Creará centro de registro laboral
Fortalecer a sindicatos, entre sus finalidades
Georgina Saldierna y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Domingo 23 de diciembre de 2018, p. 7
La mesa directiva incorporó en el orden del día de la sesión ordinaria que celebrará mañana en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo propuesta por el grupo parlamentario de Morena para sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
El centro tendrá como titular a un director general, designado por la Cámara de Senadores de entre una terna propuesta por el Presidente de la República.
“Este organismo debe hacer realidad los nuevos principios constitucionales, así como los compromisos contraídos con la comunidad internacional en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En las entidades federativas se establecerán Centros de Conciliación en cada una de ellas.”
La iniciativa precisa el procedimiento de registro de los sindicatos. Acorta los plazos de trámite, y se amplían los aspectos que deben contener los estatutos de las organizaciones gremiales, entre ellos los que se refieren al procedimiento para la elección de directivas, plazo de convocatorias, lugares de votación e integración de un padrón confiable de sus integrantes.
“La designación de los representantes obreros deberá realizarse a través de elecciones auténticas, por ser este el procedimiento que garantiza la libertad y eficacia del voto, así como el respeto integral de los derechos humanos vinculados con la democracia”.
Así, los sindicatos contarían, refiere la propuesta, con autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a las libertades sindicales y sus garantías.
“Entre ellas, el derecho de los trabajadores a organizarse libremente y conforme a los intereses de sus integrantes, dejando claro que el radio de acción –como lo ha reconocido la OIT– es parte de la libertad sindical”.
Con esto se pretende garantizar el derecho de los trabajadores a decidir libremente la forma de asociarse y de organizarse para defender sus intereses, tomando en cuenta las transformaciones del entorno productivo”.
La propuesta que habrá de presentarse en el pleno cameral también contendrá los mecanismos para lograr que la rendición de cuentas por parte de las dirigencias sindicales sea real, incluyendo sanciones en caso de incumplimiento, para quitarle estímulos a la apropiación ilegal del patrimonio de los trabajadores y asegurar la transparencia en el manejo de las cuotas y las finanzas sindicales mediante la publicación en los sitios de Internet de la autoridad.
La negociación colectiva, aduce la propuesta, determinará los salarios y condiciones laborales.
También la constancia de representatividad se otorgará mediante el voto personal, libre y secreto de los trabajadores. “Esta legitimación de la contratación colectiva se exige no solamente para los nuevos contratos colectivos, sino para aquellos que se encuentran despositados ante las juntas laborales, y que en su mayoría no reportan movimiento alguno”, promoviéndose entonces la revisión –dentro de los próximos cuatro años– mediante el voto mayoritario de los trabajadores.
Se propone que la obtención de la constancia de representatividad requerirá del voto de al menos 30 por ciento de los trabajadores que asistan a votar.
En caso de que concurran dos o más sindicatos al procedimiento de consultas, la constancia se decidirá por aquel que tenga el voto de la mayoría, estableciéndose que ésta debe acompañarse del emplazamiento a huelga que se promueva para obtener la firma de un .
Autor: ReformaLaboralMX
Jalisco: Demandas laborales se triplican en Guadalajara; van 693 este año
El Ayuntamiento responde que los anteriores gobiernos heredaron un “grave problema” por las “fallidas estrategias jurídicas” para enfrentar los casos
El Informador
21 de Diciembre de 2018 – 04:20 hs
En los últimos siete años se triplicaron las demandas laborales contra el Ayuntamiento tapatío por despido injustificado. Mientras 222 exempleados con cargos de directores o jefes, principalmente, iniciaron juicios en 2012, en este año ya van 693.
El Ayuntamiento responde que los anteriores gobiernos heredaron un “grave problema” por las “fallidas estrategias jurídicas” para enfrentar los casos. Por ello, la Sindicatura se dio a la tarea de solucionar los juicios que se arrastraban desde la administración priista 2010-2012.
Desde 2012 se han presentado dos mil 328 juicios ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. La alcaldía contesta que, de los más de mil 600 expedientes de la pasada administración, 478 concluyeron en laudos; en tres se llegó a un convenio y 29 ya se pagaron. El resto está en proceso o se dio por concluido el juicio por falta de pruebas o desistimiento de los demandantes.
Martha Elizabeth Alcaraz, presidenta de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal. FACEBOOK/ElizabethAlcarazV
Por laudos, “llueven” solicitudes de suspensión contra alcaldes
Durante la pasada Legislatura y lo que va de la actual, el Congreso del Estado ha recibido 950 solicitudes de suspensión por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en contra de autoridades municipales por juicios laborales, principalmente alcaldes; es decir, seis peticiones en promedio por semana.
La pasada Legislatura recibió 850 solicitudes de suspensión contra alcaldes, síndicos y regidores, de los cuales, la Comisión de Gobernación inició 80 procedimientos de sanción. De éstos, 60 concluyeron con un convenio entre los extrabajadores que demandaron a los Ayuntamientos y las autoridades municipales. El resto sigue en proceso.
Pese a que varios alcaldes han estado a punto de ser sancionados, el único castigo que se aprobó en la pasada Legislatura fue el de un síndico de Tomatlán, por un laudo de 2010 que no se había pagado.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, Martha Elizabeth Alcaraz, informó que desde el pasado 13 de noviembre en que se instaló este órgano legislativo, comenzaron a recibir más notificaciones de suspensión. Ahora son 950.
Recordó que la mayoría de los juicios laborales corresponde al periodo de 2002 a 2012, “el rezago es de mucho tiempo… el pago de salarios caídos llevó a que sean impagables”.
Actualmente, el órgano técnico de la comisión trabaja a marchas forzadas para dar respuesta a las peticiones de suspensión de autoridades emitidas por los tribunales y juzgados, “pero estamos recibiendo una cantidad de asuntos con tiempo vencido y eso nos lleva a solicitarle al Tribunal que nos amplíe el tiempo para dictaminar”.
En estos momentos, apuntó, se encuentran regularizando los procedimientos debido a los cambios de administraciones que se dieron el pasado 1 de octubre, “nos lleva a que las nuevas autoridades, con justa razón, se defienden de que no están enterados. Necesitamos reponer ese procedimiento para que, efectivamente, sean notificados en tiempo y forma, y se les considere el derecho de hacerlo… de tener conocimiento más que nada”.
La legisladora detalló que las solicitudes de suspensión son recibidas por el pleno del Congreso y turnadas a la comisión para su análisis y la recopilación de pruebas. La sanción marca una suspensión de 15 días sin goce de sueldo.
“Estamos en revisión, en una especie de organización de cada uno de los juicios laborales para ver cuántos procesos tenemos de un solo actor. Estamos encontrando que tenemos muchos requerimientos del mismo juicio laboral. Ante el hecho de que no se le paga el laudo, acuden a solicitar el amparo, también del Tribunal Administrativo”.
Actualmente, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón requiere al Congreso que resuelva en tres días tras recibir la notificación, “es muy restringido para emitir una resolución definitiva”.
La diputada precisó que la ley marca que, para el procedimiento de estudio y dictaminación de la suspensión de una autoridad, son 45 días, “el que nos den tres días a nosotros, sí es mucha diferencia. El argumento, también, con justa razón, puede ser que esos días ya estaban agotados en la anterior legislatura”.
Sin embargo, consideró que el Tribunal sí les otorgará el tiempo que requieren para resolver los asuntos.
De las 950 notificaciones, en su mayoría corresponden a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. A éstos se suman Puerto Vallarta, Tala, Tonalá y Juanacatlán, “(este último) a pesar de ser un municipio pequeño sí tiene una cantidad importante”.
Absorben el trabajo de la comisión
Las notificaciones que recibe el Congreso del Estado por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón para suspender a los alcaldes ante el incumplimiento de pagos de laudos, representa 90% de los asuntos que son turnados a la Comisión de Gobernación.
De acuerdo con la información publicada en el Sistema de Infolej del Legislativo, en lo que va del primer mes de la actual Legislatura, se han turnado un total de 42 asuntos a la comisión, de los cuales 38 corresponden a notificaciones del Tribunal.
El mayor número corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara, con siete notificaciones de laudos entre los años 2004 y 2011.
Una de éstas fue en contra de Enrique Alfaro Ramírez. Tan sólo un día antes de tomar protesta como gobernador del Estado, el exalcalde tapatío libró un proceso de suspensión ante el Congreso por el laudo bajo el expediente 984/2010-G1.
En 2015, al inicio de la administración municipal de Alfaro, la Contraloría revisó los expedientes de juicios laborales. De acuerdo con documentos públicos de la dependencia, el 984 estaba considerado entre los asuntos de mayor cuantía en los que se detectaron irregulares.
El municipio presentó 16 denuncias penales en contra de éste y otros casos en los que se detectaron anomalías.
El año pasado, el Congreso inició también un procedimiento de suspensión en contra de Alfaro por el incumplimiento en el pago de dos laudos laborales por 200 mil y tres millones de pesos. Sin embargo, recibió amparos para evitar la sanción. Esas demandas se presentaron en pasadas administraciones; es decir, el entonces alcalde no era el responsable del despido injustificado.
En ese entonces, los integrantes de la Comisión de Gobernación informaron que las autoridades habían promovido más de mil amparos en contra de estos procedimientos de suspensión.
Debido al cúmulo de los casos que se tienen en esta comisión, la actual presidenta consideró que fue adecuada la reestructuración de las comisiones legislativas que se dio en la presente Legislatura, sobre todo en lo que respecta a la que ella preside. Anteriormente, este tipo de asuntos eran atendidos de forma separada por las comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal.
“Creo que la fusión fue muy atinada, porque hay temas como el de los laudos, en los que los procesos se repetían, porque correspondía a las dos comisiones. Las dos dictaminaban y eso hacía que los procesos fueran más largos. Los tribunales, tanto el del Arbitraje, como los juzgados de distritos, marcan tiempos muy reducidos para resolver”.
El Ayuntamiento de Guadalajara ha sido sujeto de siete notificaciones de laudos entre 2004 y 2011. EL INFORMADOR/Archivo
Pierden dos juicios al día
- En los últimos cinco años, el Tribunal ha atendido 16 mil 490 demandas por conflictos entre burócratas del Gobierno del Estado, el Congreso y los Ayuntamientos.
- El Tribunal reportó que 12 mil 033 expedientes están activos y cuatro mil 457 fueron archivados. Otras tres mil 398 demandas se resolvieron como laudos absolutorios; es decir, se desecharon por falta de pruebas.
- De 2013 a junio pasado, se emitieron cuatro mil 574 laudos en los que se condenó a las autoridades municipales a emitir el pago correspondiente por salarios caídos o, en su caso, reinstalarlos.
- Eso significa un promedio de 2.5 fallos a favor de los extrabajadores, por cada uno de los mil 765 días transcurridos entre el 1 de agosto de 2013 y el 1 de junio de 2018.
Por 950 casos, municipios adeudan más de 500 MDP
Los 950 asuntos notificados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón al Congreso del Estado para suspender a las autoridades municipales por el incumplimiento en el pago de los juicios laborales, ascienden a los 500 millones de pesos (MDP) de deudas.
“La verdad es una cantidad muy grande que, a pesar de estar distribuido, ni los municipios de la zona metropolitana tendrían la manera de pagarlo”, reconoce la presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso, responsable de dar seguimiento a estos procedimientos.
Sin embargo, se ha estimado que entre todos los laudos que adeudan los 125 municipios y siguen en proceso, la bolsa podría ser de alrededor de cinco mil millones de pesos. Esta cantidad, por ejemplo, es casi cuatro veces el presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Tonalá, que es de mil 319 millones de pesos.
Desde la pasada Legislatura, los diputados han recibido solicitudes de los alcaldes para que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, apoye a los municipios con el pago de laudos que se arrastran desde hace más de una década. Sin embargo, el Ejecutivo ha respondido que no cuenta con recursos para este fin.
La diputada aclaró que, en lo que va de la actual legislatura, los munícipes no han hecho nuevas solicitudes en ese sentido.
Adelantó que se hará un análisis de la situación global para definir si es posible que tanto el Congreso como el Ejecutivo puedan llegar a un acuerdo para apoyar a los municipios.
Por la magnitud del rezago que se arrastra en la resolución de las solicitudes de suspensión, la legisladora estima que podrían concluir la revisión de todos los expedientes en los dos primeros meses del próximo año, “estamos haciendo todo lo posible por sacar los asuntos para evitar sanciones mayores”.
Sin embargo, añade que estos procesos se alargan debido a que tanto los extrabajadores que ganaron los laudos como las autoridades municipales se amparan en contra las decisiones de las demás autoridades, “y por eso se ha ido alargando”.
EL ANÁLISIS
Necesaria, comisión especial para revisar los juicios
Luis Antonio Rocha Santos (de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG).
Para el académico de la UdeG es necesario que el Congreso del Estado forme una comisión especial en la que se analicen los casos y en las que participe el Ejecutivo estatal para encontrar una solución a los problemas de laudos que enfrentan los municipios, principalmente por los asuntos que se arrastran desde hace más de una década.
“Son disposiciones que se pueden considerar excesivas porque muchos laudos que dictan en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o sentencias que dictan en el Tribunal están condenando a los municipios a pagar cantidades estratosféricas, exorbitantes, que no tienen capacidad de pagar muchos municipios”.
Los que sí tiene la capacidad para realizar convenios y cubrir las adeudos, como es el caso de Guadalajara, se ven afectados porque esas cantidades en lugar de aplicarse a la realización de obras y al mantenimiento de los servicios públicos, los tienen que aplicar a pagar laudos millonarios, señala.
Recordó que cualquier cantidad por pequeña que sea, cualquier salario que hubieran percibido los extrabajadores, acumulada con tantos años de salarios caídos se convierten en cantidades estratosféricas para los municipios, “afortunadamente (desde 2013) para los nuevos juicios ya se establece un límite en el que nada más se podrá obligar a los municipios a cubrir un año de salarios caídos”.
El académico comentó que es muy grave el problema, pues los municipios no sólo arrastran deudas, sino que los presidentes municipales, los tesoreros o encargados de la hacienda pública están siendo amenazados con destituciones, con multas que complican más la situación.
El Congreso pedirá más tiempo para resolver las peticiones de sanción contra autoridades por no pagar demandas laborales. FACEBOOK/legislativojal
Optan por los acuerdos con extrabajadores
En los últimos tres años, los convenios firmados entre el Ayuntamiento de Guadalajara y los extrabajadores que han demandado al municipio, principalmente por despido injustificado, le han costado a la hacienda municipal, en promedio, más de medio millón de pesos.
De acuerdo con información otorgada por el Ayuntamiento vía Transparencia, se reportó que de 2015 a la fecha se ha logrado llegar a un acuerdo de pago con 204 extrabajadores, con un costo total de 108.4 millones de pesos.
El municipio respondió que no tiene la información de los convenios firmados de 2015 hacia atrás, pues las pasadas administraciones no entregaron la estadística correspondiente.
Por ello sólo se tienen datos de la pasada administración. Entre octubre y diciembre de 2015 se llegó a un acuerdo con cuatro demandantes que representaron un costo de 1.2 millones de pesos.
Durante la gestión anterior, el año en que más convenios se firmaron fue durante 2016, con un total de 86 por un monto global de 35.1 millones de pesos. Sin embargo, aunque los del año pasado fueron menos, estos representaron un gasto más alto, pues se firmaron 20 convenios menos con un costo para el municipio por 37.6 millones.
En lo que va de este año se han convenido con 48 exempleados, que costaron 34.4 millones de pesos.
Según el Ayuntamiento, el convenio más alto que se ha pagado en los últimos tres años ha sido por 3.6 millones de pesos. Se trata del laudo 1364/2008-D1 a favor de la ex titular de Vinculación y Seguimiento de la Dirección de Cultura.
Doble efecto
La diputada Martha Alcaraz subrayó que se tienen casos de extrabajadores que demandaron a los Ayuntamientos por despido injustificado, pero ahora ocupan un cargo de elección popular en los mismos.
https://www.informador.mx/Demandas-laborales-se-triplican-en-Guadalajara-van-693-este-ano-l201812210001.html
Jalisco: Justicia Pareja Para Trabajadores y Empresarios
No Habrá Favoritismos en la Junta de Conciliación
21 DE DICIEMBRE, 2018
Se hará un análisis profesional que determinará a ciencia cierta la información que tienen las juntas locales al momento afirmó Melissa Madero Plasencia, Jefa de Unidad de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la Región
Por Daniel Mora Valencia
NNC/Puerto Vallarta
Los trabajadores y empresarios tendrán justicia pareja en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de la región, afirmó Melissa Madero Plasencia, Jefa de Unidad de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la Región, quien aseguró que no habrá favoritismos de ningún tipo o especie.
A este respecto manifestó que “no estamos hablando nada más de justicia para los trabajadores, en eso quiero ser muy clara, es para empresarios y trabajadores”.
En este sentido refirió que cuenta ya con un panorama de la situación actual en las juntas de conciliación de la región, ello producto de muchas semanas de análisis y diálogo con los presidentes de las mismas, sin embargo remarcó que una vez que ha tomado posesión de su cargo, llevarán a cabo un análisis profesional que determinará a ciencia cierta la información que tiene al momento.
Madero Plasencia acotó que la información que resulte de las Juntas de Conciliación, se dará a conocer semana a semana a través de diversos medios, entre ellos las redes sociales y una columna, además aseguró que su número personal estará al alcance de todos los ciudadanos que así lo requieran.
“No es de que no conozco al presidente o que le abogado me dijo tal, aquí está la cara, aquí está mi número personal, sólo tengo un teléfono, márquenme si tienen alguna duda, si los están tratando mal, si el empresario no está haciendo las cosas bien, si el trabajador no está haciendo las cosas bien, esta es la cara”.
Con relación a cómo se hará para abatir el rezago que tiene actualmente la Sexta Junta de Conciliación y Arbitraje, manifestó que este es uno de los temas que se trataron y la idea es digitalizar muchos de los archivos que se tienen pendientes para que se pueda avanzar un poco más, ya que esto simplificará el proceso.
De tal manera que actualmente se encuentran en esa parte de reingeniería tecnológica para que se aplique, “va a ser un proceso pero ya estamos en eso”.
En el caso de aquellos expedientes “atorados”, pidió a los afectados que se acerquen a la junta para brindarles una solución lo más pronto posible ya que estarán enfocados en ello.
https://nnc.mx/articulo/portada/no-habra-favoritismos-en-la-junta-de-conciliacion/1545378988
Desaparece outsourcing con la reforma laboral
Esta figura fue aprovechada por empresarios para beneficiarse: Tereso Medina
jueves, 20 de diciembre de 2018
El outsourcing (contratación externa) ya no tiene cabida en la siguiente reforma laboral, además que esta figura fue la oportunidad para que algunos malos empresarios cometieran abusos, al no respetar los derechos de los trabajadores e incluso hubo evasión fiscal, sostuvo Tereso Medina Ramírez.
El dirigente en Coahuila de la CTM admitió que también hubo patrones responsables que cumplieron con las disposiciones legales y el respeto a los derechos de la clase trabajadora.
Se refirió a la iniciativa que está en el Congreso de la Unión, sobre la legislación secundaria a la reforma del Artículo 123 Constitucional, en la que desaparece la figura del outsourcing.
«Desde un principio, en el tema de la adecuación a la ley secundaria, cuando se propuso el proyecto de análisis, el outsourcing —siempre sostuve— que no le queda a México, porque se ha demostrado que hay buenos y malos”.
Obsoleto
«El outsourcing que no le queda a México y no le queda a Coahuila, es el que basado en esa figura se han negado derechos de los trabajadores, prestaciones y en algunos casos han llegado a la evasión fiscal. Abusan de los trabajadores y debemos ponerle un alto”, expuso.
Agregó que hay la contraparte, de responsables empresarios que cumplen con el respeto a los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, advirtió que en la propuesta sobre la ley reglamentaria de la reforma al Artículo 123 Constitucional, la figura del outsourcing queda fuera.
«No solamente tiene regulaciones laborales, sino que además incluye más regulaciones fiscales que laborales y pretendemos que en esta cuarta transformación que estamos viviendo, el outsourcing no puede ser punto de partida para lograr un avance hacia la calidad de vida de los trabajadores”, dijo.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/12/20/desaparece-outsourcing-reforma-laboral-780644.html
No hay ‘varita mágica’ para solucionar 30 años de ‘atroz deterioro salarial’; aumento es “un triunfo político”: Académico
20 diciembre de 2018
La Nueva Política de Salarios Mínimos «es una señal de control de la política interna» del país, pues la nueva administración estuvo acompañada por las principales representaciones de la iniciativa privada y del sector sindical.
Con un incremento récord de 16.21 por ciento, el salario mínimo para 2019 quedó fijado en 102.68 pesos, lo que representa un ingreso mensual de 3 mil 80 pesos para la mayor parte del país, hecho que Alfonso Bouzas Ortiz describió como un triunfo político, que no será inflacionario, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista para #AristeguiEnVivo, el profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM señaló que aunque este aumento no es lo más deseable para los “30 años de atroz deterioro salarial”, es necesario ser realistas y reconocer que en 18 días que lleva López Obrador en la Presidencia no iba a llegar con “una varita mágica a componer lo que destruyeron sus antecesores”.
Además resaltó este paso como el primero de subsecuentes aumentos.
Por otro lado destacó que este triunfo “es una señal de control de la política interna” del país, pues la nueva administración estuvo acompañada en la firma del decreto por las principales representaciones de la iniciativa privada y también del sector laboral, la formal y la real.
“Estuvo la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y sobretodo el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sindicato fuertemente castigado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que casi lo desaparecen pese a su historia”.
Sobre los recortes en materia de salud y educación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, Bouzas Ortiz declaró que aunque se trata de un “asunto sensible”, consideró necesario conocer realmente qué áreas se están afectando.
Consideró que no se pretende pegar a la educación superior ni a la investigación académica, sino que busca terminar con la corrupción, el clientelismo y los salarios denigrantes “en un país de pobres”.
Bouzas Ortiz resaltó que aunque la decisión sobre el aumento al salario fue tomada por unanimidad en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, hubo dos personajes incómodos en la mesa.
Uno era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, que ya está por salir pero que fue a “destilar la presencia del viejo régimen en el nuevo escenario. El otro capo mayor, Carlos Acéves del Olmo, del Congreso del Trabajo y de la CTM, ahí sí fue inaudito”.
Destacó lo dicho por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien señaló que el objetivo principal, además de recuperar el salario de los empleados, es el de acabar con “la antidemocracia, con el corporativismo que vivimos”.
Entrevista completa en:
https://youtu.be/qQKoxvuqgV4
https://aristeguinoticias.com/1812/mexico/no-hay-varita-magica-para-solucionar-30-anos-de-atroz-deterioro-salarial-reciente-aumento-es-un-triunfo-politico-academico/
Urgen sindicatos libres
Por: Diego Petersen
19 de Diciembre de 2018 – 06:43 hs
Urgen sindicatos libres
Hay algo bizarro cuando es la Coparmex quien propone y festeja el aumento en el salario mínimo. No digo que no esté bien, por el contrario, me parece que era ya un asunto urgente y necesario; basar la competitividad del país en los bajos salarios, como hemos hecho las últimas dos décadas, es un camino seguro a la autodestrucción económica. Pero, que sea el sindicato patronal quien salga a festejar la decisión habla mal de nuestro sistema económico, estamos en el mundo al revés.
Más aún que la de solicitar permiso a la Pacha Mama (copal, copal) para hacer una obra, la peor tontería de la semana fue la de la flamante secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, pidiéndole al mercado que baje los sueldos y los ajuste a los del sector público (por favor que alguien nos explique cómo es ese ritual, supongo que los que danzan son los banqueros y los casabolseros y en lugar de pollos y aguardiente se le ofrece al mercado caviar y coñac, y humo de habano en lugar de copal). Pero si algo es cierto es que el mercado de los salarios quedó atrofiado por la pérdida de fuerza de los sindicatos. La aniquilación de los sindicatos, charros, amañados y atados al partido de Estado como eran, provocó un enorme desequilibrio del mercado laboral. Perdió fuerza el charrismo, perfectamente representado por don Fidel Velázquez, y en su lugar no nació nada. Si hoy México tiene los peores niveles de masa salarial agregada de la OCDE y el mayor desequilibrio entre masa salarial y utilidades de las empresas es justamente por el desequilibrio entre capital y trabajo.
A los empresarios les encanta presumir los empleos que generaron, nunca hablan de los que destruyeron
Así como dice López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, hay que decir, por el bien del mercado laboral, primero los sindicatos. Necesitamos sindicatos fuertes e independientes que defiendan el salario mínimo, pero también el salario real. La inexistencia de huelgas, que tanto festejan gobiernos y organismos empresariales no es necesariamente un indicador de sanidad económica sino quizá de todo lo contrario.
Un mal sindicato puede acabar con una empresa; un mal patrón también. Si el patrón hace tonterías solo evaluamos las pérdidas que él tuvo, pero nunca volteamos a ver el efecto perverso de esas decisiones, la cantidad de proveedores que dejó colgados, a los empleados que dejó tirados. A los empresarios les encanta presumir los empleos que generaron, nunca hablan de los que destruyeron. A los sindicatos les gusta presumir los aumentos de sueldos y conquistas de prestaciones, nunca hablan de aumento en la productividad.
Zapatero a tus zapatos: los empresarios invierten para generar utilidades, no empleo. Por el contrario, si pueden cortar un empleo para generar más utilidades lo harán. Por eso necesitan del otro lado un sindicato fuerte y libre que genere la tensión necesaria para equilibrar salarios y utilidades, para aumentar la productividad y equilibrar el mercado laboral.
(diego.petersen@informador.com.mx)
https://www.informador.mx/ideas/Urgen-sindicatos-libres-20181219-0040.html
¿Y la calidad de la justicia, para cuándo?
18/12/2018
Por Miguel Carbonell
Llevamos días y semanas enfrascados en la discusión sobre los sueldos del Poder Judicial de la Federación. Los puntos de vista se han ido extremando cada vez más, las posturas parecen del todo irreconciliables y hemos llegado al punto de quiebre en el que ya se están presentando agresiones físicas a integrantes de la judicatura federal. Nada de eso es bueno para México.
Un país democrático debe aprender a discutir los temas de interés público desde la serenidad y con argumentos, no a base de manotazos sobre los cofres de los coches que trasladan a los funcionarios. Algo no estamos haciendo bien.
Lo curioso, sin embargo, es que en medio de ese frenesí deliberativo en el que nos hemos instalado parece que se nos olvida lo más importante de todo: ¿qué medidas debemos tomar para el mejoramiento de la justicia en México? Sobre esto no se ha escuchado una sola voz en los días recientes.
Nadie está pensando qué hacer para que los procesos judiciales no sean tan largos y tortuosos, nadie tiene un plan para elevar el nivel de las sentencias de nuestros jueces (tanto a nivel federal como local, en cada una de las 32 entidades federativas), nadie ha propuesto nada para terminar con las mafias que controlan la ejecución de los laudos en materia laboral, y que prácticamente son grupos de choque para practicar desalojos y embargos. ¿Cuándo pasaremos a hablar de los temas de fondo, dejando atrás las cuestiones de pesos y centavos?
No lo digo porque el tema del dinero no sea importante (desde luego que lo es), pero me parece que nos estamos enfocando a discutir las percepciones de 11 funcionarios, que son los ministros de la Suprema Corte, cuando en realidad los problemas de la justicia mexicana van mucho más allá de esas oficinas ubicadas en Pino Suárez número 2.
Es curioso que la ira de las redes sociales se haya centrado en la Suprema Corte y no en los consejeros de la Judicatura Federal que ganan casi lo mismo, o en los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no se quedan atrás. Discutamos sobre sueldos, sobre privilegios, sobre abusos incluso (que los hay, sin duda), pero desde la amplitud de miras y no desde la mezquindad y la visión cortoplacista que parece pretender abatir la legitimidad de la Corte.
La actual campaña de odio hacia los jueces puede tener muy funestas consecuencias. Es probable, de inicio, que se produzca una fuga de talentos hacia el sector privado. En segundo lugar, tampoco se puede descartar que se hunda todavía más la confianza de la ciudadanía en la justicia, lo cual en nada ayuda para la construcción del Estado de derecho con el que muchos soñamos para México.
Un país no puede ser desarrollado si no cuenta con los mecanismos y resortes institucionales que nos permitan dirimir de forma pacífica nuestras diferencias. Esa es la función de los jueces y por eso es tan importante fortalecer su tarea y apoyar su trabajo. Contar con una Judicatura dedicada a hacer un trabajo de calidad es un paso civilizatorio de gran relevancia en la historia de la humanidad. En temas judiciales, tenemos que pedir un debate de mayor altura y no basado en el encono y la descalificación.
Si de verdad quiere el partido en el poder mejorar la justicia, debería enfocarse en expedir a la brevedad las nuevas reglas del procedimiento laboral (pendientes desde febrero de 2017) así como el futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (que podría haber estado listo desde hace más de un año y medio, sino fuera por la irresponsabilidad de los legisladores). Hay muchas cosas por hacer y por mejorar.
¿Cómo podemos atender mejor a las víctimas de la delincuencia, qué capacidades necesitamos mejorar de las fiscalías que investigan los delitos, cómo prevenimos la tortura de personas detenidas, qué hacemos contra las mafias que utilizan al Poder Judicial para asignarse de manera fraudulenta casas y terrenos, cómo nos apoyamos en las nuevas tecnologías para hacer notificaciones judiciales más expeditas, y muchas cosas más?
Ese es el debate que me gustaría estar presenciando. Lo malo es que ese debate requiere de cierto nivel intelectual y de alguna formación académica, aunque sea básica. Ninguna de las dos cosas abunda en el actual escenario político del país. No nos debe extrañar que nuestro debate público esté por los suelos. Nos lo merecemos.
Investigador del IIJ-UNAM. @MiguelCarbonell
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/miguel-carbonell/nacion/y-la-calidad-de-la-justicia-para-cuando
Coahuila destaca en convenios laborales trabajador patrón
Junta de Conciliación y Arbitraje de Torreón presenta un incremento del 66.1% en convenios dentro de juicio
lunes, 17 de diciembre de 2018
En Coahuila, de manera oportuna se da la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones, donde se favorece a ambas partes para llegar a un acuerdo.
Como ejemplo de ello, en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Torreón se tuvo un incremento del 66.1 por ciento en el concilio de intereses en convenios dentro de juicio, en procesos ágiles, así como haber evitado el coyotaje.
El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Torreón, Javier Armendáriz Reyes Retana, destacó la fluidez para realizar convenios justos entre los trabajadores y patrones, así como poder abatir el coyotaje.
Dio a conocer que a su vez se tuvo un incremento del 24 por ciento en Laudos, y un 8.3 por ciento en Convenios fuera de juicio, como un incremento del 16.26 por ciento en demandas recibidas en la Junta Local, cuyas cifras son comparativas con el ejercicio 2017.
Informó que en 2018 se tramitaron 20 mil 156 convenios fuera de juicio; 2 mil 98 convenios dentro de juicio; 748 laudos y se recibieron 3 mil 596 demandas.
El funcionario subrayó la nueva cultura laboral implementada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a través de la Secretaría de Trabajo (ST), en conflictos obrero-patronales, de privilegiar el diálogo entre las partes y llegar a acuerdos previos.
Señaló que la Junta de Conciliación y Arbitraje de Torreón permanecerá abierta durante todo el período vacacional de Diciembre.
Cabe destacar que Coahuila cuenta con cinco Juntas Locales y una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, que se distribuyen en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Sabinas, Saltillo y Torreón.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/activos/2018/12/17/coahuila-destaca-convenios-laborales-trabajador-patron-780040.html
La guerra de las outsourcings
La batalla entre outsourcings pasó de lo mercantil a lo legal cuando en el 2014, durante sexenio de Enrique Peña Nieto, se realizó una reforma a los artículos 69 y 69 B bajo la batuta del entonces titular del SAT, Aristóteles Sandoval
Las empresas de subcontratación en México tomaron impulso a partir 1992. FOTO: ESPECIAL
POR HERALDO DE MÉXICO DICIEMBRE 17, 2018
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Las empresas de subcontratación en México tomaron impulso a partir 1992 con la firma del TLCAN y bajo la influencia de los modelos emergidos en Estados Unidos y Europa, principalmente en Reino Unido. A partir de este momento, la historia de outsourcing en nuestro país se comenzó a cincelar entre querellas corporativas tan salvajes que se han salido del terreno mercantil para pasar a círculos legislativos, políticos y hasta mediáticos.
Los noventas fueron la etapa abismal en materia de contratación a terceros para el país. Sin una legislación que previera la evasión fiscal de las compañías, Sergio Castro, conocido después como ‘el rey de las outsourcings’, se apuntaló en la estrategia con empresas terciarias fundando Inteligencia De Negocio (IDN) con el objetivo de pagar nóminas a través de sociedades cooperativas, aunque no fue pionero, ya que la empresa americana Manpower había llegado al país desde 1969.
En 1997, durante la 85a conferencia internacional del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por primera vez se adoptó término de subcontratación para conceptualizar los derechos laborales del trabajador. Casi a la par, Castro logró dominar el mercado teniendo operaciones en más de 30 ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, además de Guatemala y Belice.
Para acrecentar su imperio, Castro se alió con el despacho de abogados y contadores de Álvarez Puga, quienes también se enfocaron en la elusión de las obligaciones mediante el aprovechamiento de la falta de regulaciones específicas en las normas fiscales aplicables.
En el 2002, ante el auge de las malas prácticas de Castro y Álvarez Puga, Manpower junto con otras 20 compañías como Adecco y Kelly fundaron la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) para respaldar marco legal las empresas en el ramo de los recursos humanos y al mismo tiempo, intentar eliminar a la creciente competencia catalogándola como firma que operaba en la ilegalidad, es decir, con aquellas firmas que compraban facturas y simulaban operaciones.
Poco duró la alianza entre Castro y el despacho Álvarez y Puga, la pugna por el imperio financiero los llevó a delatarse unos a otros. En el 2010, Sergio Castro se dio a la fuga a Centroamérica tras ser fichados por Hacienda por realizar prácticas fiscales agresivas. Mientras que las instalaciones del despacho de Álvarez Puga fueron cateadas por la PGR. Luego, se giraron órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, fraude fiscal y al IMSS. Los miembros de ambos bandos terminaron boletinados por la Interpol.
Tras la caída de este par y la satanización de la subcontratación, la figura del outsourcing fue incluido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), cuando se incorporó el concepto en la reforma laboral. Además, se pidió a los patrones reportar ante el IMSS a los trabajadores tercerizados. Así, la empresa mexicana comenzó a ganar terreno, incluso ante su homónima estadounidense Manpower y su agrupación AMECH, gracias a que su modelo de negocio empezó a priorizar los beneficios a los empleados y no a los empleadores.
El valor agregado que esta compañía mexicana otorgaba a los empleados comenzó a despuntar y revolucionó el sector gracias a las asistencias otorgadas como caja de ahorro, seguro de vida y gastos médicos. Pequeños cambios que resultaron significativos y que poco a poco fueron apuntalándolo como líder de rubro.
La batalla entre outsourcings pasó de lo mercantil a lo legal cuando en el 2014, durante sexenio de Enrique Peña Nieto, se realizó una reforma a los artículos 69 y 69 B bajo la batuta del entonces titular del SAT, Aristóteles Sandoval. Estos apéndices condenaban las presuntas operaciones inexistentes en personas morales.
Por esa época, las empresas mexicanas se agruparon en Asociación Mexicana en Recursos Humanos (Amedhir) que buscaban fortalecer la ley de outsourcings creándose así dos grupos antagónicos en el sector de la contratación a terceros. En los últimos años, la rivalidad entre ambas facciones se agudizó al grado de intentar trastocar esferas del poder y la opinión pública.
Lo cierto es que en medio de una industria creciente que supera los 4,400 millones de dólares en México sí existe un ‘outsourcing’ malo. En el país, operan una serie de firmas que quedan fuera de ambos grupos rivales, y es el motivo por el cual la Amedhir ha pugnado por una regulación más estricta.
En la actualidad, la subcontratación en México en los últimos 10 años creció 48% y ahora, nuestro país se ubica en el quinto lugar de América Latina en ocupar estos servicios, teniendo ya 2.8 millones de personas que laboran bajo este esquema, permitiendo además que la tasa de informalidad disminuya.
Ahora, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la AMECH y Amedhir deberían intentar aliarse para buscar un ‘piso parejo’ que realmente expulse a actores que utilizan el nombre del outsourcing para cometer delitos y que por años han manchado el nombre de un sector que ha ayudado a diversas compañías a agilizar la obtención de productos con mejor calidad y ahorrar tiempo para focalizarse en sus propios objetivos.
Basta de continuar con una disputa innecesaria que ya ha permeado en diversas esferas del poder y que al final solo debería de regirse por las reglas del mercado.
Los trabajadores en México están en juego.
Por Gerardo Rivadeneyra
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/la-guerra-de-las-outsourcings/?fbclid=IwAR0t0wj7Cq9efLBydsZ8UErsMgylWsYyRedwW1SM7tDL5GUo3XnpLJgM4-c
Sindicatos ante el cambio
18/12/2018
Un mandato de las luchas obreras de los siglos XIX y XX es que los sindicatos deben fungir como organismos defensores de los derechos de los trabajadores frente a sus patrones. Cuando, por el contrario, sus líderes capturan para sí las causas, recursos y representación de los agremiados, los sindicatos están dejando de cumplir su misión para convertirse en un grupo de interés al servicio de una persona o sector particular.
Algunos sindicatos que el siglo pasado surgieron con la misión de defender los intereses de los trabajadores ante sus patrones, derivaron en instituciones al servicio de los intereses de la administración en turno por medio de la captura de los líderes gremiales, fuera por la vía económica o política.
Peor aún, en muchos casos la democracia interna fue suspendida para dar paso a un espacio de poder gestionado a conveniencia por el líder para beneacio particular.
La tensión entre líderes sindicales y agremiados fue una constante en México durante el siglo pasado, a lo que se sumó la relación institucional con los gobiernos. Esta mezcla de intereses pervive en la actualidad en nuestro país. Una muestra se revela en las inconformidades de una parte de los trabajadores del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México con las nuevas disposiciones del actual director y con el propio sindicato de bomberos.
Esta situación al interior del Cuerpo de Bomberos de la capital no es nueva, y se ha presentado en otras ocasiones en distintos gremios, por la presencia de grupos que copan todos los espacios de poder.
El gobierno federal, con el que la administración de la Ciudad mantiene aanidades, ha manifestado que la libertad sindical es un derecho que será apoyado por las autoridades.
Es así que todos los sindicatos y sus liderazgos, deben reincorporar prácticas democráticas en estos organismos si es que prescindieron de ellas en el pasado.
Se vuelve necesario corregir las acciones antidemocráticas que puedan registrarse, como el control de plazas, el enquistamiento de liderazgos que atienden el bienestar propio antes que el grupal, entre otras. La tradición sindicalista debe transitar hacia la transparencia y la democracia, de lo contrario nunca servirá a sus agremiados.
Así como se dice que no habrá gobierno rico con pueblo pobre, también cabe la máxima no debe haber líder sindical rico con agremiados pobres.