Para los líderes sindicales, el programa de aprendices sólo trajo abusos de patrones en el pasado; demandan no desatender la región centro.
Maria Del Pilar Martínez
19 de julio de 2018, 00:32
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) manifestó preocupación por dos propuestas en materia laboral que ha presentado el candidato ganador en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel Lopez Obrador.
La primera de ellas corresponde a la descentralización de dependencias y la segunda, al programa de “aprendices” con el que pretenden impulsar el empleo para los jóvenes.
A la reunión plenaria, a la que no acudió la próxima secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde, sólo asistieron senadores y diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia, los líderes sindicales pusieron en la mesa las dudas como es el caso del programa de aprendices. “Ya se intentó en el pasado y sólo hubo abuso de los patrones”, dijo Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT.
En su momento, María Luisa Velásquez Galicia, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Nacional Financiera, sostuvo que “se debe revisar con cuidado la propuesta de descentralización, si bien las regiones y los estados podrían ver un impulso en su economía, no se puede desatender la región del centro”.
Al respecto, Martí Batres, senador electo, sostuvo que “se han hecho anuncios geniales de medidas que se van a tomar y tendrían que acompañarse en su momento por el desarrollo concreto de los mecanismos para llevarlos a cabo”.
Puntualizó que ya se ha señalado que no se va a afectar los derechos de los trabajadores, estos cambios van a ser graduales y de nuestra parte vamos a apoyar la idea de que debe protegerse a los trabajadores para que no haya afectados”.
Los casos de la gente de honorarios y de confianza, dijo, se trata de situaciones legales diferentes, pero en principio lo que debe privar es que no se afecte a los trabajadores, “finalmente estas medidas son para hacer justicia, se trata de quitar privilegios de los que están en los altos mandos y en la cúpula del Estado, es ahí donde se tienen que hacer ajustes”.
En tanto, Hernández Juárez destacó que algunos puntos de la agenda laboral son: promover la unidad sindical y la alianza entre las organizaciones obreras, campesinas y sociales.
Sostuvo que el compromiso de la UNT es seguir trabajando por la apertura democrática, por el diálogo social, incluyente y propositivo, siempre de frente a la sociedad.
“Vienen mejores tiempos para el país, y no debemos dejar que el gobierno federal haga todo solo, es necesaria la participación de todos los sectores de la población”, concluyó el líder sindical.
Autor: ReformaLaboralMX
Encuentro de la UNT con próximos legisladores
- Ofrecieron actuar con una visión cercana a los trabajadores
- No queremos que nos den soluciones, queremos ser parte de ellas
- Denuncian corrupción sindical en el Metro y Ferrocarriles
Por: reformalaboralparatodos.org.mx
19 de julio de 2018.- Sindicalistas de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) realizaron un encuentro con legisladores electos de MORENA, en el que se escucharon promesas a favor de la clase trabajadora y del sindicalismo democrático y progresista, pero también denuncias de sindicalistas corruptos como el caso de Fernando Espino del sindicato del Metro y de Víctor Flores Morales líder ferrocarrilero.
El encuentro efectuado en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, estuvo encabezada por Francisco Hernández Juárez del STRM y Agustín Rodríguez Fuentes del STUNAM, miembros de la presidencia colegiada de la UNT, y contó con la participación de los próximos, senadores y diputados, de la fracción parlamentaria de MORENA como Martí Batres Guadarrama, Circe Camacho, José de la Cruz, Leticia Díaz Aguilar, José Narro Céspedes, Javier Ramírez Navarrete y Citlali Hernández, Feliz Salgado Macedonio, entre otros.
Martí Batres Guadarrama ofreció actuar con una visión cercana a las y los trabajadores, entre otros aspectos atender la propuesta de la reforma laboral de la UNT, así como otros temas que tienen que ver con telecomunicaciones, educación superior entre otros.
Batres Guadarrama se pronunció por aprobar reformas con acento social . También por impulsar transformaciones con iniciativas del sindicalismo democrático y progresista. A favor de la democracia sindical, empleo y salario. “Se puede aprobar una agenda positiva para el país, los trabajadores y México” afirmó
José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala CNPA y Senador electo, afirmó que hacen falta cambios en pensiones, leyes laborales, democracia sindical. Y revisar a fondo la iniciativa de reforma laboral de PRI CTM CROC porque se han pasado de los derechos laborales a los derechos outsourcing y el cambio electoral del 01 de julio debe significar el fortalecimiento del sindicalismo democrático e independiente
Esperamos que muchas de esas luchas se transformen en realidades. Queremos dar la lucha junto con ustedes. Para que muchos de los compromisos que se hicieron se puedan hacer realidad.Necesitamos mantener esta alianza que logró hacer realidad este cambio, señaló Narro Céspedes
Otros legisladores presentes ofrecieron trabajar con puestas abiertas y dispuestos a escuchar propuestas
Por su parte los sindicalistas expusieron algunas de sus demandas más sentidas, entre ellas Martha Heredia, Secretaría de Género de la UNT quien afirmó que “Con casi la mitad de las legisladoras no es garantía de los derechos de las mujeres” donde existe un déficit importante en materia de derechos humanos, con necesidad de trabajo formal, sin discriminación, sin violencia y que se ratifiquen los Convenios de la OIT pendientes, no más homicidios, ni trata de mujeres. “Necesitamos aliados en los senadores y diputados. Nos merecemos un cambio”.
Benedicto Martínez de Frente Auténtico del Trabajo señaló “retos importantes” como la reglamentación a la reforma constitucional en materia de justicia laboral de febrero de 2017, para que se de escuchando a todas las voces mediante foros públicos donde se reciban las propuestas del tipo de reforma que las y los trabajadores queremos.
También pidió que se atienda la falta de democracia en los centros de trabajo y la existencia de los Contratos Colectivos de Protección Patronal y su caso emblemático como la queja 2694 ante la OIT; así como la necesidad de ratificar el Convenio 98 en materia de negociación colectiva
Esperamos, finalizó el representante del FAT, que con este nuevo gobierno tengamos en los legisladores, senadores y diputados, las puertas abiertas para ver como juntos transformamos el mundo del trabajo.
Los trabajadores ferrocarrileros del Estado de Chihuahua acusaron la tiranía y caciquismo de Víctor Flores Morales, de quien señalaron
“Ejerce violencia, acoso laboral, no respeta a los más de 28 mil trabajadores jubilados, ha saqueado un fideicomiso, y venden las plazas”, por lo que pidieron el cese a la represión sindical.
Moisés Flores de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros UNTyPP, solicitaron su reconocimiento por parte de la empresa, el derecho a la libre sindicalización y la derogación de la reforma energética y todas las que han hecho daño a este país.
María Luisa Velázquez y Luis Felipe Muñoz de los sindicatos de Nacional Financiera y de Banco de Comercio Exterior, solicitaron a los futuros legisladores atención a la banca de desarrollo porque tiene un papel muy importante para el desarrollo nacional de impulso a la economía.
Afirmaron, “No queremos que nos den soluciones, queremos ser parte de ellas, para generar un estado de igualdad y equidad”
Carlos Guillen del SUTIN afirmó “No solo demandamos soluciones y medidas para beneficio de los trabajadores. Tenemos propuestas y queremos hacer aportaciones. Ofrecemos conocimiento y experiencia de los centros de investigación dependientes del CONACYT y otros centros . “Venimos a comprometernos desde el área del conocimiento
Otras demandas que se escucharon fueron la libertad a presos políticos; la ratificación del Convenio 189 de la OIT referente a trabajadoras del hogar; atención a los “damnificados laborales” que son personas que con experiencia pero por su edad ya no encuentran trabajo; reconocimiento a las trabajadoras de Avon, derechos laborales para los trabajadores de educación media superior, respeto al contrato colectivo de La Jornada y eliminar el charrismo sindical.
Complicada para México, revisión del capítulo laboral del TLC: CESOP
Foto: Reuters
De acuerdo al Centro de Estudios Sociales, México debería modificar su política salarial si quiere llegar a una negociación adecuada en dicho rubro.
18 Jul 2018 – Angélica Melín Campos
En el marco de la revisión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la renegociación del capítulo laboral será complicada para México, consideró el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
Al analizar el tema, el Centro indicó que abordar los temas laborales en la renegociación del Tratado será «un serio desafío», ya que las presiones y planteamientos de los socios de Canadá y Estados Unidos, respeto a la homologación salarial en la región no podrían atenderse en el corto plazo.
Señaló que si México quiere llegar a una negociación adecuada en ese rubro, debería modificar su política salarial, que hasta el momento se sustenta en decisiones inerciales que han dado pie a bajo sueldos en las últimas tres décadas.
“La inserción del país en este acuerdo laboral va a depender por entero de los incrementos en la productividad y de los salarios”, apuntó.
El estudio titulado “Trabajo y salarios. Panorama mundial y el caso de México”, que forma parte del reporte “Salario digno, pensión digna, vida digna”, señala que por delante hay un camino «difícil y tortuoso», debido al nivel de precarización laboral que domina en el país, el «grave distanciamiento» entre las políticas nacionales y las recomendaciones de instancias como la organización Internacional del Trabajo (OIT).
Agrega quela reforma laboral aprobada en 2013, ha permitido una mayor generación de empleos, pero en condiciones inestables y sin sueldos remuneradores ni dignos.
Dichos cambios y la situación económica nacional, abunda, ha propiciado que gran parte de la población esté ocupada en la economía informal y con acceso a pagos de apenas uno o dos salarios mínimos. En esas condiciones, abunda, «tampoco se avizora un futuro esperanzador para los trabajadores”.
Añade que los avances tecnológicos y el desarrollo acelerado de las telecomunicaciones, están desplazando a los trabajadores de la economía formal a la informal y hacia la mano de obra, lo que refleja una urgente necesidad de actualizar la capacitación y competencias de los empleados.
Indica que la presencia y dominio de grandes consorcios, así como sus esquemas de pago de salarios, están influyendo en conjunto en el sector económico.
Por ello, agrega, es necesario que la cooperación internacional para el desarrollo permita generar más fuentes de ingreso estables, así como trabajos «dignos y decentes».
Plantea que el aumento en la productividad debe estar asociado al pago de mejores salarios, pero en
México no sucede debido al estancamiento en esa materia.
Expone que de 2015 a 2017, 887 mil personas más se sumaron a la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que 2.1 millones de personas se sumaron a la población inactiva, por lo que la tasa de desocupación en el periodo de tiempo citado, fue de 3.5 por ciento
Plantea que el trabajo subordinado es realizado por el 68 por ciento de la población ocupada; mientras que el trabajo por cuenta propia es realizado por el 22 por ciento de la población.
Entre 2013 y 2017, 2.6 millones de personas se sumaron al trabajo subordinado, y 600 mil al trabajo por cuenta propia; aunado a que la tasa de desocupación y subocupación, refleja el problema del empleo precario; y la población en la economía informal llegó al 60 por ciento de quienes en México, tienen una ocupación remunerada.
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/complicada-para-mexico-revision-del-capitulo-laboral-del-tlc-cesop-197
“Difícil y tortuoso”, lograr en México condiciones dignas y decentes de trabajo
Estudio sugiere no buscar salarios bajos en el TLCAN
De la Redacción
Periódico La Jornada
Jueves 19 de julio de 2018, p. 15
La reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión en 2013 abonó en favor de las expectativas de empleo, pero no a un mejor panorama de salario digno, sostuvo el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados.
El reporte más reciente emitido por este centro, titulado Trabajo y salarios: panorama mundial y el caso de México, destaca que, como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno mexicano no debe buscar una política de sueldos bajos, ya que deberá brindar competitividad y soporte a los productos y servicios nacionales.
Afirma que “a primera vista, la evidencia demuestra que el país deberá recorrer en el futuro cercano un camino difícil y tortuoso para alcanzar condiciones de trabajo dignas y decentes, pues por ahora es abrumador ver cómo la precarización laboral domina la escena nacional”.
Tal situación la atribuye a un “grave distanciamiento” entre las políticas laborales en México y las prácticas y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Además, subraya que “la flexibilización laboral derivada de la reforma de 2013 ha abonado en favor de las expectativas de empleo, no así de un mejor panorama de salario remunerador y digno”.
Debido a ello, estima que gran parte de la población ocupada permanecerá en el sector informal de la economía, con ingresos de uno o dos salarios mínimos.
Mientras, en las empresas, a pesar de que los incrementos de la productividad laboral deberían estar asociados al aumento de las remuneraciones, “este hecho no suele suceder en México porque, al contrario, los niveles de productividad se encuentran estancados”.
Debido al crecimiento poblacional, entre 2015 y 2017 subió en 887 mil la cifra de personas económicamente activas, mientras a la población inactiva se agregaron 2 millones 102 mil. Casi 60 por ciento de los mexicanos en edad laboral se encuentra en una ocupación del sector informal.
El documento también alerta sobre la permanencia de altos índices de trabajo infantil: 2 millones 217 mil niños, niñas o adolescente se encuentran o estaban ocupados en actividades no permitidas para su edad, y un millón 330 mil realizan una actividad considerada peligrosa. El mayor porcentaje del trabajo infantil se encuentra en el sector agropecuario, seguido del comercio y servicios.
http://www.jornada.com.mx/2018/07/19/politica/015n2pol
La revuelta laboral
18/07/2018
Manuel Fuentes
El anuncio de recortes en puestos confianza ha generado mucha inquietud entre los trabajadores | Manuel Fuentes
Reforma Laboral
Con motivo del triunfo de Andrés López Obrador a la Presidencia de la República y la obtención de la mayoría de los legisladores en las cámaras de Diputados y de Senadores de esa corriente política se hace necesario revisar el modelo laboral confeccionado por grupos patronales que usaron como mascarada a los senadores Tereso Medina de la CTM e Isaías González de la CROC para presentarla.
La propuesta avalada por el gobierno de Enrique Peña Nieto representa una de las mayores regresiones a los derechos de los trabajadores, que se complementa con las modificaciones que entraron en vigor el 1º de diciembre de 2012, como una de las primeras reformas estructurales de este gobierno y que tuvieron como propósito volatilizar los contratos, abaratar los despidos, legitimar el outsourcing, fortalecer los contratos de protección y poner los salarios en el piso.
Hay sectores en el gobierno que no comprenden lo que sucedió el 1º de julio pasado, como es el caso de Roberto Campa Cifrián, Secretario de Trabajo actual quién manifiesta que:
«…la reforma laboralpromovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado resultados positivos (¿?), por lo que sería un error echarla abajo…»
Me parece que estos actores políticos viven tiempos equivocados. Andan con el interés de querer mover el avispero para que la cámara de Senadores apruebe fast track, antes del 1º de septiembre la reforma que trabajaron debajo de la mesa grupos de interés del viejo priísmo, metidos en el negocio de los contratos de protección y empresas outsourcing. Sería un error mayúsculo si lo intentaran.
Son tiempos de cambio, para que cualquier reforma que se intente se dé en mesas abiertas de manera plural, donde no solo los empresarios y organismos sindicales leales a los poderes fácticos sean escuchados, también los organismos gremiales independientes, académicos, funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje e integrantes del poder judicial armen una propuesta más eficiente, más equilibrada, sin que pierda el carácter social del derecho laboral.
Debe revisarse también la reforma constitucional del artículo 123, aprobada el pasado 24 de febrero de 2017 hecha a las prisas, que indebidamente permite una mayor intervención del poder ejecutivo en asuntos sindicales y en la contratación colectiva, la suscripción de contratos de protección a placer, el debilitamiento del poder judicial en la solución de conflictos laborales y la separación del área de conciliación del entorno judicial, las cuales han causado mucha controversia por su difícil implementación.
Es urgente que el Congreso de la Unión se aboque a reformar el Segundo Transitorio de la reforma constitucional del artículo 123, que preveía iniciar el nuevo proceso el 24 de febrero de 2018, plazo que ya se venció, para ampliar otro más razonable, de al menos cuatro años, para implementar las modificaciones legales necesarias para que el poder judicial se haga cargo de los conflictos laborales, capacitar al nuevo personal encargado de esas tareas, habilitar las áreas en que operaran los tribunales laborales y lo más importante, planear los presupuestos necesarios para tal fin.
Del conflicto de Bomberos de la Ciudad de México
En un hecho sin precedentes en el ámbito internacional el pasado 13 de julio de 2018 la señora Karen Curtis, Jefa, Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, respondió al Secretario General del recién constituido Sindicato de Trabajadores del Heroico Cuerpo de Bomberos «Unión y Fuerza» de la ciudad de México, la recepción de la Queja presentada el 21 de junio en contra del gobierno de México.
La queja del sindicato de bomberos fue admitida de manera urgente por la OIT a pesar de ser una organización que aun carece de registro por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y sin que tenga el carácter de organismo nacional, como en otras quejas internacionales se condiciona su recepción.
El texto dice:
«He recibido su comunicación de 21 de junio de 2018, alegando el asesinato de un dirigente sindical, así como agresiones, amenazas y otras modalidades de discriminación antisindical, por la constitución de un nuevo sindicato en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.»
Fueron 26 bomberos despedidos como represalia a la formación de un sindicato, 18 carpetas de investigación abiertas ante la Procuraduría de Justicia capitalina por agresiones físicas y amenazas que están sin proceder en contra de los responsables, dos pistoleros por encargo apresados, pero sin esclarecer el móvil del homicidio en contra de Javier García Salinas, dirigente de ese sindicato. Todo sigue en la impunidad.
De Mexicana de Aviación
Se anunció por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la propuesta de arreglo al conflicto de Mexicana de Aviacióndespués de 8 años de la quiebra de esa empresa en favor de 7 mil 39 trabajadores que será presentada ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2100 de Mexicana.
La propuesta anunciada consiste en el pago de tres meses de salario, 20 días más 12 días de salario ordinario por año y la cláusula de jubilación de retiro (que no fue explicada en que consiste), aplicada a un listado que ya fue presentado.
Es deseable que la propuesta se haga pública para conocer los detalles de este prolongado y penoso conflicto que terminó con una de las empresas más importantes de la aviación.
Anuncios de despidos en la burocracia federal
El anuncio de recortes en puestos confianza ha generado mucha inquietud entre los trabajadores de ese rango. Existe información (a corroborarse) que el despido alcanzaría a casi 200 mil burócratas al afectarse el 70% de esos puestos de quienes perciben salarios que van desde los 9 mil 308 pesos hasta los 211 mil 440 pesos mensuales. (Recorte de AMLOalcanzaría a casi 200 mil burócratas)
Me parece que conviene esperar conocer a detalle cual es verdadero alcance de estas medidas y no apresurarse a tomar conclusiones sobre este punto. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública Federal son 278 mil 293 los trabajadores de confianza.
Una buena parte de los llamados trabajadores de confianza son quienes sostienen la función del aparato burocrático. Trabajan más de 8 horas, en jornadas de 9 a 9 de la noche o más, sin pago de horas extras y sin estabilidad en el empleo, sujetos a abusos constantes, pero existen otros que reciben salarios jugosos, que nadie los toca, como si fueran becados y que están allí por recomendaciones del más alto nivel.
¿Estamos en tiempos de la revuelta laboral?
¿A quién le importan los indígenas?
@Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota
https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-revuelta-laboral/235924
México necesita reformas laborales, fiscales y sociales: BID
Foto: Susana Gonzalez / Bloomberg via Getty Images
Malas políticas públicas en materia de impuestos, seguridad social y trabajo han afectado a la economía, indicó Santiago Levy.
Para mejorar la productividad y acelerar el crecimiento económico, México necesitaría reformar sus políticas impositivas, laborales y de seguridad social, según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El libro “Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México”, de Santiago Levy, es un análisis inédito de datos de millones de empresas extraído de los censos de las últimas dos décadas.
El estudio revela los “cuellos de botella” que ralentizan la economía mexicana, cuyo crecimiento promedió apenas 1.2% entre 1996 y 2015 en términos per cápita, muy por debajo de sus pares latinoamericanos y muy por detrás de las economías más dinámicas de Asia.
“El desempeño de la economía mexicana es una paradoja”, dijo Levy, autor del libro y vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID.
Señaló que ningún país de América Latina ha hecho mayores esfuerzos por integrarse a la economía mundial; México ha gestionado su economía de manera prudente y ha invertido mucho en educación, pero es una de las economías de menor crecimiento de la región.
“La pregunta es por qué. Encontramos la respuesta en la microeconomía, en políticas e instituciones que inhiben la productividad e impactan negativamente en cómo interactúan las empresas y los trabajadores”, manifestó.
El BID refiere que el libro argumenta que la principal razón del estancamiento de la productividad y, consecuentemente, del magro crecimiento económico de México, es una persistente mala asignación de recursos.
Cuando hay mala asignación, las empresas improductivas sobreviven y las productivas mueren o no crecen, mientras los trabajadores no se emplean en ocupaciones congruentes con sus habilidades, como el caso paradigmático del ingeniero que es chofer de taxi, argumenta.
Dicho de otra manera, sin una mala asignación, los mismos individuos con las mismas habilidades y educación, trabajando la misma cantidad de horas, invirtiendo la misma cantidad de dinero y con acceso a las mismas tecnologías, producirían más y México crecería más rápidamente, expone el informe.
El libro de Levy analiza la relación entre el alto grado de informalidad de la economía mexicana y la productividad, al exponer que el sector informal es mucho más que vendedores ambulantes y microempresas, además abarca a más de 90% de las empresas mexicanas y a 55% del empleo.
Señala que las empresas informales son en promedio 50% menos productivas que las formales, pero en un contexto de mala asignación, ambas sobreviven en el mercado. A pesar de muchas reformas, las empresas informales han crecido más que las formales, capturando una proporción mayor de la inversión y del empleo.
El libro también encuentra que, contrariamente a la creencia común, nada de esto es producto de una falta de educación, ya que la cantidad y la calidad de la educación han aumentado en México.
La proliferación de tantas empresas informales deprime los salarios de todos los trabajadores, pero particularmente de aquellos con más años de escolaridad, menciona el BID.
Señala que tampoco es la mala asignación producto de la falta de infraestructura, al apuntar que la informalidad empresarial alrededor de la Ciudad de México -la región del país con la mejor infraestructura y el mayor acceso a servicios financieros- no es diferente que en el resto del país.
El libro identifica múltiples razones que explican la mala asignación, agrupadas en torno a políticas públicas que regulan los impuestos, la seguridad social y el trabajo, destaca el organismo multilateral.
Afirma que estas políticas protegen a los trabajadores de forma ineficaz, mientras que gravan al sector más productivo de la economía y subsidian al menos productivo, exactamente lo opuesto de lo que se necesita para crear buenos empleos.
El estudio sostiene que la manera más efectiva para aumentar el crecimiento y la productividad, y acrecentar la cohesión social, es reformar las políticas e instituciones que apuntalan la mala asignación.
Entre otras medidas, propone reemplazar la actual multitud de programas sociales y de transferencias con un único programa de seguridad social para todos, así como reemplazar las regulaciones sobre indemnizaciones por despido por un adecuado seguro de desempleo.
Además aconseja eliminar las exenciones al Impuesto al Valor Agregado (compensando a los hogares menos pudientes por la pérdida de ingresos), reducir los impuestos a la nómina y fortalecer la autonomía de las instituciones judiciales encargadas de hacer valer los contratos.
Puedes encontrar el libro completo aquí: “Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México”.
https://www.forbes.com.mx/mexico-necesita-reformas-laborales-fiscales-y-sociales-para-crecer-bid/
Toman acuerdos líderes sindicales frente al nuevo gobierno
Consideraron que hay pendientes que debe atender el nuevo gobierno, entre éstos: la Ley Reglamentaria en Materia de Justicia Laboral
Los líderes sindicales denominados como independientes así como campesinos y la sociedad civil realizaron su primer pleno, para trabajar sobre la agenda y acuerdos que habrían de presentar al nuevo gobierno que encabezará López Obrador.
María Del Pilar Martínez
18 de julio de 2018, 00:49
Los líderes sindicales denominados como independientes así como campesinos y la sociedad civil realizaron su primer pleno, para trabajar sobre la agenda y acuerdos que habrían de presentar al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
En una misma mesa, sentados estaban Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), y Martín Esparza, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así como representantes de organizaciones sindicales como el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) y la disidencia de los sindicatos petroleros y ferrocarrileros, como también campesinos para definir las acciones que emprenderán.
En ese sentido, se tomó como acuerdo elaborar un documento donde se solicite una audiencia con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Orador, para lo cual se hará una carta con una agenda de temas que tienen que ver con los sindicatos, el sector campesino y la sociedad civil.
Como parte central que han identificado las organizaciones sindicales, consideraron que hay pendientes que debe atender el nuevo gobierno, entre éstos: la Ley Reglamentaria en Materia de Justicia Laboral; la separación funcional de Teléfonos de México y el futuro de 60,000 trabajadores, revisar la privatización de Pemex, reactivar el agro mexicano así como tener recursos energéticos nacionales y la definición de la Corte de la Ley de Seguridad Interior.
En ese sentido, Hernández Juárez expuso que no se conoce el rumbo que tomará la política laboral.
“Nuestra lógica era que la STPS quedaría en manos de una persona; iba por el mismo carril, pero ya se empezó a hablar de los aprendices (Programa Jóvenes Construyendo el Futuro), es un asunto que laboralmente habíamos superado”.
Agregó que quien ocupará el cargo en la dependencia, Luisa Alcalde, “ya empezó a hablar de una nueva reforma laboral; entonces, eventualmente ¿qué se tiene en este momento con la ley secundaria que debe ir alineada a la reforma laboral constitucional?, porque si se quiere hablar de ampliar la reforma laboral, entonces se podría hablar de desaparecer a la Conasami, pero ya no sabemos en qué dirección están apuntando las cosas”.
Hoy miércoles se realizará la reunión plenaria de la Unión Nacional de Trabajadores, se espera que acudan senadores, diputados y funcionarios públicos que ganaron en las pasadas elecciones del 1 de julio y generar consensos siempre, “con respeto a la autonomía sindical”.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Toman-acuerdos-lideres-sindicales-frente-al-nuevo-gobierno-20180718-0020.html
La reducción salarial, acorde con la Constitución
Los servidores públicos que no estén de acuerdo pueden acudir a tribunales, afirma Diego Valadés
Arturo Sánchez y Dennis A. García
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de julio de 2018, p. 4
La política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador para reducir los sueldos de funcionarios públicos está en concordancia con lo que dice la Constitución, afirma el académico Diego Valadés.
El constitucionalista explicó que los funcionarios que no estén de acuerdo con esa medida podrían acudir a tribunales, los cuales resolverán que no hay derechos adquiridos que puedan invocarse frente a lo que dice la Constitución en el artículo 127.
El artículo 127 señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor que el Presidente de la República. Y López Obrador anunció que percibirá 108 mil pesos mensuales, 40 por ciento del salario del actual jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Esta reducción significará un tope salarial para el resto de los funcionarios, con eventuales excepciones.
En el caso del Poder Judicial, el referente es el del Presidente, pero también, y con la misma jerarquía constitucional, se dispone que no se les puede disminuir el salario, añadió Valadés. El artículo 94 constitucional indica que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Para Valadés esto abrirá una cuestión que habrán de resolver los tribunales, porque se podría modificar el tabulador de salarios para ministros y jueces de nuevo ingreso tras el inicio de la aplicación de la política de austeridad; sin embargo, podría causar un problema, porque la Constitución también dice que a trabajo igual, salario igual.
De manera que si, por ejemplo, entra un juez de distrito en enero con otro tabulador y gana menos que el resto de los jueces en funciones, a quienes no se les puede disminuir el salario, podría alegar una cuestión de inconstitucionalidad.
Ricardo Peralta, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que si la Constitución mandata que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, no importa a cuál poder del Estado mexicano pertenezca.
Luego de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, salió a defender las percepciones del Poder Judicial de la Federación, el especialista dijo que reducir las percepciones no le quita independencia a este poder.
Peralta recordó que hay casos de jueces que, ganando lo que ganan, han sido sorprendidos en la comisión de delitos. Al respecto, agregó: Si la medida es que necesitamos pagarle bien a un servidor para que no se corrompa, eso no es justificación; o se es honesto e incorruptible o no se puede trabajar en el servicio público.
Comentó que ante la situación en la que se encuentra el país se debe actuar con austeridad, debido a que casi 60 millones de connacionales están en situación de pobreza y 9 millones en pobreza extrema.
Si se modifica el salario de los servidores públicos para que sólo puedan ganar un salario menor al del Presidente, es un tema de justicia, congruencia y necesidad. No puede ser un tema de chequera abierta, enfatizó.
http://www.jornada.com.mx/2018/07/18/politica/004n2pol
Buscan prohibir esquema outsourcing
Morena impulsa reformas para que trabajadores no sean despedidos sin justificación
15/07/2018
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al Código Penal Federal, para prohibir que los trabajadores al ser contratados, sean obligados a firmar documentos en blanco, o sin fecha determinada, que les implique renuncia de derechos o imposición de obligaciones.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (Morena) indicó que los casos de este tipo representan más de 40% de las contrataciones, afirmó.
Refirió que las empresas que más incurren en esta práctica son las menos reguladas y guardan menores responsabilidades frente a sus trabajadores, específicamente las que operan bajo outsourcing, que “florece”.
Cañedo Jiménez destacó la necesidad de adecuar la legislación laboral y penal, con el fin de hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ser despedidos injustificadamente. Presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para que en caso de que se le exija a un trabajador firmar en blanco un contrato pueda defenderse.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/buscan-prohibir-esquema-outsourcing
Hay uso indiscriminado de “figuras novedosas” en contratación de burócratas
Foto EE: Archivo
Desde hace más de tres décadas que el liderazgo sindical en la administración pública ha permitido el uso indiscriminado contratación bajo esquemas de honorarios, becarios o servicio social.
María Del Pilar Martínez
16 de julio de 2018, 13:48
Desde hace más de tres décadas que el liderazgo sindical en la administración pública, encabezada por el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, ha permitido el uso indiscriminado contratación bajo esquemas de honorarios, becarios o servicio social, dando pie a que trabajadores de estructura queden indefensos de las prestaciones laborales.
Al respecto, Alfonso Bouzas, especialista laboral de la UNAM, e integrante del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, comentó que 65.1% de los trabajadores al servicio del Estado es sindicalizado, 7.2% de confianza y 12.2% tuvieron contratos eventuales o por honorarios.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el gobierno federal cuenta con 4.2 millones de servidores públicos; de los cuales 2 millones 734,200 son sindicalizados; 302,400 son de confianza y 514,400 tienen un contrato eventual o de honorarios
Según el Plan de Austeridad del gobierno electo que encabezará, a partir del primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador, el 70% de los trabajadores de confianza deberán desaparecer.
“La relación contractual del Gobierno como patrón, tiene que ser regularizada, no se abren plazas. Aquella que se dejan por alguna jubilación terminan cancelándose y sólo se hacen contrataciones de confianza, servicio social o becario”, señala Bouzas.
En ese sentido, dijo Bouzas, lo que se tienen que hacer es una regularización “como trabajador, no es lo mismo el secretario o el asesor, a un trabajador que cumple con un horario y con un trabajo en específico y que fue obligado a contratarse como trabajador de confianza o por honorarios”.
Especialistas laborales consultados refieren que hay direcciones, como es el caso de las áreas de Comunicación Social, en el que 90% de los trabajadores están contratados por un tercero y bajo el esquema de “profesionistas por honorarios”.
Por su parte Graciela Bensunsan, especialista laboral de la UAM, comentó que es indispensable hacer una revisión del aparato burocrático, y sobre todo identificar los puestos que hace funciones similares y no se justifican; asimismo, sobre la tercerización a la que se ha llevado al gobierno.
Si bien, el servicio de limpieza lo realiza en su mayoría gente externa, “no se justifica que todo el trabajo lo dé a un tercero el gobierno”, añadió Bouzas.
De acuerdo con el líder de la FSTSE, afirmó que no habrá despidos de trabajadores sindicalizados; e informó que esperarán que tome posición como presidente de la República López Obrador, para atender los temas vinculados con los trabajadores al servicio del Estado.