La renovación de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) debió darse en febrero de este año y es la hora que no se concreta nada.
Este hecho ha provocado que se mantenga la misma estructura que dejó Carlos Romero Deschamps.
Cecilia Sánchez, senadora de Morena denunció que ni siquiera se ha cumplido con lo que establece la reforma laboral del 2019.
“No se han modificado los estatutos con base a las nuevas normas en materia de democracia y libertad sindical. Se mantienen las cláusulas que lesionan a los petroleros, entre ellas la 32, que faculta al sindicato a castigar al trabajador, sin investigar siquiera e imponerle suspensiones hasta por dos o tres años”, acusó.
La senadora morenista exigió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se convoque en el corto plazo a los trabajadores para la renovación de la dirigencia sindical.
En octubre de 2019, Deschamps dejó la dirigencia del SPTRM, cargo que ocupó por 26 años. De forma interina quedó Manuel Limón Hernández.
Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los trabajadores petroleros elijan a su dirigente por medio de una aplicación para que cada trabajador vote sin presiones.
De concretarse este planteamiento, sería el único caso en el mundo donde un gremio renueve a su dirigente a través de este mecanismo. La pregunta es: ¿La legislación laboral mexicana lo permite? Todo indica que no.
La senadora de Morena Cecilia Sánchez demandó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que convoque a la brevedad a elecciones para renovar la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ya que se mantiene la misma estructura que dejó Carlos Romero Deschamps y con ello las corruptelas y abusos contra ese gremio, “al que siguen robando”.
Representante, dijo, de 20 mil petroleros disidentes, expuso en entrevista que la renovación debió darse desde febrero del año pasado, pero se pospuso por la pandemia; sin embargo, el retraso ya es mucho y es hora de que las autoridades laborales hagan cumplir la reforma laboral.
En el caso del STPRM, ni siquiera se han modificado los estatutos con base en las nuevas normas en materia de democracia y libertad sindical. Se mantienen cláusulas que lesionan a los petroleros, entre ellas la 32, que faculta al sindicato a castigar al trabajador, sin investigar siquiera e imponerle suspensiones hasta por dos o tres años.
La senadora por Campeche detalló que solicitará una audiencia con la titular de la STPS para insistirle en la urgencia de que emita la convocatoria a la elección. “Si el pasado 6 de julio la población salió a votar, si ya lo hizo todo mundo, no veo por qué los petroleros no lo hagamos, sobre todo si será de forma electrónica en las 36 secciones sindicales”.
El STPRM, insistió, tiene que renovarse y para ello es necesario quitar la estructura que dejó Romero Deschamps, “que tanto daño ha hecho a los petroleros y avanzar en la democratización del sindicato. Quien está a cargo ahora, Manuel Limón, tiene más de 40 años en Petróleos Mexicanos, “hace mucho que debió liquidarse, pero no lo hace porque quiere seguir enriqueciéndose, con la venta de plazas o los cobros a los transitorios y otros robos descarados a trabajadores”.
Pide aclarar crimen contra Noelia Aguilar
La senadora Sánchez exigió, asimismo, que se esclarezca el asesinato de Noelia Aguilar Guerrero, cuyo cuerpo fue encontrado en un contenedor de basura, dentro de las instalaciones del Complejo Petroquímico Morelos, de Coatzacoalcos, Veracruz, donde laboraba desde hace 27 años.
Las investigaciones no avanzan, dijo, y hay temor de los demás trabajadores de ese complejo de sufrir una violencia similar. Advirtió, además, que tampoco se han fincado responsabilidades a los funcionarios y dirigentes en Campeche, que obligaron a laborar a tres trabajadores pese a que estaban contagiados de Covid-19, lo que ocasionó su muerte.
El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, solicitó al Ejecutivo federal, su instrucción ante las autoridades del sector Salud, a fin de garantizar un “seguro de protección sanitaria” para quienes tienen la encomienda de llevar a cabo los programas de gobierno y se preparan para regresar a laborar en las próximas semanas.
En una carta enviada al presidente, Andrés Manuel López Obrador, Ayala Almeida señaló que es preocupante el nivel de contagios que se vienen incrementando ante una tercera ola de Covid-19 en México y particularmente con la variante Delta, “por lo que hacemos de su conocimiento, las condiciones de seguridad de higiene que demandan los trabajadores como lo marca la propia Ley”.
En este sentido, cita el documento, es necesario contar con las vacunas para cada trabajador; distribución de los insumos que corresponden a cubrebocas, caretas, guantes y otros elementos de protección.
Como tercer punto, el líder de la FTSE indica que los espacios físicos donde habrán de regresar a laborar los trabajadores, deberán ser periódica y debidamente sanitizados. Asimismo, en un cuarto punto, sostiene que previo a su reincorporación, los trabajadores habrán de practicarse una nueva prueba de Covid-19. “En este punto hacemos hincapié, dado que un porcentaje considerable de personas ya vacunadas, tienen resultados de haber sido nuevamente contagiados”.
Todo ello, es el resultado, indicó Atala Almeida, forma parte de las demandas que han manifestado los representantes de las 82 organizaciones sindicales que integran la FSTSE, “exponemos a usted la convocatoria que ha hecho a la sociedad entera de resguardar su propia integridad física, sujetándose a las directrices que las autoridades sanitarias han diseñado como altamente preventivas. Estamos seguros que contaremos con su solidaridad, que conlleva a que cada trabajador y su propia familia, libren con éxito esta situación de alto riesgo que se da a nivel nacional”.
En la carta enviada al presidente López Obrador, el líder de la Central Burocrática aclara que el concepto condicionante va dirigido al cumplimiento fiel de los numerales que se expresan como básicos para el retorno a la actividad laboral que será gradual. Esto significará tener a detalle el comportamiento esperado de cero contagios. Ello es sin duda, un precepto preventivo que con ánimo y responsabilidad llevaremos a cabo, se indica en la misiva. /// El Economista
Los trabajadores iniciaron una marcha para exigir sus pagos correspondientes. (David Monroy)
Trabajadores mencionaron que el Ineel tuvo problemas para pagar su nomina, por lo que comenzaron a despedir al personal.
Trabajadores despedidos y jubilados del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (Ineel) en Morelos, denunciaron practicas ilegales y terrorismo laboral de la dirección de este organismo para desmantelar paulatinamente la institución, que ya tiene en la calle y sin el pago de sus finiquitos y salarios a más de cien personas.
Mediante una protesta y bloqueo de la avenida Palmira de Cuernavaca, los inconformes llamaron al presidente, Andres Manuel López Obrador, a tomar el caso personalmente y a evitar las ola de injusticias que se mantiene contra los ahora ex trabajadores y sus familias. https://www.milenio.com/estados/trabajadores-de-ineel-denuncian-terrorismo-laboral.
Por otro lado, de acuerdo con los quejosos, la titular del Ineel, Georgina Izquierdo Montalvo y el director de Administración del instituto, “han citado de forma engañosa al persona, en forma individual, para hostigarlos, presionarlos y amenazarlo con el fin de que acepten una separación voluntaria de su centro de trabajo o, en algunos casos, que acepten una reducción de su salario de hasta el 50 por ciento”.
Relataron que algunos trabajadores han aceptado su salida para evitar mayores problemas, sin embargo, luego de más de ocho meses de dicho acuerdo, no se les han entregado el finiquito, que en conjunto suman unos 120 millones de pesos. Similar situación prevalece entre los jubilados, a quienes desde hace meses no se les depositan sus quincenas.
Según el abogado de los quejosos, Pedro Martínez Bello, el Ineel “argumenta que el instituto no tiene dinero y que requiere reducir el gasta operativo, por ello intimidan al empleado para que firme un convenio, mismo que adolece de las garantías, ya que no se firma ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y no contienen la cláusula de penalización, en cambio, si enfatiza que el trabajador firma voluntariamente y no se permite que el trabajador lleve el documento a revisión de algún abogado”. Isabel Vargas Ramírez, trabajadora despedida con seis años de antigüedad en el Ineel indicó que el instituto era un organismo que tenía proyectos anuales por mas de 650 millones de pesos, sin embargo, desde 2018, el regreso a la opción de los materiales fósiles como generadores de energía, provocó que dependencias como Pemex dejara de patrocinar proyectos de investigación.
Isabel Vargas Ramírez, trabajadora despedida con seis años de antigüedad en el Ineel indicó que el instituto era un organismo que tenía proyectos anuales por mas de 650 millones de pesos, sin embargo, desde 2018, el regreso a la opción de los materiales fósiles como generadores de energía, provocó que dependencias como Pemex dejara de patrocinar proyectos de investigación. https://www.milenio.com/estados/trabajadores-de-ineel-denuncian-terrorismo-laboral.
“Como resultado el Ineel comenzó a tener problemas para pagar su nómina. A finales del 2020 se prorrogaron los pagos quincenales, incluso se parcializaron. La única opción que encontró la secretaria de Energia, Rocío Nahle, fue reducir el gasto para lo que diera lugar y dio la orden para el despido de los trabajadores y personal de confianza”, indicó.
Por su parte, Norberto Pérez Rodriguez, ex trabajador del Ineel de más de 30 años denunció que al igual que varios de sus compañeros que han sido despedidos injustificadamente, el instituto los ha maltratado al grado de que ha dejado de lado la justicia para los despedidos, algunos de los cuales, ya murieron, y no recibieron el finiquito al que tenían derecho.
Señalan que al menos seis mil trabajadores no han recibido su pago. Foto @SoyNaucalpan
Naucalpan, Méx. Un grupo de trabajadores sindicalizados de la alcaldía cumplió 5 días en plantón frente al Palacio municipal para exigir al gobierno de la alcaldesa Patricia Durán Reveles, el pago de salarios correspondientes a la primera quincena de julio.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (Suteym) sección Naucalpan, Tomás Palomares Parra, con un grupo trabajadores de las áreas de servicios públicos y de gobierno municipal, mantienen un plantón desde el viernes de 23 de julio, en demanda del pago de sus honorarios.
Brigadas de trabajadores mantienen guardias las 24 horas del día. En tanto, el secretario general insiste en dialogar con la alcaldesa y con el Tesorero municipal, Leopoldo Corona, para insistir en que sean pagados los sueldos de los trabajadores.
El lunes reciente, la plantilla de trabajadores inició un periodo de vacaciones. Desde el jueves pasado, el personal esperaba el depósito de la nómina, pero una semana después no hubo pago alguno.
Tomás Palomares confío en que en los próximos días haya una solución a sus demandas, y dijo, que seguramente habrá una respuesta de la alcaldesa.
Insistió en que los trabajadores se ganaron su salario y debe ser pagado porque es un derecho laboral y obligación de la alcaldía cumplir con el depósito de los honorarios. Dijo que es la primera vez que el personal sale de vacaciones sin el pago de sus sueldos.
Agregó que la alcaldía además adeuda diez despensas a cada uno de los trabajadores, y que existe una sentencia que obligó al gobierno local a realizar el depósito del pago de despensas ante los tribunales, pero no se ha cumplido esta disposición.
Asimismo, personal de confianza exigió el pago de sus honorarios, y que esta vez sea completo, pues en junio les depositaron sólo el 50 por ciento de sus ingresos.
Los secretarios generales de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se reunieron este día en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional –ubicadas en la colonia Guerrero de la capital–para abordar, en calidad de urgencia, dos temas: los puntos críticos del contrato colectivo de trabajo en la negociación con Petróleos Mexicanos, y la próxima elección de dirigentes.
Ello a tan sólo 11 días del límite de tiempo para que los acuerdos del contrato entre el Sindicato y Pemex sean revisados y queden resueltos. Ello, en un contexto en el que las negociaciones han quedado empantanadas por las exigencias de recursos para las cúpulas y en el que la administración de la petrolera, a cargo de Octavio Romero y Marcos Herrería –gerente de Administración–, ha sido incapaz de lograr un acuerdo favorable a las finanzas de Pemex debido a la inexperiencia de ambos funcionarios.
En la reunión de los líderes sindicales también se discutió quiénes integrarán las boletas para la elección del próximo sustituto de Manuel Limón, quien relevó al exlíder Carlos Romero Deschamps bajo total libertad. /// Contralinea
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) informó, que por acuerdo de la Asamblea, se rompieron las negociaciones sobre el pasivo laboral, e hizo un llamado a los trabajadores telefonistas a prepararse para la huelga; ya que Teléfonos de México (Telmex) mantiene su postura de modificar la cláusula de jubilación y eliminarla para los trabajadores de nuevo ingreso.
“Esta Asamblea decidió en consecuencia rechazar la propuesta de la Empresa relacionada con la modificación de la Cláusula 149 Ter y asumió la determinación de que el Sindicato se retirará de la mesa de negociación sobre el Pasivo Laboral, buscando la intervención de las diferentes instancias gubernamentales, así como iniciar una etapa de resistencia activa que servirá como preparación del movimiento de huelga en caso de no encontrar respuestas satisfactorias”, indica en una circular enviada a los trabajadores.
Cabe señalar que el STRM ha realizado prórrogas del emplazamiento a huelga durante los últimos tres años, con la finalidad de lograr acuerdos con la empresa; no obstante, no han avanzado en las negociaciones por lo que informó que emplazará a huelga, de manera definitiva, para el 25 de agosto de 2021.
“Entraremos en un proceso de resistencia sin dejar de lado el servicio esencial que representa el de las telecomunicaciones, lo anterior con un emplazamiento definitivo para el 25 de agosto”, sin descartar que el gobierno federal pueda aplicar -como medida de protección- una requisa (el Estado toma control del servicio).
Además, parte de las acciones que realizarán estarán enfocadas a eliminar “el sistema paralelo” que ha implementado la empresa y que ha desplazado la materia de trabajo de los telefonistas, por lo que “asumirán el control de los procesos desconociendo al personal de confianza”.
Asimismo, la organización sindical que encabeza Francisco Hernández Juárez, destacó que hay una falta de disposición de la administración para resolver el tema del pasivo laboral, y consideran necesario “insistir en las instancias correspondientes para encontrar la solución del problema, por lo que buscaremos permanentemente en el restablecimiento de la mesa intersecretarial”.
Hernández Juárez destacó que “estamos entrando a una etapa decisiva en nuestra lucha en defensa de nuestros derechos laborales adquiridos y de la viabilidad de nuestra fuente de empleo. En cualquiera de los escenarios de lucha que tenemos previstos, será fundamental lograr el máximo involucramiento de toda la estructura sindical”.
Escuela Normal Federal de Morelia. (Foto: especial)
Desde hace tres semanas la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Michoacán, la diputada Teresa López Hernández, ha convocado a diferentes actores de sindicatos y asociaciones gremiales a la realización de foros y ejercicios de evaluación sobre su situación laboral y el esbozo de posibles soluciones, desde la voz y óptica de los trabajadores, se han conocido los abusos y , particularmente en el 8° foro se trató la situación de los subsistemas de Educación Superior; el Subsistema Autónomo, el Subsistema de Educación Tecnológica y el Subsistema de Escuelas Normales e Instituciones de Formación Docente.
A través del análisis estratégico, se conocieron problemáticas como algunas de las narradas por la propia Diputada en su discurso de apertura del Foro, como el hecho de que en la Universidad Virtual de Michoacán se contrata a los profesores por 3 semanas, sin prestaciones de Ley, la falta de incremento salarial en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, la situación de las Universidades Tecnológicas en donde se contrata por cuatro meses y se finiquita su contrato para no generar antigüedad, la problemática de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán en donde no se paga desde diciembre del año pasado, no contar con la inscripción a la seguridad social o el correcto registro del salario, en la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán se registra a los trabajadores con el salario mínimo y la situación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se requiere un mínimo de 12 horas frente a grupo para poder acceder a ese derecho, en donde este año se terminó de pagar el aguinaldo hasta la segunda quincena de mayo y se mantiene adeudos con los beneficiarios de los trabajadores fallecidos por concepto de pago de marcha y cuota voluntaria con atraso de tres años, y donde no se han restituido las cuotas sindicales a los trabajadores desde hace más de cinco trimestres, cuotas que se descuentan vía nómina quincenalmente (1% del salario integrado) y cuyo destino se desconoce.
La violación de todos estos derechos laborales y humanos, son producto de la connivencia de los directivos de las instituciones, el charrismo sindical de los representantes gremiales impuestos y la falta de un árbitro laboral imparcial, cuyos intereses, en el caso de Michoacán, obedecen al gobernador, situación que se sabe no es nueva, ni devela “el hilo negro”, pero que aunada a la precarización de las condiciones de trabajo y a la clara inequidad y segregación en los procesos de ingreso, permanencia y promoción, la cantidad de conflictos en esta administración gubernamental ha propiciado un caos en las organizaciones gremiales, la entidad laboral y los propios departamentos jurídicos de las instituciones, situaciones que no sólo representarán un reto a resolver por el gobierno electo, sino que representarán un gran gasto de recursos y tiempo para su resolución.
Se concluyó que como acciones que favorezcan a la resolución de las problemáticas laborales y que no requieren de recursos económicos, pero sí, de mucha voluntad política de las autoridades, los sindicatos y el gobierno, será necesario hacer un trabajo importante en cuanto a la erradicación de la corrupción, a través del establecimiento de códigos éticos y acuerdos por la transparencia, el respeto y la equidad en los procesos de ingreso, permanencia y promoción, asimismo, conformar órganos fiscalizadores autónomos dentro de las mismas organizaciones gremiales, que cuenten con instalaciones y presupuesto propio. Además, se planteó la necesidad de adecuar la legislación y encontrar las coincidencias en las leyes secundarias que rigen o norman la relación entre las instituciones y los gremios sindicales, en donde se velen y respeten los derechos humanos, laborales sustentados en la Ley Federal del Trabajo, revisar los reglamentos de profesionalización o recategorización, demandar la evaluación de los programas de las escuelas e institutos que otorgan certificados en corto tiempo, de acuerdo con los criterios de calidad, para evitar la competencia desleal en lo laboral y formativo, consolidar un sistema de información confiable del personal, en que puedan consultarse datos como el grado de estudios, especialización, edad, puesto, y otra, que facilite la planeación y la toma de decisiones, diseñar planes de basificación acordando criterios y definiendo un código de ética que debe ser respetado por los involucrados, hacer de los sistemas de incentivos instrumentos para reducir la brecha salarial, entre otras.
Otro de los aspectos interesantes tratados en los foros fue la necesidad de formar coaliciones para construir espacios de interlocución con los poderes Ejecutivo y Legislativo, para fortalecer la participación de los gremios de trabajadores académicos en decisiones de índole laboral e influir como trabajadores sobre las actividades sustantivas, derecho que se ha negado a las comunidades, ya que de acuerdo con Luis Bueno de la Universidad Autónoma de México, se requiere en la construcción de una concepción pedagógica y educativa propia sobre la educación en general, la ciencia, la tecnología y la cultura para construir el tipo de país que se quiere, determinar las condiciones de seguridad e higiene para el regreso a la actividad presencial o híbrida y la definición de las concepciones sobre la educación presencial, virtual, a distancia, la híbrida y el teletrabajo de manera urgente, lo cual es altamente deseable, sin embargo, es preciso que quienes encabecen esas coaliciones sean universitarios comprometidos con sus comunidades, el quehacer académico y de probidad, pues si, como ya se ha visto, si esos espacios son ocupados por quienes sólo persiguen un beneficio económico y particular, no querrán construir los acuerdos éticos y los consensos requeridos con sus comunidades y sólo se seguirán generando problemas para las instituciones, los trabajadores y los gobiernos y riqueza para ellos.
Por otra parte, la Reforma laboral ha representado un avance en la protección de la libertad sindical y la negociación y antes del 1° de mayo de 2022 se tendrán que legitimar los Contratos Colectivos de Trabajo, por lo que es necesario que las organizaciones gremiales se encuentren en orden y que la corriente sindical a cargo vea por sus representados y no por intereses externos o de las autoridades. Se habrá pues, de aprovechar todas las trincheras, como la que está brindando la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado y a la cual se dará seguimiento y abrir espacios institucionales de interlocución para exponer las problemáticas, proponer soluciones y encontrar concensos, bajo el marco de la ética, la dignidad de los trabajadores como seres humanos y el respeto a sus derechos fundamentales y laborales.
La pandemia aplacó al movimiento obrero del país al registrar una caída de 63 por ciento en los emplazamientos a huelga registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En el periodo de enero a junio de 2021 el número de emplazamientos fue de mil 391, mientras que, en el mismo periodo, pero de un año antes fue de 2 mil, 210, destacan datos de la dependencia laboral.
De hecho, fue en 2019 el año en el que más registros se dieron con 3 mil 133, la cifra más alta en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En junio de este año los emplazamientos a huelga fueron 217, mientras que, en el mismo mes, pero de 2020 fue de 333, es decir, 65 por ciento menos.
Para Carlos López, abogado laboral, además de que la pandemia golpeó la actividad productiva del país y como consecuencia al empleo, y más allá de los efectos colaterales al movimiento obrero, la realidad, dijo, es que los sindicatos han perdido fuerza en el país.
“Los gremios están reacomodándose en algunos casos, y en otros, están espantados con las reformas en materia laboral y lo que está relacionado con los gremios. Son cambios profundos donde muchos sindicatos han preferido disminuir su beligerancia y ver cómo se mueven las piezas en este gobierno”, explicó.
Agregó que lo que podría esperarse es un activismo de los gremios ante tanta injusticia laboral producto precisamente de la pandemia, pero no es así.
“Los sindicatos, insisto, han perdido fuerza, el gobierno los ha domado”, concluyó.
Si un trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) es sujeto a una reducción de puesto o de nivel salarial sin su consentimiento debe ser indemnizado como lo establece su propio Contrato Colectivo de Trabajo, señala el Tribunal Colegiado de Circuito de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Un trabajador de Pemex fue objeto de un reajuste con decremento salarial sin justificación. Éste demandó el pago de la indemnización conforme a la cláusula 21 del Contrato Colectivo de Trabajo al no haber seguido la demanda el procedimiento previsto en la cláusula 20 del mismo instrumento.
“Se determina que la Junta debe condenar a Pemex al pago de indemnización demandada por el trabajador, prevista en la cláusula 21 del CCT, cuando de autos se advierta que dicha empresa no acreditó el cumplimiento del procedimiento establecido en la cláusula 20 del propio contrato para justificar el reajuste de nivel de puesto, derivado de la supresión de la plaza respectiva”, dice el Tribunal Colegiado de Circuito.
Agrega la SCJN que ello es así, pues las Juntas tienen el deber de garantizar a los trabajadores que los derechos humanos al trabajo y al salario no sean afectados en forma injustificada y arbitraria por el patrón, en violación a la Constitución, a las leyes, a los contratos individuales y colectivos de trabajo, por lo que tratándose de trabajadores de Pemex, en el supuesto de reajuste de un nivel mayor a otro menor, deben garantizar que sea respetado el procedimiento contenido en la cláusula 20 del CCT.
En dicha cláusula se establece que el empleador previamente deberá exponer al Sindicato las razones fundadas que lo originen. Además, la Comisión Nacional Mixta de Reacomodo determinará e identificará los trabajadores de planta que deban quedar disponibles, y establecer la forma más conveniente de su reacomodo, jubilación o liquidación, según lo que proceda.
“De no llevarse a cabo el reacomodo o jubilación, el patrón se obliga a tener un acuerdo previo con el Sindicato y dar intervención a la Comisión. Si no existiere acuerdo y la reducción o supresión es concedida por las autoridades competentes, quedarán separados del servicio, en primer término, los trabajadores no sindicalizados, cualquiera que sea la categoría que ostenten, y después los trabajadores sindicalizados de menor antigüedad en la empresa.
“Si convenido un descenso el trabajador no lo acepta, deberá ser indemnizado con todos los derechos que le conceden el contrato y la ley”, destaca el CCT.
Por lo tanto, dice la SCJN, si del laudo se advierte que la Junta responsable convalidó la reducción de puestos y la supresión de departamentos del trabajador de Pemex sin que se acredite el cumplimiento del procedimiento y el pago de la indemnización a que se refiere las cláusulas mencionadas, ello transgrede dichas disposiciones contractuales, así como los derechos humanos al trabajo y al salario reconocidos en los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
