Como parte de la Semana Nacional de la Seguridad Social, se realizó la “Mesa 3: Viabilidad de un Sistema Único Nacional de Pensiones en México”, en la que diputadas y diputados, funcionarios federales y estatales, así como especialistas presentaron propuestas en la materia.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), apuntó que en México se tienen derechos diferenciados frente a la seguridad social y pensiones, por lo que debe ser un tema de reflexión.
El propósito, dijo, es revisar el marco jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no de forma aislada, sino de manera integral para identificar cómo podemos avanzar hacia un sistema nacional de pensiones justo que procure la vida digna de las personas que concluyen su vida laboral formal, del sector informal o de autoempleo.
Destacó la preocupación de las y los diputados de contribuir a través de reformas jurídicas construidas en coordinación con el Poder Ejecutivo, para que todas las diferencias se disminuyan y se subsanen y que las y los mexicanos tengan los mismos derechos en torno a la seguridad social y a las pensiones sin diferencias que pueden ser injustas y evitables.
Al moderar la Mesa 3, la diputada Sonia Rincón Chanona (Morena), integrante de la Comisión de Seguridad Social, refirió que las propuestas y experiencias de los ponentes contribuirán a que las y los legisladores tengan los elementos y conocimientos en torno al acceso universal a la seguridad social.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, informó que se trabaja en la iniciativa sobre las pensiones calculadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, que adiciona un párrafo a la fracción sexta del artículo 123 de la Constitución, Apartado A.
Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell, integrante de la Comisión de Seguridad Social, refirió su desacuerdo en aplicar la UMA en el cálculo de las pensiones, por una cuestión administrativa, “jamás se pensó en el tema pensionario” ni tampoco se vinculó a la materia laboral al referir el artículo tercero transitorio del decreto respectivo.
Participación de funcionarios y especialistas
El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Iván Pliego Moreno, afirmó que en función de que se tiene una estructura multipilar en el Sistema de Ahorro para el Retiro “existen las condiciones para generar un sistema de pensiones único e integrado, donde cada una de las instituciones u organismos asuman su responsabilidad para generar sostenibilidad y transparencia en el manejo de los recursos de los trabajadores”.
Recomendó redoblar los esfuerzos para disminuir la informalidad y promover el ahorro voluntario.
Los sistemas de pensiones de universidades, estados y municipios deberán evaluar sus esquemas con el objeto de otorgarle sostenibilidad financiera y asegurar una pensión digna a sus trabajadores sin comprometer los recursos de sus instituciones, añadió.
Señaló que en estas circunstancias el Sistema de Cuentas Individuales representa una opción viable con un menor costo fiscal. La pensión universal es muy importante derecho social que complementa la pensión contributiva, dijo.
Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, director general de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, refirió que existen más de mil sistemas de pensiones públicos en México, diferentes y la mayoría descapitalizados.
Propuso crear una ley marco que defina el rumbo y las acciones para cada grupo de trabajadores, la transición pensionaria para las próximas generaciones e interconectar a los trabajadores afiliados al IMSS, ISSSTE y universidades.
Del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), Ángel Pérez Silva comentó que falta mucho por hacer en la articulación de la ley macro relativa a pensiones y ante la fragmentación del sistema de pensiones a nivel nacional, la Cámara de Diputados tiene que hacer reformas hacia un sistema único. Se necesita una rectoría federal en la materia.
Manuel Reyna Muñoz, secretario Operativo del IPE, resaltó que hay logros como la reducción del déficit presupuestal y recuperación de la reserva técnica, destinada exclusivamente al pago de pensiones, con el cobro de diferentes entes deudores a través de 48 convenios, sin lesionar los derechos, prestaciones y obligaciones de los trabajadores afiliados.
Luis Octavio Hernández Lara, subdirector de Prestaciones Institucionales del IPE, señaló la urgencia de este debate a nivel nacional para que las propuestas beneficien a millones de mexicanos. Refirió la experiencia del organismo autónomo estatal, cuyos derechohabientes forman parte del sistema de pensiones y beneficios definidos, quienes, a marzo del presente año, sumaron 130 mil 472, tienen incorporados a 137 ayuntamientos, 31 entes y 206 sindicatos.
Juan Delfino Molina Santiesteban, coordinador del Frente para la Preservación de la Seguridad Social en el Estado de Veracruz, propuso redefinir el concepto amplio de seguridad social que dé cabal cumplimiento al derecho a la salud, vivienda y acceso a una jubilación decorosa, a fin de recuperar el enfoque social.
Segundo bloque de análisis
En el segundo bloque de análisis, Edgar Díaz Garcilazo, vocal ejecutivo del PENSIONISSSTE, planteó tres acciones básicas para las personas que tienen una cuenta individual en las Afores: consultar de manera periódica el estado de cuenta, actualizar el expediente de identificación electrónica y el ahorro voluntario.
Óscar Sandoval García, actuario de la UNAM, especialista en sistemas de pensiones, apuntó el reto de explorar la viabilidad de establecer un sistema único nacional de pensiones con un enfoque universal, solidario e integral que atienda las necesidades de todos los trabajadores con una redistribución del ingreso.
En el tercer bloque, Dolores Martínez Amilpa, presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, cuestionó que las pensiones se fijen al 30 por ciento de los sueldos percibidos. Aseguró que las reformas jurídicas son insuficientes ante la dimensión de los retos del modelo de pensiones.
Víctor Méndez Sánchez, representante de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), señaló la problemática que enfrentan las 35 universidades públicas estatales en torno a la viabilidad del sistema de pensiones vinculada al Presupuesto de Egresos 2023.
Por: Arturo Rivero / El Pulso Laboral
