Marcelo Torres, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso dijo que “es importante establecer y ordenar los tribunales de justicia laboral”
Diputados locales sostuvieron un encuentro con empresarios de la Región Sureste de Coahuila, para informarles de los cambios que trae consigo la reforma laboral a nivel nacional.
Los integrantes de la Comisión del Trabajo del Congreso del Estado explicaron los pormenores de la reforma, su aplicación y los plazos para la entrada en vigor. El titular de la Secretaría de Trabajo, Román Cepeda, participó para explicar los detalles del Pacto Laboral.
Marcelo Torres, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso dijo: “Es importante establecer y ordenar los tribunales de justicia laboral”.
“Me parece que debemos de encontrar equidad entre las partes, que tengamos juicios más ágiles y rápidos. Que escuchemos a todas las partes, que haya medidas justas, salarios justos, que exista la igualdad en el pago del salario para hombres y mujeres”, concluyó.
Alejandro Rivera Nieto, líder el SITEZ, se reunió con diputados locales ■ foto: Andrés Sánchez
Posted by ALMA RÍOS
Date: mayo 31, 2019
■ Dice que la falta de fondos limita el buen funcionamiento de la impartición de justicia laboral
■ La Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, establece tiempos específicos dentro de los procesos laborales: Alejandro Rivera Nieto
El Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ) “tomó” alrededor del mediodía de ayer las instalaciones de la Legislatura del estado en demanda de diálogo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en exigencia de que le otorgue “autonomía financiera” al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, ya que la falta de recursos “limita el buen funcionamiento de las actividades propias para la impartición de justicia laboral, pronta y expedita para la clase trabajadora”.
Alejandro Rivera Nieto, líder el SITEZ, dijo que la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, establece tiempos específicos dentro de los procesos laborales que se llevan en esa instancia y que no se cumplen afectando a los trabajadores involucrados, por lo que demandó que se otorguen recursos para contratar personal necesario para desahogarlos, y adquirir insumos tales como herramientas de trabajo, vehículos, mejoras a los salarios y para los procedimientos administrativos y capacitación al personal.
Informó que en el Presupuesto de Egresos del estado del 2019 se etiquetaron para impartir Justicia laboral 34 millones 150 mil 963 pesos, pero en una estimación que ha hecho el propio SITEZ basada en el número de trabajadores e insumos que se consumen tanto en el Tribunal como en la Junta local, de Conciliación y Arbitraje, arrojó que “no se aplica en su totalidad”.
Dijo que anualmente, la Junta ejerce según su análisis, entre 13 a 14 millones de pesos, y de 4 a 5 millones, el Tribunal; por lo que se preguntan, ¿dónde queda el resto del dinero?
Pidió a los legisladores “poner los ojos” para que se haga una revisión exhaustiva de la aplicación del presupuesto destinado a Justicia laboral, e informó que el documento que ayer se les entregó vía la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, también se remitiría a la Secretaria de la Función Pública (SFP), dependencia a la que se refirió no obstante, como “un tentáculo de Gobierno del Estado”.
El SITEZ solicitó asimismo que la 63 Legislatura exhorte al secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, para que no intervenga “en la autonomía” tanto de la Junta como del Tribunal, locales de Conciliación y Arbitraje, y respete el estado de Derecho.
Dijo que cuando el SITEZ solicitó la toma de nota para su organización al encontrarse como presidente del Tribunal, Héctor Cruz Landeros, se les negó de manera injustificada como ocurrió en su momento en el procedimiento ante la Junta Local, del Sindicato Independiente de Trabajadores del IZEA, este último, quien luego de acudir a una segunda instancia, la obtuvo con sustento al derecho constitucional de libre asociación, un recurso legal al que ya no accedió el SITEZ porque en su caso “ya no era viable”.
Rivera Nieto sostuvo que estas negativas desde el Tribunal y la Junta, “tácitamente” comprueban “que las manos y los tentáculos” de Gobierno del estado a través de Alejandro González Saldaña, entonces funcionario en el Tribunal Local de CA en la cartera obrero-patronal, y actual titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración está interviniendo directamente en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje “y no dejan que la magistrada –presidenta- haga su trabajo”.
Aseveró que se ha dado cuenta de la existencia de “una grilla importante” y manifestó su respaldo a Fabiola Flores.
Alejandro Rivera Nieto expuso asimismo que en el año 2016 Gobierno del estado solicitó una modificación al artículo 33 fracción primera de la Ley del Servicio Civil para que en caso de haber sido separado un trabajador de su empleo injustificadamente, además de su derecho a la reinstalación o la indemnización con el importe de tres meses de salario, se le pagarán nada más salarios vencidos desde la fecha del despido “hasta por un periodo máximo de doce meses”, lo que ha dado pauta a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado a seguir “corriendo gente injustificadamente”.
Se argumentó entonces, que si se entorpecían los procedimientos alargando los litigios y por tanto afectando a los trabajadores que luego de esta reforma solo pueden esperar que se les pague un año de salarios caídos, “iban a aplicar las sanciones correspondientes” a los funcionarios que realizaran acciones dilatorias, pero no se trabajó en un Reglamento “anexo al Tribunal local de Conciliación y Arbitraje”, dijo.
Señaló entonces que los diputados “hacen que legislan” y les demandó que “se pongan las pilas”, y lo hagan a “favor de la clase trabajadora”, pues persiste esta omisión.
El líder gremial comentó que el movimiento generado por el SITEZ ha crecido de manera importante, pues se siguen adhiriendo a la organización trabajadores de organismos públicos descentralizados y ayuntamientos.
Anunció en este sentido que la próxima semana “vamos a dar muchas sorpresas”, y agregó un mensaje dirigido a Gobierno del estado señalándole que “tiene que respetar el derecho a la libre asociación de la clase trabajadora, –pues- todavía no se hace a la idea porque ellos tienen un sindicato arrodillado, vendido –dijo en referencia al oficialista Sutsemop-, que le dio en la madre a los trabajadores con un aumento raquítico a los salarios”, mismo que luego de la resta de impuestos que se realizan en cada pago, hace “que la canasta básica se haya vuelto inalcanzable”.
Sostuvo que derivado de la “manifestación unificada de la clase trabajadora” que se realizó el pasado primero de mayo, se obtuvo un aumento de 3% al salario que benefició, a entre 15 a 20 mil, trabajadores, lo que expuso como uno de los tantos logros del SITEZ.
Organizaciones laborales integrantes del Congreso del Trabajo comenzaron a armar una estrategia conjunta para defender sus contratos colectivos y representación legal que tienen de los trabajadores y sus sindicatos, ante la nueva Ley Federal del Trabajo que permite la existencia de dos o más sindicatos en una misma empresa.
Líderes obreros como Isaías González Cuevas y Carlos Pavón, diputados priistas, afirmaron que respaldan la nueva ley y la democratización sindical que ella implica, “porque siempre la hemos practicado”, señala González Cuevas, pero lo que se busca es que no venga gente que no representa a nadie a querer reclamar los contratos colectivos que por años se han conservado.
Entre ellos, el líder de los trabajadores ferrocarrileros, Víctor Flores, condenó la decisión del Servicio de Enajenación de Bienes (SAEB), que prohibió el cobro de cuotas a 24 mil trabajadores jubilados, y advirtió que esta determinación afectará la entrega de sillas de ruedas, aparatos auditivos e incluso operaciones para sus agremiados.
En entrevista, Flores, con más de 20 años al frente de ese sindicato, en cuya dirigencia se reeligió el año pasado y hasta el 2024, anunció que combatirá la decisión del SAEB, que implica la pérdida del manejo de un millón y medio de pesos al mes, y lo hará también a través de amparos judiciales.
El diputado González Cuevas, por separado, dijo que lo que se busca no es controvertir la reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada semanas atrás, sino proteger los contratos que tiene cada una de las organizaciones adheridas al Congreso del Trabajo.
Las nuevas disposiciones de ley permiten la convivencia de dos a más sindicatos en una misma empresa y que cualquiera de ellos pueda reclamar la titularidad del contrato colectivo vigente, lo cual, agregó el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) debe acreditarse con la voluntad de los propios trabajadores.
Dijo que la nueva legislación es positiva en cuanto al impulso de la democratización sindical, la cual se practica desde siempre en los sindicatos que opera la CROC, y en lo relativo al voto directo y secretario para la elección de sus líderes, pero en lo relativo a la titularidad de los contratos colectivos sí se debe contar con una estrategia común para defender por lo que tantos años se ha luchado, dijo.
En tanto, el diputado Carlos Pavón, líder de trabajadores mineros en Zacatecas, exigió al senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, dejar de provocar la división entre los trabajadores mineros del país con el fin de volver a controlar al sector, al que defraudó con 55 millones de dólares hace algunos años.
Señaló que cuenta con la simpatía de la mayor parte de los trabajadores mineros de la República, por lo que vio condiciones para demandar la titularidad de ese gremio.
Falta de recursos pone en riesgo el proceso para la implementación de los juzgados de Justicia Laboral que sustituirán a las Juntas Locales y Especiales de Conciliación y Arbitraje.
Falta de recursos afectaría instalación de juzgados laborales; Quintana Roo
Por: Efrén Martín
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado, Antonio León Ruiz, reconoció que la falta de recursos pone en riesgo el proceso para la implementación de los juzgados de Justicia Laboral que sustituirán a las Juntas Locales y Especiales de Conciliación y Arbitraje.
Independientemente del debate nacional sobre el traslado de facultades en materia laboral a los poderes judiciales de los estados, la difícil situación económica que atraviesa el país en estos momentos limita los recursos para iniciar con los procedimientos.
Falta de recursos afectaría instalación de juzgados laborales; Quintana Roo
Por ello, el Magistrado Presidente del TSJ resaltó que de no contar los recursos suficientes, se corre el riesgo de incumplir con el plazo establecido y que es de tres años.
Recordó que a fines de 2019 solicitó al Congreso local 94 millones de pesos para la construcción de al menos ocho juzgados, su equipamiento y contratación de personal en Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.
Sin embargo, no fueron otorgados porque la reforma entró en apenas vigor el pasado primero de mayo y se estableció un plazo de tres años para que dé inicio formalmente la justicia laboral en todo el país.
“Son 94 millones de pesos, no los tenemos, la Legislatura no nos lo dio porque la reforma no estaba aprobada. Pero esto es por etapas, ya se instaló el órgano implementador, hay un plan de trabajo que tiene que dar a conocer la Secretaría del Trabajo estatal en un plazo de 90 días”, dijo.
Falta de recursos afectaría instalación de juzgados laborales; Quintana Roo
Explicó que la reforma laboral está en marcha, pero el hecho que no existan recursos, sí se pone en riesgo que se cumpla puntualmente con todo lo establecido.
“Seguiremos capacitando al personal mientras vemos cómo se resuelve el problema (económico) porque apenas estamos iniciando”, finalizó.
La Reforma Laboral, un pendiente legislativo que tenía el Congreso de la Unión, como resultado de la reforma al artículo 123 constitucional publicada en febrero del año 2017. Pues bien, la reciente reforma legal del 1 de mayo pasado, no solo modificó la Ley Federal del Trabajo, también modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley del Infonavit y la Ley del Seguro Social, conformando con ello, un cambio trascendental no sólo en el número de ordenamientos reformados, sino en el impacto de los mismos para las partes involucradas como actores principales de las relaciones obrero patronales, esto es, a los derechos de los trabajadores, de los patrones, de las agrupaciones sindicales y de los mismos órganos del Estado que intervienen en la impartición de la justicia laboral.
Así, se crea un nuevo sistema de justicia laboral, con aspectos muy importantes tales como el establecimiento de la conciliación previa, obligatoria y fuera de la instancia judicial, la cual se va a llevar a cabo, a través de órganos del estado de carácter descentralizado, tanto a nivel federal como local, los cuales tendrán como propósito substanciar la conciliación de manera satisfactoria para ambas partes (trabajador y patrón) antes de presentar la demanda, y así evitar prolongados y costosos juicios como actualmente se tienen en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Al respecto, la nueva Ley Laboral, establece que no se deberá agotar esta instancia si el conflicto versa sobre discriminación, designación de beneficiarios por muerte, prestaciones de seguridad social y prerrogativas fundamentales como libertad de asociación, sindical o de reconocimiento colectivo, cuestiones de trata laboral, trabajo forzoso o infantil, así como las disputas sobre la titularidad de los contratos colectivos de trabajo o la impugnación de los estatutos de los sindicatos.
Otro aspecto importante, es la creación de tribunales laborales dependientes del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial de cada entidad federativa, en razón de la competencia que corresponda a cada conflicto, esto trae como consecuencia la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y local, y con ello se da un cambio trascendental en la impartición de la justicia laboral.
Cabe recordar que las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje dependen del poder ejecutivo; sin embargo, tal modificación no es inmediata, pues el legislador otorgó ciertos plazos para llevar a cabo los cambios en los nuevos órganos de justicia, en el caso de los Centros de Conciliación y Tribunales Locales deberán iniciar labores a más tardar el 2 de mayo de 2022.
Para el caso de los Centros de Conciliación y Tribunales Federales, deberá ser a más tardar el 2 de mayo de 2023, es decir, un año posterior al inicio de labores a nivel local, por lo que como podemos observar, estamos a 3 y 4 años de distancia para la implementación de los nuevos tribunales que tendrán como propósito fundamental, impartir justicia en materia laboral, con la expectativa de que esto sea haga en condiciones más favorables de las que ahora tienen las Juntas de Conciliación y Arbitraje que conocemos. https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/escuela-libre-de-derecho-de-puebla/reforma-laboral-i
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo, permite que las empresas no garanticen derechos laborales a los trabajadores subcontratados o contratados bajo esquema de outsourcing, afirmaron abogados miembros del despacho Marván y Muñóz Abogados.
En el taller para periodistas denominado “Entender el impacto, las implicaciones, alcances y retos de la reforma laboral 2019” se explicó que tal modelo de contratación ha evolucionado hasta llegar a lo que el abogado Luis Pérez de Acha llama outsourcing negro, que consiste en la incorporación de los trabajadores subcontratados –en ocasiones, todo el personal de la empresa–, en sociedades civiles creadas por los contadores de los mismos corporativos con el fin de reducir derechos laborales.
“Los trabajadores convertidos en asociados no tienen derecho a la seguridad social, ¿por qué?, porque ya son dueños”, explicó Raúl Wilfredo Padilla, abogado de la firma Marván y Muñóz.
Además, el también miembro de la Barra Mexicana de Abogados, puntualizó que la subcontratación negra es “nociva” porque las empresas “no pagan impuestos: son millones de pesos los que se evaden bajo esta figura”. Tampoco pagan prestaciones sociales a sus trabajadores y tienen la facultad de correrlos cuando quieran.
En materia de tercearización laboral, el problema con la reforma que promovió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador radica en que la legislación quedó exactamente igual a la establecida en 2012, lo que posibilita el outsourgcing negro.
Aunque el tema no fue discutido por los legisladores, hubo una promesa de reforma [en el segundo semestre del año] para abordar este tipo de subcontratación que evade toda responsabilidad como patrones, finalizó Wilfredo Padilla.
Martínez Rojas sostuvo que una acción que se suma a los cambios que trae la reforma es la exigencia de Estados Unidos para que se pague, en el sector automotriz, los 16 dólares la hora.
María Del Pilar Martínez
29 de mayo de 2019
El 80% de la sindicalización en la industria automotriz está representada por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pero empezará a romperse ese dominio y llegarán nuevas fuerzas sindicales agrupadas en el Sindicato Minero y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) quienes ya están trabajando, lo que requiere es poner atención de las empresas para transitar hacia el nuevo modelo laboral.
Así lo expusieron especialista laborales en el foro «La Reforma Laboral. Oportunidades y Soluciones en las relaciones organizacionales” que organizó la consultora Mercer quien lanzó la nueva herramienta sobre sindicalización que permitirá a las empresas detectar conflictos laborales, así como la decisión de los trabajadores a mantenerse sindicalizados o no.
Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma De la Vega & Martínez, expuso que es indispensable que se cuide el cluster en la zona del Bajío; por lo que las empresas deben entrar en nuevos procesos, “vamos a tener que trabajar mucho para que se mantenga una industria que se hizo poderosa. No podemos perder esa gran oportunidad”.
En su momento, Luis Mirón, del despacho Díaz Mirón, dijo que la paz laboral, en los tiempos de la reforma, se mantendrá en la medida en la que “haya un contrato activo, disminuir la rotación para hacer nuevas contrataciones y romper los vicios. Mantener un buen clima laboral, es una labor compleja”.
Otro sector es el maquilador en el norte del país en donde la CTM se convirtió en una “verdadera agencia de colocación”; lo que traerá que nuevos líderes sindicales busquen una representación real.
Según los expertos, México es el país con menos trabajadores sindicalizados de América Latina. De los 20 millones de empleados registrados ante el IMSS, 4.5 millones están afiliados a un sindicato. (metamorworks/Getty Images/iStockphoto)
Medir el clima organizacional e implementar un sistema de conciliación son dos de las medidas que las compañías pueden implementar para involucrarse más con los trabajadores.
La implementación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo aprobadas por el Congreso implicará muchos retos. Pasando por el presupuesto que deberá destinar el gobierno federal para infraestructura, recursos humanos y tecnología, hasta las acciones que empresas y sindicatos tienen que realizar a favor de los trabajadores en el periodo de transición que será de tres o cuatro años, estiman expertos.
“Se trata de una gran reforma, hay un requerimiento de transitoriedad y paciencia, pero también de urgencia”, dijo Ricardo Martínez, socio fundador del despacho De la Vega & Martínez Rojas Abogados SC, durante el panel sobre la reforma laboral organizado por la consultora de capital humano Mercer. “El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los empresarios que va a haber dinero para implementarla”.
Mientras el dinero llega, empresas y sindicatos pueden preparar a la organización para los cambios. Para ello, deberán evaluar la capacidad de la agrupación sindical para representar los intereses de los trabajadores, involucrarse más con sus necesidades o el clima laboral dentro de la compañía y ser creativos en las formas cómo se relacionan patrones y empleados a través de los contratos colectivos de trabajo.
Evalúa al sindicato. La ley prohíbe a las empresas involucrarse en la dinámica de los sindicatos, pero las áreas de recursos humanos y los propios trabajadores deben saber si éste tiene la capacidad de representarlos. “Lo que va a propiciar la reforma es que tengamos un sindicalismo real y que quitemos la simulación y la protección”, comenta Martínez, quien estima que hay menos de dos millones de empleados afiliados a sindicatos que realmente representan sus intereses.
El abogado insta a las empresas a analizar si le conviene tener un esquema falso con un contrato colectivo de protección —guardado y que desconocen los trabajadores—, cuando ahora la ley exige negociarlo con el sindicato con mayor representación.
Mide el clima laboral. Las empresas podrían implementar herramientas tecnológicas que les permita medir el ambiente laboral, salarial y la representación sindical. Algunos reportes evalúan políticas y prácticas de pago, métricas e indicadores de recursos humanos, de forma que sea posible incrementar el salario con base en la productividad
“Pagar 16 dólares la hora no debe asustarnos, la industria llantera ya lo hacía. Me tocó cerrar 10 o 15 plantas y los empresarios decían que no les dolía pagar ese sueldo, sino no ser competitivos”, agrega Martínez
También hay reportes para medir la salud laboral a partir de la representatividad de los sindicatos, entorno, cumplimiento de la empresa, supervisión, seguridad e higiene, jornadas de trabajo, instalaciones, capacitación, entre otras
Apuesta por un sistema de conciliación. Los expertos subrayan las bondades de la reforma que, además de ser flexible, permite la creatividad. Como es introducir una cláusula de arbitraje en el contrato colectivo de trabajo, en el que las partes acuerden designar a un árbitro —puede ser dentro o fuera de la empresa— que les ayude a dirimir las controversias.
“Se pueden crear plataformas a cargo de los millenials y enseñarles con tiempo el arte de la mediación, así como contratar a un árbitro que dé un dictamen en 90 días y no que tarde años como sucede en un juicio”, indica Luis Díaz Mirón, socio en el despacho legal Díaz Mirón y asociados.
Prepárate para los no sindicalizados. Los abogados recuerdan que con las reformas ningún trabajador está obligado a pertenecer a un sindicato y puede pedirle al patrón que dejé de pagar la cuota correspondiente de su salario. “En Estados Unidos, la no sindicalización va al alza”, comenta Díaz Mirón.
De presentarse un escenario así en la empresa, el experto recomienda tener una planeación acertada para evitar que eso la tome por sorpresa y contar con un mecanismo de atención a los colaboradores. “A lo mejor al millenial no le gustan los sindicatos y su imagen actual, pero la empresa debe decirles que necesita un esquema para darte las herramientas, los insumos y beneficios, es decir, un interlocutor, una representación que, en esencia, es función del sindicato”, agrega el especialista.
Involúcrate. El nombre del juego es involucrarse. “Hay muchos líderes que no bajan a la planta con la gente”, indica Martínez, quien expone que tanto los representantes sindicales como los empresarios deben retomar el viejo esquema de los directivos, cuya oficina estaba al fondo de la planta y para llegar a ella debían recorrerla saludando a los empleados y enterándose por sus necesidades.
“Entonces no había áreas de recursos humanos, ellos hacían esa chamba”, comenta el abogado. «Hay que retomar ese contacto para mantener a los empleados contentos, productivos y bien pagados».
Trabajadores del Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad solicitaron a la Secretaría del Trabajo una inspección a las sucursales para verificar la discriminación de la que son víctimas por parte de la directiva y del sindicato mayoritario dirigido por Mauro Sayún desde hace 18 años. Sin embargo, se las negaron y les recomendaron acudir a la “lenta vía legal” con la Junta de Conciliación de Arbitraje, dijo su abogado Víctor Ortega, quien lamentó que la nueva Reforma Laboral no apoye a sindicatos minoritarios.
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– Víctor Ortega, abogado del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, acusó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se negó a enviar a un inspector laboral a la institución para que verificara los actos de discriminación por parte de las autoridades administrativas del Monte de Piedad, y advirtió que la recién Reforma Laboral no apoya a los sindicatos minoritarios.
En enero de este año, el Secretario General del Sindicato Independiente del Monte de Piedad, Carlos Gerardo Ríos Macías, pidió a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de la dependencia federal una inspección a las sucursales “para verificar actos de discriminación que vulneran los derechos de los trabajadores y la libertad sindical”.
Días antes acudieron a la Secretaría del Trabajo, donde los recibió unos minutos la Secretaria Luisa María Alcalde Luján, quien les pidió que lo platicaran a detalle con su secretario particular Iván Rea para atender la problemática, “porque consideraba que era importante que los sindicatos minoritarios tuvieran apoyo de la autoridad”, dijo el abogado.
No obstante, el pasado 26 de abril la Directora de Inspección, Cynthia Galicia Galicia, les respondió que la inspección no es la vía legal para resolver los posibles hechos violatorios, y que si la administración del Monte de Piedad en su calidad de patrón no ha dado cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, como no cometer represalias contra los trabajadores, se puede acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
“Tenemos que hacer pública la molestia porque la autoridad ejecutiva ya nos dijo que no nos mandará a un inspector laboral y la Reforma Laboral fue un fiasco, porque no nos dio una sola herramienta para podernos defender”, aseguró el litigante Ortega en representación de los alrededor de 250 trabajadores afiliados, casi el 10 por ciento de los 3 mil trabajadores del Monte de Piedad.
El sindicato independiente tiene alrededor de 250 trabajadores afiliados, casi el 10 por ciento de los 3 mil trabajadores del Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro.
El abogado explicó en entrevista que acudieron a la Secretaría del Trabajo para precisamente evitar la “lenta” vía judicial que implica la Junta de Conciliación de Arbitraje: desde mayo del año pasado presentaron la denuncia de presunta discriminación laboral y hasta estos días tendrán su primera audiencia.
“Estamos en el proceso del conflicto colectivo [por la discriminación] y la próxima audiencia es el 24 de junio. Apenas vamos iniciando el proceso, tiene que contestar el Monte de Piedad y el sindicato mayoritario, pero su postura es decir que el independiente no tiene derecho a nada porque ellos son los titulares del Contrato Colectivo del Trabajo. Tendrá que ser la autoridad judicial la que diga si nos corresponde algo”, planteó.
Mauro Arturo Sayún González ha sido el Secretario general del Sindicato Nacional del Monte de Piedad durante 18 años y en al menos 15 años no se ha realizado una asamblea de rendición de cuentas.
El abogado Víctor Ortega acusó que Sayún ha ordenado que a los trabajadores interesados en afiliarse al sindicato independiente no se les dé tiempo extraordinario, vacantes, permisos ni dobletes o se les retiran becas para sus hijos, “bloqueo” que ha desincentivado la afiliación.
“En ese sindicato mayoritario hay una lógica de favoritismo para todo. Si se quieren permisos, plazas o ingresos a la institución son a cambio de dinero o si se es mujer hay hostigamiento sexual, y si se manifiestan en contra de cómo se hacen las cosas, se olvidan de promociones o quizá los rescindan. El sindicato independiente está hecho con gente rescindida por oponerse al sindicato mayoritario”, afirmó. El mismo Secretario General Gerardo Ríos fue rescindido “por política” en 2004 y restituido en 2008.
Además, han estimado que el 30 por ciento de los trabajadores en el Monte de Piedad son familiares directos o indirectos de los miembros del comité sindical mayoritario.
El sindicato independiente, dijo, ofrece no caer en la lógica del favor, ya que a los afiliados se proporcionan formatos para realizar trámites directamente con el gerente sin tener que pasar por “un proceso burocrático de control” con delegados. Para que haya ingresos más democráticos a la institución, sin dedazos ni nepotismo, han pensado en las rifas.
“LA REFORMA LABORAL NO CAMBIARÁ NADA”
La Ley Federal del Trabajo aprobada hace unas semanas establece, entre otros puntos, el derecho a la libre afiliación y de participación al interior de los sindicatos; el voto personal, libre, directo y secreto para elegir a los dirigentes sindicales; pone límites a la duración de dirigencias y se pierde el registro si los líderes cometen extorsión.
El abogado del Sindicato Independiente del Monte de Piedad Víctor Ortega aseguró que como trabajadores esperaban que la Reforma Laboral contemplara un artículo que refiriera a los derechos de los sindicatos minoritarios respecto a normas y sanciones a los patrones que no respeten la libertad sindical, y que deshiciera la estructura corporativa que controla recursos y bases para pisotear la democracia sindical.
“Aquí no hay sanciones, por lo que en México seguirá pasando lo que pasó con nosotros que llegamos con la institución, después de que nos dieron la toma de nota como un sindicato reconocido, y el policía de la puerta no nos dejó pasar”, lamentó.
“La Reforma está pensada para los sindicatos grandes que tienen recursos y una infraestructura administrativa, porque es una Reforma sumamente burocrática. Impone una serie de obligaciones que cumplirlas requiere dinero al necesitar contratar abogados y contadores”, dijo.
“Establece que puede haber varios sindicatos en una empresa; eso ya lo decía la Ley antes de la Reforma. Pero no hay disposiciones que digan cuáles son las reglas del juego cuando hay sindicatos minoritarios, ni tampoco hay procedimientos expeditos para los casos en que los patrones no decidan respetar la libertad sindical”.
La nueva Reforma Laboral no contempla a sindicatos minoritarios como el de Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro.
Aunque establece la obligación del voto libre, directo y secreto para elegir a los líderes sindicales, la medida no garantiza democracia sindical. “En el Monte de Piedad, como ejemplo, hay voto libre, directo y secreto desde hace 70 años y el líder ahí sigue, porque eso no cambia las cosas, porque lo que tienen los líderes es el control corporativo de las bases”, argumentó.
Además, continúa el requisito de obtener la toma de nota para formar un sindicato, aunque no implique agilidad en el derecho de asociación.
El litigante detalló que la nueva Reforma Laboral se enfocó en el capítulo de contratos colectivos y emplazamiento a huelga, a pesar de que, documentó, de los 70 millones de trabajadores solo alrededor de 10 millones son sindicalizados.
“Una Reforma Laboral debe regular al trabajo, no solo a los sindicalizados. En México son minoría los sindicatos”, cuestionó.”Primero tenían que acabar con la ficción de que para que haya relación laboral debe haber subordinación. En México hay cerca de 40 millones de trabajadores informales, quienes no están en esta subordinación, pero no les quita que sean trabajadores y siguen siendo población económicamente activa”.
Representantes del Congreso de EU visitarán México para ‘echarle un ojo’ a la reforma laboral
Nancy Pelosi considera que la reforma laboral es un tema crucial para lograr que los demócratas apoyen el T-MEC ya que detectaron algunas áreas en las que consideran que hacen falta mejoras.
Un grupo bipartidista de personal del Congreso de Estados Unidos planea visitar a funcionarios del Gobierno mexicano para discutir las reformas laborales que la presidente de la Cámara de Representantes de EU, Nancy Pelosi, considera necesarias para que los demócratas apoyen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Asistentes del Congreso involucrados en la planificación del viaje de la próxima semana aseguran que ayudará a recopilar información sobre la recientemente aprobada reforma a la legislación laboral de México, así como la oposición potencial que algunos temen podría llevar a un retroceso de los cambios este verano.
La visita a la Ciudad de México se produce después de que Trump y Pelosi tuvieron un conflicto la semana pasada, cuando una reunión de infraestructura en la Casa Blanca no dio resultados y el presidente describió a Pelosi como ‘un desastre’ y dijo que su acuerdo comercial era demasiado complicado para que ella lo entendiera.
Obtener la aprobación
Robert Lighthizer, representante de Comercio de EU, ha estado trabajando estrechamente con el grupo de Pelosi para encontrar una manera de avanzar hacia la ratificación del acuerdo, pero su trabajo a menudo se ve socavado por el hecho de que Trump se involucra públicamente en el proceso.
La misión a México incluirá a asistentes del Senado y la Cámara de Representantes que representan a legisladores demócratas y republicanos.
Un alto asesor del Congreso afirma que esta es una forma de demostrar que los demócratas están seriamente comprometidos en este proceso y preparados para trabajar con la administración Trump para obtener la aprobación del tratado.
El asesor señaló que a pesar de la retórica de la semana pasada, Pelosi no canceló el viaje del personal a Ciudad de México, lo que indica su compromiso de dejar que este proceso se desarrolle.
El T-MEC, que de ser aprobado reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) existente, es la prioridad legislativa número 1 de Trump y una en la que la Casa Blanca ha podido trabajar con un Congreso dividido.
Después de la firma, la resistencia
Sin embargo, desde que se firmó el T-MEC en noviembre, los demócratas han identificado áreas en las que desean mejoras antes de apoyar el acuerdo que incluyen disposiciones sobre mano de obra y cumplimiento, así como ambientales y farmacéuticas.
Trump eliminó un obstáculo importante en el proceso de aprobación cuando levantó los aranceles al acero y el aluminio a México y Canadá este mes.
Ahora el personal del Congreso está buscando reuniones con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y otros miembros del Gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador para averiguar qué tan rápido se implementará la reforma y evaluar si la oposición puede perturbar la revisión, según una persona con conocimiento de la visita.
Una persona enterada del viaje afirma que la delegación también se está comunicando con grupos empresariales.
El viaje está programado para la segunda mitad de la próxima semana, según dos fuentes que hablaron con Bloomberg.
Ha habido algo de rechazo desde que la ley fue acelerada en el Congreso en abril. El jefe del sindicato más grande de México, el senador de Morena, Carlos Aceves, expresó que está trabajando con grupos empresariales para presentar un proyecto de ley que haría retroceder parte de la reforma. Además, los líderes locales han logrado pactos a nivel estatal con sindicatos proempresariales que podrían restringir el derecho de huelga.
Alcalde, secretaria del Trabajo, dijo a Bloomberg en abril que los plazos estrictos de la ley laboral, la fuerte voluntad política del presidente López Obrador y un grupo de trabajo integrado por su dependencia, la Secretaría de Hacienda y los gobernadores estatales , aseguran la rápida implementación de la reforma laboral en todo el país.
Pero los asesores del Congreso han dicho que quieren ver indicios de que la implementación está en marcha, incluidos los recursos financieros disponibles para la ejecución y evidencia de que el sistema judicial puede abordar casos laborales que involucren un tratamiento injusto.
La nueva ley obliga a los trabajadores a elegir sindicatos, representantes sindicales y contratos laborales a través de una votación secreta. En México, los contratos a menudo se aseguran a espaldas de los trabajadores, otorgándoles poco más allá de los derechos legales básicos.
