La reforma avanza en romper con una cultura de opacidad y manipulación sobre los derechos laborales
Esta consigna articuló la primera campaña electoral de la izquierda tras la reforma política de 1977 que abrió paso al registro de distintos partidos políticos. Se ponía en el centro de la discusión la necesidad de avanzar en el ejercicio de los derechos y las libertades políticas, así como en el combate a la desigualdad.
En México prevalecía un agotado sistema político, encabezado por un presidencialismo autoritario, soportado en un partido hegemónico y el férreo control corporativo sobre todas las expresiones del movimiento social, que en el ámbito sindical se ejercía bajo el “charrismo” impuesto desde los años cincuenta tras la represión a la huelga ferrocarrilera.
Era la antesala del neoliberalismo, que conculcó la democracia sindical, deprimió el poder adquisitivo de los salarios y que, junto con ello, alentó la informalidad laboral, el crecimiento indiscriminado de los contratos de protección y la precarización del trabajo. Esto trajo consigo una caída drástica en el poder de consumo de los trabajadores en un 70% entre 1980 y 1994, año en el que los incrementos al salario mínimo mantuvieron un estancamiento, bajo la premisa que el aumento a los salarios provocaba inflación, hasta 2019, cuando inicia un proceso de recuperación en términos reales, al registrase durante cuatro años consecutivos, incrementos por encima de la inflación, lo que ha permitido recuperar un poder adquisitivo similar al de 1984, al crecer el salario mínimo en 71%, pasando de 88.36 pesos en 2018 a 172.87 pesos en este 2022, lo que no sucedía en los últimos 34 años.
El trabajo dignifica la vida de las personas. Ésta pasa por la dignificación de la persona trabajadora en su espacio laboral, en el reconocimiento de su labor, su condición de género, por una sana relación obrero patronal y por la importancia de reconocer la organización obrera para tener condiciones justas de trabajo.
La reforma impulsada en 2019, ha sido fundamental para sentar las bases para una verdadera justicia laboral. Con ello, se abrió la ruta para saldar una deuda histórica con las personas trabajadoras para frenar la pauperización de la fuerza de trabajo en el neoliberalismo. Dentro de esta reforma destaca el enfoque de género e inclusión con el reconocimiento a las personas trabajadoras del hogar y jornaleras agrícolas, el cambio del régimen de subcontratación, el teletrabajo y los derechos a vivienda, seguridad social, así como la libertad sindical y la conciliación en conflictos laborales.
La reforma avanza en romper con una cultura de opacidad y manipulación sobre los derechos laborales, eliminar el clientelismo, garantizando la participación de las personas trabajadoras en la negociación colectiva, garantizar acceso a la justicia laboral y a mecanismos de conciliación que permitan desahogar los conflictos laborales de manera más expedita. Muestra de ello es que hasta el 18 de enero de este año se han resuelto el 76% de los conflictos laborales a través de este mecanismo.
Un avance sin precedente, es el impulso a la democracia sindical, al favorecer la participación obrera en los contratos colectivos y con ello aumentar las capacidades organizativas que dan voz para tener espacios de trabajo adecuados, salarios y condiciones laborales dignas. En este sentido se han validado 2 mil 951 contratos colectivos de trabajo, consultándose a un millón 123 mil trabajadores. Ejemplo de ello es la primera revocación de un Contrato Colectivo de Trabajo, es el caso de la empresa General Motors en Silao, Guanajuato, tras la consulta a los trabajadores, al igual que las elecciones en el sindicato de Pemex a través del voto personal, libre, directo y secreto, para elegir a sus dirigentes.
Por otro lado, se han realizado mil 195 registros de revisión salarial; 944 convenios de revisión salarial; 511 sustituciones patronales, que garantizan el reconocimiento de la antigüedad y derechos de las personas trabajadoras; 213 revisiones integrales de contratos colectivos y cerca de 700 registros de reglamentos internos de trabajo.
Los derechos laborales son fundamentales para transformar las estructuras económicas de desigualdad en nuestro país. Romper con la corrupción, el corporativismo sindical, los contratos de protección, garantizar la libertad de asociación y la democracia en los sindicatos, son condiciones básicas para dignificar el trabajo en su sentido más amplio.
Alejandro Encinas
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Ya no quieren saber nada del nocivo legado que dejaron los semptiernos “caciques” Joaquín Hernández Galicia (a) “La Quina” y Carlos Romero Deschamps, dueños de vidas y almas de los trabajadores petroleros a base de intimidación, despidos, condicionamientos laborales y venta de plazas, en un mar de corrupción que alcanzó hasta funcionarios de la ahora súper endeudada Petróleos Mexicanos.
Hay incertidumbre de que pude ser más de lo mismo, abrir la elección con lo que mandata la Reforma Laboral, no garantiza que todo sea plano y sin contratiempos, porque sigue operando toda la estructura de Romero Deschamps, una vez que de las elecciones en las 36 secciones sindicales, la oposición sólo logró el triunfo en 3, en tanto que los “caciques” regionales repitieron en el manejo de los destinos de los petroleros.
Ahora ¡realmente le conviene al gobierno de la 4T un cambio y que lleguen opositores?, es una pregunta que flota en el aire, porque lo que menos quiere este gobierno y Pemex son problemas, más aún con todo lo que está enfrentando en el terreno energético, y sobre todo, que el proyecto de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, no enfrente obstáculos como lo que se manifestaron el año pasado, cuando se realiza un paro de más de 25 mil trabajadores.
La pasarela que pretende hacer el Presidente de la República, es más un montaje teatral para que supuestamente se conozca a los candidatos a dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, lo cual es una clara “injerencia” en el proceso electoral por parte del Presidente; porque la Reforma Laboral marca los tiempos de cómo deben actuar los contendientes, no calificar o exhibir a quienes van a participar en la elección.
Ante esto la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde y el Director del Centro Federal de Conciliación, Alfredo Domiínguez Marrufo, están permitiendo que el Jefe del Ejecutivo les haga la tarea, cuando eso es un manejo discrecional para hacer una pasarela en la que se califique al bueno y al malo.
Pero el juego está abierto con claras señales de que los grupos opositores le pueden pegar al malévolo de la película, en este caso Carlos Romero Deschamps, que representa al tan odiado por la 4T sindicalismo “charro”, pero ni tanto, porque renunció en medio de presiones de este gobierno, con jubilación, pero sin ninguna investigación sobre su fortuna millonaria, lo cual es todo un velo de misterio del por qué se fue intocable cuando el Presidente su vadera central es contra la corrupción o hubo negociación para dar paso al libre manejo por parte del gobierno, en un sindicato que es estratégico para Pemex, el país y el gobierno.
Las baterías están enfocadas en que los grupos opositores si le pueden pegar al “charrismo” sindical en Pemex, aunque hay las dudas de que sea la misma medicina aunque con tintes democráticos para evitar que los trabajadores se agiten y seguir con un manejo terso, tal como sucede en la Comisión Federal de Electricidad, donde el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la R.M., que encabeza Víctor Fuentes del Villar, desde hace más de 20 años, está de rodillas y sumiso a lo que maque Manuel Bartlett y menos oponerse a lo que viene de la Reforma Eléctrica.
DE TODO UN POCO….CUAUHTÉMOC….La Alcaldesa Sandra Cuevas, se acaba de anotar un paso importante al ser aprobado por su presupuesto para el 2021, por parte de los concejales de la demarcación, lo que le permitirá trabajar con más decisión en favor de los problemas que enfrentan los más de 550 mil habitantes en materia de seguridad, recreación, educación, actividad económica y todos los rubros atendidos en menos de 100 días de estar al frente del gobierno de esa demarcación….COYOACÁN….El gobierno que encabeza Giovani Gutiérrez, en Coyoacán, sigue firme en acabar con el vicio que representan las famosas “chelerías” y “toritos” que ua cualquier persona vendía licor y hasta pulque en las puertas de sus casas, como si nada pasara y esto porque desde que estaba el ex futbolista metido a político y ahora remedo de la política, Manuel Negrete, permitió este tipo de negocios y claro, pues ya se sentían “jefes” en los tianguis y en sus casas, bueno hasta un estacionamiento lo había habilitado para vender vicio, estas acciones sin duda encabezadas por el Secretario de Gobierno, Obdulio Ávila Mayo, son las que quieren los coyoacanenses…..FOVISSSTE…Pues resulta que en la entrega pasada comentamos que un funcionario gandalla de Fovissste pretendía quitarles el “turno opcional” a los más de 700 trabajadores, lo que causó indignación y mentadas de maunser a este funcionario que ya todos conocen, todo por quedar bien con sus superiores, pero es de sabios rectificar, y ya comunicó a los trabajadores que nada cambia, todo sigue igual, ahora falta que cumpla, y como decía la canción del Divo de Juárez ¿Pero qué necesidad?. Hasta la próxima.
La reforma laboral alcanzó algo no previsto, el consenso entre los factores de la producción: patrones y trabajadores, resaltó el magistrado presidente delTribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez, durante su primer informe de Labores 2020-2021.
“Hace tres años dije aquí, la Cuarta Transformación nacional no es un proyecto ni un plan ni mucho menos un discurso, es un proceso gestado en las entrañas mismas de la sociedad mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador escudriña los sentimientos de las diferentes capas sociales que conforman al pueblo de México”, añadió
Tras destacar que la democracia integral pasa necesariamente por la democracia sindical, el magistrado presidente comentó que se continuará el año próximo con esta tarea que requiere diálogo, acuerdo, conciliación y convicción democrática, detalló que los trabajadores son una energía indispensable para continuar el proceso de la transformación nacional”.
Manifestó que se concluyeron definitivamente 11 mil 477 expedientes, se recibieron por nuevo ingreso 10 mil 286 y expresó que se logró que en 827 asuntos, el laudo fuera ejecutado –el cumplimiento de estas resoluciones representa un pago de 269 millones 978 mil pesos en beneficio de las y los trabajadores.
“Adicionalmente se avanzó en el abatimiento del rezago tradicional, además que se tomó nota de 4 mil 600 trabajadores que libremente decidieron ingresar, renunciar o cambiar de sindicato”, resaltó.
A la ceremonia asistieron el secretario deGobierno de la Ciudad de México, Martí Batres en representación de la Jefa de Gobierno, como representante del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el titular de la Unidad de Gobierno, William Sebastian Castillo Ulín, y la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján.
Indicó que la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado tramitó 5 mil 77 juicios, 3 mil 944 asesorías a trabajadores y sus beneficiarios. Abundó que también se logró la conclusión de 722 juicios laborales, y se celebraron 4 mil 199 convenios conciliatorios, cuyo monto asciende a 896 millones 508 mil pesos.
Morales Vázquez, subrayó que se aprobó una nueva Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del TFCA; y la firma de cartas de intención para el convenio de colaboración entre dicho tribunal y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a fin de garantizar igualdad de género, prevención de las violencias, equidad laboral y respeto a los derechos.
Externó que el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés aprobó las buenas prácticas en materia de ética pública; se publicó el Decálogo de Integridad y se recibió capacitación por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
En su intervención, el titular de la Unidad de Gobierno, William Sebastian Castillo Ulín, indicó que las personas servidoras públicas del gobierno federal son un pilar fundamental en las acciones orientadas para fortalecer y consolidar la transformación del país.
“En su esfuerzo y capacidad, en su talento y creatividad está la sensible tarea de implementar en tiempo y forma las decisiones políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Recordemos que la cultura de la legalidad es una dinámica que permite la construcción de ambientes laborales armónicos mediante el fortalecimiento organizacional basado en el respeto a la norma, el rechazo a la ilegalidad y a la corrupción, reforzando especialmente el comportamiento acorde al código de conducta, la política organizacional para prevenir riesgos y finalmente, evitar actos de ilegalidad y corrupción. Los resultados de una cultura de la legalidad en las empresas se traducen también en el fortalecimiento de la seguridad y la civilidad, así como en la consolidación de la paz y en la promoción de los derechos humanos.
Desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) hemos sido muy conscientes de ello y es por eso que consideramos que las empresas son actores fundamentales en este movimiento. Desde hace más de 10 años, en MUCD hemos colaborado con distintas empresas fortaleciendo su cultura organizacional, mitigando los actos de ilegalidad, previniendo los factores de riesgos psicosociales, disminuyendo las pérdidas económicas y los costos derivados de acciones ilegales y corruptas.
De manera muy particular, la implementación del programa cultura de la legalidad en las empresas de MUCD ha generado resultados y beneficios visibles para la comunidad y las empresas en las que se lleva a cabo. Particularmente destacan la disminución de acciones ilegales, pérdidas asociadas al robo de materiales, artículos de la empresa, mal manejo de recursos materiales, autorrobos, desviación de fondos, fraudes; además de la reducción de quejas de las y los colaboradores y, sobre todo, de los riesgos psicosociales. Particularmente, en PepsiCo, durante el primer año de intervención del programa de Cultura de la legalidad de las Empresas en el año 2014, la empresa observó la reducción del 80% del autorrobo que realizaban sus propios colaboradores.
Como esta experiencia, nuestro programa ha permitido también la vinculación y el traslado de la cultura de la legalidad fuera de los espacios laborales, especialmente en los sectores público, privado, social y educativo. Con dicha intervención hemos notado que una vez que el programa se implementa en las empresas, se generan nuevos espacios más seguros e incluyentes, se crean buenas prácticas cívicas como el cumplimiento de las leyes de tránsito, del respeto a los reglamentos del uso y cuidado del espacio público, el uso de los mecanismos de denuncia y las alternativas de mediación de justicia cívica para resolución pacífica de conflictos, entre otras. En este sentido, el testimonio de una colaboradora de Grupo HERDEZ ilustra mejor esta experiencia: “Este es uno de los programas que cambian la forma de ver el mundo y te ayudan a ser mejor persona, colaborador y ciudadano… el tener la oportunidad de participar fortalece el compromiso y te deja la satisfacción de que estás ayudando a generar los cambios que necesitamos para que todos podamos tener un mejor futuro”, afirma Angélica Álvarez Soriano, integrante de departamento de formación, de Grupo HERDEZ.
Lo anterior se ha logrado a través de intervenciones adaptadas a cada empresa, en específico a partir de la implementación de una metodología ya establecida de nuestro programa. Éste consta de diez etapas: gestión, diagnóstico, desarrollo de materiales, formación de facilitadores, despliegue, acompañamiento, evaluación, sistematización, desarrollo de materiales post intervención y programa de mantenimiento post intervención. Con esta ruta logramos alinear el comportamiento de las y los colaboradores -en todos los niveles jerárquicos- a sus códigos de conducta y políticas institucionales, generando cultura y cambios actitudinales de largo plazo que no solo previenen actos de ilegalidad y corrupción al interior de las unidades de negocio, sino que transforman la manera en la que las personas perciben la importancia de vivir en un Estado de derecho democrático.
Y aunque desde MUCD tenemos un programa muy clara sobre la cultura de la legalidad en las empresas, no podemos dejar de destacar que el papel central lo tienen las personas: son las y los colaboradores quienes participan, se involucran y replican el modelo de cultura de la legalidad en las empresas. Son ellas quienes posibilitan un mejor ambiente laboral, pero son también ellas quienes mejoran la percepción de inseguridad y la reducción del delito. Aquí, la transferencia de competencias y la disposición entre todos los colaboradores permiten mitigar y prevenir los riesgos psicosociales y los costos derivados de acciones ilegales.
Creemos que vivir en una cultura de la legalidad puede parecer un camino largo y con adversidades, pero reconocemos que siendo constantes, resilientes y dedicados es posible. Mediante esta vía podremos tener empresas socialmente responsables y competitivas que cuenten con un ambiente laboral armónico y sano, y al mismo tiempo, generen espacios más seguros, justos y en paz.
* Luis Adrian Mendoza Villegas es analista de datos en la Dirección de Formación en México Unido Contra la Delincuencia. /// Animal Político
Entre las miles de empresas donde sus trabajadores siguen bajo el yugo de “contratos colectivos” que desconocen, que los sobrexplota y que detentan sindicatos blancos y charros, destaca la planta GM en Silao donde se denegaron derechos y afectó la libertad sindical de los trabajadores. Estados Unidos reclama que el T-MEC ha sido violado. Ahora, ambos países acordaron operar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y que antes del 20 de agosto se reponga la consulta a los trabajadores si aceptan o no el contrato colectivo detentado por un sindicato de la CTM que desatendió la orden de reposición de la misma.
La tristemente celebre CTM cumplió el pasado 24 de febrero 85 años y desde 1941 a la fecha su misión y razón de ser ha sido el arma gubernamental y empresarial para mantener antidemocráticamente controlados y tergiversados los derechos del trabajador mexicano.
La lucha por las libertades sindicales es muy anterior incluso al artículo 123 constitucional. Nuestra historia está llena de ejemplos desastrosos y maravillosos de esa lucha, no siempre contada por periódicos de renombre, pero muchos obreros aún la cuentan.
En las hemerotecas existen, si los hay, pocos periódicos o revistas que fueron eco de la desigual batalla por los derechos sindicales a inicios de la década de los 70. Este artículo de opinión rescata cinco luchas obreras reporteadas y publicadas el 10 de julio de 1972 en el primer número de La causa del pueblo, el cual contaba, no era el único, las luchas obreras, campesinas y populares de aquellos años en cuatro páginas y que los actores y reporteros distribuían nacionalmente.
“Nuevo golpe al matraquero Molina. El sábado 24 de junio, los ferrocarrileros de la sección 22, con sede en la ciudad de Oaxaca, rescataron de manos de los charros el edificio de su sindicato […]miembros del MSF ocuparon los locales […] en unas cuantas horas alrededor de 150 trabajadores se concentraron constituyéndose en asamblea permanente […] la solidaridad con la que cuentan no es un hecho inesperado […] El primero de mayo de 1971 los trabajadores del MSF participaron […] en una columna independiente dentro del desfile. En la tarde del primero de mayo de 1972 el MSF, STERM, MRM, CCI, FTEO; FEO y grupos campesinos y estudiantes llevaron a cabo un desfile independiente.”
“Fracasa Fidel en Morelos. Resulta que los obreros de Textiles Morelos corrieron a 16 charros por haberles comprobado un desfalco de 570 mil pesos y por intrigar contra la unidad sindical. Los sancionaron con castigos de uno a tres meses de suspensión de trabajo y derechos sindicales […] Fidel […] declaró que los perdonaba y que los iba a reinstalar a como diera lugar […] y acusa de comunistas a los dirigentes honestos. Manzano, secretario general del sindicato […] responde: ‘si ser comunista es defender los derechos de los trabajadores, entonces soy comunista’ […] Fidel seguirá diciendo ‘los reinstalaremos a como dé lugar’, pero los obreros han dicho basta. Y eso es lo que cuenta.”
“Carteros y telegrafistas, en el camino de la lucha. 500 trabajadores postales de la sección 1 del DF llevaron a cabo el 23 de junio un mitin frente a la estación ferroviaria de Pantaco. La sección […] agrupa 8 mil 500 trabajadores […] encabezada por Maclovio Rodríguez […] ha venido luchando por un ascenso general de escalafón […] los trabajadores reciben sueldos de mil 50 pesos mensuales […]. En el mitin del día 23 hizo acto de presencia el dirigente local de los telegrafistas, ofreciendo solidaridad [pues] también está en lucha y planteó la unificación de ambos movimientos. […] el secretario de educación sindical ‘No hay quien hable a favor de las clases trabajadoras, pero son los obreros los que producen la riqueza que se queda en manos de unos cuantos canallas que viven a nuestra costa ¿cuántas veces se ha hablado de democracia en México? Pura demagogia, ya no es posible seguir soportando estos salarios de hambre esto que nos están haciendo se llama injusticia […] una semana más tarde (del viernes 30) mil 200 carteros y telegrafistas (gritaron huelga e) invitaron a un mitin en el Zócalo para el viernes 7.”
“El sindicato bancario, a pesar de la represión: El día 13 de mayo […] se llevó a cabo la asamblea constitutiva del Sindicato Nacional de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. […]Participan 114 empleados de […] Bancomer, Viksa, Banamex, Banco de Londres y México, y otros […] todos han sido despedidos sin argumento legal válido […] paleros de los millonarios de la banca publicaron desplegados en los principales periódicos […] se tiene conocimiento que los banqueros intentan promover sindicatos charros […] los integrantes del sindicato han expresado […] mantenerse fuera de las organizaciones charras […] así al margen de la corrupción” “Cuatro informes del STERM, Defender la huelga con la huelga misma.”
Así nació La causa del pueblo, 20 números más salieron antes de unirse a El obrero insurgente y Compañeros el 22 de septiembre de 1973; nace Trabajadores en lucha. 48 años después la CTM continúa vivita y coleando ¿hasta cuándo?
* Doctor en ingeniería de procesos. Organizador sindical en la década de los 70. Autor de Pierden la sonrisa
Desde muy temprano del sexenio federal se ha estado manejando la posibilidad de que se use el voto electrónico en las elecciones sindicales mexicanas.
Hace más de un año, en febrero de 2020, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio para que el INE ayudara a la implementación de la reforma laboral en los aspectos electorales. La reforma laboral de 2019 tiene, desde luego, aspectos electorales: son los electorales en materia sindical. Con el voto se deben ratificar los contratos colectivos de trabajo, y con el voto (directo) se deben elegir a las dirigencias locales y nacionales. En la mayor parte de los procesos sindicales mexicanos estas votaciones se han hecho tradicionalmente a mano alzada, incluso con la identificación del voto de cada sindicalizado electoral (tomando nota de su credencial, asociada a su voto, para las represalias que sean necesarias).
La modernidad ha llegado al sindicalismo mexicano cuando desde el gobierno federal se impulsa que el voto se haga a través de aplicaciones informáticas y se emita desde el teléfono celular del elector sindicalizado, desde la comodidad de su sofá casero. El presidente López Obrador ha dicho que ha propuesto el citado procedimiento a los líderes petroleros desde mayo, y el INE ya está avisado y dispuesto a cooperar.
En la semana pasada se lanzó una convocatoria para elecciones nacionales petrolera que resultó falsa. Desde su hospital covid, convaleciente, la senadora Cecilia Sánchez advirtió que «no se puede emitir una convocatoria sin que hayan salido los lineamientos de la STPS para el voto electrónico, como lo solicitó el presidente de México. Su convocatoria no señala los requisitos que deben cubrir los participantes de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y los Estatutos del sindicato».
Así lo resumió el presidente de la República en la mañana del viernes 25 de junio: «Acabo de dar indicaciones a la secretaria del Trabajo para que la elección sea limpia y libre, que haya democracia sindical. Que sean los trabajadores sin presión de ninguna índole, los que puedan emitir su voto, y ojalá los directivos actuales del sindicato acepten una propuesta para que cada trabajador vote libremente, con un teléfono, una aplicación. Que primero se lance la convocatoria para ver quiénes quieren ser los dirigentes, de acuerdo a los requisitos. Y que la Secretaría del Trabajo decida si cumplen los requisitos. Se da un plazo para que todos los trabajadores sepan quiénes son, sus trayectorias. Ya cuando sepan los 100 mil trabajadores quiénes son, se da un día, o dos o tres, a votar, ya con una clave. «Yo quiero al número uno, o al cinco, o al ocho»; de ahí se cuenta. Se puede proponer a 3 o 5 personas honorables para cuidar todo el proceso, y el que sacó más voto de los trabajadores, ése es el dirigente. Nada de acarreos, o me debes mostrar por quién votaste».
Allí están explícitas las directrices presidenciales para las elecciones petroleras. De inmediato debe saltar la pregunta de por qué el SNTE no está en el discurso presidencial, ni para elecciones seccionales ni para elecciones nacionales, y estas últimas menos que ninguna, y al no estarlo no se sabe si al presidente le interesa que el voto electrónico se aplique al SNTE. En los petroleros el interés por las elecciones está desatado. En el magisterio las cosas están casi muertas. No hay interés por las elecciones nacionales, y son nacionales las que harán los petroleros.
Para las elecciones seccionales del SNTE en Veracruz, hay únicamente dos aspirantes, dos personas que han dicho que quieren ser. Para la Sección 56, Miriam López Cruz, para la Sección 32, Galdino Diego Pérez, ambos de grupos opositores internos pues los candidatos de los grupos en el poder guardan silencio con sus tapados, a la espera, según, de la publicación de las respectivas convocatorias. A Miriam y a Galdino quizá les interese manifestar si solicitarán el voto electrónico en las elecciones magisteriales de las dos secciones del SNTE en Veracruz.
Quizá fijen postura dado que desde lo más alto del gobierno federal se le ven tantas bondades al voto sindical electrónico. Las cifras son parecidas: los petroleros son realmente 92 mil, y la Sección 32 tiene una membresía similar. En la Sección 56 son aproximadamente la mitad. Es hora de decirlo ahora que el gobierno impulsa y el INE apoya con asesoría y equipo. Es hora de saber si el voto sindical electrónico llegará o no para quedarse.
No va a ser un proceso terso la sucesión del nuevo presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX). Se van a dar con todos, los grupos y candidatos que aspiran a dirigir a esa organización de más de 106 mil afiliados. Los diferentes bandos hablan que se está realizando una elección viciada.
Son muchos los candidatos y están enfrentados por ganarle terreno al líder de la sección 1 de Limpia y Transporte que goza de la simpatía de algunas secciones. Pero también los aspirantes que apoyan el directorio de la FSTSE y los del gobierno local…panorama que va a generar un divisionismo pleno.
Las versiones y rumores son tantos que señalan a los ex líderes Enrique Hanff y José Medel metidos en el proceso. Que el gobierno local impulsa a dos candidatas. Y se habla de un caballo negro, Maximiliano García Artega, ex líder de la sección 1.
De acuerdo a fuentes cercanas, la elección será en las primeras semanas de julio, por lo que la campaña electoral será muy corta.
El 23 de junio, a las 10 am, en el Teatro de la República de la sede sindical, se realizará el Congreso General Extraordinario, con dos puntos básicos de la convocatoria lanzada por la FSTSE: Reforma al estatuto y el Reglamento de Elecciones, así como la aprobación del Órgano Colegiado Electoral. Que se integrará por cinco de los delegados presentes.
Ese día se lanzará la convocatoria para elegir al presidente del Único, ajustada a la Reforma Laboral, donde todos tienen derecho a participar.
Uno de los grupos dice que los secretarios están apoyando sin chistar nada, a cambio de permanecer en su cargo, pues varios de ellos no tienen toma de nota y se escudan que FSTSE solicitó la ampliación ante la TFCA.
Comentan que el estatuto sindical no incluye la figura del directorio para la presidencia, sólo para las secciones. Tampoco un reglamento de elecciones.
Que la FSTSE tiene el control del proceso, indebidamente, ya que el SUTGCDMX tiene autonomía sindical, aunque se argumente que 26 secretarios solicitaron su intervención.
Lo cierto es que los delegados al Congreso tendrán la capacidad de decidir sobre la forma en que deberán establecerse las reglas de la elección pendiente desde el 2020, del sindicato más importante de la capital mexicana.
EN ESE TENOR. Esta organización sindical perdió puestos políticos, no tiene representación en el Congreso, tampoco en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
La Sección 22 de la SNTE-CNTE será llamada a elecciones ya pronto, pues se encuentra vencida igual que muchas otras…
Parecería que el voto directo en el sindicalismo mexicano llegó para quedarse con un aplauso generalizado, pero no es el caso. Las reacciones han sido contradictorias.
Por ejemplo, una reciente nota de prensa fechada en Campeche decía lo siguiente: «La elección para renovar la dirigencia de Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se realizaría con el uso de tecnología mediante instrumentos digitales, para evitar aglomeraciones y posibles ilegalidades según propuesta de la Secretaría del Trabajo».
La nota no detalla lo que significa «el uso de tecnologías mediante instrumentos digitales». Quizá se esté sugiriendo el uso de urnas electrónicas en la votación sindical petrolera, que ya viene, a diferencia de la nacional del SNTE que, por ahora, no viene. Sería interesante ver un ejercicio de ese tipo, que ya el INE puso en práctica en las recientes elecciones constitucionales del 6 de junio.
Con un criterio contrario, los resolutivos del Congreso Nacional XIV de la CNTE en Chiapas, efectuado a mediados de mayo de 2021, ponen en entredicho lo que pueden ser las bondades del uso del voto directo y secreto en las elecciones sindicales. Dice un párrafo de esos resolutivos magisteriales lo siguiente:
«Rechazamos la nueva reforma laboral de la autodenominada 4T y el reglamento de elecciones impuesto por la cúpula del CEN del SNTE para el nombramiento de las representaciones seccionales; exigimos el respeto a nuestros procesos, reconocimiento a todas las instancias electas democráticamente de la CNTE, en todas las entidades del país». En otra parte dice: «Rechazamos categóricamente el reglamento de elecciones impuesto por la cúpula del SNTE, para ello se hace necesario que la comisión jurídica de la CNTE instrumente un recurso legal que demande la cancelación de dicho reglamento».
En otro párrafo de la CNTE se pone en entredicho explícito al voto secreto, de quien se afirma que no es la panacea. Dice el párrafo: «Es impostergable democratizar y extinguir al charrismo sindical y todas las estructuras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La modificación de la Ley General del Trabajo, agravia drásticamente el derecho de elegir democráticamente a su representación sindical, poniendo como panacea el voto universal y secreto, sin trastocar la corrupta estructura vertical. Rechazamos categóricamente el reglamento a modo para elegir la representación sindical. Exigimos al gobierno, respeto y reconocimiento a las instancias sindicales y estructuras de la CNTE elegidas en nuestros procesos democráticos para representar a los trabajadores de la educación y sea reconocido su derecho al tiempo liberado para su trabajo sindical».
La Sección 22 de la SNTE-CNTE será llamada a elecciones ya pronto, pues se encuentra vencida igual que muchas otras. En éste párrafo ponen en entredicho el voto secreto ordenado por la ley y rechazan el reglamento que el CEN del SNTE lanzó para procesar las elecciones seccionales en puerta. El SNTE está obligado a lanzar su convocatoria con base en la ley (planillas, urnas en las asambleas delegacionales electivas, voto secreto y directo). A la CNTE no le parece el procedimiento. ¿Qué ocurrirá en este choque de trenes?
Dos renglones del comunicado ofrecen que saldrán chispas del proceso. «Exigimos el respeto a nuestros procesos, reconocimiento a todas las instancias electas democráticamente de la CNTE, en todas las entidades del país» y «exigimos al gobierno, respeto y reconocimiento a las instancias sindicales y estructuras de la CNTE elegidas en nuestros procesos democráticos». Vale decir, sólo cuentan nuestros procedimientos. Este párrafo es atendible por muchos conceptos. La CNTE tiene razón en que el puro voto secreto no trastoca «la corrupta estructura vertical del SNTE».
Pero a pesar de esta atendible opinión, la ley ordena la existencia de planillas, del voto secreto y de urnas en asambleas delegacionales electivas (Ade) con funcionarios electorales nombrados por el CEN del SNTE. El procedimiento es obligatorio para todos los sindicatos, por ley, por la Constitución, e incluso por el T-Mec. La CNTE parece que no desea abandonar su pre-congreso para decidir en una asamblea de una instancia a su próxima dirigencia y por eso pide «respeto a nuestros procesos democráticos». ¿Cómo podrá el CEN procesar todas estas divergencias dentro del marco a que le obliga todas estas rígidas reglamentaciones? Ya pronto veremos la solución.
Sin entrar a la discusión sobre los aspectos positivos del teletrabajo, el objetivo de la reforma apunta promover la estabilidad laboral y pugnar por la reversibilidad. La necesidad de un abono o compensación de gastos.
Comentaba Enrique de la Garza, destacado investigador mexicano de la Universidad Autónoma Metropolitana, recientemente fallecido, que en el siglo XX “La gran crisis capitalista de mediados de los setenta […] fue atribuida por sectores pro empresariales a la rigidez de las relaciones laborales, resultado del largo período de Estado benefactor y keynesiano, que implicó pactos entre Estado, sindicatos y empresas. En esta medida había que flexibilizar el mercado laboral”. Vale señalar, como se apunta en el texto citado, que no se trata solamente de un problema de orden sociotécnico.
Si se analizan sus orígenes podemos coincidir con Chomsky que la salida a la rigidez también tuvo como resultado “el deterioro de la democracia”, que implicó en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido pegarle al movimiento obrero para destruirlo, socavar sus bases de resistencia. Leamos desde esa mirada el Informe de la Comisión Trilateral: “El corazón del problema radica en las contradicciones inherentes relacionadas a la misma frase de ‘lo gobernable de la democracia’. Porque, en cierta medida, gobernable y democracia son conceptos en conflicto”, señalaban Crozier, Hungtington y Watanaki, los intelectuales que realizaron el Informe (La gobernabilidad de la democracia) en el lejano 1973, abriendo una brecha para las políticas neoconservadoras y neoliberales.
Flexibilidad en el trabajo, golpeteo a la democracia y rehechura, para ser consistentes, de un Estado con menos tutela estatal y disminuyendo los marcos regulatorios. En América Latina la imposición estuvo cargada de violencia, desde la literalmente ejercida a balazos (las experiencias golpistas en Chile y Argentina), así como la aplicación a rajatabla de la flexibilización unilateral en México, aprovechando las estructuras corporativas y la “consciencia subordinada” (Arturo Anguiano) del proletariado.
Esta flexibilización del trabajo se vivió en los cambios legislativos a la Ley Federal del Trabajo, en el rasurado de los contratos colectivos de trabajo (CCT), y en una realidad laboral donde los derechos laboral-sociales eran mutilados o inexistentes, al dominar los bajos salarios, la eventualidad laboral, la subcontratación, la polivalencia, la reducción de la bilateralidad sindical, la introducción de esquemas de bonos por productividad y calidad, que entre sus afectaciones producen la invisibilización de lo colectivo, el realce de lo individual y la constitución de nuevas formas de vigilancia en donde los propios trabajadores, en condiciones organizacionales específicas, juegan un papel activo. Este es un resumen apretado, de una realidad laboral mexicana que en pasos iniciales el actual gobierno pretende cambiar. Destacan cuatro aspectos.
1. El aumento al salario mínimo -no en la misma proporción a los salarios contractuales- impacta a la población trabajadora más empobrecida, en particular a las mujeres, que son las que se ubican en los espacios del trabajo con menos retribución salarial. En enero de 2019, inaugurándose la acción del gobierno actual, la retribución salarial mínima pasó de 88.36 pesos a 102.68 pesos diarios. En 2020 tuvo un alza de 16%, que se tradujo en un salario de 123.22 pesos, llegando en 2021 -pandemia mediante-, a 141.70 pesos. Lo que perciben los trabajadores del salario mínimo no se dirige a paraísos fiscales ni se destina a la compra de dólares, va a cosas simples: comprar las cosas que se requieren para la casa en los establecimientos del barrio, es decir, reactivando la economía de otros sectores empobrecidos. No es desdeñable el aumento a los mínimos.
2. La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue aprobada por el Senado en abril de 2019. En un país donde las dirigencias sindicales se han enraizado en algunos casos, formando como planteaba Lipset minorías compactas -oligarquías sindicales y pesadas burocracias-, a la par de la existencia del denominado sindicalismo de protección, que era posible por el contubernio entre las centrales sindicales, los patrones y las autoridades del trabajo, la reforma a la LFT abre una ventana a la democracia sindical. Veamos parte de sus alcances. Los trabajadores podrán decidir, sin la atadura de la cláusula de exclusión, a qué sindicato se afilian, abriéndose una metodología horizontal para alentar y transparentar la participación sindical: las decisiones centrales deben ser tomadas -por ejemplo, la acción de huelga o la elección de un nuevo comité ejecutivo, o las modificaciones al CCT- directamente por los trabajadores. Ya existían en muchos sindicatos mecanismos para la toma de decisiones, a través de nombrar en asambleas a delegados (en otros, estos mecanismos estaban ausentes, por lo que prevalecía el autoritarismo), pero el paso que se da en la nueva LFT profundiza la democracia en la vida sindical. Esto es un reactivo frente al sindicalismo de protección, en el que los propios trabajadores ni sabían que tenían sindicato ni conocían por supuesto a los pseudo dirigentes instalados por la alianza corporativa. El terror de la práctica sindical autoritaria de tomar decisiones a mano alzada -que era una forma de visibilizar por ejemplo a la disidencia sindical, con los costos de violencia que podía implicar-, se anula, lo que aligera las presiones que vivían los trabajadores en los procesos de toma de decisiones. Como en el caso del aumento al salario mínimo, los cambios en la LFT no son desdeñables, pueden modificar el sistema de relaciones industriales. Un país de ciudadanos, no de súbditos, en el que los trabajadores participen pensando en su materia de trabajo -condiciones y medio ambiente de trabajo-, así como en sus condiciones de vida en general, es una premisa necesaria para rehacer la lastimada cohesión social.
3. Cambios en materia de subcontratación, aprobados por el Senado en abril de 2021. Para comprender su alcance van algunos datos: en una breve línea del tiempo, en 2010, los trabajadores eventuales llegaban al 12.97%, en 2021 alcanzan el 14.36%. Un trabajador eventual no puede proyectar su futuro. Agreguemos a este dato otro aspecto, el referido a la antigüedad en el trabajo de trabajadores subordinados remunerados. Revisando datos también desde el 2010 hasta el 2021, aunque se trata de una historia que desborda este marco temporal, una cuarta parte de los trabajadores manifiesta que su antigüedad laboral es hasta un año, en tanto de 2 a 5 años el promedio alcanza a un 36%, que no indica que la mayoría se ubique en el extremo de los cinco años, pues está desagregado en cada uno de los años referidos. En su conjunto, entonces un poco más del 50% de los trabajadores, resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, señala que su antigüedad va desde hasta un año a los cinco años, como una historia que se repite paulatinamente.
Por su parte, directamente los trabajadores que dicen ser contratados por una firma para trabajar en otra, esto es, la subcontratación (tercerización) registrada en los Censos Económicos (INEGI), mientras en 2003, de cada 100 trabajadores 9 estaban subcontratados, en 2008 se encuentran en esta condición 14 trabajadores. Los censos económicos de 2013 registran 16,6% y en 2018, 17,3%; como apreciamos, son la continuidad de una historia diseñada desde el capital. Reconociendo el tamaño del problema, que alude a la fragmentación de los derechos laborales de los trabajadores, así como alentaba prácticas de evasión fiscal por parte de las empresas, la iniciativa de AMLO aprobada en el Senado afecta intereses de las empresas que habían hecho de la subcontratación un nicho para los negocios. Atención, los alcances de la reforma no ignoran que entre 70 y 80 por ciento, en datos oficiales, por ejemplo, en el contenido en productos finales de manufactura, son realizados con prácticas de subcontratación (externalización), que se permitirán siempre y cuando no formen parte de las actividades principales de la empresa. Era necesario avanzar en la legislación en esta materia.
4. Se aprueban en el Senado en diciembre de 2020, cambios al artículo 311 de la LFT, en materia de Teletrabajo. La Organización Internacional del Trabajo señala en el Manual de Buenas Prácticas en teletrabajo, 2011: “El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular”. En la discusión en el Senado se concretó como “La forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y empleador”. Su intención, regular lo que ya existía, pero que se agudizó con la pandemia.
Sin entrar a la discusión sobre los aspectos positivos del teletrabajo, el objetivo de la reforma apunta promover la estabilidad laboral y pugnar por la reversibilidad. La necesidad de un abono o compensación de gastos (luz, agua, insumos), el derecho al horario flexible, a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la intimidad (violentado en lo ordinario por el capitalismo de la vigilancia) y a la desconexión digital.
Voltear hacia otro lado es una práctica común en parte de la clase política. El descuido de no pensar al salario mínimo, el trabajo eventual, la fragmentación y discontinuidad en las trayectorias laborales, la subcontratación creciente y su efecto inversamente proporcional en la construcción de porvenires desde la perspectiva del trabajador, así como en un teletrabajo que existía sin asumir su modalidad de precarización, fue lo dominante en las políticas laborales en los gobiernos críticos de las prácticas keynesianas (de bienestar), es decir, en los gobiernos que impulsaron prácticas neoliberales (el PRI y el PAN destacan en esto).
No se trata de añorar al pasado, con la idea romántica e ingenua de que “todo tiempo pasado fue mejor”, pero es un ejercicio obligado mirar el pasado, lo hecho, a la hora de los balances. La acción política en materia laboral tiene aciertos. Como decía el compositor argentino Luis Alberto Spinetta: “Aunque me fuercen yo nunca voy a decir, que todo el tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor”.
Cecilia Sánchez García / Columna Invitada / Opinión El Heraldo de México
Con la transformación de la vida democrática del país, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se potenció también la transformación en todos los ámbitos
Con la transformación de la vida democrática del país, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se potenció también la transformación en todos los ámbitos de la vida pública de México, uno de los más importantes está relacionado con la reforma laboral, que contempló la democracia y la libertad sindical.
Lamentablemente, los sindicatos en nuestro país perdieron hace tiempo su objetivo —proteger los derechos de las y los trabajadores— y se desdibujaron para convertirse en gremios a la venta de partidos políticos: los líderes charros comerciaron con el voto de las y los trabajadores, a quienes se les amenazaba o chantajeaba con su trabajo e incluso se les obligaba a acudir a eventos de campaña del mejor postor.
Así el SNTE, el SME, el STPRM, por ejemplo, se convirtieron en agentes que definieron elecciones. La movilización de los trabajadores sindicalizados fue la moneda de cambio para que sus líderes lucraran política y económicamente a costa de sacrificar a su base.
La tarea que emprendimos desde el Congreso de la Unión, y en particular como compromiso personal, hoy se encuentra plasmada en la Ley Federal del Trabajo: la garantía del voto personal, libre, secreto y directo para las elecciones de las dirigencias sindicales —dejando fuera las decisiones a mano alzada— y la transparencia y rendición de cuentas; afortunadamente, los temas que impulsé coincidieron con criterios internacionales contemplados en la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que fueron aprobados en 2019.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició la implementación de la reforma laboral, no obstante, la renuncia del Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, ha puesto a prueba la reforma.
La organización de esta elección es histórica, no sólo por la importancia del STPRM, sino por el reto que implica combatir prácticas que son producto de décadas de corrupción e impunidad y siguen siendo la lógica dentro de su estructura.
Así, quienes somos parte del STPRM vemos con preocupación que los líderes de las secciones siguen imponiendo su criterio, amenazando a trabajadores, condicionando sus derechos y actuando en la opacidad para enriquecerse y servir a intereses ajenos a los del sindicato.
Incluso, hay quienes ya han iniciado campaña sin que quede claro quién los financia. Sabemos que muchas de esas personalidades que hoy se cobijan en el discurso anticorrupción siguen siendo cercanos a Deschamps y fueron cómplices de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos públicos, evasión fiscal y nepotismo, beneficiándose del daño patrimonial contra Pemex y contra México.
Lo anterior da cuenta de que el proceso electoral que se avecina en el STPRM no es fácil, por el contrario, participan intereses muy distintos a los que pretendemos defender. Por ello, es necesario que los trabajadores sean parte activa de esta transformación democrática, que se informen, que tengan memoria, que participen y que voten por el mejor proyecto. De igual forma, a la STPS corresponde garantizar la transparencia y legalidad del proceso y, sobre todo, la seguridad para las y los trabajadores, así como llevar a cabo acciones contundentes para que no se coaccione el voto.
Esta elección pone a prueba la democracia sindical, queremos ejercer nuestro voto de forma libre por primera vez para desterrar a líderes charros y a personajes corruptos que se sirvieron de un sindicato tan grande y tan noble como lo es el STPRM. Que así sea.
