Por una unanimidad, los diputados federales se declaron en sesión permanente hasta lograr emitir un dictamente sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de la subcontratación laboral o outsourcing.
La Cámara de Diputados aplazó la discusión de la reforma al outsourcing y los integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y la de Trabajo y Previsión Social se declararon en sesión permanente, a fin de continuar en la construcción del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto enviada por el Ejecutivo Federal en materia de subcontratación laboral u outsourcing en México para llevarla a discusión de los grupos parlamentarios en el Pleno. Por unanimidad, así lo acordaron los integrantes de ambas instancias legislativas.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca (PAN), señaló que las juntas directivas de ambas comisiones acordaron que toda vez que el trabajo consiste en aprobar el dictamen y que los grupos parlamentarios están considerando impulsar algunos acuerdos, es procedente que a partir de este momento declaremos reunión permanente, de conformidad con el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Lo anterior, subrayó, para continuar el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que reforma diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social), anunció la realización del Parlamento Abierto sobre el tema de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), para los días 3 y 4 del presente mes.
Al respecto, las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público avalaron por unanimidad el Parlamento Abierto sobre la iniciativa respecto de la ley de pensiones.
Posteriormente, Baldenebro Arredondo declaró receso a la sesión permanente, acordada con antelación, a fin de reanudarla conforme se considere conveniente.
Este martes 1 de diciembre, los empresarios de México dieron un avance de las negociaciones en el tema de subcontratación y precisaron que dentro de los acuerdos que se tuvieron con los responsables de los secretarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se concluyó que van a eliminar el insourcing, como una forma de contratación de personal, comentó Francisco Cervantes Díaz, representante del sector empresarial.
Es importante mencionar que el término de insourcing, aclara Alejandro Elizalde Reséndiz, especialista en derecho fiscal, para Kudo y Niño de Rivera Abogados, se refiere a que el trabajador es contratado por una empresa legalmente constituida, pero lo realiza a través de otra dedicada al manejo de recursos humanos y esta última se encarga de hasta pagar la nómina de esta persona que no prestan directamente sus servicios en donde fue reclutada.
El 23 de noviembre, los empresarios iniciaron con una serie de reuniones para abordar la iniciativa enviada por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, respecto a la regulación de la subcontratación laboral, conocida como «outsourcing», en el cual Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifiesto su beneplácito y confianza de que las reuniones tendrán un buen resultado.
Los patrones en México han externado que están de acuerdo en impulsar reformas en cuanto a la subcontratación laboral, pero existen artículos que deben de ser analizados con detenimiento por ambas partes para lograr un entendimiento que convengan a todos.
Destacó que existen artículos que están al 100 por ciento de acuerdo y adelantó que la próxima semana se van a reunir con AMLO para revisar los acuerdos que llegaron después de la sesión permanente que mantendrán con los funcionarios de las dependencias involucradas.
La iniciativa de reforma integral que armoniza la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, así como las leyes del Seguro Social, Infonavit, ISR e IVA prohíbe la subcontratación de personal que evita que una persona física o moral proporcione o tenga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros, destaca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Se permite los servicios especializados y las obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la empresa que los contrate. Las empresas de servicios u obras especializadas requerirán autorización de la STPS y formarán parte de un padrón público.
La mitad de los contratos colectivos en la industria de la indumentaria en México –con más de 70 por ciento de personal femenino– no incorpora ninguna demanda de las mujeres; y sólo dos de 68 sindicatos analizados en esta industria tiene como secretaria general a una mujer.
Estos son algunos de los resultados del informe “La situación de los contratos colectivos del trabajo en la industria de la indumentaria en México”, que elaboraron las expertas en derechos laborales Inés González Nicolás, Andrea E. García y Gabino Jiménez Velasco, con apoyo de Fondo Semillas.
De acuerdo con Cimacnoticias, para este estudio se analizaron 68 contratos colectivos del trabajo en 15 entidades de la República (Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Ciudad de México) y, por primera vez en un estudio de este tipo, se añadió como categoría de análisis la transversalización de la perspectiva de género en estos contratos colectivos.
Esta categoría era importante porque “el mayor nivel en el deterioro de la contratación colectiva en México coincide con una destacada presencia de las mujeres trabajadoras en el mercado laboral”, dice el informe.
Las investigadoras encontraron que 54 por ciento de los contratos colectivos no hace referencia a ninguna cuestión de género, es decir, no incorpora los derechos o las demandas de las trabajadoras.
Por ejemplo, la atención de las prestaciones relacionadas con los derechos de maternidad, pese a que son obligación de ley, no se mencionan en absoluto en los contratos colectivos analizados o son inferiores a aquellas dispuestas por la Ley Federal del Trabajo (LFT), como se pudo observar en 64 de los 68 contratos colectivos analizados.
Además, sólo dos sindicatos tienen a una mujer como secretaria general, a pesar de que en la industria de la indumentaria hay 70 por ciento de presencia femenina.
También se observó que sólo un sindicato resultó ser independiente, el resto pertenece a las grandes centrales sindicales, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Puebla, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC-CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
Otro dato es que los salarios más altos pueden ser atribuidos a una sola persona o a un grupo reducido del personal, mientras que los salarios más bajos pueden ser asignados a la mayoría de las personas trabajadoras en la empresa. Las partes de la cadena de suministro más feminizadas –como las áreas de confección– suelen ser las que tienen las remuneraciones más bajas, lo que las obliga a trabajar jornadas extras para complementar sus ingresos.
Además, de acuerdo con el informe, no se ha observado una participación relevante de las mujeres en el proceso de negociación colectiva. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sólo 8.7 por ciento del total de los sindicatos existentes cuenta con secretarías generales a cargo de mujeres.
Al presentar el informe el pasado 27 de noviembre, la académica Inés González dijo que “si las personas trabajadoras no conocen sus derechos y no se apropian de ellos, seguirá siendo un papel la Ley Federal del Trabajo”.
La investigadora Andrea García, por su parte, dijo “podemos tener una ley y una reforma laboral que no diga en el papel cosas maravillosas sobre la democratización del mundo laboral, pero eso no va a pasar desde la ley a los centros de trabajo, eso va a pasar cuando las y los trabajadores en los centros de producción organizados puedan hacer una demanda de la aplicación de lo que establece la ley laboral”.
No obstante, “gran parte de las condiciones que hay en las fábricas en las que se produce la indumentaria es responsabilidad directa de las marcas multinacionales que terminan comercializando los productos en el mercado final, porque son quienes concentran la mayor parte de las ganancias de la producción y quienes están en toda la posibilidad de ofrecer mejor paga a los contratistas y de esa forma garantizar que haya mejores condiciones en el piso de producción”, agregó.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) funciona y mientras el Gobierno mexicano respete lo que está dentro del acuerdo, como temas laborales y ecológicos, el comercio fluirá “maravillosamente”, afirmó Gricha Raether, representante del Partido Demócrata estadounidense en nuestro país.
El diplomático aclaró que la llegada de Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, a la Casa Blanca no debería afectar la relación comercial entre las naciones miembro del T-MEC, específicamente México, pues la relación bilateral va más allá de quien gobierne.
“Somos socios comerciales cercanos, realmente no debería cambiar. La relación es fuerte, sana, es una de las fronteras más activas del mundo”, señaló en su participación en el foro “Elecciones de Estados Unidos” que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Sin embargo, Gricha Raether señaló que la eventual administración demócrata pondrá atención, a diferencia de los republicanos, a las cláusulas referentes a los derechos laborales y ambientales; pues si hay violaciones por parte de México seguramente reaccionará el Gobierno americano.
“Si hay violaciones claras de los lineamientos dentro de ese tratado, es posible que la administración de Biden realmente levante la mano y diga: señores, si tenemos el tratado hay que respetarlo. Pero más allá de eso no debería cambiar la relación comercial bilateral entre los dos países”.
Ante la Concamin, aseguró que no se presentarán amenazas arancelarias contra los miembros del T-MEC, pues esas actitudes no muestran un respeto a los socios comerciales. Recordó que con dichas imposiciones fue como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, logró modernizar el TLCAN.
En el evento también participó Larry Rubín, representante del Partido Republicano en México, quien mencionó que la candidata vicepresidente de Joe Biden, Kamala Devi Harris, votó en contra del T-MEC sin motivos justos aparentes.
“Esperemos que Joe Biden le enseñe que la relación comercial entre México y Canadá es de vital importancia. Esperemos que a Biden le quede claro la importancia del T-MEC, creo que el comercio continuará creciendo”, dijo.
Para lograr lo anterior, remarcó, es necesario que México tenga políticas públicas claras, adecuadas para la inversión y empresarios.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) acordó que discutirá hasta el próximo jueves 3 de diciembre, la iniciativa de reforma para regular la subcontratación laboral, también llamada outsourcing que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; mientras que, en Palacio Nacional, la cúpula empresarial y el presidente para negociar posibles cambios a dicha iniciativa esta tarde, a las 19:00 horas.
Asimismo, los legisladores en San Lázaro acordaron que, durante esta semana, sesionarán los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, donde entre otros temas abordarán: el martes, la declaratoria del año 2021 como Año de la Independencia y de la mexicanidad, así como de la grandeza de nuestro país. Además, harán declaratoria de constitucionalidad de los dictámenes de Juventud y Movilidad.
El miércoles, los legisladores como uno de los temas más relevantes de la sesión, convinieron que se aborde ese día, la iniciativa para una nueva legislación en materia de Protección Civil.
Mientras que el jueves, discutirán el tema de la reforma para regular el outsourcing y el teletrabajo, así como la agenda política del INE, en cuanto a los lineamientos de los legisladores para la reelección.
Entre otros asuntos, se acordó también que se pospondrá la comparecencia de Javier May Rodríguez, nuevo responsable de la Secretaría del Bienestar; además que analizará que los días lunes se habiliten para comparecencias telemáticas.
Durante la reunión también se comentó que las sesiones presenciales de la próxima semana (del 7 al 11 de diciembre) se ocuparán para atender temas constitucionales y finalmente se convino que durante esta semana se revisarán las minutas provenientes del Senado sobre reforma al Poder Judicial y legalización del uso de la marihuana.
Debido a que el trabajo infantil en México es una realidad que poco se ha reducido; es indispensable que se atienda a fondo y que se considere, inculuso, una reforma legislativa que garantice los derechos de los menores para erradicar de manera formal y real la explotación laboral.
Lo anterior, es parte de la investigación que presentarán Alicia Vargas Ayala y Sandra Mejía Martínez en el panel “Infancia con derechos. Trabajo infantil y trabajo forzoso en México”, en el marco de las conferencias de la Red de Mujeres Sindicalistas que se realizan este lunes.
Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre se informó que México entró por primera vez a la lista de las peores formas de trabajo infantil en la edición de 2020 de un análisis anual que realiza el gobierno de Estados Unidos.
Dicha lista, elaborada por el Departamento de Trabajo, detecta los “abusos” en sectores clave en más de 145 países y territorios, y para el caso de México lo detectó en la producción de frijoles verdes, ganado, café, pepinos, berenjenas, prendas, marroquinería, melones, cebollas, amapolas, pornografía, caña de azúcar y tabaco.
Lo anterior, ha obligado al gobierno federal a realizar trabajo conjunto con organismos como el Consejo Nacional Agropecuario para atender estos señalamientos, dado que en el marco del T-MEC nuestro país podría ser sancionado.
Las especialistas detallan en su investigación que los datos muestran que de los más de 29 millones de niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años que hay en México, casi 11% de ellos se encuentran en condiciones de trabajo infantil, de los cuales alrededor de 4.5% realizan labores de ocupaciones peligrosas y de alto riesgo para su vida. Según el reporte del Coneval en su Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018, 62.7% de esta población está compuesta por niños.
Tras señalar que el trabajo infantil se conjuntan diversas discriminaciones, las especialistas destacan que “esta forma de insertarse al mundo laboral ocasiona afectaciones en todas las áreas del desarrollo personal, que pueden llegar a exponer a niñas, niños y adolescentes a riesgos de abandono y/o expulsión de la escuela, incremento en las afectaciones a la salud, degradación de su dignidad, entre otras graves problemáticas”.
El fenómeno del trabajo infantil en la agricultura es preocupante, en el Noroeste de México, una de las 8 regiones, formada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora se registra trabajo en este sector, pues en toda la zona presenta diversos casos de familias enteras o bien de niños, niñas y adolescentes jornaleros y que tuvieron alguna situación de movilidad humana.
Por lo anterior, las investigadoras proponen 15 recomendaciones tendientes a erradicar esta problemática, incluso en donde se señalen las diferencias entre el trabajo infantil que hay que abolir y otras actividades productivas que cabe aceptar.
Antes de la pandemia de covid-19, en México laboraban desde sus casas más de 2.5 millones de personas, según el estudio Teletrabajo en América Latina, elaborado por 5G Américas. Hace nueves meses que el confinamiento ha multiplicado esa cifra sin mayor reglamentación para proteger tanto a empleados como a empresas, hasta ahora.
El pleno de la Cámara de Diputados votará en los próximos días una reforma para regular el teletrabajo. El dictamen, aprobado por unanimidad en la Comisión del Trabajo y Previsión Social este martes, prevé el derecho a no responder llamadas ni mensajes al terminar la jornada laboral. También, la obligación de la empresa de asumir el costo del equipo y los servicios para trabajar desde casa.
La teletrabajadora o el teletrabajador es quien labora en lugar distinto “al centro de trabajo del patrón”. Y para ello utiliza las tecnologías de la información y la comunicación. Esa es la definición que sugiere la Comisión del Trabajo y Previsión Social, presidida por Manuel Baldenebro, diputado del Partido Encuentro Social (PES).
La reforma ordenaría que para llevar a cabo esta modalidad de trabajo debe existir un contrato, el cual será necesario para la persona que labora más del 40% del tiempo a distancia. En este documento se deben especificar las condiciones laborales. Y si el personal cuenta con un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), el home office debe formar parte de él.
¿Quién paga el wifi?
El teletrabajo puede beneficiar a las personas trabajadoras ayudando a “un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada”, se afirma en el dictamen. Sin embargo, para muchos esta modalidad de empleo durante la pandemia ha significado jornadas más largas o la improvisación de un lugar en su casa para laborar.
Por ello, la reforma propone los siguientes aspectos clave:
Derecho a la desconexión
Uno de los principios de la reforma, señala el dictamen es la soberanía del tiempo. “Los trabajadores tienen que ser capaces de administrar su tiempo, equilibrando vida personal y vida laboral”. Pero para ello deben “implementarse y respetarse horarios de trabajo”. Es necesario que en esta modalidad de trabajo exista siempre el “respeto de la vida personal”. Por lo tanto, la empresa “debe respetar y ser flexible con los horarios del trabajador”.
Computadoras, sillas
El artículo 330-E de la LFT dirá que la parte patronal tiene la obligación de “proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento” de computadoras, sillas ergonómicas e impresoras, entre otros. Y el trabajador se compromete, en el contrato, a hacer buen uso de ese material.
Pago de internet
En ese mismo artículo se indicará como otro deber de la empresa o centro de trabajo el “asumir los costos derivados del teletrabajo”. Esto incluye el pago “para la telecomunicación y la parte proporcional de electricidad”.
Voluntario y reversible
Laborar a distancia “deberá ser voluntario y establecido por escrito”, indicará el artículo 330-G. Tanto la empresa como la persona trabajadora “tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial”. Podrán pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacerlo.
Supervisión con cámaras de video
Esta modalidad de empleo permite a las empresas reducir la tasa de rotación y de ausentismo, apunta el dictamen. También le ayuda a “ampliar la cantera de trabajadores calificados”. Así como ahorros en gastos inmobiliarios y de energía. Aumenta la productividad y da la oportunidad de contratar a personas con discapacidad.
Algunas de las obligaciones de las empresas con sus teletrabajadores y teletrabajadoras son:
Privacidad
Deben implementar mecanismos para cuidar la información y los datos del personal. Sin embargo, según la propuesta, el articulo 330-I indicará que puede supervisar al personal mediante sistemas operativos “y cualquier tecnología”. Si bien debe garantizar el derecho a la intimidad, “solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria”. Pero también “cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas lo requiera”.
Seguridad Social
El teletrabajo es una actividad subordinada. Es decir, quien la realiza lo hace contratada por una empresa para laborar directamente para ella, quien le debe proporcionar seguridad social.
Perspectiva de género
Otorgar capacitación, formación y acceso a mejores oportunidades laborales a todo el personal, también para el que teletrabaja. El artículo 330-H establece que se deberá observar una perspectiva de género, para “conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras”.
Teletrabajo en el gobierno, lo que sigue
De ser aprobada esta reforma, regresará al Senado para que los cambios a la minuta sean avalados también por esa Cámara. Una vez publicado en el Diario oficial de la Federación (DOF), el Ejecutivo federal tiene un plazo de año y medio para crear una Norma Oficial Mexicana en la materia. Esta normativa debe regir “las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo”.
Este dictamen recoge principalmente las propuestas del diputado Manuel Baldenebro, quien a su vez incluyó en su propuesta peticiones de sindicatos y abogados laboristas. “Ya es necesario que saquemos esta iniciativa, la crisis actual lo demanda”, señala en entrevista.
La eventual aprobación de esta reforma será un gran paso, dice. Sin embargo, hará falta integrar a las personas que laboran en el gobierno federal, quienes se rigen por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución. Pero, por ahora, “hay resistencias, me queda claro”.
Por la pandemia, muchas dependencias “están semiparalizadas. El teletrabajo podría ser una solución para activar muchas áreas, es urgente que lo apliquemos al Apartado B”, concluye.
La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirma que las nuevas condiciones laborales que se prevén son convenientes para todos y ya no habrá “grandes ganones” de este esquema en los que unos pocos se benefician a costa del erario, los trabajadores y de algunos empresarios.
Enfática, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, advierte que no hay nada que temer en la iniciativa presidencial para la regulación de la subcontratación o el llamado outsourcing.
Señala que los “ganones” siempre fueron los de las empresas que defraudaron al fisco y dejaron sin protección social a los trabajadores.
En entrevista con Reporte Índigo, asegura que hasta los propios empleadores han denunciado ese esquema de contratación, por representar una competencia desleal en la que estarían 4.6 millones de trabajadores.
Destaca que con el sector empresarial se mantiene un diálogo constructivo.
“Se tiene que atender y escuchar al sector empresarial, pero se tiene que gobernar también para los trabajadores y los millones de personas que se ven afectadas por estos esquemas tan agresivos”, afirma.
-¿No hay que tenerle miedo a la regulación outsourcing?, se le cuestiona.
-Yo creo que, al contrario, es una forma en que nos conviene a todos, los grandes ganones de este esquema han sido unos cuantos que se han beneficiado a costa del erario y de los trabajadores, incluso de algunos empresarios.
En la iniciativa que presentó el 12 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador se advierte que con este esquema los trabajadores son registrados ante el IMSS con un menor salario al que perciben; tienen menores liquidaciones e indemnizaciones; se afecta su pensión y el fondo de vivienda, entre otras afectaciones.
En tanto que el daño a la hacienda pública es la evasión y la defraudación fiscal; evasión del pago de cuotas al IMSS e Infonavit. Por ello se propone sancionar como “evasión fiscal calificada” a las empresas que facturen operaciones simuladas a través de la prestación de servicios con hasta nueve años de prisión.
La iniciativa fue revisada por el sector empresarial y se espera que este lunes 30 de noviembre haya una discusión final para obtener una versión definitiva.
Los empresarios afirman que se estaría criminalizando una práctica que también busca la competitividad para las empresas que llegan a ofrecer empleos en México.
La secretaria más joven del gabinete, con 32 años, señala que al iniciar el sexenio en coordinación con el IMSS, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal se armó un equipo de trabajo para realizar operativos conjuntos para identificar irregularidades “por los abusos de la subcontratación y cómo se había disparado en el mercado laboral”.
De acuerdo con información de la dependencia, tras siete megaoperativos de inspección en empresas preponderantes con esquemas de subcontratación, se ubicaron a mil 200 compañías bajo este esquema y 862 mil 489 trabajadores con probables afectaciones a sus derechos laborales.
Al contrario, con la subcontratación llegamos a perder cada año y no es nuevo, se ve en 2018, se ve en 2017, más de 300 mil empleos que se dan de baja de las empresas y luego se vuelven a contratar a finales de enero o febrero
– Luisa María Alcalde Luján
Secretaria del Trabajo y Previsión Social
Puntualiza que esa misma situación se registró durante el inicio de la pandemia de coronavirus cuando los empresarios lucharon por mantener sus nóminas y pagar sus contribuciones, y los subcontratistas vaciaron sus nóminas por completo.
Asegura que ahora se tendrán lineamientos específicos para la contratación de servicios especializados y la operación de las agencias de contratación y reclutamiento, en donde sería muy complejo contratar personal especializado para encontrar buenos perfiles.
Es la construcción de un mercado laboral mucho más equilibrado, mucho más productivo, pero de respeto a los derechos. Uno no puede decir que apuesta y que defiende un modelo, un esquema que violenta de manera directa y frontal los derechos de sus trabajadores
– Luisa María Alcalde Luján
Secretaria del Trabajo y Previsión Social
NUEVO MODELO LABORAL, AFIRMA LUISA MARÍA ALCALDE
Para Alcalde Luján, la puesta en marcha de la primera etapa del nuevo modelo laboral es producto de años de lucha por la democratización del mundo del trabajo.
Indica que su arranque también fue una de las demandas de Estados Unidos y Canadá en las negociaciones del T-MEC.
Este modelo que operará en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, de forma parcial, tiene tres ejes fundamentales como la nueva justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva.
Tras años, cerraron las puertas las Juntas de Conciliación y Arbitraje en donde tardaban años en resolverse los conflictos y entraron en operación los Centros de Conciliación local y federal, los Tribunales Laborales que ahora son especializados y dependen del Poder Judicial y los juicios orales.
“La apuesta es por la conciliación frente a cualquier conflicto, primero se va a llegar de manera obligatoria a la instancia de conciliación con funcionarios profesionales que ayuden a las partes a encontrar este punto medio para llegar a un arreglo”, asegura Luisa María Alcalde.
Indica que si no se logra la conciliación en 45 días se pasa a los tribunales con juicios orales cortos y procedimientos ágiles.
La secretaria del Trabajo destaca que en muchos sindicatos por primera vez se tendrá libertad y democracia porque se garantizará el voto personal, libre, directo y secreto. Incluso, añade, se podrá tener un voto de castigo, como sucede en las elecciones.
“Vamos a ir viendo ejercicios quizá en sindicatos que son muy representativos como el caso de Petróleos Mexicanos que por la pandemia tuvo que suspenderse (la elección de la dirigencia) pero, por primera vez, y esto es un hecho histórico, los trabajadores van a decidir de manera directa quién será el secretario general de su sindicato”, asegura.
Y no solo es la libertad sindical. Agrega que con este nuevo modelo se tendrá rendición de cuentas y proporcionalidad de género respecto a la participación de las mujeres en las directivas sindicales.
“La idea de esta reforma tan importante es generar equilibrios. Antes no había posibilidad de negociar y de revisar los contratos. Ahora los trabajadores no solo van a participar en definir quién es su dirigente, sino que también las revisiones de los contratos que antes no se daban”, apunta.
El reto, admite, es la implementación y que el nuevo modelo no solo quede en el papel.
REGULAR EL TELETRABAJO, LECCIÓN PANDÉMICA
La secretaria Luisa María Alcalde Luján señala que con la pandemia se abrió una opción para el trabajo a distancia que aún debe ser regulado.
Hay que regularlo y sucede en el mundo entero. No es nada más, pues ahora trabajas en tu casa y eso nos conviene. Hay que regular qué significa por ejemplo el tema de los horarios, quién tiene que proveer los insumos para el trabajo, la computadora, quién paga los gastos de Internet que antes se pagaban en las empresas porque se iba a la oficina y ahora se paga en la casa
– Luisa María Alcalde
Secretaria del Trabajo y Previsión Social
“Y qué significa el derecho a la privacidad y si se vale o no se vale que se tenga una cámara ocho horas en toda la jornada, también cómo se trabajará lo relacionado con los datos personales”, expresa.
DIÁLOGO CON EMPRESAS
Y uno de los sectores más afectados por la crisis provocada por el COVID-19 es el de las aerolíneas, como Interjet, que no cuenta con la solvencia económica para pagar a sus empleados y ha suspendido vuelos por lo que incluso Profeco emitió una alerta sobre los riesgos por adquirir un boleto.
Luisa María Alcalde Luján comenta que se tienen mesas de diálogo para acercar a los empleadores y trabajadores para que se cumplan los compromisos de pagos.
-¿No se convertirá en una carga para el gobierno este conflicto?, se le pregunta
-No lo considero así. Recordemos que ya no el gobierno como pasaba anteriormente llega a rescatar a las empresas, los recursos públicos y la estrategia frente al Covid que fue aclarada desde el día uno por el presidente Andrés Manuel López Obrador es atender a los de abajo, de abajo hacia arriba, no rescatar empresas.
Confió en que lleguen a buen puerto las negociaciones en Interjet y “estaremos viendo y hay posibilidades que se recuperen y avancen”.
La secretaria destaca que, aunque se perdieron un millón de empleos formales desde que inició la pandemia, ya se han recuperado 500 mil puestos de trabajo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) del INEGI en el tercer trimestre del año se registra una lenta recuperación de la ocupación que incluso está por debajo de los niveles previos a la pandemia y en términos absolutos la población desocupada fue de 2.8 millones de personas.
Sobre el tema de Interjet, la secretaria Alcalde descarta que el Gobierno federal vaya rescatar a la empresa, como pasaba en sexenios anteriores
LA BRÚJULA DE LA 4T
La exdiputada federal se muestra orgullosa de ser parte de una la nueva generación dentro de la cuarta transformación que encabeza el tabasqueño López Obrador.
“Si no estuviéramos tocando intereses pues entonces no habría mayor problema, pero hay un cambio”, asegura.
– ¿Se puede trabajar y lograr acuerdo en un ambiente tan polarizado?,
-Sí, lo hemos hecho, hemos logrado acuerdos importantes. Uno es el salario mínimo que se ha acordado por unanimidad (…) y la Reforma Laboral fue un consenso y de diferentes partidos políticos, salió prácticamente por unanimidad en el Congreso, hubo apoyo de los diferentes partidos que no imaginamos iban a apoyar la propuesta.
Subraya que ahora las negociaciones ya no son en lo oscurito ni en secreto.
“Es un diálogo abierto en donde participa la propia ciudadanía, opina, las redes sociales han revolucionado todo, ahora se opina todos los días de la vida pública”.
Con dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y el IMSS van en contra del principal empresario del outsourcing en México, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de Gin Group. Después de varios meses de investigaciones conjuntas entre las dos dependencias, se presentaron dos querellas judiciales en contra de una de sus muchas empresas y del empresario por delitos de defraudación fiscal equiparada y omisiones en el pago de cuotas obreros patronales de sus trabajadores, a los que con engaños, según acusan las autoridades, les omitió el pago de seguro de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez.
En pleno debate sobre la regulación del outsourcing y cuando la nueva iniciativa del presidente López Obrador se discute en estos momentos, tanto en Palacio Nacional entre el mandatario y los empresarios, como en la Cámara de Diputados donde se aprestan a aprobarla esta semana con la mayoría de Morena y sus aliados, las acusaciones judiciales contra el llamado Rey del Outsourcing cobran especial relevancia. Se trata de un empresario y un grupo que acumuló una gran cantidad de empresas y una fortuna considerable a partir del uso de la figura de la subcontratación y que para la 4T es ejemplo del abuso y la manipulación de este esquema laboral con fines defraudatorios, tanto que, a veces por su nombre y a veces sin mencionarlo, lo han aludido en ese sentido el presidente López Obrador, los senadores de Morena y hasta la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
En la primera denuncia, presentada por el IMSS contra Beyruti el pasado 18 de agosto, se le acusa como el administrador único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur, S.A. de C.V., y se señala en el texto de la denuncia que “en su calidad de patrón, con el uso de engaños, omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017”, de acuerdo con un resumen de la denuncia al que tuvo acceso esta columna.
La segunda denuncia contra el magnate del outsourcing se presentó el 28 de octubre pasado y fue la Procuraduría Fiscal de la Federación la encargada de formular la querella por defraudación fiscal equiparada, delito previsto en la fracción II del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, y del que se acusó a la misma Distribuidores y Representantes del Sur y a su administrador único Raúl Manuel Beyruti Sánchez, “por haber omitido enterar el Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, por la cantidad total de 223 millones 912 mil 664 pesos que debió pagar al fisco.
Según se establece en el resumen de la denuncia, los peritos de la Procuraduría Fiscal analizaron los CFDI’s expedidos por la empresa de Beyruti, en los que el concepto de “Fomento al Ahorro” aparece en cantidad de 223 millones 912 mil 664 pesos, que representa más de un 50% respecto del salario en cantidad de 428 millones 250 mil 660 pesos, por lo que dichos conceptos tendrían que pagar el Impuesto Sobre la Renta.
También vinculadas al tema del outsourcing ilegal hay otras dos querellas judiciales que también interpuso la Procuraduría Fiscal de la Federación, al mando de Carlos Romero Aranda. Una de ellas es en contra de la empresa Constructores de Sistemas Cosed, S.A. de C.V, que entre otras cosas, declaró deducciones falsas derivadas de operaciones inexistentes, ingresos acumulables menores, omitió enterar a las autoridades fiscales dentro del término de ley, el ISR retenido por concepto de los ingresos por salarios y omitió el pago de IVA, todo eso por un monto superior a los 845 millones de pesos.
Aunque esta última empresa no aparece en el directorio del grupo de empresas de Raúl Beyruti, las autoridades fiscales tienen elementos para suponer que también está vinculada al empresario, aunque eso no se menciona en las denuncias penales por no tener certeza plena. Se sabe que Constructores de Sistemas Cosed da servicio a varias firmas importantes de tecnología en México, entre ellas una de sus principales clientes es Sofftek, de Blanca Treviño, la principal empresa de TI en México y Latinoamérica y que también presta servicios de outsourcing en el ramo tecnológico.
Un caso más, ese sí ajeno al caso Beyruti, es otra denuncia que presentó la PFF contra la empresa Lot & MLP Asesores, S.C., a la que se acusa de que en el ejercicio fiscal de 2017, entre otras cosas, declaró ingresos acumulables menores y omitió enterar al fisco del ISR retenido por concepto de asimilados a salarios y sueldos, causando con eso un daño al fisco por cerca de 305 millones de pesos.
En vísperas de que esta semana se defina cómo quedará el nuevo marco regulatorio para el esquema del outsourcing y la subcontratación en el mercado laboral mexicano, y a reserva de qué tanto acepte modificar el presidente López Obrador su iniciativa de ley en la reunión que tendrá hoy por la noche con los líderes empresariales en Palacio Nacional, lo que es un hecho es que la propuesta de ley avanzará rápidamente en el Congreso y es muy posible que esta misma semana quede aprobada en la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, con denuncias penales en contra de empresas y empresarios que han utilizado el outsourcing para defraudar al SAT y al IMSS, se busca dejar muy claro que ese el nuevo objetivo prioritario de la 4T y, para poner el ejemplo, no dudarán en dar un golpe legal al mayor empresario del outsourcing en el país y uno de los que se beneficiaron de ese esquema, no siempre de manera legal, y que contó con el apoyo y protección de los últimos gobiernos: Raúl Beyruti Sánchez.
NOTAS INDISCRETAS…
En medio del inocultable crecimiento de la pandemia de Covid en el país, con cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes que nos devuelven a los niveles de agosto y confirman las burdas mentiras de la “curva aplanada” y la “pandemia domada”, en el gobierno de la 4T se viene una nueva batalla interna que ya se ha dejado ver en las últimas semanas: ¿Quién va a ser el encargado de coordinar la recepción, manejo y aplicación de las vacunas contra el Covid en la República? Hay quienes piensan que esa labor debería dejársele al canciller Marcelo Ebrard, que ha sido el principal operador y negociador para obtener las vacunas, pero por otro lado está claro que el ambicioso subsecretario Hugo López-Gatell quiere tener el control del tema y ha hecho expresiones públicas que lo dejan claro, mientras otros recomiendan que se nombre a un funcionario externo que funja como una especie de “zar de las vacunas” contra el Covid. Y ahí se desliza el nombre de Juan Ramón de la Fuente, cercano al presidente López Obrador y exsecretario de Salud. Sólo que si es el actual embajador ante la ONU el que coordine tan importante labor, estará claro que la puja la ganó la Cancillería… Este lunes cumple 59 días el bloqueo que integrantes de la CNTE mantienen en las vías ferroviarias que cruzan por Michoacán, y todo parece indicar que a pesar de que el problema está estrangulando la economía del estado, el gobierno federal no tiene la menor intención de intervenir para desalojar a los inconformes que, según cálculos conservadores, deja pérdidas económicas diarias por 800 millones de pesos. Aunque no lo dicen abiertamente, empresarios de la entidad comentan saber por qué la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no piensa actuar en lo que a todas luces es un problema del orden federal: porque los dirigentes de la sección 18 de la CNTE, que mantienen los bloqueos, son auspiciados por políticos como el senador Cristóbal Arias y el alcalde de Morelia, Raúl Morón, ambos morenistas que tienes fuertes aspiraciones en las elecciones estatales de 2021. Ni siquiera el hecho de que un sondeo realizado por la empresa Blitz revelara que 8 de cada 10 michoacanos están a favor de un desalojo de los inconformes, incluso por la fuerza, ha merecido una mínima acción de las autoridades federales. Al parecer éstas prefieren apostar porque el conflicto desgaste políticamente al gobernador Silvano Aureoles, máxime ahora que ha logrado un mejor posicionamiento junto con los demás gobernadores que integran la Alianza Federalista. ¿Será que los empresarios michoacanos tienen razón, y el gobierno federal está ya más preocupado por las elecciones de 2021, que por atender los problemas que afectan la economía y el empleo en estos momentos de crisis? Veremos. Los dados mandan Escalera. La semana pinta para buena.
Con la pandemia y la afectación que ha tenido sobre los sectores de industria y servicios, el subempleo registró un aumento exponencial, y aunque esta práctica ha ido creciendo año con año desde la reforma laboral del 2012, para especialistas la situación del empleo en México ha ido empeorando desde hace 30 años.
Sin embargo, la subocupación ocasionada por la pandemia ha afectado más a las mujeres, pues en este sector de la población aumentó en 176 por ciento en el tercer trimestre de 2020, con respecto al mismo periodo de 2019, mientras que el aumento en el caso de los hombres fue del 130 por ciento en el mismo lapso.
Mujeres, las más afectadas
Mariana* trabaja como creadora de contenido digital para varios medios de comunicación independientes. Ella es una de las 179 mil 573 mujeres en subocupación durante el tercer trimestre de 2019, que en el mismo periodo de 2020 eran 65 mil 427, de acuerdo con la ENOE. En comparación, los hombres que están sub ocupados pasaron de 113 mil 477 a 261 mil 764, en el mismo periodo.
Las afectaciones psico-emocionales también se han hecho presentes en la joven de 29 años, pues estuvo sometida a tanto estrés que llegó al punto de pensar en el suicidio, pero el apoyo de su hijo y su madre le han ayudado a mejorar su estado de ánimo, y aunque sabe que es necesario que acuda a atención psicológica y psiquiátrica: no cuenta con seguridad social y por su situación económica dicho servicio le es inasequible.
Desde antes de que iniciara la pandemia, Mariana ya estaba sub ocupada, pero con la llegada del virus la precarización laboral se vio acentuada, pues su salario en sí era bajo para las labores que tenía que desempeñar (investigar, redactar y supervisar la edición del contenido) y con la reducción también tuvo que recortar gastos para darse abasto.
La situación la obligó a buscar otra fuente de ingresos bajo el mismo esquema, lo que ayudó a mejorar su estado financiero, pero significó menos tiempo para ayudarle a su hijo con las clases en línea, que también han implicado una carga extra de trabajo durante más de nueve meses.
En modo supervivencia
*Gabriel conoce bien lo que es la subocupación: desde el inicio de la pandemia por COVID-19, en su empleo como editor de un periódico de la ciudad le redujeron la jornada de trabajo y por ende el sueldo, además le disminuyeron las aportaciones a su cuenta de Afore.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población sub ocupada la conforman “las personas ocupadas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda”, es decir, que tienen un trabajo de pocas horas o que ofrece una un sueldo insuficiente.
Además, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en Puebla este tipo de esquema laboral creció de 198 mil 904 personas en el tercer trimestre de 2019 a 431 mil 327 en el mismo periodo de 2020, lo que representa un aumento del 146 por ciento.
Al principio, Gabriel imaginó que el cambio no duraría mucho tiempo, sin embargo, continúa trabajando poco y ganando poco. Esto le ha generado problemas de salud: en más de nueve meses de contingencia sanitaria ha ido al médico en tres ocasiones, la más grave fue cuando empezó a tener problemas para respirar y un fuerte dolor en el pecho: en todas las visitas le indicaron que sus molestias eran causadas por estrés.
La falta de dinero, explica Gabriel, fue la causa de su estrés, pues si bien disminuyó su carga laboral, también decreció su poder adquisitivo, ya que su salario apenas le alcanza para pagar los servicios básicos, algo que le ha impedido cubrir otros gastos enfocados al bienestar, como el esparcimiento.
Para remediar la situación, el joven de 26 años comenzó otro empleo administrando redes sociales en una agencia digital, igual por pocas horas al día y con un salario menor. Con ambos trabajos ha podido pagar sus cuentas y destinar un poco de dinero para otras cosas, aunque comenta a LADO B que su situación emocional no ha mejorado, pues ahora sólo tiene tiempo para trabajar.
Lo que ocurrió con Gabriel es que entró en modo “supervivencia”, explica José Leopoldo Castro, coordinador de la Licenciatura en Psicología de la Ibero Puebla, pues con una carga de estrés y de trabajo muy grande “ya no hay un disfrute de las actividades u otras cosas que puedan traer paz, alegría y que promuevan un desarrollo de la creatividad”.
El psicoterapeuta menciona que México es el país donde más estrés se registra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que en gran medida es por las condiciones precarias de trabajo que viven las y los habitantes.
Subocupación, un peligro para la economía
El economista de la Ibero, Juan Carlos Domínguez Vargas, explica a LADO B que, con la llegada de la pandemia y la afectación de los sectores de industria y servicios, el subempleo registró un aumento exponencial, y aunque esta práctica ha ido creciendo año con año desde la reforma laboral del 2012, el economista considera que la situación del empleo en México ha ido empeorando desde hace 30 años.
De acuerdo con el seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales de la UAM, la reforma laboral de 2012 eliminó los obstáculos para que el libre mercado se encargue de asignar el empleo y determinar los salarios, pero no creó mecanismos de contrapeso para regular el mercado laboral y garantizar la seguridad social.
Además, se introdujeron a la Ley Federal de Trabajo conceptos de contrato temporal y por horas, lo que provoca que las y los trabajadores no puedan cotizar las semanas necesarias para jubilarse y recibir su pensión.
Razones por las cuales el trabajo por jornadas no completas creció de forma exponencial, ya que la ley sólo contempla exigencias mínimas para supervisar, no para garantizar, el respeto de los derechos de los trabajadores. La flexibilización del mercado de trabajo trajo consigo una reducción del costo salarial que afectó a la fuerza de trabajo y no a los empresarios.
Domínguez Vargas considera que para un país “es bueno tener empleo pero no es bueno tener subempleo [o subocupación]”, porque a menor cantidad de empleo hay una menor cantidad de dinero que se percibe, lo que puede tener efectos negativos en la economía ya que la circulación de efectivo se reduce. El número de personas desempleadas en Puebla también aumentó un 48.7 por ciento en el tercer trimestre de 2020, respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el fenómeno de la subocupación también crece.
“Si la población no tiene buenos salarios eso va a repercutir en el consumo, y eso [genera] problemas para la economía (…). La precarización laboral ha ido en aumento, y mientras no se echen abajo las condiciones que permitieron a las empresas poder reducir sus costos [de contratación de personal y otorgamiento de prestaciones laborales] a través de lo que es la reforma laboral, eso no va a cambiar».
La subcontratación ha tenido efectos negativos en la economía de Puebla, y en México en general, pues las jornadas no son completas y por eso se han reducido las prestaciones de los trabajadores que por ley les corresponden, explica el economista.
Y considera que es necesaria una nueva reforma laboral, y precisamente una ya fue anunciada por Luisa Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, aunque todavía no se conocen sus términos ni cómo podría cambiar la situación que se vive actualmente. El cambio, explica el economista, debe responder a las necesidades laborales de las personas no sólo que cuenten con educación superior sino de todos los niveles escolares.
«Ojala sí haya una reforma que garantice los derechos que los trabajadores ahora ya no tienen, y que le permita a la población vivir mejor de como lo hacen ahora. México es uno de los países de la región que tiene salarios más bajos, y si esa situación continúa, la precarización laboral también lo hará».
Además, agrega que la política económica estatal se debe enfocar en la recuperación de salarios, desarrollo de infraestructura y desarrollo local para fomentar la inversión de empresas que puedan dar mejores condiciones laborales, pero deja claro que eso dependerá de un marco reglamentario que obligue a las empresas a brindar las condiciones necesarias para reducir la subocupación.
*Nombres ficticios cambiados a petición de los entrevistados.
El Senado de la República discutirá una reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar que los incrementos anuales del salario mínimo sean siempre superiores a la inflación anual observada al momento de su fijación.
El objetivo de los legisladores es claro: recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, el cual se fue perdiendo después de varios años en los que aumentos fueron inferiores a las variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
“La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflaciónobservada durante el periodo de su vigencia transcurrido”, se establece en una adición que las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara Alta aprobaron para el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
En los últimos tres años, en ambas cámara del Congreso de la Unión se han presentado diversas iniciativas para establecer una referencia para la fijación al salario mínimo, algunas ligadas con el costo de la canasta básica, otras con la línea de bienestar o con base en la inflación.
La reforma al artículo 90 de la LFT, el cual no ha sido modificado desde su promulgación en 1970, la cual ya fue avalada en comisiones, busca establecer la inflación observada durante el año como el piso de referencia para los incrementos del salario mínimo.
Los legisladores hicieron ajustes a la propuesta original para adecuarla a la opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Inicialmente, el proyecto impulsado por el senador Martí Batres Guadarrama (Morena) establecía que los incrementos al salario mínimo considerarían la inflación observada y la proyectada para el siguiente año.
En ese sentido, la STPS reconoció que es importante que la fijación del salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación. Sin embargo, la dependencia opinó que no era viable basar el aumento en una proyección y pidió tomar como referencia únicamente el índice inflacionario reportado al momento de tomar la decisión del aumento. En este punto coincidieron los senadores para la elaboración y aprobación del dictamen.
Recuperación del salario mínimo
Durante un foro convocado por la Cámara de Senadores, legisladores y autoridades coincidieron en la pérdida el poder adquisitivo del salario mínimo en los últimos años y la necesidad de una reforma que garantice revertir esta situación.
En su participación, Martí Batres aseguró que el salario mínimo se había debilitado tanto que “ni siquiera alcanzaba para superar la línea de pobreza establecida por organismos internacionales”.
El senador enfatizó la importancia de una reforma a la LFT, que permita darle un soporte legal al salario mínimo, con estructura, permanencia y mayor fuerza. “Se trata de proteger la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias”, aseguró.
Por su parte, la senadora Patricia Mercado (MC) indicó que la situación actual, especialmente a raíz de la pandemia, no garantiza que trabajando se pueda salir de la pobreza y adquirir la canasta básica, por lo que es necesaria la reforma para impedir que el aumento al salario mínimo sea menor a la variación del (INPC).
Durante años, agregó, se tuvo la creencia de que aumentar el salario mínimo tendría repercusiones negativas en la economía, este paradigma sólo generó una profunda desigualdad y pobreza en México. La reforma pone un piso mínimo para la recuperación del salario, puntualizó.
En su momento, Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) confío en que se logren consensos para un incremento de 16% para 2021, aunque también sería entendible si el aumento quedara por debajo de esa cifra debido a la crisis actual por la pandemia. Sin embargo, una fijación baja, implicaría que en la revisión para 2023 el ajuste tendría que ser mayor.
En ese sentido, el funcionario federal eexpresó que en el sector patronal hay un interés por aumentos graduales al salario mínimo en lugar de incrementos altos. “Es posible que se logre el consenso, donde se prefiera un alza más sostenida que una más pequeña”, subrayó.
Incrementos históricos
La recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo es uno de los ejes de la política laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto, el salario mínimo acumula dos incrementos históricos. Para el 2019 la remuneración básica tuvo un aumento de 16%; para 2020, de 20 por ciento. Actualmente, su valor diario es de 123.22 pesos a nivel general y de 185.56 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.
La meta de la administración de López Obrador es terminar el sexenio con un salario mínimo equivalente a 214 pesos diarios con incrementos graduales, lo que equivale a una remuneración mensual de 6,500 pesos.
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya se encuentra en sesión permanente para definir el incremento para el 2021. Tanto el sector patronal como el sindical han puesto sobre la mesa las propuestas para el siguiente año. La Coparmex consideró que el mínimo debe quedar entre 128 y 135 pesos diarios; la CROC propuso que sea de 143 pesos.
