Adelantaron que este martes realizarán una manifestación en el Zócalo de la CDMX frente a Palacio Nacional, donde saldrá una marcha con rumbo por definir.
Por:Sergio Ramírez 12/10/2020
Medio centenar de personas del movimiento Coordinación de Trabajadores Unidos tomaron esta noche de manera pacífica las instalaciones de la Secretaría del Trabajo, ubicadas en la colonia Narvarte, en Ciudad de México, en protesta por los despidos en dependencias federales.
Los integrantes del sector salud, artistas y transportistas ingresaron a las oficinas de la dependencia federal y obligaron a los trabajadores a salir porque iban a permanecer ahí hasta que sean atendidos por la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.
Los inconformes instalaron casas de campaña en el vestíbulo de la STPS donde exigieron que se atiendan sus demandas, ya que ninguna autoridad les ha hecho caso.
Los inconformes pertenecen a organizaciones como la Coalición de Tranviarios de México, Coalición Postal por Democracia Sindical, Frente de Trabajadores en Lucha, Frente Democrático Popular, Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata”.
https://twitter.com/i/status/1315815016734621699
También participan la Organización de Mujeres Trabajadoras de México, Resistencia Artística Nacional, Sindicato de Concertación Nacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México “Honor y Justicia”, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Liconsa y Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México.
Adelantaron que este martes realizarán una manifestación en el Zócalo de la CDMX frente a Palacio Nacional, donde saldrá una marcha con rumbo por definir; el miércoles efectuarán una protesta en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la alcaldía de Azcapotzalco.
Una huelga se tiene que respetar y el caso de que se viole la suspensión de labores es necesario que los trabajadores hagan la denuncia correspondiente, dijo la secretaria del Trabajo
Una huelga se tiene que respetar y el caso de que se viole la suspensión de labores es necesario que los trabajadores hagan la denuncia correspondiente para que las autoridades puedan actuar, dijo Luisa María Alcalde Lujan, Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
Al encabezar la conferencia de prensa del informe diario sobre los avances de los Programas del Bienestar, Alcalde precisó que es en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde se puede denunciar la violación del principio de una huelga y que eso no puede suceder.
En tal sentido enfatizó que “una huelga se tiene que respetar, la suspensión de labores se tiene que respetar cuando la autoridad determina la existencia de la huelga como es el caso de Notimex”.
Sin embargo, puntualizó que la autoridad no puede imponer determinaciones, sino que la solución debe ser por la vía del diálogo y la conciliación; salvo en el caso de que los trabajadores o la empresa, cualquiera de las partes, lo soliciten, para el caso de conflictos que llevan mucho tiempo.
Agregó que es necesario que “se conozca que otras posibilidades existen para concluir un conflicto de huelga. En este y también en los otros casos que pudiesen llevar mucho tiempo y que no acaban buscando un acuerdo, puede entrar la autoridad jurisdiccional para poner fin a la huelga, pero tiene que ser a solicitud de alguna de las partes, no lo puede hacer de oficio”. Destacó que hay un primer análisis de en qué puntos no hay acuerdo, como el caso de tema de las reinstalaciones y las razones por las que algunos trabajadores fueron separados de sus cargos.
Dijo que de hecho ya existe un análisis respecto a puntos en los que sí se ha avanzado.
Destacó que hay dos posibilidades para encontrar una solución, por un lado, continuar con la mesa de negociación y que las partes puedan resolver las diferencias y levantar la huelga y, la otra, una demanda de imputabilidad de la huelga que se presentan ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que dado que ya hay jurisprudencia al respecto, ya sea el sindicato o el empresa pueden solicitarlo.
“Es una decisión de la partes, nosotros vamos a seguir ayudando a este acercamiento; confiamos y no vamos a perder nunca la esperanza de que sea el diálogo el que acabe solucionando el conflicto.
Estamos a poco más de un mes de que entre en vigor la reforma laboral de 2019, por lo que estamos trabajando a tambor batiente para estar listos e iniciar operaciones en 8 estados de la República, que contempla la primera etapa de implementación: Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Tabasco e Hidalgo (este último solo a nivel federal).
En estas entidades (a excepción de Hidalgo) iniciarán funciones de forma simultánea los Centros Locales de Conciliación, los Tribunales Laborales Locales y Federales, así como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que son parte del nuevo andamiaje institucional para garantizar la justicia laboral y la legitimidad de las organizaciones sindicales.
En este marco, destaca una pieza clave del nuevo sistema: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Se trata de un nuevo organismo público federal descentralizado, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); con personalidad jurídica y patrimonio propios.
La independencia del Centro Laboral está basada en la propia composición de su Junta de Gobierno como órgano máximo de decisión, el cual se integra por los titulares de la STPS, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El Centro Laboral llevará la instancia conciliatoria en el ámbito federal, a la que deberán acudir trabajadores y patrones antes de ir a los Tribunales Laborales. Este proceso no deberá exceder de 45 días naturales. Todo ello bajo los principios de inmediación, inmediatez y oralidad, lo que reduce sus plazos y garantiza mayor imparcialidad.
La instancia de conciliación tiene una sola audiencia a la que tendrán que acudir las partes. Solo ellas negocian, no participan los abogados para evitar que puedan alargar innecesariamente el conflicto. La conciliación es una de las mejores vías que se desarrollan a nivel mundial para resolver controversias.
Claro que hay excepciones a la conciliación. Las y los trabajadores podrán acudir directamente a los Tribunales cuando exista discriminación en el empleo o despido por embarazo, así como por razones de orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso sexual. También en aquellos casos de que se trate de la designación de beneficiarios por muerte; y cuando se reclamen prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y accidentes de trabajo, entre otras causas.
Otra excepción para no acudir a la instancia conciliatoria es en el caso de que se viole la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva; o bien por trata laboral, así como cuando se trate de trabajo forzoso o trabajo infantil. Tampoco puede darse la conciliación en la disputa de la titularidad de contratos colectivos o la impugnación de los estatutos de los sindicatos.
Sumado a la conciliación, el CFCRL llevará el registro nacional de todos los sindicatos y los contratos colectivos. También tendrá facultades de verificación de los procesos democráticos de los sindicatos, pues a partir de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia laboral, los trabajadores deben elegir a sus directivas sindicales y respaldar sus contratos colectivos mediante el voto personal, libre, directo y secreto.
Asimismo, el Centro Laboral podrá verificar el procedimiento de elección de las o los dirigentes sindicales, a solicitud de la directiva sindical o de por lo menos el 30 por ciento de los afiliados al sindicato, y en caso de duda razonable podrá convocar a la reposición del procedimiento.
De igual forma, el CFCRL debe emitir la “Constancia de Representatividad” cuando un sindicato pretenda demandar la celebración de un contrato colectivo inicial, esto es, el documento que avala que un sindicato cuenta realmente con el respaldo por lo menos del 30 por ciento de los trabajadores, y en caso de que se presente más de una solicitud de Constancia, el CFCRL organizará una consulta para determinar qué sindicato cuenta con el respaldo de la mayoría.
Así, este organismo avanza para estar listo y comenzar su función en esta nueva etapa de la vida laboral en el país. Esta transformación requerirá de todos, el compromiso del gobierno de México es poner todas sus capacidades para que así sea con una nueva institución que parte de cero para lograr la legitimidad de las organizaciones sindicales y la certeza en la contratación colectiva. Debemos acabar con la simulación en el mundo laboral y con los contratos de protección que se firman a espaldas de los trabajadores.
Se trabaja también, en un asunto primordial, como lo es la actualización de estatutos, que éstos se adecúen a los contenidos de la propia reforma.
Sería importante que el Poder Judicial del estado, en la ruta de la implementación de la Reforma Laboral, avance de la mano con los trabajadores, porque hasta hoy lo ha hecho en coordinación exclusiva con el sector patronal, afirmó el dirigente estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Cristian Salazar.
Al respecto, el dirigente señaló que existe disposición plena de la CATEM para entrar en la nueva dinámica que marca la Reforma Laboral, y en tal proyección, la organización y sus miembros, se preparan intensamente con capacitación en la que toman parte incluso maestros provenientes de otras partes de la República, donde se abarcan temas fundamentales relativos a las modificaciones que registra la Ley, como la libre sindicalización, el voto libre y secreto, entre otros aspectos.
Se trabaja también, en un asunto primordial, como lo es la actualización de estatutos, que éstos se adecúen a los contenidos de la propia Reforma.
Sin embargo, Salazar Mercado subrayó que en la CATEM existe gran preocupación en torno la implementación de las modificaciones a esta legislación, porque hasta ahora no hay una comunicación o una coordinación entre el Poder Judicial y las organizaciones de trabajadores.
Recordó que en la anterior visita de la secretaria del Trabajo y Previsión Social federal, Luisa María Alcalde, formuló un respetuoso llamado al Poder Judicial para que la implementación la realice de la mano de los trabajadores, puesto que hasta ahora todas las acciones que ha desarrollado en esta vía, han sido con la participación exclusiva de los patrones, dejando de lado a un complemento fundamental del ámbito laboral y de hecho, la parte más importante de esta implementación, recalcó.
Y es que, citó como ejemplo el caso de la Reforma Penal, que resultó un fracaso, una puerta giratoria para los delincuentes, a partir de la falta de información y comunicación.
Advirtió que si la implementación no se desarrolla de manera adecuada, será letra muerta. Ante tal condición, de una manera respetuosa reiteró el llamado al Poder Judicial integrar al sector laboral en este marco, dado que hasta ahora existe una cúmulo de dudas al respecto, como quiénes serán los jueces o dónde funcionarán los tribunales, entre otras muchas.
Tehuacán. Acompañada de Leobardo Soto, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en el estado; Ivonne Iliana Morales Luna, dio a conocer que obtuvo un fallo a favor por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado, a través el cual se le otorga el reconocimiento a la mesa directiva que encabeza al frente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán Puebla (STSHATP), por lo cual pidió que las autoridades municipales respeten esa disposición y se inicie un dialogo para analizar las condiciones de los trabajadores que representa.
De acuerdo con las declaraciones de Morales Luna, fue el pasado 5 de este mes cuando desde el Tribunal de Arbitraje, se le notificó el fallo a favor, luego de las acciones legales a las que recurrió para impugnar el dictamen anterior en el que esa misma autoridad laboral consideró ilegal la dirigencia sindical que tiene a cargo.
Adelantó que dentro de las primeras acciones a efectuar, una vez que ha sido ya reconocida nuevamente como líder del STSHATP, se enfocará a buscar un diálogo con el presidente municipal suplente, Andrés Artemio Caballero López, para solicitar el pago de una deuda de 38 millones de pesos, que tiene el ayuntamiento con los trabajadores sindicalizados.
Señaló que tras la decisión del Tribunal de Arbitraje, está claro que ella es quien dirige al sindicato y en consecuencia la mesa directiva encabezada por Verónica Jiménez, es ilegal, por lo tanto llamó a los sindicalizados a unirse para continuar la lucha por el respeto a sus conquistas laborales.
Por su parte la síndico, Laura Virginia Gallegos Sánchez, expresó que ese comité ya no está vigente y por lo tanto tampoco se encuentra en una posición legal para hacer algún reclamo a la Comuna.
Resaltó que actualmente el sindicato no tiene mesa directiva, por lo cual las decisiones se toman asamblea general, mientras tanto el ayuntamiento mantiene el respeto a las condiciones generales de trabajo y por lo mismo todos los pagos que incluyen bonos y hasta cuotas sindicales se entregan directamente a cada trabajador.
En respuesta a las declaraciones de Ivonne Morales, decenas de sindicalizados se manifestaron en el edificio Morelos para expresar su rechazo a ella y refrendar el apoyo a Verónica Jiménez, quién fue electa en asamblea general en marzo, luego de que el mismo Tribunal de Arbitraje declaró ilegal al comité de Ivonne Morales.
Verónica Jiménez, resaltó que Morales Luna miente y trata de sorprender a los trabajadores ya que es mentira que haya logrado el reconocimiento del tribunal, lo único que tiene es la aceptación de un proceso que debe entrar a revisión y no hay la seguridad de que lo gane.
La implementación de la Reforma Laboral, considerada un parteaguas en la vida económica de México porque abre nuevas dinámicas al interior de las empresas e instituciones, requiere de la colaboración de los tres Poderes del Estado, en un marco de pleno respeto a su autonomía; por ello se trabaja de manera coordinada para cumplir, en tiempo y forma, con las disposiciones, normatividad y retos que implica.
Lo anterior coincidieron en señalar el magistrado Narciso Abel Alvarado Vásquez, integrante de la Comisión para la Implementación de la Reforma Laboral del Poder Judicial del Estado y el Consejero de la Judicatura, Abraham Isaac Soriano Reyes, quienes explicaron que este nuevo modelo de justicia en el país se dará en tres etapas, en una primera en ocho entidades; en la segunda, donde se encuentra Oaxaca, serán 13 y en la tercera 11.
Enfatizaron que la Reforma Laboral, proyectada para que entre vigor en la entidad el 1 de octubre de 2021, contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar paso a tribunales laborales y centros de conciliación y registro laboral, en los cuales se priorizará el diálogo y la conciliación entre las partes a fin de evitar lleguen a instancias judiciales.
El magistrado Alvarado Vásquez, señaló que la Comisión para la Implementación de la Reforma Laboral inició sus funciones socializando el tema en diferentes foros, con especialistas, abogados litigantes, agrupaciones y estudiantes. Recientemente, luego de una convocatoria pública abierta, se concluyó con un curso de iniciación y actualización en la materia.
Mencionó que se encuentra en proceso la evaluación de los cerca de cien participantes quienes de pasar esta etapa que comprendió la capacitación en línea de junio a septiembre, podrán ingresar a la siguiente fase que consiste en la especialización a iniciar en enero del 2021, para finalmente pasar a la selección del personal que formará parte de los nuevos juzgados laborales.
“Será un parteaguas en los procedimientos laborales y con su implementación se busca la mejora constante de la impartición de justicia a favor de trabajadores y empresas, respetando en el mismo nivel los derechos de ambos”, enfatizó el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Por su parte, el Consejero de la Judicatura y presidente de la Comisión de la Implementación de Reformas Judiciales puntualizó que debido a que la ejecución de dicha Reforma no solo tiene un carácter nacional sino internacional, es necesario apegarse a parámetros establecidos en los tratados de los que México forma parte.
El magistrado Narciso Abel Alvarado Vásquez y el Consejero de la Judicatura, Abraham Isaac Soriano Reyes participaron en el Programa “Son mis derechos” producción en conjunto con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), bajo la conducción del maestro Jorge López Reyes.
Lanza dos convocatorias para concientizar a trabajadores, empleadores, líderes y funcionarios sobre la importancia de su aplicación
Por: Agencia Reforma 12/10/2020
Estados Unidos lanzó dos convocatorias para promover los derechos laborales en México y concientizar a trabajadores, empleadores, líderes sindicales y funcionarios sobre la importancia de la aplicación de la reforma laboral.
Las convocatorias, publicadas por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del Depertamento de Trabajo de EU, establecen recursos por 10 millones de dólares y pueden participar cualquier organización comercial, internacional, educativa o sin fines de lucro, incluyendo religiosas y comunitarias.
El proyecto da prioridad a la asistencia a trabajadores de sectores claves como aeroespacial, minera, acero, alumunio, panaderias industriales, electronica o call center.
Entre los objetivos está aumentar el conocimiento de trabajadores y organizaciones sobre los derechos laborales; que se lleven a la práctica las disposiciones de derechos laborales, en particular las que se incluyen en la reforma laboral.
Además, busca generar un diálogo entre las partes interesadas para mejorar la implementación de la reforma laboral.
Por ejemplo, pueden proponer implementar planes educativos para capacitar a activistas laborales u organizaciones de trabajadores para que sean promotores en sus comunidades, además de actividades de concientización en zonas especifícas.
Otro objetivo será desarrollar la capacidad del personal de la Secretaria de Trabajo para actividades de divulgación sobre derechos laborales,
La duración del proyecto será de 4 años y medio a partir de la fecha de adjudicación. Las convocatorias se cierran el 19 de octubre.
La iniciativa busca propiciar que los socios comerciales de EU cumplan con las reglas de los tratados y que los trabajadores americanos compitan en igualdad de condiciones, según la ILAB.
El Poder Judicial iniciará en enero la especialización del personal operativo para la Reforma Laboral.
Oaxaca, Oax.- El magistrado Narciso Abel Alvarado Vásquez, integrante de la Comisión para la Implementación de la Reforma Laboral del Poder Judicial del Estado, informó que en el mes de enero se iniciará un curso de especialización virtual en esta materia, mediante el cual, además de proporcionar a las y los participantes, los saberes cognitivos, actitudinales, habilidades y destrezas que exige, se procederá a la selección del personal encargado de operar el nuevo modelo de justicia.
Explicó que a nivel federal se construyó un plan integral de formación, que consta de cuatro ejes rectores: Sensibilización, Actualización, Especialización y Selección. En esa tesitura el Poder Judicial del Estado, una vez que llevó a cabo el eje de sensibilización, emitió una convocatoria pública abierta para la capacitación general.
Mencionó que se encuentra en proceso la evaluación de los cerca de cien participantes quienes de pasar esta segunda etapa del curso en línea llevado a cabo de junio a septiembre, podrán ingresar a la siguiente fase que consiste en la especialización a iniciar en enero del 2021, para finalmente pasar a la selección del personal que formará parte de los nuevos juzgados laborales y órganos operativos.
“La reforma será un parteaguas en los procedimientos laborales y con su implementación se busca la mejora constante de la impartición de justicia a favor de trabajadores y empresas, respetando en el mismo nivel los derechos de ambos”, enfatizó al indicar que esto representa un reto, en el que se avanza de forma favorable ya que requiere de presupuesto, nueva infraestructura y recursos humanos y materiales.
El magistrado Narciso Abel Alvarado Vásquez, junto con el Consejero de la Judicatura, Abraham Isaac Soriano Reyes participó en el Programa “Son mis derechos” producción en conjunto con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), bajo la conducción del maestro Jorge López Reyes, donde abordaron los alcances e implicaciones del nuevo paradigma que reduce la posibilidad de prácticas dilatorias y corrupción en el procedimiento jurisdiccional.
En este foro, destacaron que con la finalidad de cumplir, en tiempo y forma, con las disposiciones, normatividad y retos que implica en que la Reforma Laboral, proyectada para que entre vigor en la entidad el 1 de octubre de 2021, se trabaja de manera coordinada entre los tres Poderes del Estado, en un marco de pleno respeto a su autonomía.
Además de tener impacto en la economía, política, los sindicatos y empresas, explicaron que implica cambios como la eliminación de las juntas de Conciliación y Arbitraje, para ser sustituidas por Tribunales Laborales que dependan del Poder Judicial, donde las audiencias serán públicas, presididas íntegramente por el juez y todas las intervenciones de quienes participen serán en forma oral, con lo que se busca dar más celeridad a estos procedimientos.
Por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplica el 1 de octubre de 2020 el artículo 26 Constitucional, vigente desde 1983:
“La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática…” Esta disposición avanza el artículo 39 de la misma Constitución: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.” Y supera la limitación del artículo 41 de la misma norma: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión…” Las cámaras de senadores y diputados.
A la última se le conoce como democracia representativa, porque a través de los representantes de los partidos en las cámaras, es como el pueblo ejerce su voluntad. No de modo directo por el pueblo mismo. En cambio, los artículos 39 y 26 reconocen el derecho del pueblo a ejercer su voluntad de modo directo, sin intermediarios, por eso se le llama democracia participativa.
La Constitución como Ley Suprema de la Nación no debe estar sujeta a interpretaciones a “conveniencia”, como la del ministro Luis María Aguilar que “orientó” a la opinión pública antes del debate en la SCJN, a través de los medios dijo que era inconstitucional la consulta popular propuesta por AMLO. Menos aún se debe “interpretar” la Ley Suprema por los gobernantes, como se hizo con las reformas estructurales por Peña Nieto, aun cuando tenga el apoyo del PRI-PAN-PRD, porque van en contra de la Constitución. Como privatizar Pemex y CFE, la reforma educativa que además era mentira, porque fue una reforma laboral punitiva, o sea, una vil y vulgar simulación de gobierno.
Eso fue en 2012 y 2013: ¿Por qué entonces no opinó el ministro?
La democracia participativa es a través de la participación directa de la ciudadanía en la vida política, en la toma de decisiones de los temas más importantes que afecten a la población y la nación. Pues la soberanía nacional no es abstracta, radica en la soberanía popular, la única titular del derecho de soberanía de la nación.
Así como los derechos humanos y las garantías constitucionales son de las personas y los colectivos que constituyan, se incluyen las libertades fundamentales y el acceso a la justicia en tribunales independientes, imparciales, en todas las materias: laboral, penal, civil, familiar, internacional, etc. Así como los derechos para ejercerse por la ciudadanía a través del referéndum o plebiscito, como la que propone AMLO para su revocar su mandato presidencial, puesta a disposición del pueblo, en una consulta popular de 2021.
Pero la realidad es más terca que los análisis y los buenos propósitos: en laboral, el artículo 123, fracción XVI de la Ley Suprema, señala: “Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, organizaciones profesionales, etc.” Esta disposición supone que la libertad e independencia sindical son iguales a las dos partes. Siendo dos clases sociales tienen, sin embargo, notables diferencias: el número de empresarios es reducido en comparación con los obreros, ya que los trabajadores y sus familias son mayoría en el país, no así los empresarios y sus familias, que son minoría.
En cambio, económica y políticamente los empresarios son mucho más poderosos que los trabajadores, tan es así, que cuentan con más y mejores organizaciones locales, nacionales e internacionales, por ramas económicas y financieras y, desde luego, con representantes en las dependencias del Estado y de los gobiernos federal, estatales y municipales, cámaras patronales y empresariales, representantes en partidos políticos PAN, PRI, PRD y otros. En los parlamentos abiertos de las cámaras de senadores y diputados, están sobre representados en proporción a los trabajadores, en notable minoría.
Se trata entonces de una sociedad desigual en todo, porque además, han sido los empresarios quienes tienen más peso político, económico y social en el mismo Estado y en los gobiernos de los tres niveles. Así como en el devenir histórico: en los 3 siglos de la colonia, en los gobiernos conservadores del siglo XIX, en la dictadura de Porfirio Díaz, en los gobiernos de Calles, Alemán, Ruíz Cortines, Díaz Ordaz y mucho más con los neoliberales de 1982 a 2018.
En particular la clase empresarial se opuso a la organización de los trabajadores en la dictadura de Díaz, a su independencia en el gobierno de Alemán y los neoliberales llevaron a cabo la destrucción de la libertad sindical, así como la de los contratos colectivos de trabajo, el derecho a la planta y al salario remunerador.
La reconstrucción del sindicalismo mexicano no es fácil, debe ser obra de las y los propios trabajadores, la democracia participativa será con los trabajadores o no será, con el apoyo de los partidos con sentido de justicia social, igual que de los gobiernos, la sociedad, universidades y la 4T. Son tiempos de cambios, sería imperdonable no aprovecharlos a favor de la mayoría: la clase trabajadora.
Por: Opinión de Óscar Alzaga. La Jornada Zacatecás 12/10/2020
“Esta situación, en lugar de fortalecer la democracia interna, la debilita, la deslegitima y la vuelve vulnerable’’, aseguró la legisladora.
Los líderes sindicales en México se “perpetúan’’ en el cargo y creen que son de “su propiedad’’, señala la senadora Geovanna Bañuelosde la Torre, al proponer que solo permanezcan por un tiempo de ocho años.
Casos como el de Francisco Hernández Juárez, con 43 años en la dirigencia telefonista; Gilberto Muñoz Mosqueda con la industria química, que fue asesinado pero llevaba en el cargo 43 años; Armando Neyra Chávez, 32 años en la industria embotelladora; Víctor Flores Morales, con 26 en los ferrocarriles (en vías de extinción).
Carlos Romero Deschamps, con los petroleros, aunque renunció en octubre de 2019, se perpetúo por 26 años.
También están en la larga lista Agustín Rodríguez con el STUNAM, que lleva 25 años; Joel Ayala Almeida (FSTSE), que tiene 21 años; Manuel Fermín Acevedo González, con el sindicato de correos de México con igual años (21).
Otro eterno dirigente es Patricio Flores Sandoval, con 19 años al frente del sindicato industrial de trabajadores de artistas de radio y televisión; Hugo Guillermo Díaz Covarrubias con 18 años en el sindicato de trabajadores de la industria automotriz integrada.
Con el sindicato nacional de trabajadores mineros y actual senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia con 17 años al frente de ese gremio; con el mismo número de años en el sindicato de jornaleros y obreros industriales, Juan Villafuerte Morales (17); Martín Esparza Flores en el sindicatos mexicano de electricistas, con 14 años.
El caso del sindicato único de trabajadores electricistas de la República Mexicana, Víctor Fuentes del Villar con 13 años; y el sindicato nacional de trabajadores harineros, Gerardo Cortés García con 11 años, entre otros.
Hoy, dice la senadora Bañuelos de la Torre, los grandes sindicatos de nuestro país se encuentran encabezados por personas que llevan en promedio más de 20 años como dirigentes sindicales.
“Esta situación, en lugar de fortalecer la democracia interna, la debilita, la deslegitima y la vuelve vulnerable ante la demanda creciente de las y los trabajadores de una renovación periódica de esos cargos de representación’’.
“Son muchos los dirigentes sindicales que, con una visión patrimonialista del poder, se perpetúan en el cargo con la falsa creencia que les pertenece y, por tanto, lo pueden ejercer de la manera que ellos decidan y por el tiempo que a ellos les convenga. Actúan como “iluminados”, como si fueran los únicos o los mejores para ocupar la secretaría general, por eso se reeligen’’.
Por eso la coordinadora parlamentaria del PT propuso modificaciones a los artículos 69, 72 y 75 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicios del Estado, con la finalidad de que las dirigencias sindicales de la burocracia no se perpetúen o sean vitalicias.
Propone establecer que la duración de las directivas sindicales no sea mayor de ocho años, donde se garanticen los principios de democracia, autonomía, equidad, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, alternancia, periodicidad y respeto a la libertad sindical.
