INFORMACIÓN. FEBRERO 14, 2019. FORO CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO, LUISA MARIA ALCALDE LUJÁN, Y SUBSECRETARIOS. EN LA IMAGEN, LUISA MARIA ALCALDE. FOTO : LUCÍA GODINEZ / EL UNIVERSAL.
La Secretaría del Trabajo (STPS) aseguró que hay avances superiores al 90 por ciento, en promedio, en selección de personal, construcción y adecuación de instalaciones y digitalización de expedientes para arrancar el nuevo modelo de justicia laboral en las entidades que conforman la primera etapa de implementación.
Luisa María Alcalde, titular de la dependencia, aseguró que este cambio no es superficial sino que se busca que haya conciliación efectiva, que la justicia sea ágil y que los trámites registrales (de sindicatos) estén libres de todo vicio político o de interés cupular.
«Como autoridades, tenemos la obligación de dar un mensaje claro e inequívoco: haremos valer y hacer valer las nuevas reglas de convivencia laboral, reglas comunes que todos debemos cumplir. Esto no sólo va a robustecer el Estado de Derecho, sino que generará mayor certidumbre y estabilidad en cada centro de trabajo y atraerá más inversiones, certeza en el tratado comercial del T-MEC y de los derechos de los trabajadores», dijo Alcalde, durante la séptima y última reunión de coordinación.
A su vez, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, coincidió en que se trata de la transformación del sindicalismo mexicano y de un cambio cultural.
La primera etapa de la reforma laboral arrancará en: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, solo en el ámbito federal.
El año 2021 será un año nuevamente cargado en temas laborales. Aspectos como el nuevo modelo para resolución de conflictos entre patrones y empleados, los compromisos asumidos por México en el T-MEC en materia de democracia sindical y combate al trabajo forzoso y la posible reforma para regular la subcontratación presentan un panorama activo para los encargados del capital humano en las empresas.
Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de la firma De la Vega & Martínez Rojas, recordó que el nuevo sistema de justicia laboral está por entrar en vigor el 18 de noviembre, con nuevas autoridades para la resolución de conflictos y una carga importante en la conciliación como una herramienta para solucionar de manera rápida los problemas entre trabajadores y patrones.
“Será importante para las empresas prepararse en esta etapa conciliatoria. Sugerimos que las empresas tengan dentro de su equipo de Recursos Humanos una persona que sepa conciliar, que sepa mediar y que pueda ir a estos nuevos centros de conciliación a llevar a cabo las conciliaciones, van a ser muy rápidas”, expuso durante su participación en el foro virtual Perspectivas 2021 de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).
El especialista mostró confianza en la rapidez del nuevo modelo de justicia laboral para resolver los conflictos, el cual contempla un plazo de 45 días para la resolución de casos individuales. Sin embargo, la promesa de soluciones más prontas y expeditas requieren que las áreas de relaciones laborales estén preparadas con las pruebas que se presentarán durante la conciliación y, en su caso, en el juicio ante un tribunal laboral.
“Los términos se acortan muchísimo, en esta nueva etapa por lo más vamos a tener 15 días para preparar la contestación y ofrecer pruebas. Por lo tanto, deben preparar muy bien en sus equipos a las personas que tengan las pruebas. Los términos van a ser muy cortos, nosotros pensamos que va ayudar mucho que ustedes tengan un nuevo equipo para poder resolver estos términos que serán muy cortos”, puntualizó el especialista.
Compromisos sobre democracia sindical
Para el 2021, destacó Ricardo Martínez, es necesario que las organizaciones apoyen en la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, sin tener injerencia en la vida sindical, pues la reforma laboral y los compromisos asumidos por México a través del Anexo 23-A del T-MEC establecen esta obligación.
Además, las empresas deben tomar en cuenta que las negociaciones directas con los líderes sindicales, sin consultar a los trabajadores, se terminaron. “Aquella revisión de contrato que se llevaba amistosa con el líder, tomándose un café, se acabó”.
Desde otro enfoque, el especialista consideró que la reforma laboral del 2019 dejó la puerta abierta a que las empresas puedan operar sin una relación sindical; sin embargo, para lograr esto se necesita que las áreas de Recursos Humanos estén más cerca de sus trabajadores, procuren su bienestar y escuchen constantemente sus inquietudes.
“Con eso será muy difícil que se nos meta un sindicato como antes, que con un emplazamiento a huelga nos amenazaban, nos extorsionaban, nos sacaban dinero y nos ponían a temblar. La nueva reforma, copiada de los Estados Unidos, nos gusta mucho porque va a evitar la simulación, va a evitar la extorsión”, puntualizó.
Combate al trabajo forzoso
Al igual que el nuevo modelo de justicia laboral, la negociación colectiva auténtica y el respeto íntegro a los derechos colectivos, el especialista recordó que la erradicación del trabajo forzoso es otro de los compromiso asumido por nuestro país para la firma del T-MEC.
A diferencia de los paneles internacionales que intervendrán en caso de una queja por violación a derechos colectivos, cuando exista un caso de trabajo forzoso en una empresa exportadora a Estados Unidos o Canadá, se cancelará la exportación, expuso Martínez Rojas.
En ese sentido, el abogado laboralista enfatizó que las áreas de Recursos Humanos deben estar pendiente de que estas prácticas no se presenten en la organización, entendiendo que el trabajo forzoso es un concepto muy amplio, en que también se puede incluir cuando las personas laboran más tiempo que las jornadas permitidas por la Ley Federal del Trabajo.
“La otra recomendación es que tomen en cuenta muy bien si no están llevando a cabo algún tipo de trabajo forzoso, con jornadas exageradas e ilimitadas. Eso para efecto del T-MEC se considera trabajo forzoso y no requiere de panel, por eso es muy importante que hagamos un análisis de cómo estamos laborando”, detalló.
El especialista recordó que ahora toda la cadena de suministro está sujeta al cumplimiento de los derechos colectivos y la erradicación del trabajo forzoso para mantener sus derechos arancelarios con Estados Unidos y Canadá.
Durante la séptima y última reunión de planeación, para la primera etapa de la reforma laboral en México, dijeron que habría cambios profundos
Los avances de esta reforma están en un 90%.
Habrá una segunda etapa de la reforma en octubre de 2021 y posteriormente en 2022.
Los conflictos laborales pasarán de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial.
El próximo 18 de noviembre, comenzará la primera etapa del nuevo sistema de justicia laboral en México. Tras la séptima y última reunión de planeación, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que se tratará de un auténtico cambio y no de algo superficial. Aplicación de los derechos de los trabajadores, atracción de más inversiones y certeza en el T-MEC (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), así como estabilidad y claridad en todos los trabajos en general, serán algunas de las mejoras que se buscan.
“Hoy fue la 7ma y última reunión de planeación para implementar la reforma laboral este 18 de nov. en su primera etapa, veremos nacer el nuevo modelo de justicia laboral, de libertad y democracia sindical en las entidades pioneras”, publicó Alcalde Luján en su cuenta de Twitter, acompañada de unas fotografías de la reunión virtual, en la que participaron autoridades laborales y judiciales de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, además del Poder Judicial Federal y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La funcionaria pidió a las autoridades seriedad ante este cambio, para brindar agilidad en la impartición de justicia que esté libre de corrupción. Los avances de esta reforma están en un 90%, aseguraron las autoridades. “Cerramos un ciclo e iniciamos otro y esto tiene que ver con un cambio de cultura, no es simplemente abrimos y cortamos listón y empiezan las nuevas instituciones, sino que es un cambio profundo, de fondo, es cultural”, aseguró Alcalde Luján durante la séptima reunión de planeación.
José Fernando Franco González Salas, coordinador de la implementación de la reforma laboral en el Poder Judicial, secundó las declaraciones de la secretaria: “es un cambio producto no sólo de la decisión interna del país, sino un compromiso de estado internacional. Somos pioneros y los llamo a no bajar la guardia, esto requiere una permanente continuidad para sacar adelante el primer paso y asegurar la consolidación de esta gran reforma”, dijo.
“La justicia laboral para los trabajadores del país será más rápida y eficaz, al quedar a cargo de los Poderes Judiciales Federal y estatales, al ser más breve su trámite, al pasar de un promedio de cuatro años a seis meses aproximadamente para obtener una sentencia definitiva”, se explicó en el boletín del año pasado sobre la reforma laboral. “Los conflictos laborales pasarán de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a manos del Poder Judicial, el cual implementará tribunales especializados que deberán ceñirse al sistema oral para impartir justicia”.
Después de esta primera etapa, donde participan sólo parte de los estados de la república, vendrá una segunda prevista para octubre de 2021 y posteriormente en 2022, donde finalmente se integrará a todos los estados de México.
Lo maestros se manifestaron frente al edificio de gobierno. – Foto: @GuillermoCinta
Señalaron que el gobierno del estado les adeuda más de 2.5 millones de pesos.
Los docentes que demandan el pago de la prima de antigüedad afirmaron que la cifra que se le debe a cada uno de los 13 mil maestros jubilados de la entidad es de entre 11 y 12 mil pesos.
“Estamos inconformes porque a los 13 mil maestros jubilados de Morelos nos deben, alrededor de 12 mil pesos, otros 11 mil pesos”, aseguró a La Jornada una maestra jubilada que se manifestaba.
En total, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, según los maestros, les adeuda dos millones 600 mil pesos.
De igual forma, otro grupo de maestros, que se identifican como Expresión Democrática Educativa, El Poder de la Educación y la Sociedad, el Movimiento Magisterial de Bases (MMB) y Maestros Independientes por la Educación en Morelos, protestaron para exigir la democratización del SNTE.
Alejandro Trujillo, miembro del MMB, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel Obrador, para que se realicen las elecciones en el SNTE a fin de que los profesores tomen posesión de estas organizaciones gremiales y no la gente de la exlideresa Elba Esther Gordillo, “que hasta hoy siguen en el poder de las diferentes secciones del SNTE”.
Recordó que en noviembre pasado se debió elegir nueva dirigencia nacional, y estatales, pero se suspendió porque no le aprobaron el reglamento al SNTE armonizado con la ley del trabajo, y la reforma laboral. “Se ha suspendido más por la pandemia, se suspendieron las elecciones en este sindicato”.
Rubén Hurtado, maestro egresado de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, se sumó a la petición al presidente y a los diputados federales para que el SNTE ya convoque a elecciones, pero con un árbitro independiente “para que sean los maestros quienes encabecen esta organización gremial”.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados respaldó este miércoles el recorte del 92% de los recursos del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) propuesto por el gobierno federal dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF), con lo cual sus recursos pasarán de 704.8 a 55.5 millones de pesos.
De acuerdo con el documento presentado por el presidente de la comisión, Manuel Baldenebro Arredondo (PES), que establece la “opinión” sobre la política presupuestal en materia laboral para el próximo año y que fue avalado por el pleno de dicha instancia legislativa, si bien se advierte que este recorte de recursos al programa del Servicio Nacional de Empleo (SNE) es uno de los mayores que tendrá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la propuesta del Ejecutivo fue secundada y no se recomendó la “ampliación o reducción al presupuesto del sector”.
En tanto, los diputados respaldaron el incremento el presupuesto destinado a la implementación del nuevo modelo de justicia del mundo del trabajo, destacando la reforma laboral del 2019 como la más ambiciosa en los últimos 50 años.
“Vemos con agrado la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, del programa presupuestal Subsidio a las entidades federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral; cuyo objetivo es la impartición pronta y expedita de la justicia laboral y acceso a las nuevas instancias ejecutoras”, expresó la Comisión de Trabajo en el documento enviado a la Comisión de Presupuesto.
Los legisladores dieron así un voto de confianza al destino que se le dará a una bolsa de 2,500 millones de pesos en el 2021 para continuar con la implementación de la reforma laboral.
Los recortes que tendrá el presupuesto de la STPS para el próximo año serán en los siguientes programas:
Jóvenes Construyendo el Futuro, una reducción de 4,356 millones de pesos (20.2%)
Actividades de apoyo administrativo, con disminución de 1,009 millones de pesos (78.9%)
Programa de Apoyo al Empleo, con un recorte de 649.4 millones de pesos (92.4%)
Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral, con baja de 493.7 millones de pesos (95.3%)
Cambio de prioridades federales
En entrevista, la diputada Anita Sánchez Castro (Morena), secretaria de la Comisión de Trabajo, afirmó que no se realizó ninguna observación al recorte del presupuesto del Programa de Apoyo al Empleo, porque los recursos federales se reorientarán al sector salud y a programas de infraestructura y otros proyectos con los cuales se generarán empleos.
“Lo que pretendemos es que esto sea un detonante para generar empleos de manera directa e indirecta. Se reorienta el presupuesto precisamente para generar más empleos”, expuso la legisladora michoacana.
En ese sentido, Sánchez Castro acotó que la Comisión de Trabajo consideró que la reducción al presupuesto del PAE no compromete la operación del Servicio Nacional de Empleo.
En septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021 en el cual se contempló un nuevo recorte al Programa de Apoyo al Empleo. Entre 2018 y 2019 se dio el primer ajuste, esta partida se redujo 27% y pasó de 975.3 a 704.8 millones de pesos.
El PAE es uno de los ejes principales del Servicio Nacional de Empleo y sus oficinas estatales. De sus recursos depende la vinculación de buscadores de empleo con vacantes, la organización de ferias de empleo, la capacitación de personas para el autoempleo y para acceder a mejores oportunidades laborales, así como el financiamiento del subprograma de movilidad laboral de jornaleros agrícolas hacia Estados Unidos y Canadá.///
Durante su comparecencia, Zoé Robledo, titular del IMSS, destacó que durante el mes de octubre se registraron 200 mil 614 nuevos empleos, es el de mayor creación desde 1997.
A partir de marzo y hasta junio se perdieron en México 1 millón 117 mil empleos registrados ante el IMSS, pero después de julio se han recuperado 407 mil. Y en lo que va del año se perdieron 710 mil, pero la tasa de recuperación es visible, dijo el titular de ese instituto, Zoé Robledo.
Durante su comparecencia ante senadores con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, destacó que durante el mes de octubre se registraron 200 mil 614 nuevos empleos, es el de mayor creación desde 1997.
Apuntó que junto con las Secretarías del Trabajo y Economía, se participó en el proceso de Nueva Normalidad, y al día de hoy 118 mil 259 empresas han realizado su autoevaluación y comprobación en la plataforma IMSS para la reapertura de las actividades económicas, que impacta en 9.5 millones de trabajadores afiliados.
Indicó que en agosto presentó ante el Consejo Técnico del IMSS un programa piloto para trabajadores independientes que iniciará a finales de año, que pudo su aseguramiento en el IMSS con prestaciones equivalentes a las que se otorgan a un trabajador tradicional, a través de los cinco seguros que contempla el régimen obligatorio.
“Ustedes fueron parte fundamental para lograr el plan piloto para las trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio. A día de hoy contamos con 25 mil 368 personas afiliadas y 28 mil 865 beneficiarios registrados en las unidades médicas familiares ”, dijo.
Al mismo tiempo, para paliar el déficit estructural de personal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se contrataron a 30 mil 444 trabajadores por tiempo determinado para atender Covid-19, lo que ha permitido cubrir las plantillas de los hospitales de expansión.
También destacó que desde hace varios meses está garantizada la distribución semanal de 783 mil respiradores, 1.1 millones de cubrebocas, 159 mil goggles y caretas, 1.2 millones de pares de guantes y 1.2 millones de batas. Y son más de 16 mil camas en todos los turnos.
Hay 95 mil enfermeras y enfermeros y 74 mil médicas y médicos que han tenido más de una capacitación. Asimismo, el bono Covid es un sobresueldo del 20 por ciento a quienes atienden en la primera línea; y también las Notas de Mérito.
Calificó de falso que no se ha dado tratamientos oncológicos durante todo el año; dijo que no había registro de niñas y niños con cáncer, además son más de dos mil padres de infantes con licencia; tampoco había un carnet digital.
Zoé Robledo afirmó que de las 56 obras de infraestructura recibidas en la pasada administración que tenían algún tipo de problema y sin claridad en los tiempos de conclusión, hoy 32 ya están operando y 12 están en proceso.
A partir del 18 de noviembre empieza una nueva etapa para la impartición de justicia laboral en México con la entrada en vigor de la primera etapa de la reforma laboral, en donde los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, así como del Poder Judicial Federal y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) comenzarán operaciones.
En la séptima y última reunión de coordinación con autoridades federales y estatales, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, se comprometió a demostrar a la ciudadanía que “el cambio no es superficial sino que va en serio, que el público usuario y los justiciables estarán en el centro de nuestras prioridades; que habrá conciliación efectiva; que la justicia será ágil y expedita, y que los trámites registrales estarán libres de todo vicio político o de interés cupular”.
Asimismo, dijo que como autoridades, tenemos la obligación de dar un mensaje claro e inequívoco, “haremos valer y hacer valer las nuevas reglas de convivencia laboral, reglas comunes que todos debemos cumplir. Esto no sólo va a robustecer el Estado de derecho, sino que generará mayor certidumbre y estabilidad en cada centro de trabajo y atraerá más inversiones, certeza en el tratado comercial del T-MEC y de los derechos de los trabajadores”.
Con la promulgación de la reforma laboral en 2019 se cerró un ciclo e iniciará uno nuevo este 18 de noviembre.
“Se trata de un cambio de cultura, no es simplemente abrimos y cortamos listón y empiezan las nuevas instituciones, sino que es un cambio profundo, de fondo, es cultural”, destacó.
En la reunión, el ministro José Fernando Franco González Salas, destacó que se trata de un proceso de transformación profunda de la justicia laboral y de democracia sindical y negociación colectiva, “es un cambio producto no solo de la decisión interna del país, sino un compromiso de estado internacional. Somos pioneros y los llamo a no bajar la guardia, esto requiere una permanente continuidad para sacar adelante el primer paso y asegurar la consolidación de esta gran reforma”, agregó.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, coincidió en que se trata de la transformación del sindicalismo mexicano y es un cambio cultural, que no solo implementa la nueva justicia laboral, sino responde a la obligación internacional que México debe atender en su implementación lo antes posible.
Las autoridades laborales y judiciales de los estados, del Poder Judicial Federal y del CFCRL destacaron que hay avances superiores al 90% en promedio en selección de personal, en la construcción y adecuación de instalaciones y en la digitalización de expedientes. Se comprometieron a tener todo listo en las próximas semanas e iniciar la primera etapa el 18 de noviembre.
El Sitiavw mantiene una mesa de diálogo con directivos de la empresa de origen alemán.
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw) mantiene una mesa de diálogo con directivos de la empresa de origen alemán, con el objetivo de lograr un acuerdo sobre el pago atrasado de utilidades de 293 millones de pesos y evitar la huelga emplazada para mañana viernes 6 de noviembre.
Manuel Aburto Hernández, vocero del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen, dijo a MILENIO Puebla que las pláticas con la empresa van por «buen camino» y con la expectativa de llegar a «buenos términos» en próximas horas.
El sindicato indicó en una circular que repartió a los trabajadores que en la mesa de diálogo con la parte patronal también intervienen representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con el objetivo de alcanzar algún tipo de acuerdo.
Mientras tanto, el comité ejecutivo del Sitiavw dio a conocer un rol de guardias para los trabajadores en diferentes turnos en caso de estalle la huelga en la empresa el próximo viernes.
Asimismo, el sindicato de trabajadores interpuso ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2015 una inconformidad por revisión de carátula fiscal de la automotriz Volkswagen, al considerar que ésta había pagado menos utilidades en ese año.
Fue este 2020 cuando la autoridad fiscal falló a favor de la base trabajadora, por lo que el Sitiavw presentó el emplazamiento a huelga en demanda del pago de más de 293 millones de pesos por concepto de reparto adicional de utilidades, a lo que la empresa dijo que no tenía recursos.
Al cierre de esta edición, el área de Comunicación Corporativa de Volkswagen de México afirmó que continuaba la mesa de diálogo con la representación sindical pese a que la planta automotriz con sede en el municipio de Cuautlancingo, Puebla entró esta semana en paro técnico, en el segmento del modelo Tiguan.
La planta Volkswagen en Puebla, que emplea actualmente a más de diez mil colaboradores, de los cuales siete mil son sindicalizados, actualmente fabrica los modelos Jetta, Golf y Tiguan. El mes pasado anunció el inicio de producción del Taos, con el que la firma automotriz espera aumentar el volumen de ventas en Norteamérica y producción para 2021 luego que detuvo actividades por más de dos meses a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Por último, la semana pasada, el comité sindical de la armadora informó sobre el freno de actividades que inició el 2 de noviembre y finalizará el 8; el paro se da en el contexto del emplazamiento a huelga que el Sitiavw. Por último, el comité ejecutivo exhortó al personal técnico sindicalizado a no relajar las medidas preventivas ante el semáforo epidemiológico de riesgo ante los casos de covid-19.
De acuerdo con la Coparmex, el prohibir el outsourcing provocaría un retroceso al mercado laboral más flexible.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, consideró que la reforma en materia de subcontratación laboral, conocida como outsourcing, debe tener como reto principal regular este mecanismo de contratación y no prohibirlo.
“Se requiere vigilar a las empresas que lo utilizan y sancionar a las que simulan. La subcontratación ha permitido que muchos trabajadores encuentren empleo y, a su vez, que las empresas sean más competitivas. Esto permite ahorrar costos, flexibilizar estructuras y enfocarse en los objetivos del negocio”, comentó.
El líder patronal reconoció que una de las consecuencias de la pandemia de Covid-19 ha sido el replanteamiento de la idea tradicional del trabajo.
Por lo que las condiciones futuras deberán de tender a la flexibilización, ya que, “prohibición de la subcontratación implicará, sin duda, un retroceso para alcanzar un mercado laboral más flexible”.
Recordó que uno de los principales obstáculos para la productividad, el crecimiento y el desarrollo de México es la informalidad, donde el 56 por ciento de la población ocupada está bajo dicho esquema.
Y debido a la crisis económica es muy probable que aumente la informalidad, por lo que una prohibición indiscriminada del outsourcing profundizará la precariedad laboral que se trata de combatir desde hace años.
En días recientes, el ejecutivo federal manifestó su intención de hacer una reforma legal para prohibir la subcontratación laboral. Para la Coparmex, una decisión “a raja tabla” sobre el outsourcing provocaría una grave afectación al deteriorado panorama económico y pondría en riesgo la subsistencia de empleos legítimos.
De Hoyos advirtió que hay una de las más severas crisis económicas que haya sufrido el país y, sobre todo, una crisis de empleo, pues como consecuencia de la jornada nacional de Sana Distancia, 12 millones de personas salieron del mercado laboral.
Mientras que la recuperación hasta el momento ha sido insuficiente, ya que más de 4 millones de personas no han logrado reinsertarse al mercado laboral, de las cuales un millón corresponden al sector formal.
«En la crisis actual, el impacto económico y en el empleo ha sido mayor. Acciones como la prohibición total de la subcontratación implicarán más dificultades para la recuperación del empleo”, alertó el dirigente de Coparmex.
Por ello, llamó a una revisión de fondo sobre la implementación de la subcontratación laboral, ya que bien regulada implica una herramienta para conservar y promover la creación de empleos.
El personal contratado por outsourcing representa 15.5% del empleo en el país. Fuente: Censos Económicos 2019 del Inegi.
Las modificaciones se enfocarán en la Ley Federal del Trabajo, la del Seguro Social, Infonavit, así como en las leyes fiscales.
El gobierno federal afina la iniciativa de ley que enviará al Congreso de la Unión para regular la subcontratación (outsourcing), ya que no sólo se realizarán modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), sino a las leyes del Seguro Social, del Infonavit, además de las leyes fiscales que “pongan fin a la evasión en el pago de cuotas o derechos laborales”.
Así lo manifestó la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, quien destacó que será en los próximos días cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presente parte del contenido de la propuesta de ley que pretende hacer una reforma completa al outsourcing.
Detalló que la reforma se justifica “no sólo por el abaratamiento de mano de obra, sino también por el reparto de utilidades, el respeto a la antigüedad laboral, cuidando la estabilidad en el empleo y eso los vamos a atacar de esa manera, con un cambio en la ley; hemos venido haciendo varios operativos, pero nos falta una reforma más firme”.
Cabe señalar que la dependencia ha realizado diversos operativos –5,000 inspecciones en el 2019– a través de la Unidad de Trabajo Digno, pero a pesar de ello y a las estrategias que se han implementado de manera conjunta con el IMSS y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “lo cierto es que el fenómeno, el monstruo de mil cabezas persiste y los abusos persisten por lo cual tenemos que atenderlo”, dijo la titular del Trabajo.
Otro de los puntos de interés para el gobierno federal es dar certidumbre sobre cuántas empresas subcontratan personal. “Tenemos que, cerca de cuatro millones y medio están en un esquema de subcontratación, de éstas, cerca de 2.9 millones estarían en un esquema de subcontratación ilegal”, alertó Alcalde Luján.
Por su parte, Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expresó que las empresas tienen que cumplir con todas sus obligaciones con todo su personal, sin embargo, dijo, en muchos casos en grandes empresas, se hacen invitaciones cuando se detecta algún dato que llame la atención al IMSS, lo que genera un llamado para que se regularicen, “y en general así lo hacen”.
“Se hacen conciliaciones, se verifican cuáles son los trabajadores en donde hay una relación permanente y que tienen que cumplir con todas las obligaciones, que hagan el registro de todo el salario, etcétera”, añadió.
Hay demasiadas empresas fuera de la ley: WEC
Consultada sobre el papel de México en el uso de la tercerización, la nueva presidenta del organismo internacional sobre empleadores temporales, la Confederación Mundial del Empleo (WEC, por sus siglas en inglés), Bettina Schaller, dijo que es importante que los gobiernos piensen si quieren ser competitivos, ya que parte de ello tiene que ver con la organización del talento clave.
“En el caso de México, entiendo lo que está pasando, porque hay una de esas situaciones inaceptables, hay demasiadas empresas que no cumplen con las leyes. El gobierno no ha conseguido todavía encontrar una forma de sacar o de poner restricciones a estas empresas y la consecuencia son las que vemos ahora, (que se quiera) realizar una prohibición del todo”. En una reunión virtual, la nueva directiva del WEC expuso que hay una Convención Internacional, la 181, que cuenta con un marco legal en donde se establecen ciertos requisitos, y luego hay un rol por parte de la administración del sector público de asegurarse que el manejo de estas empresas sea legal.
Por: María Del Pilar Martínez Y Maritza Pérez . 05/11/2020
