La representante comercial de EU, Katherine Tai, se comprometió a abordar este tema en la próxima reunión; T-MEC “ahora incluye estándares laborales y ambientales más extensos», dijo
La representante comercial de Estados Unidos,Katherine Tai, dijo hoy que en la próxima reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC abordará con México los casos de presuntas violaciones laborales cometidas por este país bajo ese tratado comercial.
En una comparecencia ante el Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes, Tai dijo que dicha reunión, programada para celebrarse virtualmente los días 17 y 18 de mayo, “es algo que tiene que ocurrir cada año en una especie de revisión por parte de los ministros en torno a la salud del acuerdo”. Aún está pendiente el anuncio formal de dicho encuentro.
Sin embargo, este lunes la central sindical AFL-CIO presentó una solicitud de respuesta rápida laboral contra la empresa de autopartes TRIDONEX, con sede en Matamoros, en el marco del T-MEC, ante las denuncias de que los trabajadores han sido acosados e incluso despedidos por intentar organizarse en un sindicato independiente.
Dos días después, Estados Unidos inició una queja, también bajo el T-MEC, contra una planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, por presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores.
El representante demócrata por Nueva Jersey, Bill Pascrell, le preguntó hoy a Tai durante la comparecencia si en esa reunión de la próxima semana “se compromete” a abordar estos temas. “Sí”, respondió la funcionaria.
En su presentación inicial, Tai señaló que el T-MEC “ahora incluye estándares laborales y ambientales más extensos, y aplicables, que cualquier otro tratado comercial de Estados Unidos. Y esta semana se dieron cuenta de que estamos comprometidos a usar las herramientas” que incluye el acuerdo.
“Este uso del Mecanismo de Respuesta Rápida demuestra que actuaremos cuando a los trabajadores en ciertas plantas se les nieguen sus derechos bajo las leyes necesarias para cumplir con las obligaciones laborales de México”, subrayó la funcionaria.
“Me enorgullece ser socia en esta meta compartida de ayudar tanto a los trabajadores mexicanos como estadounidenses a evitar una ‘carrera hacia el abismo’”, añadió.
El martes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció la reposición de la votación para legitimar el contrato colectivo de trabajo en la planta de GM en Silao, debido a irregularidades detectadas en la votación original que se celebró el 20 y 21 de abril. Tai elogió a México por involucrarse al detectar dichas irregularidades.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), informó esta mañana que la dependencia federal que encabeza interviene como facilitadora para la conciliación en seis conflictos mineros ubicados en cuatro estados de la República: Sinaloa, Baja California, Zacatecas y Querétaro.
Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente López Obrador, la funcionaria se refirió al caso de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, donde en los próximos días podría reabrirse la mina e iniciar labores.
Por su parte, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), también informó de la participación de la dependencia en conflictos laborales en las minas de Taxco, Guerrero, y Cananea, Sonora. En el último caso se trata de la disputa de más de 54 millones de dólares entre poco más de mil trabajadores
Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se refirió a otro conflicto en la mina de Cananea, pues los trabajadores no estaban incorporados al servicio médico del Estado mexicano ni al régimen de jubilaciones y pensiones. Señaló que ya se estudian esquemas para resolverlo.Publicada el mayo 12, 2021Por Zósimo CamachoCategorizada como Noticia del día Etiquetada como conflictos mineros, Olga Sánchez Cordero
El Gobierno mexicano consideró que EU no está respetando acuerdos del T-MEC en la industria agrícola. (Bloomberg)
El Gobierno mexicano, a través del embajador, señaló que hay una falta de aplicación de leyes laborales en la industria agrícola estadounidense.
El Embajador Esteban Moctezuma, en nombre del Gobierno de México, envió una carta al secretario del Trabajo de EU, Martin J. Walsh, para señalar que hay una falta de aplicación de leyes laborales en la industria agrícola estadounidense, lo que incumple con lo acordado en el artículo 23.12 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“En aras de identificar acciones que permitan atender la no aplicación de las leyes laborales en determinados sectores y estados en Estados Unidos y así garantizar de forma plena los derechos laborales contemplados en la legislación federal estadounidense y en el capítulo 23 del T-MEC”, especificó la misiva.
El texto hizo hincapié en que México no renunciará a utilizar los mecanismos de solución de controversias laborales previstos en el T-MEC.
Esta carta se hizo de conocimiento público luego de que el Gobierno de Estados Unidos ‘estrenara’ el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC en contra de la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato, por agravios contra la democracia sindical y negociación colectiva.
El embajador Moctezuma puntualizó que aunque a nivel federal los derechos laborales en Estados Unidos protegen a todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria, en la práctica, factores como el desconocimiento, el miedo y el abuso de parte de algunos empleadores impiden que los trabajadores migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industrias y estados.
Entre las principales problemáticas que se han detectado en la industria agrícola estadounidense se encuentran la falta de pago de salario y tiempos extras, los empleadores no cumplen con los protocolos de descansos e instalaciones adecuadas para los trabajadores y falta de regulación federal respecto al estrés por calor y otro tipo de malas prácticas laborales durante la pandemia del COVID-19.
“Por las razones mencionadas, el Gobierno de México consideró necesario señalar la importancia de hacer cumplir adecuadamente su regulación federal para garantizar los derechos laborales de los trabajadores en la industria agrícola y de procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos”, subrayó la misiva.
Con la implementación de las reformas en materia de justicia laboral la sociedad tendrá acceso a ésta de manera pronta, completa, imparcial e inclusiva, afirmó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez.
“La reforma servirá para lograr una sociedad más justa, y cuyo eje fundamental serán los derechos de las personas”, enfatizó.
Durante el simposio virtual “El nuevo sistema de justicia laboral en la Ciudad de México”, advirtió que la justicia laboral en la capital del país representa una responsabilidad jurídica, administrativa y académica de alta prioridad.
Refirió que se trata de la entidad que registra el mayor número de conflictos ante las autoridades de la materia, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ascienden a 36 mil demandas individuales anuales, en promedio, y 2 mil de carácter colectivo.
“El nuevo modelo debe ser dinámico como la sociedad a la que sirve, no sólo por la virtud de la justicia misma, sino por su gran prisma de efectos económicos, políticos y sociales”, dijo.
Dijo que la justicia laboral actualmente atraviesa por una importante evolución desde hace algunos años, particularmente por lo que hace a las reformas constitucionales de 2017 y las relativas a la Ley Federal del Trabajo de 2019.
Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se refirió al reto que plantea la CdMx la reforma al sistema de justicia laboral, pues no sólo se trata de la entidad con el mayor número de trabajadores, organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo, sino por su elevado índice de conflictividad.
El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, Pedro Furtado Oliveira, quien expresó la disposición de ese organismo para dar acompañamiento a los tres poderes de la capital del país en el trabajo que despliegan en la histórica reforma que lleva a México a ser más inclusivo.
La Reforma Laboral, que en Oaxaca entrará en vigor antes de que finalice este año, significará una nueva forma de resolver las controversias obrero patronal, ya que pretende que los juicios laborales sean más cortos y en presencia de un juez, que conocerá de mejor manera a las partes.
En la entidad, se trabajó en un proyecto de iniciativa a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado a efecto de modificar los artículos pertinentes y fueran armonizados, para lograr que los procedimientos en esta materia se lleven a cabo, cumpliendo con lo establecido en la reforma Constitucional.
Como parte del proceso de implementación actualmente se imparte un Diplomado de Especialización en la modalidad a distancia con la participación de cerca de un centenar de abogados y abogadas.
El objetivo es proporcionar a las y los participantes los saberes cognitivos, actitudinales, de habilidades y destrezas, especializados en el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, a fin de que estén en aptitud de aplicar la normatividad vigente en el desempeño de la función que les sea encomendada dentro del nuevo sistema de justicia laboral.
Además de tener impacto en la economía, política, los sindicatos y empresas, el nuevo modelo implica cambios como la eliminación de las juntas de Conciliación y Arbitraje, para ser sustituidas por Tribunales Laborales que dependan del Poder Judicial, donde las audiencias serán públicas, presididas íntegramente por el juez y todas las intervenciones de quienes participen serán en forma oral, con lo que se busca dar más celeridad a estos procedimientos.
Al concluir con esta fase de especialización, que marca a nivel federal el Plan Integral de Formación y Selección en materia de Justicia Laboral, se realizará la selección del personal que formará parte de los nuevos juzgados laborales.
Se ha cumplido con los requerimientos legales. Foto: Especial
Por el avance en el fortalecimiento de la coordinación administrativa, capacitación a servidores y comunicación con el usuario, el Poder Judicial del Estado de México se convirtió en el primer tribunal del país en recibir la certificación de los procesos en Materia Laboral.
La evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad en los siete tribunales laborales que funcionan en la entidad desde noviembre pasado, reveló que en el estado se logró implementar la reforma laboral más importante de los últimos 100 años, pues se aplicaron diversas estrategias para asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales y de sus usuarios.
Hasta el 30 de abril de este año, los tribunales que operan en el Estado de México atendieron mil 817 procedimientos laborales.
En el marco del nuevo sistema de justicia laboral, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) suscribieron un convenio de colaboración en materia de derecho laboral, a fin de establecer esquemas integrales para la atención de las y los usuarios y garantizar el derecho a la defensa adecuada.
El acuerdo, cuya vigencia es de cuatro años, también instituye acciones y mecanismos de cooperación necesarios para identificar los alcances de competencia, así como los servicios de representación derivados de la implementación de la Reforma Laboral de 2019.
El documento establece que la PROFEDET atenderá a usuarios trabajadores, beneficiarios o sindicatos remitidos por el IFDP, que requieran asesoría y representación jurídica laboral en el ámbito federal, a fin de dar solución a los conflictos laborales mediante los procedimientos de mediación y acompañamiento en la conciliación, de ser el caso.
Asimismo, la Procuraduría participará en la capacitación y actualización de los Asesores Jurídicos del Instituto, mediante la impartición de cursos y el intercambio de criterios jurídicos en materia laboral, publicaciones afines a su competencia y cooperación docente. Por su parte, el IFDP recibirá a las personas canalizadas por PROFEDET, que requieran los servicios de defensa penal o de asesoría jurídica en las materias administrativa, civil, mercantil o fiscal federales; así como aquellas que necesiten representación jurídica laboral.
De igual manera remitirá a la Procuraduría los asuntos en los que los usuarios estén interesados en el arreglo de sus conflictos mediante la propuesta de soluciones o, en su caso, acompañamiento en el procedimiento prejudicial de conciliación que se tramite ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Además, ofrecerá representación jurídica a patrones, empleadores o microempresarios siempre y cuando cumplan con las condiciones para recibir el servicio, establecidas en las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del IFDP.
La PROFEDET atenderá prioritariamente asuntos de prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, guarderías y accidentes de trabajo (IMSS); así como pensiones y demás que se precisan en el anexo técnico del convenio referido.
El IFDP se encargará de asuntos relacionados a despidos y demandas de pago de prestaciones que cuenten con constancia de no conciliación, así como discriminación en el empleo por razones de sexo, raza, religión, origen étnico, condición social, embarazo, acoso y hostigamiento sexual. El Instituto proporcionará los servicios de traducción o interpretación de variante lingüística cuando la PROFEDET no tenga el servicio, así como de representación jurídica en caso de ser requerido.
Asimismo, prestará a la PROFEDET, en la medida de sus cargas de trabajo, los servicios de peritos competencia del Área de Ciencias Forenses en sus distintas especialidades, cuando lo solicite.
Por otra parte, el convenio suscrito el 10 de septiembre de 2020 entre ambas instituciones mantiene su vigencia en aquellos estados que se encuentran en proceso de implementación del Decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, así como a la Ley Federal de Defensoría Pública, hasta que inicie en su totalidad el funcionamiento del Sistema de Justicia Laboral Federal.
Además de los grandes cambios a la LFT, en los últimos dos años el gobierno federal ha impulsado reformas legales importantes para modificar el sistema de pensiones y para ampliar y flexibilizar el acceso de los trabajadores a los créditos del Infonavit.
De los mercados en México, el del trabajo es uno de los que más se ha transformado. En los últimos dos años, la legislación laboral ha tenido al menos cuatro grandes reformas, una cantidad de cambios que no se veía desde hace cuarenta años. Especialistas coinciden en que las reglas del juego no son las mismas.
El Día Internacional de los Trabajadores siempre ha sido una fecha para conmemorar la lucha por mejores condiciones laborales. Y hace dos años, el 1 de mayo se convirtió en el parteaguas de una ola de cambios en el marco legal del trabajo. Desde la reforma al sistema de justicia laboral, negociación colectiva y democracia sindical, hasta la reciente modificación de ocho ordenamientos legales para regular el outsourcing, la Ley Federal del Trabajo (LFT) se ha transformado a paso acelerado.
“El Derecho Laboral está sufriendo un cambio de época. Estamos viviendo, en un periodo muy corto, cambios que no vimos en décadas”, afirma Jorge Sales Boyoli, coordinador nacional del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade).
En 2019, la LFT fue reformada para crear el nuevo sistema de justicia laboral, con una gran apuesta en la conciliación. La magnitud del cambio requirió de un plazo de tres años; el modelo se encuentra en su segunda etapa de implementación y concluirá con una tercera en 2022.
En ese mismo paquete de reformas se establecieron nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva que incluyeron el voto personal, libre, directo y secreto para elegir dirigentes sindicales y negociar las condiciones de la fuerza laboral.
Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL), opina que la pandemia ha sido un freno para que los trabajadores hagan suyos los cambios de hace dos años. Sin embargo, se mantiene optimista.
“Tenemos una cultura de casi 100 años de simulación, de fraude, de pseudo representación, de inexistencia de los derechos, eso no se va a resolver en 15 días”, afirma.
Han transcurrido 24 meses desde la reforma reglamentaria de los cambios realizados a la Constitución en 2017, pero ésta no es la única novedad en las relaciones de trabajo. Poco tiempo después, se buscó cubrir una asignatura pendiente con uno de los grupos más vulnerados en el mercado laboral: las personas trabajadoras del hogar. La legislación fue reformada en 2019 para blindar los derechos laborales de esta fuerza de trabajo, entre ellos, la seguridad social.
“Los temas de las relaciones laborales se han modificado para tratar de fortalecer la posición de los trabajadores”, señala Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (Incam).
La quietud no es un adjetivo que defina en la actualidad a la norma laboral, que prácticamente todos los años ha tenido modificaciones, como las licencias para trabajadores con hijos con cáncer y el blindaje del salario mínimo, para que sus incrementos nunca estén por debajo de la inflación.
Además de los cambios en la legislación laboral, la seguridad social también ha tenido actualizaciones importantes, el impacto más generalizado es quizá la reforma de pensiones para elevar las aportaciones patronales. En tanto, el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha vivido una transformación para flexibilizar y ampliar el acceso a los créditos.
Nuevo paquete de cambios
En los últimos cuatro meses se han presentado dos de las cuatro modificaciones estratégicas a la LFT. El 2021 le dio la bienvenida a la reforma de teletrabajo, para proteger los derechos laborales de quienes laboran de manera remota, poco tiempo después se promulgó la reforma de subcontratación, para regular la prestación de servicios especializados y prohibir expresamente el outsourcing basado en suministro de personal.
Los retos seguirán siendo, como hasta ahora, que las personas trabajadoras utilicen los mecanismos que todo este paquete de reformas les otorga, dice Alfonso Bouzas. Los sindicatos también tienen grandes desafíos, pues no han sabido actuar sino con viejas prácticas que no tienen que ver con el momento democrático que se vive. “Después de navegar 50 años en un barco que te lleva por un mar tranquilo, si de repente se pone bravo te quedas sin saber qué hacer”.
El alcance de estas dos reformas aún no se refleja en su totalidad. La creación de un nuevo capítulo para regular el trabajo remoto ha generado un choque de interpretaciones, poniendo en duda el cumplimiento en un contexto de pandemia. Mientras tanto, el nuevo régimen de subcontratación inició su etapa de implementación, el cual concluirá en agosto para el sector privado y en enero para el gobierno.
“Ya veremos cómo se acomoda el mercado laboral, qué ajustes hacen las empresas y cómo se van dando los cambios en términos generales”, apunta Arturo Pueblita.
Desde la perspectiva del especialista, es necesario que tanto empleadores como trabajadores tomen en serio los cambios y se asesoren bien sobre las nuevas reglas del juego.
Por su parte, Jorge Sales Boyoli considera que la materia de trabajo es una de las pocas áreas donde las reformas impulsadas por la actual administración se han consumado, y con un impacto relevante.
Ambos especialistas coinciden en que no todos los cambios eran necesarios, al menos no tan drásticamente como el tema de la subcontratación, pero una buena parte de las modificaciones sí lo eran, entre ellas, la nueva justicia laboral.
Pero la política laboral no sólo se acota a las reformas, los últimos tres incrementos al salario mínimo han sido históricos y llevaron su valor general de 88.36 a 141.70 pesos diarios. La meta del actual gobierno es cerrar el sexenio con un piso mínimo de al menos 171 pesos diarios.
Es probable la legislación laboral continúe su actualización en los próximos años, con pendientes como el seguro de desempleo, la igualdad salarial entre mujeres y hombres, el sistema nacional de cuidados y la regulación del trabajo en plataformas digitales.
La Secretaría de Trabajo informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de Guanajuato para que se deslinde a los responsables de los hechos ocurridos en la votación que realizaron trabajadores sindicalizados de General Motors, ya que fue destruido el material para la votación en el primer día del proceso.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que se deslinde a los responsables de los hechos ocurridos en la votación que realizaron trabajadores sindicalizados de la armadora General Motors, ya que fue destruido el material para la votación en el primer día del proceso.
Cabe señalar que el Sindicato, de la CTM, de trabajadores de la Industria Metal Mecánica Siderometalúrgica Automotriz y Proveedores de Autopartes “Miguel Trujillo López”, notificó la celebración de la votación ante la autoridad laboral, con un registro de 6,494; de los cuáles sólo acudieron a votar 3,435 trabajadores.
Por ello, la Secretaría del Trabajo en colaboración con la subsecretaría de Trabajo del Estado de Guanajuato dispuso la presencia de 16 inspectores del trabajo, así como de siete observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la propia Secretaría del Trabajo para que verificaran el adecuado desarrollo de la consulta.
El 21 de abril acudieron los inspectores para continuar con la verificación de la consulta “se percataron que el local donde el propio Sindicato, que lidera Tereso Medina, tenía bajo resguardo el material electoral, las boletas para dar continuidad a la consulta, estaban destruidas, por lo cual no era posible continuar con la votación”.
Cabe señalar que los inspectores del trabajo solicitaron a los representantes del Sindicato la entrega de la documentación de las votaciones ya realizadas para salvaguardar los votos emitidos; no obstante el Sindicato se opuso lo cual fue asentado.
La autoridad laboral lamentó los sucesos, pues “es una grave vulneración al derecho de los y las trabajadores a decidir libremente si respaldan o no el contrato de sus colectivos de trabajo; también a las nuevas reglas de la democracia sindical que establece la reforma laboral”.
Transitar al nuevo modelo laboral, en el que se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, requirió de una mayor partida presupuestal, y la SHCP autorizó 100 millones de pesos adicionales a los 337.4 millones de pesos que se habían destinado para esta finalidad.
Transitar al nuevo modelo laboral, en el que se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, requirió de una mayor partida presupuestal, y en marzo de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 100 millones de pesos adicionales a los 337.4 millones de pesos que se habían destinado para esta finalidad.
Así lo dio a conocer el director general del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo, al presentar el informe trimestral de labores durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo laboral, donde destacó que las entidades con más servicios han sido el Estado de México, con 2,004; seguido de Tabasco, con 1,763, y Durango, con 1,648.
Cabe destacar que el presupuesto aprobado y asignado para el CFCRL para este año asciende a 437.4 millones de pesos, cuya ampliación es para afrontar la segunda etapa de implementación del Nuevo Modelo Laboral. En el primer trimestre del año el CFCRL ha brindado casi 10,000 servicios de orientación y asesoría en materia de conciliación y trámites registrales en general en los ocho estados que opera como parte de la primera etapa de implementación de la reforma laboral.
En la sesión, realizada vía remota, Domínguez Marrufo destacó que conforme al transitorio onceavo del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Centro se hará cargo de los procedimientos de Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, así como de la verificación de estos procesos en todo el país, a partir del 1 de mayo.
“Para este trámite ya contamos con un Protocolo de Legitimación que se aprobó por la misma Junta de Gobierno y está lista la plataforma tecnológica que servirá para que pueda realizarse, de manera ágil, este proceso de legitimación”, enfatizó.
Como parte del informe que presentó ante los funcionarios, el director General destacó que en materia de trámites registrales, personal verificador de las ocho oficinas estatales del Centro ha asistido a 153 diligencias de verificación, relativas a solicitudes de constancias de representatividad y consultas sobre revisión integral de contratos colectivos de trabajo.
La segunda etapa de implementación de la reforma laboral arrancará con la participación de 14 estados que implementarán el nuevo modelo de democracia y justicia laboral, para sumarse a los ocho que iniciaron operaciones en 2020.
