es esencial para que tanto detentadores del poder como los destinatarios deban regir sus actos, a efecto de mantener vigente el pacto social, garantizar la paz y tener estabilidad social. El cumplimiento de las normas constitucionales es el imperativo primordial de un Estado de derecho.
El 24 febrero del año pasado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma laboral mediante la cual se dispuso la supresión de las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje —como instituciones responsables de la resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones—; para ser sustituidas por los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación.
Dicha enmienda constitucional estipuló que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a una instancia conciliatoria que estará a cargo de un organismo descentralizado al que le corresponderá, además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como la resolución de todos los procesos administrativos relacionados.
El segundo artículo transitorio de la reforma señaló la obligación del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales para realizar —dentro del año siguiente de la entrada en vigor— las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento al mandato constitucional. Hoy en día, a más de un año y medio de la publicación de la reforma, esto no se ha efectuado y por lo tanto aún no está vigente.
Ello mantiene una incertidumbre jurídica entre los empleados de las juntas, los litigantes, la academia, y lo peor, entre patrones y trabajadores.
Las actuales autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social calculan que el proceso de transición del cierre de las juntas llevará cuando menos cinco años, en razón de terminar los procesos actuales; y al mismo tiempo comenzar a instituir a los nuevos tribunales.
A decir de los especialistas en Derecho Laboral, se trata de una reforma de tal envergadura que requerirá la modificación de más de un centenar de leyes. Dentro de la propia academia se le ha criticado porque adolece de muchos defectos y además, de ser incompleta en materia de seguridad social; e incluso, se le llega a calificar como neoliberal.
¿Podrá la reforma laboral planteada aspirar a tener éxito, cuando antes de operar ya ha probado sus deficiencias en el diseño? Haber dado un plazo tan corto para llevar a cabo cambios legislativos tan profundos pone en evidencia la falta de reflexión y compromiso al ser aprobada.
Habrá que esperar a conocer la postura de la nueva administración al respecto y ver lo que determine el Congreso a la hora de aprobar el Presupuesto de Egresos, respecto del gasto presupuestal que el Poder Judicial de la Federación necesita para la creación de la estructura de los futuros tribunales laborales.
El nuevo gobierno tiene que definir si la reforma va a operar o será modificada. Lo que no puede suceder es ignorar la obligación de hacer que el texto constitucional sea vigente y positivo, porque ello es un imperativo supremo.
Como Corolario, las palabras del expresidente estadunidense, Al Gore: “El respeto a las instituciones es importante, pero no tanto como el respeto a la Constitución”.

https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/reforma-laboral-inconclusa/1265243

AMLO debe tener mano dura con líderes sindicales: expertos


El gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deberá tener mano dura con los líderes sindicales para evitar actos de corrupción y construir una nueva relación con los sindicatos, así como con el resto del sector laboral, advirtieron especialistas.
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Ante el regreso de personajes como Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia, académicos consideraron que el retorno a la escena pública de estas figuras no es un factor que determinará las relaciones del nuevo gobierno con el sindicalismo; sin embargo, indicaron que se deben modernizar las relaciones laborales para erradicar a los «capos” sindicales y hacer que estas organizaciones sean más transparentes en el uso de las cuotas.
Para Alfonso Bouzas, catedrático del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el sindicalismo de «capos” tiene que ser superado para transitar hacia una nueva relación con estas organizaciones; resaltó que una de las prioridades de la nueva administración debe ser la reforma laboral, para acabar con los contratos de protección.
Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que uno de los grandes retos del nuevo gobierno es la creación de una «gran reforma laboral” que modernice las relaciones del Estado con este sector, en la que exista una consulta amplia entre los trabajadores para que se prioricen sus intereses por encima de los del sector empresarial.
Germán de la Garza, abogado laborista del despacho De la Vega y Martínez, resaltó que los sindicatos deben establecer reglas más estrictas para la transparencia y vigilancia del manejo de las cuotas, con el fin de que sean los agremiados los beneficiados y no sus dirigentes.

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/9/15/amlo-debe-tener-mano-dura-lideres-sindicales-expertos-759416.html

Alista AMLO legislación para eliminar reforma laboral


Andrés Manuel López Obrador |Foto: amlo.org.mx
El presidente electo dijo buscará prohibir los contratos colectivos firmados por líderes sindicales y patrones sin el consentimiento de los trabajadores, señaló Luisa María Alcalde, quien será su Secretaria del Trabajo
Por: El Debate
13 de Septiembre 2018
México.-El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está preparando una legislación para reformar el sistema de negociación colectiva del trabajo con el objetivo de mejorar los salarios y cumplir con las disposiciones sobre derechos laborales acordados con Estados Unidos en el nuevo TLC.
AMLO busca prohibir los contratos colectivos firmados por líderes sindicales y patrones sin el consentimiento de los trabajadores, señaló Luisa María Alcalde, quien será su Secretaria del Trabajo.
Pedirá a los sindicatos que demuestren contar con el respaldo de al menos 30 por ciento de sus representados antes de firmarlos.
Es hora de que los trabajadores mexicanos decidan por sí mismos quién deber representarlos, dijo Alcalde en entrevista.
Indicó que los acuerdos existentes también deberían ser legitimados en los próximos años por medio de boletas secretas entre los trabajadores.
Nueve de cada 10 contratos de negociación colectiva suscritos en México se acuerdan sin el consentimiento, y en ocasiones sin el conocimiento de los trabajadores de una empresa, estiman los expertos.
AMLO prometió en su campaña mejorar la situación de los trabajadores en México.
Datos del IMSS muestran que este año el salario promedio de los trabajadores ronda los 354 pesos diarios, manteniéndose prácticamente estancados en términos reales en los últimos años.
Durante las negociaciones para el nuevo TLC, Estados Unidos pidió a México que implementara medidas para aumentar sus bajos salarios, algo que Trump considera una competencia desleal.
Una disposición preliminar permitiría a Estados Unidos imponer sanciones comerciales si México no promulga una reforma laboral que garantice los derechos básicos de los trabajadores, como el acceso efectivo a la negociación colectiva, según dos personas con conocimiento del acuerdo.
Ésta es una reforma revolucionaria. Los contratos colectivos son una carga enorme para el País, y la representación (del trabajador) traerá una mejor distribución de la riqueza, dijo Álvaro Altamirano, un abogado laboral que trabajó para Volkswagen y Audi en México.
Las leyes actuales no requieren que los sindicatos demuestren que representan a los trabajadores. Las firmas del patrón y del líder sindical son suficientes si un acuerdo está registrado ante las autoridades.
La legislación de AMLO complementaría una enmienda constitucional que se promulgó en febrero del 2017, pero que no ha entrado en vigor debido a leyes secundarias pendientes. Los legisladores dicen que la legislación sería aprobada antes de fin de año.
Alcalde indicó que también se propondrá que cuando dos o más sindicatos compitan por un contrato, la decisión de la representación la voten la mayoría de los trabajadores involucrados.
Apuntó que los líderes sindicales también deberán ser elegidos mediante votación secreta.
La legislación crearía un organismo independiente para garantizar que los trabajadores estén efectivamente representados y las copias de los contratos estarán disponibles en internet por primera vez.
Esta nota incluye información de: Reforma
 

https://www.debate.com.mx/politica/amlo-prepara-legilacion-eliminar-reforma-laboral-nuevo-gobierno-20180913-0038.html

Querétaro: Sobrecarga de trabajo para el Poder Judicial


Foto: Yolanda Longino
Miércoles 12 de septiembre de 2018
por Iris Mayumi Ochoa Herrera
Los cambios y replanteamientos de la justicia llevó al incremento de la carga de trabajo del Poder Judicial, instancia que requiere modificar su plantilla laboral, reconoció la presidentadel Tribunal Superior de Justicia del estado, Consuelo Rosillo Garfias, al rendir su Tercer informe de actividades en el Teatro de la República.
En presencia del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, la magistrada señaló las acciones emprendidas a lo largo de este año judicial, las cuales son el resultado del compromiso por impartir justicia a los ciudadanos, sin embargo, dijo que aún existen tareas pendientes a desarrollar en la agenda, como la oralidad civil, familiar y mercantil las cuales han sido programadas para iniciar ya, así como la Reforma laboral.
“Hemos acercado la justicia a la ciudadanía, pero quedan tareas pendientes a desarrollar en nuestra agenda judicial, tales como un planteamiento de más juzgados mercantiles, familiares y unidades para el nuevo sistema de justicia penal, lo que requiere necesariamente capital humano y espacios físicos, por tanto éste Poder Judicial si bien ha sido sometido a una disciplina presupuestaria, esto no resulta ser falta de disciplina sino necesidad imperiosa a fin de seguir manteniendo la paz social del estado”, afirmó Rosillo Garfias.
Mencionó que se requiere de un sistema de monitoreo y generación de indicadores que le permita hacer más eficiente su operación, y fortalecer las áreas administrativas y consolidar la construcción o compra de un edificio en el municipio de San Juan del Río para lo cual, la legislatura otorgó presupuesto de 50 millones de pesos para su adquisición y con lo cual se adquirirá en breve.
En este sentido, Consuelo Rosillo indicó que al inicio de su administración planteó la transición de una gestión única, toda vez que no se habían dado cambios estructurales como los que en este periodo se enfrentaron, como la renovación del pleno del 63% de sus integrantes que ameritaron capacitaciones y adecuaciones físicas.
“El Pleno fue renovado en 63% es así que nuestro más reciente cambio fue la incorporación de los magistrados Eduardo Sarabia y Carlos Roberto Fernández, empero ello, no impidió nuestro trabajo. En este sentido, sesionaron en 15 ocasiones de manera ordinaria y 18 de forma extraordinaria el 99% de las resoluciones fueron por unanimidad”, agregó.
Destacó que el tribunal se encuentra integrado por seis salas, las cuales recibieron cuatro mil 890 apelaciones y se emitieron cinco mil 622 resoluciones; mientras que en materia federal fueron interpuestos más de mil amparos contra las resoluciones, de los cuales 390 fueron concedidos.
En materia familiar, reconoció que se ha evitado el rezago judicial al no existir ningún expediente en espera de ser atendido, ante la idea de no permitir malos ejercicios de la profesión que releguen algunas carpetas a los cajones de los juzgados.
En este contexto apuntó que los juicios de divorcio reportan cifras de mil 483 voluntarios y tres mil 254 incausados, lo cual representa disminución del 7% en la presentación de divorcios necesarios, toda vez que la reforma del 30 de noviembre aprobada por la legislatura del estado, permitió la inclusión de la separación incausada.
“En materia familiar, hemos logrado, con el esfuerzo, enorme de jueces y magistrados, evitar el indeseado, el temido rezago judicial. No hay expedientes judiciales en ninguna gaveta o cajón, en espera de su turno para ser atendidos; todos los asuntos, cada uno de ellos, se atienden y llevan al día, evitando los riesgos de trivializarse, de convertirse en un número y no en nombres y rostros de personas en conflicto”.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia manifestó que en el rubro de ejecuciones y sanciones, al inicio de la administración se contaba con un juez en esta materia para todo el estado, lo cual implicaba una carga excesiva de trabajo; hoy dijo, se cuenta con tres jueces más en dicha área que conocen de los asuntos del sistema tradicional penal que se encuentran vigentes y de la materia de ejecución, tomando también el mismo modelo de gestión y administración que el sistema oral adversarial.
Al respecto del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, reconoció que la consolidación de este es el resultado de la promesa cumplida de “Justicia Oral sin pretextos”, al tomarse con responsabilidad la reforma constitucional del 2018, con lo que se hizo un cambio cultural y estructural a favor de las personas, que a la fecha cuenta con ocho salas de audiencia en Querétaro y cuatro en San Juan del Río; en las que se han desahogado dos mil 646 audiencias, dentro de las dos mil 435 carpetas judiciales y 15 mil 755 promociones recibidas.
“Puedo decir con certeza que en Querétaro, en efecto, se respira Justicia Oral, con espacios físicos adecuados, con una inversión inicial por parte del ejecutivo de 30 millones de pesos, así como las demás adecuaciones realizadas en dichas salas (…), en cuanto al factor humano se realiza una constante evaluación con base en sus perfiles y expediente; sometidos a pruebas psicológicas precisas y adecuadas para el Sistema Acusatorio.
Por lo que ve del presupuesto del poder judicial, Consuelo Rosillo manifestó que la Dirección de contabilidad y finanzas realizó un ejercicio responsable, toda vez que el recurso total es de 889 millones 303 mil 307 pesos, del cual el 93.26% se destina al pago de servicios personales y el 6.4% se aplica al gasto corriente.
Finalmente, durante su mensaje advirtió que todos los desafíos parten de una necesidad común: la existencia de suficiencia presupuestal, puesto que sin la capacidad económica necesaria, el proceso de transformación corre el riesgo de quedar incompleto.

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