Inactividad laboral, el pendiente en la recuperación del empleo en México: OCDE

Aunque el mercado de trabajo en nuestro país ha mejorado, las perspectivas son inciertas, pues quedan algunos retos, como revertir la inactividad laboral generada por la pandemia y atender los niveles de desempleo juvenil, advirtió la organización.

Si bien el mercado laboral en México reporta mejorías, aún no se puede cantar victoria. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) destacó que aunque nuestro país ha conseguido retornar a niveles de ocupación y de desempleo similares a los observados antes de la pandemia, aún quedan pendientes, el más grande de ellos es reincorporar a las personas que están desalentadas para buscar trabajo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en julio de este año la población inactiva pero disponible para trabajar fue de 6 millones de personas, esto implica un aumento de casi medio millón de personas respecto de lo reportado en febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia en el país.

“El mercado laboral mexicano todavía tiene que absorber el aumento inicial de la inactividad, que se produjo en todos los países de la OCDE en 2020, cuando la pandemia desalentó la búsqueda activa de empleo. Por ejemplo, las tasas de inactividad en México se mantienen por encima de los niveles anteriores a la crisis en aproximadamente un punto porcentual”, advierte la organización en su informe Perspectivas del Empleo OCDE 2022.

La inactividad laboral en el país, detalló el organismo, afecta en mayor medida a los adultos mayores, especialmente a los que se ubican en el rango de 65 a 74 años, en buena medida esto se debe a los riesgos que representó la pandemia para la salud.

“Como los riesgos relacionados con el Covid-19 aumentan con la edad, muchos adultos mayores optaron por dejar de trabajar durante la pandemia. Como consecuencia de esto, la tasa de inactividad para el grupo de edad de 65 a 74 años se ha mantenido casi cuatro puntos porcentuales más alta en el cuarto trimestre de 2021 que en el cuarto trimestre de 2019”, destaca.

La inactividad laboral es la clasificación que se le da a las personas que quieren trabajar, pero no buscan empleo porque no consideran que lo encontrarán. A este grupo también se le conoce como desalentados, esto es porque han perdido las esperanzas en la búsqueda de oportunidades laborales.

En México, la población inactiva está representada en las personas que conforman el grupo de “disponibles” de la población no económicamente activa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) los define como “personas de 12 y más años que no trabajaron ni tenían empleo y no buscaron activamente uno, por desaliento o porque piensan que no se los darían por la edad, porque no tienen estudios, etc.; pero estarían dispuestas a aceptar un trabajo si se les ofreciera, sin embargo, no buscan activamente uno”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que el impacto de la pandemia en el mercado laboral se tradujo en una “crisis de inactividad”, fenómeno que se ha observado en la mayoría de los países y lo que representa uno de los desafíos más grandes para las políticas públicas enfocadas en la reactivación.

“La recuperación de las horas trabajadas ha ido acompañada de un fuerte repunte del empleo en las economías avanzadas, ya con el regreso de la población al mercado laboral, mientras que en los países de ingreso mediano persiste el déficit de ocupación. Estas tendencias se reflejan en las variaciones de las tasas de inactividad en estos mercados laborales”, detalla el organismo en la novena edición del Observatorio de la OIT sobre el mundo del trabajo.

Empleo juvenil, el otro gran desafío

La población joven ha sido una de las más afectadas por el impacto de la pandemia en los mercados laborales, México no ha sido la excepción. De acuerdo con las perspectivas de la OCDE, parte de la lenta recuperación del empleo juvenil en México se explica por un incremento en la inactividad y una baja demanda de fuerza laboral joven.

“En línea con la mayoría de los países de la OCDE, donde el empleo juvenil aún no se había recuperado de la crisis del Covid-19, a inicios de 2022 México vio cómo el empleo de su población joven (15 a 24 años) se deterioraba ligeramente en comparación con los niveles previos a la crisis”, señala la organización.

En ese sentido, subraya, los contratos temporales han tenido poca influencia en la incorporación de jóvenes al mercado laboral en México. “La proporción de jóvenes con contratos temporales fue prácticamente la misma en el cuarto trimestre de 2021 y en el cuarto trimestre de 2019, lo que le resta peso a la preocupación de que las empresas hayan recurrido a contratos de trabajo a corto plazo para mitigar la incertidumbre financiera debida a la crisis”.

A nivel general, la OCDE destaca que los mercados laborales han tenido una recuperación desigual. Además de las afectaciones que dejó la pandemia en el mundo del trabajo, la organización subraya que “muchos países tienen la intención de utilizar sus planes de recuperación para promover la digitalización y la transición hacia una economía climáticamente neutra. Es probable que estas políticas aceleren nuevas transformaciones estructurales del mercado laboral que también podrían contribuir a aumentar los desajustes”.

Por: Gerardo Hernández / El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Inactividad-laboral-el-pendiente-en-la-recuperacion-del-empleo-en-Mexico-OCDE-20220908-0116.html

 

 

 

Implementar el nuevo modelo de justicia laboral costará 10% más en 2023

La Secretaría del Trabajo solicitó para el próximo año una partida de 2,548 millones de pesos para las instituciones encargadas de operar los nuevos mecanismos de justicia y conciliación laboral surgidos a raíz de la reforma de 2019.

El presupuesto para la operación del nuevo modelo de justicia laboral tendrá el próximo año una inversión 10% superior a la autorizada para 2022, de acuerdo con el Paquete Económico 2023. Esto responde a una mayor asignación de recursos al subsidio que reciben las entidades federativas o la partida para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

La bolsa solicitada para este fin es de 2,548.1 millones de pesos, este presupuesto implica 259 millones más de lo asignado este año para la implementación de la tercera etapa del nuevo mecanismo de solución de conflictos entre empleadores y trabajadores.

Los recursos previstos para el subsidio a las entidades federativas, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) explican el 94% del crecimiento que tendrá el presupuesto solicitado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la operación del nuevo mecanismo ya en todo el territorio nacional.

El presupuesto solicitado, así como el incremento respecto de 2022, se distribuye de la siguiente manera:

  • 861.7 millones de pesos para el Subsidio para las entidades federativas (+$150.4 millones)
  • 788 millones de pesos para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (+$44.2 millones)
  • 627.2 millones de pesos para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (+$50.2 millones)
  • 226 millones de pesos para la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (+$11.7 millones)
  • 45 millones de pesos para la Unidad de Funcionarios Conciliadores (+$2.6 millones)

La STPS detalló que la continuidad del subsidio para que los estados implementen el nuevo modelo de justicia laboral tiene como objetivo que “los Centros de Conciliación Laboral locales y de Tribunales Laborales locales, cuenten con recursos suficientes para llevar a cabo las funciones de conciliación prejudicial, así como la sustanciación de juicios laborales”.

En 2019 la reforma a la Ley Federal del Trabajo dio vida al nuevo mecanismo de solución de conflictos entre trabajadores y empleadores, con una apuesta importante en el proceso de conciliación para evitar que los nuevos tribunales laborales se saturen como ocurrió con las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Las nuevas reglas del juego prometieron una justicia pronta y expedita para la fuerza laboral.

En octubre de este año terminará la tercera etapa de implementación del nuevo modelo de justicia con 11 entidades federativas inaugurando sus centros de conciliación y tribunales laborales, De esta manera, el nuevo mecanismo operará a plenitud en todo el país.

La implementación del modelo ha tenido un costo cercano a 10,000 millones de pesos entre el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para crear las nuevas autoridades laborales y abatir el rezago de expedientes sin resolver en las juntas de conciliación. A esto hay que sumar los 320 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ha aportado para que el mecanismo funcione.

“En esta transición, se continuarán realizando acciones para asesorar, orientar y representar a las personas trabajadoras que lo requieran, actividades que sigue y seguirá proporcionando en forma gratuita la Profedet que atiende a las personas trabajadoras, sus beneficiarios o sindicatos que lo soliciten, en cuestiones relacionadas con la aplicación de las normas de trabajo y de seguridad social. Para lograr ese cambio en la justicia del trabajo, es indispensable resolver con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano digno, los conflictos laborales de competencia federal que se susciten entre los factores de la producción”, señala la dependencia en su estratégica programática para 2023.

Más recursos para el Poder Judicial

Los tribunales laborales a cargo del Poder Judicial de la Federación cierran la pinza de la nueva justicia laboral, son la autoridad encargada de resolver los conflictos que no alcanzaron solución en la conciliación o los que por ley no deben agotar ese proceso.

A partir de la segunda fase de implementación, el Poder Judicial comenzó a absorber en su presupuesto la operación de los tribunales que se habían creado. Sin embargo, para el 2023 se prevé la apertura de 46 tribunales laborales federales adicionales, para los cuales se solicita la asignación de recursos por 573.4 millones de pesos.

“De conformidad con el análisis de la demanda de asuntos ingresados en los Tribunales de laCiudad de México, Jalisco y Nuevo León, se requerirá la instalación de Tribunales adicionales, para hacer frente a la demanda de dichas entidades. La instalación de los Tribunales Laborales requiere de la previsión de múltiples recursos para atender su mandato legal”, explica el Poder Judicial en su estrategia programática para 2023.

Para la tercera etapa de implementación, el Poder Judicial solicitó a la Cámara de Diputados una bolsa de 3,502 millones de pesos para la instalación de 77 tribunales laborales federales.

Por: Gerardo Hernández / El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Implementar-el-nuevo-modelo-de-justicia-laboral-costara-10-mas-en-2023-20220908-0145.html

 

Casi 10 millones de personas trabajan como informales dentro de la formalidad

Una de cada tres personas que labora en empresas, negocios e instituciones de gobierno no tiene acceso a la seguridad social; pagan impuestos, pero no reciben las prestaciones laborales completas.

Más de 9.8 millones de personas que trabajan en una empresa formal o institución gubernamental en el país están en condiciones de informalidad laboral. Dicho de otra forma, las organizaciones públicas y privadas formales no han afiliado a la seguridad social a casi el 31% de su personal subordinado, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Luis Munguía Corella, llamó la atención hace unos días sobre “un tema importante que deberíamos conocer más: El trabajo informal dentro de la formalidad. Mucho se habla de que la mitad de los trabajadores está en la informalidad, pero de estos, alrededor de un tercio trabaja en empresas formales (…) y paga el Impuesto sobre la Renta (ISR) cada mes al SAT, sólo que no tiene seguridad social porque su empresa no los registra en el IMSS”, explicó.

De acuerdo con los datos proporcionados por el funcionario en su cuenta de Twitter, entre 2018 e inicios de 2020, la proporción de informales en la formalidad fue de 32.5%, pero con la pandemia se disparó a 36 por ciento. Este comportamiento se ha moderado, pero se mantiene en niveles cercanos a 30 por ciento.

La información recopilada por la ENOE revela que empresas, negocios e instituciones públicas y privadas han dejado a tres de cada 10 de sus trabajadoras y trabajadores fuera del acceso directo a los servicios de salud, el ahorro para la vivienda y la jubilación, la protección para no quedarse sin empleo y sin ingresos ante un accidente, enfermedad o maternidad, entre otros derechos.

Los datos para el segundo trimestre de 2022 indican que 8.8 millones de personas laboran en la iniciativa privada sin seguridad social. En tanto, casi 1 millón más trabaja para gobiernos y otras instituciones al servicio del Estado en las mismas condiciones.

De cada 10 personas que trabajan en la formalidad en condiciones de informalidad cuatro son mujeres y seis son hombres. En las empresas, la mayor parte de la población trabajadora sin derechos laborales y sociales básicos es hombre (66%), mientras que en las instituciones del gobierno son las mujeres (54%) quienes están más vulneradas en ese sentido.

Con más de 5.6 millones de trabajadoras y trabajadores —el 57% del total— el sector terciario formal es el que más emplea en condiciones informales. Se trata de centros de trabajo dedicados al comercio, turismo, transporte, medios de comunicación y servicios varios. También incluye las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales.

En el sector primario trabajan más de 2.7 millones de personas en esta condición, o sea, el 28 por ciento. Y el 15% restante, más de 1.4 millones de personas, labora en el sector industrial.

“La informalidad es efecto, no es causa”, dice en entrevista Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del Observatorio del Trabajo Digno (OTD). Es resultado de la corrupción de empresas y autoridades que no respetan los derechos humanos laborales, es consecuencia de la subcontratación ilegal y también de un modelo en el que “la seguridad social está asociada sólo al empleo, y además al empleo formal”, explica.

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Por: Blanca Juárez / El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Casi-10-millones-de-personas-trabajan-como-informales-dentro-de-la-formalidad-20220909-0065.html

 

Sindicato de Volkswagen anuncia in extremis aplazamiento de fecha límite para huelga

Una huelga prevista para llevarse a cabo este 9 de septiembre en la planta principal en México de la automotriz alemana Volkswagen se movió al día 14 del mismo mes mientras la empresa y los representantes laborales continúan las negociaciones salariales, dijo el viernes el sindicato local.

Una huelga prevista para llevarse a cabo este 9 de septiembre en la planta principal en México de la automotriz alemana Volkswagen se movió al día 14 del mismo mes mientras la empresa y los representantes laborales continúan las negociaciones salariales, dijo este viernes el sindicato.

El Sindicato Independiente de Trabajadores Automotores (SITIAVW) había amenazado con iniciar un paro este viernes en la planta de Volkswagen en el estado de Puebla, que emplea a cerca de 7,000 trabajadores sindicalizados, si no se llegaba a un acuerdo con la empresa sobre los salarios.

El contrato en discusión estará vigente por dos años, con una nueva negociación sobre el pago en un año.

La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los trabajadores rechazaron en dos votaciones el mes pasado un acuerdo negociado por SITIAVW y la compañía para aumentar los sueldos un 9%, que habrían sido el incremento salarial más alto en un fabricante de automóviles en México en los últimos años.

Después de las votaciones, las autoridades laborales de México dijeron que el sindicato podría solicitar una extensión del plazo de huelga del viernes para continuar las conversaciones con la empresa.

La unidad mexicana de Volkswagen informó la semana pasada que estaba decepcionada por el hecho de que los trabajadores no aprobaron el acuerdo salarial del 9% y advirtió que el rechazo perjudicó a todas las partes.

Por: Reuters / El Economista

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sindicato-de-Volkswagen-anuncia-in-extremis-aplazamiento-de-fecha-limite-para-huelga-20220909-0035.html

 

 

Aumenta 6.6% presupuesto para reforma laboral

La Secretaría del Trabajo ejercerá 2 mil 411 millones 194 mil 482 pesos para estos temas

En último tramo de la reforma laboral, el presupuesto para su implementación creció 6.6 por ciento en rubros como impartición y procuración de justicia, conciliación entre empleadores y sindicatos, entre otros rubros.

Según el Proyecto de Presupuesto para el 2023, la Secretaría del Trabajo ejercería 2 mil 411 millones 194 mil 482 pesos para estos temas, además del servicio de conciliación laboral y registros sindicales. En 2022 se destinaron para esta causa 2 mil 262 millones 186 mil 365 pesos.

Además de estos temas, la Secretaría del Trabajo también aportará 861 millones 737 mil 841 pesos en subsidios a las entidades federativas para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral.

Esto es 21 por ciento más que el subsidio aportado en 2022, que fue de 711 millones 292 mil 600 pesos.

Será en octubre cuando entre en operación la tercera fase de la reforma laboral con la incorporación de las 11 entidades que presentan los mayores índices de litigios en materia laboral. Entre ellos, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

La Secretaría del Trabajo otorga subsidios a los estados que lo soliciten para construcción o rentas de inmuebles que serán las sedes de los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales.

Por: El Diario Mx

Fuente: https://diario.mx/nacional/aumenta-66-presupuesto-para-reforma-laboral-20220909-1970381.html

 

Sufren salarios contractuales retroceso de 3.43% en agosto

El poder adquisitivo de los trabajadores sufrió un nuevo tropiezo, pues en agosto el promedio real de los salarios contractuales disminuyó 3.43 por ciento en términos reales, la contracción más pronunciada en los últimos 17 meses, de acuerdo con estadísticas oficiales.

A pesar de que en julio se detuvo la tendencia negativa que han observado los salarios contractuales, el efecto positivo no se repitió en agosto debido al alto nivel inflacionario en el país.

En el periodo de referencia, el promedio nominal pactado en las negociaciones de la jurisdicción federal fue de 5 por ciento, pero al descontar el efecto de la inflación, el dato representó un retroceso de 3.43 por ciento, según datos divulgados por la Secretaríadel Trabajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en agosto la inflación fue de 8.70 por ciento a tasa anual, monto que se ubica fuera del objetivo del Banco de México (BdeM), el cual es 3 por ciento con un intervalo de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

El dato de agosto es el mayor retroceso que han observado los salarios contractuales en los últimos 17 meses, periodo en el que ha predominado un comportamiento negativo.

Sólo en marzo, mayo y julio de este año se registró un alza en el promedio real de los salarios contractuales de 0.97, 0.55 y 1.19 por ciento, respectivamente.

El comportamiento de los salarios contractuales se ha visto afectado por la inflación, la cual a su vez ha sido consecuencia de la contingencia sanitaria y de la guerra en Ucrania.

Antes, entre noviembre de 2018 y marzo de 2021 el poder adquisitivo de los trabajadores involucrados en las negociaciones contractuales se benefició a pesar de los efectos de la pandemia de covid-19.

No obstante, entre enero de 2017 y hasta igual mes del año siguiente el promedio de los salarios contractuales observaron retrocesos como consecuencia de la liberalización del precio de las gasolinas.

Con el dato de agosto, el promedio acumulado en lo que va del año se ubica en un descenso de 1.18 por ciento real, pues en términos nominales es de 6.5 por ciento.

En agosto se realizaron 271 revisiones salariales, en las que estuvieron involucrados 219 mil 29 trabajadores, el mayor número en lo que va del año.

En el sector privado se realizaron 265 revisiones en las que 62 mil 774 empleados obtuvieron en promedio un alza salarial de 7.4 por ciento en términos nominales, pero al descontar el efecto de la inflación se tradujo en un retroceso de 1.18 por ciento.

El sector público negoció 6 contratos que involucran a 156 mil 255 trabajadores, los cuales sólo obtuvieron en promedio nominal un alza de 4 por ciento, que en términos reales representó una contracción de 4.33 por ciento.

Trabajadores de la construcción fueron los menos beneficiados, pues obtuvieron un alza nominal de 3.4 por ciento, que se tradujo en un retroceso real de 4.87 por ciento./La Jornada

Por: El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/28490/sufren-salarios-contractuales-retroceso-de-343-en-agosto

Reforma de pensiones alivia hasta ahora el retiro de 20 mil trabajadores

La reforma al sistema de pensiones que entró en vigor el primer día de 2021 ayudó a que alrededor de 20 mil mexicanos que se iban a retirar del mercado laboral sin una pensión vitalicia lograrán obtener una, esto gracias a adecuaciones como la disminución de las semanas de cotización, revela el cuarto Informe de gobierno.

La reforma a la ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro estableció una reducción de mil 250 a 750 semanas de cotización como requisito para alcanzar una pensión garantizada, esto debido a que muy pocos mexicanos podrían acceder a una pensión debido a la alta rotación entre el mercado formal e informal.

Como resultado de dichas reformas, de septiembre a diciembre de 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió 8 mil 806 nuevas pensiones garantizadas, cuyo monto promedio mensual fue de 4 mil 832 pesos, lo cual representó un incremento de 46.9 por ciento respecto del valor promedio de la pensión garantizada en 2020.

En tanto, de enero a junio de 2022 se otorgaron 12 mil 595 pensiones garantizadas, de las cuales en 11 mil 582 casos (91.9 por ciento) son trabajadores que fueron beneficiados por la reforma, al tener menos de mil 250 semanas de cotización. El monto promedio mensual de la pensión garantizada en 2022 fue de 5 mil 206 pesos, lo cual mostró un incremento real anual de 2.6 por ciento.

Al cierre del primer semestre de 2022, los recursos registrados en el SAR ascendieron a 6 billones 883 mil 892 millones de pesos.

Las administradoras de fondos para el retiro (Afore) controlaron directamente 4 billones 966 mil 115 millones de pesos. Estos recursos se manejaron mediante 71 millones 410 mil 308 cuentas individuales.

Según el informe, en junio de 2022 la cartera de los recursos administrados por las Afore se encontraba invertida en los siguientes instrumentos: renta variable nacional, 6.6 por ciento; renta variable internacional, 12.5; mercancías, 0.6; deuda privada nacional, 15.4; instrumentos estructurados, 7.8; Fibras, 2.6; deuda internacional, 0.9; valores gubernamentales, 50.8, y otros activos, 2.8 por ciento.

Tope a comisiones Como parte de la reforma, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro determinó que las Afore deberían cobrar una comisión promedio de 0.56 por ciento para 2022, lo cual significa una reducción respecto de la comisión cobrada en 2021 de 0.81 por ciento y de la de 2018 de 1.01 por ciento.

Lo anterior, dice el informe, muestra un aumento aproximado de 6 por ciento en la tasa de remplazo a largo plazo, es decir, en el monto de la pensión mensual, con lo cual se verán beneficiados los trabajadores.

Por otro lado, destaca que uno de los efectos de la pandemia de covid-19 se reflejó en las minusvalías en los fondos de pensiones, tanto en América Latina como en el resto del mundo, situación que se torna más vulnerable ante el contexto de la economía global por las repercusiones del conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Sin embargo, se espera que a mediano plazo y gracias al régimen de inversión de las Afore, México revierta en su totalidad las minusvalías generadas, tal y como ha sucedido en otros años con volatilidad en los mercados”. / La Jornada

Por: El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/28492/reforma-de-pensiones-alivia-hasta-ahora-el-retiro-de-20-mil-trabajadores

Sindicatos de la Banca de Desarrollo exigen a Hacienda frenar la precarización de salarios

La federación sindical pide a la SHCP la aplicación “suficiente, con vigencia y retroactiva” al 1 de enero pasado, del incremento salarial de 4.5% al sueldo base y con los mismos criterios que la dependencia a cargo de Ramírez De la O ha venido aplicando en años anteriores.

La Federación Nacional de Sindicatos de la Banca de Desarrollo, (Fenabad) denunció la precarización del salario base de los trabajadores, ante la implementación de los “criterios generales para la actualización de tabuladores” emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A través de un oficio enviado al titular de la dependencia, Rogelio Ramírez De la O, solicitaron su “inmediata y oportuna intervención” para revisar dichos criterios pues la medida “afectará irremediablemente nuestro poder adquisitivo y capacidad económica de por sí ya mermados con la inflación de 7.36% que se registró en el 2021 y con la inflación a la primera quincena del mes de agosto de 2022 (8.62%) lo que amplía la brecha de afectación de nuestra economía familiar”.

De entrada, la Fenabad aseveró que el documento de los criterios generales para la actualización de tabuladores que se le envió no ostenta fecha ni firma de funcionario alguno, contraviniendo el marco jurídico-administrativo vigente y por ello señalan: “lo desconocemos de pleno Derecho”.

Explica que la disposición de Hacienda en cuanto a los tabuladores establece un incremento salarial de 3.5% + 1% adicional, es decir, un incremento tabular de 4.5% que se compondrá de hasta 180 pesos en sueldo base o concepto equivalente y el monto necesario para llegar al 4.5% tabular se aplicará a la “compensación garantizada” o su similar “procurando que este último no repercuta en prestaciones o seguridad social”. Y en caso de que no exista, plantea abrir el concepto compensación garantizada.

Señala el Fenabad en su oficio: “El incremento tabular de 180 pesos precariza nuestro sueldo base, el cual es tomado como referencia para las prestaciones económicas y de seguridad social, y adicionalmente, al personal de base, se le crea un concepto denominado ‘compensación garantizada’ que representa un flujo de efectivo insuficiente que no sería tomado en consideración” para las prestaciones económicas y de seguridad social.

La federación sindical pide a la SHCP la aplicación “suficiente, con vigencia y retroactiva” al 1 de enero pasado, del incremento salarial de 4.5% al sueldo base y con los mismos criterios que la dependencia a cargo de Ramírez De la O ha venido aplicando en años anteriores “y en congruencia con la política de protección al salario” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su oficio la federación sostiene que su solicitud es viable pues el oficio 307-A.-1135 emitido por Hacienda, ese sí fechado el 21 de julio pasado y signado por el subsecretario de Egresos, Unidad de Política y Control Presupuestario, Víctor Mojica Vilchis, así lo demuestra.

Dicho oficio establece un tabulador mensual bruto de sueldo base y compensación de aplicación general para la curva del sector central y con vigencia a partir del 1 de enero de este año, el cual establece el 3.5% de incremento promedio ponderado más un punto porcentual adicional. Esa medida beneficia a los trabajadores de la propia SHCP.

Al respecto, la Fenabad señala:

“Nosotros también somos trabajadores al servicio del Estado por lo que pedimos un trato igualitario y no discriminatorio para los trabajadores del sector hacendario”.

Además, destaca que los trabajadores a los que representa están comprometidos con el desarrollo económico y social del país pues los recursos que generan desde la banca de desarrollo son destinados a los proyectos financieros que el gobierno define y esos recursos además proporcionan la suficiencia presupuestal para cubrir el ajuste salarial que se ha otorgado cada año y sin objeción de su parte a pesar de que la inflación supera incremento promedio.

Las organizaciones sindicales solicitaron a la SHCP que los consejos directivos programados para plantear y en su caso autorizar los “criterios generales para la actualización de tabuladores” sean pospuestos hasta que se resuelva su inquietud con las representaciones sindicales.

El viernes pasado, el Sindicato Único de Trabajadores de Nacional Financiera (SUTNAFIN) entregó el mismo oficio, en Palacio Nacional, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, e hizo lo propio con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Por: Proceso

Feunte: https://www.proceso.com.mx/economia/2022/9/10/sindicatos-de-la-banca-de-desarrollo-exigen-hacienda-frenar-la-precarizacion-de-salarios-293111.html

 

Avalan dictamen de derechos de acceso a servicios de salud

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Social, que encabeza la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, aprobaron diversos dictámenes en materia de la incorporación de trabajadores al régimen de seguridad social; para establecer el goce de servicio médico a los menores de 16 años, y en apoyo a la nutrición de las trabajadoras derechohabientes embarazadas.

Al aprobarse los dictámenes por mayoría, los diputados federales coincidieron en que es fundamental fortalecer los derechos de seguridad social y la salud en México como lo marca la Constitución.

En un comunicado, en el marco de la 12ª reunión ordinaria, se presentó el dictamen que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de incorporación al régimen de seguridad social, enriquecido por iniciativas suscritas por diputados de la bancada de Morena y por diversos grupos parlamentarios.

Al respecto, la diputada Ivonne Cisneros explicó que esta iniciativa propone eliminar en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el requisito de antigüedad por un año, para que las personas trabajadoras puedan acceder a la seguridad social y hacerlo desde el momento de su incorporación.

Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas (Morena) una de las diputadas promoventes, manifestó que existen organismos que atentan contra los derechos.

Indicó que hacen una distinción entre trabajadores en el ámbito laboral que terminan por ser actos discriminatorios por parte de las estructuras de gobierno con el fin de no adoptar las responsabilidades en materia de derechos laborales de miles de profesionistas y trabajadores que laboran bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios.

“Los diversos convenios, pactos y declaraciones reconocen como derecho fundamental el derecho de la seguridad social; basado en la igualdad, en la dignidad humana y en la no discriminación que debe imperar como característica de todo derecho reconocido”, aseveró.

Esta situación, indicó, viola los derechos de los trabajadores que cumplen el supuesto, debido a que les quita la oportunidad de acceder a los servicios de salud y seguridad social desde el primer día de su contrato o relación laboral.

Por ello dijo, solicitó reformas para que no exista un periodo mínimo de vigencia de contrato de que se trata, y que los trabajadores de honorarios sean incorporados integralmente al régimen de seguridad social desde el primer día de la vigencia del contrato respectivo, a fin de garantizar los derechos de seguridad social que les correspondan.

Por otro lado, se avaló el dictamen en sentido positivo con modificaciones que reforman la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de seguridad social para menores sobre quienes se ejerza patria potestad o guarda y custodia o tutela, suscrita por la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena).

Este proyecto de dictamen propone establecer que gozarán de servicio médico los menores de 16 años sobre los que se ejerza la patria potestad, o guarda y custodia o tutela, acreditada por resolución judicial; asimismo, las y los menores sobre quienes el asegurado o pensionado ejerza la patria potestad o guarda o custodia, o tutela acreditada por resolución judicial.

También se avaló el dictamen de la minuta que reforma la fracción II del artículo 210 de la Ley del Seguro Social, en materia de apoyo nutricional en periodo de gestación y periodo neonatal, suscrita por senadoras y senadores de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN.

En el que se propone incluir como prestación social, el apoyo a la nutrición de las trabajadoras derechohabientes embarazadas durante la gestación y a sus hijas e hijos en el periodo neonatal mediante el refuerzo y seguimiento nutricional correspondiente.

Durante el desarrollo de la reunión ordinaria, la Comisión de Seguridad Social aprobó el segundo informe semestral de actividades de la correspondiente al 1ro de marzo al 31 de agosto de 2022, así como el programa anual de la comisión.

Por: El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/28474/avalan-dictamen-de-derechos-de-acceso-a-servicios-de-salud

Buscan prohibir imposición de vestimenta o atuendos sexistas en lugares de trabajo

El senador Juan Zepeda impulsa una iniciativa para modificar el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de prohibir la imposición de vestimentas o atuendos sexistas en espacios de trabajo como bares y restaurantes.

La iniciativa, que se analizará en las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, busca combatir la violencia normalizada contra las mujeres, como la que reproducen los estereotipos.

El legislador de Movimiento Ciudadano comentó que la sexualización de los cuerpos de las mujeres va desde la publicidad e imágenes en puestos de periódico, hasta la obligación de vestirse de una manera sexualizada en centros de trabajo como bares y restaurantes.

Para muchos, consideró Juan Zepeda, esta situación es “normal” e, incluso, se fomenta, lo que expone todavía más a las mujeres y niñas a otras formas de agresión como el acoso.

Es necesario recordar que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el hostigamiento laboral es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o en ambas.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, se explica que el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima.

El legislador de Movimiento Ciudadano enfatizó que la imposición de vestimentas o atuendos sexistas en los lugares laborales, que reproducen y perpetúan los estereotipos y la violencia de género, debe ser consideradas como violencia laboral.

Aunque, manifestó, también podría ser considerada una práctica de hostigamiento y derivar en situaciones como acoso u otro tipo de acciones.

Por: El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/28477/buscan-prohibir-imposicion-de-vestimenta-o-atuendos-sexistas-en-lugares-de-trabajo