La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) inició el curso virtual “Introducción al Nuevo Sistema de Justicia Laboral” con la participación de más de 100 representantes de 89 empresas de los sectores químico, textil, automotriz y manufactura instaladas en el estado.
La finalidad es brindar al sector productivo de la entidad información de forma puntual sobre los componentes, estrategias y normatividad que contempla la aplicación de este nuevo sistema.
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Sedeco, indicó que el curso es una herramienta para facilitar a los empresarios los procesos de registro de los nuevos contratos colectivos, la integración de equidad de género en las carteras de los sindicatos y en los sistemas productivos de las empresas.
“Se brinda esta información a través de personal especializado en el tema, a partir de hoy inicia este programa, donde el interés empresarial es evidente, ya que a partir del mes de octubre de este año tendrán que empezar con sus procesos de la nueva contratación colectiva e individual”, informó.
El titular de la Sedeco sostuvo que estas acciones fortalecen la competitividad del estado y permiten a las empresas instaladas en la región y a las nuevas inversiones conocer que sindicatos, trabajadores, las cámaras y academia cuentan con un sistema de información claro y preciso en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral.
Asimismo, señaló que los más de 100 participantes de 89 empresas de los tres parques industriales que están en Huamantla, Tlaxco y Tetla, así como los corredores industriales de la zona sur y poniente del estado, tendrán que cursar 60 horas de capacitación, y al finalizar recibirán una acreditación que les servirá en los nuevos tribunales laborales y la unidad de conciliación.
De igual manera, los cursantes no sólo conocerán las estrategias y adquirirán habilidades y destrezas básicas para el desarrollo de estos procesos, también conocerán la nueva Reforma Laboral y la importancia de la solución de conflictos en empresas y sindicatos.
Cabe señalar que el curso contempla los siguientes temas: Nuevo Sistema de Justicia Laboral, Conciliación Prejudicial, Democracia Sindical, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y Outsourcing o Subcontratación Laboral.
El Poder Judicial presentó los esquemas para implementación de la reforma laboral en el estado, la cual entrará en vigor el próximo año, donde desarrollará mesas de trabajo con sectores relacionados al tema.
Diversos representantes de cámaras empresariales, la academia y del poder judicial del orden local y federal, estuvieron presentes en una reunión para trabajar en un esquema factible de implementación, para construir un proyecto consensado y funcionalEn la reunión estuvo presente el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, en compañía de magistrados y consejeros de la judicatura, donde se congratularon del interés de diferentes actores entre los que figuran la CTM, PROFEDET, INDEX.A quienes se les expuso la proyección que busca capacitación permanente y el uso eficiente de recursos para cumplir con el mandato constitucional y legal.
“Se van a sentar estas bases, la implementación de esta nueva cultura laboral es un gran reto y estamos haciendo equipo y buscando la capacitación, además generamos esquemas de programas educativos, talleres con bastante calidad,”dijo el director de la Facultad de Derecho, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos.Ante esto, Jorge Breceda coordinador del programa de derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez señaló que esta reforma es de gran importancia para el esquema de justicia del Estado de Chihuahua, “Las implicaciones que tiene son mayúsculas y el esfuerzo interinstitucional se ve reflejado aquí”, puntualizó.
De igual manera, Consuelo Márquez, presidenta de la comisión laboral de COPARMEX expresó que es un tema de alta complejidad: “esto implica un reto para Chihuahua que debe ser prioridad”; además se debe tener un avance puesto que el sector empresarial es primordial”.
Finalmente, los puntos trascendentales de esta reforma de febrero de 2017 contempla que la justicia laboral esté bajo el manto del cargo del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales, según sean los conflictos de materia federal o local, “así como procedimientos que garanticen libertad de negociación colectiva y democracia en las organizaciones sindicales”.
Los sindicatos laborales, tendrás nuevas obligaciones adecuando sus estatutos en los temas de democracia sindical y equidad de género
Córdoba, Ver.- Podría aplicarse el nuevo modelo laboral para que los acuerdos en los juicios de conciliación sean más cortos sin la necesidad de un tema legal, se llevará en regla y democráticamente un sindicato y se protegerán los derechos de las mujeres trabajadoras, así lo dijo Hebert Martínez Feria, abogado laboral e integrante del Colegio de Abogados 30 Caballeros de Córdoba.
La semana pasada se dio a conocer el nuevo modelo laboral donde los cambios no son solo en normas sino también en cultura y aplicación; uno de los cambios que se tiene es la conciliación laboral de forma obligatoria, ya que si no se acude a ella no se podrá iniciar un juicio oral, “los juicios acababan en meses pero pasaban años y no se dictaba la razón, esto se evitará , son cambios buenos, en el estado las juntas locales ya dejarán de recibir demandas a partir de noviembre, pero se necesitarán instalaciones para los juicios”
Recalcó que no se tiene de conocimiento en la ciudad donde van a quedar estos espacios que de acuerdo al nuevo modelo laboral están construyendo o modificando; los Centros Laborales concentran las funciones de conciliación, proceso obligatorio antes del juicio con una duración máxima de 45 días de resolución.
Otro de los temas son los sindicatos laborales, tendrás nuevas obligaciones adecuando sus estatutos en los temas de democracia sindical y equidad de género, deberán de tener los contratos colectivos a la mano, “no existían votaciones libres y secretas para la elección de los líderes que conforman los sindicatos, ahora el trabajador votará de forma secreta sin necesidad de estar obligados”.
Comentó que las modificaciones de la directivas y los estatutos así como las altas y bajas de los trabajadores deberán de reportarse a la Secretaría del Trabajo.
Pese a que en el estado de Veracruz no se tiene aún el dato de cuándo será aplicado el nuevo modelo laboral, estados como Campeche, Hidalgo, Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Durango, Estado de México y Zacatecas ya están empleando esta modalidad que ha tenido buen éxito.
Martínez Feria, mencionó que está modificación se tendrá una equidad de género en tanto a las listas de empleados o escalafones dentro de los sindicatos, pues deberán de darse protocolos para la prevención de discriminación hacía la mujer y defender los derechos de aquellos niños que buscan laboral sin embargo, los menores de edad por ley no puede darse este tema.
“Muchos menores de edad están trabajando, los menores son vulnerados y fáciles de engañar, las embarazadas se les hacía fácil correrlas pero ahora con esta nueva modificación llega a mencionarse que si la mujer renuncia por embarazo de igual forma se debe de tener un juicio de conciliación”.
Dar a conocer los contratos colectivos de los empleados, respetar las decisiones de los trabajadores sindicalizados entre otros beneficios son puestos para los empleadores y se prevé que en octubre esta reforma llegue a darse en Veracruz.
Por: Guadalupe Castillo/ El Sol de Cordoba 06/07/2021
Dado que los trabajadores migrantes son de los más vulnerables, debido a que están sujetos a trata y explotación laboral, además de estar expuestos al crimen organizado, se pretende impulsar una reforma integral sobre migración laboral, advirtieron especialistas.
Dado que los trabajadores migrantes son de los más vulnerables, debido a que están sujetos a trata y explotación laboral, además de estar expuestos al crimen organizado, se pretende impulsar una reforma integral sobre migración laboral, advirtieron especialistas.
Los expertos reunidos en la campaña “Más reformas, mejor trabajo”, señalaron que estos trabajadores, como los jornaleros agrícolas, no están representados en la Ley Federal del Trabajo y tampoco tienen las facilidades para acceder a derechos como la seguridad social.
Margarita Nemecio, coordinadora de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, aseguró que los migrantes se enfrentan a condiciones adversas como la trata de personas con fines de explotación laboral y muchos han sido víctimas del crimen organizado debido a que las zonas agrícolas se encuentran en el cruce de trasiego de drogas.
Consideró que la fijación de un salario mínimo no ha mejorado sus condiciones laborales e incluso dijo que para algunos es impensable estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
“De manera general no ha significado un cambio drástico porque por lo general es un trabajo a destajo, que se paga por hora, por contrato, por día, pero cuando es a destajo les genera un poco más del ingreso del que quedó establecido en el salario mínimo”, afirmó al participar en el Diálogo Abierto para una Reforma Integral sobre Migración Laboral.
Dijo que existen salarios de entre 250 y 800 pesos al día, pero como no hay contrato de por medio, por lo que el empleador no asume la obligación de inscribir a los jornaleros en la Seguridad Social.
A su vez, Lorenzo Rodríguez, secretario general del Sindicato Nacional Independiente Democrático de Jornaleros Agrícolas, afirmó que los jornaleros no tienen cabida en la Ley Federal del Trabajo porque se hizo para trabajadores de la ciudad y no para los del campo.
“Parte de lo que mencionan algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo muchas veces no tienen que ver con la realidad que pasa dentro de los campos agrícolas. La Ley menciona que para poder convertirse en trabajador permanente se deben trabajar 27 semanas seguidas para un solo patrón, muchos trabajadores agrícolas eligen moverse y es por temporada y no es acumulable todo eso y nos afecta en el tema de la seguridad social”, señaló el líder sindical.
Añadió que también se ve afectada la participación de los trabajadores en el tema de reparto de utilidades, por esa misma falta de estabilidad laboral.
A su vez, Melissa Vértiz, secretaría técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, señaló que se deben hacer modificaciones a leyes y a la misma Constitución para que los derechos de los trabajadores migrantes queden reflejados.
Subrayó que se debe garantizar el acceso al trabajo sin distinción de nacionalidad; también eliminar disposiciones como el artículo 33 constitucional porque limita la participación en la vida política y colectiva de las personas trabajadoras migrantes.
Añadió que también se deben eliminar facultades del Instituto Nacional de Migración para que no ejerzan acciones de persecución en contra de estas personas. “Lo que debe de hacer el Instituto es simplemente otorgar los documentos a las personas, que se les dé una identidad como trabajadores migratorios y no estar ejerciendo acciones de persecución”, consideró Vértiz.
Manifestó que se pueden establecer mecanismos en conjunto con la Secretaría del Trabajo para incentivar que las personas migrantes logren una regularización.
En octubre estará lista la transformación del sistema judicial para la impartición de justicia laboral
CUERNAVACA, MORELOS.- Antes de octubre, estará lista la transformación del sistema judicial para la impartición de la justicia laboral; el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya tiene definidos los lugares que funcionarán como nuevos tribunales laborales y la actual Junta de Conciliación y Arbitraje se convertirá en el Centro Estatal de Conciliación, informó el representante del Poder Judicial, Rubén Jasso Díaz.
“En lo que nos corresponde a nosotros, estamos avanzados y podría asegurar que para el mes de octubre nosotros ya estaríamos al cien por ciento”, declaró Jasso Díaz.
Aunque, observó que siguen a la espera de la liberación del presupuesto federal que le corresponde a Morelos para hacer frente al gasto que representa la implementación de la reforma laboral.
Han trabajado hasta el momento con el apoyo del presupuesto estatal que el Ejecutivo y el Legislativo etiquetaron en el presupuesto 2021.
Físicamente, los ciudadanos podrán ver materializada la reforma con la apertura de los tres nuevos tribunales laborales, cada uno atendidos por dos jueces, quienes serán designados a penas el Congreso apruebe la reforma que requiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, y cuyo proyecto será remitido en breve por el TSJ a la legislatura en turno.
Agregó que los tribunales se ubicarán en el edificio de la calle Morrow, donde antes se desahogaban los juicios orales penales, en el caso de Cuernavaca; para la zona sur, el tribunal laboral operará en la sede del Poder Judicial, y en Cuautla se están haciendo adaptaciones en el edificio adjunto a la sede regional, igualmente donde antes funcionaban los juzgados penales.
Finalmente, el magistrado confirmó que el Centro Estatal de Conciliación operará en lo que hoy es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a un costado de las oficinas del TSJ en Cuernavaca.
A partir de noviembre de 2021, los trabajadores del sector privado que sean despedidos sin causa justificada de su empleo, podrán promover una queja en el Centro de Conciliación para llegar a un acuerdo, o promover un juicio laboral, ante el Tribunal Laboral, en lugar de una demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación.
Advierten abogados laboralistas que la reforma al teletrabajo fue hecha al vapor
Mediante la campaña “Más reforma, mejor trabajo” se presentarán seis reformas en temas laborales que se promoverán en la próxima legislatura por abogados laborales y organizaciones como la Red de Mujeres Sindicalistas.
German Reyes, abogado laboral, señaló que las iniciativas son en subcontratación, migración, violencia laboral, trabajo infantil, inspección laboral, libertad y democracia sindical, trabajo infantil e inspección laboral.
Desde su perspectiva, la inspección laboral existe en México una buena Ley del Trabajo, pero el problema es quién se encarga de la normatividad laboral, la cual consideró que se tiene que hacer de forma diferenciada, según sea el tamaño de empresa y debe ser pensada por sectores.
Con respecto al trabajo de migrantes también es necesario un ejercicio de armonización de las leyes nacionales con las leyes internacionales para que se reconozcan los derechos de todas y todos estos trabajadores.
«Apostamos a que no solamente en la ley se regula el trabajo de mexicanos en el extranjero, sino que también se puede regular y reconocer el derecho universal al trabajo, independientemente de la calidad migratoria», subrayó Flor González.
Con respecto al tema de violencia y acoso laboral, Dafne Peña, abogada laboralista feminista, afirmó que en la reforma laboral se plantea la elaboración de protocolos de atención a los casos de violencia por parte de los empleadores en conjunto con los sindicatos, pero no se explica el contenido de los protocolos y cómo deberían de funcionar.
La magistrada Olga Regina García López, quien preside el Poder Judicial del Estado, informó que en visita reciente de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, se expusieron los avances en San Luis Potosí del nuevo sistema de justicia laboral, el cual, al parecer, «sí está funcionando».
Dijo que a la titular de la STPS «se le expusieron los avances logrados desde la inauguración del Tribunal Laboral, el 18 de noviembre del año pasado, hasta la fecha y se llegó a la conclusión de que el nuevo modelo de justicia laboral sí está funcionando, tanto en los casos que se resuelven en el Centro de Conciliación como en los que han llegado a judicializarse».
Precisó que, a esta fecha, se tienen 676 radicaciones: 385 son asuntos de carácter ordinario; 193 son especiales y 95 son ya de carácter procesal, más algunos que faltan por definirse.
La atención de estos asuntos, consideró la magistrada, ha sido rápida y ágil en comparación con el sistema anterior en el que pasaban meses para obtener una fecha para las reuniones de conciliación.
«Por lo que toca al interior del estado, de la Zona Media, con oficina base en Rioverde, no nos ha llegado escrito alguno; de la Huasteca, con oficina en Ciudad Valles, ya llegaron 15 escritos y del Altiplano, con oficina en Matehuala, sólo cuatro escritos», añadió.
La mayoría de estos escritos del interior del estado se están atendiendo de manera virtual a través de internet y en caso de que sea necesario un juicio, los jueces se trasladarían a las regiones donde se requieran sus servicios, con apoyo del equipo móvil que tenemos disponible.
En el presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2022, que ya se encuentra en preparación, se incluirá el establecimiento y financiamiento operativo de los centros de justicia laboral del Altiplano, Zona Media y Huasteca, concluyó García López.
Los seis temas en materia laboral que deberán mantenerse en constante actualización, de acuerdo con la Red de Mujeres Sindicalistas y el Observatorio Laboral, son: subcontratación, libertad y democracia sindical, migración, discriminación y violencia laboral, trabajo infantil e inspección laboral; ya que están, algunos, en proceso de implementación, y en otros casos aún hace falta impulsarlos, como es el caso de la erradicación del trabajo infantil.
Los seis temas en materia laboral que deberán mantenerse en constante actualización, de acuerdo con la Red de Mujeres Sindicalistas y el Observatorio Laboral, son: subcontratación, libertad y democracia sindical, migración, discriminación y violencia laboral, trabajo infantil e inspección laboral; ya que están, algunos, en proceso de implementación, y en otros casos aún hace falta impulsarlos, como es el caso de la erradicación del trabajo infantil.
En conferencia de prensa, Inés González, quien encabeza la Red de Mujeres Sindicalistas y la campaña “Más reformas, mejores trabajos”, expuso que los documentos que se han trabajado desde hace 18 meses se entregarán al Congreso, una vez que se tenga la nueva conformación de la Cámara de Diputados, en el mes de septiembre-octubre, a fin de seguir impulsado los cambios que permitan garantizar los derechos de los trabajadores que van desde garantizar la libertad sindical, hasta una contratación adecuada.
Tras recordar los cambios recientes que se han hecho a la Ley Federal del Trabajo, como el caso de la subcontratación y el proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, González comentó que actualmente “estamos ante un caso que debe llevar muchas reflexiones, la legitimación del contrato de General Motors, pues la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, representa también una oportunidad no solamente de que los trabajadores y las trabajadoras conozcan su contrato colectivo, de qué se trata, qué contiene, sino se da la oportunidad de rechazar al sindicato y al dirigente que ostenta la administración de ese contrato colectivo”.
Añadió que el proyecto “Más reformas, mejor trabajo”, ha tenido muchos momentos “y el momento que sigue es efectivamente, hacer este cabildeo, estas negociaciones estas presentaciones en el Congreso, se atravesó la campaña electoral para que se constituya y tengamos una Cámara de diputados y diputadas organizado, quién va a dirigir las comisiones, quiénes son los interesados de las temáticas, esto va a pasar algunos meses y quizás estamos hablando del mes de septiembre o de octubre”.
GM ejemplo del nuevo modelo laboral
Autores de análisis como el de Pablo Franco, sobre “La democracia y libertad sindical”, explicó que el sector empresarial está procesando los cambios que se han dado, y si bien el caso de GM será emblemático, permitirá analizar y ejemplificar los avances que se tienen que dar y cuya tendencia será la de erradicar los contratos de protección.
“En General Motors no se tenía un contrato de protección, era un contrato del sindicalismo corporativo; entonces a la hora en la que el patrón actúa todavía como si no hubieran cambiado las cosas, y despide a 19 compañeros, lo cual, genera una movilización cobijada en la reforma, impulsada por la reforma, genera un movimiento de la magnitud que ahora ha tomado. ¿Cómo se va a resolver?, no lo sabemos, porque nada más estamos en la legitimación, todavía no se está disputando la representación sindical, se está disputando la legitimación del contrato esto puede hasta suspenderse porque la ley dice que tiene hasta el 2 de mayo del 2023 para legitimar”.
Especialistas llamaron a denunciar ante la STPS las violaciones a los derechos laborales que se den a través de esta figura para que los jueces vayan creando criterios jurídicos al respecto.
Para eliminar la subcontratación que viola derechos y evade leyes es necesaria una inspección laboral eficiente, no como la que se tuvo en administraciones pasadas. Pero también, que las personas trabajadoras denuncien a las empresas que no respeten las nuevas normas y que estos asuntos lleguen a los tribunales, pues hasta ahora en los juzgados no se cuenta con criterios jurídicos en esta materia, coincidieron abogados especialistas en el tema.
“En lugar de evitar que lleguen los asuntos (a los tribunales), que lleguen, para que nos podamos pronunciar”, dijo el magistrado laboral Héctor Arturo Mercado López. Hasta ahora, las empresas de outsourcingse habían encargado de que los conflictos no se judicializaran, para que el Poder Judicial no generara criterios y antecedentes para otros casos, apuntó.
El titular del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito participó en el foro virtual La reforma de subcontratación laboral: El papel de la inspección laboral. El evento fue organizado por la Red de Mujeres Sindicalistas y la Fundación Friedrich Ebert, y también contó con la presencia del abogado Germán Reyes Gaytán.
En abril pasado, el Congreso modificó la Ley Federal del Trabajo (LFT) para regular la subcontratación. Ahora ha quedado prohibido que una empresa ponga a su personal a disposición de otra para que esta segunda evada sus responsabilidades patronales. Pero se permite la tercerización de servicios o ejecución de obras especializadas.
De acuerdo con el nuevo artículo 13 de la LFT, estas actividades subcontratadas no deben formar parte “del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria”.
Sin embargo, en opinión del magistrado, esas dos opciones no fueron bien definidas en la ley y darán pie a controversias. “Son materia de análisis” para el cual no hay antecedentes porque la industria de la tercerización lo había estado evitando.
Judicializar estos conflictos trae riesgos, “sí, pero es importante y es el único camino. En tanto no nos pronunciemos los tribunales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relatividad de los conceptos será aplicada a cada segmento de acuerdo con los intereses que cada quien tenga”, advirtió.
Inspección laboral y la denuncia, buena dupla
El cumplimiento de la reforma de subcontratación pasa por crear tres instituciones muy poderosas, dijo Héctor Mercado. Son las única que pueden dar “una verdadera batalla” por abatir los esquemas abusivos. La primera son los sindicatos, “se debe promover profundamente el sindicalismo”.
Y no se trata de que los sindicatos existentes se ajusten a las nuevas normas, “sino que ayuden a sus compañeros de la misma rama industrial a sindicalizarse”. Que su trabajo de defensa de los derechos laborales no se limite a la gente de su empresa.
El segundo es un sistema de justicia laboral autónomo, el cual está en vías de conformarse. A nivel federal no hay mayor complicación, estimó. Pero el gran problema se encuentra en las juntas locales, donde acude “el obrero desconocido”. En su opinión, los casos federales y locales deberían englobarse en una sola competencia.
En tercer lugar, la inspección del trabajo. “Debería ser una sola, hacienda, seguridad social y el mundo laboral deben fusionarse en una sola inspección para que cuando llegue un inspector vea todos los aspectos y no sólo uno”. Por eso es también necesario que se les doten de más facultades a quienes realizan esta labora de vigilancia de la ley.
La inspección laboral también debería activarse ante denuncias anónimas, dijo. Que, de manera obligatoria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) investigue a las empresas acusadas de violar derechos laborales básicos como la estabilidad laboral, la cual es vulnerada por la subcontratación ilegal.
El actual gobierno federal se interesó en terminar con este esquema que atentaba contra los trabajadores, apuntó Germán Reyes. La subcontratación, como era permitida en sexenios anteriores ofrecía beneficios económicos a las empresas y disminuía sus costos, por ejemplo, ahorrándoles el reparto de utilidades. A la par de eso había una autoridad laboral ausente para detectar la tercerización “abusiva e ilegal”.
Para crear empleos dignos, mercados de trabajo que le provean ingresos decentes a las personas, e incluso para que las empresas cuenten con asistencia técnica cuando no sepan cómo adecuarse a la normatividad, es necesaria la inspección laboral, indicó. En suma, esta vigilancia eleva la productividad.
Sin embargo, consideró, “la autoridad, por sí misma, no podrá cambiar las relaciones laborales”. Esa cultura del incumplimiento de la ley será abatida con la participación de las trabajadoras y los trabajadores, para ello deben denunciar, insistió.
Ante las inquietudes y miedos a los procesos del nuevo modelo laboral es necesario que las y los trabajadores, así como los empleadores estén bien informados sobre sus nuevas responsabilidades que establece la Reforma Laboral, manifestó el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo.
El funcionario recordó que desde el pasado 1 de mayo las organizaciones sindicales deberán recurrir al CFCRL para realizar el procedimiento de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, pues esta tarea ya no la realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La Legitimación de un Contrato Colectivo de Trabajo garantiza el conocimiento de su contenido por parte de los trabajadores y la opción para ellos de avalar o rechazar los contratos a través del voto personal, libre, directo y secreto.
Este procedimiento de consulta democrática se encuentra abierto desde el 1 de mayo de 2019 y tiene una vigencia de cuatro años, que concluyen el 2 de mayo de 2023.
Sobre las nuevas disposiciones en materia laboral, Domínguez Marrufo expuso en un diálogo virtual que sostuvo con integrantes de American Chamber of Commerce of Mexico, capítulo Monterrey, que en el nuevo modelo es necesario que las y los trabajadores, así como los empleadores, estén bien informados sobre sus nuevas responsabilidades, así como mantener un diálogo permanente entre ambos, que no significa injerencia en la vida sindical y sí, por el contrario, una relación transparente que contribuye al cambio de cultura laboral.
Hizo énfasis que el nuevo modelo laboral no es solo un cambio de normas, sino también un cambio cultural.
Para los empleadores, agregó, “no es tarea sencilla” estar cerca de los trabajadores, pero es necesario mantener una relación constante y transparente con ellos, el que cumplan con sus nuevas responsabilidades, como el facilitar procesos de consultas, contribuye a que los trabajadores ejerzan sus derechos.
Explicó que entre las nuevas obligaciones de los empleadores se encuentra entregar a sus trabajadores un ejemplar impreso del Contrato Colectivo de Trabajo en su revisión o para la legitimación de un contrato colectivo.
También fijar y difundir la convocatoria que le solicite la organización sindical o, en su caso, el CFCRL, en consultas para la solicitud de constancia de representatividad y la ratificación de acuerdos.
Agregó que los empleadores, entre otras obligaciones, deberán implementar con los trabajadores un protocolo para la prevención de la discriminación, acoso, violencia u hostigamiento sexual, así como para erradicar el trabajo forzoso infantil.
Señaló que la libertad sindical es un pilar del nuevo modelo de justicia laboral, por lo que ningún empleador puede obligar a la base trabajadora a afiliarse o retirarse de una agrupación sindical específica, o que voten por determinada dirigencia sindical, ni realizar ningún acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores.
Mencionó que tampoco los empleadores pueden “intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias contra los trabajadores”.
