Una propuesta laboral del cambio

31/10/2018

Manuel Fuentes Muñiz

No puede estar sujeta esta reforma laboral a un acuerdo comercial . 

MANUEL FUENTES

El pasado miércoles 24 de octubre por la noche empezó a circular profusamente un documento que contiene una propuesta de reforma laboral elaborada por académicos, sindicalistas, abogados laboralistas, tanto de trabajadores como de patrones, funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de la fundación Friedrich Ebert, e incluso magistrados del Poder Judicial de la Federación.
El medio del que salió la propuesta fue del llamado «Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral« que conglomera a especialistas en materia laboral para que fuera del conocimiento de los interesados. De manera insólita fue apareciendo este «Borrador»miles de veces en espacios académicos, de organismos patronales y de trabajadores.
Fueron muchas horas de reunión, de discusiones y hasta desencuentros, pero de muchas coincidencias para encontrar caminos para una legislación laboral del cambio.

La propuesta se basa al menos en los siguientes 27 puntos:

1.      Reglamentar la reforma constitucional del artículo 123 Constitucional (muy controvertida aún) del 24 de febrero de 2017.
2.     Establecer un nuevo procedimiento laboral que agilizar la justicia laboral.
3.     Normar los nuevos Tribunales Laborales, que sustituirán a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales se propone entren en funcionamiento en 3 años a partir de su entrada en vigor (Artículo Transitorio Quinto).
4.     Evitar que un nuevo procedimiento laboral cancele el carácter tutelar de la justicia laboral.
5.     Sancionar mecanismos fraudulentos, como la firma de hojas en blanco para imponer renuncias del trabajador a sus derechos (Artículo 48 bis fracción I incisos b), c) y d)).
6.     Los convenios celebrados entre trabajador y patrón serán susceptibles de reclamar su nulidad sin conviene renuncia de derechos (Artículo 33).
7.      Establecer los mecanismos de funcionamiento del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFRL) o los Centros de Conciliación locales que se prevé operen en 3 años a partir de la entrada en vigor de las reformas laborales (Artículo Transitorio Quinto).
8.     Imponer mecanismos para terminar con los contratos colectivos de protección que representan grandes negocios para empresas y abogados patronales en perjuicio del trabajador (Artículo 386 bis, 387, 897, 897 A a G).
9.     Intervención obligatoria de los trabajadores en la negociación colectiva y en la libertad sindical mediante el voto personal, libre y secreto (Artículo 386 bis).
10. Dar una participación determinante a los trabajadores en la revisión de los contratos colectivos en materia salarial y condiciones de trabajo (Artículo 386 bis).
11.   Fortalecer los mecanismos de voto seguro, personal, libre y secreto para los conflictos intersindicales, elección de dirigentes y para la solicitud de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) inicial (Artículo 371 fracción IX inciso c)).
12.  Hacer efectiva la transparencia en materia sindical y de contratación colectiva (365 bis, 391 bis, 424 bis).
13.  Sancionar las omisiones de las dirigencias sindicales de informar periódicamente de su patrimonio sindical (Artículo 358, 373).
14. La entrega personalizada a cada trabajador de la administración del patrimonio sindical (Artículo 373).
15.  Facultar a la Autoridad Registral para atender las quejas de los trabajadoresrelacionadas con la elección de la directiva sindical y con la administración del patrimonio sindical (Artículo 371 bis, 373).
16. La prescripción se interrumpe al promover en la instancia conciliatoria hasta por 45 días naturales (Artículo 521, 684 D).
17.  Faculta al Tribunal Laboral para que requiera al patrón de abstenerse a dar de baja a la trabajadora embarazada (Artículo 857 fracción III).
18. Si las trabajadoras embarazadas son víctimas de discriminación por esa razón, no es obligatorio agotar la instancia conciliatoria para iniciar un juicio (Artículo 685 Ter).
19. La negativa al despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador, no exime al patrón de probar su dicho (Artículo 784).
20. Las pruebas deben ser acompañadas al escrito inicial de demanda y en su contestación (Artículo 872 A fracción VI B III, 873-A).
21.  Se contemplan las notificaciones por vía electrónica para la Autoridad Conciliatoria y para los Tribunales Laborales (Artículo 739, 871).
22. Se contemplan sanciones a las partes, abogados, litigantes, representantes o testigos y a los servidores públicos que simulen actos jurídicos o retrasen los juicios (Artículo 48 bis).
23. Reconoce la formación de Sindicatos de una o varias ramas de actividades o cadena productiva a nivel estatal o nacional, en el entendido que el ámbito o radio de acción lo deciden libremente los trabajadores (Artículo 360).
24.Se incorporan obligaciones en los Estatutos para el procedimiento de la elección de la directiva sindical y secciones sindicales (Artículo 371 fracción IX).
25. Se crea la figura de Constancia de Representatividad otorgada por la Autoridad Registral como condición para ejercer la huelga en los Contratos Colectivos de Trabajo iniciales (Artículo 387).
26.En los juicios de beneficiarios se omite la investigación de dependencia económica (Artículo 501).
27. Los sindicatos titulares de los CCT tendrán un plazo de 4 años para demostrar ante la Autoridad Registral que cumplen con el principio de representatividad y cuentan con el apoyo mayoritario de los trabajadores sindicalizados, mediante voto personal, libre y secreto (Transitorio Décimo Primero).

Quedan fuera algunos temas, como:

· El de la subcontratación, que algunos proponemos debe prohibirse de manera tajante en la legislación laboral, por ser una de las razones que anulan el ejercicio de la libertad sindical y la contratación colectiva e incrementa la pobreza obrera.
· Una reforma de la reforma del artículo 123 Constitucional del 24 de febrero de 2017, para evitar la separación a la Conciliación de los Tribunales Laborales por complicar la eficacia de la justicia laboral en perjuicio del trabajador.
· Incluir la perspectiva de género para lograr una verdadera equidad y democracia en las relaciones laborales y sindicales.
· Lograr una justicia con mayor enfoque al procedimiento digital consiguiendo así que sea más económica, sin quitarle el carácter tutelar en favor del trabajador ya que la propuesta formulada por integrantes del Poder Judicial requiere de cuantiosos recursos económicos para su implementación, que la hace inviable en el corto plazo.
· La oportunidad para que el actor modifique, aclare o enderece su demanda antes de establecer la controversia.
· Lograr que el ejercicio del derecho de huelga sea determinado en todos los casos por los trabajadores y no por los líderes sindicales.

Una reforma laboral que no se apruebe a las prisas

Algunos consideramos que sería un error del Poder Legislativo mexicano aprobar una reforma laboral a las prisas. Por su importancia, ésta debe discutirse de manera más amplia y no sólo por unos cuantos. Deben realizarse foros y mesas de trabajo para escuchar propuestas en todo el país, teniendo como eje central una legislación de carácter social con el objetivo principal de proteger al obrero y sin perder el equilibrio con el sector patronal.
No puede estar sujeta esta reforma laboral a un acuerdo comercial como el T-MEC, o el USMCA (por sus siglas en inglés) por carecer de validez al no haber sido ratificado por los poderes legislativos de los tres países. La fecha límite del 1º de enero de 2019tiene que ser aplazada al menos un año más y para ello se requiere que el gobierno entrante haga lo necesario para renegociar un plazo más razonable.
El senador republicano Mitch McConnell ya adelantó que el acuerdo comercial se analizará por los congresistas estadounidenses hasta el año próximo (en 2019) por lo que el Congreso mexicano no puede apresurar el paso a una reforma laboral, que en su esencia entraría en vigor en 3 años con los Tribunales Laborales del Poder Judicial de las Entidades Federativas, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación locales, siempre que haya presupuesto.
A la propuesta de reforma laboral le hace falta un estudio contable de su costo, no sólo de los inmuebles a ocupar, sino lo que significará la capacitación y formación de funcionarios, que requiere años, para instaurar la tan esperada reforma laboral.
En el proceso de reforma se requiere que la Cámara de Diputados incremente al menos en un 50% más el presupuesto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que vive una de sus mayores crisis y apoye en las 32 entidades de la República un incremento presupuestal similar a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, para que tengan un bien morir en el corto plazo.
En este proceso de reformas estamos en el dilema que todo cambie para seguir igual o peor, o lograr una autentica reforma que modernice la justicia laboral y democratice las relaciones laborales. Son los mayores retos a vencer.

Los caciques sindicales caminan felices por la vida
@Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota
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Capacitación, fundamental para el éxito de la nueva justicia laboral: José Ramón Cossío Díaz

La  ventaja del nuevo sistema es que racionaliza los conflictos como de derecho y no de equilibrio entre los factores de la producción, plantea el ministro de la Suprema corte de justicia de la nación.
Capacitación, fundamental para el éxito de la nueva justicia laboral: José Ramón Cossío Díaz
En el nuevo sistema de justicia laboral, el Poder Judicial tratará los conflictos laborales como conflictos de derecho y no como el sistema actual, donde el Estado desempeña un papel tutelar en lo que originalmente se consideraban conflictos de producción. El análisis es del ministro José Ramón Cossío Díaz, a quien le quedan apenas algunas semanas como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La visión del ministro sobre el nuevo sistema de justicia laboral es moderadamente optimista, aunque advierte que el cambio enfrenta grandes retos: medición de capacidad, planificación de medios materiales y humanos, capacitación de jueces, personal y abogados y, quizás lo más importante, una gran labor de divulgación.
“Si se hace una adecuada depuración de los casos que hoy están en las juntas de conciliación y arbitraje, si se migran bien estos casos a los nuevos tribunales, si la transformación se planea bien, si se capacita muy bien a abogados y jueces, puede ser un sistema ventajoso. Si no, puede generar más conflictividad social”, manifestó.
Según el ministro, la ventaja del nuevo sistema es que racionaliza los conflictos como de derecho y no de equilibrio entre los factores de la producción.
“El razonamiento será: si usted tiene derecho a que le paguen las horas extras, pues se le pagan, usted tiene derecho a despedir a un trabajador por determinado motivo, pues lo ejerce”.
Para Cossío Díaz, uno de los principales defectos del sistema actual es su incapacidad de conciliar, que acabó por generar toda una industria de litigio laboral donde los abogados laborales tenían todo el interés de alargar los procesos durante años.
Otro desafío es explicar muy bien a toda la sociedad en qué consisten los cambios, crear una cultura jurídica. Cossío Díaz traza un paralelo con la reforma de la justicia penal: “A nadie se le explicó que una persona acusada de cometer un delito iba a enfrentar el proceso en libertad”. La gente dice de repente: “¿Por qué el tipo que me agredió y me causó un daño está en libertad? Esto nunca se explicó y esta falta de educación y de cultura jurídica ha generado mucha oposición”.
El ministro de la Suprema Corte considera que con la implementación del nuevo sistema de justicia laboral puede ocurrir algo semejante y pone como ejemplo la aplicación del principio de suplencia de la queja.
“Parte de la racionalidad del nuevo sistema es que el trabajador ya no es este sujeto desprotegido históricamente, sino un sujeto con derechos y obligaciones que se planta en un juicio. Si esto no se explica bien, si no se hace cultura jurídica, a los trabajadores les resultará difícil entender por qué han perdido la protección que tenían antes”, dijo.

Necesaria, una amplia labor de capacitación

Después de casi 15 años en la Corte, Cossío Díaz cree que, a veces, los factores culturales generan más problemas que las cuestiones técnicas.
En la misma línea, está por ver cómo se van a definir las cargas probatorias en el nuevo código. En el derecho ordinario, la máxima es que el que afirma algo está obligado a probarlo. Sin embargo, en el derecho laboral actual existe una diferencia considerable a favor del trabajador.
Cossío Díaz se pregunta: “Ahora, en el nuevo sistema, ¿yo afirmo simplemente que trabajé 1,000 horas extras y mi patrón tiene que acreditar que no las trabajé o tendré que demostrar que las trabajé? Esto será uno de los elementos más importantes de la discusión”.
Sobre la independencia del nuevo organismo federal descentralizado encargado del registro de contratos colectivos y sindicatos, Cossío Díaz señala que desconoce cómo el nuevo gobierno piensa garantizar su independencia: “Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT y todos los anuncios a favor de la libertad sindical, me parece que si el órgano no queda bien integrado y no asume estrictamente una posición técnica y no política a favor de una u otra parte, puede generarse conflictividad”.
Para que el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia laboral se haga bien, se necesitarán, según el ministro Cossío Díaz, unos cuatro años, porque la tarea del gobierno federal y de los estados es inmensa, sobre todo en materia de capacitación.
“La migración al sistema oral es un cambio importante y habrá que hacer un enorme esfuerzo para capacitar a jueces, abogados y los trabajadores de los nuevos órganos de justicia. Si disminuye el sentido de la suplencia y de las cargas probatorias, los abogados de los trabajadores van a tener que estar muy bien preparados, si no los van a machacar en los tribunales”, explicó.
La preparación y motivación de los jueces de los órganos de conciliación también serán fundamentales en el éxito del nuevo sistema.
“Necesitamos jueces asertivos que realmente propongan soluciones y que rompan con las dinámicas de abogados que todos estos años se han arreglado entre ellos para alargar los procesos. De esta manera, se pueden evitar muchos litigios y esto quitaría mucha presión al sistema”.
Lo mismo aplica para los jueces de los tribunales laborales. El ministro afirma: “Para las audiencias orales hacen falta jueces bien preparados, que no sean jugadores pasivos sino que disciplinen a las partes si presentan demandas absurdas o argumentos irrelevantes”.
Aún no se sabe cómo y en qué medida los trabajadores y cuadros de las juntas serán incorporados al poder judicial, tanto desde una perspectiva organizacional como financiera, ya que los sueldos del personal del poder judicial son bastante más altos que los de sus contrapartes en las juntas.
Este punto lleva a Cossío Díaz a insistir en la importancia de medir y hacer proyecciones de las necesidades materiales y de capital humano de los nuevos juzgados. “Habrá que tener en cuenta que el sistema oral es más lento, porque la preparación y la celebración de las audiencias toman mucho más tiempo. Habrá que calcular muy bien y más cuando este gobierno quiere reducir la burocracia y los sueldos de los funcionarios”.

Alcalde prometió a acereros que la reforma laboral estará lista en diciembre

Ante la Canacero, la futura secretaria de Trabajo buscó apoyo para impulsar a más de dos millones de jóvenes en el primer año de AMLO.
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Luisa Alcalde, futura secretaria de Trabajo y Prevención Social
Alcalde prometió a acereros que la reforma laboral estará lista en diciembre

  • LPO Ante la Canacero, la futura secretaria de Trabajo buscó apoyo para impulsar a más de dos millones de jóvenes en el primer año de AMLO.

23/10/2018
En las próximas semanas estarán listas las leyes secundarias de la Reforma Laboral para presentarse ante el Congreso, aseguró Luisa Alcalde, futura secretaria de Trabajo y Prevención Social, ante el cuestionamiento de los acereros.
En el segundo día del 6° Congreso de la Canacero, la próxima funcionaria pudo charlar con los acereros, cuyos cuestionamientos orbitaron principalmente sobre el funcionamiento del programa de capacitación para jóvenes y el futuro de esta reforma, que incluye mecanismos de elección de los dirigentes en los sindicatos y cuestiones de resolución de arbitraje.
En febrero de este año debieron haber quedado listas dichas leyes secundarias, evidentemente relegadas hasta las negociaciones del TLCAN, y su eventual transformación en el T-MEC (USMCA por sus siglas en inglés), en donde se incluyó un capítulo laboral en que se emplaza a aprobar estas leyes en materia de justicia laboral antes de que termine el año.
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El futuro de estas leyes fue uno de los principales cuestionamientos para Alcalde, quien sin ahondar profundamente en el tema, afirmó que «en unos días» ya estarán listas, con lo que se podrá presentar al Congreso y así, confió que a inicios de diciembre quedará lista la reforma.
Estas leyes deben responder a una necesidad de mejorar el sistema de justicia laboral, por lo que se encaminan a trabajar en las juntas de arbitraje, que los nuevos procedimientos de juicios laborales sean más ágiles y la creación de un nuevo instituto de conciliación laboral.
Además, plantea nuevas reglas de consulta dentro de los sindicatos, «es el medio de llevar la democracia y la libertad mediante votaciones secretas y libres para que los trabajadores elijan a sus líderes», afirmó Alcalde. Es una medida que inquieta a los empresarios, quienes se preguntaron si este cambio no irrumpiría «en la paz laboral que hasta ahora ha prevalecido».
La futura funcionaria también prometió que tendría acercamientos con los miembros de la industria siderúrgica y haría mesas de trabajo para incluir sus voces en la construcción de estas leyes. Lo mismo para resolver las dudas en materia del proyecto de capacitar a jóvenes.
Van por dos millones de jóvenes en 2019
Dos programas sociales son torales para el próximo Gobierno: el de pensiones para los adultos mayores y el de el rescate a jóvenes. Sobre este último concentró su charla Alcalde, buscando el apoyo en esta industria, pues explicó que la meta es que para 2019 se pueda dar capacitación a dos millones 600 mil jóvenes. «A ver si pueden ayudarnos», les dijo.
La propuesta incluye que los empresarios puedan dar un espacio de capacitación a los jóvenes, bajo un pago mensual de 3 mil pesos. Como en otros sectores, los acereros mostraron su interés por apoyar el programa pero evidenciaron su preocupación de qué tanto podrán garantizar la retención de estos aprendices en su planta laboral.
La apuesta es que los jóvenes puedan tener en la cercanía de su domicilio las posibilidades de capacitación, evitando una movilidad que les requiera más recursos. En el caso de aquellos que viven al sur del país, en donde existen menores inversiones, recordó que se abrirán grandes oportunidades, como el caso del Tren Maya y también destacó el plan de revivir el campo.
Fue un cuestionamiento que quedó un tanto en el aire, pues la futura funcionaria solo prometió que los jóvenes tendrían que comprometerse con la empresa durante la capacitación. «La apuesta es que se puedan quedar», concluyó al respecto.
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¿Y cómo funcionaría? Alcalde explicó que se está haciendo un censo a través de la página de este programa donde se espera que los interesados se inscriban y puedan ofrecer datos de su escolaridad, intereses y vivienda. Lo mismo para la parte empresarial, ahí, los ofertantes tendrán que establecer sus necesidades, el nivel educativo exigido, y la cantidad de jóvenes a recibir.
Se trata de uno de los programas dentro de los planes del futuro Gobierno con mayor presupuesto destinado -y sin precedentes en el mundo-: 180 mil millones de pesos y cuyos recursos provendrán de una mejor eficiencia en el gasto, además de «cerrarle la llave a la corrupción», expuso la joven funcionaria al ser cuestionada sobre su financiamiento.

https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/117009-alcalde-prometio-a-acereros-que-la-reforma-laboral-estara-lista-en-diciembre/

Confía próximo gobierno tener leyes secundarias de la reforma laboral en diciembre próximo

La futura secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, apuntó que el próximo gobierno respaldará los espacios de un diálogo auténtico entre trabajadores y empleadores en las diferentes ramas de industria.
23 Oct 2018 – Rocío Méndez Robles
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Luisa María Alcalde, futura secretaria del Trabajo y Previsión Social
Reunida con representantes de las casi 70 empresas que manejan el 90% de la industria del acero en México, la futura secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde,
En cuanto a la reforma a la Ley Laboral, la abogada Alcalde subrayó que en materia de Leyes Secundarias “estamos en falta, porque la reforma constitucional que se aprobó establecía un plazo que se vencía en febrero de este año; también tenemos la premura respecto al nuevo apartado laboral”, del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México.
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“Nuestra idea es logremos en las próximas semanas, antes de que concluya el año —a principios de diciembre— tener las leyes secundarias y que sean muy precisas en responder a la reforma constitucional” apuntó ante el sector acerero del país.
Con la nueva Ley Laboral habrá toda una transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales. “Es todo un nuevo procedimiento mucho más ágil y expedito para que logremos tener juicios laborales mucho más ágiles”, confió Alcalde.
Ante los industriales que han colocado al país como el 14º productor de acero en el mundo y emplea a 672 mil personas de manera directa e indirecta, la futura titular de la STPS detalló que han habido acercamientos con diversas áreas del sector privado, “para discutir comentarios o dudas. Estamos encima de los tiempos, necesitamos tener la reforma laboral muy pronto, pero se puede compartir lo que se ha venido trabajando”, resaltó.
La maestra Alcalde apuntó que el próximo gobierno respaldará los espacios de un diálogo auténtico entre trabajadores y empleadores en las diferentes ramas de industria.
De hecho, en entrevista posterior, la próxima titular de la STPS anunció que el próximo gobierno hará una propuesta en las próximas semanas para que se garanticen “los preceptos constitucionales, como la autenticidad en las representaciones sindicales; el voto personal, libre y secreto; democracia, libertad, transparencia sindical; y procedimientos más ágiles en materia laboral”.
En otro tema, cuestionada sobre la propuesta del próximo gobierno de ofrecer visas de trabajo a migrantes indocumentados, Luisa María Alcalde subrayó que “necesitamos fortalecer el mercado interno, en lugar de abocarnos a que los salarios se mantengan y que así seamos atractivos al exterior, necesitamos fortalecer el mercado interno; también vamos a rescatar al campo y por eso creemos que se van a generar muchísimas oportunidades incluso para la gente que sale de sus países por necesidad, no por gusto”.
Ante la insistencia de las televisoras de ¿por qué se dará visas de trabajo a gente de otro país cuando no hay empleo en México?, la abogada Alcalde resaltó que “habrá desarrollo y diferentes cortinas que permitirán a la gente tener oportunidades, empezando por los mexicanos. Habrá trabajo para ellos y para la gente que viene huyendo de la violencia. Se requiere hermandad, creemos que vamos a lograr bienestar con nuestro plan de nación”, explicó.
La futura funcionaria federal comentó que el nuevo tratado comercial con Estados Unidos, Canadá y México trae un apartado bastante interesante en materia laboral, pero su planteamiento tiene que ver con el fortalecimiento de los salarios, justicia laboral, que los trabajadores puedan decidir si se organizan o no y quién los representa previo a la firma de un contrato colectivo o un emplazamiento a huelga”.
Al presentar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ante el 6° Congreso Canacero, la futura secretaria federal del Trabajo señaló que resaltó que para la próxima administración será “una prioridad” atender a los jóvenes que no tienen oportunidades de estudiar o trabajar.
“Es una generación con talento y muchas ganas de sacar al país adelante”, señaló la maestra Alcalde, al detallar que al andar entre los 18 y los 29 años, son personas que no han ingresado a las universidades que apenas pueden atender al 30% de la demanda, o no han sido contratados por empresas e instituciones.
“Durante años se les ha dado la espalda” por ello para enero del 2019 se aspira tener a 2 millones 600 mil jóvenes inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, apuntó la abogada Alcalde. 
De los jóvenes que no estudian ni trabajan,2 millones 300 mil irían a actividades productivas y 300 mil continuarán con estudios superiores, para ello se destinarán 108 mil millones de pesos, precisó.
“No hay mejor apuesta que rescatar a todos estos jóvenes para pacificar al país y reivindicar los derechos de esta población a tener un futuro en este país”, resaltó Alcalde, al explicar que los jóvenes que trabajen en instituciones, empresas u organismos sociales recibirán un salario por parte del gobierno federal y si terminado ese periodo no son contratados, se les dará seguimiento a través del Servicio Nacional de Empleo hasta lograr su inserción en el mercado laboral.
Tras indicar que los llamados “servidores de la nación” ya recorren, en principio, las zonas más empobrecidas del país para identificar a los jóvenes que no estudian ni trabajan, Luisa María Alcalde sugirió a los jóvenes interesados a acudir a los Centros Integradores que se abrirán en todo el país o a incorporarse al programa vía electrónica a través de la página: www.jovenesconstruyendoelfuturo.mx/

https://mvsnoticias.com/#!/noticias/confia-proximo-gobierno-tener-leyes-secundarias-de-la-reforma-laboral-en-diciembre-proximo-182

Q. Roo: Hay 13 mil expedientes de justicia laboral rezagados 

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La Secretaría de Trabajo y Previsión Social indica que son casos abandonados por las partes. 
Joel Zamora/SIPSE
23 de octubre de 2018
CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social aún mantiene cerca de 13 mil expedientes identificados como rezago en materia de justicia laboral; de estos, más de dos mil 507 están en proceso de caducidad. 
Se trata de expedientes a los que dejaron de darse continuidad por las partes procesales, no obstante, la dependencia informó que solicitarán 33 nuevas plazas para abatir este rezago, que incluye un presupuesto de nueve millones de pesos. 
Así lo dio a conocer Catalina Portillo Navarro, secretaria de la dependencia durante su comparecencia ante diputados de la XV Legislatura, como parte de la ampliación del Segundo Informe de gobierno de Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
“Sí hay rezago dentro de la junta, lo estamos abatiendo, yo creo que aquí está el informe y los resultados preliminares, porque los resultados finales será al momento de concluir o que la federación así nos lo marca, se extingan las juntas, de acuerdo con el nuevo sistema laboral”, dijo. 
Portillo Navarro argumentó que existen muchos expedientes que no se les da el impulso procesal por alguna de las partes, porque alegan que es una obligación de la junta notificar; no obstante, muchas veces, el trabajador o el demandado cambian de domicilio y no actualizan su información, por lo que dichos expedientes se van archivando. 
Dijo que ya hay 19 mil 939 expedientes concluidos, ya sea en laudo, en convenio, que en alguna parte del proceso se han llegado arreglo y por lo cual se han recuperado 433 millones de pesos en favor de los trabajadores. 
Profesionalización del personal 
La funcionaria recordó que el 30 de noviembre de 2012, salió publicada una reforma a la Ley Federal de Trabajo, en su Artículo 9 transitorio. 
“El personal jurídico dentro dentro de las juntas de conciliación deben tener título y cédula profesional y les dio cinco años para obtener su título y su cédula, para profesionalizar a este personal”, apuntó. 
Dijo que este lapso concluyó el 30 de noviembre de 2017, por lo que notificaron a todo el personal, incluso a los presidentes y jurídicos; se observó que habían muchas personas que no contaban con título y cédula; sin embargo, este personal no causó baja, sino que fueron removidos a áreas administrativas y no jurídicas. 
“No podemos hacer que el personal que no cuente con título y cédula, esté ejerciendo funciones de actuario, de secretario de acuerdos o secretario general, porque no reúnen los requisitos”, agregó. 
Dijo que las plazas solicitadas, aprobado dentro de las sesiones extraordinarias del subcomité de empleo, serán para 10 secretarios de acuerdos, 11 secretarios proyectistas y 12 actuarios en la cobertura total del estado. 
La funcionaria además fue cuestionada por temas de inclusión social, sobre la generación de más empleos para las personas con discapacidad y sobre las “mafias sindicales”, las cuales aún siguen utilizando a los empleados para ejercer otros fines laborales. 

https://sipse.com/novedades/rezago-expedientes-laborales-secretaria-del-trabajo-prevision-social-catalina-portillo-navarro-314239.html

Q. Roo: Solicitarán 9 mdp más para rezago en Juntas de Conciliación: STyPS


Entran en funciones Centros de Conciliación laboral, como parte de la reforma laboral aprobada en 2018
Joana Maldonado
Foto: Facebook Congreso del Estado de QRoo
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Lunes 22 de octubre, 2018
Al comparecer ante diputados de la XV Legislatura, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), Catalina Portillo Navarro anticipó que solicitará un incremento presupuestal para el aumento en la plantilla de empleados que atiendan el importante rezago que se mantiene en las Juntas de Conciliación. Además anticipó la entrada en funciones de los Centros de Conciliación laboral, como parte de la reforma laboral aprobada de este año.
Para abatir el rezago, dijo la secretaria, se hizo la jornada de caducidad en donde se encontraba un atraso de hasta 15 años. 
Recordó que a la fecha se han concluido más de 19 mil expedientes en convenio o laudo, mientras que en el proceso de caducidad están en proceso dos mil 507 expedientes para abatir el rezago existente. 
Asimismo mencionó que a partir de reformas hechas en 2012, el personal de las Juntas debe tener título y cédula profesional y en este sentido recordó que ellos tuvieron un plazo de cinco años a partir del 1 de diciembre de 2012 para profesionalizarse.
En el caso de secretarios de acuerdos, actuarios que no cumplen con el requisito de título, continuaron en funciones administrativas por lo que hay déficit de personal, motivo por el que que desde el año pasado se han solicitado 33 nuevas plazas que se justifican en razón de la reforma de 2012 en cuanto al personal jurídico.
Para ello, agregó, se estima un presupuesto adicional de nueve millones de pesos. Este año la dependencia ejerce 84 millones de pesos, de los cuáles 65 son para el rubro de salarios.
Avances de la Reforma laboral
Catalina Portillo Navarro destacó durante su comparecencia los avances de la Reforma Laboral aprobada en febrero de este año y publicada el 30 de junio en el Periódico Oficial del estado, en donde se establece como operarán los Centros de Conciliación laboral.
La titular de la STyPS adelantó que a partir de estas reformas constitucionales en materia de justicia laboral, se deben realizar las adecuaciones a los reglamentos secundarios como es la Ley de Centros de Conciliación Laboral, misma que ya fue propuesta por la Secretaría a la Consejería Jurídica para que sea remitida a diputados para homologar las leyes a nivel federal.
Recordó que la reforma al artículo 123 a nivel nacional, establecían que los Centros de Conciliación, fungirán como órganos desconcentrados sectorizados a la dependencia que encabeza, con personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo objetico es brindar el servicio de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre trabajadores y empleadores a nivel local.
Estos Centros de Conciliación tendrán sede en Playa del Carmen, Cancún y Chetumal de acuerdo a la propuesta que aguarda la Consejería Jurídica.
Con la creación de estos Centros dijo, el Poder Judicial podrá conocer de los conflictos en materia laboral y deberá de implementar sus Juzgados Laborales.
A través de estos Centros, se marca como obligatoria la conciliación de manera pre judicial, es decir, antes de acudir a un juzgado laboral, se deberán dirimir las controversias entre trabajador y empleador ante estos centros de manera obligatoria.
“Si no agotan la conciliación, no podrán interponer una demanda de manera formal ante el Juzgado laboral del Poder Judicial”, precisó.
Logros
Durante su comparecencia, la secretaria resaltó que en materia de empleo, en lo que va de este año, 54 mil 647 personas se han atendido mediante esta dependencia, 12 mil 622 han sido colocadas en diversos empleos y que comparado con el 2017 la cifra es mayor, pues en ese año se atendieron a 42 mil 388 y se colocó a 11 mil 904.
Añadió que en el sub programa de empleo, se han atendido a 18 mil 664 personas, mientras que en 2017 fueron 15 mil 381, de este último año, se han colocado a cinco mil 826.
Mediante el portal de empleo, se han atendido a 15 mil 164 personas colocándose en el mercado laboral a mil 390 personas, mientras que en el sub programa de fomento al auto empleo, se han beneficiado 82 personas con una inversión de 1.5 millones de pesos.
Como parte del sub programa “Abriendo espacios” dio oportunidad laboral a 47 personas de la tercera edad y 65 personas con discapacidad a través del Centro de Evaluación de Habilidades (Valpar) en la que se realizaron 68 evaluaciones. A través de las dos ferias de trabajo dirigido a este sector, 258 hombres y mujeres han encontrado empleo, principalmente en las empresas incluyentes. 
Catalina Portillo agregó que del programa agrícola que se aplica en coordinación con el país de Canadá, se han atendido 275 personas que han generado remesas por 745 mil dólares canadienses o 10.9 millones de pesos.
La secretaria destacó que al segundo trimestre de 2018, se cerró con 44 mil nuevos empleos, que representa un incremento del 10.2 por ciento, con lo que el estado se mantiene en el primer lugar en generación de empleo en este año.
En el tema de justicia laboral, la secretaria destacó que en los últimos dos años ha habido cero huelgas aunque ha habido 261 emplazamientos, un número menor en comparación con 2018 cuando se contabilizaron 388.
Asimismo destacó que hay 19 mil 939 expedientes concluidos y se han recuperado 433 millones de pesos recuperados a favor de los trabajadores mientras que dos mil 507 expedientes se mantienen en proceso de caducidad, de los 13 mil identificados.
En cuanto al combate a la corrupción, Catalina Portillo resaltó que en este año, han sido restituidos a sus legítimos propietarios, tres hoteles y dos casas habitación valuados en 336 millones de pesos.
Sumado a lo que se restituyó en 2016 y 2017 que fueron cuatro inmuebles, departamentos en condominios y recuperación de dinero en efectivo con una suma que alcanzó los 345 millones de pesos, suman 711 millones el monto total de lo recuperado.
Sin embargo aún se encuentran 24 ejecutorias de juicios de amparo, en las cuáles se ordena la devolución de bienes y valores.
La Procuraduría de la Defensa del trabajo ha atendido a la fecha a 13 mil 49 personas mediante 11 mil 841 audiencias de conciliación de lo que ha resultado la recuperación de 34 millones de pesos en prestaciones.
Mediante las ferias del empleo, la STyPS ha atendido a 10 mil 657 usuarios logrando colocar a tres mil 445 solicitantes en diversas plazas.

https://www.lajornadamaya.mx/2018-10-22/Solicitaran-9-mdp-mas-para-rezago-en-Juntas-de-Conciliacion–STyPS

Comparece ante legisladores, la secretaria del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo

Afirma Catalina Portillo; Quintana Roo se mantiene como líder en generación de empleos.
por La Verdad
22 de Octubre 2018 · 17:07 hs
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Comparece ante legisladores, la secretaria del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro compareció ante los diputados integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social que preside el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, donde expuso los resultados obtenidos en materia de generación de empleo, capacitación para el trabajo y justicia laboral durante el segundo año de la administración estatal.
En la reunión, llevada a cabo en la sala de comisiones “Constituyentes de 1974” y a la que asistieron las diputadas Yamina Rosado Ibarra y Sonia López Cardiel, y los diputados Eduardo Martínez Arcila, Fernando Zelaya Espinoza, Jesús Alberto Zetina Tejero, Emiliano Ramos Hernández; la titular de la STyPS informó que Quintana Roo se mantiene con el primer lugar en generación de empleos, al registrar 44 mil nuevos empleos en agosto de 2018 y un incremento de 10.2 por ciento de empleos formales.
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El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, anunció que se hará una invitación a la ciudadanía y a los colegios y barras de abogados, a que participen en los trabajos de la Comisión para la Implementación de la Reforma Laboral a nivel local, donde participan los tres poderes de gobierno. A través de esta comisión, se busca dar continuidad a la reforma constitucional en materia laboral y lograr su implementación en la entidad.
En materia de justicia laboral, Portillo Navarro reconoció que, si bien al inicio de la actual administración se recibió la dependencia con un rezago de más de 15 años en expedientes, agregó que se han concluido 19 mil 939 expedientes traduciéndose en 433 millones de pesos recuperados a favor de los trabajadores.
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La funcionaria destacó que en este periodo se ha registrado una paz social y laboral, pues de los 388 emplazamientos a huelga registrados en 2017 y los 261 registrados en lo que va del presente año, ninguno ha llegado al estallamiento de la huelga como tal.
El diputado Eduardo Martínez Arcila cuestionó a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, respecto a la calidad los nuevos empleos generados en Quintana Roo, a lo que Portillo Navarro respondió que existe una sinergia de trabajo entre la Federación y el Estado, para que los empleadores cumplan con las prestaciones sociales y que por ley corresponden a los trabajadores, a fin de lograr que existan empleos bien remunerados y que garanticen un retiro digno.
Aunado a ello, mencionó que la Secretaría trabaja constantemente en acciones de capacitación para los trabajadores, pues de esa manera se garantizará la permanencia del personal en sus centros de trabajo.
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Sobre la situación de los trabajadores de la construcción, la secretaria Catalina Portillo Navarro aseguró se trata de un asunto de competencia federal. Sin embargo, la STyPS participa supervisando las condiciones generales de trabajo y canalizan las actas elaboradas a la Federación, aprovechando que existe buena comunicación entre las dependencias.
La funcionaria informó que existen 56 empresas socialmente incluyentes donde se trabaja con cinco grupos de discapacidad donde se han atenido a 428 personas, una cifra muy baja debido a la poca participación ciudadana porque existen casos donde, a pesar que existe interés de la persona con discapacidad para emplearse, a los familiares aún se les hace difícil desprenderse de la responsabilidad y el cuidado.

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Comparece-ante-legisladores-la-secretaria-del-Trabajo-y-Prevision-Social-de-Quintana-Roo-20181022-0113.html

Avanza BCS en materia de trabajo y justicia laboral

  • El Sudcaliforniano Jueves 18 de octubre de 2018 en BCS

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Se realizó reunión de trabajo del Subcomité Sectorial de Empleo y Justicia Laboral. (Cortesía)
La Paz, Baja California Sur.- Con la participación de representantes de los sectores económicos, académicos y de los tres niveles de gobierno integrantes del Subcomité Sectorial de Empleo y Justicia Laboral, se llevó a cabo sesión de trabajo donde se presentaron y validaron las obras y acciones realizadas durante el tercer año de gestión de la administración estatal, informó Tomás Flores Gameros, subsecretario del Trabajo y Previsión Social.
JUSTICIA LABORAL
El funcionario expuso los resultados y cumplimiento de las líneas de acción y ejes fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, enfocados a la generación de oportunidades de trabajo e impartición y procuración de justicia laboral para favorecer el desarrollo social y económico de las familias sudcalifornianas.
El subsecretario destacó que a través de los diversos programas del Servicio Nacional de Empleo en la entidad (SNEBCS), con cifras avaladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del año se han creado más de 13 mil empleos formales que permiten a los trabajadores contar con servicios de salud y de seguridad social como acceso a créditos para vivienda y a una jubilación justa, entre otros beneficios.
En materia de justicia laboral, mediante las jornadas permanentes de conciliación que realiza la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se han podido prevenir 3,276 conflictos y 433 juicios mediante la conciliación; además, se ha logrado un beneficio económico por más de 178 millones de pesos a favor de trabajadores y patrones.
Por su parte, la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo ha brindado asistencia legal y orientación a más de 6,400 mujeres y hombres trabajadores de los diferentes sectores productivos, logrando 4,085 arreglos conciliatorios y un monto de recuperación de más de 32 millones de pesos.
Tomás Flores Gameros reconoció el trabajo de cada una de las instancias presentes así como su compromiso y esfuerzo, lo que ha permitido mejorar los niveles de bienestar para las y los trabajadores de Baja California Sur.
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/avanza-bcs-en-materia-de-trabajo-y-justicia-laboral

La esperanza de la clase trabajadora

 

Napoleón Gómez Urrutia
A partir de la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el Senado, referente a la libertad de sindicalización y al derecho a la contratación colectiva, y una vez superados los problemas iniciales del rechazo por parte de algunos empresarios y senadores de diferentes grupos parlamentarios, de inmediato se inició un proceso de entendimiento, ajuste y aceptación, aunque a veces a regañadientes, sobre el alcance y los beneficios a futuro para la clase trabajadora mexicana.
Y es que es necesario entender lo que estamos viviendo en términos de la desigualdad, la explotación y la pobreza, resultado de un modelo fracasado de política económica y social, producto de la ineficiencia gubernamental, la avaricia y la ambición empresarial, así como de la corrupción generalizada entre sectores dominantes de la sociedad. El futuro hoy para los trabajadores y sus familias es de frustración, tristeza, desencanto y abandono provocados por las autoridades y los círculos de poder económico.
No es para menos: la falta de oportunidades y de ingresos dignos, justos y estables están llevando a la población, simbólicamente hablando, al borde del suicidio colectivo, medido por la desesperación y el coraje de ver a sus hijos y familias enfermar y morir en el desamparo, sin esperanza de recuperar una vida humana con dignidad.
Lo que ha sucedido es terrible y las estrategias e instrumentos que se utilizaron durante las pasadas tres décadas, por lo menos, condenaron a la gran mayoría a esa clase de supervivencia sin futuro o esperanza, que tanto daño ha causado a los núcleos más importantes de la población.
El cinismo empresarial, gubernamental y de muchos líderes sindicales ha implantado un sistema, que es urgente erradicar, de contratos colectivos de protección patronal (CCPP), en contra y a espaldas de los derechos fundamentales de los trabajadores y en oposición a la Constitución de México, la Ley Federal del trabajo y el Convenio 87, hermano del Convenio 98 de libertad sindical de la OIT.
El modelo de los CCPP hoy es muy común en todo el país, sobre todo en las maquiladoras y las trasnacionales; surgió a partir de que originalmente entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en 1994 y, como parte de la política laboral de Carlos Salinas, sirvió para beneficiar al capital extranjero y a las grandes empresas nacionales. El método fue y sigue siendo abaratar el costo de la mano de obra como elemento de competitividad y flexibilidad que degrada los derechos humanos, a pesar de que se definieron las comisiones nacionales respectivas en esta materia. En la práctica, Salinas excluyó el trabajo como derecho humano en la Constitución mexicana.
Así, los CCPP sustituyeron a los contratos colectivos de trabajo (CCT), que alguna vez fueron mayoría. Aquéllos, en los gobiernos neoliberales de 1983 a 2018, crecieron y se reprodujeron como parásitos al calor de la corrupción y de los actos ilegales de los gobiernos, las autoridades y los empresarios.
De esta manera, muchos sindicatos se volvieron patronales y declararon “cero huelgas”, señalaron “topes salariales” y por su parte comenzaron a crecer ampliamente los patrones contratistas y las compañías de outsourcing, que se dedicaron a interpretar la justicia laboral en favor de las corporaciones de negocios por medio de las juntas de conciliación y arbitraje y en favor del gran capital, salvo pocas excepciones.
Hoy el panorama para los trabajadores es desolador y las grandes confederaciones sindicales han promovido una de las peores reformas laborales de todos los tiempos en contra de la fuerza de trabajo. Esto es vergonzoso y hasta llegan al extremo de plasmar en un contrato de protección patronal cláusulas que aplican con lenguaje que se torna esclavizante, como la frase de que el trabajador se someterá al mando de la empresa o que ésta podrá contratar libremente con terceros y despedir a los trabajadores sin ninguna responsabilidad para los empleadores.
Asimismo, en esos contratos se indica que es la empresa la que selecciona al personal con absoluta libertad y a los obreros los llama “colaboradores sindicalizados”, los cuales están obligados a pertenecer y adherirse al sindicato mediante un documento de adhesión a la empresa sin condiciones, siempre favoreciendo las órdenes y los intereses de los patrones, quienes les ordenan laborar en todas las áreas productivas sin los debidos criterios de capacitación, seguridad y protección.
Finalmente, esta aberrante situación tendrá que cambiar con la llegada del nuevo gobierno y terminar con la explotación indiscriminada de la clase trabajadora. De otra manera, jamás se podrá conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social que tanto está demandando el pueblo de México. Esto es lo que, entre otras cosas, espera con realismo la clase trabajadora mexicana.

http://www.jornada.com.mx/2018/10/18/opinion/018a1pol

Relaciones laborales bajo la lupa del USMCA

Por: Redacción /Pulso Laboral
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EN las negociaciones del nuevo Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), por sus siglas en inglés) se cuidaban aspectos fundamentales para el sector automotriz, el agro y el comercio, en el terreno laboral avanzaban, de manera sigilosa, las exigencias que Estados Unidos pretende que México cumpla. 
Las relaciones laborales no formaban parte íntegra del acuerdo comercial original. En ese tema, los socios acordaron cartas paralelas, que se cumplían, «de buena fe», por México, Estados Unidos y Canadá, respetando la dinámica del mercado laboral de cada nación. 
El 27 de agosto de 2018, la historia cambió. En el documento del acuerdo que sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se incluyó un capítulo laboral con las obligaciones que se deben cumplir, como el derecho de los trabajadores a elegir su sindicato y que la contratación laboral sea transparente. Ahora, de no cumplirse, existe la posibilidad de que se abran paneles en determinados sectores o industrias que podrían afectar el comercio, explica Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El acuerdo todavía debe ser aprobado por los Congresos de los socios comerciales. 
Anteriormente, la parte laboral en el TLCAN no tenía dientes, se podía presentar una denuncia si una empresa lo incumplía, pero no pasaba nada más. 
«Ahora, como está estructurado el tratado, si un país se queja del otro por violaciones a su legislación, el país denunciante tendría derecho a imponer sanciones económicas al denunciado. Y el incumplimiento traería como consecuencia la imposición de un arancel especial que afectaría a México», detalla Salvador Pasquel, socio en Baker McKenzie. 
Existen tres principios básicos que se deben cumplir: la , libertad de asociación, de negociación colectiva y mejorar la impartición de justicia laboral
Bajo estos principios, las empresas tienen que revisar los esquemas de representación sindical con los que ha firmado contratos colectivos de trabajo. 
Éstos deberán ser producto de una elección libre de parte de sus trabajadores, a través de la integración de comités con la participación de los trabajadores de cada centro laboral. 
«Al final, se busca eliminar aquellas representaciones sindicales que no cuenten con el apoyo de la mayoría de los trabajadores», explica Óscar de la Vega, socio de la firma De la Vega & Martínez. 
El acuerdo comercial obliga también a revisar los costos laborales y a establecer bonos de productividad autofinanciables con objeto de mejorar el ingreso de los trabajadores. Las empresas, por cumplir un aumento salarial, podrían llevarlo acabo, pero sin vincularlo a la productividad y a metas perfectamente establecidas, lo cual podría traerles problemas de incumplimiento del tratado. 
El Capítulo Laboral del USMCA se suma a la transformación de las relaciones laborales, que, de manera interna, experimenta nuestro país, afirma Germán de la Garza, socio del despacho Mowat. 
Es importante que las empresas inicien un proceso de revisión para desactivar aquellos problemas laborales de índole colectivo que puedan motivar paros o huelgas. «Los empresarios deben ser sensibles a los cambios político-laborales», advierte De la Vega. 
Las obligaciones asumidas por México a nivel internacional, en el Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico (antes TPP), en el ahora USMCA, así como la reforma constitucional promulgada en México en febrero de 2017 y el Convenio 98 de la OIT recientemente ratificado, exigen cambios a la Ley Federal del Trabajo, que deben ir en la misma ruta de fortalecer la libertad sindical y de contratación colectiva con una nueva impartición de justicia. 
El Convenio 98 de la OIT, que México ratificó en septiembre después de casi 70 años, requiere, para su aplicación y cumplimiento, modificaciones a las leyes mexicanas, dice Ancelmo García, especialista laboral y colaborador de la OIT. 
La tarea está en el Congreso, que debe impulsar las leyes secundarias que permitan establecer reglas claras sobre cómo deben comportarse los sindicatos y cómo decidirán los trabajadores su participación en la vida sindical, si desean tenerla. 
Se espera que la reforma de impartición de justicia derive en modificaciones importantes en la tramitación de juicios, en los despidos y en los procedimientos especiales de titularidad de contrato. «Si bien habrá beneficio para los trabajadores, y algunas exigencias para los patrones, también implica cambios para los líderes sindicales, pues se pretende que un mismo sindicato deje de representar a 20 o 30 organizaciones o sectores, como sucede ahora», dice García. 
Los contratos colectivos de trabajo no activos o de protección podrían poner en riesgo la estabilidad laboral de las empresas. Por ello, antes de firmar un contrato deben asegurarse de contar con la aprobación de los trabajadores. 
«Es un cambio de cultura, de seguir procesos para dar cumplimiento a las nuevas relaciones. Es atender el voto de los trabajadores, de dar a conocer los contratos, de no firmar anticipadamente con sindicatos. Sabemos que no es sencillo. porque ello podría traer inestabilidad en las empresas ante la disputa de contratos de trabajo por parte de los sindicatos», agrega De la Garza. 
La afiliación de los trabajadores a los sindicatos deberá ser voluntaria sin temor a la amenaza de las cláusulas de exclusión (el sindicato es el que decide si se incorpora al centro de trabajo), que son contrarias a la libertad de asociación. /Expansión

http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/15801/relaciones-laborales-bajo-la-lupa-del-usmca