La principal queja es el voto directo, pero éste proviene de un acuerdo de la OIT
Mayra Tristán
Es poco probable que prosperen los amparos que han anunciado algunos sindicatos en contra de la reforma laboral, señaló el abogado José Mario de la Garza Marroquín.
El abogado recordó que uno de los puntos que causó debate en torno a la reforma laboral, fue el tema del voto en los sindicatos, pues los dirigentes sindicales pedían que se mantuviera la votación a través de delegados, sin embargo la reforma estableció el voto libre, secreto y directo, es decir que participen todos los trabajadores, “se van a amparar en decir que la ley fue más allá que la Constitución, porque la Constitución no habla del voto directo y la ley sí”.
Al respecto, destacó que el voto directo se estableció en referencia al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se establece como un derecho humano de los trabajadores, por lo que consideró poco probable que prospere un amparo con dicho fundamento, además de que “estos amparos no suspenden la aplicación de la reforma y en todo caso la reforma tendrá que instrumentarse”, sólo en caso de que ganen un amparo, esos sindicatos quedarían excluidos del voto directo.
Otro de los temas relevantes de la reforma es lo que corresponde a transparencia sindical, en donde los sindicatos deberán informar a los trabajadores el destino que tienen las cuotas que se les descuentan vía nómina, y advirtió que si los empleados perciben que sus cuotas no se traducen en beneficios, pueden salirse del sindicato para pedir que ya no se les descuente dicho recurso, pues ahora ya no podrán ejercer presión con la amenaza de que al no estar en un sindicato pueden ser despedidos, “creo que pudiera ser el efecto mayoritario”.
De la Garza Marroquín manifestó que con esta reforma habrá un cambio radical en el manejo de los sindicatos, y por lo tanto, en la relación de éstos con la empresa y los propios trabajadores, por lo que este jueves el Bufete De la Garza ofreció una capacitación al personal de Recursos Humanos y Capital Humano de sus clientes.
Entre las nuevas implementaciones de la Reforma Laboral 2019, se contempla que las empresas podrán manejar varias agrupaciones sindicales, lo que podría representar un tema de manejo complejo, declaró José Mario de la Garza Marroquín, abogado del Bufete de la Garza, al impartir una capacitación a litigantes y personal encargado de las áreas de recursos humanos de diversas empresas.
«Al rato se tendrán que sentar con cuatro o cinco líderes sindicales para lograr una negociación» y consideró que resulta más común que en las esferas de gobierno se manejen más de dos sindicatos, mientras que en las empresas no, por lo que ahora se tendrán que adaptar a esas nuevas reglas.
Consideró que la reforma tiene dos derechos a destacar, uno es la transparencia sindical, el cual es uno de los puntos más importantes, ya que pagan una cuota, y segundo: que los patrones van a tener que escuchar a sus empleados.
«Lo que nos conviene a todos es que nuestros trabajadores se encuentren mejor representados, pagados y atendidos, por lo que ahora serán muy importantes los liderazgos de los trabajadores».
Explicó que con esta nueva ley se revisarán todos los contratos colectivos, ya que muchos eran de ficción.
«Las autoridades del Trabajo han dicho que si cumplen con los requisitos pueden acreditar un sindicato, siempre y cuando representen los intereses de los agremiados».
En la nueva cultura del trabajador estará el exigir cuentas del destino de sus cuotas a los líderes sindicales, ya que eso se encuentra establecido por ley «tienen que decir en qué se gastan el dinero y como usan esas cuotas».
Destacó que ahora el trabajador también podrá solicitar que no descuenten de su nómina la cuota sindical.
San Luis Potosí: Reforma laboral complicará el trato sindicato-empresas
PorMartha Arriaga / PULSO-
Viernes, 31 mayo 2019
En la nueva implementación de la Reforma Laboral 2019, se contempla que las empresas podrán manejar varias agrupaciones sindicales, lo que podría representar un tema de manejo complejo para esas compañías, lo anterior lo señaló José Mario de la Garza Marroquín, abogado del Bufete de la Garza, al impartir una capacitación a litigantes y personal encargado de las áreas de recursos humanos de empresas diversas.
«Al rato se tendrán que sentar con cuatro o cinco líderes sindicales para lograr una negociación». Al mismo tiempo que consideró que resulta más común que en las esferas de gobierno se manejen más de dos sindicatos, mientras que en las empresas no, por lo que ahora tendrán que adaptarse a esas nuevas reglas.
Consideró que la reforma tiene dos derechos a destacar, uno la transparencia sindical, el cual es uno de los puntos más importantes, ya que esos agremiados pagan una cuota y segundo que los patrones van a tener que escuchar a sus empleados.
«Lo que nos conviene a todos es que nuestros trabajadores se encuentren mejor representados, pagados y atendidos, por lo que ahora serán muy importantes los liderazgos laborales».
Explicó que con esta nueva ley se revisarán todos los contratos colectivos, ya que muchos eran de ficción.
«Las autoridades del Trabajo han dicho que si cumplen con los requisitos pueden acreditar un sindicato, siempre y cuando representen los intereses de los agremiados», dijo.
El principal temor, es la inestabilidad laboral que generará la creación de sindicatos y emplazamientos a huelga.
Emilia Monreal | Plano Informativo | 30/05/2019
San Luis Potosí, SLP.- Nerviosismo e incertidumbre prevalece entre patrones y líderes sindicales por la reforma laboral que entró en vigor desde el primero de mayo, porque al permitirse que haya dos o más sindicatos en una empresa, podría generar inestabilidad laboral, aunado a que ahora es por ley que al momento de iniciar la revisión de contrato colectivo o salarial, deben emplazar a huelga.
Así lo señaló el abogado y ex presidente nacional de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, quien presidió el foro denominado «Estrategias Empresariales para la Implementación de la Reforma Laboral 2019», a la que asistieron más de 300 personas tanto representantes patronales como sindicales, mismo que fue organizado por el Bufete De la Garza, S.C.
Destacó que esta reforma generará un cambio trascendental en lo que respecta a la transparencia en cuotas y la democracia sindical, donde los trabajadores que no estaban representados podrán hacer valer sus derechos.
Afirmó que San Luis Potosí se ha caracterizado por tener una paz laboral intachable desde hace más de una década, pero a raíz de la reforma laboral podría presentarse un escenario diferente, sobretodo porque ahora los trabajadores pueden organizarse y crear un sindicato con 20 o 30 agremiados y obtener su toma de nota, generando así que haya dos o más sindicatos en una misma empresa, incluso puede existir que vengan a México líderes sindicales del extranjero para asesorar a mexicanos y que puedan formar una nueva organización como lo hacen de Estados Unidos los denominados «steelworkers».
«Los sindicatos deben adaptarse y representar a sus agremiados, defendiendo sus derechos, pero sí se quedan sentados, tendrán que aceptar las consecuencias, porque ahora puede haber tres, cuatro o hasta cinco sindicados en una misma empresa y a quienes no les gusta como son representados, juntan a 20 y hacen su propia organización sindical, por lo que vemos que tendrán que adaptarse a estas nuevas reglas».
Indicó que dos de los derechos que pueden utilizar muy bien los trabajadores son: transparencia sindical sobre qué hacen y en qué gastan con las cuotas sindicales, además de que como agremiados, los líderes sindicales tendrán que escuchar a su gente de manera positiva para mejorar sus condiciones laborales y salariales, por eso será importante cómo empiecen a darse los liderazgos de los trabajadores.
«Porque hay que reconocer que hay muchos sindicatos que tratan de sacar provecho de los agremiados y la gran mayoría de los líderes sindicales viven de las cuotas que aportan sus afiliados».
Señaló que el tema del outsourcing no se tocó en esta reforma laboral y si los sindicatos piensan en ampararse contra la iniciativa de que en una revisión de estatutos o de poner a consideración un contrato colectivo en asamblea sindical, se establece que el voto es personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, pues no procederá el recurso legal de inconformidad, porque no suspenderán la aplicación de la Ley.
Reforma laboral traerá cambios en las relaciones de trabajo
30/05/19 | 21:42 | Por: Redacción
Una de las modificaciones más importantes es el establecimiento del voto por parte de los trabajadores en las decisiones de los sindicatos.
La reforma laboral traerá consigo un cambio radical en las relaciones laborales, por lo que las empresas deben estar preparadas para ello.
Este jueves el Bufete De la Garza ofreció una capacitación para personal de Recursos Humanos de sus clientes con la intención de prepararlos para los cambios que va a traer consigo la reforma laboral aprobada el pasado 1 de mayo, que además obliga a revisar 22 mil contratos colectivos de trabajo que se tienen registrados en el país, dentro de un plazo de cuatro años.
Al respecto, José Mario de la Garza Marroquín, destacó que uno de los cambios más importantes es en la vida de los sindicatos, ya que se estableció el voto secreto, libre y directo, por parte de los trabajadores en las decisiones de los sindicatos, además de una mayor participación en la negociación del contrato colectivo de trabajo.
Recordó que uno de los puntos más discutidos de la reforma fue el voto directo, ya que los sindicatos pedían que se mantuviera el voto mediante delegados, sobre todo en las empresas con alta cantidad de trabajadores, pero esto no fue tomado en cuenta, por lo que algunos sindicatos amenazan con ampararse.
El abogado dijo considerar que no prosperarían amparos contra el voto directo de los trabajadores, ya que se trata de un derecho humano.
Si bien, la reforma laboral da el derecho a los trabajadores de afiliarse o no a un sindicato, también abre la puerta para que las empresas trabajen en la no sindicalización con mejores prácticas para su talento. Los plazos establecidos en los artículos transitorios de la nueva legislación dan el tiempo suficiente para que las organizaciones cambien, coincidieron especialistas.
En México se podrá trabajar en una vertiente de no sindicalización, como en Estados Unidos. “Si el sindicato les dice: les voy a conseguir 20% de aumento salarial, el patrón puede decir ‘sí y a los que no se afilien les voy a dar el 25’”, comentó Ricardo Martínez, socio de la firma De La Vega & Martínez Rojas Abogados.
Martínez apuntó que la reforma laboral copia el esquema estadounidense y esto representa la oportunidad de tener en nuestro país una sindicalización real, en la que los trabajadores que se afilien lo hagan porque el sindicato les ofrece un valor agregado.
Por su parte, Luis Díaz Mirón, socio del Bufete Díaz Mirón y Asociados, aclaró que esto no significa que no haya orden colectivo y libertad de asociación para el capital humano, pero sí es una opción para que las empresas mejoren su relación con los trabajadores.
“El nuevo juego será involucrarnos (con el talento), ensuciarnos las manos, bajar con la gente; hay muchos colegas del área de capital humano que no bajan con la gente. Tenemos que tener trabajadores contentos y bien pagados”, comentó Díaz Mirón durante el foro La Reforma Laboral: Oportunidades y soluciones en las relaciones organizacionales, organizado por Mercer.
Pero la reforma laboral también obligará a los abogados a cambiar su dinámica trabajo con las empresas.
“Que te ensucies las manos, que te quites tu saquito finito de Polanco, que dejes esa comodidad, que te vengas a involucrar. Entendiendo la complejidad de ese gran trabajo, no desde la oficina padrísima en Santa Fe, hay que ir a la planta”, expuso Díaz Mirón.
El especialista afirmó que ésta es la única vía para que los abogados ayuden a las empresas a mejorar las relaciones laborales.
Lejanía de los líderes
Luis Díaz Mirón recordó que en algún momento de la historia, cuando los patrones hacían las funciones que hoy tienen las áreas de Recursos Humanos, ese líder tenía mayor contacto con los empleados. “Era parte del equipo de futbol de los trabajadores, no le daba vergüenza convivir con los trabajadores”, expuso.
Sin embargo, esta cultura se perdió conforme las organizaciones fueron heredadas a los hijos que, a pesar de la buena formación académica, no tenían contacto con los empleados y desconocían las realidades.
Además, el especialista afirmó que la mayoría de los líderes sindicales no viven en las mismas condiciones que los trabajadores a los que representan.
“Ese contrato colectivo no lo haga copiando la ley, no sea descarado. Haga un contrato colectivo con carnita, ponga usted el contrato colectivo al día con todos los beneficios y prestaciones que hay”, pidió Luis Díaz Mirón.
“¿En qué se parece Santa Claus a un líder sindical pobre? No existen”, esa fue la reflexión de Ricardo Martínez, al detallar que uno de los objetivos de la reforma laboral es que exista una negociación colectiva real y no simulada.
“La nueva ley tiene nuevas vertientes para que el derecho colectivo sea real, ya dejémonos de simulación que tanto daño le han hecho al país, por eso tenemos lo salarios tan bajos”, puntualizó Martínez.
La transición al nuevo esquema podría demorar hasta cuatro años, sólo en caso de que la administración de Andrés Manuel López Obrador integré anualmente una cantidad de recursos considerable.
La implementación del nuevo esquema de justicia laboral establecido en las reformas a la Ley Federal del Trabajo publicadas el pasado 1 de mayo, resultará imposible si el gobierno federal no destina recursos cuantiosos para la creación de los centros de conciliación de las entidades federativas en sustitución a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la capacitación de los jueces y defensores de los trabajadores.
La transición al nuevo esquema podría demorar hasta cuatro años, sólo en caso de que la administración de Andrés Manuel López Obrador integré una cantidad de recursos considerable anualmente, coincidieron expertos en derecho laboral.
“Para la implementación de la gran reforma penal el gobierno invirtió nueve años de dinero en recursos y cambios de conductas. Para la reforma laboral se tiene que dar entre tres y cuatro años para cambiar de paradigmas. Si no se da dinero suficiente, recursos, técnicos, nuevas herramientas, mucho capital humano va a ser imposible”, detalló Luis Díaz Mirón Socio en Bufete Díaz Mirón y Asociados durante su participación en el foro “La Reforma Laboral: Oportunidades y soluciones en las relaciones organizacionales” organizado por la consultora Mercer.
Las modificaciones aprobadas en el Congreso de la Unión establecen que desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje y creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral mismo que realizará la función conciliadora en materia federal y llevar el registro de los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores del mismo y de las organizaciones sindicales.
Podemos cerrar un ciclo en nuestro proceso de transición democrática y crear un México que funcione para todos. Sin un “ellos” o un “nosotros”. Simplemente con un incluyente: nosotros.
Asimismo, la reforma laboral ordena la creación de los centros de conciliación de las entidades federativas mismos que se constituirán como organismos públicos descentralizados de la respectiva entidad federativa que tendrán el número de delegaciones que se considere necesario constituir y contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Además, determina que corresponde a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los Tribunales de las entidades federativas, el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionadas con ellas.
En ese sentido, los tribunales estarán a cargo de un juez y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente.
Aunque los artículos transitorios de la Reforma Establecen que el Centro Federal de Conciliación Laboral iniciará funciones en un plazo no mayor a dos años y tres años en el caso de los tribunales, también determina que será “atendiendo las posibilidades presupuestales”.
Por ello señaló la importancia de destinar al proceso de cambio los recursos necesarios.
Marcelo Torres, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso dijo que “es importante establecer y ordenar los tribunales de justicia laboral”
Diputados locales sostuvieron un encuentro con empresarios de la Región Sureste de Coahuila, para informarles de los cambios que trae consigo la reforma laboral a nivel nacional.
Los integrantes de la Comisión del Trabajo del Congreso del Estado explicaron los pormenores de la reforma, su aplicación y los plazos para la entrada en vigor. El titular de la Secretaría de Trabajo, Román Cepeda, participó para explicar los detalles del Pacto Laboral.
Marcelo Torres, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso dijo: “Es importante establecer y ordenar los tribunales de justicia laboral”.
“Me parece que debemos de encontrar equidad entre las partes, que tengamos juicios más ágiles y rápidos. Que escuchemos a todas las partes, que haya medidas justas, salarios justos, que exista la igualdad en el pago del salario para hombres y mujeres”, concluyó.
Alejandro Rivera Nieto, líder el SITEZ, se reunió con diputados locales ■ foto: Andrés Sánchez
Posted by ALMA RÍOS
Date: mayo 31, 2019
■ Dice que la falta de fondos limita el buen funcionamiento de la impartición de justicia laboral
■ La Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, establece tiempos específicos dentro de los procesos laborales: Alejandro Rivera Nieto
El Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ) “tomó” alrededor del mediodía de ayer las instalaciones de la Legislatura del estado en demanda de diálogo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en exigencia de que le otorgue “autonomía financiera” al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, ya que la falta de recursos “limita el buen funcionamiento de las actividades propias para la impartición de justicia laboral, pronta y expedita para la clase trabajadora”.
Alejandro Rivera Nieto, líder el SITEZ, dijo que la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, establece tiempos específicos dentro de los procesos laborales que se llevan en esa instancia y que no se cumplen afectando a los trabajadores involucrados, por lo que demandó que se otorguen recursos para contratar personal necesario para desahogarlos, y adquirir insumos tales como herramientas de trabajo, vehículos, mejoras a los salarios y para los procedimientos administrativos y capacitación al personal.
Informó que en el Presupuesto de Egresos del estado del 2019 se etiquetaron para impartir Justicia laboral 34 millones 150 mil 963 pesos, pero en una estimación que ha hecho el propio SITEZ basada en el número de trabajadores e insumos que se consumen tanto en el Tribunal como en la Junta local, de Conciliación y Arbitraje, arrojó que “no se aplica en su totalidad”.
Dijo que anualmente, la Junta ejerce según su análisis, entre 13 a 14 millones de pesos, y de 4 a 5 millones, el Tribunal; por lo que se preguntan, ¿dónde queda el resto del dinero?
Pidió a los legisladores “poner los ojos” para que se haga una revisión exhaustiva de la aplicación del presupuesto destinado a Justicia laboral, e informó que el documento que ayer se les entregó vía la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, también se remitiría a la Secretaria de la Función Pública (SFP), dependencia a la que se refirió no obstante, como “un tentáculo de Gobierno del Estado”.
El SITEZ solicitó asimismo que la 63 Legislatura exhorte al secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, para que no intervenga “en la autonomía” tanto de la Junta como del Tribunal, locales de Conciliación y Arbitraje, y respete el estado de Derecho.
Dijo que cuando el SITEZ solicitó la toma de nota para su organización al encontrarse como presidente del Tribunal, Héctor Cruz Landeros, se les negó de manera injustificada como ocurrió en su momento en el procedimiento ante la Junta Local, del Sindicato Independiente de Trabajadores del IZEA, este último, quien luego de acudir a una segunda instancia, la obtuvo con sustento al derecho constitucional de libre asociación, un recurso legal al que ya no accedió el SITEZ porque en su caso “ya no era viable”.
Rivera Nieto sostuvo que estas negativas desde el Tribunal y la Junta, “tácitamente” comprueban “que las manos y los tentáculos” de Gobierno del estado a través de Alejandro González Saldaña, entonces funcionario en el Tribunal Local de CA en la cartera obrero-patronal, y actual titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración está interviniendo directamente en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje “y no dejan que la magistrada –presidenta- haga su trabajo”.
Aseveró que se ha dado cuenta de la existencia de “una grilla importante” y manifestó su respaldo a Fabiola Flores.
Alejandro Rivera Nieto expuso asimismo que en el año 2016 Gobierno del estado solicitó una modificación al artículo 33 fracción primera de la Ley del Servicio Civil para que en caso de haber sido separado un trabajador de su empleo injustificadamente, además de su derecho a la reinstalación o la indemnización con el importe de tres meses de salario, se le pagarán nada más salarios vencidos desde la fecha del despido “hasta por un periodo máximo de doce meses”, lo que ha dado pauta a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado a seguir “corriendo gente injustificadamente”.
Se argumentó entonces, que si se entorpecían los procedimientos alargando los litigios y por tanto afectando a los trabajadores que luego de esta reforma solo pueden esperar que se les pague un año de salarios caídos, “iban a aplicar las sanciones correspondientes” a los funcionarios que realizaran acciones dilatorias, pero no se trabajó en un Reglamento “anexo al Tribunal local de Conciliación y Arbitraje”, dijo.
Señaló entonces que los diputados “hacen que legislan” y les demandó que “se pongan las pilas”, y lo hagan a “favor de la clase trabajadora”, pues persiste esta omisión.
El líder gremial comentó que el movimiento generado por el SITEZ ha crecido de manera importante, pues se siguen adhiriendo a la organización trabajadores de organismos públicos descentralizados y ayuntamientos.
Anunció en este sentido que la próxima semana “vamos a dar muchas sorpresas”, y agregó un mensaje dirigido a Gobierno del estado señalándole que “tiene que respetar el derecho a la libre asociación de la clase trabajadora, –pues- todavía no se hace a la idea porque ellos tienen un sindicato arrodillado, vendido –dijo en referencia al oficialista Sutsemop-, que le dio en la madre a los trabajadores con un aumento raquítico a los salarios”, mismo que luego de la resta de impuestos que se realizan en cada pago, hace “que la canasta básica se haya vuelto inalcanzable”.
Sostuvo que derivado de la “manifestación unificada de la clase trabajadora” que se realizó el pasado primero de mayo, se obtuvo un aumento de 3% al salario que benefició, a entre 15 a 20 mil, trabajadores, lo que expuso como uno de los tantos logros del SITEZ.
Organizaciones laborales integrantes del Congreso del Trabajo comenzaron a armar una estrategia conjunta para defender sus contratos colectivos y representación legal que tienen de los trabajadores y sus sindicatos, ante la nueva Ley Federal del Trabajo que permite la existencia de dos o más sindicatos en una misma empresa.
Líderes obreros como Isaías González Cuevas y Carlos Pavón, diputados priistas, afirmaron que respaldan la nueva ley y la democratización sindical que ella implica, “porque siempre la hemos practicado”, señala González Cuevas, pero lo que se busca es que no venga gente que no representa a nadie a querer reclamar los contratos colectivos que por años se han conservado.
Entre ellos, el líder de los trabajadores ferrocarrileros, Víctor Flores, condenó la decisión del Servicio de Enajenación de Bienes (SAEB), que prohibió el cobro de cuotas a 24 mil trabajadores jubilados, y advirtió que esta determinación afectará la entrega de sillas de ruedas, aparatos auditivos e incluso operaciones para sus agremiados.
En entrevista, Flores, con más de 20 años al frente de ese sindicato, en cuya dirigencia se reeligió el año pasado y hasta el 2024, anunció que combatirá la decisión del SAEB, que implica la pérdida del manejo de un millón y medio de pesos al mes, y lo hará también a través de amparos judiciales.
El diputado González Cuevas, por separado, dijo que lo que se busca no es controvertir la reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada semanas atrás, sino proteger los contratos que tiene cada una de las organizaciones adheridas al Congreso del Trabajo.
Las nuevas disposiciones de ley permiten la convivencia de dos a más sindicatos en una misma empresa y que cualquiera de ellos pueda reclamar la titularidad del contrato colectivo vigente, lo cual, agregó el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) debe acreditarse con la voluntad de los propios trabajadores.
Dijo que la nueva legislación es positiva en cuanto al impulso de la democratización sindical, la cual se practica desde siempre en los sindicatos que opera la CROC, y en lo relativo al voto directo y secretario para la elección de sus líderes, pero en lo relativo a la titularidad de los contratos colectivos sí se debe contar con una estrategia común para defender por lo que tantos años se ha luchado, dijo.
En tanto, el diputado Carlos Pavón, líder de trabajadores mineros en Zacatecas, exigió al senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, dejar de provocar la división entre los trabajadores mineros del país con el fin de volver a controlar al sector, al que defraudó con 55 millones de dólares hace algunos años.
Señaló que cuenta con la simpatía de la mayor parte de los trabajadores mineros de la República, por lo que vio condiciones para demandar la titularidad de ese gremio.
Falta de recursos pone en riesgo el proceso para la implementación de los juzgados de Justicia Laboral que sustituirán a las Juntas Locales y Especiales de Conciliación y Arbitraje.
Falta de recursos afectaría instalación de juzgados laborales; Quintana Roo
Por: Efrén Martín
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Antonio León Ruiz, reconoció que la falta de recursos pone en riesgo el proceso para la implementación de los juzgados de Justicia Laboral que sustituirán a las Juntas Locales y Especiales de Conciliación y Arbitraje.
Independientemente del debate nacional sobre el traslado de facultades en materia laboral a los poderes judiciales de los estados, la difícil situación económica que atraviesa el país en estos momentos limita los recursos para iniciar con los procedimientos.
Falta de recursos afectaría instalación de juzgados laborales; Quintana Roo
Por ello, el Magistrado Presidente del TSJ resaltó que de no contar los recursos suficientes, se corre el riesgo de incumplir con el plazo establecido y que es de tres años.
Recordó que a fines de 2019 solicitó al Congreso local 94 millones de pesos para la construcción de al menos ocho juzgados, su equipamiento y contratación de personal en Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.
Sin embargo, no fueron otorgados porque la reforma entró en apenas vigor el pasado primero de mayo y se estableció un plazo de tres años para que dé inicio formalmente la justicia laboral en todo el país.
“Son 94 millones de pesos, no los tenemos, la Legislatura no nos lo dio porque la reforma no estaba aprobada. Pero esto es por etapas, ya se instaló el órgano implementador, hay un plan de trabajo que tiene que dar a conocer la Secretaría del Trabajo estatal en un plazo de 90 días”, dijo.
Falta de recursos afectaría instalación de juzgados laborales; Quintana Roo
Explicó que la reforma laboral está en marcha, pero el hecho que no existan recursos, sí se pone en riesgo que se cumpla puntualmente con todo lo establecido.
“Seguiremos capacitando al personal mientras vemos cómo se resuelve el problema (económico) porque apenas estamos iniciando”, finalizó.
La Reforma Laboral, un pendiente legislativo que tenía el Congreso de la Unión, como resultado de la reforma al artículo 123 constitucional publicada en febrero del año 2017. Pues bien, la reciente reforma legal del 1 de mayo pasado, no solo modificó la Ley Federal del Trabajo, también modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley del Infonavit y la Ley del Seguro Social, conformando con ello, un cambio trascendental no sólo en el número de ordenamientos reformados, sino en el impacto de los mismos para las partes involucradas como actores principales de las relaciones obrero patronales, esto es, a los derechos de los trabajadores, de los patrones, de las agrupaciones sindicales y de los mismos órganos del Estado que intervienen en la impartición de la justicia laboral.
Así, se crea un nuevo sistema de justicia laboral, con aspectos muy importantes tales como el establecimiento de la conciliación previa, obligatoria y fuera de la instancia judicial, la cual se va a llevar a cabo, a través de órganos del estado de carácter descentralizado, tanto a nivel federal como local, los cuales tendrán como propósito substanciar la conciliación de manera satisfactoria para ambas partes (trabajador y patrón) antes de presentar la demanda, y así evitar prolongados y costosos juicios como actualmente se tienen en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Al respecto, la nueva Ley Laboral, establece que no se deberá agotar esta instancia si el conflicto versa sobre discriminación, designación de beneficiarios por muerte, prestaciones de seguridad social y prerrogativas fundamentales como libertad de asociación, sindical o de reconocimiento colectivo, cuestiones de trata laboral, trabajo forzoso o infantil, así como las disputas sobre la titularidad de los contratos colectivos de trabajo o la impugnación de los estatutos de los sindicatos.
Otro aspecto importante, es la creación de tribunales laborales dependientes del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial de cada entidad federativa, en razón de la competencia que corresponda a cada conflicto, esto trae como consecuencia la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y local, y con ello se da un cambio trascendental en la impartición de la justicia laboral.
Cabe recordar que las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje dependen del poder ejecutivo; sin embargo, tal modificación no es inmediata, pues el legislador otorgó ciertos plazos para llevar a cabo los cambios en los nuevos órganos de justicia, en el caso de los Centros de Conciliación y Tribunales Locales deberán iniciar labores a más tardar el 2 de mayo de 2022.
Para el caso de los Centros de Conciliación y Tribunales Federales, deberá ser a más tardar el 2 de mayo de 2023, es decir, un año posterior al inicio de labores a nivel local, por lo que como podemos observar, estamos a 3 y 4 años de distancia para la implementación de los nuevos tribunales que tendrán como propósito fundamental, impartir justicia en materia laboral, con la expectativa de que esto sea haga en condiciones más favorables de las que ahora tienen las Juntas de Conciliación y Arbitraje que conocemos. https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/escuela-libre-de-derecho-de-puebla/reforma-laboral-i
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo, permite que las empresas no garanticen derechos laborales a los trabajadores subcontratados o contratados bajo esquema de outsourcing, afirmaron abogados miembros del despacho Marván y Muñóz Abogados.
En el taller para periodistas denominado “Entender el impacto, las implicaciones, alcances y retos de la reforma laboral 2019” se explicó que tal modelo de contratación ha evolucionado hasta llegar a lo que el abogado Luis Pérez de Acha llama outsourcing negro, que consiste en la incorporación de los trabajadores subcontratados –en ocasiones, todo el personal de la empresa–, en sociedades civiles creadas por los contadores de los mismos corporativos con el fin de reducir derechos laborales.
“Los trabajadores convertidos en asociados no tienen derecho a la seguridad social, ¿por qué?, porque ya son dueños”, explicó Raúl Wilfredo Padilla, abogado de la firma Marván y Muñóz.
Además, el también miembro de la Barra Mexicana de Abogados, puntualizó que la subcontratación negra es “nociva” porque las empresas “no pagan impuestos: son millones de pesos los que se evaden bajo esta figura”. Tampoco pagan prestaciones sociales a sus trabajadores y tienen la facultad de correrlos cuando quieran.
En materia de tercearización laboral, el problema con la reforma que promovió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador radica en que la legislación quedó exactamente igual a la establecida en 2012, lo que posibilita el outsourgcing negro.
Aunque el tema no fue discutido por los legisladores, hubo una promesa de reforma [en el segundo semestre del año] para abordar este tipo de subcontratación que evade toda responsabilidad como patrones, finalizó Wilfredo Padilla.
