Redacción/Quadratín | 06 de julio de 2018
Morelia, Mich., 6 de julio de 2018.- La reforma constitucional en materia laboral aprobada en 2017, plantea diversos retos que se deberán afrontar para garantizar los derechos de los trabajadores, pues existen diversos rubros cuya interpretación es ambigua coincidieron los investigadores Vanessa de Jesús Guzmán y Eduardo Rodríguez Chávez, al impartir la conferencia “Reforma Laboral en Materia Constitucional 2017”.
Señala un comunicado de prensa, lo anterior, en el marco de la quinta sesión del Seminario “Práctica Parlamentaria”, organizado por el Instituto de Investigaciones y estudios Legislativos del Congreso del Estado (IEEL), en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante su ponencia los disertantes hablaron de los retos que enfrentará el Congreso local, al tener la obligación de homologar la norma constitucional federal con la estatal, en la que se establece la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral, en la cual se pondera la conciliación como mecanismo fundamental para la resolución de conflictos.
Al respecto, Eduardo Rodríguez Chávez destacó que con la reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero del 2017 en el Periódico Oficial de la Federación, los congresos tienen la obligación de homologar sus legislaciones con la norma federal, ejerciendo la rectoría en la materia y dejando poco margen a las entidades federativas, para que sean adecuadas a sus propias necesidades y características.
Agregó que con su aprobación, el legislador trato de equilibrar las relaciones obrero-patronales, de una manera ambiciosa pero ambigua; por un lado, protege los derechos de los trabajadores, al tiempo que cambia y se ajusta a los estándares internacionales en la materia para dar certeza a los inversionistas.
En este sentido, la mayor novedad es la creación de tribunales laborales integrados al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. De esta forma se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales tienen hasta ahora una integración tripartita, al ser representadas por los trabajadores, la parte patronal y el gobierno. Este modelo fue rebasado por la carga excesiva de trabajo de las juntas de conciliación, que se traduce en conflictos largos y costosos, y mediante el cual, el Estado ejerce directamente mecanismos de control en materia laboral, indicó.
Por su parte, Vanessa de Jesús Guzmán refirió que el decreto de reforma ordena que en cada entidad federativa se deberán crear Centros de Conciliación, que deberán actuar bajo los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad y transparencia, que estarán bajo la rectoría del Estado, y en los que se espera dirimir la mayor parte de conflictos de manera rápida, para evitar que los procesos se judicialicen.
Sin embargo, no explica que pasará con los trabajadores de las juntas de conciliación, ni con el presupuesto que deberá otorgarse al Poder Judicial para este propósito. Por lo tanto, el Congreso de Michoacán deberá estar atento a todos los aspectos de la reforma, para salvaguardar las ambigüedades y un garantizar un modelo eficaz y justo.
Etiqueta: tribunales laborales
Los retos laborales
Arturo Alcalde Justiniani
La nueva composición del Congreso de la Unión brinda la oportunidad de que en todos los ámbitos y temas de la agenda pendiente contemos con mejores leyes. Una de ellas, que es fundamental para el país, es la reforma laboral.
Recordemos que en febrero de 2017 se llevó a cabo una profunda reforma constitucional en esta materia. Atendiendo a su exposición de motivos fue considerada la más importante en los últimos 100 años, porque implica un cambio radical en el sistema de justicia. Por ejemplo, se ordena la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, encargando sus funciones a los poderes judiciales federal y locales, se crean nuevas instituciones para impulsar la conciliación y se establece un paquete de reglas democráticas especialmente orientadas a rescatar la negociación colectiva de las prácticas de simulación y corrupción vigentes para convertirla en un espacio de concertación social y productiva, como opera en los países más desarrollados del mundo. La representación auténtica de los trabajadores en estos procesos podrá superar la actual política de contención salarial y esto generaría un efecto muy positivo en el cambio de modelo económico que la población reclama.
Para dar cumplimiento al mandato constitucional y lograr el éxito de la reforma laboral deberán alcanzarse dos condiciones: la primera, lograr el acuerdo legislativo sobre los cambios en el procedimiento laboral y el papel de los nuevos jueces, creando reglas que puedan cumplirse con prontitud tanto en temas individuales como colectivos para beneficio y seguridad jurídica de patrones y trabajadores; la segunda es llevar a cabo una adecuada transición entre las Juntas de Conciliación y Arbritaje y los nuevos tribunales laborales. De este tránsito se habla poco, sin embargo tiene una gran importancia práctica y presupuestal. El punto de partida es reconocer que esta reforma laboral es un renglón fundamental de la política social que el nuevo gobierno deberá impulsar.
Conforme a la reforma constitucional, las leyes reglamentarias debieron haberse aprobado en el término de un año. También se mandató que los procedimientos, expedientes y documentación debían transferirse a los nuevos tribunales laborales, (estamos hablando de alrededor de 1 millón a nivel nacional). Ningún aspecto se ha cumplido en el plazo ordenado.
Esta transición se ha enfrentado al hecho de que los poderes judiciales carecen de las condiciones para la recepción de tantos asuntos y, por otro lado, en el seno de las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje se ha generado un proceso de precariedad que impide superar un añejo rezago, tema al que los gobiernos le han dado la vuelta, llegando al extremo de impedir el avance de la reforma.
A medida que se entra al detalle de la transición se exhibe un conjunto de dificultades que deberán superarse. Por lo que se refiere a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el panorama es francamente desolador, producto en parte del abandono presupuestal incrementado en los tres sexenios recientes. La política de los gobiernos y sus secretarías de Hacienda se han empeñado en reducir plazas y prácticamente ahogar la impartición de justicia laboral. Estas restricciones ocasionan que los cuellos de botella se incrementen y los plazos para concluir un juicio se amplíen. Las pilas de expedientes crecen día con día, los procedimientos suelen durar hasta cinco años, y al llegar a la dictaminación suelen agregarse otros cinco años, sin contar con el tiempo para ejecutar el juicio.
Durante 17 años se ha mantenido por parte de las autoridades hacendarias un criminal congelamiento salarial. Hay por ejemplo juntas con 30 mil expedientes con un solo actuario que gana alrededor de 8 mil pesos mensuales. Se trata de un funcionario clave en el procedimiento, al cual se le ha privado de apoyos básicos para realizar su labor. El abandono gubernamental a los tribunales laborales es parte de una política de segregación, frente al lugar que se otorga a otras ramas del derecho.
Esta condición precaria no es exclusiva de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las dificultades se agravan por la política de las entidades públicas empleadoras, entre ellas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que genera la mayoría de los juicios y obstaculiza su solución. En los juicios de seguridad social, que ascienden a un cuarto de millón, también existe una gran lentitud, provocando un daño incalculable a los beneficiarios y a la propia autoridad laboral. En el ámbito burocrático existe la misma política de cerrar los ojos ante la realidad y dejar que los daños se acumulen, basta señalar que hay delegaciones de Ciudad de México que tienen adeudos laborales en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje mayores que la totalidad de su presupuesto anual. Y mientras tanto, los salarios caídos suben y la justicia no llega.
Más allá de reformas legales que son obligatorias, urge voltear los ojos al drama que hoy vive la justicia laboral en nuestro país.
http://www.jornada.com.mx/2018/07/07/opinion/016a2pol
Chihuahua: Jurisdicción laboral local: parcialidad e ineficiencia.
La Columna por Carlos Jaramillo Vela
14 de junio de 2018
Dentro del ámbito forense es publico, notorio y conocido el estado de anquilosamiento institucional que padecen los órganos jurisdiccionales en materia laboral, en el Estado de Chihuahua. Tanto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Chihuahua, como la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua, presentan un desempeño que dista de ser eficiente e imparcial. La deliberada demora en el seguimiento de las etapas procesales, y la emisión de acuerdos que en ocasiones resultan controversiales, son dos características que comúnmente se presentan en ambos entes, colocando a éstos lejos de los principios de equidad, prontitud y expedición que la ley y el sentido común exigen. La justicia pronta y expedita se ha vuelto una frase quimérica, en materia laboral, en nuestro estado, pues los tribunales de esta índole son conocidos por la negligencia y lentitud con la que atienden las demandas.
Además, el hecho de que la Junta Arbitral dependa del Poder Ejecutivo, le resta a ésta legitimidad moral, al ser juez y parte en el proceso de impartición de justicia, en virtud de que por un lado es la emisora de los laudos en los juicios laborales bajo su jurisdicción, y por otro lado se halla subordinada al Gobierno estatal, cuyo papel en tales litigios es el de demandado. En adición a las mencionadas irregularidades que frecuentemente se presentan en los tribunales laborales locales, pesan sobre éstos sospechas respecto a su honestidad y profesionalismo, ya que la corrupción existente, al menos en la JLCA de la capital –como recientemente lo confesó a este articulista una funcionaria de dicho ente-, menoscaba la solidez de dicha instancia. Una de las asignaturas pendientes de la presente administración estatal es, sin duda, generar credibilidad y eficacia en la impartición de justicia laboral, pues hoy esta enfrenta problemas derivados de su parcialidad e ineficiencia.
http://elpueblo.com/_editoriales/La-columna-76
UNT lleva a la 107 Conferencia de la OIT caso de violaciones a la libertad sindical en México
Por Héctor Barba García
Ginebra, Suiza a 05 de julio de 2018
Intervención de Héctor Barba García en la Comisión de Normas de la 107 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, respecto del Caso México de violaciones a la libertad sindical, expuesta como delegado de la Confederación Sindical Mundial y a nombre de la UNT,
Observaciones de la Confederación Sindical Internacional CSI a las memorias del Gobierno Federal Mexicano presentadas a la OIT sobre el cumplimiento al Convenio 87, presentada por conducto de Héctor Barba García, asesor jurídico de la Unión Nacional de Trabajadores, caso 22, 5 de junio de 2018.
En febrero de 2017 se publicó un decreto de reformas al artículo 123 constitucional en materia de justicia laboral, la más importante en cien años de vigencia de Constitución.
La 105 Conferencia Internacional del Trabajo de 2016 ofreció asistencia técnica y solicitó al gobierno federal que ya promulgada, entablara el diálogo social previo para preparar la legislación secundaria complementaria.
El gobierno fue omiso en promoverlo y en solicitar a la OIT la ofrecida asistencia técnica y ello dio lugar a que senadores de la CTM y de la CROC promovieran iniciativas de reformas secundarias claramente inconstitucionales porque se omite reglamentar todos y cada uno de temas de la reforma constitucional en materia de justicia laboral y en cambio se incurre en planteamientos inconstitucionales como la restitución del falso tripartismo que por más de siete décadas actuó en la juntas de conciliación y arbitraje como juez y parte, el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a los citados organismos descentralizados administrativos que solo corresponden a los tribunales laborales de los poderes judiciales que deberán substituirlas, como conocer de la huelga que conforme a la fracción XX del artículo 123 compete exclusivamente a los tribunales laborales y otros planteamientos inconstitucionales que en conjunto implicarían la derogación del derecho social laboral mexicano.
El Estado Mexicano ha sido reiterativamente omiso y está fallando gravemente ya que la Cámara de Senadores emitió recientemente un proyecto de dictamen de decreto que pretende convalidar dicha inictiva y al convocar apenas la semana pasada, en forma subrepticia y selectiva a supuestos actores sociales para que opinen exclusivamente sobre ese dictamen, con el agravante de que omite considerar y hasta mencionar otras iniciativas promovidas por otros senadores para la debida instauración de los tribunales laborales y las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo con objeto de reglamentar congruentemente las reformas constitucionales en materia de justicia laboral, sustituyéndose las tripartitas juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales de los poderes judiciales Federal y de la entidades federativas; instaurándose los centros de conciliación en los estados que facilitarán la conciliación prejudicial de casos individuales, así como el organismo público y descentralizado federal que se encargara de facilitar dicha conciliación prejudicial en el orden federal y del registro público de todos los sindicatos y de todos los sindicatos; estableciéndose la votación personal, libre y secreta de los trabajadores para validar la contratación colectiva, elegir las directivas sindicales y elegir al sindicato en los juicios de titularidad contractual, así como de condicionar que en los emplazamientos de huelga el sindicato emplazante acredite que representa a los trabajadores, para impedir las huelgas de chantaje a los empleadores e impedir también que se firmen los conocidos contratos colectivos de trabajo de protección patronal, a espaldas de los trabajadores concernidos.
Por todo ello es imperativo que se reponga el viciado proceso legislativo de las reformas secundarias en que está incurriendo el Estado Mexicano, como imperativo en México de justicia y paz sociales.
Guanajuato: Prácticamente muerta la reforma a la ley laboral
Cuitláhuac Rodríguez Domingo 29 de abril de 2018
La reforma laboral quedó desahuciada, al menos por lo que resta de 2018 y con poca esperanza hacia el futuro, aseguró el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato, Hugo Varela Flores.
En entrevista con El Sol de León, el líder obrero señaló que la propuesta se quedó estancada en la Cámara de Senadores al ser turnada a comisiones.
“Ahí está congelada, no ha salido, se supone que al aprobarse en la Cámara de Senadores después pasaría a la Cámara de Diputados y de ahí a la comisión para revisarla y aprobarla, y al final, en el pleno, rechazarla o aprobarla; pero ya nada más queda un día del periodo de sesiones que es este lunes (1 de mayo), entonces es imposible que alcancen a sacarla”.
Dijo que ante esa circunstancia se podría pensar como última opción, en un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Senadores, “pero lo veo poco probable por la situación electoral, entonces lo más probable es que esas modificaciones de ley se analicen hasta la próxima Legislatura por allá del mes de septiembre y eso sería otra vez empezar de cero”, subrayó.
Señaló que el escenario se complica aún más si se analiza que a partir del 1 de julio habrá cambios importantes en la conformación del Congreso de la Unión.
“Pues tendremos que ver despues de las elecciones cómo quedan las fuerzas políticas al interior del Congreso para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo o si tienen otro criterio de cómo debe ser esa ley, de tal manera que nosotros damos prácticamente por concluido ese tema de las modificaciones a la ley laboral”.
EL DATO
Con la cancelación de los cambios a la Ley Federal del Trabajo (a través de leyes secundarias), quedará inconcluso el proyecto de desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y por ende la creación de los tribunales laborales, en los que se pretendía construir una nueva forma de impartir justicia laboral.
https://www.elsoldeleon.com.mx/local/practicamente-muerta-la-reforma-a-la-ley-laboral
Tribunales laborales dependerán del Poder Judicial
Aprueban diputados reforma laboral y paquete de iniciativas del Ejecutivo.
Edificio del Poder Judicial del Estado de México. (foto especial)
Por Violeta Huerta
Toluca, México.- La legislatura mexiquense aprobó que las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado de México se conviertan en Tribunales Laborales y se trasladen de la Secretaría del Trabajo al Poder Judicial del Estado de México, en cumplimiento a la reforma federal para que la justicia laboral dependa de los Tribunales de Justicia y no del Ejecutivo.
La Legislatura mexiquense aprobó reformas a la Constitución estatal para incorporar a la estructura del Poder Judicial del Estado de México a los tribunales laborales y señala los procedimientos a través de los cuales deberán ser electos sus integrantes, conforme a la reforma para modernizar el sistema de justicia laboral.
Además, se crea el Centro de Conciliación Laboral, un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa y presupuestaria encargado de conciliar a las partes en un conflicto laboral, antes de iniciar un juicio en el tribunal.
Asimismo, en apenas una semana las y los diputados avalaron el paquete de iniciativas que el Ejecutivo envió la semana pasada para facilitar adopciones, crear centros integrales de residuos sólidos, crear unidades de igualdad de género, establecer que la sentencia del juicio sumario de usucapión no requiere ser protocolizada ante notario público y expedir la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP).
Asimismo, la Legislatura local designó a Silvia Rosales Zárate cuarta regidora sustituta de Tultepec y recibió la notificación de que la diputada María Pérez López, quien había sido electa candidata de la coalición Por el estado de México al Frente a la alcaldía de Jilotepec regresó a su curul.
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/tribunales-laborales-dependeran-del-poder-judicial-1643748.html
Puebla: Disminuyen en 5 por ciento los emplazamientos a huelga en lo que va del año: STPS
17/04/2018
Publicado por Patricia Gutiérrez Rodríguez
Actualmente en el Senado de la República se discute un dictamen que pretende regular temas de la justicia laboral, mediante leyes secundarias, incluyendo los emplazamientos a huelga. Una de las intenciones es solicitar a los sindicatos que antes de depositar los emplazamientos demuestren que realmente tiene trabajadores agremiados.
Lo anterior derivado de la reforma laboral de 2017, la cual se avaló bajo el argumento de que el tema de las huelgas era utilizado como un instrumento para condicionar a las empresas.
Ahora, habrá un Instituto de Conciliación y Registro Laborales, encargado de evitar a toda costa que las huelgas estallen porque forzosamente deberá haber un diálogo entre patronos y empleados. Cabe recordar también se prevé la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de tribunales laborales.
Además de los sindicatos, partidos como el PRD han expresado rechazo a estas leyes secundarias, al considerar que implican golpe severo a los derechos de los trabajadores porque facilitan su despido, la reducción de prestaciones e indemnizaciones y el abaratamiento de las sanciones aplicadas a los patrones que violen la ley.
La cantidad de emplazamientos a huelga presentados en el estado de Puebla disminuyó entre el primer trimestre de este año y el de 2017 en 5.15 puntos porcentuales.
Enero a marzo del 2018 se han presentado 92 emplazamientos, lo que significa uno diario en promedio, aunque hasta la fecha en ninguna empresa de jurisdicción federal se han colocado las banderas rojinegras, de acuerdo a reportes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
De estos, 20 fueron depositados en enero, 28 en febrero y en marzo la cifra se disparó hasta 44. En tanto que en los mismos meses de 2017 fueron 97 en total, y el año pasado cerró con 272.
En todo el país, en lo que va del año son mil 471 emplazamientos, de los cuales 255 fueron por revisión de contrato y 232 de salario; 954 por firma de contrato y solo 30 por violación del mismo.
Por central obrera, 656 fueron depositados por la CTM, 40 por la CROC, 37 por la CROM, 50 por otras, cuatro por sindicatos y asociaciones sindicales autónomos, 666 se presentaron de forma separada del Congreso del Trabajo y en 18 casos no se especificó.
El emplazamiento a huelga es un derecho que tienen los trabajadores cuando el patrón incumple con alguna obligación laboral, pero también forma parte de un procedimiento de una revisión salarial o de contrato.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/04/17/disminuyen-5-ciento-los-emplazamientos-huelga-lo-va-del-ano-stps/
Guanajuato: Obliga entorno a dar protección a jueces
17 abril, 2018
Siempre se atiende a ese tema y además se fortalece, dice Claudia Barrera, titular del PJ
Lourdes Vázquez
Guanajuato.- La titular del Supremo tribunal de Justicia del Estado (STJE), Claudia Barrera Rangel, aceptó que se han venido reforzando las medidas de seguridad para los jueces, aunque precisó siempre han existido.
Anuncia Cursos de capacitación
Por otra parte, al hablar acerca de la reforma que traslada los tribunales laborales al Poder Judicial, Barrera refirió que se está por iniciar un curso de capacitación en la materia, aunque no dio mayores detalles sobre ello.
Añadió que no se cuenta con una partida presupuestal al 100%, “pero creo -y así lo externó el señor gobernador- que había toda la sensibilidad y el compromiso para poder apoyar en ese aspecto”.
Informó que el viernes 13 de abril sostuvo una reunión con titulares del Poder Judicial de todo el país, en donde se abordó el tema respecto a la capacitación y la infraestructura, “porque ahorita las Juntas de Conciliación cuentan con presidentes que resuelven los problemas, y ahora vamos a contar con jueces; cambia completamente la estructura con la que se cuenta en la actualidad”.
En entrevista sobre el tema de los asesinatos de elementos de seguridad en el estado, dijo que en el caso del Poder Judicial (PJ) los mecanismos para la protección de los jueces han dado resultado, pero que “no está de más su fortalecimiento”.
Barrera Rangel manifestó que “las acciones han existido siempre y las hemos venido fortaleciendo, porque ustedes deben de saber que tenemos un departamento de seguridad institucional de apoyo, para todos nuestros jueces penales principalmente, pero también para nuestros jueces familiares y civiles”.
Añadió que “tenemos protocolos de seguridad que atendemos día a día y damos el acompañamiento sobre todo a nuestros jueces penales de ejecución y de adolescentes, en los asuntos que deben de atender”.
Por otra parte, sobre la reforma para incrementar la pena de prisión de 30 a 60 años a quien mate a un policía o a cualquier servidor público dedicado a la investigación de la delincuencia, la presidenta del STJE comentó que a éste sólo le corresponde hacer cumplir la ley.
“A mí me parece que toda reforma de índole legislativo, lo que corresponde al Poder Judicial, es atenderla y aplicarla, porque nosotros somos jueces de legalidad, nos corresponde atender lo que marca la norma”.
https://periodicocorreo.com.mx/obliga-entorno-a-dar-proteccion-a-jueces/
Senadores omiten dictaminar iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Por: Gabino Jiménez/ reformalaboralparatodos
Senadores omiten dictaminar iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación elaborada por el PRD y la Unión Nacional de Trabajadores , en la cual se caracteriza la estructura de los tribunales laborales en materia federal, iniciativa adicional al proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Amparo, que presentaron el 14 de diciembre de 2017. Así lo manifestó el Licenciado Héctor Barba García, asesor jurídico de la UNT en el pleno semanal de esta central independiente.
Explicó Barba García, que conforme a los lineamientos de la reforma constitucional al artículo 123 , éstos tribunales deben ser del Poder Judicial de la Federación, caracterizados como tribunales unitarios de Circuito en Materia Laboral, y esto se omite en el dictamen.
No se consideró en el dictamen, porque se pretende evitar a toda costa que se constituyan los tribunales laborales y que la justicia laboral en materia jurisdiccional se asuma por los poderes judiciales, tanto federal como estatales, informó el asesor jurídico de UNT
En uno de los transitorios del dictamen se establece que las juntas de conciliación y arbitraje deberán permanecer activas hasta que terminen de resolver hasta el último de los casos a cargo de su jurisdicción. El extremo es que se tienen documentados casos que tardaron más de una década en concluirlos, y actualmente existen aproximadamente un millón de expedientes pendientes de resolución, lo cual, a decir de Barba García, “viola la Constitución porque uno de los transitorios de la reforma en materia de justicia laboral establece claramente que en la medida en que se vayan constituyendo los tribunales laborales, en ese mismo momento las juntas correspondientes a ese circuito deberán transmitirle todos los expedientes, tanto los resueltos como los que están en trámite”
“Pretenden la supervivencia de las juntas, con el sistema tripartita, por todo el tiempo que les sea posible”
Coahuila: Tribunales laborales empezarán con carga cero
Armando Cobián Lafont Lunes 26 de marzo de 2018 en Local
Hacienda de Guadalupe, Ramos Arizpe, Coahuila.- Tras reiterar que restan 14 sesiones para que termine su trabajo la Cámara de Diputados, el secretario del Trabajo en el país, Roberto Campa Cifrián se mostró optimista para que este mismo año quede concluida la Reforma Laboral y con ello entren en operación los tribunales laborales, los cuales lo harán con carga cero, pues las juntas locales de conciliación cerrarán su actividad hasta dentro de 4 años, por lo que en este lapso trabajarán a la par.
La fecha ‘fatal’ por así llamarlo es el mes de noviembre para que los legisladores federales terminen con la Reforma Laboral y con ella queden definidas sus leyes secundarias que entre algunas de las innovaciones importantes será precisamente impulsar los Tribunales Laborales, reiteró Campa Cifrián.
“Hoy en día la concertación es un tema prioritario en todos los juicios para que patrón y trabajador lleguen a acuerdos satisfactorios, lamentablemente existen abogados que abusan y tratan de sacar más de lo que realmente es y es ahí donde muchos procesos tardan años, por ello con la llegada de los tribunales con jueces bien preparados estas malas prácticas se terminarán”, precisó el secretario del Trabajo en el país.
“Para que esto se concrete necesitamos la Reforma Constitucional y en eso tendrán que trabajar muy duro los legisladores federales en sus últimas doce o catorce sesiones”, concluyó Campa Cifrián.