La seguridad social es una realidad cada vez más cercana para este sector; una victoria agridulce debido al impacto persistente de la emergencia sanitaria por la Covid-19 en sus niveles de empleo.
Las empleadas del hogar, como mujeres, han sido confinadas al espacio privado. Como mujeres racializadas, a espacios recónditos para no ser vistas como personas ni trabajadoras. Pero desde ahí han avanzado en el reconocimiento de sus derechos. “Nos quieren calladas, pero nunca más”, dice la activista Petra Hermilo.
México es el segundo país en América Latina con más fuerza laboral en el trabajo doméstico, el primero es Brasil, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aquí, una de cada 10 mujeres que labora lo hace en ese sector.
Hasta marzo de 2020, antes del estallido de contagios de covid-19, había más de 2.4 millones de trabajadoras del hogar, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
A partir de ahí comenzaron los despidos, muchos de ellos sin liquidación, el término de la relación laboral sin previo aviso de empleadores y las pausas sin salario de por medio y las muertes de las empleadas contagiadas, según el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho).
Julio de 2020 ha sido el peor momento, pues apenas 1.6 millones siguieron activas y más de 800,000 perdieron su trabajo. Mientras la tasa de desocupación general en ese momento era de 4.1%, para ellas se elevó a 33 por ciento. Todavía más de 261,000 seguían sin volver a un empleo.
A la par, las trabajadoras organizadas han conseguido reformas legislativas, que el Estado mexicano ratifique dos convenios de la OIT y la creación de un programa piloto de seguridad social, la cual pronto se volverá obligatoria.
“A luz de todo lo que hemos pasado, veo que son grandes cambios”, dice en entrevista Petra Hermila en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una de las coordinadoras de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar en Guerrero, agrupación que surgió hace 21 años.
Seguridad social, por fin
“¿Por qué el trabajo doméstico no es valorado ni económica ni socialmente?, ¿por qué tenemos que comer a escondidas alimentos diferentes a los de los patrones?, ¿por qué no les importa que muchas somos unas niñas?, ¿por qué no nos consideran trabajadoras?, ¿por qué no tenemos los mismos derechos? Me lo pregunto yo, pero también otras”, recuerda la activista.
En diciembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó el caso de una sola trabajadora del hogar que daría pie a que próximamente más de 2 millones gocen de seguridad social de manera obligatoria. Una empleada doméstica exigió ser afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero ni su empleador ni el organismo reconocía su obligación.
La Corte determinó que la Ley de Seguro Social (LSS) las discriminaba por establecer que su inscripción quedaba a voluntad del empleador. Y le ordenó al IMSS crear un programa piloto para incorporarlas, para luego modificar la LSS y que la afiliación sea obligatoria.
Este triunfo pronto tendrá un primer desenlace. Luego de dos fases del programa piloto, el cual arrancó en abril de 2019, el Senado ya reformó la Ley del IMSS. La minuta está ahora en la Cámara de Diputados.
De casi 800 integrantes de la red, “ninguna estamos afiliadas”, dice Petra Hermilo. “Algunos empleadores dicen que sí nos inscribirán, pero no lo concretan. También les falta información sobre cómo y por qué hacerlo”.
Por ahora, el 98% de las personas dedicadas a esta actividad a nivel nacional labora en la informalidad. En la reforma del Senado quedó pendiente el acceso al crédito a la vivienda y los mecanismos de inspección y verificación de cumplimiento, de acuerdo con el Sinactraho.
Dos convenios, dos herramientas
En abril de 2019, el Congreso incorporó el capítulo XIII a la Ley Federal del Trabajo (LFT), dedicado a las personas trabajadoras del hogar, en el que les reconoció derechos como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso y aguinaldo.
En diciembre de ese año, luego de insistir más de ocho años a tres presidentes de la República, “con la entrada de Andrés Manuel López Obrador se logró ratificar el Convenio 189” de la OIT sobre trabajadoras del hogar, recapitula Petra Hermilo.
Si bien el Poder Legislativo se adelantó a varias de las disposiciones que establece dicho convenio, hace falta instaurar medidas de inspección laboral y la protección a trabajadoras migrantes, entre otros puntos.
En el sur del país, es una de las principales fuentes de trabajo para las mujeres migrantes, según el reporte El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, a diez años del Convenio 189, de la OIT. “Una encuesta realizada en la frontera entre Guatemala y México revela que la ocupación es del 43%”.
A mediados de este mes, el Senado ratificó el Convenio 190 de la OIT sobre el acoso y violencia laboral. “Esto es muy importante para nosotras porque sufrimos violencia laboral y violencia sexual en el trabajo. Nos siguen diciendo servidumbre, o en el mejor de los casos ‘mi muchacha’”, apunta Petra Hermilo.
“Los patrones, sus hijos o familiares nos agreden sexualmente. Recuerdo cuando tenía 14 años y una compañera de 13 años nos contó que su patrón quería abusar de ella. Sentíamos una gran impotencia, poco podíamos hacer para defendernos. Ahora es diferente, tiene que ser así, por eso seguimos luchando”.
Por: Blanca Juárez / El Economista
