Joel Ayala Almeida, Líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, refrendó su apoyo a la iniciativa presidencial sobre la desaparición del outsourcing.
El pasado 12 de noviembre se presentó una reforma para regular la subcontratación o el outsourcing, con el objetivo de poner orden a la subcontratación, que contempla sanciones severas a las empresas que defrauden al fisco.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Iniciativa Privada (IP) se declararon en “sesión permanente” para darle seguimiento a la discusión de los posibles cambios a la iniciativa de outsourcing, misma que busca regular la subcontratación de trabajadores.
En este sentido, Joel Ayala Almeida, Líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado ha asegurado que hay aproximadamente 500 mil trabajadores contratados bajo este esquema en la actual administración pública.
Fue durante una entrevista con Salvador García Soto para el programa «A la una» que el funcionario ratificó su apoyo a la iniciativa presidencial sobre la desaparición y cancelación de la figura de contratación laboral a terceros.
Se trabaja en tiempo y forma, dando preferencia a la legalidad y veracidad, como condiciones necesarias para el desarrollo de la conciliación.
Cd. Victoria, Tam.- Para mayo del 2022, Tamaulipas pondrá en marcha la nueva Reforma de Justicia Laboral, y comenzar junto con la Ciudad de México y los estados de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, y Veracruz, la tercera etapa en cuanto a la implementación de los Centros Estatales de Conciliación y Tribunales Laborales.
Lo anterior, lo dio a conocer Miguel Ángel Villarreal Ongay, encargado de la política laboral en la entidad, quien afirmó que personal de la Subsecretaría del Trabajo y Conciliación, se ocupa en dar agilidad y concretar los documentos en trámite que aún están pendientes.
“Mantenemos alrededor de 16 mil 373 documentos en trámite y 6 mil 160 en ejecución, el propósito es llegar al 2022 con un menor número de expedientes posibles, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, nos ha pedido acelerar los trabajos y concluir todos los procedimientos”.
El Nuevo Sistema de Justicia Laboral, pretende que el 80% de los asuntos, puedan concluirse por la vía pacífica, y esta comprende una etapa de conciliación y una de juicio, en el que las partes acuden a los Centros Laborales o de Centros de Conciliación Local, para agotar la etapa de conciliación prejudicial obligatoria y de no conciliar, las partes podrán iniciar un juicio ante los Tribunales Laborales ya sean locales o federales, con un nuevo procedimiento regido por principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad.
El funcionario señaló que Tamaulipas trabaja en tiempo y forma, sobre todo dando preferencia a la legalidad y veracidad, como condiciones necesarias para el desarrollo de la conciliación.
Indicó que la dependencia a su cargo, se prepara para contar con personal capacitado, a fin de atender lo conveniente al Centro Estatal de Conciliación, aunque no descartó puedan presentarse contratiempos en la impartición de justicia laboral derivado a la emergencia sanitaria por Covid-19.
De acuerdo a Villarreal Ongay, en lo que va de la administración, la Dirección de Conciliación y Relaciones Laborales, ha ofrecido más de 68 mil 236 servicios entre asesorías, pláticas conciliatorias y convenios, resaltando entre el patrón y trabajador el entendimiento, sin la necesidad de que ambos lleguen a una demanda.
Concluye primera jornada del parlamento abierto de análisis de la iniciativa en materia de outsourcing
• Mañana martes seguirán las mesas de estudio sobre la propuesta del Ejecutivo federal
Especialistas, académicos, organizaciones, cámaras empresariales y trabajadores expresaron, en parlamento abierto, sus comentarios y plantearon propuestas sobre la iniciativa enviada por el Presidente de la República en materia de subcontratación laboral.
En la mesa 2, donde se abordó el tema “Reformas en materia laboral”, el presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, Armando Guajardo Torres, destacó que es imperativo perseguir a quienes usan indebidamente la subcontratación para otorgar menos prestaciones a los trabajadores, pero esto no presupone un problema de la ley sino de su cumplimiento.
Consideró que la entrada en vigor de dicha reforma debería ser de por lo menos un año, a fin de que los patrones tengan el tiempo suficiente para realizar los trámites y adecuaciones.
Virginia Ríos Hernández, de Coparmex Ciudad de México, comentó que lo que se busca con los servicios con personal interno es el ahorro de costos para las empresas, ganancia en tiempos, incremento de la productividad y la agrupación de control de recursos humanos en una sola entidad; lo que se pretende es no dejar de pagar prestaciones sino una mejor organización.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Concamin, Octavio Carvajal, señaló que la subcontratación constituye una actividad lícita y con pleno derecho de ser aceptada dentro del concepto definido por la Constitución. Propuso incluir ciertas concesiones que sean favorables para ambas partes y se tome en consideración las diferentes posiciones en las que se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas.
En tanto, el presidente de la Comisión de Empleo de Productividad de la Concamin, César Maillard Canudas, señaló que la subcontratación nace con la idea fundamental de eficientar los procesos de nómina y que se debe considerar este tema como un aliado estratégico. Planteó que el reparto de utilidades se indexe a la productividad.
María del Rosario Jiménez Moles, magistrada de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, explicó que la subcontratación no se prohíbe en su totalidad, solo en una de sus modalidades. La iniciativa, dijo, permite la cristalización de derechos de libertad sindical y de negociación para que los trabajadores se puedan defender.
Enrique Octavio García Méndez, vicepresidente de Asuntos Laborales en Concanaco Servytur, dijo que están a favor de que haya flexibilización en la contratación para apoyar la formalización laboral y de las empresas, ya que la competitividad y productividad se debe buscar no a costa de los derechos de los trabajadores pero es necesario que las empresas actúen dentro del marco normativo.
Lorenzo Roel Hernández, presidente de Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que respecto a la iniciativa planteada se deben conservar la redacción actual de los artículos 12 y 13, prohibir la subcontratación es inconstitucional ya que viola el artículo 5º de la Constitución.
Aldo Mares Benavides, vicepresidente de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario, indicó que la figura de subcontratación es ampliamente utilizada en el sector agroalimentario y ha permitido que cientos de miles de jornaleros se incorporen a la formalidad y tengan acceso a seguridad social y prestaciones de ley.
Alfredo Pacheco Vásquez, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, hizo un llamado a que se garantice el cumplimiento de las leyes, y se maximicen los derechos y beneficios de los trabajadores.
Gabriel Aparicio, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, A.C., estimó que existe un gran nivel de confusión y desinformación, ya que la solución no es prohibir, sino definir de forma correcta la figura. Subrayó que lo que existe son vacíos legales y lo que falta es una coordinación entre las diferentes instancias para asegurar el cumplimiento de las leyes.
Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de Estudio para la Promoción y Difusión del Empleo Formal A.C., señaló que se ha abusado de la subcontratación y se requiere una adecuada supervisión, vigilancia y sanción. Estimó que no se debe prohibir y crear una figura confusa que es servicios especializados porque ésta no va a quitar que se sigan evadiendo las responsabilidades laborales.
Zoé Gómez, presidenta de la Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., indicó que no es posible que se hable de ilegalidad y no se tenga la definición de los servicios especializados.
Héctor Arturo Mercado López, magistrado del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consideró que se debe agregar en la reforma que el propio trabajador subcontratado tenga la posibilidad de hacer la denuncia anónima que le permita a la autoridad revisar la situación en la empresa, así como avisar a los sindicatos que se está subcontratando.
Erika Quevedo Chan, directora general del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, coincidió en que es necesario regular y sancionar la subcontratación, pero estimó que la iniciativa tiene una rigidez excesiva que complicará la operación de las empresas y planteó permitir el outsourcing legal y reconsiderar las limitaciones que se le colocan a los servicios realizados por intermediarios.
Alma Clarisa Rico Díaz, del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, enfatizó que el outsourcing ha sido utilizado para evadir responsabilidades, socavar los derechos de las y los trabajadores y es violatorio del derecho laboral. Propuso reiterar que los derechos humanos laborales no son renunciables y establecer que estas personas tengan los derechos que les corresponden.
Inés González Nicolás, directora del Diálogo Sindical y de Género de la Fundación Friedrich Ebert, mencionó que el mecanismo de la subcontratación ha sido vía para precarizar el trabajo, mantener los bajos salarios y debilitar al movimiento sindical en su conjunto. Propuso que sea obligación que los patrones hagan del conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo la pretensión de contratar proveedor de bienes o servicios necesarios a la empresa mediante subcontratación.
Al concluir la mesa 2, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), agradeció a los ponentes por compartir sus experiencias, conocimientos y propuestas, ya que ayudarán a enriquecer el dictamen.
A su vez, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social) destacó las aportaciones de los participantes y afirmó que los legisladores debatirán el tema para llegar a una conclusión por el bien de los trabajadores y lograr el equilibrio en el ámbito laboral.
La pandemia de Covid-19 ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores contratados por outsourcing, consideró el diputado Miguel Ángel Chico Herrera, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Ante ello, el legislador federal del grupo parlamentario de Morena celebró que se ponga orden en este tipo de subcontratación que tanto afecta a los trabajadores.En entrevista con ContraRéplica, dio a conocer que la propuesta de reforma laboral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que había hasta ayer, pues se espera que pueda ser modificada, considera que la subcontratación de personal de una persona física o moral ponga a disposición de otra, trabajadores propios en beneficio de otro, quedará prohibido.
El diputado federal indicó que esto es necesario ante la serie de despidos que se generaron en este tipo de trabajadores durante la pandemia. “Son trabajadores que pueden ser despedidos en cualquier momento sin que se les garanticen derechos conseguidos a través de años de lucha por mejores condiciones laborales”, mencionó.
La iniciativa presentada ante el Congreso está centrada en el análisis de tres figuras: subcontratación de personal, servicios especializados y obras especializadas, así como agencias de colocación.
Al realizarse el parlamento abierto de Análisis a la Iniciativa Presidencial en Materia de Subcontratación Laboral (outsourcing), convocado por las comisiones de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López, reconoció que, si bien existe una regulación específica en la materia, es insuficiente para garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
Además, establece prisión preventiva oficiosa para quienes incurran en esta figura también conocida como outsourcing.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados aprobará la reforma para prohibir la contratación laboral, este jueves 26 de noviembre.
Este martes concluirá el parlamento abierto para recabar opiniones de sectores involucrados en el tema y, el miércoles 25 de noviembre, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público dictaminarán la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR y la Ley del IVA.
La propuesta de reformas enviada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 12 de noviembre, plantea prohibir la subcontratación laboral y considera delincuencia organizada la asociación con este fin.
Además, establece prisión preventiva oficiosa para quienes incurran en esta figura también conocida como outsourcing.
La propuesta permite la prestación de servicios especializados, siempre y cuando estos no formen parte del objeto social o actividad económica de la empresa que las requiere.
Además, las agencias de colocación fungirán podrán intervenir en la colocación y reclutamiento de personal pero, en ningún caso, se considerarán patronas.
Indicó que los esquemas que han prevalecido son tendientes para simular la inexistencia de una relación laboral, de registrar a trabajadores con salario inferior al mínimo y utilización de mecanismos de compensación de relaciones laborales a través de pagos que no son auditables para el IMSS como honorarios, pagos asimilables a salarios, tarjetas innominadas.
También -añadió- se han usado conceptos que no integran el Salario Base de Cotización para “disfrazar” el salario de trabajadores.
La funcionaria dijo que desde el inicio de la administración se constituyó un grupo de trabajo formado por IMSS, STPS, SAT, INFONAVIT y UIF para realizar una serie de operativos conjuntos para revisar lo que pasaba de forma general en algunas empresas con indicios de evasión.
Como resultado de ello, apuntó que se detectaron subregistros de salarios de 40 por ciento promedio y en algunos casos fue superior a 400 por ciento, de tal forma que hubo empresas que tenían registrados un Salario Base de Cotización de 166 pesos y después del operativo quedó en 800 pesos.
La directiva del IMSS consideró que “es bien sabida” la afectación que tiene el outsourcing ilegal en los trabajadores, como es la falta de acceso a seguridad social en los casos de esquemas más agresivos de evasión, menores importes en capacidades temporales y permanentes, menor capitalización en la Afore y afectación en el ahorro para la vivienda.
“La afectación tiene que ver con menores recursos para fondeo de prestaciones para trabajadores, no tener capacidad de invertir en infraestructura médica y también incremento en gastos administrativos dado que se ejercen facultades de fiscalización y cuando llegamos a determinar estos créditos pues nos encontramos ante empresas de papel, empresas que solamente son tenedoras de trabajadores y que suministran estos trabajadores sin tener un capital respaldo que pueda garantizar (el crédito), claro estoy hablando de empresas de evasión”, afirmó.
López dijo que en la reforma de outsourcing se plantea modificar la Ley del Seguro Social en el sentido de generar una sinergia con la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer la responsabilidad solidaria entre el prestador de servicio o el ejecutor de la obra especializada y el que contrata la misma, con el propósito de que si el primero cumple cabalmente con sus obligaciones no haya ninguna afectación respecto del segundo, pero si esto no ocurre, el IMSS tenga los mecanismos y los elementos para defender los derechos laborales.
“Básicamente en esto consisten las modificaciones a la Ley de Seguro Social y son tendentes a buscar los elementos necesarios para poder reestablecer los derechos de los trabajadores y evitar incluso afectaciones a empresas y al IMSS”, subrayó.
La llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos acentuará la fiscalización para que México cumpla los compromisos laborales del T-MEC, afirmaron especialistas.
Benjamin Davis, director de Asuntos Internacionales de United Steelworkers, una de las centrales sindicales más grandes en Estados Unidos, dijo que si bien el Gobierno mexicano ha mostrado avances, como la construcción del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales laborales, aún no se perciben cambios en las empresas.
«El problema es que hasta ahora no hay cambios en la gran mayoría de empresas: siguen las prácticas antidemocráticas de los viejos sindicatos de protección», consideró en entrevista.
Añadió que hay materia para que Estados Unidos interponga algún recurso contra México por violar la libertad sindical y con ello activar el panel de respuesta rápida para solución de controversias.
Si se pone en marcha este panel y no hay un acuerdo podría haber un bloqueo de exportaciones de la empresa que haya violado los derechos sindicales.
Estimó que las malas prácticas laborales son generalizadas, pero el foco está en la cadena automotriz y la minero-metalúrgica.
Davis adelantó que Biden tendrá muy presente la agenda laboral bilateral.
«Los sindicatos y los demócratas en el Congreso han insistido en la necesidad de respetar los derechos laborales, fortalecer los sindicatos y aumentar los salarios de los trabajadores mexicanos. Biden apoya esta agenda, y brindará recursos y voluntad política para cumplirla», comentó.
La relación entre sindicatos y Biden es muy cercana, y se considera que en su Administración resurgirá el sindicalismo, dijo Alberto Robles, experto del Instituto del Mundo del Trabajo, con sede en Argentina.
Muchos sindicatos declararon su apoyo a Biden, añadió, como la AFL-CIO, los afiliados a Change to Win, el Sindicato de Camioneros (Teamsters) y el SEIU (salud, servicios públicos y afines).
«Hay una relación mucho más fuerte de los sindicatos con el Partido Demócrata y en razón de ello habrá una mayor presión ahora para cumplir los temas laborales», opinó Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex.
Recordó que por presión de los demócratas se dio el acuerdo modificatorio del T-MEC, donde se incorporó el capítulo laboral y el mecanismo de respuesta rápida.
Añadió que Estados Unidos creó un órgano interinstitucional para dar seguimiento a la implementación de la reforma laboral en México, aunado a apoyos económicos para la aplicación de la ley y la presencia de agregados laborales asentados en la Embajada de EU en el País.
Pablo Franco, experto en temas sindicales, afirmó que la propuesta para regular el outsourcing en México tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos.
«Las más recientes presiones se dieron desde el Legislativo y no desde el Ejecutivo y específicamente de la Asamblea de Representantes, esto tiene que ver con esa relación de los demócratas con los sindicatos. Ya era parte de la conversación el hecho de que el outsourcing impide el ejercicio de la libertad sindical en México», consideró.
Grupos disidentes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana acusan que el padre de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Arturo alcalde Justiniani, es asesor desde hace muchos años de Francisco Hernández Juárez y ello ha influido en favor del dirigente vitalicio de los telefonistas quien tiene 44 años al frente de ese gremio.
Expusieron que la secretaria alcalde Luján avaló la más reciente reelección, la número 14, de Hernández Juárez, pese a que fue un proceso desaseado, plagado de irregularidades, que de nueva cuenta violó los estatutos del STRM, en los que está prohibida la reelección, y la cual se llevó a cabo sin cumplir con el decreto de emergencia sanitaria, por lo que se puso en riesgo la salud y la vida de los telefonistas.
En una conferencia de prensa, Benito Méndez Castro, de la corriente Telefonistas Construyendo Democracia; Francisco Núñez, de Renovación Democrática Telefonista, José del Refugio Cano y José Montealegre, del Frente Telefonista Alternativo señalaron que, aunque formalmente Arturo Alcalde no aparece como asesor jurídico del STRM, tiene una relación añeja con Hernández Juárez y en los hechos lo asesora en materia sindical, e incluso apareció en la reciente elección.
Argumentaron que el abogado laboral influye en las decisiones de su hija. De otra forma, “se explica que la titular de la STPS actúa de forma distinta en el caso del sindicato telefonista, si se compara con el caso del sindicato petrolero, en el que estableció reglas y condiciones para la elección.
Los inconformes denunciaron las irregularidades y omisiones que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Comisionados y Comisión Nacional Electoral instruidos por Francisco Hernández Juárez; llevaron a cabo un proceso electoral violatorio de los estatutos y de la Ley Federal del Trabajo.
Además de violentar el decreto de emergencia sanitaria impuesto por el gobierno federal el día 27 de marzo, poniendo en riesgo la salud y la vida de compañeras y compañeros miembros de este sindicato.
Refugio Cano y Francisco Núñez aseguran que al líder telefonista sólo le interesa su proyecto familiar, ya que tienen a toda su familia en cargos sindicales como a su hija, hijos, hermanos, hermanas y demás parientes.
El grupo de inconformes manifestaron que continúan los mismos vicios y acuerdos entre dirigentes sindicales, abogados y las autoridades laborales, señalando que dentro de su sindicato, las cuotas sindicales de los Telefonistas han servido para asesorarse y comprar lealtades.
Asimismo, dieron a conocer la represión sindical que han sido sujetos cientos de sindicalizados de todo el país, por manifestar posicionamientos contrarios o disidentes al dirigente nacional. Tal es el caso de la localidad de Mérida; Yucatán, en donde dos agremiados que denunciaron anomalías al interior de su comité local, fueron sancionados por más de 7 años y no se les permitió su jubilación, los cuales fallecieron.
De la misma manera existen casos de BCS, Guadalajara, Edo México, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Monterrey, etc. En esta última localidad a dos compañeras jubiladas de nombre Rosa Verónica Varela Ruiz Y Rosa Elva Trujillo Cantú las sancionaron por defender uno de los derechos más importantes de nuestro CCT que es la jubilación.
También externaron su rechazo a la propuesta de la empresa Telmex en comprar parte de la jubilación de los telefonistas por acciones sin garantía, dejando a un lado la atención y solución de múltiples problemas que aquejan la operación de la empresa.
Pues aseguran que la pretensión de Telmex, al ofrecer un paquete accionario por una parte de la pensión jubilatoria, para los trabajadores activos y jubilados, cuando la empresa no cotiza en la bolsa de valores. Propuesta ilegal toda vez que los salarios y las pensiones deben pagarse en moneda de curso legal, y no con valores bursátiles.
Por ello, los telefonistas, defendemos a toda costa nuestras jubilaciones, prestaciones logradas desde 1926. La empresa les llama pasivo laboral, concepto de la contaduría empresarial. Telmex tiene la obligación legal de pagar las jubilaciones.
“La empresa aspira a la contratación de personal de nuevo ingreso sin la prestación jubilatoria pactada en el contrato colectivo vigente. La sustracción de materia de trabajo, equipo y herramientas de los nuevos servicios digitales. Todo lo cual ha sido llevado a las empresas Triara, Red Uno, Telcel e Infinitum.
Dijeron que han interpuesto varios recursos contra la toma de nota a Hernández Juárez, la última ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y están en espera del resultado, aunque en la página de la Dirección de Registro de Asociaciones de la STPS se establece ya que va a seguir como secretario general del Sindicato de Telefonistas hasta 2024.
Así como un amparo ante un Juzgado Administrativo, una demanda de amparo contra la emisión de la toma de nota de la elección; contra la validez del proceso electoral y por no garantizar el pleno uso de los derechos sindicales.
La pandemia por el Covid-19 no ha sido motivo para descuidar las acciones que se llevan a cabo para erradicar el trabajo infantil en San Luis Potosí; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene inspecciones en cruceros y centros de producción agrícola, a fin de detectar cualquier abuso hacia menores de edad, así como también atienden las quejas que se presentan en torno a este tema.
Aseguró lo anterior el titular de la dependencia estatal, Manuel Lozano Nieto, quien comentó que, están colaborando en conjunto con la Secretaría del Trabajo Federal, el DIF estatal y la Comisión Derechos Humanos, en diversas acciones que se están realizando para tratar de erradicar el trabajo infantil.
Detalló que, lo principal que están haciendo son las inspecciones en los cruceros, pero también continúan visitando los centros de producción agrícola, sobre todo en la zona Altiplano y en la zona Media, verificando que las condiciones laborales sean adecuadas para sus trabajadores y que no se estén contratando menores de edad; asimismo, están dando seguimiento a las quejas que reciben en la Secretaría, precisamente en torno a la contratación de menores, aunque también algunas de condiciones no aptas para la labor en general.
No obstante, el funcionario aclaró que de momento no han detectado casos graves, como el que se presentó en el 2017, cuando recibieron una queja que incluso fue presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A partir de ahí, dijo, se implementaron acciones para tratar de prevenir hechos como ese, incluso la UASLP les ha brindado apoyo en el desarrollo de la estrategia que están implementando.
“No es un tema que hayamos descuidado por circunstancias de pandemia, o por otras labores que estamos haciendo en la Secretaría. Fuera de estas acciones específicas que se han implementado, de verificación e inspección en los cruceros, no hemos detectado nada con mayor problema”, expresó.
El debate y el análisis colectivo pueden perfeccionar aspectos de la iniciativa de reforma en materia de subcontratación para que cumpla su cometido de impedir la sustitución, la simulación y la suplantación patronal en detrimento de los derechos laborales, concluyó el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, luego de conocer que la Cámara de Diputados realizará un Parlamento Abierto para discutir la propuesta enviada por el Ejecutivo.
Luego de la reunión plenaria del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral informó que en la realización de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados este lunes y martes, el debate y el análisis colectivo pueden perfeccionar algún aspecto de la iniciativa para que sirva mejor a: impedir la sustitución, la simulación y la suplantación patronal en detrimento de los derechos laborales.
Coordinado por Alfonso Bouzas, abogado que participará también en el Parlamento, dijo que “el Observatorio considera que la iniciativa ayudará a impedir las prácticas más nocivas que se han amparado en las disposiciones legales relativas a la subcontratación; y procurará un mejoramiento del mercado de trabajo promoviendo la creación de empleos decentes o dignos de acuerdo a la definición de la OIT.
Por ello, el Observatorio resolvió apoyar la iniciativa para reivindicar el interés social, abandonado en las reformas a la LFT de 2012 y que la iniciativa que ahora presenta el PAN reitera la visión del trabajo como mercancía.
Consideraron que es equivocado decir que la iniciativa presidencial prohíbe tajantemente la contratación de trabajadores para que presten sus servicios o realicen obras por una empresa contratista en favor de otra empresa beneficiaria. “Una revisión del artículo 14 de la iniciativa referida desmiente esa aseveración. Por ello, advierte el Observatorio que la posición patronal busca injustificadamente atemorizar a los trabajadores que prestan sus servicios bajo estas modalidades”.
Bouzas destacó que más adelante se requerirá una mejor regulación de las relaciones laborales para abarcar otras formas de subcontratación o de relaciones laborales que igualmente vulneran gravemente los derechos laborales.
“Entre ellas, en primer lugar, el servicio por medio de plataformas digitales por las cuales se contrata el transporte de pasajeros, la entrega de paquetes o de alimentos a los clientes que lo solicitan por medio de teléfonos celulares o de los portales de internet. En estos casos, las empresas no reconocen ninguna obligación patronal y han dejado completamente desamparados a los trabajadores. Igualmente, el Observatorio ve con agrado que el Congreso avance en la regulación del teletrabajo”, indicó.
