En Tabasco se implementará a partir del 18 de noviembre
Todo listo para que el 18 de noviembre entre en vigor en Tabasco la nueva Reforma Laboral que busca lograr revertir los retrasos que existieron en la pasada normativa ya que se modificaron más de 500 artículos y el Poder Judicial tiene lista la infraestructura y el personal para entrar en operación.
Fue la directora general del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, doctora Norma Lidia Gutiérrez García quien señaló que estas nuevas leyes coinciden con los tratados del T-MEC y se privilegia a las dos partes, demandado y demandante, así como también los procesos de transparencia para la elección de los líderes sindicales .
«Con la Nueva Reforma, la figura del outsourcing se busca dar el uso adecuado, que restringe los derechos a los patrones y no se sabe a quién le prestaron el servicio, esto da garantía pero al empleador le da grandes ventajas porque no puede decir el demandante me voy a hacer rico demandando al empleador, la Ley Federal evita que los salarios caídos sean una ganancia sin ton ni son, ahorita un trabajador a lo que puede aspirar es a un año de salarios caídos», sentenció.
Explicó que en materia de expedientes laborales se espera que la resolución sea en el menor tiempo posible y no se tarden de 5, 6 o 10 años , por lo que se esperan de entre 700 y 800 expedientes por juzgado anual.
En materia de infraestructura explicó que el Poder Judicial tiene preparados seis tribunales laborales dimensionándose por el número de pendientes que tendrá un juez por cada juzgado.
Ante los cambios que trajo la reforma laboral y las modificaciones que requieren las formas de contratación en el país, especialistas de la Red de Mujeres Sindicalistas arrancarán una serie de conferencias para abordar las temáticas laborales y cuyo primer tema es “La subcontratación: una relación laboral multiforme”.
En el primer encuentro que inicia este martes 10 de noviembre, especialistas como el magistrado Héctor Mercado y el coordinador del Observatorio Laboral, Alfonso Bouzas, comentarán el estudio sobre subcontratación que presentará Saul Escobar, del Instituto de Investigaciones Obreras Rafael Galván.
Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cambios en la legislación sobre subcontratación, la cual busca eliminar las malas prácticas y evasión fiscal que durante años han realizado algunas empresas.
Al respecto, Saúl Escobar adelantó a El Economista que para evitar el problema de fondo, la simulación patronal o la evasión de responsabilidades, sobre todo en materia de contratación colectiva, se requiere mejorar las disposiciones legales para:
Asegurar una vigilancia puntual por parte de la autoridad laboral.
Establecer una temporalidad del servicio o trabajo que desempeñarán los trabajadores subcontratados.
Invalidar los contratos e imponer sanciones claras y específicas en caso de incumplimiento de los derechos laborales y las obligaciones fiscales; simulación de las relaciones laborales; incapacidad comprobada de la empresa contratista para el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones; y si se demuestra la existencia de una relación profesional o económica directa entre el contratista y el contratante.
La participación de los trabajadores, lo que requerirá que éstos cuenten con toda la información necesaria y las disposiciones legales que faciliten su organización gremial.
Parte del debate que suma Escobar refiere que “ha quedado prácticamente ausente de la discusión el derecho a la contratación colectiva, la sindicalización y la huelga de los trabajadores subcontratados.
Además, de acuerdo con la experiencia nacional e internacional, hay pocas posibilidades de que la persona que labora bajo esta modalidad pueda organizar un sindicato y solicitar la firma de un contrato colectivo.
Por ello, dijo Escobar, “es conveniente establecer, de manera explícita, que los trabajadores que laboran regularmente en la empresa contratante y el personal subcontratado tienen derecho a formar parte de un mismo sindicato de empresa o rama”.
Convendría también que se estableciera en la ley que el sindicato que administra el contrato colectivo de la empresa beneficiaria pueda, en su caso, y si es la voluntad del trabajador subcontratado, reconocerlo como miembro de su organización y exigir el cumplimiento de sus derechos, si éste no cuenta con un contrato colectivo ni pertenece a alguna otra organización sindical.
En ambos casos, los trabajadores subcontratados estarían en mejores condiciones para negociar sus condiciones de trabajo y ejercer sus derechos laborales, incluyendo la huelga.
Chihuahua, Chih. Maquiladoras, supermercados y otros establecimientos de Chihuahua obligaron a sus empleados a laborar a puerta cerrada este fin de semana para evadir el decreto estatal de alerta sanitaria por Covid-19 que impone medidas adicionales al semáforo rojo y restringe los sábados y domingos todas las actividades que no correspondan a servicios de salud. En respuesta, policías e inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) clausuraron al menos 85 empresas.
El estado de alerta sanitaria vigente en la entidad ordena cerrar centros comerciales, industrias y cuanta labor, incluso considerada esencial, no tenga relación con hospitales, además de suspender rutas de transporte público e impedir la movilidad de siete de la noche a seis de la mañana. No obstante, maquiladoras ofrecieron bonos a sus obreros a cambio de continuar sus tareas y las cadenas de supermercados obligaron a sus trabajadores laborar aunque no acudieran clientes.
Entre sábado y domingo, policías del municipio de Chihuahua desalojaron a decenas de empleados de tres tiendas de autoservicio que debieron presentarse a pesar de que los establecimientos no abrieron. Asimismo, fueron clausuradas tres sucursales de la tienda Elektra y una de Coppel, que tenían clientes y dependientes.
En redes sociales, ciudadanos y trabajadores de las cadenas Walmart, Soriana, Alsuper y Smart residentes en Ciudad Juárez y Chihuahua aseguraron que cumplieron sus turnos dentro de las franquicias con las puertas cerradas. Nos tienen encerrados sin derecho a salir a comer y cerraron el estacionamiento para que no entren los inspectores del gobierno, comunicó un empleado de Walmart.
Cubren las puertas y ventanas con plásticos y papel para que no se den cuenta de que estamos. Obligan a presentarnos a laborar sábado y domingo, y no hay transporte, declaró un trabajador de Smart.
Operarios de las maquiladoras Jabil, Sofi, SMTC y Borg Warner, en la capital chihuahuense, aseguraron que la producción no se detuvo y que en dos compañías había casos de coronavirus.
Nos dijeron que tenemos que trabajar para pagar días y ya salieron positivos 12 empleados. Hacen todo por debajo del agua, afirmó un obrero de Borg Warner, que produce piezas y componentes para la industria automovilística.
En SMTC, un empleado informó de cuatro casos de coronavirus y dos fallecidos, y la empresa sigue trabajando.
En el municipio de Camargo, policías desalojaron a 120 obreros de la maquiladora Contec que trabajaron a cambio de un bono, y pusieron sellos de clausura en las instalaciones.
Empleados de unas 12 maquiladoras en Ciudad Juárez revelaron que se les obligó a laborar el viernes hasta 24 horas para asegurar la producción del fin de semana. A otros los hicieron dormir en las naves industriales para cumplir el turno del sábado.
El domingo, inspectores retiraron a 27 operarios y a una supervisora de una maquiladora ubicada en el Parque Industrial Aztecas de Ciudad Juárez, que simulaba estar cerrada.
La STPS reportó que sus inspectores clausuraron el sábado al menos 85 empresas en todo el estado, incluidos supermercados, mueblerías, bancos, refaccionarias, constructoras, una maquiladora y tiendas de ropa. La dependencia recordó que las compañías que quebranten las restricciones serán acreedoras a sanciones económicas de entre 20 mil y 500 mil pesos.
En Juárez, autoridades dieron a conocer que células mixtas integradas por personal de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de Protección Civil y policías imponen las medidas restrictivas y desalojaron a 481 personas de 48 negocios que realizan actividades no esenciales.
Pedro Chavira, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación, dio a conocer que el sector perdió 400 millones de dólares por la alerta sanitaria y aceptó que con el regreso al semáforo rojo ninguna maquiladora de Ciudad Juárez detuvo operaciones, pero las fábricas trabajan con aforo limitado y la mayoría dejó de laborar sábado y domingo.
Expuso que al menos siete empresas planeaban instalarse en Juárez a corto plazo, pero esas inversiones están en riesgo si las prohibiciones continúan.
Ayer el gobierno de Chihuahua confirmó 580 casos nuevos de Covid-19 e indicó que el estado tenía 29 mil 356 contagios certificados durante la pandemia, 6 mil 637 de ellos (22.6 por ciento) al momento activos, corroborados durante los últimos 14 días. Según el director médico de la Secretaría de Salud, Arturo Valenzuela, la entidad tiene una incidencia bastante alta, con 972 contagios de coronavirus por cada 100 mil habitantes.
Añadió que Chihuahua acumula dos mil 371 defunciones, 33 avaladas este domingo, 15 documentadas en Ciudad Juárez y 10 en la capital del estado, de tal forma que la tasa global de fallecimientos en el estado es de 62 por cada 100 mil pobladores.
El anunció se realizó tras un concurso que atrajo que atrajo a 2 mil 172 abogados, y de los 45 puestos para jueces, 23 quedaron en manos de mujeres, detalla el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer a los 45 ganadores del concurso para designar a jueces federales especializados en materia de trabajo.
El anunció se realizó a través de Diario Oficial de la Federación, tras un concurso que atrajo que atrajo a 2 mil 172 abogados. Originalmente, el número de plazas que se tenía previsto era de 51, pero se modificó el acuerdo y quedó en 45.
La primera etapa se desarrolló en agosto de este año, donde los concursantes respondieron un cuestionario. El Comité Técnico del concurso elaboró una la lista de los participantes que pasaron a la segunda etapa, es decir, a las 45 calificaciones más altas por participantes hombres y las 45 más altas obtenidas por las participantes mujeres.
Para la declaración de vencedores de las 45 plazas vacantes se consideraron las 22 calificaciones más altas obtenidas por participantes hombres y las 23 calificaciones más altas obtenidas por mujeres.
Los vencedores del concurso serán adscritos a los estados de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.
El 16 de julio del presente año, el titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, comunicó al CJF, que como resultado de las diversas reuniones de trabajo sostenidas con las autoridades de los estados de Guanajuato y Tlaxcala, se acordó posponer la entrada en operación de los tribunales laborales federales en esas entidades.
A cuatro meses de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), senadores de la República evaluaron los avances, en reunión con la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, quien aseguró que hasta el momento no se han presentado denuncias formales que ameriten la activación de los mecanismos de solución de controversias.
La Secretaria de Economía detalló los avances que se han realizado en el proceso destacando la realización de reuniones con diversos sectores productivos y niveles de gobierno; y pidió esperar a que se inicie en la Comisión de Comercio Internacional en los Estados Unidos una investigación para determinar la acción concreta que tomará, en este caso, el gobierno del Presidente Joe Biden.
“La determinación de la Comisión de Comercio Internacional tendrá lugar el 27 de enero de 2021 y la recomendación final ocurrirá el 29 de marzo de ese mismo año, es decir, el próximo año, y la proclamación podría venir el 27 de mayo”, indicó.
Con todas estas fechas del próximo año, dijo que no se tiene ninguna medida concreta en el tema de estacionalidad, sino se encuentran en la etapa en la que las autoridades estadounidenses están estudiando el caso, de acuerdo a su normatividad y recomendarán o no al Ejecutivo tomar algún tipo de acción.
La funcionaria federal además abordó la instalación de los comités de cada capítulo del Tratado; la organización de rondas de negocios, y la difusión de los beneficios del acuerdo.
En reunión en su modalidad a distancia, la Comisión Especial de Seguimiento para la Implementación del T-MEC, que preside la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, destacó que durante este tiempo se han constatado los beneficios de contar con este instrumento, sobre todo como impulsor de la recuperación económica de los sectores integrados a las cadenas de valor regionales.
La priista reconoció que aún existen importantes retos en la implementación, como la investigación sobre productos agrícolas estacionales, los pendientes en la puesta en marcha de la reforma en materia de justicia laboral, y las nuevas variables producto de las elecciones en Estados Unidos.
Los senadores que integran la Comisión Especial plantearon diversos cuestionamientos sobre el impacto de las elecciones de los Estados Unidos, en las estimaciones de los beneficios del T-MEC; los escenarios y estrategias ante posibles controversias sobre el cumplimiento del tratado ante la política energética que ha asumido el gobierno mexicano, así como en materia laboral.
Abordaron sobre los avances concretos en la implementación de la reforma laboral; las perspectivas sobre el crecimiento en el sector automotriz y sus protocolos ante la pandemia; las presiones en el sector agroalimentario y la dinámica del sector minero en México.
La reunión contó con la presencia de senadores de los diversos grupos parlamentarios, mientras que por parte la Secretaría de Economía participó también la Subsecretaria de Comercio Exterior, Dra. Luz María de la Mora, entre otros funcionarios federales.
Entrará en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Laboral a nivel federal, pero en el contexto local continuará operando el sistema laboral tradicional.
PACHUCA.- La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, informó que el Nuevo Sistema de Justicia Laboral iniciará operaciones en Hidalgo el 18 de noviembre, pero solo en el ámbito federal, ya que en el contexto local continuará operando el sistema laboral tradicional.
Eguiluz Tapia explicó que este sistema se dará con el inicio de actividades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a través de su Oficina Regional, así como el Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación del estado de Hidalgo.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será la instancia prejudicial, es decir, tratará de resolver las controversias obrero-patronales por medio de la conciliación, antes de que se presente una demanda ante el Tribunal; además de realizar los registros de sindicatos, contratos colectivos y reglamentos internos de trabajo, tanto de competencia local como federal.
Por su parte, el Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación tendrán competencia en la tramitación de juicios laborales, con el objetivo de resolver conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, en asuntos de competencia federal.
Para el caso de asuntos estatales, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) continuará resolviendo controversias entre trabajadores y patrones que ingresen demandas, individuales y colectivas, en tanto inicie funciones el Centro Local de Conciliación Laboral y el Tribunal Laboral Local, precisó la secretaria.
En este sentido, Eguiluz Tapia subrayó que la JLCA continuará realizando los emplazamientos a huelga en asuntos colectivos en materia local, la tramitación de juicios laborales, celebración de convenios dentro y fuera de juicio, así como la ejecución y cumplimiento de laudos.
Asimismo, la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT) seguirá proporcionando asesoría y representación a los trabajadores respecto a dudas o posibles vulneraciones a sus derechos laborales, así como a sindicatos en su respectiva competencia.
Además, la PEDT aún podrá citar a los patrones o representantes de sindicatos a pláticas conciliatorias para solucionar controversias laborales, hasta que inicie funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo.
Finalmente, María de los Ángeles Eguiluz Tapia puntualizó que una vez que el Nuevo Sistema de Justicia Laboral inicie actividades de manera total en la entidad, en 2021, la JLCA resolverá únicamente asuntos que se encuentren en trámite para la conclusión de los mismos.
La crisis barrió con más de la mitad de los empleos entre los trabajadores que todavía en enero ganaban un salario mínimo, además la pérdida de plazas se ha concentrado en los servicios para el consumo privado, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El organismo exhibe que el deterioro del mercado laboral formal se ha recargado en la gente con menores ingresos. Del total de plazas eliminadas entre enero y septiembre, 94.7 por ciento es de los trabajadores con ingresos de uno a tres salarios mínimos.
En suma, 746 mil 47 plazas de trabajadores que no percibían más de tres salarios mínimos al inicio del año fueron eliminadas. Mientras en la franja de empleos con salarios de ocho hasta 18 salarios mínimo se han creado 79 mil 119 plazas.
Gabriel Badillo González, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó que a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México los periodos de crisis suelen caracterizarse por la precarización del empleo más que por un aumento desproporcionado en la tasa de desempleo abierto.
Explicó que, una vez que la población no económicamente activa se reincorpore al mercado de trabajo, es siete veces más probable que lo haga en la informalidad que en un puesto formal. En este sentido, es necesario recordar que la mayor afectación en el empleo se dio en las actividades de menores ingresos, trabajos eventuales, cuenta propia, y de la población joven, abundó.
Los datos del IMSS también exhiben que el confinamiento afectó primero al empleo en el sector de servicios. En él se perdieron 437 mil 428 plazas, 55.5 por ciento de todos los empleos perdidos en esta coyuntura; le siguieron el comercio, con 106 mil 515; luego la industria de la transformación, con 89 mil 781 puestos nuevos, y la agricultura, con 69 mil 948 plazas.
Hasta el momento, además de los apoyos en crédito, el gobierno federal no ha lanzado algún programa de apoyos a los sectores más afectados en el empleo. Revivió el Programa de Inversión en Infraestructura del Sector Privado como única iniciativa trasversal.
En el sector de la construcción se eliminaron 64 mil 144 plazas de enero a septiembre, las cuales representan 11.7 por ciento de todo lo perdido en el sector terciario, que hasta el año pasado generó casi siete de cada 10 pesos de la economía mexicana.
A consulta sobre cómo debe dirigirse la política salarial para el próximo año, dada la coyuntura, Badillo González explicó que, por el momento, las negociaciones contractuales del sector público y privado han mostrado un avance positivo en su tasa anual (aproximadamente de 4 por ciento de acuerdo con datos Banco de México consultados en septiembre), aunque han sido inferiores comparadas con los avances otorgados en 2019.
No obstante, muchas de las revisiones contractuales se han suspendido, ya sea porque no hay condiciones de negociación o porque existe la expectativa de que la situación sanitaria y económica mejore el próximo año.
En este sentido, la política salarial debe continuar con el proceso de recuperación, seguramente se va a proponer un incremento más significativo que el que se hubiera otorgado en condiciones normales, pero este incrementó también podría estar limitado por la contracción económica. Es probable que las metas establecidas en el sentido de que el salario alcance el costo de la canasta de bienestar requieran mayor tiempo, manifestó.
La unidad en México de la alemana Volkswagen acordó con el sindicato prorrogar hasta enero de 2021 la negociación sobre la distribución entre los empleados de los beneficios de la compañía de un ejercicio anterior para evitar una huelga, informó este viernes en un comunicado.
Volkswagen dijo que el nuevo plazo, que vence el 29 de enero, tiene como objetivo esperar la resolución definitiva por parte de las autoridades sobre el reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2015.
Volkswagen México dijo en un comunicado que el nuevo término, que vence el 29 de enero, tiene como objetivo «esperar la resolución definitiva por parte de las autoridades sobre el reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2015».
Esta es la segunda vez en 2020 que la armadora evita una paralización de su producción por diferencias contractuales con sus empleados, luego de que se vio obligada a detenerla unos tres meses hasta junio para evitar la propagación del coronavirus.
«Volkswagen garantiza debidamente los intereses de sus trabajadores durante dicho proceso», añadió la empresa.
Un portavoz del sindicato de trabajadores de Volkswagen en México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La planta de Volkswagen en Puebla fabrica los modelos Tiguan, Jetta, Golf y, desde el mes pasado, el deportivo utilitario compacto Taos para la venta en México y otros mercados, incluido Estados Unios, y es una de las fábricas de automóviles más grandes del país latinoamericano.
La pandemia de Covid-19 ha impactado de manera más profunda a las mujeres alrededor del mundo, especialmente a las que se encuentran en el mercado laboral. Por un lado porque forman parte mayoritaria en la primera línea de combate a la contingencia sanitaria, siendo médicas, enfermeras y cuidadoras; por otro lado, porque se han profundizado las brechas de género en las actividades domésticas y la violencia dentro de los hogares se ha disparado a niveles altos.
Las mujeres profesionistas declaran no sólo tener más carga laboral en sus casas, también manifiestan que tienen más carga en sus ocupaciones remuneradas. De acuerdo con una encuesta realizada por Deloitte Internacional, el 82% declaró que sus vidas han sido afectadas negativamente por la pandemia y siete de cada 10 de ellas están preocupadas por su crecimiento profesional; piensan que irá en picada.
“Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 todos hemos tenido que adaptar nuestra vida diaria. Sin embargo, las mujeres están siendo impactadas de manera profunda, ya que enfrentan grandes desafíos y, generalmente, asumen tareas más amplias en el hogar mientras continúan haciendo malabarismos con sus carreras”, dijo Emma Codd, Líder de Inclusión en Deloitte Global.
La ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) también han alertado sobre el impacto diferenciado de la pandemia para hombres y mujeres; si las empresas y el sector público no desarrollan políticas bajo la perspectiva de género, todo el camino avanzado en materia de inclusión e igualdad podría borrarse.
Del estudio de Deloitte, que recopila las opiniones de 400 mujeres del mundo que tienen un trabajo fuera de casa, se encontró que el 65% dice que desde que inició la pandemia tiene más ocupaciones dentro de su hogar, y el 33% también recibe más tareas de su empleo.
En este sentido, el caso específico de México se confirma con los datos de la Encuesta sobre el Impacto Económico generado por el Covid-19 (ECOVID-ML) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que refleja que, en comparación con sus pares hombres, las mujeres que trabajan han enfrentado con más fuerza la pobreza de tiempo.
En México, durante abril, el mes más estricto en términos de confinamiento, la encuesta del Inegi encontró que un cuarto de las mujeres ocupadas pudieron seguir laborando bajo el esquema del teletrabajo. De ellas casi la mitad (44.6%) declaró que enfrentó un recorte en sus ingresos laborales y el 87.7% aseguró que no ha recibido ningún incentivo o apoyo para enfrentar la crisis.
Las cifras nacionales se alinean con el rastreo realizado por Deloitte a escala global; este estudio también mostró que las principales afectaciones que han experimentado las mujeres que trabajan durante la pandemia son en términos de salud mental, recreación y balance entre vida personal y trabajo; cerca del 40% de las mujeres encuestadas dijeron que la pandemia impactó negativamente en estos rubros.
Estas condiciones, de acuerdo con un informe emergente en contexto Covid-19 de ONU Mujeres, conllevan un riesgo importante para las mujeres, no sólo en su participación en el mercado laboral, también en su propio desarrollo y bienestar.
Las mujeres que trabajan y que, además, tienen hijos o responsabilidades especificas en el hogar son las más afectadas. El estudio mostró que el total de mujeres que asume más del 75% de las labores domésticas pasó de 17% a 48% de antes de la pandemia al momento de la encuesta. Esto es: casi se triplicó el número de mujeres que trabajan y además realizan casi todo el quehacer y los cuidados en casa.
El caso de México también es especialmente particular en este aspecto; la educación básica se reactivó de manera remota, mediante la televisión, celulares y tabletas electrónicas los niños y adolescentes toman clases. Las mamás, en su mayoría, se han convertido en sus principales guías educativos.
La ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Inegi muestra que a partir de la pandemia, salieron millones de mujeres del mercado laboral. Gran parte de las que han regresado se ocupan principalmente en la informalidad o en empleos con jornadas más cortas; esto podría explicarse porque las tareas domésticas, de cuidados y ahora de acompañamiento escolar ocupan gran parte de su tiempo.
Preocupa el incierto panorama para el desarrollo profesional
El estudio de Deloitte también mostró que a las mujeres que tienen un empleo les preocupa su desarrollo profesional en el corto y largo plazo, debido a la turbulencia que ha generado la pandemia.
El 23% de las mujeres considera que debe estar siempre activa en el trabajo y teme que en algún punto tenga que elegir entre sus actividades laborales o sus actividades del hogar. Un 10% incluso dice que considera la posibilidad de poner en pausa su crecimiento profesional o dejarlo en su totalidad por la falta de tiempo.
“Si bien la gran mayoría de las mujeres encuestadas ven potencial para progresar en sus carreras durante el próximo año, de alguna manera (por ejemplo, obteniendo un ascenso o un aumento de sueldo, cambiando roles o adquiriendo más responsabilidades), 60% se pregunta si quieren continuar con su desarrollo en general, al considerar lo que creen que se necesitará para ascender en sus organizaciones”, resalta el reporte de Deloitte.
La desproporcionalidad en la que se realizan las tareas domésticas no sólo forma parte de un tipo de violencia de género, de acuerdo con la ONU Mujeres, también imposibilita a las mujeres de gozar efectivamente de sus derechos, a la recreación, al trabajo y al desarrollo individual. Adicionalmente también tiene impactos negativos en el mercado laboral; la deserción femenina reduce la tasa de participación laboral de las mujeres y como consecuencia reduce la actividad y producción económica.
En México la tasa de participación laboral masculina es casi del doble que la femenina; mientras que en las labores domésticas las mujeres participan casi con el 80% del total y el 20% restante lo realizan los hombres.
De no implementar políticas a escala institucional, estas brechas podrían profundizarse de manera inédita a causa de la crisis por Covid-19.
El informe de Deloitte resalta que la participación empresarial será clave para que las mujeres puedan continuar con su desarrollo profesional y los avances en materia de género no den pasos atrás: “El próximo año resultarán fundamentales nuestros esfuerzos para lograr la diversidad de género en el lugar de trabajo. Las empresas deben priorizar la flexibilidad, la equidad y la inclusión, para ayudar a las mujeres a lograr sus ambiciones profesionales”.
Durante los meses más duros en términos sanitarios el mercado laboral mexicano recibió un fuerte impacto negativo con muchas suspensiones laborales, anulación temporal de prestaciones, despidos definitivos o recortes salariales. Aún cuando se han recuperado algunos empleos, éstos se han generado en distintas condiciones, y todavía crece (aunque a menor ritmo) el número de trabajadores que pide asesorías o reporta abusos ante la Profedet.
La emergencia sanitaria impactó de manera importante al mercado laboral; por un lado, miles de trabajadores del sector formal e informal perdieron sus ocupaciones y muchos otros tuvieron bajas temporales y a la par de la recuperación se han recuperado algunas plazas y creado otras en distintos sectores. Aunque durante el tercer trimestre del 2020 se han recuperado empleos y la economía presenta avances, todavía los trabajadores continúan pidiendo asesorías laborales, enfrentando juicios o conciliaciones.
Tan sólo de enero a septiembre la Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) atendió a 191,115 trabajadores, siendo abril, mayo y junio los meses con mayor nivel de asesorías y apoyos brindados. Durante este lapso de tres meses se concentró casi la mitad de las solicitudes para atención de los trabajadores en nueve meses que lleva el año. También se ha acumulado un total de 6,105 conciliaciones entre patrones y trabajadores y 4,856 juicios laborales.
Desde inicios del confinamiento y como respuesta al decreto de contingencia sanitaria, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que los despidos y bajas derivadas de la pandemia son ilegales: “Debe quedar claro que no existe fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo”, se acotó.
Pese a los pronunciamientos de las autoridades, la condición de informalidad de muchos trabajadores los deja fuera del alcance de la protección laboral, y por otro lado el quiebre de muchas micro y pequeñas empresas impulsó miles de bajas y suspensiones en el campo formal. De acuerdo con la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) en abril, el mes con mayores restricciones, salieron del mercado laboral 12 millones de mexicanos de los cuales ya 8.4 millones han vuelto paulatinamente al corte de septiembre.
En el sector formal se perdieron entre marzo y julio 1 millón 113,677 ocupaciones, de las que hasta octubre se han recuperado cerca del 38%, de acuerdo con las cifras de afiliados al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Por su parte, la informalidad repuntó a una tasa de 54.9% en septiembre, casi el mismo nivel que se registraba antes de la pandemia (56 por ciento).
Estas cifras revelan que, si bien el programa de reactivación ha logrado desacelerar el incremento del desempleo y los conflictos laborales, no ha sido suficiente para generar condiciones prepandémicas en el mercado laboral, que además ya presentaba muchas problemáticas.
Especialmente para el sector formal se observa que la mayor parte de la recuperación de empleos se ha presentado en rangos salariales de medios a bajos y los conflictos entre patrones y trabajadores todavía persisten.
Desde que comenzó la reactivación gradual en julio la Profedet registra un promedio mensual de asesorías brindadas significativamente mayor al del año pasado. Y las principales problemáticas en las que los trabajadores solicitan apoyo son: temas de derechos humanos, despidos y prestaciones laborales. En julio se registró un total de 22,787 trabajadores atendidos, en agosto sumaron 21,762 y en septiembre se acumularon 21,052 a escala nacional.
La mayor parte de las solicitudes y reportes a la Profedet se generaron en el Valle de México y en las entidades que conforman la región centro del país y el 42% se produjeron a través del Centro de Orientación Telefónica. Esta situación también empalma con los estados que presentaron mayor pérdida y recuperación de empleos formales que fueron la Ciudad de México, el Estado de México, estados del Bajío y algunas entidades industriales como Nuevo León y Jalisco.
A través de la Procuraduría Digital, un recurso virtual generado para cubrir las necesidades en el contexto de la pandemia Covid-19, también se han registrado al corte del 23 de octubre 11,563 reportes de abusos o conflictos de trabajadores de los cuales el 73% han sido atendidos y el resto se encuentra en revisión.
¿Qué derechos corresponden en caso de renuncia voluntaria?
Aguinaldo (parte proporcional)
Vacaciones y prima vacacional (parte proporcional)
Prima de antigüedad, siempre que se tengan como mínimo 15 años de antigüedad (parte proporcional)
Prestaciones vigentes que no estén cubiertas
¿Qué derechos corresponden en caso de despido injustificado?
Aguinaldo (parte proporcional)
Vacaciones y prima vacacional (parte proporcional)
Prima de antigüedad
Prestaciones vigentes que no estén cubiertas
Tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional
Ante los despidos injustificados, el trabajador puede acudir a la Profedet para solicitar asesorías laborales y alcanzar una conciliación con su empleador. En el caso de no resolverse existe la posibilidad de interponer una demanda, si es el caso el trabajador tiene un plazo de dos meses para iniciar el proceso.
Otras problemáticas laborales
Ante la persistente crisis en el mercado laboral, la información y asesoría es fundamental para que los trabajadores que se vean involucrados en algún conflicto laboral. La Profedet asesora gratuitamente a todos los trabajadores y también funge como representante legal en situaciones de despido injustificado, riesgo y condiciones laborales, reclamo de prestaciones, pensiones por invalidez o retiro, designación de beneficiarios, antigüedad, vacaciones forzadas, bajas temporales sin goce de sueldo y aportaciones para el retiro ya sea con las Afore o en los sistemas de seguridad social IMSS e ISSSTE.
