La Comisión Electoral revisará la documentación presentada y será el 28 de agosto cuando publique el nombre de las candidaturas. Audi México reactivará el tercer turno laboral de la planta en San José Chiapa a partir del próximo lunes.
El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) comenzó el proceso de renovación del comité ejecutivo general para los próximos seis años, con la publicación de la convocatoria y el inicio de registro de planillas.
De forma previa, el actual dirigente del Sitaudi, Álvaro López Vázquez comentó que analiza la posibilidad de buscar la continuidad en el cargo y argumentó que el trabajo al frente del gremio lo respalda para seguir representando a los más de tres mil técnicos que actualmente laboran en la planta de autos de lujo.
La convocatoria establece que los interesados en participar por el cargo de secretario general e integrantes de las comisiones de hacienda, justicia, fiscalización, fondo de ahorro y vigilancia, tienen hasta este viernes 21 de agosto para solicitar el registro de sus planillas, las cuales, deben estar integradas por personal de todas las divisiones de la planta automotriz.
La Comisión Electoral revisará la documentación presentada y será el 28 de agosto cuando publique el nombre de las candidaturas que hayan logrado reunir todos los requisitos, a fin de que puedan comenzar con campañas de promoción durante el periodo del 29 de agosto al 11 de septiembre.
Las votaciones se llevarán a cabo a partir de las 5:00 horas del jueves 1 de octubre a las 3:00 horas del 2 de octubre, en sede por definir, con tal de puedan participar los trabajadores de los diferentes turnos de la planta con sede en el municipio de San José Chipa, Puebla.
La elección del secretario general del Sitiaudi de este año, será la primera a través de un proceso abierto y directo, luego que López Vázquez fue designado en 2014 como dirigente, por acuerdo de los primeros 130 técnicos que ya formaban parte de la plantilla laboral de la empresa alemana.
La secretaria de Trabajo detalló que se tiene un avance del 30% en los sindicatos con registro en el estado
Se tiene un avance del 30% en los sindicatos con registro en San Luis Potosí que ya modificaron sus estatutos, informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Recordó que el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral amplió el plazo a partir de la pandemia del Covid-19, para que una vez que existan condiciones en cada una de las entidades federativas, de acuerdo al semáforo de riesgo sanitario, puedan organizarse las asambleas para cumplir al 100 por ciento.
Existe la obligación de legitimar todos los contratos colectivos. Se tiene un plazo de cuatro años que inició el 1 de mayo de 2019. Las organizaciones gremiales que no cumplan, la autoridad registral no los tendrá por válidos. Los contratos colectivos se darán por terminados sí no se legitiman en este lapso.
La titular de la STPS, hizo un llamado a los sindicatos con registro local, a cumplir con la obligación legal de modificar sus reglas internas a fin de que los trabajadores elijan a sus dirigentes a través del voto personal, libre directo y secreto, incluyan reglas en materia de equidad de género en las directivas sindicales y garanticen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia frente a sus agremiados.
En gira de trabajo por San Luis Potosí, una de las ocho entidades federativas en donde el nuevo sistema de justicia laboral comenzará a operar a finales de este año, la funcionaria reconoció la importancia en la coordinación con las autoridades estatales ante la apertura de los tribunales laborales locales y el Centro de Conciliación local.
Éstos, brindarán a la ciudadanía un nuevo procedimiento para la impartición de justicia mucho más ágil y moderno que apuesta a la conciliación antes de ir a juicio.
Comentó que existe simulación en el mundo del trabajo, con la presencia de contratos de protección que no permiten a los trabajadores participar en las revisiones salariales y contractuales. Esto se erradicará con el nuevo modelo laboral.
En esta gira se sumaron Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
En reunión con el secretario del Trabajo estatal, Manuel Lozano Nieto, se conoció de la armonización de la legislación local a fin de garantizar certeza y congruencia entre la normatividad estatal y la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
Se les informó que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la del Centro de Conciliación del Estado ya se aprobaron en comisiones del Congreso local y en proceso de aprobación en el próximo período extraordinario de sesiones.
Así, el andamiaje legal estará listo para la entrada en operación de las nuevas autoridades laborales locales.
El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas, instó a los trabajadores a acudir primero a la CROC para resolver cualquier violación en materia laboral.
María del Pilar Martínez 20/08/2020
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), con presencia en sectores como la construcción, la hotelería y restaurantero, hizo un llamado a los trabajadores para que, ante cualquier violación a sus derechos laborales, presenten y resuelvan sus denuncias ante las autoridades mexicanas, y no a través de la línea directa que estableció el gobierno de Estados Unidos en el país, pues “sólo tratan de entrometerse en asuntos que sólo corresponde a los trabajadores mexicanos”.
Así lo expuso Isaías González Cuevas, líder de la CROC y diputado federal por el PRI, quien destacó que la única razón por la que se estableció una “hot-line laboral” es porque “los americanos no nos creen que se va a terminar con los contratos de protección en el país”, pero, ante la existencia de cualquier violación en materia laboral “nosotros les pedimos a los trabajadores acudan primero a la CROC para que ésta se resuelva ya sea con las autoridades municipales, estatales o federales, y no llegar al extremo de denunciar con los americanos”.
González Cuevas expuso en conferencia de prensa que las grandes centrales obreras van cumpliendo uno a uno los requisitos que marca la reforma laboral y el acuerdo comercial con Estados Unidos, relacionado con la legitimación de los contratos colectivos y las modificaciones estatutarias; “quienes no han cumplido hasta ahora, son esos sindicatos pequeños que hay en muchas entidades, es ahí en donde la autoridad debe poner atención”.
Tras señalar que han surgido sindicatos que “se fusilan las siglas de cualquier central de la CROC pero que no representan nada, son gente que se aprovecha y que van a ver a una casa en donde están haciendo una reparación y ahí van y le quitan la lana porque, porque la amenaza de que la van a parar y no sé qué más pero hacen mal uso del nombre de las centrales de obreros”.
Añadió que para acabar con esos actos en el Artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo quedó establecido que cualquiera que extorsiona lo pueden denunciar y es causa penal. “Se necesita un sindicalismo que sea para uso único de los trabajadores, no para los líderes, los líderes sólo estamos para atender las demandas de los trabajadores y cumplir con el estatuto y las leyes”.
Sostuvo que “los sindicatos blancos van a desaparecer, están haciendo daño al país, a México, y desprestigian al movimiento obrero y bueno esta Ley que aprobamos contemplar todo este tipo de malas prácticas y delitos, y el sindicato que hagan mal uso de la toma de nota también se le puede cancelar y estamos totalmente de acuerdo”.
González Cuevas sostuvo que dentro de la CROC ya se han dado cumplimiento al cambio de estatutos, tras incluir el voto libre secreto y directo para llevar a cabo sus procesos internos.
El Sindicato del Senado recibe 155 mil pesos al mes para gestión sindical, así como 15 mil pesos mensuales para deporte y cultura, a pesar de que su toma de nota venció desde agosto del 2019, recriminó el sindicato alterno.
El Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, adscrito a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), presidida desde hace 20 años por el priista Joel Ayala Almeida, continúa recibiendo presupuesto a pesar de que su toma de nota se venció desde agosto del año pasado, acusó Salvador Lozano Tenorio, secretario general del sindicato alterno de la Cámara Alta.
“Se me hace un trato preferencial que se le esté dando presupuesto a un sindicato que no tiene toma de nota”, dijo Lozano Tenorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República Mexicana. “Solicitamos que se les quiten sus beneficios como las oficinas y el dinero que se les otorga”, añadió.
En la página del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), la última toma de nota del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, dirigido por Bertha Orozco Márquez desde hace más de 10 años, caducó el 31 de agosto de 2019.
“Ellos argumentan que la tienen a través de una Acta por un periodo del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2015, pero eso no es una toma de nota. El Senado está cayendo en irregularidades”, afirmó Lozano.
A través de transparencia, documentó que el sindicato de Orozco recibe 155 mil pesos al mes desde enero de 2015 para gestión sindical. También, sin rendición de cuentas, reciben 15 mil pesos mensuales de gastos para deporte y cultura, más el descuento de 3 por ciento de cuota (90 pesos mensuales a 400 afiliados).
Pero por la caducidad de su toma de nota, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República Mexicana, con 31 afiliados y más de 70 en proceso, “pasaría a ser el sindicato mayoritario porque es el único legalmente constituido”, dijo Lozano.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado obtuvo la toma de nota del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) el 28 de junio de 2019 con número de registro 13/19.
Respecto a los trabajadores de valet parking y limpieza que estaban por outsourcing en el Senado, han comenzado a recibir contrato de honorario con el compromiso de ser basificados. “Pero tenemos compañeros de honorarios del servicio técnico que tienen más de cinco años del servicio en el Senado y siguen sin ser basificados. Están violentando sus derechos laborales”, recriminó Lozano.
Intimidaciones por teléfono
SinEmbargo informó previamente que la Dirección General de Recursos Humanos del Senado de la República “ha intimidado” a los trabajadores interesados en afiliarse a esta alternativa sindical. Ahora, por la pandemia de la COVID-19, la mayoría de los trabajadores laboran desde casa, pero han recibido llamadas.
“Están ofreciéndoles una serie de cosas a cambio de que renuncien a nuestro sindicato. Y los que quieren afiliarse, los tienen amenazados de que si lo hacen, automáticamente les quitarán su contrato o los darán de baja”, dijo el Secretario General Salvador Lozano Tenorio del sindicato alterno. “No están respetando la libertad sindical que indica la Reforma Laboral”.
También acusó que la Dirección General de Recursos Humanos y la Unidad de Relaciones Laborales no han cumplido con los acuerdos sobre un pago de compensación por servicios especiales de ocho horas y contar con una oficina para gestionar las actividades sindicales.
El año pasado, el director General de Recursos Humanos, Eduardo Medel Quiroz, les negó el espacio al argumentar en una misiva que el espacio físico costaría al Senado 9 millones 694 mil pesos anuales.
Han enviado oficios a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política y a la Secretaría de Servicios Administrativos, pero no han recibido respuesta.
“Nos sentimos desprotegidos. Con la Reforma Laboral todos los sindicatos tenemos las mismas condiciones y prestaciones. Pero resulta que las autoridades del Senado nos manifiestan que el de Bertha Orozco es el mayoritario y son los que tienen el poder de negociar los derechos laborales, cuando la Reforma establece que cada líder sindical puede gestionar las prestaciones para sus agremiados. Yo no voy a esperar a que se las aprueben al mayoritario para que las puedan otorgar a nosotros porque tenemos derecho”, dijo el Secretario General.
“El acuerdo de toma de nota se otorga a todos los sindicatos cuando cumplen los requisitos y se constituyen formalmente. En ninguna parte dice que eres un sindicato minoritario o mayoritario para poder obtener los beneficios. Legalmente no existe eso; tenemos los mismos derechos”, argumentó.
El que se haya logrado reducir la edad de jubilación podría, incluso, “revolucionar” el tema de pensiones, coincidieron abogados laborales.
Las modificaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT) del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) sentará precedente para las negociaciones de otros gremios, coincidieron especialistas en derecho laboral.
“Abre un camino que podría revolucionar el tema de las pensiones”, apuntó en entrevista Manuel Fuentes Muñíz, integrante del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. El reto será contar con el presupuesto para lograrlo, agregó Jorge Loyo, abogado laboralista.
Este miércoles el SUTERM y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron un incremento de 3.4% a sus salarios. Pero quizá lo más destacable es respecto a la edad de jubilación, la cual volvió a ser de 55 años de edad.
Manuel Fuentes prevé que otros sindicatos podrían tomarlo como referencia. Además, impactará en cierta medida en la próxima discusión de la reforma pensionaria. Aunque, al igual que Jorge Loyo, subrayó que se debe tomar en cuenta que la CFE no es una empresa privada, sino del Estado y que los lineamientos y presupuestos no son los mismos.
En el 2016, la cláusula 69 del CCT fue modificada para elevar la edad de jubilación. A partir del 1 de enero del 2017 se podrían retirar los trabajadores que hubieran cumplido 30 años de servicio y 45 años de edad. O bien, si hubieran alcanzado 40 años de labor, podrían irse sin importar la edad.
Las trabajadoras debían tener 30 años de servicio y 60 años de edad para jubilarse. Si llevaban 35 años en la comisión, sin importar la edad, podían iniciar su trámite de jubilación.
Pero el actual sindicato, liderado por Víctor Fuentes, y la CFE acordaron regresar la cláusula de jubilación a los términos de antes del 2016: hombres con 25 años de servicio y 55 años de edad, o 30 de servicio sin importar la edad. Y para las mujeres, 25 años de servicio sin importar la edad.
“Lograr esto no es un privilegio, es una conquista sindical que beneficia a las personas”, opinó Jorge Loyo, ex asesor de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA). “Los sindicatos, cuando negocian bien, obtienen dos tipos de beneficios: para el sindicato como figura jurídica o para los trabajadores. Y conseguir una prestación no es privilegio”, insistió.
El del SUTERM “es un contrato que ha generado prestaciones importantes a los trabajadores”, comentó Manuel Fuentes. La actividad que realizan los trabajadores de la CFE es de alto riesgo, puntualizó. “Todos los días están expuestos a accidentes de trabajo. A eso responde el análisis y la conclusión de bajar nuevamente su edad jubilación”.
La creación del Sistema de Justicia Laboral en San Luis Potosí generaría la necesidad de erogar hasta 156.6 millones de pesos en los próximos 27 meses. De ese presupuesto, el 62 por ciento correspondería a la nómina de funcionarios de cuatro tribunales laborales previstos a establecerse en ese lapso, de acuerdo a estimaciones del Poder Judicial del Estado (PJE).
De acuerdo al documento, anexo en el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Puntos Constitucionales sobre el establecimiento de la reforma al Sistema Judicial Laboral que pasará al Pleno del Congreso hoy, se plantea la apertura de cuatro tribunales laborales en el estado entre este año y 2022 y la contratación de 64 plazas para operar las nuevas instancias.
En estas, el Estado deberá destinar 97.9 millones de pesos entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022. Esa cifra corresponde al 62 por ciento del monto total del costo de la reforma laboral.
El documento también prevé destinar 30.1 millones de pesos para el capítulo 5000, correspondiente a la compra de bienes muebles e inmuebles.
Otros 27.9 millones de pesos se calculan para servicios generales y 598 mil 714 pesos para el capítulo de materiales y suministros.
El reporte judicial también señala que hay un subsidio federal de 19.2 millones de pesos, mientras que el gobierno del estado destinó una partida de 11.5 millones de pesos.
Sin embargo, acota que esos 30.7 millones de pesos sólo se reservan para servicios materiales y generales, sin que puedan ser destinados al gasto de nómina.
De acuerdo a los tabuladores presentados en el documento, cada juez laboral ganará ingresos mensuales por 98 mil pesos.
Aspecto de los candidatos momentos antes de inciar el debate ■ foto: la jornada zacatecas
■ Destaca el tema de la venta o sustitución de prestaciones; el acto fue ilegal: López Jácquez
■ Buscará José Juan Martínez que los directores no contraten personal por fuera del sindicato
■ Propone Samuel Rodríguez realizar en la BUAZ una Feria de la Creación Universitaria
■ Campeán habló sobre crear una política editorial para que universitarios hagan publicaciones
Martín Catalán Lerma 20/08/2020
Este miércoles se llevó a cabo el segundo debate de candidatos a la secretaría general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), en el que destacó la discusión respecto a la venta o sustitución de prestaciones, la cual fue calificada como ilegal de parte de algunos aspirantes, mientras que otros consideraron que el programa fue mal implementado.
La venta o sustitución de prestaciones fue un programa mediante el cual Gobierno Federal otorgó recursos a las universidades en situación de crisis financiera con el propósito de reducir sus pasivos laborales.
Al vender las prestaciones, un docente recibía un monto calculado por un estudio actuarial, a cambio de no percibir el pago de prestaciones después de formalizar su jubilación, con lo cual la Universidad ya no tuviera responsabilidad en ello.
Aunque el recurso para esta iniciativa fue otorgado por Gobierno Federal, Pedro López Jácquez, candidato de la planilla Alternativa Democrática Independiente, dijo que a final de cuentas hubo afectación a las finanzas de la institución, debido a que los profesores involucrados no se jubilaron y por lo tanto siguieron cobrando todas sus prestaciones a pesar de ya haberlas vendido.
Al respecto, afirmó que los docentes vendieron sus prestaciones ilegalmente, ya que una parte del Contrato Colectivo señala que las prestaciones son irrenunciables, además de que éstas son colectivas y/o individuales, por lo que requirió del aval de los órganos de gobierno del sindicato.
Además, recordó que la venta de prestaciones no fue para todos, sino solamente para profesores y en ese momento funcionarios cercanos al rector. Aunado a ello, estos siguieron trabajando, no se jubilaron, por lo que percibieron prestaciones y además el monto correspondiente a la compra de éstas.
En otro tema, López Jacquez refirió que su planilla plantea un manejo diferente del Comité Ejecutivo de tal forma que no asuma una postura patronal, lo cual se garantiza con el hecho de que sus integrantes no obedecen al rector, ni ex rectores, ni grupos políticos ni a partidos, sino a los colectivos docentes.
Sobre la Fundación, manifestó que es una figura que opera bajo una completa opacidad, porque nadie sabe cómo funciona, cómo se gobierna o cómo se determinan los intereses, los montos de los préstamos y el destino de los fondos del capital.
Por su parte, José Juan Martínez Pardo, candidato de Unidad y Fortaleza Sindical, destacó la pluralidad que hay entre los integrantes de la planilla que encabeza, además de que estos son representativos del sindicalismo universitario.
Uno de los temas que propuso, en caso de llegar a la dirigencia, es la modificación al reglamento de admisión, ello con el propósito de que los coordinadores y directores no incurran en prácticas de contratación de personal por fuera del sindicato.
Sobre la reforma laboral y estatutaria, expuso que se requiere una adecuación de la normatividad interna en el sindicato, porque la reforma laboral establece la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su lugar, se crearán tribunales laborales.
Entre los rubros en que se debe modificar el estatuto del Spauaz, mencionó Martínez Pardo, es el de la democracia sindical, porque ahora se requiere de la participación del gremio y la intención de la reforma es erradicar la toma de decisiones unilaterales al interior de los sindicatos.
Otros temas en que se debe modificar el estatuto, son la transparencia, equidad de género y clarificar las formas de elección, pero también se debe dar vida operativa al sindicato y a su organización interna, especialmente en lo que respecta a la operatividad de las coordinadoras de Delegados y asambleas.
Asimismo, Samuel Rodríguez Escobar, candidato de Libertad Universitaria Sindical, destacó que los miembros de esta planilla son participativos y propositivos, y cada uno de ellos cuenta con un proyecto para la cartera a la que aspiran en el Comité Ejecutivo.
Por ejemplo, comentó que en la cartera de Cultura se ha propuesto la creación de una galería de docentes universitarios y una Feria de la Creación Universitaria, en las que podrán participar los profesores.
Se refirió al tema de la contratación por honorarios y expuso que en universidades como la de Querétaro, 50 por ciento de los docentes ya están contratados bajo ese esquema, por lo que es una práctica cada vez más recurrente en las instituciones de educación superior, sin respetar la bilateralidad en el proceso de admisión.
Rodríguez Escobar consideró que esa práctica es inadmisible y es una afrenta para la actividad sindical, porque los honorarios implican que personal entra a trabajar “por la puerta trasera”, sin atender las vías y mecanismos sindicales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Por último, Regina Compeán González, candidata de Rescate Sindical Universitario, señaló que la venta de prestaciones, fue un programa federal con recurso etiquetado para reducir los pasivos laborales de las universidades, pero en la BUAZ se implementó mal porque nunca se condicionó a los docentes a jubilarse y por lo tanto cobraron ese monto pero siguieron trabajando y siguieron percibiendo las prestaciones.
En ese momento, dijo que el Spauaz “brilló por su ausencia” en ese proceso a pesar de que en el contrato se establece que los derechos y prestaciones son irrenunciables. Ante esa situación, si algún docente pretende participar en ese proceso, debe asesorarse adecuadamente.
En relación s su planilla, explicó que se conformó por invitación expresa, pero en principio algunos docentes “se bajaron” por amenazas de la parte patronal. Sin embargo, todos los integrantes tienen el propósito y la convicción de defender los derechos de los trabajadores.
En la cartera de Prensa y Propaganda, indicó, se planea resaltar todas las actividades que se realicen en el sindicato y, además, hay la propuesta de crear una política editorial y tramitar el ISBN para que los universitarios puedan hacer publicaciones.
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján hizo un reconocimiento a la Magistrada Presidenta Olga Regina García López
San Luis Potosí, SLP.- La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján hizo un reconocimiento a la magistrada Olga Regina García López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura por el trabajo que el Poder Judicial del Estado ha realizado para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, a pesar de las dificultades que ha impuesto la emergencia sanitaria y tras conocer los avances que se tienen, manifestó su confianza en que se podrá empezar su operación el próximo mes de noviembre.
Plano informativo 19/08/2020
Lo anterior lo expresó tras sostener una reunión con representantes de la Unidad para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral del Poder Judicial, en la cual se le expuso un resumen del trabajo que se ha realizado a la fecha y el proyecto para la creación de los tribunales especializados que resolverán los juicios en la materia, los cuales serán orales y darán agilidad a las controversias que lleguen a judicializarse.
“Ha sido un reto gigantesco, hemos estado focalizados en garantizar que en la primera etapa de implementación entraran las nueve entidades federativas que van a ser las pioneras, como es el caso de Luis Potosí y será muy bueno el ejemplo que se podrá dar a las otras entidades que ya se empiezan a preparar para entrar en operación el próximo año, en temas como planeación y capacitación”, expresó la titular de la STPS.
Agregó que se tiene mucha expectativa en el nuevo sistema de justicia laboral, “tanto en los Centros de Conciliación que funcionarán como un filtro para que no todos los asuntos se judicialicen, así como en los tribunales que darán garantía de imparcialidad, de rapidez, de oralidad y de modernidad”.
Por su parte, la magistrada presidenta Olga Regina García López informó que el Consejo de la Judicatura emitirá próximamente la convocatoria para elección de las y los primeros jueces laborales, de la cual, una de sus características es que busca garantizar la paridad de género.
Expresó el compromiso por concretar esta reforma en los tiempos y además, de que en su operación se imparta una justicia que proteja los derechos humanos.
Posteriormente, se realizó un recorrido por las instalaciones que serán adecuadas para los Tribunales Laborales.
La corrupción sindical seguirá atacándose en México. “No es borrón ni cuenta nueva, las investigaciones las autoridades las están haciendo en casos donde tienen información y hay presunción de que existe algún delito”, aseguró Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El Economista 19/08/2020
En relación al caso de Hugo Bello, líder sindical de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM), detenido por la presunta participación en secuestro exprés y lavado de dinero, la funcionaria resaltó que si bien la autoridad judicial será la encargada de emitir una sentencia, no se puede ignorar que existen dirigentes sindicales que en lugar de representar a los trabajadores, han promovido la extorsión y el chantaje.
“No podemos cerrar los ojos ante la realidad de que han existido durante mucho tiempo sindicatos que, lejos de defender a los trabajadores, se han dedicado a la extorsión y al chantaje, lo podemos ver muy claramente en la industria de la construcción, donde uno todavía no pone un ladrillo y ya llegan a pedir recursos”, dijo Alcalde Luján durante una gira de trabajo en San Luis Potosí.
Labor conjunta con la UIF
En ese sentido, la secretaria del Trabajo afirmó que su dependencia continuará trabajando de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir la corrupción dentro de los sindicatos, entre otras prácticas dañinas en el mercado de trabajo.
En el combate a la corrupción sindical, resaltó la titular de la STPS, la reforma laboral será una herramienta para rescatar a los sindicatos y defender los derechos de los trabajadores, quienes podrán contar con contratos colectivos equilibrados y sometidos a revisión cada año.
Con la reforma laboral, expresó, los sindicatos blancos se van a extinguir. “Ya no hay cabida en la nueva ley, de entrada porque los dirigentes van a tener que pasar por procesos democráticos y, número dos, porque ya no se pueden firmar contratos colectivos a espaldas de los trabajadores“.
A pesar de que con estos cambios al marco legal se estableció la cancelación de registros sindicales por actos de corrupción, aún es prematuro afirmar si se le retirará el registro a la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CTML), que preside Hugo Bello. Sin embargo, Alcalde Luján aseguró que “si hubiera una sentencia condenatoria habría la posibilidad de iniciar el trámite para cancelar el registro, pero primero tiene que agotarse primero toda esta etapa judicial”.
Por último, la funcionaria federal recordó que sólo el 30% de los sindicatos locales han modificado sus estatutos para adoptar los nuevos principios de democracia sindical, como el voto libre, personal, directo y secreto. Las organizaciones que no garanticen la democracia plena, acotó, ya no tendrán la validación de la autoridad registral de sus elecciones y procedimientos.
QUERÉTARO, Qro. – El secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, sostuvo una reunión virtual con los representantes sindicales en Querétaro, con la finalidad de dar seguimiento a la adecuación de estatutos de sus organizaciones, de acuerdo a lo que establece la Reforma Laboral.
Estas modificaciones a los estatutos, tienen que ver con la inclusión del voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores en los procedimientos de elección de dirigentes, así como en materia de rendición de cuentas y equidad de género.
Otro de los puntos informativos que destacó el secretario del Trabajo en este encuentro virtual con los líderes sindicales, es la apertura de la Junta Especial no. 6, de la Local de Conciliación y Arbitraje. Mario Ramírez explicó que esta Junta Especial no. 6, se enfocará en resolver las controversias laborales nuevas, para que las cinco Juntas Especiales restantes despresuricen su atención en los asuntos pendientes de resolución.
El funcionario estatal indicó que el personal ha recibido capacitación en el nuevo Modelo de Justicia Laboral, basado en mejorar el entendimiento del conflicto y la comunicación entre las partes, para brindar a trabajadores y patrones una mejor atención, más cálida, oportuna y objetiva, proponiendo soluciones equitativas a las partes, para privilegiar la conciliación en cada caso. Asimismo, detalló que través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), se recibirán las demandas, y a su vez, turnará la mayor parte de ellas a la Junta Especial no.6. Se trabajará mediante citas agendadas, para dar cumplimiento a las medidas sanitarias.
