Aunque lento, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) avanza en el proceso para legitimar los contratos colectivos de los trabajadores en los centros laborales, reveló su comisionado sindical en la región, Juan Magno.
Explicó que con la nueva reforma laboral, cada trabajador debe emitir un voto libre y secreto para reconocer al sindicato que lo representa y el contrato colectivo.
“Tenemos hasta el 2023 todos los sindicatos para legitimar los contratos, aquí en Othón P. Blanco creo que somos los únicos que hemos legitimado, ya legitimamos el Fiesta Inn, el día 29 estaremos legitimando el Explorean Kohunlich, que está ahí por Nicolás Bravo”, señaló el entrevistado.
“Creo que en todo el estado de Quintana Roo somos los únicos que vamos legitimando, yo tengo entendido que es para todos los sindicatos, ya cuándo ellos lo vayan a hacer pues desconozco”, agregó Juan Magno.
Para finalizar, dijo que los gremios que no cumplan con este requisito en automático dejarán en libertad sus contratos y abrirán la oportunidad para ser sustituidos por otros sindicatos.
El informe que dio a conocer la Red de Solidaridad de la Maquila confirma el lento avance en el proceso de legitimación, a pesar de los esfuerzos de las autoridades laborales, confirma que la gran mayoría de los contratos colectivos son, de hecho, contratos firmados entre patrones y abogados o dirigentes de federaciones sindicales sin ninguna relación con los trabajadores y trabajadoras del centro de trabajo que dicen representar.
En un análisis sobre la implementación de la reforma laboral, y concretamente del proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, la Red de Solidaridad de la Maquila (RSM) –organización de derechos laborales y de las mujeres basada en Toronto, Canadá– dio a conocer que hay al menos tres debilidades en el proceso que impiden avanzar en la eliminación de los más de 500,000 contratos de protección patronal que se estima existen en el país.
La primera debilidad que identifican es que se confía el control casi total a la organización sindical titular para la realización y presentación de informes sobre las consultas de legitimación; la segunda es la falta de monitoreo por parte de las instituciones estatales de las acciones de los empresarios y sindicatos antes de las consultas de legitimación; y la tercera es la falta de acceso público a la información sobre los resultados de las votaciones y las conclusiones de las investigaciones sobre las denuncias de irregularidades presentadas por las trabajadoras.
Cabe señalar que el documento que presentó la RSM revisó 1,300 votaciones de legitimación de contratos colectivos de trabajo que se celebraron durante los primeros dos años del proceso hasta el 30 de abril de 2021.
En dicho análisis se detectó que hay un número reducido de inspectores gubernamentales, lo que implica que “a menudo no están disponibles para supervisar el proceso de legitimación. Esto introduce un posible conflicto de intereses, ya que el sindicato titular es quien elige y contrata al notario”, y en muchas ocasiones pasan por alto las quejas de los trabajadores sobre el desarrollo en el que ocurrió el proceso de votación.
Cabe recordar que el informe de julio de 2021 de la Junta de Expertos Laborales Independientes en México de Estados Unidos (IMLEB por sus siglas en inglés) también plantó preocupaciones similares sobre un potencial conflicto de intereses y posible corrupción e informó que “el protocolo (de legitimación) permite que un sindicato corrupto contrate y pague a un notario, legitimando de esta manera un contrato colectivo de trabajo y continuando el cobro de cuotas”.
Lento avance
El informe que dio a conocer la RSM confirma el lento avance en el proceso de legitimación, a pesar de los esfuerzos de las autoridades laborales, confirma que la gran mayoría de los contratos colectivos son, de hecho, contratos firmados entre patrones y abogados o dirigentes de federaciones sindicales sin ninguna relación con los trabajadores y trabajadoras del centro de trabajo que dicen representar.
“En la mayoría de los casos, no existe un sindicato activo en el centro de trabajo que inicie y coordine el proceso de votación, por lo que estos CCT difícilmente se someterán a una votación de legitimación”. De hecho, la STPS estima que, debido al gran número de contratos “simulados”, sólo entre un 10 y un 15% (es decir, entre 53,000 y 79,500) de los CCT actualmente registrados se someterán al proceso de legitimación.
Además, explica: «con poco menos de 2,500 contratos votados a partir del 1 de diciembre, será difícil, si no es que imposible, alcanzar incluso este modesto objetivo. En su informe de julio de 2021, IMLEB estimó que se necesitan 125 consultas de legitimación de CCT por día, todos los días, hasta el 1 de mayo de 2023 para alcanzar esta meta”.
A lo anterior, se suma el hecho de que organizaciones sindicales han externado que someter el contrato colectivo a votación puede terminar con la paz laboral y ahuyentar las inversiones.
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) tendrá su proceso de legitimación de contrato colectivo de trabajo, el cual aún está en negociación con la empresa Teléfonos de México (Telmex), por lo que del 20 al 23 de diciembre se llevarán a cabo las votaciones que, a diferencia de otras organizaciones sindicales, aquí sí participarán los jubilados.
De acuerdo con información del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), el Sindicato de Telefonistas que lidera Francisco Hernández Juárez, organizará la votación el día 20 para las instalaciones Matriz; el 21 de diciembre para las Foráneas y el 22 y 23 para los jubilados.
En un mensaje a los trabajadores, Hernández Juárez expuso que harán una pausa en las negociaciones con la empresa, hasta el 14 de enero, ello con el fin de dar prioridad a la legitimación del contrato y que no se ven afectadas prestaciones como el pago de aguinaldo o el fondo de ahorro.
Expuso que la empresa se mantiene con la propuesta de eliminar el programa de jubilaciónpara los trabajadores de nuevo ingreso, ello con el fin de reducir el pasivo laboral, hecho de que no tienen facultades, por parte de la Asamblea, para negociar cambio alguno.
Reconoció que hay grupos opositores al Comité Ejecutivo Nacional que él encabeza, y resaltó que el respaldo se dé al contrato es fundamental para “blindar el contrato colectivo de trabajo y demostrar que es el contrato que queremos lostelefonistas”.
En ese sentido, informó que habrá 30 urnas de votación para la Matriz, y en el caso de la República Méxicana un total de 155 urnas; “necesitamos la mayor participación posible, necesitamos que acudan que de eso depende que nuestro contrato se solidifique”.
Explicó que “hay algunos compañeros que la verdad aparecen siempre y han manifestado expresiones de diferencias frente al Comité, pero ellos con tal de golpear a la dirección, pretenden que la gente vote en contra de su contrato, pero la decisión es de los compañeros, porque en consecuencia, las prestaciones en general se mantienen; en lo individual y ya no hay sindicato”.
Los secretarios generales de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se reunieron este día en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional –ubicadas en la colonia Guerrero de la capital–para abordar, en calidad de urgencia, dos temas: los puntos críticos del contrato colectivo de trabajo en la negociación con Petróleos Mexicanos, y la próxima elección de dirigentes.
Ello a tan sólo 11 días del límite de tiempo para que los acuerdos del contrato entre el Sindicato y Pemex sean revisados y queden resueltos. Ello, en un contexto en el que las negociaciones han quedado empantanadas por las exigencias de recursos para las cúpulas y en el que la administración de la petrolera, a cargo de Octavio Romero y Marcos Herrería –gerente de Administración–, ha sido incapaz de lograr un acuerdo favorable a las finanzas de Pemex debido a la inexperiencia de ambos funcionarios.
En la reunión de los líderes sindicales también se discutió quiénes integrarán las boletas para la elección del próximo sustituto de Manuel Limón, quien relevó al exlíder Carlos Romero Deschamps bajo total libertad. /// Contralinea
En México hay entre 400 mil a 600 mil contratos colectivos de protección. En la imagen, la aduana de Manzanillo. Foto: Cuartoscuro
Denuncian violación de los derechos de los trabajadores mercantes, contratación por outsourcing, bajos salarios.
En México hay entre 400 mil a 600 mil contratos colectivos de protección, esto es, mafias organizadas patronales que violan flagrantemente todos los derechos laborales de los trabajadores que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT) y se defrauda al SAT, Infonavit e IMSS.
“Y nadie hace nada. Esta es la realidad. Queremos que se acabe este esquema de corrupción”, afirmó en conferencia de prensa el capitán Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo de la Orden Marítima de Profesionales Marítimos y Portuarios.
En conferencia de prensa de Organizaciones Sindicales del Mar de México, Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico, se puso de manifiesto que “en los últimos 30 años mantienen una lucha contra los contratos de protección en el sector y, sin embargo, permanecen, sobre todo en la Sonda de Campeche”.
Como ejemplo citaron el caso del Sindicato de Obreros y Empleados de Transportes, Comunicaciones y Similares de la República Mexicana y su relación con la empresa Servicios Corporativos Marítimos, S.A. de C.V. subsidiaria de la firma española Corporativo Boluda, Corporación Marítima.
Este jueves se llevará a cabo la votación de acuerdo a la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer o no la titularidad del contrato colectivo de trabajo, en el marco del T-MEC.
Denunciaron constante violación de los derechos de los trabajadores mercantes, contratación por outsourcing, bajos salarios, existencia del contrato de protección y colusión entre la empresa y el sindicato y amenazas para ratificar su titularidad.
Hablaron del boicot a este ejercicio que tendrá lugar mañana jueves en 7 puertos: Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Salina Cruz, Altamira y Coatzacoalcos. Así, a quienes trabajan en Tampico, los mandaron votar a Coatzacoalcos y quienes laboran en La Paz tendrán que ejercer su sufragio en Mazatlán.
“Buscan impedir que los trabajadores puedan votar. Esperamos que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) esté a la altura de las circunstancias”, dijo el capitán Rodríguez Fritz.
Frente a este esquema de abusos, instancias internacionales como la International Organization of Masters, Mates & Pilots (MM&P), están listas para su defensa, dijo el capitán Don Marcus, presidente de este organismo gremial.
“Los trabajadores de las subsidiarias de Boluda tienen el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Panamá. Los apoyamos porque obtengan el derecho democrático de votar en el recuento de la titularidad del contrato colectivo”, expresó.
De la empresa matriz Boluda, comentó el capitán Rodríguez Fritz, “en España no comete las violaciones que comete en México”.
“Por tanto, la única forma de librarnos de los contratos de protección es denunciarlos”.
“Qué bueno y estamos contentos que el capítulo laboral exista en el T-MEC. Esperamos que sea letra viva y terminar la farsa de violaciones que nadie quiere ver y que todos saben que existe”, aseveró.
El doctor en Derecho Laboral, Pablo Franco Hernández, catedrático del Centro Nacional de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Unión de Juristas de México, A.C., pidió al gobierno federal que reciba denuncias y corrija problemas.
“Nos hemos aproximado a compañeros de Estados Unidos y vamos a denunciar todas las violaciones a los derechos de los trabajadores. Vamos a exigir al Gobierno mexicano que tome medidas para garantizar el principio de neutralidad, que se incorporó en la Ley Federal del Trabajo.
Acerca de los resultados preliminares de la votación que se llevará a cabo este jueves 15 de julio, el capitán Rodríguez Fritz comentó que se tendrán ese mismo día. “La presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitirá el acuerdo”.
El abogado Franco terció y comentó que las partes: sindicato y empresa, tienen 48 horas para objetar o presentar irregularidades y la JFCA deberá emitir un laudo.
Por: Berntha Becerra / El Sol de México 14/07/2021
Para cumplir con la Reforma Laboral de 2019 y el apartado laboral del T-MEC, los sindicatos deben someter a votación de los trabajadores sus contratos colectivos para su legitimación.
En el país se tienen que depurar y legitimar más de medio millón de contratos colectivos de trabajo que están depositados en las Juntas Locales de Conciliación.
Para agilizar estos procesos de legitimación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) puso a disposición de los sindicatos un formato de autoevaluación, que servirá de guía para cumplir con los lineamientos antes, durante y después de los procesos de consulta que debe realizarse a las y los trabajadores sobre el contenido de estos documentos.
El director del Centro, Alfredo Domínguez Marrufo, informó que el formato se encuentra disponible en la plataforma digital www.legitimación.centrolaboral.gob.mx y servirá también de apoyo a los notarios que participen en consultas, y con ello estandarizar los mecanismos de verificación.
Durante su participación en la conferencia “El rol de los notarios públicos en la Reforma Laboral”, recordó que la legitimación de los CCT es un procedimiento que los organismos sindicales deben realizar de acuerdo a la Reforma Laboral de 2019 y de los compromisos en el anexo laboral del Tratado Comercial T-MEC.
Desde el 1 de mayo de 2021, el CFCRL es responsable de los procesos de legitimación, y señaló que el 30 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Protocolo para el procedimiento de los contratos colectivos de trabajo existentes.
Señaló que con la plataforma los sindicatos pueden registrar su evento de consulta y proporcionar información, como día y horario de las votaciones, datos de su sindicato, del empleador, de su contrato colectivo de trabajo para que la consulta se haga en términos de la ley y el protocolo en vigor.
Detalló que un sindicato puede optar por el acompañamiento de un notario como garantía al voto personal, libre, directo y secreto, y, si es el caso, el organismo gremial deberá proporcionar los datos respectivos del notario. Pero el CFCRL además podrá comisionar a personal verificador.
En esta conferencia participaron también el titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martínez Mejía, y el coordinador general de Verificación, Diego Alberto Gatica Noriega, quien explicó que el formato de autoevaluación es una guía útil para atender dudas rápidas de los involucrados en consultas.
Este formato está disponible en un código QR, que se encuentra en la plataforma del CFCRL. Es opcional, pero sirve de guía para cumplir con los pasos a seguir antes, durante y después de una consulta.
A su vez, el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Guillermo Escamilla Narváez, adelantó que este organismo prepara un formato modelo que los notarios podrán seguir para las actas de fe de hechos de procesos de consultas.
El acuerdo de reparación al que llegaron los gobiernos mexicano y estadunidense sobre el conflicto laboral en la planta de General Motors (GM), en Silao, Guanajuato, “es un paso bastante positivo”, ya que retoma varias de las recomendaciones que los trabajadores de la empresa habían hecho y “sienta un precedente” para los próximos procesos de legitimación de contratos colectivos (CCT), señaló en entrevista Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
El jueves, México y Estados Unidos acordaron un “curso de reparación” tras la queja de la Casa Blanca por la “denegación” de derechos laborales a los trabajadores de la planta. Este hecho significó la activación, por primera vez de manera oficial, del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, y ahora representa el primer curso de remediación.
En entrevista, el también asesor de los trabajadores de la automotriz, consideró “inédito” el acuerdo, toda vez que tendrá un impacto, no sólo en la consulta en General Motors, sino en todos los próximos procesos de legitimación de CCT que aún están pendientes de realizar.
El caso de la trasnacional en México “abre una gran interrogación sobre cómo se hicieron los mil 321 procesos de legitimación que ya se realizaron, pues hay muchos sindicatos, como en GM, donde seguramente no se cumplió la normatividad legal para hacer una consulta y que no tuvieron la vigilancia nacional e internacional” como en este asunto, indicó.
A raíz de esto se va a revisar y, si es necesario, actualizar el protocolo de legitimación de CCT, ya que “este caso demostró que hay lagunas importantes” en la aplicación del mismo, dijo.
De la Cueva hizo notar que “tuvo que venir una queja de Estados Unidos y una negociación con ellos para que la autoridad laboral hiciera esta reparación, a pesar de que en reiteradas ocasiones los trabajadores habían denunciado una campaña de intimidación y coacción del voto”.
Ahí hay un problema, apuntó, porque la autoridad laboral “no está interactuando con los actores principales de la reforma laboral, que son los trabajadores”.
Israel Cervantes, ex trabajador y líder del grupo disidente Generando Movimiento, coincidió en que es positivo el acuerdo, aunque mantuvo sus reservas, ya que “el sindicato cetemista nunca ha actuado de manera democrática”.
México y Estados Unidos acordaron un “curso de reparación” a la queja que el gobierno norteamericano interpuso por la violación de derechos sindicales en la legitimación del CCT en General Motors en Guanajuato.
Un conflicto sindical desatado al transitar por las reglas democráticas que ordena la reforma laboral resuelto con un tratado comercial internacional. México se comprometió a un plan de 20 puntos para reparar los derechos denegados a trabajadores y trabajadoras de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato. Este acuerdo es histórico, considera el laboralista Alfonso Bouzas Ortiz.
Israel Cervantes Córdova, extrabajador de esa planta y líder de grupo disidente Generando Movimiento, tiene sus reservas respecto al cumplimiento del acuerdo, aunque recoge parte de lo que pidieron. “Dudo mucho que la empresa y el sindicato Miguel Trujillo López vayan a actuar de manera democrática, porque nunca lo han hecho”, señala en entrevista.
El 12 de mayo el gobierno estadounidense utilizó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) e inició una queja contra GM Silao. Pidió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador investigar si en la votación para legitimar el CCT se habían violado derechos sindicales.
El antecedente inmediato de esa queja se ubica en “el hostigamiento que vivieron los trabajadores de la planta por parte de la empresa y del sindicato para votar a favor del contrato”, recapitula Israel Córdova. Pero la historia es más larga: “Llevamos años pidiendo democracia sindical y a quienes lo exigimos, nos corrieron”, agrega.
Este jueves el gobierno mexicano dio a conocer de manera parcial la resolución que alcanzó con el de Estados Unidos respeto a esa queja. Pero la STPS ya había acreditado “irregularidades graves que afectaron el desarrollo y resultados de la votación”.
El plan busca dotar a los trabajadores de la posibilidad para legitimar su contrato “en condiciones libres y democráticas y para remediar la denegación de derechos de libre asociación y negociación colectiva”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado (SE).
Las tres convergencias
“Es una primera resolución histórica. A partir de un tratado de comercio internacional se toma el tema el trabajo como una de las variantes fundamentales para todo comercio, y obviamente para el mercado internacional”, comenta Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL). Este es “el primer paso para la transformación de las relaciones laboralesen México, ahora los trabajadores son quienes tienen la última palabra”.
Pero para llegar a este punto, en el que trabajadoras y trabajadores denunciaron irregularidades en la votación y su reclamo fue atendido, debieron converger tres esferas, reflexiona el Doctor en Derecho: la reforma laboral, el T-MEC y el cambio de gobierno.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era un tigre sin dientes en materia laboral, señala el académico. Derivado de esa experiencia, en este pacto comercial se incorporaron mecanismos para vigilar los derechos laborales.
La reforma laboral, por su parte, tiene como uno de sus principales objetivos devolver el poder a las trabajadoras y los trabajadores y democratizar los sindicatos, continúa.
Este nuevo régimen de gobierno ha tenido que ver también, agrega. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se reformó la Constitución “porque no le quedó de otra, porque la presión internacional lo obligó”.
Pero luego él, junto con otras personas especializadas en materia laboral empezaron a trabajar en la reglamentación de esa modificación. “Lo pensábamos con temor, porque el aparato tiene sus mecanismos para aplastar”. Ese cambio a la Ley Federal del Trabajo se concretó en esta otra administración.
Las personas trabajadoras en México cuentan con esas tres armas, pero habrá que ver de qué manera pueden activarlas. “Silao es un laboratorio para que, cada quien desde el escenario en el que se encuentre, observe el cumplimiento” de la reforma y del T-MEC, dice el abogado, quien lleva décadas en la lucha por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos laborales.
Algunos de los acuerdos
Según el comunicado de la SE, México se compromete a asegurar que el nuevo voto de legitimación se realice a más tardar el próximo 20 de agosto. También a que:
Inspectores de la STPS acudan a la planta a partir de esta semana “para prevenir y atender cualquier intimidación o coerción”
Garantizar la participación de la OIT como instancia observadora del proceso así como de otra organización mexicana
Establecer una línea telefónica y correo electrónico para denuncias
Y otro punto importante: “Investigar y, de ser apropiado, sancionar a cualquier persona responsable de la conducta que llevó a la suspensión del voto de abril y de cualquier otra violación de la ley relacionada con dicho voto”.
Para Israel Cervantes las medidas son buenas, “pero eso que dicen que van a respetar la democracia y la libertad no es así. Desde hace varias semanas la Confederación de Trabajadores de México (CTM) —a la que pertenece el sindicato Miguel Trujillo López— está tratando de convencer a los trabajadores. Esta semana les regaló carteras por el día de la madre y el día del padre. Es una vergüenza eso que están haciendo”.
Una de las causas de este conflicto es el rechazo de los trabajadores a la CTM, dice Alfonso Bouzas. En este proceso también “se va a detectar la manipulación por parte de la empresa y la forma como la empresa se sirve de la dirección sindical”.
Si al final de la votación los trabajadores rechazan a este sindicato que les representa, mediante el “no” al CCT, “hay que preguntarnos por qué. Y llegaremos a la conclusión de que los mecanismos que han utilizado para legitimarse a sí mismos eran la razón y que han hecho un daño social muy grande”.
Sin duda, apunta el coordinador del OCRL, este proceso que ahora tiene nombre de Silao representa en realidad “un cambio cultural en el que el fraude y la simulación pasarán a la historia y el ciudadano de a pie reivindique la honestidad. Ése es el objetivo último de las reformas, no nada más laboral, sino de política general, que nuestro país necesita”.
Los gobiernos de México y Estados Unidos acuerdan un plan de reparación relativo a la reposición de la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato
El acuerdo es resultado del compromiso de los actores involucrados y representa un triunfo para todos: para los trabajadores de la planta, para la empresa y para la agenda laboral en la región
Hoy mismo la STPS comenzará a implementar este plan de reparación
Hoy, los gobiernos de México y Estados Unidos dieron a conocer que alcanzaron un acuerdo en seguimiento a la solicitud de revisión presentada por EEUU en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TMEC, en torno al proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo del Sindicato “Miguel Trujillo López” en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, el cual fue anulado tras acreditarse irregularidades graves que afectaron el desarrollo y resultados de la votación.
El acuerdo establece que la consulta se reponga antes del 20 de agosto, asegurando que las y los trabajadores puedan votar en un ambiente democrático y seguro.
Este acuerdo bilateral se construye sobre la base de las determinaciones que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tomó con anterioridad sobre el caso, y contribuye a reforzar las condiciones democráticas de la reposición de la consulta mediante mecanismos de observación internacional a cargo de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); con el compromiso de la empresa a desempeñar un papel neutral y de respeto a los resultados, así como del sindicato de reponer la consulta en los términos resueltos por la STPS.
Además, el acuerdo evita la instalación de un panel de arbitraje internacional y la eventual imposición de sanciones comerciales. De implementarse adecuadamente, la empresa seguirá gozando de los beneficios comerciales de pertenecer al TMEC.
El plan de reparación consensuado es resultado del compromiso de los actores involucrados y representa un triunfo para todos: para los trabajadores de la planta, para la empresa y para la agenda laboral en la región.
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Fuente: BOLETÍN Número 068/2021 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)
La legitimación es un procedimiento mediante el cual los trabajadores otorgan o no su respaldo al contrato colectivo que los cubre, este proceso es indispensable para el nuevo modelo laboral en México, afirmó la representante comercial de Estados Unidos.
La legitimación de contratos colectivos es un tema central para el cambio al nuevo modelo laboral en México y el fin de las prácticas pasadas, apuntó la embajadora Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos, durante una reunión con autoridades mexicanas para abordar los avances en la implementación de la reforma laboral de 2019.
La reforma al sistema de justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva estableció la obligación de legitimar los contratos colectivos existentes, un proceso en el cual, mediante voto personal, libre, directo y secreto, los trabajadores otorgan su respaldo o no a las condiciones contractuales que los cubren.
La funcionaria estadounidense resaltó que la experiencia y las circunstancias de la renegociación del T-MEC dejaron en claro que los destinos de México y Estados Unidos están entrelazados y por lo tanto, el éxito de un país, representa el éxito para el otro.
Durante el encuentro, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) subrayó que entre los objetivos del nuevo modelo laboral se encuentra la mejoría del poder de negociación de los trabajadores y garantizar el derecho de la fuerza de trabajo a una defensa expedita e imparcial a través de un sistema de justicia independiente.
“Para ello, insistió en los cambios más relevantes del nuevo modelo laboral, como son los procesos de consulta a los trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto; el impulso a la proporcionalidad de género en las directivas sindicales; la transparencia y rendición de cuentas de los organismos gremiales y la verificación de la autoridad en el cumplimiento de estos procesos”, informó la STPS en un comunicado.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2019 fijó un plazo para legitimar los contratos colectivos, los sindicatos tienen hasta el 2 de mayo de 2023 para cumplir con este procedimiento. Las autoridades han reiterado en diversas ocasiones que, en caso de no legitimarse, el contrato desaparecerá, aunque las condiciones contenidas en este quedarán protegidas en contratos individuales.
Tanto la secretaria del Trabajo como la representante comercial de Estados Unidos coincidieron en que el respeto a los derechos laborales debe ser uno de los ejes rectores del comercio, y que el T-MEC debe traducirse en mejoras de las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores.
Por su parte, Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, apuntó que el organismo a su cargo trabaja en informar a las personas trabajadoras sobre la importancia de la legitimación y sus consecuencias, del mismo modo, se explica a los empleadores su papel en el procedimiento, para que eviten actos de intimidación y obstaculización con el fin de garantizar un proceso democrático real.
Nuestro país cuenta con una red sólida de inspectores para vigilar que los procesos de legitimación respeten las reglas establecidas en la LFT y el protocolo. Entre los servidores públicos de al STPS, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y las secretarías locales, México cuenta con 1,100 inspectores para atender este proceso, de acuerdo con información entregada por la Secretaría del Trabajo a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la negociación del T-MEC.
