NOTIMEX
16.10.2018
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene una firme convicción laboral y social, y así lo demostró cuando fue jefe de gobierno, al dar respuesta a los planteamientos de la base trabajadora, por lo que se espera ocurra lo mismo durante su administración, afirmó el líder obrero Joel Ayala Almeida.
El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) confió en que con el próximo gobierno exista comunicación directa y clara que atienda sus demandas sociales y económicas, pues hay certidumbre y confianza en las acciones que instrumentará en su momento el próximo titular del Ejecutivo federal.
Entrevistado en el edificio principal de la FSTSE, sostuvo que el presidente electo está del lado de los trabajadores en su decisión de conservar derechos y conquistas en todo el ámbito de la justicia laboral.
El líder de la burocracia nacional recordó que López Obrador habló del traslado de diversas dependencias federales a varios estados del país y de que en este proceso de descentralización se respetarían los derechos de los trabajadores de base y sindicalizados, quienes no perderán su fuente de empleo y su cambio sería voluntario.
De llevarse a cabo dicha descentralización administrativa, deberá ser gradual y parcial, basada en la capacidad presupuestal y otros condicionamientos que puedan aportar la posibilidad de que ésta se cumpla, afirmó Ayala Almeida.
La decisión de mudarse de una entidad a otra, dijo, se llevaría a cabo bajo el estricto sentido de que los trabajadores cuenten con vivienda digna, servicios médicos de calidad y con infraestructura educativa completa en todos los niveles, incluyendo el profesional, y que se vea palpable el mejoramiento de su calidad de vida.
El dirigente reiteró la posición de esta central, que agrupa a 89 sindicatos, de dar vigencia a los derechos y conquistas laborales de los sindicalizados, así como a favor de la unidad e integración del seno familiar, que es la que permite el reforzamiento de la paz social.
Joel Ayala recordó que por conocimiento propio, durante la administración de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México hubo una relación de respeto institucional y de una coordinación estrecha con la FSTSE. Esta, añadió, tuvo beneficios palpables, como la construcción de 10 mil viviendas y la incorporación a 21 mil trabajadores al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Hay una afirmación de un futuro consistente, con certidumbre para los trabajadores de México y en particular para los empleados al servicio del Estado, concluyó.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/432747/0/lider-obrero-confia-en-compromiso-de-lopez-obrador-con-justicia-laboral/
Etiqueta: Justicia Laboral
Coahuila: Logra junta de conciliación y arbitraje de región centro acuerdos entre trabajador y patrón
Favorece a ambas partes llegar a acuerdos económicos fuera de juicio
lunes, 15 de octubre de 2018
Monclova, Coahuila de Zaragoza.- 15 de Octubre del 2018.- La nueva cultura laboral implementada por la Secretaría de Trabajo del Estado (ST) en conflictos obrero-patronales de llegar a acuerdos previos entre la partes, ha permitido que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Monclova haya conciliado intereses, incluyendo 461 convenios dentro de juicio en lo que va del año, informó Ricardo Aguirre Cuéllar, titular de la oficina local.
Destacó que, en promedio, se pueden llegar a registrar hasta 200 demandas mensuales por desacuerdo entre los patrones, o en su caso bajo el argumento de despidos injustificados.
El llamado es cumplir las indicaciones del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, de privilegiar el diálogo entre las partes en conflicto.
Lo que da un total estimado en más de dos mil 200 demandas a lo largo de un año en las oficinas de la dependencia regional.
«La aplicación de una nueva cultura laboral permite que se resuelvan los conflictos de una manera amistosa, conciliada, y que el trabajador obtenga un beneficio inmediato. Somos Junta de Conciliación en una primera instancia”, precisó.
Consideró que es un órgano de justicia laboral que le apuesta, antes de pasar a una demanda que pueda ser larga, cansada y tediosa, a que tanto trabajador como patrón (o representante legal) lleguen a un buen acuerdo en cuanto a lo económico que se pueda otorgar al empleado.
«En este sentido, hacen un convenio, el cual se establecen prestaciones, contraprestaciones que se liquidan y se eleva la categoría de Laudo Arbitral, lo que sirve a ambas partes para legitimar su desempeño”, indicó.
Reconoció que en la Región Centro hay una buena disposición de los patrones por solucionar la problemática que presentan por medio de negociación y convenios conciliatorios, antes que llegar a una demanda.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/10/15/logra-junta-conciliacion-arbitraje-region-centro-acuerdos-entre-trabajador-patron-765664.html
Opinión / Alberto Barranco / Empresa
¿Fuera máscaras?
Balance general. Abortado, paradójicamente, ante la protesta de centrales sindicales de Estados Unidos de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el artilugio que pretendían los senadores sindicalistas Isaías González y Tereso Medina, al colar en una iniciativa de justicia laboral la posibilidad de generalizar la práctica del outsourcing o tercería, en el capítulo laboral del nuevo acuerdo mercantil se plantea una revisión del tema.
La intención, de cara a la equidad, es vigilar, justo, que la práctica de subcontratación, colocada originalmente, para fines de limpieza y mantenimiento, se siga extendiendo en un escenario en que existen empresas que utilizan la vía para sus ejecutivos.
La práctica coloca a éstos al margen de las prestaciones que se otorgan, es decir pólizas de gastos médicos mayores, bonos, participación accionaria, al ser contratados por una firma distinta… a veces creada por la propia empresa que los emplea.
La garantía de cumplimiento correría a cargo del nuevo gobierno.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/manipulan-cifras-del-imss
Vientos de cambio
Saúl Escobar Toledo
Octubre 10, 2018
En unas cuantas semanas, las leyes y las instituciones del trabajo mexicanas han sido sacudidas por dos acontecimientos distintos pero relacionados: primero, a fines de septiembre, el Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Y poco después, a principios de octubre, se anunció un acuerdo final entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de comercio (el United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA, en lugar de TLCAN o NAFTA) que incluye un capítulo laboral y un anexo, ambos muy destacados.
El Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva data de 1949 y ha sido firmado por 165 países del mundo incluyendo América Latina. La importancia de la decisión senatorial reside en haber vencido, al fin, las resistencias del PRI y del PAN, del llamado sindicalismo oficial (charro o corporativo), y de algunos dirigentes empresariales que se han opuesto por razones estrictamente políticas y convenencieras: defender un modelo sindical corrupto, antidemocrático y servil. Un esquema que sirvió durante muchos años para controlar el descontento obrero y, desde 1982, para imponer topes salariales y otras políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores.
La nueva composición del órgano legislativo (con mayoría de Morena) sirvió sin duda para apresurar esta decisión pues coincidía con su plataforma electoral y su programa. Pero quizás también porque ya se tenía información de que el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial norteamericano traía un apartado especial sobre asuntos laborales que era plenamente congruente con el Convenio 98.
Hasta ahora, el texto completo del USMCA sólo está disponible en inglés, publicado en el portal de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico). Aquí solo nos referiremos al capítulo laboral. Se trata de una versión mejorada de su similar pactado en el TPP (Acuerdo Transpacífico). Es más claro en algunos temas pues por ejemplo incluye explícitamente el derecho a huelga como parte de la libertad de asociación; y precisa las obligaciones de los gobiernos para la aplicación de las leyes laborales, incluyendo la inspección laboral.
Más importante aún, contiene varios apartados muy novedosos. Uno de ellos señala que ningún país dejará de atender los casos en que se ejerza violencia contra los trabajadores, relacionada con el ejercicio de sus derechos. Otros puntos destacables se refieren a la protección de los trabajadores migrantes y a la promoción de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.
En resumen, el capítulo laboral del Acuerdo busca elevar la protección laboral en los tres países de manera más precisa que otros pactos comerciales similares. Hay todavía algunas lagunas e imprecisiones, y la manera de hacer efectivos estos lineamientos deja todavía mucho que desear.
A todo esto, hay que agregar el anexo 23-A que tiene como título, para no dejar ninguna duda, “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. Se trata de un texto que plantea un combate a fondo a los contratos de protección patronal en nuestro país. Para ello, México se compromete a adoptar una legislación que comprenda, entre otras, las siguientes disposiciones:
Un conjunto de reglas para garantizar el derecho de los trabajadores a organizar, formar y adherirse al sindicato de su preferencia, y prohibir a los empleadores interferir en las actividades sindicales o ejercer coerción por su actividad sindical. Asimismo, que se establezcan órganos imparciales para el registro de las organizaciones gremiales. Igualmente, se deberá implementar un sistema efectivo que verifique que las elecciones de los dirigentes sean llevadas a cabo mediante el voto libre, personal y secreto de los socios.
Las leyes mexicanas deberán también contemplar que el registro de los contratos colectivos cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto. Finalmente, señala que las partes (Estados Unidos y Canadá) esperan que México llevará a cabo estos cambios antes del 1º de enero de 2019, y se advierte que la entrada en vigor del acuerdo comercial puede ser pospuesta hasta que dicha legislación entre en vigor.
Tal profusión y claridad en el texto busca impedir que, en México, se siga aplicando un modelo laboral apoyado en contratos y sindicatos ficticios. Una práctica que, como lo explica un análisis elaborado por el Sindicato de Metalúrgicos de Estados Unidos, y como lo han advertido también aquí en México, desde hace tiempo, las organizaciones sindicales independientes, los abogados democráticos y los especialistas en el tema, ha servido para imponer bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Estas políticas, si bien han permitido atraer inversiones extranjeras a la industria manufacturera, particularmente en las últimas tres décadas, en realidad han aportado pocos beneficios para el país y su clase trabajadora.
Así, en esta ocasión, se han reunido diversos protagonistas e intereses: los sindicatos de Estados Unidos y Canadá; los gobiernos de estos países; y la futura administración de AMLO y las organizaciones independientes mexicanas, con el objetivo común de cambiar el modelo laboral vigente. Los primeros sienten que los contratos de protección son una manera deshonesta de quitarles plazas laborales y presionar negativamente los salarios en sus propios países; los segundos, sobre todo Trump, creen que de esta manera protegerán su planta industrial y mejorará su balanza comercial; y los terceros, es decir el próximo gobierno de López Obrador y los legisladores de Morena, confían en que es posible construir un esquema de desarrollo menos dependiente de la exportaciones manufactureras y capaz de mejorar los salarios y las condiciones de vida de los mexicanos.
Hay que advertir que todo lo contenido en el capítulo laboral y su anexo, incluidos en el nuevo acuerdo comercial, no se riñe con las reformas constitucionales de febrero de 2017. Al contrario, se basan en ellas. Pero los representantes sindicales y los gobiernos del norte han creído necesario pactarlos expresamente en el USMCA ante la posibilidad de que esas reformas se reviertan, como en efecto se intentó a lo largo de este año por el PRI y el gobierno de Peña Nieto.
Se trata de una coincidencia un tanto sorprendente que sin embargo puede cambiar profundamente el modelo laboral mexicano. Ahora toca al Poder Legislativo de nuestro país dar el siguiente paso: reformar la Ley Federal del Trabajo para para adoptar nuevos lineamientos que permitan combatir los contratos de protección y abrir la puerta a una democratización de los sindicatos mexicanos. Aun así, después de que esto haya sucedido, vendrá el reto de su puesta en práctica.
La próxima administración tendrá que aplicar las nuevas disposiciones legales y ello significará una labor compleja. Lo será desde el punto de vista técnico y administrativo pues poner en marcha una justicia laboral adscrita al Poder Judicial, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, representa una tarea que exigirá recursos y un proceso de transición difícil, todavía indefinido.
Desde el punto de vista social y político, el cambio enfrentará muchas resistencias tanto de algunos empleadores como de las viejas organizaciones corporativas y, sobre todo, de la mafia que hoy se beneficia de los contratos de protección.
Pero, finalmente, serán los propios trabajadores los que, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la posibilidad de decidir. Vientos provenientes del norte y de nuestra propia coyuntura política se han juntado para impulsar un cambio profundo de las instituciones y las leyes laborales. El camino para hacer realidad la democracia sindical y relaciones de trabajo más equilibradas es todavía muy largo, pero se ha abierto una brecha en un momento singular de la historia de México y del mundo.
saulescobar.blogspot.com
https://suracapulco.mx/impreso/9/vientos-de-cambio/
Propone Martí Batres temas de consenso para el actual periodo de sesiones
Categoría: Boletines
Publicado: Lunes, 08 Octubre 2018 14:33
Número¿-342
- Incluye eliminación del fuero, extinción de dominio en casos de corrupción y Fiscalía General de la República.
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, propuso una lista de nueve temas para que se incorporen a la Agenda Legislativa de este periodo ordinario de sesiones y que representan demandas sociales urgentes, prioridades de los Grupos Parlamentarios o propuestas del Gobierno electo.
Se trata, dijo, de la eliminación del fuero, la paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos colegiados del Estado, seguridad social para parejas del mismo sexo, así como la obligación del Estado a impartir educación superior.
Además, de la extinción de dominio en casos de corrupción, la reorganización de la Administración Pública federal, la legislación secundaria en materia laboral, el nuevo catálogo de delitos graves y la concreción de la Fiscalía General de la República.
Martí Batres consideró que estos puntos cuentan con “un alto grado de consenso” entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Senado, la sociedad mexicana y entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Explicó que enviará esta lista a la Junta de Coordinación Política, cuyos coordinadores de los Grupos Parlamentarios se reunirán, hoy por la tarde, para procesar un acuerdo de Agenda Legislativa de consenso entre las diversas fuerzas políticas que componen esta Legislatura.
Para que los temas sean considerados en la discusión de los coordinadores parlamentarios y eventualmente también por el conjunto del Senado de la República, sus comisiones y el Pleno.
Explicó que en la reorganización de gobierno se ha planteado la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la transformación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al Instituto de Pueblos Indígenas y el cambio de concepto y denominación de la Secretaría de Desarrollo Social, por la Secretaría de Bienestar Social.
Precisó que está pendiente la aprobación de legislaciones secundarias en materia de justicia laboral, sobre un organismo para el registro de los contratos colectivos y en materia de libertad y democracia sindicales.
Además, existe la necesidad de un nuevo catálogo de delitos graves en materia de corrupción, robo de combustible, defraudación electoral, falsificación de facturas, encubrimiento, entre otros.
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42087-propone-marti-batres-temas-de-consenso-para-el-actual-periodo-de-sesiones.html
Urge mejorar mecanismos de justicia laboral: CONEVAL
Foto EE: Archivo
La justicia laboral, la inspección del trabajo y el libre ejercicio de los derechos colectivos en el país presentan serias fallas de diseño e implementación, por lo que se requiere un nuevo esquema.
María Del Pilar Martínez
07 de octubre de 2018, 18:47
La justicia laboral, la inspección del trabajo y el libre ejercicio de los derechos colectivos en el país presentan serias fallas de diseño e implementación, por lo que se requiere un nuevo esquema que aleje el tripartismo para su impartición. Esta es la conclusión del estudio “Diagnóstico del derecho al trabajo 2018” del Consejo Nacional de Evolución de la Política de Desarrollo social (CONEVAL).
El documento señala que es evidente que la impartición de justicia laboral en el país “ya no es útil” en las negociaciones entre patrones y trabajadores. Si bien la reforma de febrero del 2017 en el Artículo 123 significa un paso en adelante, se debe garantizar que habrá un órgano descentralizado para el registro de sindicatos y contratos colectivos. No obstante, “no se ha adoptado su reglamentación”.
Especialistas han señalado que es urgente que se revise la reglamentación secundaria, misma que habría de aprobar el Senado de la República, incluso para enero del 2019, dijo Lorenzo Roel presidente de la Comisión Nacional Laboral de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Además el CONEVAL afirma que “resultaría indispensable y urgente permitir una mayor deliberación y consulta pública acerca del nuevo modelo laboral, con garantías de pluralidad. Como hemos visto, desde el enfoque de derechos, la participación de la sociedad debería ser un factor ineludible para legitimar el diseño de las reformas legales de forma tal que realmente respondan a las necesidades y expectativas de los trabajadores y no sean regresivas».
Cumplir con compromisos internacionales
El estudio destaca que las nuevas reglas e instancias deberán cumplir con los compromisos internacionales en torno a la imparcialidad, independencia y oportunidad de la justicia laboral y el pleno disfrute de la libertad sindical y los derechos colectivos.
Por ello, es indispensable que haya una transición estructurada al nuevo orden, con “los recursos materiales y humanos suficientes. La legitimidad y la credibilidad de las nuevas instancias son condiciones indispensables para animar a los trabajadores a exigir sus derechos cuando son transgredidos”.
Pese a que aún no se conocen las propuestas de leyes secundarias, se espera que las nuevas bases constitucionales no representen un retroceso, “ya que posibilitarían un nuevo tipo de relación entre trabajadores, sindicatos, Estado y empleadores y darían autonomía al órgano encargado de registrar los sindicatos y los contratos colectivos”.
Destaca que el camino para la firma de contratos colectivos “exige la votación personal, libre y secreta como condición previa” que trascenderá a la elección de las dirigencias y la resolución de los conflictos intersindicales. Igualmente se exige que para garantizar la libertad de negociación colectiva, los sindicatos acrediten su representatividad.
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Urge-mejorar-mecanismos-de-justicia-laboral-CONEVAL-20181007-0041.html
San Luis Potosí: Juzgados laborales siguen en el olvido
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Juan Paulo Almazán Cue
DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2018
No se han establecido las reglas para la transición de las juntas de conciliación a los juzgados
Mayra Tristán
Está por llegarse nuevamente el plazo para la entrada en funciones de los juzgados laborales y sigue sin existir información respecto a la forma en que se dará la transición de las juntas de conciliación y arbitraje a los juzgados, y bajo qué sistema se van a desahogar los asuntos, indicó Juan Paulo Almazán Cue, magistrado presidente del Poder Judicial en el estado.
En febrero de 2017 se promulgó la reforma que establece la desaparición de las juntas de conciliación en los estados y el surgimiento de juzgados laborales, con la intención de agilizar la justicia laboral; en la reforma se estableció el 24 de febrero como plazo para este cambio, sin embargo no se promulgaron las leyes secundarias en donde se esperaban los lineamientos para la transición, por lo que se postergó para noviembre de este año.
Y aunque ya está por llegarse nuevamente el plazo, el presidente del Supremo tribunal de Justicia en el Estado (STJE) señaló que a nivel federal sigue sin existir información sobre la manera en que se dará la transición, sin embargo el Poder Judicial tomará en cuenta la posible creación de más juzgados en su planteamiento de presupuesto para el próximo año, previendo el surgimiento de los juzgados laborales.
Mencionó que no sería viable plantear un presupuesto bajo la óptica de las juntas de conciliación debido a que estos organismos trabajan con estructura muy distinta a los juzgados, por lo que habría que “atender al número de asuntos que hay y cómo vamos a estructurar nosotros los juzgados”.
Mientras tanto, continúan en funciones las juntas de conciliación en el país, en donde de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los asuntos tardan un promedio de tres años en resolverse.
En otro tema, informó que el Poder Judicial del Estado se sumó a la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama, por lo que durante este mes de octubre se iluminará de rosa la fachada de la Ciudad Judicial “Presidente Juárez”, como recordatorio de la lucha contra el cáncer de mama, que en San Luis Potosí es la principal causa de muerte de mujeres entre 40 y 69 años de edad.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/juzgados-laborales-siguen-en-el-olvido-2050897.html
Jalisco: Aumenta rezago en demandas laborales
Hay 81 mil 092 expedientes activos, de los cuales 47 mil 233 tienen un rezago mayor a tres años. EL INFORMADOR/Archivo
En los primeros ocho meses del año se presentaron 15 mil 423 juicios en Jalisco, pero sólo se solucionaron siete mil 307 casos
El Informador
6 de Octubre de 2018 – 04:30 hs
Entre enero y agosto de 2018, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco solucionó siete mil 307 demandas laborales, pero se presentaron 15 mil 423, arrojando un porcentaje de resolución de apenas 47.37 por ciento.
En comparación con el mismo periodo de 2017, la solución de juicios laborales se ha reducido en un 12.5%, producto de la resolución de 8 mil 349 demandas.
De acuerdo con especialistas en derecho laboral, más los representantes patronales y obreros de la Junta Local, la justicia laboral en Jalisco no ha sido apoyada con mayor presupuesto que les permita tener más personal para desahogar los juicios pendientes, además de faltar capacitación para los trabajadores y una mayor resolución de demandas mediante la conciliación.
“Históricamente hemos demandado al Poder Ejecutivo de Jalisco mayor presupuesto para la Junta para que opere adecuadamente”, indica Ricardo Barbosa, representante de Asuntos Laborales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Jalisco. “Los gobernadores no han dotado de presupuesto necesario a las Juntas para operar adecuadamente… para una mayor capacitación de funcionarios”.
Para el representante patronal se necesita incrementar hasta 50% más de presupuesto a la Junta Local para resolver sus pendientes. Barbosa calcula que, en Jalisco, un juicio laboral tarda de 20 a 22 meses en resolverse, a diferencia del promedio de ocho a 10 meses en las Juntas que funcionan de manera adecuada.
Añade que el incremento del rezago en la Junta Local no necesariamente tiene que ver con la capacidad de sus funcionarios, sino a una serie de factores externos, como el interés de algunos abogados “talibanes” en alargar los juicios para obtener laudos más cuantiosos.
Para evitar esto, la Coparmex propone la instauración de un “conciliador” que se dedique a dirimir las diferencias entre el patrón y el trabajador antes de que se llegue a un juicio.
“En Jalisco, como no hay presupuesto suficiente, no hay conciliadores de tiempo completo, a diferencia de la Junta de Nuevo León, donde si hay un presupuesto adecuado, con funcionarios que se encargan de conciliar para terminar asuntos lo más rápido posible”.
A lo largo del actual sexenio, se ha reducido la resolución de juicios laborales de manera paulatina. Mientras que en 2014 se habían desahogado 17 mil 822 demandas, en 2017 se resolvieron 12 mil 303 controversias, una reducción del 31 por ciento.
“Algunos Gobiernos le han dado vida artificial (a la Junta) para que salga adelante, desde hace muchos años hay el interés de desaparecer las Juntas de Conciliación”, indicó Antonio Álvarez Esparza, líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Jalisco. “No hemos avanzado, vamos para atrás”.
Para el titular del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Miguel Ángel Álvarez, hay un control de las Juntas por el sector patronal, que ha impedido una resolución favorable a la parte obrera. “También hay complicidad del Gobierno del Estado, donde hay un total desinterés de realmente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”.
Comparativo
Según los Estados con mayor densidad demográfica, el Estado de México también tiene el mayor número de conflictos laborales presentados en torno al comercio, al igual que Veracruz, Puebla, Guanajuato y Chiapas. Por otra parte, la Ciudad de México lidera en servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, mientras Nuevo León encabeza las industrias manufactureras.
2017
De enero a agosto de 2017, un total de cuatro mil 283 demandas se resolvieron por desistimiento de un total de ocho mil 349 casos resueltos, representando un 51.29% del total. Para 2018, el porcentaje se incrementó ligeramente hasta 53%, aunque el número de demandas desistidas fue menor (tres mil 860).
La mayoría de los juicios se resuelve por desistimiento
De los siete mil 307 juicios resueltos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre enero y agosto de 2018, 52.82% se ha dirimido a través del desistimiento; es decir, mediante la renuncia del demandante a continuar con el juicio para resolver la controversia mediante otra vía.
Para especialistas laborales como Miguel Álvarez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, este tipo de datos forman parte de una estrategia del personal de la Junta Local para hacer que el trabajador no continúe con el proceso, llevándolo a aceptar un arreglo por lo general desfavorable a sus intereses.
“Como hay una carga de trabajo excesiva, lo que hacen los funcionarios es presionar a los trabajadores y trabajadoras para que acepten los convenios, no sólo las Juntas sino la propia Secretaría del Trabajo”, manifiesta Álvarez.
“Lo que les dicen es que es un panorama muy oscuro, con frases como ‘es muy difícil que ganes’, ‘el juicio va a tardar años’, ‘agarra ahorita lo que puedas o luego nadie te va a dar trabajo’, y bajo esta violencia velada, al trabajador terminan presionándolo de tal forma que termina por aceptar una bicoca, prácticamente nada”, complementa el abogado laboral.
De acuerdo con el titular de Cereal, se necesita un mayor equilibrio entre el sector patronal y obrero, ya que observan una predominancia a resolver los juicios a favor de los intereses de los patrones.
“Hace falta más personal capacitado, exámenes de control y confianza, que los presidentes de las Juntas no sean nombrados por el Ejecutivo, sino por personas honorables que tengan un prestigio”, añade Álvarez, “no basta una nueva sede más amplia, si no tienes el personal ni los recursos y la capacidad para responder a las necesidades que se generan”.
Para Alfonso Librado, académico de la Universidad de Guadalajara, la falta de presupuesto de la Junta Local impide que ésta resuelva la justicia de manera pronta y expedita.
“El cúmulo de demandas por falta de presupuesto viene a acrecentar las demandas en la Junta, y rebasada, resuelven en fechas muy largas y orillan al trabajador a llegar a un acuerdo mediante desistimiento”, mencionó el especialista en derecho laboral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
El mayor número de conflictos presentados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Jalisco está relacionado con actividades del sector comercio. EL INFORMADOR/Archivo
CLAVES
Presumen la nueva sede; falta personal
Un edificio incluyente, amable con el medio ambiente y con sistema de ahorro de energía se convirtió en la nueva sede de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que trasladó sus oficinas a espaldas del parque Agua Azul.
La mudanza inició el 1 de junio de 2017 e inició operaciones de manera formal el 16 de junio, informó el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Tomás Figueroa. “Es una deuda que teníamos pendiente… oficinas dignas para atender a los trabajadores de nuestro Estado, a los usuarios que vienen día a día a las Juntas de Conciliación y Arbitraje”.
En la construcción del edificio de 13 mil 821 metros cuadrados se utilizaron 560 toneladas de acero y tuvo un costo de 88 millones 561 mil 965 pesos, vía recursos federales y estatales.
Aunque la titular de la Secretaría del Trabajo, Elke Tepper, considera que la nueva sede, con sus espacios más amplios, ha permitido “tener una atmósfera más tranquila para invitar a las partes a la conciliación, y que tengan ganas de escuchar al otro.
Pero hay quejas: “Nada más cambiaron de lugar”, declara Rosendo Fregoso, especialista en Derecho Laboral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). “El personal jurídico no se ha incrementado, no se le ha capacitado, siguen los mismos vicios y costumbres en los tribunales”.
Radiografía
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje laboran 401 personas, pero 60 trabajan sin sueldo o como aprendices. Durante 2017 recibieron un promedio de dos mil 42 juicios por mes, pero resolvieron mil 25; es decir, 2.5 por cada trabajador.
La Secretaría del Trabajo apuesta por reforzar la conciliación, particularmente en las Juntas especiales 13, 16 y 17, que son las de mayor carga en asuntos laborales.
Los trabajadores buscarán acuerdos rápidos y cordiales.
Ven incertidumbre y tardanza en la reforma laboral
Los sectores obrero y patronal que actualmente tienen representación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje consideran que la reforma laboral que trasladará la justicia al Poder Judicial se ha caracterizado por su tardanza en aplicarse, por la falta de información sobre cómo funcionarán los nuevos organismos que emanarán de la reforma y sin dinero que respalde su implementación inmediata.
“(La reforma) es físicamente imposible, no se ajusta a las exigencias de las partes ni los sindicatos estamos de acuerdo con ella, y menos la parte patronal”, declara Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la CROC en Jalisco. “No son más dilatados los juicios laborales que los juicios civiles, hay igual de rezago, no hay soluciones rápidas ni expeditas, y todo está a la buena voluntad de los litigantes. Y se ha victimizado al personal jurídico de las Juntas, con la finalidad de desacreditarlos y decir que la justicia laboral es mala, para justificar que la justicia civil pueda ser mejor”.
La nueva reforma laboral contempla algunos cambios en la impartición de la justicia, como la creación de Centros de Conciliación, además de nuevos tribunales laborales a cargo del Poder Judicial, que sustituirán gradualmente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los Estados.
“La reforma laboral está estancada debido al cambio en la legislatura y por el Poder Ejecutivo federal. No sabemos cuándo se va a aprobar, en qué términos se va a aprobar y cuándo va a entrar en vigor”, menciona Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Coparmex Jalisco. “Hay que recordar que, si se implementa la reforma, se va a tardar de tres a cuatro años para que los tribunales judiciales federales empiecen a operar, entonces no debe ser factor la próxima e incierta reforma laboral para que se les dote de mejor presupuesto a las Juntas Locales y Federales, porque éstas van a seguir operando igual dentro de los próximos tres o cuatro años”, amplía el representante patronal.
Para el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el cambio de la justicia laboral al Poder Judicial es un buen paso, “pero no hay dinero, y el Poder Judicial no quiere absorber un tribunal sin dinero ni hay tantas personas para responder a la necesidad que se viene”, según Miguel Álvarez. “Tienen que sentarse los gobernadores y diputados para adecuar los tribunales del trabajo. Implementar algo sin tiempos adecuados es una tontería”.
VOCES
Van 10 años y nada…
El señor Cortés lleva 10 años esperando que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le haga justicia. En 2008 demandó a un empresario, con quien se asoció para diseñar botellas para bebidas alcohólicas. Sin embargo, un día el patrón dejó “tirados” al señor Cortés y a casi 20 trabajadores más, y aún no hay respuesta a su demanda.
Casos como éste abundan en la Junta Local que, a pesar de su cambio de sede a un edificio más amplio en junio de 2017, continúa con rezagos en las resoluciones.
Elke Tepper, presidenta en 2017 de la Junta Local y actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, informa que hay 81 mil 092 expedientes activos, de los cuales 47 mil 233 tienen un rezago mayor a tres años.
Responsabiliza a la falta de personal y presupuesto, además de que algunos juicios son alargados de manera deliberada.
Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2012 había 70 mil expedientes activos, y en 2014 se redujeron a 62 mil, por lo que hoy existe un incremento de 20 mil juicios activos desde aquella fecha.
En Jalisco, un juicio laboral tarda de 20 a 22 meses en resolverse. EL INFORMADOR/Archivo
GUÍA
Jalisco, a media tabla
- Según el Inegi, Jalisco es el segundo lugar nacional en los conflictos laborales individuales, sólo superado por la Ciudad de México, con 23 mil 555 y 31 mil 373 juicios registrados en 2016, respectivamente, de acuerdo con el último análisis.
- Si en 2016 se presentaron 23 mil 555 demandas, sólo se resolvieron 14 mil 767 (62.6%).
- En Nuevo León, por ejemplo, se documentaron 15 mil 582 y se resolvieron 16 mil 181 (103.8%) en es año. Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí, entre otros, presentan una mayor eficiencia en este tema, pero en Jalisco las cosas empeoran: en 2017 se presentaron 24 mil demandas y apenas se resolvió la mitad: 12 mil 303.
Los más rápidos de resolver
Sobre la resolución de conflictos por actividad económica, con un 82.2% de casos concluidos, el rubro de los servicios financieros y de seguros es uno de los que presenta el mayor porcentaje de resolución, seguido de los servicios profesionales, científicos y técnicos, con el 81.6%, y del ámbito de la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, con un 75% de la resolución.
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USMCA mete presión a Reforma Laboral en México
2018-10-02 18:31:57
De ser ratificado por los respectivos Congresos de México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, ahora llamado, Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), obligaría a México a aprobar las leyes secundarias de la Reforma Laboral de 2017 relacionadas a la justicia laboral, antes de que finalice este año.
Es decir, el nuevo acuerdo comercial le meterá presión a esta legislatura y a la próxima secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, debido a que, en las negociaciones, se estableció un Capítulo Laboral, en donde México se compromete a cumplir con ciertas disposiciones. Además, Estados Unidos y Canadá manifestaron que la expectativa es que las leyes secundarias en esta materia estén listas antes del próximo primero de enero de 2019.
Los objetivos de esta Reforma Laboral apuntarían principalmente a dos cuestiones: en primer lugar buscará que en el mediano y el largo plazo se mejoren los niveles salariales en nuestro país. Recordemos que los salarios en nuestro país se encuentran estancados desde hace años, ya que según datos del INEGI, apenas 4 de cada 100 trabajadores en nuestro país perciben un salario mayor a los 13 mil pesos al mes, mientras que la mayoría tiene un ingreso promedio de 354 pesos diarios, equivalentes a 10 mil 620 pesos mensuales, esto según cifras del IMSS.
Esta polémica por los bajos salarios en nuestro país surgieron desde el principio de las renegociaciones del entonces TLCAN, ya que organizaciones sindicales de Estados Unidos y Canadá acusaron a México de mantener bajos los salarios intencionalmente para competir y atraer más inversiones, es decir, lo acusaron de “dumping“. En ese sentido, ambos países presionaron al gobierno mexicano y a sus representantes para que se trabajara en mejorar los ingresos de los trabajadores. (Vía: El Financiero)
Por otra parte, la Reforma Laboral que se tendrá que aprobar buscará democratizar a las organizaciones sindicales en nuestro país, ya que según datos de Reforma, 9 de cada 10 contratos colectivos en México están firmados sin el consentimiento de los trabajadores.
Estas leyes secundarias buscarán que para que éstos sean firmados, los sindicatos deberán probar el consentimiento de al menos 30% de sus trabajadores agremiados. Asimismo, la representatividad de los trabajadores se deberá dar de forma democrática a través de voto directo y secreto observado por organizaciones independientes.
En ese sentido, el documento del USMCA señala que México se compromete a:
- Garantizar elderecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato de su elección.
- Establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos.
- Establecer requisitos para el registro de contratos colectivos.
- Garantizar la transparencia de los contratos colectivos (Vía: Secretaría de Economía)
Asimismo, las nuevas leyes permitirían que los trabajadores puedan afiliarse al sindicato de su elección, por lo que se le quitaría a esas organizaciones el control de las plazas de trabajo, además, se le prohibirá a los empleadores cualquier injerencia en las organizaciones sindicales.
Finalmente, hay que recordar que las condiciones salariales y laborales de nuestro país de entrada han generado puntos de exclusión en este nuevo acuerdo comercial, ya que se reservó el 40% de la producción automotriz a zonas en las que se paguen como mínimo 16 dólares la hora, equivalentes a 76 mil 800 pesos al mes. Según datos del IMCO, necesitaríamos tener un crecimiento adicional del 35% para lograr pagar esos salarios, pero por algo se empieza. (Vía: El Financiero)
Si estás interesado en conocer más sobre el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, puedes consultar el siguiente link.
Por: Redacción PA.
https://plumasatomicas.com/noticias/usmca-reforma-laboral-mexico/
San Luis Potosí: CROC se opone a la creación de Juzgados Laborales
Aseguran que se generará un mayor rezago de demandas.
Emilia Monreal | Plano Informativo | 01/10/2018
San Luis Potosí, SLP.- La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) se opone a la creación de los Juzgados Laborales, porque se generará un mayor rezago de demandas, debido a que las Juntas Locales y Federal de Conciliación y Arbitraje estaban creadas para conciliar, y ahora se pueden ir hasta tres instancias en el caso de un proceso de un trabajador contra el patrón.
El secretario general de esta organización sindical, Héctor Serna Camacho aseguró que la reforma laboral que incluye la creación de estos juzgados laborales tanto a nivel federal como locales, fueron para beneficio de los patrones, aunado que hace falta un Código de Procedimientos Laborales, para que pueda ponerse en marcha.
«Nos dicen que la justicia laboral será pronta y expedita, pero la realidad no es así, ojalá que los senadores y diputados federales puedan definirlo y replantear la propuesta».
Insistió en que hay muchas dudas, «y quisiéramos saber bajo qué procedimiento, en qué juzgado, y me dicen la justicia laboral será pronta y expedita, cuando en una demanda se revisa por dos instancias, e incluso hasta una tercera en caso de un amparo, y en la Junta Local no era así, y aún así había juicios que los atrasaban, aunque ahora si se crean los juzgados laborales, pues atrasarán todo y como dicen los abogados se van a chicanear los casos, porque así pasa en juicios civiles y mercantiles, entonces un juicio laboral llevarlo hasta 10 años, pues al afectado no le interesará».
Agregó que ojalá se reconsidere y que realmente se retome la Ley para beneficio de los trabajadores y no de los patrones.