En los últimos años, la actividad sindical ha crecido en estados del país donde su presencia era tradicionalmente baja. Nuevos jugadores y la agitación en torno a la legitimación de los contratos colectivos han reavivado el interés por la negociación colectiva.
“Estamos viendo un movimiento sindical muy distinto al que traíamos en el pasado. La fiesta se abrió y cada quién empieza a buscar su silla como puede”, aseguró Blanya Correal, directora de la División de Ingeniería Laboral de la firma D&M Abogados. La especialista señaló que las nuevas reglas de negociación colectiva han propiciado cambios importantes en este renglón del mundo del trabajo en el país.
Durante el webinar En la mira los contratos colectivos de trabajo de la firma legal, Blanya Correal compartió un análisis que revela el crecimiento de la actividad sindical en entidades donde el movimiento era tradicionalmente bajo. “Hay un fenómeno interesante, estados como Baja California que tradicionalmente no eran sindicalizados y otras zonas del norte del país hoy empiezan a tener una presencia importante de constancias de representatividad”.
Por ahora, según el análisis de D&M Abogados, los estados con el mayor número de constancias de representatividad –una señal de actividad sindical– son el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.
La constancia de representatividad es un requisito que deben cumplir los sindicatos para demandar la titularidad de un contrato colectivo y poder negociar con la empresa a nombre de los agremiados. Es una de las nuevas reglas de negociación colectiva incorporadas con la reforma laboral del 2019. Para obtenerla deben contar con el apoyo de al menos 30% de los trabajadores.
“La activación sindical no se está moviendo tanto por sectores, sino por estados y regiones”, explicó la especialista. Este panorama, agregó, puede vincularse a lo costoso que puede ser para los sindicatos tener estructuras de administración para los contratos colectivos, porque ahora sí implica generar conexión con los trabajadores. “Invertir en una dispersión geográfica es caro y lo que sale mejor es concentrar todos los recursos en un sólo parque industrial o en una sola región”.
A decir de Enrique García Conde, socio de la firma legal, este comportamiento representa un desafío para las empresas, incluso aunque hayan visto finalizados algunos contratos colectivos de trabajo (CCT) porque no se legitimaron, pues en cualquier momento el movimiento sindical podría retornar a sus centros de trabajo.
“Pensé que algunas organizaciones que no habían legitimado irían a un ritmo más lento, pero el fenómeno es distinto y no está acotado sólo a zonas industriales. De pronto, en lugares pequeños con una determinada industria surgen líderes que se documentan y ven lo sencillo que es formar un sindicato, y cumpliendo con los requisitos, se forma el sindicato”, expuso.
El 1 de mayo pasado venció el plazo para que las asociaciones gremiales registraran las consultas pendientes para legitimar los contratos colectivos, procedimiento obligatorio que consiste en someter al voto personal, libre, directo y secreto el contenido del acuerdo. Los CCT que no fueron registrados ya se cancelaron, lo que ha abierto un escenario para que nuevos actores busquen el apoyo de los trabajadores para una nueva negociación.
Otro fenómeno que se ha observado tras la reforma laboral de 2019, agregó Blanya Correal, es el de los intentos fallidos por legitimar CCT. “Vimos un crecimiento en términos de la cantidad de contratos colectivos que fueron expuestos a la votación de los trabajadores y que no lograron tener un resultado positivo”.
En marzo de 2023, por ejemplo, hubo un poco más de 200 consultas de legitimación donde los agremiados rechazaron su CCT. Y aunque éste pudiera parecer un número pequeño, explicó la especialista en relaciones laborales, refleja el poco arraigo de la vida sindical de los trabajadores, lo que ha dado espacio para el crecimiento de organizaciones independientes.
Mejores salarios, el efecto de la legitimación
De acuerdo con el análisis de D&M Abogados, en el primer trimestre del año, los ajustes salariales para el personal sindicalizado estuvieron casi tres puntos por arriba del nivel de inflación, algo no visto a lo largo del 2022, año con una fuerte alza en los precios al consumidor.
Desde la perspectiva de Blanya Correal, esto puede relacionarse con la intención de algunas empresas de “tratar de vestir” al sindicato para incidir en la legitimación del CCT. El segundo factor es la presión de los sindicatos independientes. “Algunos sindicatos confederados tomaron personalidad como si los hubiese poseído uno independiente”.
Y aunque lograr incrementos salariales superiores a la inflación es algo positivo para los trabajadores, la especialista consideró que se trata de un fenómeno que debe reflexionarse. “El elemento preocupante para mí es ¿qué tan sostenible es este proceso? Porque si el primer año me piden un anillo de diamante, el segundo año, un collar de diamante, para el tercer año ya no sé qué cosa de diamante me van a pedir para mantener la aceptación de los trabajadores”.
“Podemos pensar que esto sólo pasa en la casa del vecino y que no nos tenemos que preocupar y podemos seguir manejando la misma política de incrementos salariales, pero realmente, estos nuevos estándares se consolidan y generan expectativas y ruido en los trabajadores. En las últimas semanas hemos visto centros de trabajo afectados, porque alrededor de su parque industrial las otras empresas se mueven a otro ritmo en la revisión de sus contratos colectivos y a ellas les termina llegando la hora”, compartió.
En ese sentido, consideró que es probable que conforme las nuevas reglas de negociación colectiva permeen en el mercado laboral, las revisiones de CCT y la gestión de nuevas condiciones laborales sean más complejas para las empresas. “Hoy más que nunca los canales de comunicación con los trabajadores deben estar bien aceitados y debemos anticipar los riesgos. Esto no se puede hacer por corazonada, necesitamos información confiable para hacer planes estratégicos”.
Por: Gerardo Hérnandez / El Economista
