De acuerdo con un análisis elaborado por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal para realizar una reforma de distintas legislaciones en materia de outsourcing, la iniciativa podría generar un despido inmediato de medio millón de empleos, además de fomentar la informalidad y simulación por medio de pagos en efectivo, así como una afectación a las finanzas públicas.
En el documento que busca hacer un balance de los “efectos negativos de la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo Federal para regular la subcontratación”, se recuerda que como una de las propuestas de modificación a la Ley Federal del Trabajo se plantea la prohibición expresa a la subcontratación “descrita como: una persona física o moral que proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.
A la par se advierte que dicha disposición y “dado que las empresas no podrán absorber de manera inmediata a todo el personal que se encuentre subcontratado”, provocará que “muy posiblemente opten por dejarlos en la informalidad o utilizar esquemas de simulación como el regreso a los contratos de honorarios. Se estima la eliminación de medio millón de puestos de trabajo de manera inmediata”.
Para solucionarlo recomienda permitir la subcontratación pero con una regulación más estricta.
Otro de las posibles controversias, se indica en el documento, se concentra en la propuesta para que la empresa contratante de los servicios especializados, o el cliente que contrata personal especializado por subcontratación, sea responsable solidario de las obligaciones laborales de los empleados contratados por la prestadora de servicios, para lo cual se plantea una reforma a cuatro legislaciones.
Sobre ello se advierte que si las empresas contratantes empiezan a ser responsables solidarios de los empleados de los servicios de limpieza, comedores, vigilancia, demostradoras y promotoría, entre otros, “lo natural es que el mercado se inhiba, las empresas buscarán hacer las menos contrataciones de este tipo y habrá una afectación inmediata a la economía del país”.
Incluso se asegura que la iniciativa presenta “una grave contradicción” con la legislación civil y mercantil, pues por costumbre y norma se separa la responsabilidad laboral del prestador de los servicios y del cliente. “Una propuesta de esta naturaleza que legisla en lo laboral efectos que en lo mercantil ya han quedado estudiados llevaría a que el Poder Judicial tuviera que pronunciarse sobre este efecto”.
Como parte de las reformas planteadas a la Ley Federal del Trabajo, se propone exigir que las empresas que prestan servicios especializados deban contar con una autorización de la Secretaría del Trabajo para poder hacerlo, pero “al referirse a empresas de servicios especializados en lugar de empresas de subcontratación, deja incluidos a: despachos de contadores, abogados, asesores, auditores, limpieza, comedores, vigilancia, valet parking, tecnología, call center, y muchos más dentro de este supuesto”.
La medida “fomentaría la informalidad y el pago en efectivo para evitar dejar rastros de los servicios prestados”, por lo que se considera necesario que la regulación sea únicamente para las empresas de subcontratación, y no para todas las empresas de servicios especializados, pues se estaría englobando a todo el mercado de servicios.
“Toda vez que el 70 por ciento de las empresas del país se dedican a la prestación de servicios, todo este universo se vería impactado por esta reforma obligándolas a solicitar una autorización por parte de la STPS para poder otorgar su servicios, pues no hay una diferenciación entre las empresas de prestación de servicios y las de prestación de servicios especializados en la legislación mercantil, ni tampoco entre la prestación de servicios en el mismo domicilio del cliente y aquella que se otorga en el domicilio del prestador de servicios”, se concluye en el documento.
Por ello, se asegura, se desincentivaría de manera inmediata la inversión extranjera, debido a que las empresas extranjeras tras su llegada al país requieren de despachos de abogados, contadores y otros servicios especializados.
Entrevista con el abogado Ricardo Martínez, socio Fundador de De la Vega y Martínez Rojas.
Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, informó recientemente que planea presentar quejas laborales en contra de México, debido a que tiene «grandes preocupaciones» de que el Gobierno mexicano no tenga la capacidad de cumplir con las leyes laborales con las que se comprometieron al firmar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC.
El representante sindical advirtió que tiene planeado «estrenar» el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, con el que busca, entre otras cosas, detener las exportaciones de productos que sean elaborados bajo la violación de los derechos laborales de los trabajadores.
Uno de los instrumentos más innovadores del T-MEC es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, cuya función consiste en determinar si una planta o centro de trabajo cumple con la legislación laboral acordada.
Solo por citar un ejemplo, el T-MEC establece que, si una empresa estadounidense inicia una disputa contra una planta mexicana, las autoridades de México tendrán hasta 45 días para concluir si hay una violación o incumplimiento de los derechos laborales y, posteriormente, tienen hasta diez días para llegar a un acuerdo. Si no se logra solucionar el problema, Estados Unidos puede activar la opción de integrar un panel.
Sobre el tema este semanario acudió a entrevistar al abogado Ricardo Martínez Rojas, egresado de la Escuela Libre de Derecho, quien manifestó que Estados Unidos sí se ha quejado mucho, y en especial el Partido Demócrata, de que por años hacemos dumping laboral, tenemos bajos salarios, y de que no se ha permitido libremente el derecho de sindicalización, y de Negociación Colectiva Efectiva. Para eso se llevó a cabo la reforma laboral del 2019, y se pactó en el anexo 23 «A» del T-MEC que se cumpliera con la Negociación Colectiva Efectiva, y el Derecho de Asociación.
La obligación primaria, dijo, es legitimar todos los contratos colectivos, termina esta obligación el primero de mayo de 2023. Entonces ahorita creo que Estados Unidos no se puede quejar de un incumplimiento, porque si está trabajando México para la Reforma, de hecho, la Secretaría del Trabajo ha hecho su función y el 18 de noviembre ya entran por lo menos siete Estados, aplicando la Reforma, y también entra el Centro Federal de Conciliación y Registros. Así que hoy no se puede hablar de incumplimiento. Lo que si vemos es que habrá muchísima presión de Estados Unidos para obligarnos a que cumplamos con esta Reforma.
El jurista, que tiene una Maestría en la Universidad de San Diego, y obtuvo el doctorado por la Universidad Panamericana, refirió que se estableció un sistema de solución de problemas rápido, en los anexos 31 «A» y 31 «B» del T-MEC, que implican paneles arbitrales, pero Estados Unidos ya está buscando la manera de interponer algunas quejas contra México, sin embargo, todavía no hay ninguna claramente violatoria. Entonces sí habrá mucha presión, Estados Unidos generó tres autoridades para revisar el cumplimiento, uno es una agencia intersecretarial, que la compone el Tesoro de los Estados Unidos, la Secretaría de Economía, y la Secretaría del Trabajo, pensamos que ahora que la tomen los Demócratas, va a ser mucho más fuerte, porque recordemos que los sindicatos en Estados Unidos, son parte del Partido Demócrata.
Ricardo Martínez Rojas abundó que por otro lado se creó un grupo de expertos en los cuáles la legisladora Nancy Pelosi nombró por lo menos a tres, donde los Sindicatos más poderosos de Estados Unidos. Así que habrá muchísima observación sobre México, de hecho, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos tiene oficinas en México, y ellos han estado presionando para que México cumpla con la negociación colectiva efectiva, y con el derecho de asociación.
En el transcurso de la entrevista el abogado refirió que por último habrán los attaches laborales, que se van a venir a México a las Embajadas y Consulados, ya teniendo control el Partido Demócrata, la verdad es que consideramos que la presión va a ser mucho más fuerte, la llegada de Biden a la presidencia con el Partido Demócrata, si vemos que habrá muchísima más presión que con Trump, que pues el Partido Republicano no tiene relación con los Sindicatos, y si vemos que ha estado diciendo la señora Pelosi, desde antes de estas elecciones en Estados Unidos, que ellos van a buscar que México cumpla definitivamente con esta Reforma, sobre todo que tanto Trump como Biden tenían la idea de repatriar a Estados Unidos la industria pesada, parte de la industria automotriz.
Martínez Rojas dijo que, “si vamos a ver mucha presión, pensamos que en México primero el sector privado debemos cumplir con la Reforma, tratar de legitimar los contratos colectivos, no hacer ya injerencia sindical. Y por otro lado dijo, vemos que el gobierno mexicano, la Secretaría de Economía y la del Trabajo, están muy bien comandadas, y si están buscando un diálogo con Estados Unidos para evitar quejas, y en segundo lugar pensamos que hay un buen equipo para si hay alguna queja defender, porque pues la queja va contra el gobierno mexicano, pero lo más interesante es que es la primera vez que en un tratado comercial se afectará a las empresas: «Si una empresa recibe una sanción del panel arbitral, le pueden limitar sus derechos arancelarios, imaginemos una empresa automotriz que exportan tanto a Estados Unidos, que le digan que ya no pueden pasar los autos con arancel cero, entonces la presión va a ser muy fuerte, Estados Unidos se guardó una arma muy poderosa en materia comercial que son estas quejas, y que van a usar si no de pretexto, si van a usar la materia laboral para tratar de frenar algunas exportaciones de Estados Unidos que México manda hacia allá».
Reiteró que, habrá mucha presión, “y la verdad de las cosas es que la llegada del Partido Demócrata va a poner mucho más fuerte esta presión sobre México”.
Que AMLO no felicite a Biden tendrá un costo…
A pregunta sobre cómo podrá ser la relación comercial y económica con la llegada a la presidencia de Joe Biden, Ricardo Martinez afirmó que el gobierno tiene buena información, muy buena comunicación, sin embargo, Estados Unidos creó una ley que se llama The implementig law, en la que nos van a presionar muchísimo para cumplir con la materia ambiental y la materia laboral. Creo que el hecho de que el presidente mexicano haya ido a ver a Trump, y después no haya felicitado a Biden, si va a generar cierto roce, que habrá que hacer un gran trabajo diplomático para poder llevar a cabo una relación comercial tersa. Sobre todo, que estamos viendo que en materia energética muchísimas empresas americanas, se están quejando de la falta del Estado de Derecho que no les están cumpliendo las obligaciones, que por cierto en el T-MEC no hay obligaciones en materia energética, pero sí en materia de inversión. La verdad de las cosas es que va a ser un poquito cuesta arriba, ante las quejas que están haciendo Estados Unidos al presidente de México, de cumplir con el Estado de Derecho, de cumplir con la Reforma Energética, y si a eso le aunamos me parece, la falta de prudencia de no haber felicitado a Biden, y por otro lado de haber ido a ver a Trump, pues si la relación al inicio será tensa, y nos puede perjudicar a todos, porque Estados Unidos repito, tiene esta arma poderosa de poder presentar quejas en contra de México bajo este sistema de solución rápida, que en 60 días una empresa puede tener la limitación de carecer del Derecho Arancelario para Estados Unidos, entonces si tenemos que ir con pies de plomo, me parece que tiene que haber una buena reacción de los empresarios mexicanos para cumplir muy preventiva, pero eso no evita que Estados Unidos, que ya tenía muchas ganas de estrenar este sistema de solución de controversias rápidas, me parece que lo van a estrenar muy pronto.
Por otra parte, afirmó que México es miembro de una serie de organismos internacionales, donde evidentemente nos hemos comprometido a las energías limpias, y ahora, con la llegada de Biden que voltea esto de las energías limpias, es otro tema en el cual vamos a tener que reaccionar. Creo que el Partido demócrata va a ser inflexible en los temas energéticos, y en los temas laborales. No habrá mucho espacio y desafortunadamente pactamos este sistema de controversias rápido, que nos pueden inmediatamente llevar a un panel sin mucho problema. Ellos con la simple presunción de que hay violaciones a los derechos colectivos, pueden presentar la queja. En cambio, México necesita esperar a que haya una resolución de las autoridades americanas, para poder presentar una queja, estamos en gran desventaja en esos anexos 31 «A» y 31 «B», celebrados respectivamente con Estados Unidos y Canadá.
El jurista refirió que el artículo 23 del TEC-MEC, y el Acuerdo Transpacífico TPP retoman un tema laboral, y claro el trabajo infantil, el trabajo de menores, pero sobre todo hay que poner énfasis en el trabajo forzoso, que puede englobar a ambos: «Y ahí hay otra arma muy poderosa porque señala el T-MEC, que si se toma en cuenta que un artículo, un servicio proviene del trabajo forzoso, no se requiere ni siquiera panel, y Estados Unidos tiene el derecho de hacer el embargo comercial, y no permitir la entrada de bienes o servicios en los que se contenga el trabajo forzoso, y ahí podría ser el trabajo de menores, el trabajo de mujeres, o incluso jornadas arriba de le Ley, si nos vamos arriba de las jornadas de la Ley se puede interpretar como trabajo forzoso, y Estados Unidos puede decir no permito la entrada de esos bienes sin necesidad incluso de panel. Entonces el artículo 23, recabó los principios de la Organización Internacional del Trabajo, pero con mucho énfasis, en trabajo de menores, en trabajo de mujeres y en discriminación y en trabajo forzoso.
Finalmente dijo que la primera sanción es la disminución o suspensión arancelaria, la segunda puede ir contra todo el grupo corporativo, no sólo al establecimiento o empresa donde se hizo, y la tercera que es lo más grave, Estados Unidos toma la determinación de un embargo total, que no permita la exportación de los bienes hacia Estados Unidos.
Alertó al sector privado a realizar mucha cuestión preventiva, para evitar las quejas de Estados Unidos, hay que trabajar mucho en no interferencia sindical, en permitirle a los trabajadores decidir si quieren o no un sindicato, porque conforme a la nueva Ley pueden no tener, y sobre todo también en materia energética creo que va a tener que reaccionar el gobierno mexicano a los pactos internacionales que tenemos.
En febrero de 2017 entró en vigor una ambiciosa reforma en materia de justicia laboral que fijó un nuevo esquema conceptual, para que los conflictos obrero-patronales pudieran ser resueltos con mayor eficiencia y para que los derechos de los trabajadores fueran plenamente salvaguardados.
La reforma estipulaba tres principios fundamentales: en primer lugar, se buscaba erradicar los “contratos de protección” para garantizar que los trabajadores eligieran de manera libre y secreta a sus representantes sindicales. En segundo lugar, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, antes adscritas al poder ejecutivo, formarían ahora parte del poder judicial, dotándolas de absoluta autonomía. En tercer lugar, como condición previa para iniciar un juicio laboral, se instauró una etapa procesal previa, que es la conciliación obligatoria con el fin de buscar mayor celeridad, y mediante el diálogo, resolver las controversias laborales, cuyo mayor obstáculo era el largo tiempo y el difícil proceso que se debía enfrentar.
En el 2018 y en el 2019 los ordenamientos federales se aplicaron en las leyes del Estado de México, y se creó el Centro de Conciliación Laboral. Durante muchos años, el sector laboral mexiquense, a través del diálogo social tripartito ha buscado construir un sector laboral en donde se procure la paz laboral y en donde los derechos de los trabajadores sean el mejor camino para aumentar la productividad y favorecer con ello la llegada de inversiones productivas a nuestro estado.
La entidad con el mercado laboral más dinámico y vigoroso del país, ha tomado decisiones en la dirección adecuada, desde la implementación de los juicios laborales orales hasta la constitución, en la administración del gobernador Alfredo del Mazo, del Centro de Conciliación, cuyas instalaciones fueron presentadas esta semana y arrancará labores en los próximos días.
El nuevo organismo público descentralizado es el primero en su naturaleza en el país, con ello, el Estado de México da muestra de su compromiso con la planta productiva, al alentar la conciliación como la herramienta más importante para la resolución de conflictos laborales.
Cada año miles de casos y juicios laborales inundan las juntas de conciliación y arbitraje; un gran porcentaje de los problemas obrero-patronales provienen de despidos, y cuando las partes involucradas encuentran conciliadores profesionales, a las pocas semanas el conflicto se resuelve en un par de audiencias, mientras que el juicio puede llevar varios años, sin que el laudo favorable al trabajador se pueda concretar.
El sector laboral mexiquense, hoy liderado por la secretaría Martha Hilda González Calderón, encuentra en miles de funcionarios, cada vez más capacitados, honestos y sensibles, el activo más importante de la reforma laboral que en el Estado de México nos hemos tomado muy enserio. En la medida que la justicia laboral sea expedita y transparente, las relaciones obrero-patronales serán estables y la paz laboral y la productividad estarán vinculadas con prácticas como la conciliación.
Las condiciones actuales para invertir en una entidad con tanta capacidad productiva, con tanto talento humano y compromiso con las justas causas de los trabajadores, nos permiten vislumbrar un mejor futuro.
CIUDAD DE MÉXICO.- El propósito central de la iniciativa del outsourcing que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó y envió al Congreso busca acabar con los esquemas de subcontratación que usan empresas que no tienen trabajadores y recurren a otras para proveer al personal en su actividad principal, afirmó Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Con David Páramo en Imagen Multicast, la funcionaria dijo que el tema de la subcontratación se entremezclaba muchas veces con empresas “fantasma” o “factureras”, donde se crean y desaparecen, bajo el esquema de no responder frente a los trabajadores.
“Un accidente laboral, no tienes a quien acudir, no hay quién responda y si hay la presentación de alguna demanda, algún juicio, pues de repente, te das cuenta que esa empresa ya no existe o no tiene patrimonio porque es una empresa que se dedica a proveer personal no tiene una actividad productiva”, agregó.
Alcalde Luján agregó que hay muchas empresas e industrias que no se dedican a ciertas cuestiones, por ejemplo, al contratar accesorias, algo de mantenimiento de una maquina y ello, se regula “a través de una autorización de la Secretaría del Trabajo o/y un padrón público de acceso en un portal de internet para todos los ciudadanos”.
La titular del Trabajo comentó que la dependencia a su cargo ha detectado este tipo de prácticas abusivas en empresas vinculadas al turismo, donde la mayoría de los trabajadores están contratados en subcontratistas distintas, que hacen firmar a los trabajadores contratos cada tres meses para no generar antigüedad, ni derechos, además de que los registran con salarios menores a los que perciben, lo que afecta su derecho a la vivienda y a una pensión.
“En diciembre cae el empleo, eso sucede cada año y después los vuelven a contratar a finales de enero, principios de febrero. Es un fenómeno que ha venido pulverizando, afectando mucho a los trabajadores, pero, sobre todo, a la hacienda pública, porque hay una defraudación fiscal en muchos de estos esquemas y finalmente a las instituciones de seguridad social, al IMSS al Infonavit”, añadió.
Insistió que con la iniciativa se persigue construir un mercado laboral más productivo, pero también más equilibrado y de respeto de derechos.
Sobre la situación de la aerolínea Interjet, Alcalde Luján dijo que desde la Secretaría del Trabajo se mantiene como conciliador y recalcó que no van a soltar el tema hasta que se paguen los adeudos con los trabajadores, pese a la situación que este sector vive por la pandemia.
El documento fue enviado a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a las comisiones de Seguridad Social y de Vivienda, para opinión.
La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal para prohibir la subcontratación de personal en el país y se sancione a las empresas que incurran en esta práctica hasta por defraudación fiscal.
Tras la recepción, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, turnó a comisiones la iniciativa del Ejecutivo federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación.
El documento fue enviado a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a las comisiones de Seguridad Social y de Vivienda, para opinión.
La iniciativa erradica el outsourcing que se aplica en México desde el 2012, contempla cambios y derogaciones a diversas disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
En su argumentación, el Ejecutivo federal, manifestó que durante la pandemia del COVID-19, el outsourcing provocó que se desatara una serie de despidos masivos de trabajadores, por ser un modelo de subcontratación con contratos laborales por tiempo determinado que no dio garantías a los trabajadores.
“Este modelo de contratación, aunado a la crisis suscitada por la pandemia de enfermedad originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), provocó que se desatara una serie de despidos masivos de personas trabajadoras por parte de algunos patrones”, señaló.
La iniciativa de reforma laboral considera que el permitir la proliferación en el uso de la subcontratación, daña los derechos laborales que protegen a las personas trabajadoras y disminuye de manera significativa las obligaciones de los patrones.
La propuesta establece la figura de Servicios especializados u obras especializadas, con las cueles se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos.
Agencias de colocación, las cuales podrán intervenir en el proceso de contratación: reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. En ningún caso el intermediario se considerará patrón.
Se establecen sanciones a las empresas que incumplan que consisten en procesamiento por el delito de defraudación fiscal, además de que no podrán deducir impuestos y multas a quienes incumplan.
Se espera que el salario mínimo siga aumentando a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y llegue a superar los 6 mil pesos mensuales
El salario mínimo en México es a la fecha de $123.22 pesos.
El actual gobierno federal lo ha incrementado en un 36% en los últimos dos años.
Se espera que el salario mínimo alcance los $6511.30 al mes.
El salario mínimo en México era de $88.36 pesos a inicios del actual gobierno federal. La administración de Andrés Manuel López Obrador lo ha incrementado en un 36% en los últimos dos años y hoy alcanza los $123.22 pesos. Se espera que haya un segundo aumento en 2021 y se dice que seguirá creciendo a lo largo de este sexenio. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, declaró en la conferencia matutina del presidente de México, respecto a los avances del próximo aumento del salario mínimo, del cual todavía no hay una decisión oficial.
“Esto es una vergüenza que estén más bajos los salarios en México que en China, porque cuando empezó el auge en China se decía que una ventaja comparativa eran los bajos salarios. Resulta que ahora son más bajos los salarios en México que en China”, dijo López Obrador en una de sus conferencias pasadas. Fue ahí donde prometió seguir tratando este tema durante su gobierno, pero Alcalde Luján aclara que se trata de una decisión entre gobierno, sector privado y obrero y todavía se encuentran tratando el tema.
“Ya iniciamos con esta discusión, esta mesa de diálogo, esperamos que la decisión sea tomada por consenso, como se tomó este año y el año anterior”, explicó la secretaria de trabajo. “Recordemos que en el año 2019, hubo un incremento del 16%, 100% en el caso de la frontera, este año (hubo) un incremento del 20%, estamos por continuar con una ruta de recuperación. El salario mínimo quedó durante muchos años por debajo de la pobreza y estamos en un esfuerzo para recuperar su poder adquisitivo. Entonces en ese diálogo constructivo vamos a seguir generando acuerdos y esperemos, próximamente, el presidente pueda anunciar el incremento de este año”, agregó Alcalde Luján.
En su conferencia del nueve de noviembre, el presidente se comprometió a apoyar sobre todo al sur del país. “Vamos a llevar a cabo un plan para seguir mejorando la situación económica y social de la gente más pobre de México que vive en el sur y vamos a hacer que en la frontera sur se tenga apoyos como los que ya se están recibiendo en la frontera norte”, dijo.
Luis Munguía, secretario del Consejo de Representantes y director técnico de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), dijo en un artículo que el aumento en el salario mínimo seguirá durante el sexenio de López Obrador. Se espera que alcance los $214.07 pesos al día, aseguró, lo que sería $6511.30 al mes.
La crisis por la pandemia de COVID-19, hizo que aumentara el número de personas que trabajan sin recibir sueldo en México, así como la cantidad de quienes reciben el salario mínimo. Los números fueron variando entre abril y agosto; en mayo, 6% de los trabajadores no recibían paga, en abril, se redujo el número al 2%, pero en agosto aumentó hasta el 7%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así mismo, comparando el año anterior, el número de quienes cobraban el salario mínimo, se hizo mayor. Del 20% del 2019, llegó al 25% de la población con trabajo. Mientras tanto, quienes ganan dos salarios mínimos, crecieron de 32% a 35%. Así mismo, quienes recibían hasta tres salarios mínimos, fueron menos, siendo en mayo del 2019, 17%, en abril de 2020, 15% y en mayo hasta el 12%.
Mientras algunos especialistas ven riesgos en el crecimiento de la informalidad y un impacto económico, otros afirman que la prohibición de la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo era la única salida para terminar por completo con la simulación laboral, la violación a los derechos laborales y la evasión al fisco.
Mientras algunos especialistas ven riesgos en el crecimiento de la informalidad y un impacto económico, otros afirman que la prohibición de la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo era la única salida para terminar por completo con la simulación laboral, la violación a los derechos laborales y la evasión al fisco.
Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral para la Reforma Laboral, dijo que la iniciativa sobre la subcontratación presentada por el presidente “es buena y acorde a los consensos que se han generado en el Observatorio, prohíbe el suministro de personal que genera simulación, autoriza servicios y obras especializadas que no tengan relación con el objeto o la actividad principal de la beneficiaria y pone orden en las agencias de colocación para que apoyen a las empresas en selección, capacitación pero no como patrones”.
En tanto, Oscar de la Vega, socio de la firma D&M abogados, dijo que “de manera general la iniciativa de ley es positiva, es buena en el sentido de que elimina las prácticas indebidas de subcontratación laboral y obviamente porque el efecto de estas prácticas es una precarización del empleo”.
No obstante, dijo que “lo que sí es un tema relevante de todo este efecto es el impacto económico que va a tener las empresas, (…) esto va a generar que los trabajadores reciban un 10% de las utilidades de la empresa, lo que suena bien, pero le pegaría durísimo a la competitividad del país, pues el costo para las empresas se elevará hasta 47 por ciento”.
Sostuvo que, para evitar un impacto negativo, es importante que se revise el tema de fondo que es el porcentaje de 10% del pago de utilidades, “ese para mí es el tema de fondo, lo demás yo creo que es correcto esto de despachos de contadores y de abogados se dedican a subcontratar personal, la verdad eran simulaciones y yo creo que es correcto que se concluya esa práctica”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma en materia de subcontratación, con la que dijo, se busca terminar con las malas prácticas del outsourcing ilegal.
El propósito es equiparar el outsourcing ilegal al mismo nivel de delito que las factureras, por lo que se propone la prisión preventiva por estar relacionadas ambas prácticas.
Con ello, se buscará proteger a los trabajadores que son los más perjudicados, ya que al utilizar la subcontratación laboral, muchas empresas retienen el impuesto sobre la renta (ISR), pero no lo entregan al fisco o los registran con un sueldo menor para no pagar completo el gravamen.
¿Cómo daña el outsourcing ilegal?
En la presentación de ésta mañana en la conferencia matutina de López Obrador, se indicó que el registro de los trabajadores en la seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben daña su historial para pensión, fondo de vivienda y afecta a las licencias de maternidad, accidentes e incapacidades.
Además, las empresas otorgan menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos.
Otra de las malas prácticas es la simulación en la relación laboral respecto a quién es el verdadero patrón, lo que resta estabilidad en el empleo, afecta el pago de reparto de utilidades, impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva.
También se indicó que se impide la generación de antigüedad, sobre todo, porque muchas empresas en el outsourcing usan sus esquemas de contratación para hacer despidos masivos al final de cada año.
“Les despiden masivamente en fin de año y no les reconocen sus derechos, ni aguinaldo, ni nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas la contratación de servicios que se deformó y se echó a perder”, señaló López Obrador.
En cuanto a los daños a la hacienda pública, se argumentó que la evasión de impuestos y defraudación fiscal, deja menos recursos para garantizar servicios públicos y que la evasión de cuotas del IMSS afecta la calidad de los servicios de salud; lo mismo pasa con la evasión de cuotas al Infonavit, que se traduce una reducción en los créditos de vivienda.
También, las malas prácticas en la sucontratación, se indicó, generan una competencia desleal entre empresas, al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por lo que pagan al trabajador como por la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social.
¿Qué plantea la reforma sobre ousourcing?
La reforma modifica y armoniza las siguientes leyes:
-Ley Federal del Trabajo
-Ley del Seguro Social
-Ley del Infonavit
-Código Fiscal
-Ley del ISR
-Ley del IVA
Busca regular tres figuras:
1. Subcontratación de personal
Se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
2. Servicios especializados y obras especializadas
Se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Se requiere autorización por parte de la STPS y padrón público.
3. Agencias de colocación
Podrán intervenir en el proceso de contratación: reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. En ningún caso el intermediario se considerará patrón.
¿Qué castigos propone?
La reforma propone sanciones más severas para las empresas que incumplan:
La reforma contempla la entrega directa de los créditos. Foto: Eduardo Miranda
AMLO anunció una reforma al Infonavit que, entre otras cosas, contempla la entrega directa de créditos a los trabajadores.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de reforma al Infonavit que propone el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende establecer una serie de cambios con los que los derechohabientes podrán tener mayor libertad de elección para adquirir casas, terrenos e inclusive construir por sí mismos.
Los cambios propuestos están centrados en que el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgue créditos de manera directa a trabajadores, en diferentes esquemas de acceso y destino de los montos que puedan adquirir en crédito.
En la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador expuso el plan en lo general, para luego dar paso a que el director del organismo, Carlos Martínez Velázquez, detallara los diferentes aspectos de la iniciativa.
El funcionario expuso que el proyecto de reforma contempla cuatro aspectos:
Reconoce el derecho de los trabajadores a recibir el crédito resultante de su ahorro de forma directa y sin intermediarios; pueden solicitar un crédito al Infonavit cuantas veces lo necesiten; establece condiciones para adquirir terrenos para que los derechohabientes construyan su casa; da lugar a créditos para que se puedan refinanciar los préstamos adquiridos con los bancos.
En síntesis, el mandatario expuso la iniciativa como “una nueva modalidad del Infonavit en la que se entregarán créditos de manera directa a los trabajadores para que de forma libre lo ejerzan los intermediarios, para que estos decidan qué hacer con el dinero sin condicionamientos, imposiciones, ni riesgos que les perjudiquen”.
Según Martínez Velázquez, se trata de la “reforma de inclusión financiera más grande que ha tenido la historia del país”, pues permitirá que alrededor de 40 millones de personas puedan acceder a algún tipo de financiamiento.
El acto incluyó la participación de Fernando Salgado Delgado, representante de la CTM; de José Manuel López Campos, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio quienes, en sus respectivas intervenciones, destacaron los beneficios que se alcanzarían con la reforma propuesta, inclusive, su relevancia en la reactivación económica de las empresas constructoras de menor tamaño y en la demanda de insumos nacionales que se reflejará en la generación de empleos.
La presentación de la iniciativa incluyó también la exposición de programas por otras dependencias, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuyo titular, Román Meyer Falcón, informó las características de la plataforma “Decide y Construye” que orientará sobre cómo llevar a cabo el proceso de autoconstrucción.
Asimismo, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, destacó que, en el contexto de la reforma planteada es importante el incremento del salario mínimo que se ha dado en estos años y que ahora, el gobierno se encuentra en esfuerzos para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Por su parte, el presidente López Obrador centró parte de su exposición en la corrupción que se daba en el ámbito de vivienda, ejemplificando los casos de políticos que compraban hectáreas en lugares inhabitables para recibir el dinero de los créditos con mala calidad en las viviendas.
“Se acabaron las tranzas” en el sector, dijo.
El mandatario consideró que mucha gente no conoce los beneficios de su seguridad social, entre estos los de derecho a la vivienda, por lo que informará de manera constante sobre los programas relacionados.
La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, reveló que hay cerca de 4 millones 600 mil trabajadores bajo esquemas de subcontratación en el País.
El número de trabajadores subcontratados se disparó 358 por ciento desde 2003, cuando las autoridades registraban un millón 2 mil 691 empleados contratados por outsourcing.
Al presentar la iniciativa de reforma para regular el outsourcing, advirtió que la cifra actual podría ser incluso mayor, ya que no se tienen registros claros sobre este esquema de contratación.
«Hoy en día, según datos oficiales, hay cerca de 4 millones 600 mil trabajadores en esquemas de subcontratación», señaló en la conferencia mañanera.
«Uno de los principales problemas es que no se tienen registros claros, así que consideramos que es muy probable que esa cifra sea mayor a la real».
De acuerdo con datos expuestos en Palacio Nacional, en 2003 había un millón de trabajadores subcontratados; 2.3 millones en 2008; 3 millones en 2013; y 4.6 millones este año.
«En 2012 recordarán que hubo una reforma que presentó el entonces Presidente Felipe Calderón, ya prácticamente a su salida, donde se introdujo la figura de la subcontratación con algunas restricciones que finalmente fueron letra muerta, no funcionaron», advirtió Alcalde.
«La subcontratación a partir de ahí se exponenció y se exponenciaron sus abusos».
Alcalde alertó que hay un crecimiento anual de 200 mil trabajadores subcontratados y que más de la mitad del personal contratado bajo ese esquema labora en empresas grandes, de más de 250 mil empleados.
«Y que se encuentran principalmente en industrias como la manufacturera, el turismo u otros servicios», abundó la Secretaria.
«Hay una afectación a las empresas que sí cumplen porque hay una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el lado del pago a los trabajadores, como por la evasión de los impuestos y las cuotas de seguridad social».
Detectan recortes masivos al cierre del año
La Secretaria afirmó que una de las prácticas que utilizan las empresas subcontratistas es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre, y recontratarlos en enero o febrero.
Expuso que la finalidad de estas empresas es romper con la continuidad de la relación laboral para que los empleados no generen antigüedad ni adquieran derechos.
«Este es un fenómeno que se da todos los años, pero podemos ver cómo en 2018 es en diciembre cuando hay esta caída de 378 mil 560 puestos de trabajo, que después se recuperan y se recontratan a finales de enero y febrero.
«Y el mismo comportamiento lo vemos en 2019, donde se dan de baja a 382 mil 210 trabajadores y posteriormente se vuelven a contratar».
Alcalde subrayó que el fenómeno de la subcontratación afecta a la hacienda pública, pues está relacionado con empresas fachada o factureras que evaden impuestos y defraudan al fisco.
Indicó que también se evaden las cuotas del IMSS, afectando con ello la calidad de los servicios de salud; y se eluden las cuotas del Infonavit, reduciendo así los créditos de vivienda.
