“Lo que deberíamos estar haciendo es capacitando a las y los jóvenes», urge la Cepal
La tasa de participación económica de la población joven disminuyó 8.7% en América Latina y el Caribe, y en México una de cada cuatro mujeres no puede postularse a una vacante por la “exacerbada carga” de trabajo en su hogar.
Todavía no se ha llegado al pico de la crisis
Si creías que los tiempos difíciles por desempleo están por terminar, no seas tan optimista, se prevé que en 2021 será superior al de 2020, dijo Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Se espera que la cifra sea rebasada en 47 millones de personas sin trabajo, a la que se llegó este año en la región, de acuerdo con el informe “La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política”.
Bárcena hizo la presentación del estudio en conferencia de prensa virtual. Su elaboración fue por la Cepal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se explicó que las pérdidas de empleo por la pandemia de covid están concentradas en las personas jóvenes, que además son mujeres o migrantes o tienen bajos niveles educativos.
“Lo que deberíamos estar haciendo es capacitando a las y los jóvenes. Capacitar es la tarea más urgente”, agregó. Esta crisis es la peor en 100 y no saldremos pronto de ella, advirtió. Si el crecimiento en 2021 fuera de 3% “alcanzaremos los niveles de 2019 en 2023”. Pero si la tendencia es de 1.8%, la región llegará a esa condición en 2025.
Sin embargo, quizá ninguno de estos escenarios se cumpla, porque la previsión de organizaciones como el Banco Mundial es más bien de una caída de 5.2%. La pobreza en la región llegará a 231 millones de personas, lo que representa un retroceso de 15 años.
Además, la pobreza extrema alcanzará a 96 millones de personas, con un retroceso de 30 años.
Se espera que la recuperación del mercado laboral de la región tras los impactos de la pandemia de covid-19 será lenta y podría tomar hasta una década llegar a los niveles de empleo presentados antes de la crisis.
Participación económica de jóvenes de 24 años
El reporte destaca que para finales de junio la tasa de participación económica de personas de hasta 24 años se redujo 8.7%. Mientras que la de la población que rebasa esa edad cayó 6.8 puntos porcentuales. La tasa de ocupación para la gente más joven cayó 7.8 y para quienes tiene más de 25 años, 7.3 puntos porcentuales.
“Más mujeres que hombres han perdido su trabajo, y ellas están tardando más en recuperarlo”. La pandemia amplió las brechas laborales para nosotras. Y aunque la COVID-19 ha servido para que las empresas acepten el trabajo desde casa, poniendo todo en la balanza, el resultado es negativo, aseveró la presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica (WEF), Michelle Ferrari.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en septiembre había 33.3 millones de hombres económicamente activos; antes de la pandemia eran 34.6 millones. En tanto, en el mismo mes, 20.5 millones de mujeres tenían un empleo o estaban en busca de uno; antes de la crisis, había 22.6 millones en esta condición.
Las mujeres ya tenían mucho menos acceso al mercado laboral, enfatizó la consultora organizacional. El desempleo afectó a todos los grupos que tenían un ingreso por su trabajo, pero hasta ahora ellas siguen “representando las mayores bajas”. Pues mientras 1.1 millones de hombres siguen sin empleo, hay casi 3 millones de trabajadoras sin uno.
“El cierre de las escuelas trajo una carga adicional a las madres trabajadoras. Y en general, todo lo que se tiene que hacer en casa para no poner en peligro nuestra vida porque esta enfermedad implica mucho esfuerzo que se delega en las mujeres.
Sumado a las medidas de confinamiento, esto complica la búsqueda de empleo o de un puesto de mayor responsabilidad y, por ende, de mejor remuneración, explicó. “No todas pueden darse el lujo de quedarse en sus casas. Tienen la urgente necesidad de conseguir ingresos”.
Es evidente que frente a ese panorama todo cambio que se anuncia en el mundo laboral o en la política económica afecta en forma preponderante a las mujeres, esta afirmación supone una perspectiva de género. ¡Eso hay que verlo!.
Durante este mes hay varios acontecimientos importantentes en materia de política econonómica: la autorización del Paquete Económico 2021 por el Congreso y cómo va a quedar el Anexo 13; el incremento al salario mínimo (SM) para el próximo año; la propuesta del presidente para el sistema de pensiones que ya está en el Congreso para su revisión y apobación y, recientemente la propuesta presidencial sobre el outsourcing: regularlo o eliminarlo, es el debate.
Una agenda amplia, en todas y cada una de estas medidas están los intereses de las mujeres les afectará directa e indirectamente, pese a ello su nivel de participación en las argumentaciones no es muy amplia, no se escucha su voz y tampoco se atiende.
¿Qué implicaciones tiene el incremento al SM en tiempos de crisis?
Para las mujeres la posibilidad de remontar esta crisis provocada por la pandemia pasa necesariamente por la recuperación sostenida de los ingresos, en su mayoría provenientes de un salario, aún para esa gran mayoría que se ubica en la informalidad laboral (sin derechos laborales). Es la fórmula para reducir desigualdad y pobreza.
Una vida digna requiere, como mínimo, cubrir los servicios básicos de alimentación, salud, limpieza, vestido, vivienda y educación.
“Una vida digna en México, hoy en día, requiere satisfacer necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda y el vestido, así como tener la oportunidad de trabajar, acceso a los servicios de salud y educación y al tiempo libre. Se trata también de estar comunicada e informada, vivir en un ambiente estable y seguro, y ser parte de la sociedad”. Son algunos de los resultados del análisis elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, titulado: “El estándar de ingreso mínimo en cuatro grandes cidades de México”, coordinado por Marcelo Delajar.
Si tomamos como referencia el primer grupo (pareja +1, edad 0-2) que aparece en la gráfica el salario requerido para cubrir todas las necesidades que están ahí, como bienes y servicios personales y del hogar, alimentación, salud y transporte, es de 19 mil 075 pesos. Para el segundo tipo de familia el ingreso necesario sería de 27 mil 230.
Esto es totalmente fuera de la realidad laboral del país, en particular de las mujeres y sus familias, implica que sus ingresos laborales no les permiten cubrir dignamente todas las necesidades.
Según datos del Inegi para el primer trimestre de este año. 59.4 por ciento (6.9 millones de trabajadoras), percibían un salario que va de 1 a 2 salarios mínimos, esto es aproximadamente 3 mil 697 pesos mensuales en un SM y 7 mil 393 en dos, mensuales y sin considerar el SM de la zona frontriza. Y pese a que en este gobierno los incrementos salariales son inéditos, con una intención de recuperación y mejoría de ls condiciones de vida para toda la población.
Para poder cubrir dos canastas básicas urbanas se requieren más de 100 pesos al día porque actualmente, con datos de septiembre de 2020, la canasta básica tiene un costo de 3mil 255. 60. Para 2021 se estima que sería de 3 mil 300 pesos.
Según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), la política de aumento de los salarios mínimos se mantendrá y al final del sexenio se espera que llegue a los 214.07 pesos diarios, es decir 6 mil 511.30 pesos mensuales, lo que corresponde a cubrir las necesidades básicas de un individuo y un dependiente económico.
Si las condiciones económicas lo permiten, probablemente el salario mínimo terminará siendo superior a los 214.07 pesos diarios.
La segunda meta de la política de salarios mínimos que se han planteado es actualizar y renovar los salarios mínimos profesionales. “Actualmente, existen 59 y varios de éstos están desactualizados; es decir, se fijan para profesiones que ya no existen en México. Otros se podrían modificar para que sean compatibles con las clasificaciones del IMSS e Inegi y así facilitar que las empresas paguen el salario correspondiente en cada profesión”.
Aún hace falta incluir profesiones y ocupaciones que fueron excluidas. “Uno de los objetivos que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación es incorporar a las trabajadoras del hogar y a los jornaleros agrícolas. La meta es integrar a estas profesiones al sistema de Salarios Mínimos Profesionales y así mejorar sus niveles de ingreso. Pero no solo eso, también se plantea la necesidad de que estas dos profesiones accedan a todos los derechos laborales que por ley les corresponde, como acceso a la seguridad social, a una pensión digna, vacaciones, entre otros”. El Economista, 29/oct/2020
De momento se queda en el tintero los temas de los cambios propuestos para las pensiones y lo reltivo al outsourcing o subcontratación. Todos de gran repercusión para las mujeres.
Dentro del gremio de los telefonistas se estima que en un periodo de 7 a 10 meses podría caer el actual dirigente sindical Francisco Hernández Juárez, que se acaba de reelegir y lleva 4 décadas en el poder, pues se habrían presentado 10 denuncias penales en su contra por enriquecimiento inexplicable y abusos con los fondos de los trabajadores. Lo interesante es que esas querellas han salido desde Puebla.
Se han formado tres corrientes disidentes de trabajadores de Teléfonos de México que se han cohesionado en un sólido bloque que, aprovechando el aire de democratización sindical que impulsa el gobierno de la 4T, están empujando la posibilidad de provocar la renuncia de Hernández Juárez, tal como pasó con Carlos Romero Deschamps, quien controlaba al poderoso gremio petrolero.
Francisco Hernández Juárez lleva 44 años al frente del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana. Le faltan ocho años para alcanzar la marca de Fidel Velázquez, quien estuvo –en dos periodos– 53 años como líder de la Confederación de Trabajadores de México.
El 10 de septiembre pasado se hizo oficial que Hernández Juárez se reelegió por onceaba vez, de manera consecutiva. De tal manera, que cuando él llegó a su cargo Teléfonos de México era una empresa paraestatal, luego le tocó el proceso de privatización y estar en la evolución en la cual Telmex fue la base con la que Carlos Slim dominó el sector de las telecomunicaciones, hizo crecer al Grupo Carso y convertirse en uno de los 10 hombres más ricos del mundo.
Lo sarcástico es que Hernández Juárez lleva 30 años ostentándose como la cabeza del “nuevo sindicalismo” de México, mediante el control de la Unión Nacional de Trabajadores, pero ya no existen los dirigentes gremiales, como Fidel Velázquez, que decían combatir.
Los tres bloques de trabajadores disidentes que han surgido, están solicitando una investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera –que dirige Santiago Nieto– a la fortuna de la familia de Hernández Juárez, pues en sus demandas sostienen que no tendrían manera de comprobar porque varios de sus miembros ostentan grandes fortunas.
Un punto de partida, es que la caja de ahorros del sindicato a nivel nacional la dirige María Luis Hernández Juárez, quien es hermana del secretario general, no ha sido nunca trabajadora telefonista y no hay acceso a las cuentas bancarias de la agrupación.
Los quejosos estiman que esa caja habría administrado, en los últimos años, unos 26 mil millones de pesos, sin que nadie conozca los beneficios financieros del manejo de esos fondos. Es tan poderosa esa reserva de ahorros, que en la actualidad de ahí se otorgan créditos personales para la adquisición de viviendas y autos.
En Puebla quien dirige una de esas corrientes que podrían poner en jaque a Hernández Juárez, es Renovación Democrática Telefonista, que tiene presencia en varios estados del país y tiene como líder a Marco Mazatle, quien ya fue secretario general a nivel local del gremio en Puebla.
Cuando fue su gestión, Mazatle enfrentó el doble rasero de Hernández Juárez. En un primer momento, el líder del Sindicato de Telefonistas denunció que el entonces gobernador Rafael Moreno Valle no había cumplido con sus promesas de campaña y era un mandatario autoritario. Incluso convocó a una movilización de sindicatos en su contra.
Meses más tarde, Francisco Hernández negoció con Moreno Valle, lo cual le costó a Mazatle la destitución del Sindicato Telefonista, pues el tercero de ellos se había convertido en un férreo crítico del morenovallismo.
Hace un par de año, Mazatle prácticamente había vuelto a ganar la secretaría general del sindicato en Puebla. De última hora ejercieron en su contra una suspensión temporal de derechos sindicales, lo que impidió acceder al cargo en cuestión.
Meses más tarde, en una reunión en la sede nacional del sindicato, el líder disidente encaró a Francisco Hernández por no dejar que hubiera en Puebla una renovación democrática de la agrupación de los telefonistas.
Ante unos 20 testigos, todos ellos de Puebla, Francisco Hernández Juárez respondió: “No llegaste porque yo no quise”. Y dio por terminado el encuentro.
La posible llegada de Joe Biden a la Casa Blanca tendrá implicaciones para México y el mundo del trabajo no será la excepción. Especialistas consideran que con el demócrata como presidente de Estados Unidos el mercado laboral mexicano tendrá más presión y vigilancia en el cumplimiento de los compromisos adquiridos como parte del T-MEC.
El partido demócrata, que hoy tiene a Joe Biden con un pie en la presidencia de la Unión Americana, fue el principal impulsor de la agenda laboral dentro del acuerdo comercial. Los incrementos al salario mínimo, la reforma laboral (incluyendo la democracia sindical y el nuevo sistema de justicia), la erradicación del trabajo forzoso y combate a la discriminación y la violencia son algunos de los puntos exigidos por los congresistas estadounidenses para la firma del Tratado.
Y si bien el virtual cambio de mando en el gobierno de Estados Unidos no traería consigo mayores compromisos de México en materia laboral, sí podría esperarse un escenario de mayor vigilancia de las nuevas reglas signadas por el país, coinciden especialistas.
Para ellos el acuerdo comercial es de vital importancia y seguramente estarán apretando tuercas para el tema del cumplimiento de los acuerdos laborales en nuestro país. Puede presentarse un endurecimiento de la política laboral en materia de vigilancia”, opina Manuel Fuentes Muñiz, académico de la Universidad Autónoma de México (UAM).
El abogado laborista tiene confianza en que una vigilancia del país vecino en el cumplimiento de las nuevas reglas laborales abarque también a la industria maquiladora. “Ellos han estado ausentes de un cumplimiento de las normas laborales”.
Los acuerdos comerciales, sin importar quién gobierne, se deben cumplir porque son compromisos entre Estados, asegura Juan Carlos Calleros, especialista en Política Exterior de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. El académico descarta que pueda haber una demanda por incrementar los compromisos; sin embargo, se podrían reforzar los mecanismos de seguimiento y supervisión.
“Podría esperarse un mayor énfasis en el seguimiento y aplicación de capítulos específicos del tratado o un cierto énfasis en el monitoreo, presión si es necesaria para el mayor estricto cumplimiento de otros”, dice Calleros.
Para vigilar que México cumpla con sus compromisos en materia de trabajo, Estados Unidos contará con cinco agregados laborales en su embajada en nuestro país.
En un inicio, este tema causó polémica porque la figura de estos funcionarios no estaba pactada en el T-MEC y sólo tenía sustento en una ley local del país vecino. El gobierno mexicano rechazó que, los también llamados “inspectores laborales”, tuvieran facultades para actuar en el país. Al final, Estados Unidos contará con estos agregados laborales, pero no tendrán facultad para realizar inspecciones a las empresas.
Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que un gobierno demócrata en Estados Unidos no implicaría mayores candados en el tema laboral para México.
“No vería ni que se recrudezca o beneficie, estamos en el proceso de transformar las relaciones laborales, con un papel importante en la definición de Estados Unidos a la firma del T-MEC. El escenario en ese aspecto es muy semejante”, afirma el también coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
La presión siempre ha existido, subraya Alfonso Bouzas. “La presión está al máximo desde que se condicionó el T-MEC a la reforma laboral, desde entonces hay vigilancia permanente. En la materia, ya no podrían apretar más. Los mecanismos de vigilancia ya están puestos y en dinámica”, agrega el también coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral.
Presión para los sindicatos
Con el virtual triunfo de Joe Biden, el tema laboral en México será recurrente, señala Oscar de la Vega, asesor legal de diversas empresas multinacionales. “No hay que olvidar que Kamala Harris, quien será la vicepresidenta, votó en contra del T-MEC y quiere que se reabran los acuerdos laborales”, recuerda el especialista en derecho del trabajo.
El cambio de administración en Estados Unidos no sólo activará el asunto laboral para el gobierno mexicano sino para los sindicatos en el país. De la Vega augura una mayor presión “de la que tuvimos en el pasado” para la democratización sindical, en otras palabras, las agrupaciones sindicales en México “tendrán que ser realmente representativas. Se acabaron los sindicatos de chocolate”.
En la Unión Americana los sindicatos tienen un gran peso para el Partido Demócrata, pues han sido promotores importantes del voto, recuerda. Esas agrupaciones gremiales incidieron de manera importante en la negociación del Capítulo 23 y su anexo, así como del Capítulo 31, que tiene que ver con la resolución de conflictos.
Lo que veremos, dice, es el fortalecimiento a la “ya de por sí ya pesada” infraestructura de los paneles laborales. Y una mayor actividad de los sindicatos estadounidenses en México, principalmente en las industrias que les son importantes: automotriz, autopartes, call centers, electrónica, minería y aluminio, entre otras.
Analizaron el estudio “La subcontratación, una relación laboral multiforme”, elaborado por el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván Foto tomada de safran-group.com
Ciudad de México. Las legislaciones vigentes y anteriores en materia de tercerización no han atendido todas las modalidades de este modelo de relación laboral, el cual no se ha sido analizado en todas sus variantes, coincidieron especialistas y magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA) al analizar el estudio “La subcontratación, una relación laboral multiforme”, elaborado por el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván.
Al debatir el documento este martes durante un encuentro organizado por la Fundación Friedrich Ebert México y la Red de Mujeres Sindicalistas, entre otros, el magistrado de Circuito Héctor Arturo Mercado López y la magistrada María Del Rosario Jiménez Moles, apuntaron que la generación de empleo formal en general no se da por un modelo de contratación, sino por las necesidades de mercado, por lo que regular el llamado outsourcing no afectaría a las plazas existentes en el país.
Durante una charla virtual en la que se presentó el estudio elaborado por Saúl Escobar Toledo, director del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, Jiménez Moles, magistrada de la Quinta Sala del TFCyA, explicó que el modelo de tercerización inició desde la revolución industrial, y advirtió que el estado de precarización laboral está regresando a esa época.
“El deterioro del trabajo únicamente puede resolverse de una manera: sindicatos, y rendición en contratos colectivos de trabajo”, subrayó, por lo que expuso que el modelo de subcontratación no debe ser militante para la organización sindical de quienes trabajan bajo esta modalidad.
Por su parte, Mercado López, indicó que la legislación laboral actual ha dejado fuera distintos escenarios laborales. “La legislación laboral es muy poca cancha para tantos jugadores. Tenemos que buscar ampliar los motivos de regulación que nos permitan enfrentar de una manera más integral y multidisciplinaria esto”, señaló.
Escobar Toledo detalló que una “explotación desmedida” no genera mayores empleos ni en desarrollo, ya que los empresarios tienden a mover sus ganancias a mercados “más rentistas”. Por el contrario, afirmó que la experiencia internacional muestra que las inversiones y desarrollo van ligados a la protección de los trabajadores y mejores salarios.
Aunque el enfoque de la subcontratación se ha centrado en el outsourcing, esta no es la única forma de contrato por tercerización, por lo que atender sólo este enfoque deja fuera muchos modelos que incurren en una simulación en detrimento del trabajador.
Como uno de los ejemplos de las formas en que detalló que la industria del vestido se ha convertido en uno de los principales sectores que recurre a la subcontratación. A pesar de las grandes ganancias de las empresas, las y los trabajadores, que en su mayoría son mujeres, tienen salarios bajos y prestaciones casi inexistentes.
Rosario Ortiz, en representación de la Red de Mujeres Sindicalistas alertó que las mujeres son las más afectadas por la escasa protección legal y la mayor cantidad de personas subcontratadas son mujeres.
“Las mujeres somos las más afectadas por escaza protección legal, por un cultura laboral de discriminación y falta de oportunidades, así como otras cuestiones de género que se traducen en brecha laboral”, agregó, además de alertar que la subcontratación afectará en las pensiones de las mujeres, y llamó a las trabajadores a “apropiarse” de las reforma laboral y transformar la dinámica de sus sindicatos.
Tuxtla Gutiérrez. – De manera virtual, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, presidido por el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios participó en la Séptima Reunión de Coordinación Interinstitucional entre autoridades federales y locales, que conforman la Primera Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, convocada por la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Durante la videoconferencia, Alcalde Luján presentó los avances y estrategias para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en su primera etapa. Destacó una renovación total, como un cambio prioritario que llevará a la integración del trabajo, a los sindicatos, trabajadores y empleadores para ir adaptándose a la Reforma.
“Serán de forma más ágil y expedita los trámites registrales, se harán valer las nuevas reglas de convivencia laboral que todos deben cumplir y comprometerse. Robusteciendo el estado de derecho, generando mayor confianza y estabilidad en cada uno de los centros de trabajo. Así mismo, generando más inversiones en las diferentes entidades federativas, pero protegiendo los derechos de los trabajadores”, señaló Alcalde Luján.
Sobre el tema, las consejeras de la Judicatura, Isela de Jesús Martínez Flores y María Itzel Ballinas Barbosa coincidieron con la secretaria Alcalde Lujan al señalar que, teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa el país por el Covid-19, es necesario unir esfuerzos y trabajar por la implementación inmediata de esta Reforma Laboral para el beneficio de las y los chiapanecos.
En este sentido, el Poder Judicial del Estado emitió la declaratoria para el inicio de funciones de Centros de Conciliación y Tribunales Laborales Locales, que actualmente se encuentra en elaboración y revisión de manera conjunta con los operadores del Sistema de Justicia Laboral, en colaboración con la Consejería Jurídica del Gobernador, para que se envíe al Congreso del Estado de Chiapas.
Además, se están concluyendo la adecuación de equipamiento de inmuebles de Centros de Conciliación y Tribunales Laborales locales que tendrán como sede en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, dispone de un avance en sus instalaciones para iniciar labores entre los ocho estados que conforman la primera etapa de la Reforma Laboral.
Cabe recordar que el pasado 30 de octubre se llevó a cabo la selección y nombramiento de personal conciliador, judicial y de la persona Titular del Centro de Conciliación Estatal. Y se llevó la capacitación de personal conciliador y judicial como Plan Integral de Formación y Selección en Materia de Justicia Laboral que concluyó al 100 por ciento, con los ejes de sensibilización, actualización, especialización y selección del personal que ha de integrar los dos Juzgados Especializados en Materia Laboral, garantizando que los ganadores de los concursos de oposición abiertos organizados para nombrar a los integrantes de los juzgados se encuentren debidamente capacitados y especializados en materia laboral.
Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas reconoció el trabajo de cada entidad, y declaró estar convencido que durante estos meses de pandemia se ha realizado el mayor esfuerzo por concluir esta primera etapa en las mejores condiciones, lo que permitirá hacer una evaluación objetiva en los primeros ocho estados y fortalecer los trabajos para la segunda y tercera etapa de la Reforma Laboral.
En dicha reunión estuvieron presentes las consejeras de la Judicatura, Isela de Jesús Martínez Flores y María Itzel Ballinas Barbosa, el secretario de Economía y del Trabajo, Aarón Yamil Melgar Bravo; el presidente de las Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chiapas, Carlos Enrique Martínez Vázquez y como invitada especial de manera virtual, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Integrantes de la Red Sindicalista de Mujeres, apoyada por expertos laboralistas, buscan una regulación adecuada que mantenga la estabilidad en el empleo.
En dos semanas integrantes de la Red Sindicalista de Mujeres, apoyada por expertos laboralistas, presentará una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, encaminada a mantener la estabilidad en el empleo, así como la protección de la seguridad social y al salario.
Durante la conferencia “La subcontratación: una relación laboral multiforme”, anunciaron que no se trata de eliminar la figura de la subcontratación sino de que exista una regulación adecuada sobre todo porque hay un enorme riesgo de que, derivado de las condiciones críticas de la economía por la pandemia, se precarice más el empleo utilizando la subcontratación.
Saúl Escobar, autor de la investigación, dijo que “la subcontratación será un fenómeno que desgraciadamente puede ser más recurrente y más agresivo por la crisis creada por la pandemia. Las empresas pueden estar tentadas a profundizar y hacer más extensivas las formas de subcontratación para evadir sus compromisos laborales”.
En ese sentido, dijo que es muy importante la vigilancia y la regulación “para evitar que esta enorme crisis se convierta en un mecanismo de empobrecimiento de los trabajadores a nivel mundial. Por eso se necesitan mejores leyes y mejores sindicatos”.
En su participación, Alfonso Bouzas, quien coordina los trabajos del Observatorio Laboral, y quien será el encargado de elaborar la propuesta de reforma, dijo que la situación actual habla de la necesidad de una reforma integral, incluido el gobierno como patrón, pues es una “realidad infame” que el gobierno caiga en una subcontratación.
En Tabasco se implementará a partir del 18 de noviembre
Todo listo para que el 18 de noviembre entre en vigor en Tabasco la nueva Reforma Laboral que busca lograr revertir los retrasos que existieron en la pasada normativa ya que se modificaron más de 500 artículos y el Poder Judicial tiene lista la infraestructura y el personal para entrar en operación.
Fue la directora general del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, doctora Norma Lidia Gutiérrez García quien señaló que estas nuevas leyes coinciden con los tratados del T-MEC y se privilegia a las dos partes, demandado y demandante, así como también los procesos de transparencia para la elección de los líderes sindicales .
«Con la Nueva Reforma, la figura del outsourcing se busca dar el uso adecuado, que restringe los derechos a los patrones y no se sabe a quién le prestaron el servicio, esto da garantía pero al empleador le da grandes ventajas porque no puede decir el demandante me voy a hacer rico demandando al empleador, la Ley Federal evita que los salarios caídos sean una ganancia sin ton ni son, ahorita un trabajador a lo que puede aspirar es a un año de salarios caídos», sentenció.
Explicó que en materia de expedientes laborales se espera que la resolución sea en el menor tiempo posible y no se tarden de 5, 6 o 10 años , por lo que se esperan de entre 700 y 800 expedientes por juzgado anual.
En materia de infraestructura explicó que el Poder Judicial tiene preparados seis tribunales laborales dimensionándose por el número de pendientes que tendrá un juez por cada juzgado.
Ante los cambios que trajo la reforma laboral y las modificaciones que requieren las formas de contratación en el país, especialistas de la Red de Mujeres Sindicalistas arrancarán una serie de conferencias para abordar las temáticas laborales y cuyo primer tema es “La subcontratación: una relación laboral multiforme”.
En el primer encuentro que inicia este martes 10 de noviembre, especialistas como el magistrado Héctor Mercado y el coordinador del Observatorio Laboral, Alfonso Bouzas, comentarán el estudio sobre subcontratación que presentará Saul Escobar, del Instituto de Investigaciones Obreras Rafael Galván.
Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cambios en la legislación sobre subcontratación, la cual busca eliminar las malas prácticas y evasión fiscal que durante años han realizado algunas empresas.
Al respecto, Saúl Escobar adelantó a El Economista que para evitar el problema de fondo, la simulación patronal o la evasión de responsabilidades, sobre todo en materia de contratación colectiva, se requiere mejorar las disposiciones legales para:
Asegurar una vigilancia puntual por parte de la autoridad laboral.
Establecer una temporalidad del servicio o trabajo que desempeñarán los trabajadores subcontratados.
Invalidar los contratos e imponer sanciones claras y específicas en caso de incumplimiento de los derechos laborales y las obligaciones fiscales; simulación de las relaciones laborales; incapacidad comprobada de la empresa contratista para el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones; y si se demuestra la existencia de una relación profesional o económica directa entre el contratista y el contratante.
La participación de los trabajadores, lo que requerirá que éstos cuenten con toda la información necesaria y las disposiciones legales que faciliten su organización gremial.
Parte del debate que suma Escobar refiere que “ha quedado prácticamente ausente de la discusión el derecho a la contratación colectiva, la sindicalización y la huelga de los trabajadores subcontratados.
Además, de acuerdo con la experiencia nacional e internacional, hay pocas posibilidades de que la persona que labora bajo esta modalidad pueda organizar un sindicato y solicitar la firma de un contrato colectivo.
Por ello, dijo Escobar, “es conveniente establecer, de manera explícita, que los trabajadores que laboran regularmente en la empresa contratante y el personal subcontratado tienen derecho a formar parte de un mismo sindicato de empresa o rama”.
Convendría también que se estableciera en la ley que el sindicato que administra el contrato colectivo de la empresa beneficiaria pueda, en su caso, y si es la voluntad del trabajador subcontratado, reconocerlo como miembro de su organización y exigir el cumplimiento de sus derechos, si éste no cuenta con un contrato colectivo ni pertenece a alguna otra organización sindical.
En ambos casos, los trabajadores subcontratados estarían en mejores condiciones para negociar sus condiciones de trabajo y ejercer sus derechos laborales, incluyendo la huelga.
Chihuahua, Chih. Maquiladoras, supermercados y otros establecimientos de Chihuahua obligaron a sus empleados a laborar a puerta cerrada este fin de semana para evadir el decreto estatal de alerta sanitaria por Covid-19 que impone medidas adicionales al semáforo rojo y restringe los sábados y domingos todas las actividades que no correspondan a servicios de salud. En respuesta, policías e inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) clausuraron al menos 85 empresas.
El estado de alerta sanitaria vigente en la entidad ordena cerrar centros comerciales, industrias y cuanta labor, incluso considerada esencial, no tenga relación con hospitales, además de suspender rutas de transporte público e impedir la movilidad de siete de la noche a seis de la mañana. No obstante, maquiladoras ofrecieron bonos a sus obreros a cambio de continuar sus tareas y las cadenas de supermercados obligaron a sus trabajadores laborar aunque no acudieran clientes.
Entre sábado y domingo, policías del municipio de Chihuahua desalojaron a decenas de empleados de tres tiendas de autoservicio que debieron presentarse a pesar de que los establecimientos no abrieron. Asimismo, fueron clausuradas tres sucursales de la tienda Elektra y una de Coppel, que tenían clientes y dependientes.
En redes sociales, ciudadanos y trabajadores de las cadenas Walmart, Soriana, Alsuper y Smart residentes en Ciudad Juárez y Chihuahua aseguraron que cumplieron sus turnos dentro de las franquicias con las puertas cerradas. Nos tienen encerrados sin derecho a salir a comer y cerraron el estacionamiento para que no entren los inspectores del gobierno, comunicó un empleado de Walmart.
Cubren las puertas y ventanas con plásticos y papel para que no se den cuenta de que estamos. Obligan a presentarnos a laborar sábado y domingo, y no hay transporte, declaró un trabajador de Smart.
Operarios de las maquiladoras Jabil, Sofi, SMTC y Borg Warner, en la capital chihuahuense, aseguraron que la producción no se detuvo y que en dos compañías había casos de coronavirus.
Nos dijeron que tenemos que trabajar para pagar días y ya salieron positivos 12 empleados. Hacen todo por debajo del agua, afirmó un obrero de Borg Warner, que produce piezas y componentes para la industria automovilística.
En SMTC, un empleado informó de cuatro casos de coronavirus y dos fallecidos, y la empresa sigue trabajando.
En el municipio de Camargo, policías desalojaron a 120 obreros de la maquiladora Contec que trabajaron a cambio de un bono, y pusieron sellos de clausura en las instalaciones.
Empleados de unas 12 maquiladoras en Ciudad Juárez revelaron que se les obligó a laborar el viernes hasta 24 horas para asegurar la producción del fin de semana. A otros los hicieron dormir en las naves industriales para cumplir el turno del sábado.
El domingo, inspectores retiraron a 27 operarios y a una supervisora de una maquiladora ubicada en el Parque Industrial Aztecas de Ciudad Juárez, que simulaba estar cerrada.
La STPS reportó que sus inspectores clausuraron el sábado al menos 85 empresas en todo el estado, incluidos supermercados, mueblerías, bancos, refaccionarias, constructoras, una maquiladora y tiendas de ropa. La dependencia recordó que las compañías que quebranten las restricciones serán acreedoras a sanciones económicas de entre 20 mil y 500 mil pesos.
En Juárez, autoridades dieron a conocer que células mixtas integradas por personal de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de Protección Civil y policías imponen las medidas restrictivas y desalojaron a 481 personas de 48 negocios que realizan actividades no esenciales.
Pedro Chavira, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación, dio a conocer que el sector perdió 400 millones de dólares por la alerta sanitaria y aceptó que con el regreso al semáforo rojo ninguna maquiladora de Ciudad Juárez detuvo operaciones, pero las fábricas trabajan con aforo limitado y la mayoría dejó de laborar sábado y domingo.
Expuso que al menos siete empresas planeaban instalarse en Juárez a corto plazo, pero esas inversiones están en riesgo si las prohibiciones continúan.
Ayer el gobierno de Chihuahua confirmó 580 casos nuevos de Covid-19 e indicó que el estado tenía 29 mil 356 contagios certificados durante la pandemia, 6 mil 637 de ellos (22.6 por ciento) al momento activos, corroborados durante los últimos 14 días. Según el director médico de la Secretaría de Salud, Arturo Valenzuela, la entidad tiene una incidencia bastante alta, con 972 contagios de coronavirus por cada 100 mil habitantes.
Añadió que Chihuahua acumula dos mil 371 defunciones, 33 avaladas este domingo, 15 documentadas en Ciudad Juárez y 10 en la capital del estado, de tal forma que la tasa global de fallecimientos en el estado es de 62 por cada 100 mil pobladores.
