El equipo negociador mexicano no se ha desgastado en desmentir las críticas, más bien se ha concentrado en desarrollar una defensa que podríamos llamar soberanista.
Luis Miguel González
27 de julio de 2018, 01:18
En la renegociación del TLC 2.0, EU y Canadá han exigido a México que haga concesiones sustanciales en materia laboral. Las demandas más importantes se refieren a tres temas: incremento de los salarios de los trabajadores mexicanos; promoción de la democracia al interior de los sindicatos, y una mejora en el sistema de justicia laboral.
Las exigencias de los socios del TLCAN reflejan la presión de los sindicatos y de una parte de la opinión pública de Canadá y Estados Unidos. Acusan a México de utilizar la política laboral como un arma de competencia “desleal” para atraer inversiones y trasladar empleo desde Norteamérica hacia México. Sus quejas se nutren de anécdotas y datos. Constituyen una narrativa que es simple, pero apegada a la realidad: los trabajadores mexicanos reciben bajos salarios porque no tienen sindicatos que los defiendan ni tribunales que hagan valer sus derechos. El problema no es con las leyes mexicanas, sino con la forma en que éstas se cumplen en la práctica.
Los salarios en la industria automotriz son utilizados para ilustrar este punto. En México, un trabajador de esta industria gana en promedio el equivalente a 3 dólares estadounidenses. En Canadá y EU, el ingreso por hora está en el rango de 16 a 18 dólares. Esta brecha existe a pesar de que la productividad por trabajador es similar en los tres países.
¿Qué tan normal es esta situación? Podemos comparar la situación en la región América del Norte con lo que ocurre en Europa central. Las armadoras alemanas han desarrollado clústeres automotrices en países como Polonia, República Checa o Hungría. El diferencial de sueldos entre los trabajadores alemanes y los de estos países excomunistas está situado en un rango que no rebasa 50 por ciento.
El equipo negociador mexicano ha resistido “con éxito” las presiones de sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, en el llamado capítulo laboral. No se han desgastado en desmentir las críticas de fondo, más bien se han concentrado en desarrollar una defensa que podríamos llamar soberanista. México no puede aceptar que Estados Unidos y Canadá le dicten la forma en que deben funcionar sus mercados laborales. Lo que sí, han mostrado flexibilidad a que una parte de los contenidos de los autos sea producida en regiones con sueldos superiores a 15 dólares por hora.
¿Habrá cambio de línea con López Obrador? Todo parece indicar que sí. De manera extraoficial se sabe que éste es uno de los temas que se trataron en la reunión de la jefa negociadora canadiense con AMLO y su equipo. No es difícil imaginar por qué López Obrador está de acuerdo con “ceder” en este punto. Él ganaría en lo interno, al cumplir con su promesa de campaña de mejorar los salarios. Al mismo tiempo, crearía la oportunidad de destrabar la negociación. Con un México dispuesto a hacer concesiones en el capítulo laboral, Trump y Trudeau tendrían algo que presumir a sus sindicatos y a su opinión pública.
Todo esto genera algunas preguntas: ¿Qué papel jugaría el equipo negociador que encabeza Guajardo en la instrumentación de este cambio? ¿Será suficiente esta concesión para acelerar la firma de un TLC 2.0? ¿Cuánto tiempo tardarían los trabajadores mexicanos en ver los frutos? ¿Habrá reducción en las inversiones extranjeras a México?
Autor: ReformaLaboralMX
Coparmex plantea salario mínimo a 102 pesos para fin de año
La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, pidió al próximo gobierno de México establecer política salarial de largo plazo; considera que hay capacidad para fijar salario mínimo en 102 pesos
25/07/2018 12:29 NOTIMEX
Para el presidente de Coparmex, la inflación no tiene incidencia en un ajuste salarial (Foto archivo: Reuters)
CIUDAD DE MÉXICO
Con el objetivo de cumplir los objetivos fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de desarrollo sostenido, es necesario establecer en el país una política salarial de largo plazo.
Así lo estableció el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, quien consideró que el sector productivo tiene la capacidad suficiente para otorgar un salario mínimo de 102 pesos a finales de año.
Manifestó que hay condiciones económicas y políticas para dar este primer paso hacia la línea de bienestar que establece la ONU.
Al participar en el foro “Rumbo a la Reforma Laboral 2019”, de Hoyos anunció que la Coparmex presentará en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos una propuesta para dar este primer paso y levantar la bandera blanca en materia de bienestar familiar.
No podemos aceptar que nuestro país esté condenado al establecimiento de salarios simulados como ocurre en Venezuela y Nicaragua”, dijo el presidente de Coparmex y afirmó que hay elementos suficientes para lograr una política salarial de largo plazo.
Indicó que la inflación no tiene incidencia en un ajuste salarial; el crecimiento salarial no ha impactado en los salarios contractuales; no se ha registrado una disminución del empleo ni tampoco hay un aumento en la informalidad.
Reconoció que en los últimos dos años se ha procurado revertir la caída del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, para empezar un repunte gradual de las percepciones económicas de la clase asalariada.
Dijo que es necesario reglamentar el esquema de tercerización en el país y tener el mejor esquema para las empresas.
Por último, señaló que uno de los pendientes es el de establecer las bases de la justicia laboral para el futuro, con el objetivo de que los factores de la producción no se vean afectados y pongan en riesgo la paz laboral que priva en el país.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/coparmex-plantea-salario-minimo-a-102-pesos-para-fin-de-ano/1254543
El Economista y GINgroup presentan en sociedad a Factor Capital Humano
Los retos laborales para los próximos años centraron las intervenciones de los expertos
Este miércoles, GINgroup, empresa líder en América Latina de soluciones en recursos humanos y el diario El Economista presentaron en un hotel en la Ciudad de México ante unos trescientos clientes y suscriptores su proyecto conjunto Factor Capital Humano. El micrositio, que lleva apenas dos meses en línea, ya recibe más de 200,000 visitas mensuales.
Redacción Capital Humano
25 de julio de 2018, 21:37
Al inaugurar el evento, cuyo tema era “Rumbo a la reforma laboral 2019” el presidente de GINgroup, Raúl Beyruti, destacó que “El capital humano es el factor más importante de una empresa, sin este elemento las empresas no pueden alcanzar sus objetivos”.
El empresario señaló que México necesita generar un millón de empleos formales al año y hizo un llamado a que las empresas se unieran para conseguir un crecimiento importante. Raúl Beyruti aseguró que las empresas deben invertir sus utilidades en mejorar las condiciones laborales y los sueldos de sus colaboradores.
Necesidad de una nueva cultura salarial
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) centró la primera parte de su intervención en los principales retos para el próximo sexenio a nivel económico: estado de derecho, educación (básica y técnica), desarrollo inclusivo(reformas del sistema de salud, pensiones y asistencia social) y competitividad.
En la segundo parte de su ponencia, el líder patronal puso el énfasis en la necesidad de una nueva cultura salarial: “México no puede estar condenado a a los niveles de remuneración más bajos de Latinoamérica”.
De Hoyos recalcó que los ligeros incrementos salariales de los últimos dos años en México no generaron los efectos negativos que muchos habían vaticinado: inflación, disminución en el crecimiento del número de empleos y un incremento de la informalidad.
La Coparmex quiere una política salarial a largo plazo, cuyo resultado a largo plazo debería ser que en 2030, en una familia de 4 personas, dos ingresos deberían ser suficientes para alcanzar la línea de bienestar familiar. Esto significaría que los dos ingresos bastarían para comprar la canasta alimentaria y la canasta de productos no alimentarios para todos los miembros de la familia.
Reducir informalidad
Los especialistas que participaron en el panel moderado por el director editorial de El Economista, Luis-Miguel González, señalaron como principales retos en material laboral para el próximo sexenio la reducción de la informalidad, terminar con el trabajo infantil, una Ley específica que regula la tercerización y la pronta implementación de los tribunales laborales.
Eloíza Jaramillo, directora general de Investigación y Estadística de la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social afirmó: “Tenemos dos grandes oportunidades: por una parte los empresarios, si deciden seguir invirtiendo en México, el país tendrá un futuro mejor. La otra oportunidad somos los propios mexicanos, si nos decidimos a continuar preparándonos y trabajar con buena voluntad, es una buena opción para que México pueda crecer”.
Reforma laboral pendiente
El abogado y analista político Carlos Javier González insistió en la importancia de que el Congreso lleve a cabo la reforma laboral pendiente y resaltó que una buena alternativa para el desarrollo del empleo en México es no esperar que el gobierno indique cómo hacer las cosas, sino tomar iniciativa y trabajar con base en la realidad.
Cindy Jiménez de GINgroup apuntó que la globalización es la mayor oportunidad para el país, ya que debido a las presiones comerciales ejercidas por Estados Unidos, México ha comenzado a fijarse en otros mercados internacionales y esto tendrá un significativo impacto en el plano laboral.
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/El-Economista-y-GINgroup-presentan-en-sociedad-a-Factor-Capital-Humano-20180725-0130.html
Prioritario fortalecer al sector laboral
Un mérito del gobierno de Marcelo Ebrard fue crear la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; somos la entidad federativa con el mayor número de juicios y conflictos laborales, con 470 mil unidades económicas y una PEA de 4 millones 370 mil personas. Desde la misma, se han generado leyes inéditas en el país, como la del Seguro de Desempleo, Fomento Cooperativo y muchos programas y acciones diversos en apoyo al sector laboral, proponiendo políticas públicas del ramo. Ante la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje, se hace más necesario fortalecer dicha institución; convertirla en subsecretaría; llevarla a la Secretaría de Economía significa un retroceso para un gobierno de izquierda en el que debe ser prioritario el tema del trabajo, columna vertebral del desarrollo y la justicia social. Hago un llamado respetuoso a Claudia Sheinbaum a la reflexión profunda y reconsideración del tema por el bien de Ciudad de México y de los trabajadores.
Benito Mirón Lince
http://www.jornada.com.mx/2018/07/26/correo
Se anticipa Tamaulipas en reforma laboral
La reforma constitucional establece que será en el próximo mes de noviembre que deberá entrar en vigor el inicio de operaciones del nuevo sistema de justicia laboral.
Visto 84 veces | La Región | Por Daisy Verónica Herrera Medrano
A pesar de que las leyes reglamentarias de la Reforma Laboral siguen estancadas en el Congreso de la Unión, Tamaulipas se anticipa con la construcción de diversas Salas de Oralidad en las cabeceras de los seis distritos judiciales, que son Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Victoria, Mante y el sur del estado.
Raúl Robles Caballero, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, dijo que se tiene listo el paquete de reformas a la Constitución local y a diversas leyes secundarias, para implementar la reforma laboral que desaparecerá las Juntas de Conciliación y Arbitraje y cederá al Poder Judicial la obligación de dirimir los conflictos entre trabajadores y patrones.
La reforma constitución establece que será en el próximo mes de noviembre que deberá entrar en vigor el inicio de operaciones del nuevo sistema de justicia laboral, pero seguramente se aplazara un poco más la fecha por la renovación del Congreso de la Unión.
Robles Caballero, estimó que la carga de trabajo por cada distrito judicial será en promedio de mil 500 asuntos laborales, e incluso podría ser menor porque el nuevo modelo contempla una etapa conciliatoria obligatoria previa a la presentación formal de la demanda.
https://elmercurio.com.mx/la-region/se-anticipa-tamaulipas-en-reforma-laboral
Peña Nieto defiende reformas de su gobierno en cumbre de la Alianza del Pacífico
El presidente dijo que los cambios eran necesarios desde hace tiempo y destacó que para conseguirlos se tuvo la participación de varias fuerzas políticas.
REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx23/07/2018
Peña Nieto participó este lunes en la clausura del encuentro empresarial de la cumbre de la Alianza del Pacífico.Fuente: Cuartoscuro
Enrique Peña Nieto, presidente de la República, defendió las reformas estructurales que se efectuaron en sus seis años de gobierno, durante su participación en la Alianza del Pacífico.
«México había pospuesto por varias décadas y por varios años el haber impulsado cambios que era imposible o difícil pensar sin la concurrencia y voluntad de diferentes expresiones políticas, ningún partido por sí solo, ni el que yo represento (PRI) en la Presidencia de la República, hubiese por sí mismo hecho estas reformas», aseguró.
En el panel donde participó este lunes, explicó que la reforma laboral permitió facilitar la contratación de personal sin experiencia, entre ellos jóvenes y mujeres, para adentrarse al mercado laboral.
Informó que esto generó el crecimiento de la tasa de trabajo formal -con prestaciones- al doble, más del 4 por ciento al año frente al incremento de la economía.
Asimismo, aseguró que la reforma energética implementada por su administración rompió con un modelo de generación de hidrocarburos de hace 50 años, donde se permite la participación del sector privado sin que el gobierno pierda la soberanía de sus recursos.
Destacó que esto permitió que haya más de 200 millones de dólares comprometidos en más de 70 empresas que participaron en la extracción de petróleo en aguas profundas de México.
Además, resaltó que la reforma en telecomunicaciones abarató en más del 45 por ciento la telefonía móvil y un ahorro para los mexicanos de 130 mil millones de pesos por el sufragio de estos servicios.
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, ha manifestado su plan de eliminar la reforma energética, al considerar que este acuerdo lo único que hizo fue entregar los bienes nacionales a particulares.
Durante su campaña electoral, el tabasqueño propuso que se derogará la reforma laboral «porque no beneficia a los trabajadores»; la educativa porque «perjudica a los maestros y busca privatizar la educación»; y la fiscal «para terminar con los aumentos de impuestos y precios de las gasolinas».
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pena-nieto-defiende-reformas-de-su-gobierno-en-cumbre-de-la-alianza-del-pacifico
Justicia laboral
Martí Batres
Mar, 24/07/2018 – 06:43
Las propuestas de austeridad emitidas por Morena han despertado un profundo debate acerca de las percepciones de los altos funcionarios públicos y de los legisladores. Sin duda ha habido muestras de apoyo y de resistencia. No obstante, muchos de quienes hoy se escandalizan por el ajuste en los salarios de la alta burocracia guardaron silencio e, incluso, apoyaron medidas que impactaron de forma negativa en las remuneraciones de los trabajadores.
Durante décadas escuchamos de parte de funcionarios y legisladores los sonsonetes de “las medicinas que son amargas pero necesarias”, de “las medidas que son indispensables para modernizar al país”, del “debemos apretarnos el cinturón” para justificar e imponer medidas que afectaron a los trabajadores, ya sea en la merma de su poder adquisitivo, en la pérdida de derechos o en el alza de precios.
Pues bien, muchas de esas voces que invitaron a los trabajadores a asumir esas derrotas, como su aportación al desarrollo nacional, hoy son las que cuestionan o se escandalizan cuando la austeridad se aplica arriba. Es decir, que se resisten a tomar las medicinas amargas que ellos mismos recetaron a los trabajadores.
Si bien el ajuste al salario de la alta burocracia anunciado es una reducción importante, no significa que los ingresos de secretarios de Estado, legisladores, subsecretarios y directores generales dejen de ser adecuados, pues 90 mil o 100 mil pesos siguen siendo un ingreso decoroso. Hoy en día, son más de 35 mil funcionarios públicos los que actualmente ganan más de los 108 mil pesos que percibirá el próximo Presidente de México.
El reto será que en este sexenio, al tiempo que se implementen medidas de austeridad republicana, los trabajadores recuperen de forma paulatina los derechos perdidos durante las décadas pasadas.
Están, por ejemplo, los maestros que perdieron su estabilidad laboral y la permanencia en el empleo, pero también se encuentran las mujeres que realizan trabajo en el hogar y que carecen de derechos; de igual forma debe encontrar eco en los órganos legislativos, el problema de quienes laboran en el formato de outsourcing, en condiciones de franca desventaja; tampoco se debe olvidar el tema de la libertad sindical, de la justicia salarial para que mujeres y hombres que realicen el mismo trabajo, reciban la misma remuneración.
La precarización de los trabajadores generó fenómenos dolorosos como el incremento de la migración, el de las mujeres asesinadas en Juárez y el del desencanto de millones de jóvenes que se han visto sin opciones de educación ni empleo.
El reto del próximo sexenio es hacer que el país sea más justo con sus trabajadores. La recuperación de su salario y de sus derechos impactará positivamente en la dinámica social, pero también en la dinámica del mercado. Ambas cosas son indispensables para construir el México del futuro.
En la agenda legislativa debe estar la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo en el hogar, la ratificación del Convenio 87 sobre libertad sindical, la modificación al sistema de subcontratación, la incorporación del tema del salario al Tratado de Libre Comercio, la elección democrática de los dirigentes sindicales y otros.
En otras palabras, se trata de disminuir sueldos y prestaciones de los de arriba y subir sueldos y prestaciones de los de abajo. Justicia laboral.
http://www.elgrafico.mx/columna/justicia-laboral
Aguascalientes: Las cuentas del magistrado: el cambio en el Poder Judicial
BY ALEJANDRO ROMO/ NW AGUASCALIENTES 23, JULIO, 2018 83
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Foto: Newsweek Aguascalientes
A partir de este martes 24 de julio, el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado será presidido por Gabriela Espinosa Castorena, magistrada de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado, quien fungirá al frente del tribunal durante los próximos cuatro años.
Se trata de la segunda magistrada que lo preside, después de Ma. Teresa Isabel Martínez Mercado, quien ocupó esa posición del 2003 al 2006.
Espinosa Castorena toma el lugar que ocupó el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez del 2014 al 2018, en una gestión marcada por la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, el crecimiento de la infraestructura del Poder Judicial, pero también por los vínculos y la cercanía que mantuvo con el Ejecutivo estatal en turno.
Justicia laboral, asignatura pendiente
Ligado a este tema, el magistrado fue nombrado coordinador de la implementación de la justicia laboral a nivel nacional, luego de la propuesta del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para impulsar la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje y la creación de tribunales laborales en los poderes judiciales de las entidades, que ahora serían los encargados de impartir justicia en los juicios del ámbito laboral.
Sin embargo, por la omisión del Senado de la República para aprobar las leyes reglamentarias el tema se ha quedado estancado y no ha logrado aterrizarse en los estados de la República.
¿Qué cifras deja el magistrado Ponce?
Los ámbitos más activos del Poder Judicial del Estado durante la gestión de Juan Manuel Ponce Sánchez fueron los juzgados de carácter civil-mercantil, familiar y penal.
El rubro de carácter civil y mercantil fue el más demandado con un promedio anual de 50 mil expedientes abordados por los seis juzgados mercantiles y los tres de carácter civil.
De acuerdo al boletín estadístico del Poder Judicial, del 2014 a la fecha se ha actuado en 263 mil 680 expedientes, de los que se ha dictado sentencia en 103 mil 859 de ellos, es decir, un avance del 39.3%.
Por otra parte, en el ámbito de los juzgados familiares el trabajo se ha incrementado de manera importante, al pasar de un promedio de 20 mil expedientes en 2014 a casi 27 mil en 2017, siendo una de las principales razones la modificación al Código Civil del Estado para impulsar el divorcio incausado o “exprés”.
Desde su aprobación en el Legislativo en junio de 2015, las solicitudes de este tipo de divorcios se elevaron exponencialmente; por ejemplo en ese año se presentaron 710 solicitudes, mientras que para 2017 la cifra aumentó a 5 mil 199, colocándose como el principal asunto de los juzgados de carácter familiar (44.49%).
En este rubro, el Poder Judicial registró una efectividad de emisión de sentencias del 36.38% en el total de expedientes en los que actuó: 113 mil 655 en los últimos cuatro años.
Por otra parte, el Poder Judicial ha atendido entre 4 mil y 5 mil expedientes de carácter penal de forma anual en los últimos cuatro años, resolviendo sentencias en el 21.88% del total de casos.
La entrada del nuevo sistema de justicia penal
La implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio fue un reto para los órganos encargados de la impartición de la justicia en México, y Aguascalientes no fue la excepción.
En la entidad, el nuevo sistema comenzó a aplicarse a partir del año 2015 en los juzgados de Pabellón de Arteaga y, posteriormente, en 2016 ingresaron los demás municipios del estado, lo que demandó una mayor infraestructura física para su correcta implementación.
Derivado de ello, a finales de 2015 se inició la construcción del proyecto de “Ciudad Justicia”, que albergaría los nuevos juzgados en materia penal, de mediación, civil y mercantil, así como el juzgado familiar.
La primera etapa del proyecto quedó concluida en junio de 2017 con una inversión superior a los 53 millones de pesos, además de generar el compromiso para la continuidad de etapas posteriores.
Asimismo se amplió la infraestructura del Palacio de Justicia para incorporar salas de justicia oral a través de gestiones realizadas por el propio Juan Manuel Ponce.
En el “ojo del huracán”
Por otra parte, la gestión de Ponce Sánchez no estuvo ajena al ojo público, ya que el Poder Judicial del Estado ha tenido que actuar en casos controversiales para la opinión pública.
Uno de ellos fue el homicidio de un joven a manos de dos ex jugadores del Necaxa, Alejandro Molina y Luis Gorocito, en agosto de 2015, cuando salían de un centro nocturno al norte de la capital.
En un inicio se trató del delito de lesiones dolosas en riña, sin embargo el panorama para los futbolistas se modificó cuando, después de un par de meses, Luis Rodolfo Mariscal no pudo recuperarse de las lesiones y falleció en el hospital en el que era atendido. El delito se reconfiguró a homicidio doloso en riña.
Tras casi tres años de reclusión, Alejandro Molina fue puesto en libertad hace unos días tras cumplir la sentencia dictada por el Juez Primero de lo Penal de 2 años 10 meses y 22 días de prisión, mientras el uruguayo Gorocito continúa tras las rejas.
Otro polémico caso fue el del asesinato del delincuente Hugo Luján Ramírez, alias “El Huevo”, a manos de tres sujetos, vecinos de una balconería en la Col. Las Cumbres, al oriente de la capital.
Cansados de que en varias ocasiones “El Huevo” había ingresado al domicilio para sustraer objetos de valor, a inicios de mayo de 2017 los vecinos lograron sorprenderlo en flagrancia, lo detuvieron y posteriormente lo sometieron a golpes, acción que llevó a la muerte al delincuente.
Los argumentos de una probable “legítima defensa” de los balconeros fueron insuficientes para que el juez que llevaba el caso los dejara en libertad, resolviendo una sentencia de cuatro años de prisión y la reparación del daño por un monto de 100 mil pesos.
¿Cercanía y nepotismo?
Durante la administración del gobernador priísta Carlos Lozano de la Torre, la gestión de Juan Manuel Ponce Sánchez en el Poder Judicial del Estado fue criticada por una cercanía que puso en duda la autonomía de ambos poderes.
Esto quedó en evidencia a finales de 2016, cuando el mandatario estatal otorgó un título de concesión de taxi a la esposa del magistrado, Maricela Romo Montes, quien justificó la acción al señalar que había cumplido con todos los requisitos legales y que era un tema de su esposa y no de él.
“Si el Gobernador hizo un ofrecimiento, es un tema de ella, no mío, no lo hizo por mí. Ella cumplió con los requisitos legales, además hoy en día es una facultad exclusiva del mandatario en turno y mientas no se regule no hay nada ilegal”, argumentó el magistrado en aquél entonces.
Por otra parte, se cuestionó el presunto nepotismo en el que habría actuado el titular del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, una vez que en julio de 2017 reconoció que dos de sus hijas laboraban como secretaria y jefa de causa en el Poder Judicial.
Asimismo, previo a dejar la presidencia del tribunal se dio a conocer que una de sus hijas participó en la convocatoria del Consejo de la Judicatura Estatal para ser habilitada como jueza, a lo que Ponce Sánchez respondió que él no tuvo injerencia dentro del proceso de selección, negando posibles actos de nepotismo.
“Tengo una hija que es secretaria de causa. Concursó y, de quedar habilitada, en momento determinado podrá ser llamada como cualquier otra porque es un proceso en el cual es el Consejo un órgano colegiado y ellos habrán de determinar, yo no tuve nada qué ver”.
https://newsweekespanol.com/2018/07/las-cuentas-del-magistrado-el-cambio-en-el-poder-judicial/
Piden a Claudia Sheinbaum no integrar las Secretarías de Trabajo y Economía en la CDMX
El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral y académicos en lo personal se han manifestado públicamente contra la propuesta de la próxima Jefa de Gobierno de la CDMX de integrar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a la de Economía.
Advierten que las actividades de la Secretaría de Trabajo, como la procuración de la defensa del trabajo no son factibles que las realice la de Economía. Y señala que “el mayor espacio laboral del país, quedaría acéfala en la materia”
Por el bien de todos, los trabajadores deben estar en el centro de la gestión gubernamental a todos los niveles.
Por su parte Graciela Bensusán especialista en estudios del trabajo, a nombre personal y de otros especialista solicitó a Claudia Sheinbaum establecer el diálogo, así como expuso sus puntos de vista “nos parece que la integración de la función relativa al empleo en otra dependencia va en contra de lo que se espera de un gobierno de izquierda y de las tendencias que hoy experimentan ciudades globales, cada vez más interesadas en la suerte de quienes trabajan en ellas y en sus condiciones particulares”.
“Revitalizar la política laboral como principal instrumento de inclusión social ha sido clave para disminuir la pobreza y la desigualdad así como para dar a los trabajadores la voz colectiva de la que fueron excluidos en la definición de las políticas. Abandonar esta centralidad, cuando desparecen o se adelgazan las secretarías de trabajo, lleva justamente al aumento de la pobreza y la desigualdad. De hecho, son gobiernos de derecha como el de Uribe en Colombia, Macri en Argentina o Temer en Brasil los que buscan a toda costa disminuir la importancia de la política laboral y reducir los recursos e instancias a cargo de su implementación”
En carta Bensusán también señala que “en el nuevo contexto económico mundial, son justamente los gobiernos progresistas de las ciudades globales los que están adoptando los instrumentos necesarios para garantizar las exigencias de protección social sin descuidar los requerimientos y condicionamientos de mercados laborales altamente competitivos, expuestos a las transformaciones tecnológicas y a una nueva informalidad laboral”
“¿Puede la CDMX ignorar estas tendencias, por más que resulte conveniente para aligerar la carga de la administración de la ciudad? Sería lamentable que sin un diagnóstico cuidadoso de los instrumentos que deben aprovecharse para incidir sobre la calidad de los empleos y sin medir las consecuencias del debilitamiento de esta función, se desaparezca una instancia que bien diseñada e implementada puede volverse en adelante un recurso poderoso para mejorar las condiciones laborales de los millones de trabajadores que habitan en la CDMX.”
A Continuación presentamos los textos completos
1) Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral
- Claudia Sheinbaum Pardo:
El OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA REFORMA LABORAL integrado por sindicatos independientes, académicos y ciudadanos interesados por el futuro laboral, se reunió el pasado 18 de julio, con una asistencia tanto física como a través de medio electrónico que nos permite estimar una presencia de más de mil personas.
Con desconcierto recibimos información relacionada con que piensas integrar la Secretaria del Trabajo del gobierno de la Ciudad de México a la de Economía.
El Observatorio, con la participación de la Secretaria del Trabajo y la Presidenta de la CDH de CM, jugó un papel importante en detener la iniciativa presentada por CTM y CROC, reglamentaria de la reforma constitucional de febrero de 2017 y actualmente se encuentra con entusiasmo trabajando para, al inicio del próximo período legislativo, presentar una iniciativa reglamentaria democrática y que termine con la simulación contractual.
En esas condiciones y sabedor que muchas de las actividades de la indicada Secretaría no son factibles que las realice la de Economía, ejemplo; la de procuración de la defensa del trabajo, te invito a que consideres que no es afortunada la supresión de la de Trabajo de la Ciudad de México, el mayor espacio laboral del país, quedaría acéfala en la materia.
ATENTAMENTE
Coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral
José Alfonso Bouzas Ortíz
2) Graciela Bensusán
Estimada #ClaudiaSheinbaum:
Mi nombre es Graciela Bensusán, soy especialista en estudios del trabajo y como muchos, una admiradora del proyecto que tú encabezas en la ciudad y Andrés Manuel López Obrador en el país. Te escribo porque he recibido varios mensajes de diferentes colegas expresando una gran preocupación por el peligro de que se proponga, como parte de la reestructuración de la administración de la CDMX, la desaparición de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Me han pedido que te exprese nuestro punto de vista al respecto.
Entendemos perfectamente la necesidad de revisar las estructuras administratativas y evitar el desperdicio de recursos para hacer más eficaz el gobierno que muy pronto estará a tu cargo.
Sin embargo, nos parece que la integración de la función relativa al empleo en otra dependencia va en contra de lo que se espera de un gobierno de izquierda y de las tendencias que hoy experimentan ciudades globales, cada vez más interesadas en la suerte de quienes trabajan en ellas y en sus condiciones particulares.
No hay que olvidar las responsabilidades que se derivan del importante artículo 10, apartado B, incluido en la Constitución de la CDMX, que logró establecer, superando resistencias injustificables, un innovador marco de derechos para los trabajadores que habitan en ella y los servidores públicos que las autoridades deberán atender para hacerlos efectivos. Nos parece que este nuevo marco institucional ofrece una oportunidad invaluable para un gobierno de izquierda que se propone cerrar las vías a la delincuencia a partir de asegurar una vida digna a sus habitantes.
El tema de la calidad del empleo está hoy en el centro de las políticas públicas que buscan luchar contra la pobreza y la desigualdad y reconocen que las políticas sociales adoptadas en los últimos treinta años no han sido capaces de promover la inclusión y el bienestar de los ciudadanos, la mayor parte de los cuales viven de los ingresos provenientes del trabajo.
No solo los organismos internacionales lo reconocen, como es el caso del FMI, el BM y el BID, junto a la OIT, sino que la experiencia de los gobiernos de izquierda en la región lo ha demostrado. Revitalizar la política laboral como principal instrumento de inclusión social ha sido clave para disminuir la pobreza y la desigualdad así como para dar a los trabajadores la voz colectiva de la que fueron excluidos en la definición de las políticas. Abandonar esta centralidad, cuando desparecen o se adelgazan las secretarías de trabajo, lleva justamente al aumento de la pobreza y la desigualdad. De hecho, son gobiernos de derecha como el de Uribe en Colombia, Macri en Argentina o Temer en Brasil los que buscan a toda costa disminuir la importancia de la política laboral y reducir los recursos e instancias a cargo de su implementación.
En cambio, en el nuevo contexto económico mundial, son justamente los gobiernos progresistasde las ciudades globales los que están adoptando los instrumentos necesarios para garantizar las exigencias de protección social sin descuidar los requerimientos y condicionamientos de mercados laborales altamente competitivos, expuestos a las transformaciones tecnológicas y a una nueva informalidad laboral que resulta del trabajo en plataformas digitales. Justamente este tipo de ciudades, como la CDMX, son las que más pronto y con mayor profundidad experimentan el deterioro de los empleos y la necesidad de contrarrestarlo a través de una permanente y cuidadosa intervención.
¿Puede la CDMX ignorar estas tendencias, por más que resulte conveniente para aligerar la carga de la administración de la ciudad?Nos parece que esta intervención es hoy más importante que nunca en nuestra ciudad, en un contexto en donde se han adoptado importantes reformas constitucionales (como la de febrero de 2017 en el artículo 123) y una nueva Constitución para la ciudad. Sin duda estas tareas requieren de una estrecha colaboración entre autoridades locales y federales en diversos ámbitos que fortalezcan la capacitación de los trabajadores asalariados y no asalariados, la protección ante el desempleo, la conciliación de los conflictos y el ejercicio concurrente de funciones de fiscalización e inspección que podrán incidir en niveles más altos de formalización laboral y supresión de prácticas de simulación que afectan a millones de trabajadores y empresas.
Por lo anterior, concluimos que sería lamentable que sin un diagnóstico cuidadoso de los instrumentos que deben aprovecharse para incidir sobre la calidad de los empleos y sin medir las consecuencias del debilitamiento de esta función, se desaparezca una instancia que bien diseñada e implementada puede volverse en adelante un recurso poderoso para mejorar las condiciones laborales de los millones de trabajadores que habitan en la CDMX.
Te proponemos respetuosamente que antes de tomar esta decisión establezcamos un diálogopara analizar las oportunidades que para el gobierno de la ciudad se abren si se decide a asumir las responsabilidades que se derivan del nuevo marco institucional de la ciudad, comprometido con los derechos humanos laborales y a tono con las transformaciones que se vienen experimentando en ciudades como ésta.
Parafraseando un lema muy querido, por el bien de todos los trabajadores deben estar en el centro de la gestión gubernamental a todos los niveles.
Atentamente
Graciela Bensusán, UAM X.
Descartan caos en justicia laboral
Rolando Herrera
MÉXICO.- La falta de la ley secundaria en materia de justicia laboral no ha impactado a los procedimientos que se están desahogando en las juntas de Conciliación y Arbitraje debido a que están siendo tramitados con la normatividad vigente, indicó Roberto Campa, Secretario del Trabajo.
Desde el 25 de febrero pasado debió de estar vigente la ley secundaria de la reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución, en los cuales se estableció la desaparición de las juntas y la creación de tribunales laborales dependientes del Poder Judicial.
“Yo no advierto que se haya obstaculizado absolutamente nada en lo relativo a la justicia laboral”, señaló Campa en entrevista.
A nivel federal, informó, están abiertos 419 mil asuntos que involucran 800 mil trabajadores, así como mil 200 casos colectivos que implican a más de un millón de trabajadores. A las oficinas de la Junta Federal en la Ciudad de México, detalló, acuden al día unas 8 mil personas.
Campa señaló que en los artículos transitorios de la reforma se establece que todos los asuntos que se encuentren en trámite seguirán siendo desahogados en las juntas hasta su conclusión, por lo que no se genera ninguna incertidumbre jurídica.
Además, resaltó, hay coincidencia entre los distintos grupos políticos para que los tribunales inicien su operación desde cero.
“Hay, básicamente, tres iniciativas que están en el Senado, que es cámara de origen. Hay una iniciativa de dos legisladores del PRI, una iniciativa del PAN y una iniciativa del PRD, que es básicamente la visión de la UNT (Unión Nacional de Trabajadores)”, apuntó.
Un primer reto que se tiene por delante, consideró, es que el Poder Judicial cuente con recursos para la creación de los tribunales.
“El segundo reto es la conformación del Instituto, que tiene ahora la responsabilidad de la conciliación y la idea es que lleguen a los tribunales solamente los asuntos que no se puedan resolver en la conciliación,”, remarcó.