Categoría: Opinión

Tiene deficiencias muy importantes la reforma laboral del primero de mayo de 2019. 

Manuel Fuentes /Opinión

Como si tuvieran binoculares, un grupo de expertos ha sido designado por quienes tienen el liderazgo del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y el Comité Asesor Laboral encargado de las negociaciones comerciales en ese país para estar al tanto de los avances o estancamientos en la implementación de la reforma laboral del 1º de mayo de 2019. A este grupo se le llama «Junta de Expertos Independientes del Trabajo en México».
Es un grupo plural, fue designado por diferentes instancias: a) El Comité Asesor Laboral para Negociaciones Comerciales y Comercio Político nombró a Benjamin Davis, Owen Herrnstadt, Daniel Mauer y Jason Wade; b) El Presidente de la Cámara de Representantes a Catherine Feingold y Fred Ross; c) El Presidente pro tempore del Senado a Timothy Beaty y Sandra Polaski y d) El líder de la minoría de la Cámara de Representantes a Stefan Marculewicz y Philip Miscimarra.
Este grupo de expertos independientes tiene la facultad de emitir conclusiones para determinar si México está o no cumpliendo con sus obligaciones laborales, circunstancia de la que podrían resultar sanciones comerciales para nuestro país.

Este grupo independiente recién, el pasado 15 de diciembre, acaba de emitir su primer informe manifestando tener preocupaciones serias con el proceso de aplicación de la ley laboral y cumplimiento de obligaciones laborales, llamando al Comité de Integración Laboral y al Congreso estadounidense a realizar recomendaciones al gobierno de México para que dé atención inmediata.

Para ello este grupo de expertos emitió 8 recomendaciones:

1. Poner fin a la violencia contra los trabajadores. Se debe detener la vigilancia, hostigamiento, amenazas, arresto, violencia física y asesinato de trabajadores en ejercicio de sus derechos protegidos, tanto a nivel federal como estatal. Los esfuerzos de la reforma a la legislación laboral se retrasan cada vez que ocurre un incidente de esta naturaleza.

2. Promover la transparencia. Mientras los trabajadores no tengan acceso efectivo a los Contratos Colectivos, Estatutos e informes financieros de sus sindicatos «será difícil establecer una democracia sindical efectiva». Poner estos documentos en Internet será un paso adelante, pero no asegura su acceso.

Recomienda «monitorear cuidadosamente» la implementación del gobierno de México en la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Ley Federal del Trabajo, incluidos los informes de los inspectores del trabajo, para determinar si se está cumpliendo con la legislación y si los trabajadores pueden obtener, leer y comprender estos documentos.

3. Enfocar la implementación en los sectores prioritarios del T-MEC. Recomienda anticipar la implementación de la reforma laboral en los estados de Nuevo León y Tamaulipas a octubre de 2021 para que el cronograma de implementación revisado se alinee más a la intención del Anexo 23-A.

4. Reformar el proceso de legitimación. Llama a modificar el Protocolo para legitimar los convenios colectivos para: 1) organizar las votaciones por sector productivo, siguiendo un calendario dirigido por el gobierno, 2) proporcionar educación significativa sobre el proceso y las opciones a los trabajadores en ese sector, 3) requerir que los votos de legitimación sean supervisados por el gobierno con funcionarios investidos de autoridad para investigar y corregir violaciones y 4) crear un procedimiento eficiente para que los trabajadores denuncien infracciones.

5. Fortalecer la inspección del trabajo. Recomienda construir un programa sólido y continuo de cooperación entre ministerios de trabajo para fortalecer y ampliar un cuerpo de inspectores profesionales con autoridad y capacidad para identificar, denunciar y sancionar violaciones a la libertad sindical y derechos de negociación colectiva.

6. Aumentar y concentrar el financiamiento estadounidense para desarrollar la capacidad de los trabajadores mexicanos. Sugiere destinar dentro de los 6 meses siguientes al menos 100 millones de dólares del financiamiento del T-MEC no asignado, para desarrollar la capacidad de los trabajadores en organizarse y negociar, incluyendo apoyo legal y de investigación.

7. Hacer responsables a los empleadores. Debe incluirse en la norma jurídica mexicana como obligación de los empleadores el informar y divulgar el sistema de pagos que hacen para mantener los contratos de protección, como se encuentra en las leyes estadounidenses. Señalan que mientras este sistema permanezca igual, la democratización real de las relaciones laborales será difícil, o hasta imposible.

Considera que, si México no hace estos cambios, «Estados Unidos no está excluido de inhibir estas prácticas a través de la legislación que regula el tratado».

8. Mensaje a los trabajadores y empleadores mexicanos. El Gobierno de Estados Unidos y sus representantes en México deben enviar el mensaje contundente de que no serán nunca más «negocios como de costumbre» que violan los derechos de los trabajadores a organizarse y a negociar, a las empresas que producen bienes y servicios en México para exportar al mercado estadounidense. Es apropiado y necesario para el Embajador asegurar públicamente a los trabajadores mexicanos y estadounidenses que estas ganancias no serán por violaciones a sus derechos.

El informe que presentó este grupo de expertos independientes en general hace propuestas importantes, pero también debe considerar que no basta igualar la legislación laboral mexicana con la estadounidense. Las relaciones laborales son distintas y no siempre funcionan igual al no existir un sistema de justicia al menos similar. Es el caso de la Legitimación de los Contratos Colectivos que es una calca de la estadounidense.

Se prevé por este grupo de expertos, considerando datos de la STPS, que este proceso de legitimación alcanzará a lo sumo apenas un 10 o 15% de los 559 mil 969 Contratos Colectivos de Trabajo existentes en México (27 mil 500 a nivel federal y 532 mil, 469 de competencia local), mientras que los contratos de protección simplemente «desaparecerán» (¿?) a partir de mayo de 2023 fecha límite de la legitimización.

La Junta de expertos considera que, en cualquier caso, al ritmo actual que se trabaja la legitimación alcanzaría en promedio un 10% (56,000) del total de contratos colectivos existentes.

Bajo este modelo la mayoría de los centros de trabajo quedaría sin contratos colectivos y ésta ahora es la mejor noticia para los patrones. A ellos se les deberían imponer fuertes multas por carecer de contratos colectivos. No se debe dejar únicamente la carga de la legitimación a los sindicatos, porque la mayoría de éstos son controlados por los empleadores.

Ellos, los patrones, dicen: ¡viva la reforma laboral! porque si bien desaparecen los contratos colectivos de protección, ahora a cambio habrá empresas sin contratos colectivos y ¡eso será legal! Con esa fórmula, los trabajadores quedarán sin protección alguna.

Tiene deficiencias muy importantes la reforma laboral del primero de mayo de 2019, que deben reconocerse, porque permitirá legalmente a las empresas carecer de contratos colectivos. Ellos dirán, la responsabilidad es de los trabajadores y no nuestra.

La reforma laboral exige al Sindicato que pretenda un Contrato Colectivo con al menos un 30% de simpatizantes del total de trabajadores, después obtener la constancia de representatividad por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y finalmente pasar a un proceso de negociación con la patronal que puede tardar años o nunca llevarse a cabo.

Esto únicamente logrará el mundo feliz para los patrones. Facilitará un proceso de desgaste y despidos en perjuicio de los trabajadores y anulará la libertad sindical y la negociación colectiva. Esa no fue la pretensión de la reforma laboral que se diseñó en mayo de 2019.

La reforma laboral todavía camina por veredas llenas de obstáculos para lograr la ansiada democratización de las relaciones laborales en México.

Por: La Silla Rota 23/12/2020

Fuente: https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-reforma-laboral-vigilada-por-nuestros-vecinos-del-norte/468441

“La Sección 731 de la Ley de Implementación del T-MEC, el Congreso (de EU) creó la Junta Laboral de Expertos Independientes para México (…) con el propósito de monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral de México y el cumplimiento de sus obligaciones laborales…”.

Lo anterior es parte del primer párrafo con el que la mencionada Junta justifica estatutariamente el Reporte Provisional que emitió el lunes pasado, el cual “se centra en la aplicación de las leyes mexicanas que protegen la libertad de asociación y la negociación colectiva, derechos laborales fundamentales que son elementos esenciales de las reformas de la legislación laboral de 2019”.

El Capítulo III del reporte –Seguimiento y Evaluación de la Implementación de la Reforma Laboral de México y el Cumplimiento de sus Obligaciones Laborales– analiza en su primera parte “la manera y el grado en que las leyes laborales generalmente se aplican en México” y concluye que el sector empresarial ha suprimido los derechos de los trabajadores y contribuido a mantener sumamente bajos sus salarios.

Algo de lo que señala el reporte: “La población económicamente activa de México en el tercer trimestre de 2020 era de 53.8 millones. De esta población, 35 millones son trabajadores asalariados, pero sólo unos 23 millones se definen como empleados formales (…) Sólo alrededor de 4.4 millones de trabajadores están sindicalizados (según datos de 2018), y aproximadamente la mitad de ellos en el sector privado. Un gran porcentaje de trabajadores del sector privado sindicalizados están cubiertos por ‘contratos de protección’ –‘convenios colectivos’– firmados entre empleadores y sindicatos de ‘protección’ dominados por empleadores sin la participación o incluso el conocimiento de los trabajadores que el sindicato pretende representar (…) El propósito del contrato de protección es asegurar salarios bajos y malas condiciones y ‘proteger’ al empleador de tener que negociar con un sindicato independiente y democrático, que insistiría en mejores salarios y condiciones de trabajo (…) la mayoría de los contratos de protección dan a los empleadores una amplia discreción para fijar salarios, horarios de trabajo y otras condiciones laborales. Esto ha significado que millones de trabajadores mexicanos hayan trabajado horas extremadamente largas (las más largas entre los países de la OCDE) por salarios muy bajos (el salario promedio más bajo entre los países de la OCDE), a menudo en condiciones de trabajo peligrosas y sin medios efectivos para reivindicar sus derechos. Combinado con las políticas de anteriores gobiernos mexicanos para mantener bajos los salarios mínimos, el resultado fue que no hubo convergencia con los salarios estadounidenses en sectores como el manufacturero (…) al menos el 75% de los convenios colectivos actuales son contratos de protección (…) Los trabajadores y líderes sindicales independientes que desafían este sistema han enfrentado repetidas veces vigilancia, hostigamiento, amenazas, arrestos, violencia física y asesinatos”.

Después de lo que señala en su reporte la Junta Laboral de Expertos Independientes, no tienen autoridad moral los supuestos líderes del sector empresarial que han arremetido contra el más reciente aumento al salario mínimo.

Por: Eduardo Ruiz-Healy

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-autoridad-moral-los-lideres-empresariales-que-se-oponen-al-aumento-del-salario-minimo-20201217-0141.html

Culiacán, Sin.- En Sinaloa, el acoso laboral o mobbing es un tema que pocas mujeres se atreven a denunciar, sin embargo, se dice que de cinco mujeres por lo menos dos son hostigadas sexualmente en su centro de trabajo, y no denuncian… es un problema soterrado.

El hostigamiento o acoso sexual lo sufre desde una doctora, hasta una empleada doméstica y el temor es el mismo: guardar silencio para no perder el empleo.

Las palmadas en las pompis, o las continuas manos en el hombro que se deslizaban hasta el pecho. También los lascivos comentarios sobre su aspecto o las constantes insinuaciones del jefe es la constante que sufren la mayoría de las mujeres que trabajan y que socialmente está oculto porque cunde la sensación de que si se denuncia, la víctima acabará perdiendo el empleo

La ex senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum, quien empujó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, advirtió que en lo que se refiere a violencia de género hay resultados de encuestas que asustan.

Por ejemplo cita que hay una encuesta reciente que señala que de nueve de cada diez mujeres admiten que han sufrido violencia, pero lamenta que a la violencia laboral casi no se le voltea a ver porque la atención está centrada en feminicidios.

Advirtió que ahora con la pandemia del Covid-19, en la cual ha sobresalido la modalidad de “Trabajo en Casa”, conocida como “Home Office”, en realidad se les está cuadruplicando la carga laboral a las mujeres.

HISTORIA DE CARMEN

Carmen es una mujer que ama su trabajo, es empleada doméstica, se consideraba una mujer feliz es soltera, desea hacer una carrera, quizá para un día dejar de fregar los trastos y manejar una computadora, sin embargo, sus sueños fueron truncados al ser violada por su patrón.

“El patrón dejó de ir a la oficina por eso del Covid-19, trabajaba en su oficina, a veces me pedía que le llevara café. Mi patrona dormía hasta muy tarde, pero al patrón le dio por trabajar desde temprano, al principio, apenas levantaba la cara para decirme dónde le pusiera el café”, señala.

Sin embargo en el mes de mayo, la situación se empezó a tornar difícil, recuerda que sentía la mirada en su cuerpo, luego, le empezó a agarrar la mano, posteriormente ya eran caricias más subidas de tono, hasta que fue tomada por la fuerza.

“Lo único que hice, fue abandonar la casa, andar por la calle sin rumbo. Me desgració, perdí el trabajo, el sueldo y todavía no sé qué hacer, pero no lo denunciará por nada del mundo…”

Quien se atrevió a denunciar el acoso que sufren las mujeres policías fue el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Mario Rafael González Sánchez.

El diputado denunció el año pasado que muchas mujeres policías eran acosadas sexualmente en su centro de trabajo, incluso hubo policías que acudieron con el rostro cubierto y con testimonios apoyaron la denuncia del legislador.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Carrillo, lo negó rotundamente al asegurar que no existía denuncia formal en las instancias correspondientes.

FORO

Recientemente en el foro virtual “Violencia de Género en el Ámbito Laboral”, que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, se remarcó que el acoso, la discriminación y las agresiones en el ámbito laboral son muy marcadas, pero poco visto, y aunque hay normas y medidas aplicadas, éstas no son lo suficiente.

La diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Sinaloa, advirtió que los esfuerzos para prevenir la violencia de género no han permeado lo suficiente pese a la aprobación de normas, la construcción de herramientas y el establecimiento de diversas medidas.

“De acuerdo a encuestas, el 50 por ciento de las víctimas de acoso laboral son mujeres, y el 65 por ciento ha señalado que han sido testigos de esta violencia por parte de sus jefes jerárquicos”, indicó.

La ley federal del trabajo expresamente prohíbe en todo momento, que los patrones o sus representantes realicen actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo, así como permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo.

Por: Irene Medrano Villanueva │El Sol de Sinaloa

Fuente: https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/abuso-sexual-en-el-trabajo-una-realidad-que-no-se-denuncia-6125114.html

Los encuentros que se están llevado a cabo entre el Ejecutivo y el sector empresarial con motivo de la Iniciativa para eliminar las prácticas de subcontratación injustas, desleales y nocivas, resultan de la mayor importancia para el desarrollo social y económico del país.
Durante los gobiernos anteriores, tuvieron lugar reformas que conformaron un sistema jurídico a modo para privilegiar los intereses de unos cuantos, en detrimento de los derechos y la calidad de vida de millones de trabajadoras y trabajadores, así como de la hacienda pública. La reforma laboral de Felipe Calderón de noviembre de 2012 fue incorporada como una de las estructurales del oscuro Pacto por México entre PRI, PAN y PRD.

El outsourcing o subcontratación consiste en que una empresa contrata a otra la prestación de un servicio, siendo esta última la que funge como patrón. Este modelo laboral surgió en el mundo derivado de las necesidades de los mercados; sin embargo, en nuestro país se ha utilizado para cometer actos ilícitos; paradójicamente al amparo de la propia Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, para evadir obligaciones patronales, pagar salarios menores, no dar estabilidad laboral, seguridad social, reparto de utilidades ni prestaciones de ley a los trabajadores, así como evadir impuestos. Es decir, este modelo se ha utilizado para ocultar la verdadera relación laboral que existe entre las empresas y los trabajadores, con lo que las empresas obtienen ganancias adicionales al “ahorrarse” un pago justo al trabajador y los impuestos.

La subcontratación abusiva y los modelos de intermediarismo existentes abarataron la mano de obra y generaron una competencia desleal hacia las empresas que sí cumplen con todas sus obligaciones patronales y fiscales, ya que sus costos de producción no pueden competir en el mercado con las mismas ventajas. Pero, sobre todo, se ha precarizado el trabajo y el salario, provocando una creciente pobreza y grandes desigualdades que han lastimado a la clase trabajadora.

Es claro que necesitamos transitar al igual que el resto de las naciones, hacia novedosas formas contractuales que mejoren la competitividad y aumenten la productividad, incluido el trabajo a distancia, y una diversidad de maneras híbridas de laborar. El hecho es que no podemos seguir permitiendo que el común denominador sea la precarización laboral, más cercana a las épocas feudales que a la era del conocimiento que caracteriza al siglo XXI.

Desaparecer la simulación de las empresas, de los sindicatos y de las cooperativas, significa desaparecer la evasión de impuestos, las facturas falsas y el maltrato laboral. Desafortunadamente quienes en nuestro país están contratados mediante outsourcing no gozan de reparto de utilidades, aguinaldo, incapacidades, servicios de salud, posibilidades de una jubilación, créditos para vivienda y estabilidad en el empleo; por supuesto no tienen derecho de huelga ni a ninguna otra prerrogativa de ley. Dicho de otra manera, a esas trabajadoras y trabajadores sus empleadores, los corren, les pagan, los recontratan, y los tratan como se les da la gana porque saben que están en el desamparo absoluto.

De acuerdo con los datos oficiales, 4.6 millones de personas en nuestro país están contratadas bajo estos modelos ilegales. En 2019 las pérdidas para el SAT aproximadamente fueron de 324 mil millones de pesos y para el IMSS de unos 21 mil millones. Cifras que revelan la magnitud de la problemática y la importancia de las modificaciones que están en puerta.

Desde este espacio levanto la voz en favor de la clase trabajadora de México; me sumo a las muchas voces que desean que pronto exista consenso para eliminar modelos laborales leoninos e inhumanos, para construir en unidad nuevas relaciones laborales que tengan como base la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de México.

Por: Paola Félix Díaz

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-felix-diaz/en-defensa-de-la-clase-trabajadora