Ciudad Juárez es sede de la segunda reunión con diversos sectores para la construcción del proyecto.
Al ciere de la semana anterior se realizó una sesión de trabajo encabezada por el magistrado presidente Pablo Héctor González Villalobos en compañía de magistrados, consejeros, consejera y directivos del Poder Judicial en conjunto con liderazgos sindicales, académicos, litigantes y empresariales, escucharon diferentes planteamientos de cómo se proyecta operar los juzgados laborales a partir de mayo de 2022 en la entidad.
José Díaz Monarrez, secretario general de la federación regional de la CTM en la frontera comentó que, ”todo cambio implica un proceso de adaptación y en lo general ven con buenos ojos este tipo de actividades”, quien además externó que la convocatoria es magnífica para conocer la operatividad del proyecto.
Por su parte la presidenta de INDEX Juárez, Fabiola Luna Ávila, externó que estas modalidades de trabajo permiten se revisen los puntos que pueden aplicarse en la industria maquiladora, así mismo en el tema de información y capacitación se tiene contacto con la secretaría del trabajo y el comité nacional de INDEX.
La jornada de trabajo comprendió una introducción del tema y posteriormente, de acuerdo a sus ejes de interés, se llevó la reunión a un esquema de mesas de análisis donde los temas fueron normatividad, programación presupuestal, sensibilización, selección y contratación de personal y capacitación.
Maribel Hernández trabajó el año pasado en el estado de Luisiana en una planta procesadora de mariscos con una visa H-2B. Cuando se contagió de Covid-19, junto con un centenar de compañeros, su empleador los despidió y alertó a las autoridades migratorias.
“Fue una experiencia horrible” y entonces decidió presentar una queja ante la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), que finalmente la rechazó. A partir de ello, expresa, “descubrí que como trabajadoras migrantes no nos hacen valer nuestros derechos en cuestiones de salud ni en servicios legales gratuitos”.
Hernández es una de las ocho trabajadoras migrantes cuyos testimonios serán puestos a consideración de los gobiernos de México y Estados Unidos en el contexto de la primera reunión del Consejo de Trabajo, que este martes presentará el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), en virtud del Capítulo 23 (laboral) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Este Consejo se integra por “representantes gubernamentales de alto nivel”, de los ministerios de comercio y trabajo; debe reunirse un año después de la fecha de entrada en vigor del T-MEC (primero de julio) y posteriormente cada dos años.
La primera reunión del Consejo laboral consistirá en dos partes: una sesión privada entre los representantes de los tres gobiernos, donde se abordarán la implementación del Capítulo 23 y sus obligaciones laborales. Y una sesión pública para discutir asuntos relacionados con su instrumentación, donde las autoridades antes mencionadas atenderán preguntas recibidas previamente por escrito.
En entrevista con La Jornada, Evy Peña, directora de Comunicaciones del CDM, indicó que el documento contiene los testimonios de trabajadoras que identifican los problemas prioritarios que enfrentan las comunidades de migrantes, ofrecen propuestas de cooperación bilateral para abordar los abusos y plantean cuestionamientos para las partes del T-MEC.
“Uno de los temas principales es la discriminación de género en los programas de trabajo temporal, de eso se trata nuestra queja. Es muy importante que este proceso sea incluyente, transparente y que sea accesible a la sociedad civil y las personas migrantes”, apuntó.
La especialista comentó que si bien la reforma laboral y la libertad sindical serán dos asuntos fundamentales, “queremos asegurarnos de que el tema de la migración laboral sea un punto de sinergia que pueden abordar en conjunto los gobiernos de México y Estados Unidos”.
Entonces, a partir de las voces y relatos disponibles, “nuestro mensaje es: ¿qué es lo que van a hacer con las historias y preguntas de las personas migrantes?’”
Hernández expuso que “es muy fácil que los empleadores nos despidan”, y como la visa H-2B depende de ellos, no pueden cambiar de trabajo. En estos programas, “los empleadores tienen demasiado poder”.
Luz Hernández, otra trabajadora migrante, secundó: “Al gobierno de Estados Unidos quiero preguntarle, ¿qué planes tiene para dar más movilidad a los migrantes en los programas de visas de trabajo para no depender tanto del patrón?”
Al respecto, Peña señaló que el T-MEC debe ser visto como “una herramienta para la protección de personas trabajadoras de una manera holística e integral”. Y a partir de ello asegurarse de que se están “elevando las condiciones laborales para todas las personas trabajadoras a lo largo del corredor comercial”, incluyendo a los migrantes.
Desde muy temprano del sexenio federal se ha estado manejando la posibilidad de que se use el voto electrónico en las elecciones sindicales mexicanas.
Hace más de un año, en febrero de 2020, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio para que el INE ayudara a la implementación de la reforma laboral en los aspectos electorales. La reforma laboral de 2019 tiene, desde luego, aspectos electorales: son los electorales en materia sindical. Con el voto se deben ratificar los contratos colectivos de trabajo, y con el voto (directo) se deben elegir a las dirigencias locales y nacionales. En la mayor parte de los procesos sindicales mexicanos estas votaciones se han hecho tradicionalmente a mano alzada, incluso con la identificación del voto de cada sindicalizado electoral (tomando nota de su credencial, asociada a su voto, para las represalias que sean necesarias).
La modernidad ha llegado al sindicalismo mexicano cuando desde el gobierno federal se impulsa que el voto se haga a través de aplicaciones informáticas y se emita desde el teléfono celular del elector sindicalizado, desde la comodidad de su sofá casero. El presidente López Obrador ha dicho que ha propuesto el citado procedimiento a los líderes petroleros desde mayo, y el INE ya está avisado y dispuesto a cooperar.
En la semana pasada se lanzó una convocatoria para elecciones nacionales petrolera que resultó falsa. Desde su hospital covid, convaleciente, la senadora Cecilia Sánchez advirtió que «no se puede emitir una convocatoria sin que hayan salido los lineamientos de la STPS para el voto electrónico, como lo solicitó el presidente de México. Su convocatoria no señala los requisitos que deben cubrir los participantes de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y los Estatutos del sindicato».
Así lo resumió el presidente de la República en la mañana del viernes 25 de junio: «Acabo de dar indicaciones a la secretaria del Trabajo para que la elección sea limpia y libre, que haya democracia sindical. Que sean los trabajadores sin presión de ninguna índole, los que puedan emitir su voto, y ojalá los directivos actuales del sindicato acepten una propuesta para que cada trabajador vote libremente, con un teléfono, una aplicación. Que primero se lance la convocatoria para ver quiénes quieren ser los dirigentes, de acuerdo a los requisitos. Y que la Secretaría del Trabajo decida si cumplen los requisitos. Se da un plazo para que todos los trabajadores sepan quiénes son, sus trayectorias. Ya cuando sepan los 100 mil trabajadores quiénes son, se da un día, o dos o tres, a votar, ya con una clave. «Yo quiero al número uno, o al cinco, o al ocho»; de ahí se cuenta. Se puede proponer a 3 o 5 personas honorables para cuidar todo el proceso, y el que sacó más voto de los trabajadores, ése es el dirigente. Nada de acarreos, o me debes mostrar por quién votaste».
Allí están explícitas las directrices presidenciales para las elecciones petroleras. De inmediato debe saltar la pregunta de por qué el SNTE no está en el discurso presidencial, ni para elecciones seccionales ni para elecciones nacionales, y estas últimas menos que ninguna, y al no estarlo no se sabe si al presidente le interesa que el voto electrónico se aplique al SNTE. En los petroleros el interés por las elecciones está desatado. En el magisterio las cosas están casi muertas. No hay interés por las elecciones nacionales, y son nacionales las que harán los petroleros.
Para las elecciones seccionales del SNTE en Veracruz, hay únicamente dos aspirantes, dos personas que han dicho que quieren ser. Para la Sección 56, Miriam López Cruz, para la Sección 32, Galdino Diego Pérez, ambos de grupos opositores internos pues los candidatos de los grupos en el poder guardan silencio con sus tapados, a la espera, según, de la publicación de las respectivas convocatorias. A Miriam y a Galdino quizá les interese manifestar si solicitarán el voto electrónico en las elecciones magisteriales de las dos secciones del SNTE en Veracruz.
Quizá fijen postura dado que desde lo más alto del gobierno federal se le ven tantas bondades al voto sindical electrónico. Las cifras son parecidas: los petroleros son realmente 92 mil, y la Sección 32 tiene una membresía similar. En la Sección 56 son aproximadamente la mitad. Es hora de decirlo ahora que el gobierno impulsa y el INE apoya con asesoría y equipo. Es hora de saber si el voto sindical electrónico llegará o no para quedarse.
El mecanismo de respuesta rápida en materia laboral puede tener como consecuencia el bloqueo de exportaciones o el retiro de preferencias arancelarias del T-MEC de las plantas en donde se identifiquen violaciones laborales y no se repare el daño identificado.
El pasado 26 de junio se agotaron los 45 días con los que contaba México para emitir una resolución sobre si se denegaron o no los derechos laborales de los trabajadores de la planta de la armadora en Silao, Guanajuato, y especialistas afirman que lo más seguro es que se aceptará que hubo fallas en la legitimación del contrato colectivo, por lo que en 10 días naturales el país deberá negociar un plan de remediación.
Ha terminado el plazo para que el gobierno de México responda al de Estados Unidos si existió o no la denegación de derechos contra trabajadores de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, cuando buscaban rechazar su contrato colectivo de trabajo (CCT) en abril. El pasado 26 de junio se cumplieron los 45 días que dicta el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) y especialistas prevén que la resolución será que, efectivamente, la hubo.
Para las autoridades mexicanas, el gobierno de este país se adelantó incluso a la presentación de la queja y tomó cartas en el asunto. Ningún país quiere llegar a una sanción comercial, por ello dieron un paso adelante en el proceso, afirmó en entrevista Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El gobierno de México aceptó la queja que el 12 de mayo envió la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés). Pero desde un día antes resolvió reponer el proceso de legitimación del CCT. En un comunicado indicó que ratificaba “su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva”.
El voto libre, secreto y directo es uno de los pilares de la reforma laboral y del Capítulo 23 del T-MEC. Por ello, las “serias irregularidades” no sólo detonaron la primera reclamación entre gobiernos, sino también la suspensión de la votación, donde el Sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), es el principal protagonista.
Una vez que México presente los resultados de su investigación, inicia una etapa de consultas de 10 días, en la que Estados Unidos señalará si está conforme con el reporte. “En caso de que identifiquemos que sí hubo una denegación de derechos, proponemos un plan de reparación”, dijo Alejandro Encinas. Éste tiene que ser “razonable, proporcional a la falta cometida. Una vez que acordemos, se implementa adecuadamente. En ese momento se acaba el mecanismo laboral y la empresa sigue contando con todos los beneficios comerciales”.
Sin embargo, hay que cuidar el uso de este mecanismo, sostuvo, “porque tienes que equilibrar un buen clima para las inversiones y para la generación de fuentes de empleo. Entonces tienes que administrarlo bien, para que no haya un uso abusivo. Pero, por otra parte, sí coincidimos en que puede ayudar a avanzar en materia de derechos laborales”.
Informó que la STPS realiza campañas preventivas para evitar la activación del mecanismo. “Todavía hay una buena oportunidad para las empresas y, concretamente, para el centro de trabajo; pues no es todo General Motors, es GM Silao el que puede ser objeto de sanción. Los mecanismos de sanción anteriores eran a la cadena de producción de todo un país: al chile, al tomate. Éste ni siquiera es a un producto, es lo que se produce en un determinado centro de trabajo que niega derechos” sindicales.
Hasta la disidencia lo ve llegar
Especialistas que dieron seguimiento al proceso legitimación del contrato colectivo CC-973-2005-XII-2019-7819 afirman que la resolución emitida por la STPS el 11 de mayo es contundente y deja en claro que el sindicato cetemista impidió a los trabajadores manifestar libremente su derecho.
Ben Davis, integrante de la AFL-CIO, la central obrera más importante de Estados Unidos, recordó que si en las consultas los gobiernos no llegan a un acuerdo, entonces se convoca a un Panel Laboral. Comentó que falta el proceso para conocer la sanción, pues el sindicato no entregó copia del CCT a todos los trabajadores. Además, se alteraron las actas de la votación.
La representación de la disidencia sindical confía que el fallo de la STPS señale la denegación de los derechos laborales. Pero, principalmente, espera que en el proceso de remediación se escuche a trabajadoras y a trabajadores, “que son los destinatarios y los principales involucrados”, dijo la abogada Patricia Juan Pineda.
Son tres sus demandas para la reparación del daño: revisión del protocolo de legitimación, con normas más claras, transparentes y eficientes. Luego, una “vigilancia real de la autoridad laboral para que los procesos se efectúen conforme a la ley”, que el monitoreo sea antes, durante y después de la elección.
Más que el día de votación, los días previos y posteriores son “los más peligrosos”. Como prueba, están 15 personas despedidas a raíz de este proceso, una de ellas, embarazada, afirmó. Por ello, la tercera petición son medidas de protección para quienes participan. Adelantó que presentarán “quejas antes las instancias correspondientes contra el Estado mexicano, la empresa y la CTM por no garantizar la integridad de los trabajadores”.
Lamentó que la STPS “desconozca a los trabajadores y al grupo que los representa legalmente”, pues durante este periodo de 45 días le solicitaron información sobre el desarrollo de la investigación, pero no les fue compartida. “Resulta ilógico que excluyan a los trabajadores cuando se resuelve un asunto en el que ellos son los principales involucrados”.
Para la abogada, al hablar sobre la legitimación del contrato colectivo en GM Silao, “debemos entender que es uno de protección patronal, y que sindicato y empresa trabajan a la par para mantenerlo”. En general, esta etapa de la reforma laboral “está mostrado que las legitimaciones no son reales. Los grupos de protección patronal se están fortaleciendo”.
Por: Blanca Juárez y María del Pilar Martínez 28/06/2021
Esto a pesar de que por primera vez los trabajadores elegirán a su dirigente a través del voto libre y secreto.
Este lunes, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) convocaron a una movilización del Palacio de Bellas Artes a Palacio Nacional ante la inconformidad por las reglas impuestas para la elección de su nuevo líder sindical.
Esto a pesar de que por primera vez los trabajadores elegirán a su dirigente a través del voto libre y secreto. No obstante, algunos agremiados denunciaron que se limitó su participación en esta elección, toda vez que 117 delegados impusieron nuevos requisitos para postularse como candidato para este puesto.
Refirieron que ahora para ser candidato “se debe contar con el apoyo y autorización de 8 de los 40 secretarios generales del sindicato”, lo que traería como consecuencia la compra de voluntades por parte de los interesados en participar.
“Esto es una violación fragante a la Reforma Laboral, que se publicó el 1 de mayo del 2019, y lo que nosotros esperamos es que cuando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la reciba, la rechace. Porque solo fue aprobada por los delegados y no por todos los trabajadores”, explicó el ex secretario general de la sección 1, Maximiliano García.
Ante esto, los trabajadores realizan asambleas para planificar otras movilizaciones en diferentes calles de la Ciudad de México, esto aunado a las impugnaciones que presentarán ante las instancias correspondientes.
“Suponiendo sin conceder que comienzo a buscar a los 8 secretarios generales, va a llegar un interesado que tiene dinero y va a decir: yo te compro tu voto, no le des la firma a Juan, Pedro o Luis. ¿Cuál es la democracia? No hay democracia”, concluyó.
El nuevo modelo laboral acabará con el modelo corporativista que durante 100 años ha regido las relaciones obrero-patronales y que ha mermado la competitividad, inversiones y la certeza jurídica para los trabajadores y las empresas, dijo Esteban Martínez, titular de la Unidad para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“El nuevo modelo laboral busca acabar con el viejo sistema que es insostenible y tóxico”, destacó.
Agregó que estamos frente a una reforma histórica y de gran calado que moderniza el sindicalismo mexicano de manera profunda, al establecer mecanismos de democracia, transparencia y equidad de género.
En el marco de una conferencia denominada: “El Rol de los Notarios Públicos en la Reforma Laboral”, Martínez expuso aspectos generales de la participación de los Notarios Públicos en el proceso de legitimación de Contratos Colectivos a fin de garantizar el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores.
Eliel Flores Ángeles, secretario general del SNEPE-PM-SF, señaló que mientras no se elimine el maridaje y conflictos de interés entre las autoridades y las empresas productivas, éstas no podrán avanzar.
Bertha Becerra | El Sol de México
La representación legal del Sindicato Nacional de Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales (SNEPE-PM-SF) solicita por segunda ocasión audiencia con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, para plantearle una serie de anomalías que enfrentan; entre otras, dos tomas de nota emitidas de manera indebida por la propia dependencia al organismo gremial.
“Esto refleja el conflicto de intereses que prevalecen en la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la STPS. Mientras no se retiren entes de maridaje, corrupción y conflictos de intereses en dichas Secretarías de Estado y Empresas Productivas del Estado, sobre todo ésta última, seguirá como hasta hoy: nido de depredadores del erario de la nación”, afirmó Eliel Flores Ángeles a EL SOL DE MEXICO.
El secretario general del SNEPE-PM-SF dijo: Se trata de la toma de nota que se dio a un grupo de trabajadores de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, operados por Jorge Enrique Zárate Castillo, quienes se apoderaron ilícitamente de documentos oficiales de nuestro sindicato.
Entre ellos, la Toma de Nota 7150, Exp 10/15490, Legajo 1 Resolución0222.2.2.-539 del 14 de octubre 2019 y Exp.10/15490, Legajo 1 y Resolución 211.3.3_5357, Folio no.094 de 15 de octubre 2019; así como el original del Acta Constitutiva y las modificaciones al Estatuto, autorizadas en tiempo y forma en octubre de 2019, por la Dirección General del Registro de Asociaciones de la STPS.
Además, se apropiaron del logotipo, lema, emblema, estatutos, registro y toma de nota, y los utilizaron dolosamente para falsear información oficial del SNEPE, con la finalidad de efectuar ilegalmente trámites con fecha del 23 de diciembre de 2019, cuando la STPS se encontraba de vacaciones, “y así obtener una indebida toma de nota en 10 días”.
Puntualiza el secretario general del SNEPE-PM-SF, Eliel Flores Ángeles, ”nuestra toma de nota tardaron cinco años en entregarla, con vigencia del 3 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2024”.
Además, Zárate Castillo obtuvo esa segunda toma de nota sin apegarse al procedimiento de elecciones que establecen los Estatutos vigentes del SNEPE y en violación flagrante de la Ley Federal Trabajo vigente, dijo en el curso de la entrevista.
Y afirmó: “Es nulo de pleno derecho e ilegal su trámite ante dicha Dirección General de Asociaciones de la STPS”.
El secretario también aseveró: “si Zárate Castillo sorprendió a la Dirección General del Registro de Asociaciones con esta apresurada solicitud, ¿por qué resolvió el mismo día que se le presentó? Se estima sospechoso y por ende doloso. Ese trámite es tardado”.
También “es falso que Jorge Enrique Zárate Castillo estuviera legalmente autorizado, mucho menos para ostentarse como secretario general del SNEPE, porque jamás se celebraron elecciones en el domicilio legal de nuestro sindicato nacional, en la Ciudad de México, en los términos que establece la LFT y los Estatutos vigentes”.
Indica que “no puede haber una elección fundada y motivada por el término del ejercicio social, mismo que aún no concluye y que está legalmente autorizado por la propia STPS a mi favor como secretario general”, dijo el propio Eliel Flores Ángeles.
Considera que “por tal motivo, es nulo de pleno derecho el trámite que llevó a cabo Jorge Enrique Zárate Castillo para obtener una nueva toma de nota, por carecer de validez legal”.
Pero no es todo, porque también la Dirección de Asociaciones de la STPS otorgó una tercera toma de nota, para el mismo sindicato nacional con el mismo número de registro 7150, pero ahora a nombre de Juan Carlos García Torres, con base en los mismos documentos apócrifos y falsos y sin considerar los Estatutos que la dependencia ”nos expidió y que obligan a un proceso como es la Asamblea General Extraordinaria para la toma de acuerdos”.
“Todo esto confirma el manejo doloso y de mala fe, además de inapropiado de la Dirección General del Registro de Asociaciones de la STPS al otorgar nuevamente supuesta titularidad a esta persona sin hacer los análisis documentales conforme a nuestro Estatuto vigente, elaborado por la propia dependencia para expedir, después de nuestra legal toma de nota, dos ilegales más”, sostuvo el abogado Flores Ángeles.
STPS especifica la labor de los Notarios Públicos en los procesos de Legitimación de Contratos Colectivos
BOLETÍN Número 062/2021
Ciudad de México, a 27 de junio de 2021
Los Notarios tienen una participación relevante en el Nuevo modelo laboral, que busca terminar con la simulación a través de la legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo
Las autoridades laborales trabajarán de la mano del Notariado para estandarizar los mecanismos de verificación, a fin de garantizar el voto libre, personal, directo y secreto de los trabajadores
El nuevo modelo laboral busca acabar con el viejo sistema que es insostenible y tóxico para la competitividad, las inversiones y la certeza jurídica para trabajadores y empresas, afirmó el titular de la Unidad para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Esteban Martínez Mejía.
Al participar, junto con el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, y el Coordinador General de Verificación del CFCRL, Diego Gatica, en la conferencia “El Rol de los Notarios Públicos en la Reforma Laboral”, organizada en coordinación con el Colegio Nacional del Notario Mexicano, A.C.
Ante los notarios de todo el país, que presenciaron este acto de manera remota, Martínez Mejía subrayó que se trata de una reforma histórica y de gran calado que “moderniza el sindicalismo mexicano de manera profunda, al establecer mecanismos de democracia, transparencia y equidad de género que busca terminar con un modelo corporativista que durante más de 100 años rigió las relaciones obrero-patronales”.
En el marco de esta Conferencia, se expusieron los aspectos generales de la participación de los Notarios Públicos en el proceso de legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo a fin de garantizar el voto personal, libre, directo y secreto de las y los trabajadores.
Asimismo, se compartieron los elementos que el gremio notarial debe tomar en cuenta antes, durante y después del proceso de consulta, en el marco de la Legitimación de los Contratos Colectivos, que contribuye a lograr la transformación del Nuevo Modelo Laboral.
La Conferencia, contó también con la participación del Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Guillermo Escamilla, forma parte de la capacitación que desarrolla la Secretaría del Trabajo en favor de los actores que intervienen en los nuevos procesos de democracia sindical.
Querétaro, 25 Junio 2021.- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Querétaro, José Antonio Ortega Cerbón, dio a conocer que el estado tiene “casi todo listo” para la armonización legislativa y la operatividad de la nueva reforma laboral.
Aseguró que la entidad es de las primeras en bajar el subsidio federal de 32 millones para la construcción de un par de tribunales laborales en Querétaro y San Juan del Río en las dos Ciudades Judiciales; así como para la capacitación de los funcionarios.
Precisó que dicho presupuesto se suma a los cerca de 15 millones que el gobierno del estado ha erogado en esta materia, con lo cual se ejecutarán alrededor 50 millones para los preparativos de la reforma, que entrará en vigor a partir de octubre de este año.
“Estamos avanzando a marcha rapidísima; todo va caminando muy bien. Querétaro es de los que tiene casi todo listo, tenemos la armonización legislativa, ya cambiamos la ley orgánica del poder judicial, ya se contemplan los tribunales laborales, todos sus trabajadores, y fuimos de los primeros estados en lograr bajar el subsidio federal, lo que nos ha podido permitir ya avanzar”, relató.
Asimismo, Ortega Cerbon, indicó que en el mes de agosto se llevarán a cabo los concursos y convocatorias faltantes para el personal de la operatividad del sistema laboral judicial; y en septiembre, se llevarían a cabo los últimos procesos de capacitación.
Puntualizó que el reclutamiento inició con 350 personas que se inscribieron a la convocatoria; de las cuales se han aceptado 288 personas; mismas que tendrán que pasar por los procesos antes mencionados para la definición del personal.
Con estos trabajos, el magistrado estimó un avance total de entre el 20 y el 30 por ciento de la implementación de la reforma “activados todos los procesos, pero en fase de ejecución”, aludió.
Finalmente, José Antonio Ortega señaló que el Poder Judicial iniciaría en la reforma con “carga cero”, por lo que los expedientes que aún se encuentran en trámite, tendrán que ser sustanciados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, siendo alrededor de 15 los que están en poder de dicha dependencia.
El recurso también se destinaron para la fundación de los Tribunales Laborales Locales de Hidalgo. (Foto tomada de Google)
Casi la mitad del recurso se destinarán a la creación del Centro de Conciliación Local que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.
PACHUCA. – Para la creación del Centro de Conciliación Local y los Tribunales Laborales que forman parte de la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en Hidalgo, la federación transfirió al estado 29 millones 137 mil 74.03 pesos.
Así se desprende del convenio de coordinación entre el gobierno federal e Hidalgo divulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Del total de la asignación de recursos, 13 millones 998 mil 795.89 pesos son específicamente para la creación del Centro de Conciliación Local que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.
Mientras que 15 millones 138 mil 278.14 pesos se destinaron para la fundación de los Tribunales Laborales Locales de Hidalgo que estarán a cargo del Poder Judicial de la entidad para la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones.
Debido a que los más de 29 millones serán recursos que provienen del Gobierno de México, no perderán su carácter federal, por lo que su administración, devengo, comprobación, ejercicio y contabilización, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.
Apenas en la penúltima semana de junio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) determinó que el proceso conciliatorio será obligatorio en todos los conflictos laborales a partir del 1 de octubre.
Y, una vez que entre en funciones el Centro de Conciliación Laboral las controversias entre patrones y trabajadores deberán efectuar en este organismo de manera obligatoria el proceso de conciliación prejudicial.
La transferencia de recursos tiene antecedente en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva que se publicó el 1 de mayo de 2019.
Ya que, a partir de la modificación de las leyes se estableció un plazo de inicio de funciones de la autoridad conciliatoria local y tribunales laborales del Poder Judicial de las entidades federativas en un plazo máximo de tres años.
