Lanza dos convocatorias para concientizar a trabajadores, empleadores, líderes y funcionarios sobre la importancia de su aplicación
Por: Agencia Reforma 12/10/2020
Estados Unidos lanzó dos convocatorias para promover los derechos laborales en México y concientizar a trabajadores, empleadores, líderes sindicales y funcionarios sobre la importancia de la aplicación de la reforma laboral.
Las convocatorias, publicadas por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del Depertamento de Trabajo de EU, establecen recursos por 10 millones de dólares y pueden participar cualquier organización comercial, internacional, educativa o sin fines de lucro, incluyendo religiosas y comunitarias.
El proyecto da prioridad a la asistencia a trabajadores de sectores claves como aeroespacial, minera, acero, alumunio, panaderias industriales, electronica o call center.
Entre los objetivos está aumentar el conocimiento de trabajadores y organizaciones sobre los derechos laborales; que se lleven a la práctica las disposiciones de derechos laborales, en particular las que se incluyen en la reforma laboral.
Además, busca generar un diálogo entre las partes interesadas para mejorar la implementación de la reforma laboral.
Por ejemplo, pueden proponer implementar planes educativos para capacitar a activistas laborales u organizaciones de trabajadores para que sean promotores en sus comunidades, además de actividades de concientización en zonas especifícas.
Otro objetivo será desarrollar la capacidad del personal de la Secretaria de Trabajo para actividades de divulgación sobre derechos laborales,
La duración del proyecto será de 4 años y medio a partir de la fecha de adjudicación. Las convocatorias se cierran el 19 de octubre.
La iniciativa busca propiciar que los socios comerciales de EU cumplan con las reglas de los tratados y que los trabajadores americanos compitan en igualdad de condiciones, según la ILAB.
El Poder Judicial iniciará en enero la especialización del personal operativo para la Reforma Laboral.
Oaxaca, Oax.- El magistrado Narciso Abel Alvarado Vásquez, integrante de la Comisión para la Implementación de la Reforma Laboral del Poder Judicial del Estado, informó que en el mes de enero se iniciará un curso de especialización virtual en esta materia, mediante el cual, además de proporcionar a las y los participantes, los saberes cognitivos, actitudinales, habilidades y destrezas que exige, se procederá a la selección del personal encargado de operar el nuevo modelo de justicia.
Explicó que a nivel federal se construyó un plan integral de formación, que consta de cuatro ejes rectores: Sensibilización, Actualización, Especialización y Selección. En esa tesitura el Poder Judicial del Estado, una vez que llevó a cabo el eje de sensibilización, emitió una convocatoria pública abierta para la capacitación general.
Mencionó que se encuentra en proceso la evaluación de los cerca de cien participantes quienes de pasar esta segunda etapa del curso en línea llevado a cabo de junio a septiembre, podrán ingresar a la siguiente fase que consiste en la especialización a iniciar en enero del 2021, para finalmente pasar a la selección del personal que formará parte de los nuevos juzgados laborales y órganos operativos.
“La reforma será un parteaguas en los procedimientos laborales y con su implementación se busca la mejora constante de la impartición de justicia a favor de trabajadores y empresas, respetando en el mismo nivel los derechos de ambos”, enfatizó al indicar que esto representa un reto, en el que se avanza de forma favorable ya que requiere de presupuesto, nueva infraestructura y recursos humanos y materiales.
El magistrado Narciso Abel Alvarado Vásquez, junto con el Consejero de la Judicatura, Abraham Isaac Soriano Reyes participó en el Programa “Son mis derechos” producción en conjunto con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), bajo la conducción del maestro Jorge López Reyes, donde abordaron los alcances e implicaciones del nuevo paradigma que reduce la posibilidad de prácticas dilatorias y corrupción en el procedimiento jurisdiccional.
En este foro, destacaron que con la finalidad de cumplir, en tiempo y forma, con las disposiciones, normatividad y retos que implica en que la Reforma Laboral, proyectada para que entre vigor en la entidad el 1 de octubre de 2021, se trabaja de manera coordinada entre los tres Poderes del Estado, en un marco de pleno respeto a su autonomía.
Además de tener impacto en la economía, política, los sindicatos y empresas, explicaron que implica cambios como la eliminación de las juntas de Conciliación y Arbitraje, para ser sustituidas por Tribunales Laborales que dependan del Poder Judicial, donde las audiencias serán públicas, presididas íntegramente por el juez y todas las intervenciones de quienes participen serán en forma oral, con lo que se busca dar más celeridad a estos procedimientos.
Por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplica el 1 de octubre de 2020 el artículo 26 Constitucional, vigente desde 1983:
“La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática…” Esta disposición avanza el artículo 39 de la misma Constitución: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.” Y supera la limitación del artículo 41 de la misma norma: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión…” Las cámaras de senadores y diputados.
A la última se le conoce como democracia representativa, porque a través de los representantes de los partidos en las cámaras, es como el pueblo ejerce su voluntad. No de modo directo por el pueblo mismo. En cambio, los artículos 39 y 26 reconocen el derecho del pueblo a ejercer su voluntad de modo directo, sin intermediarios, por eso se le llama democracia participativa.
La Constitución como Ley Suprema de la Nación no debe estar sujeta a interpretaciones a “conveniencia”, como la del ministro Luis María Aguilar que “orientó” a la opinión pública antes del debate en la SCJN, a través de los medios dijo que era inconstitucional la consulta popular propuesta por AMLO. Menos aún se debe “interpretar” la Ley Suprema por los gobernantes, como se hizo con las reformas estructurales por Peña Nieto, aun cuando tenga el apoyo del PRI-PAN-PRD, porque van en contra de la Constitución. Como privatizar Pemex y CFE, la reforma educativa que además era mentira, porque fue una reforma laboral punitiva, o sea, una vil y vulgar simulación de gobierno.
Eso fue en 2012 y 2013: ¿Por qué entonces no opinó el ministro?
La democracia participativa es a través de la participación directa de la ciudadanía en la vida política, en la toma de decisiones de los temas más importantes que afecten a la población y la nación. Pues la soberanía nacional no es abstracta, radica en la soberanía popular, la única titular del derecho de soberanía de la nación.
Así como los derechos humanos y las garantías constitucionales son de las personas y los colectivos que constituyan, se incluyen las libertades fundamentales y el acceso a la justicia en tribunales independientes, imparciales, en todas las materias: laboral, penal, civil, familiar, internacional, etc. Así como los derechos para ejercerse por la ciudadanía a través del referéndum o plebiscito, como la que propone AMLO para su revocar su mandato presidencial, puesta a disposición del pueblo, en una consulta popular de 2021.
Pero la realidad es más terca que los análisis y los buenos propósitos: en laboral, el artículo 123, fracción XVI de la Ley Suprema, señala: “Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, organizaciones profesionales, etc.” Esta disposición supone que la libertad e independencia sindical son iguales a las dos partes. Siendo dos clases sociales tienen, sin embargo, notables diferencias: el número de empresarios es reducido en comparación con los obreros, ya que los trabajadores y sus familias son mayoría en el país, no así los empresarios y sus familias, que son minoría.
En cambio, económica y políticamente los empresarios son mucho más poderosos que los trabajadores, tan es así, que cuentan con más y mejores organizaciones locales, nacionales e internacionales, por ramas económicas y financieras y, desde luego, con representantes en las dependencias del Estado y de los gobiernos federal, estatales y municipales, cámaras patronales y empresariales, representantes en partidos políticos PAN, PRI, PRD y otros. En los parlamentos abiertos de las cámaras de senadores y diputados, están sobre representados en proporción a los trabajadores, en notable minoría.
Se trata entonces de una sociedad desigual en todo, porque además, han sido los empresarios quienes tienen más peso político, económico y social en el mismo Estado y en los gobiernos de los tres niveles. Así como en el devenir histórico: en los 3 siglos de la colonia, en los gobiernos conservadores del siglo XIX, en la dictadura de Porfirio Díaz, en los gobiernos de Calles, Alemán, Ruíz Cortines, Díaz Ordaz y mucho más con los neoliberales de 1982 a 2018.
En particular la clase empresarial se opuso a la organización de los trabajadores en la dictadura de Díaz, a su independencia en el gobierno de Alemán y los neoliberales llevaron a cabo la destrucción de la libertad sindical, así como la de los contratos colectivos de trabajo, el derecho a la planta y al salario remunerador.
La reconstrucción del sindicalismo mexicano no es fácil, debe ser obra de las y los propios trabajadores, la democracia participativa será con los trabajadores o no será, con el apoyo de los partidos con sentido de justicia social, igual que de los gobiernos, la sociedad, universidades y la 4T. Son tiempos de cambios, sería imperdonable no aprovecharlos a favor de la mayoría: la clase trabajadora.
Por: Opinión de Óscar Alzaga. La Jornada Zacatecás 12/10/2020
“Esta situación, en lugar de fortalecer la democracia interna, la debilita, la deslegitima y la vuelve vulnerable’’, aseguró la legisladora.
Los líderes sindicales en México se “perpetúan’’ en el cargo y creen que son de “su propiedad’’, señala la senadora Geovanna Bañuelosde la Torre, al proponer que solo permanezcan por un tiempo de ocho años.
Casos como el de Francisco Hernández Juárez, con 43 años en la dirigencia telefonista; Gilberto Muñoz Mosqueda con la industria química, que fue asesinado pero llevaba en el cargo 43 años; Armando Neyra Chávez, 32 años en la industria embotelladora; Víctor Flores Morales, con 26 en los ferrocarriles (en vías de extinción).
Carlos Romero Deschamps, con los petroleros, aunque renunció en octubre de 2019, se perpetúo por 26 años.
También están en la larga lista Agustín Rodríguez con el STUNAM, que lleva 25 años; Joel Ayala Almeida (FSTSE), que tiene 21 años; Manuel Fermín Acevedo González, con el sindicato de correos de México con igual años (21).
Otro eterno dirigente es Patricio Flores Sandoval, con 19 años al frente del sindicato industrial de trabajadores de artistas de radio y televisión; Hugo Guillermo Díaz Covarrubias con 18 años en el sindicato de trabajadores de la industria automotriz integrada.
Con el sindicato nacional de trabajadores mineros y actual senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia con 17 años al frente de ese gremio; con el mismo número de años en el sindicato de jornaleros y obreros industriales, Juan Villafuerte Morales (17); Martín Esparza Flores en el sindicatos mexicano de electricistas, con 14 años.
El caso del sindicato único de trabajadores electricistas de la República Mexicana, Víctor Fuentes del Villar con 13 años; y el sindicato nacional de trabajadores harineros, Gerardo Cortés García con 11 años, entre otros.
Hoy, dice la senadora Bañuelos de la Torre, los grandes sindicatos de nuestro país se encuentran encabezados por personas que llevan en promedio más de 20 años como dirigentes sindicales.
“Esta situación, en lugar de fortalecer la democracia interna, la debilita, la deslegitima y la vuelve vulnerable ante la demanda creciente de las y los trabajadores de una renovación periódica de esos cargos de representación’’.
“Son muchos los dirigentes sindicales que, con una visión patrimonialista del poder, se perpetúan en el cargo con la falsa creencia que les pertenece y, por tanto, lo pueden ejercer de la manera que ellos decidan y por el tiempo que a ellos les convenga. Actúan como “iluminados”, como si fueran los únicos o los mejores para ocupar la secretaría general, por eso se reeligen’’.
Por eso la coordinadora parlamentaria del PT propuso modificaciones a los artículos 69, 72 y 75 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicios del Estado, con la finalidad de que las dirigencias sindicales de la burocracia no se perpetúen o sean vitalicias.
Propone establecer que la duración de las directivas sindicales no sea mayor de ocho años, donde se garanticen los principios de democracia, autonomía, equidad, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, alternancia, periodicidad y respeto a la libertad sindical.
La Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, informó que será hasta el próximo 16 de noviembre cuando inicie operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México.
La Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, informó que será hasta el próximo 16 de noviembre cuando inicie operaciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, el cual contará con 100 conciliadores. En su momento explicó, se rentarán oficinas y se usarán los espacios que ya tiene la dependencia hasta que esté listo el edificio central.
Estábamos listos para entrar el 1 de octubre, sin embargo, la Secretaria del Trabajo federal envió una carta dirigida al gobernador y al presidente de la Junta de Coordinación Política para que el arranque fuera junto con todas las entidades federativas que estaban trabajando en este primer grupo y en el propio Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral.
Recordó que la semana pasada la Legislatura hizo el ajuste tras la solicitud de la Secretaria Federal y por ende el Centro arrancará operaciones en la fecha pactada, aunque la ley marcaba el 1 de octubre como la fecha de inicio.
Más de la mitad de las dirigencias seccionales del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) están vencidas y debieron haber sido renovadas a principios de este año, no obstante, debido a la emergencia sanitaria el sindicato decidió posponerlas.
Si bien es comprensible la situación de pandemia, esto es aprovechado políticamente por el SNTE, coincidieron disidentes del sindicato y Carlos Ornelas Navarro, especialista en educación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“Cualquier prolongación de los dirigentes seccionales es el ejercicio del poder. Si hubiera habido cambios en los tiempos establecidos entonces a los dirigentes no les habría tocado este inicio de clases y ello significa que pudieron seguir teniendo el control de plazas, meter a su gente en interinatos, que eso lo deciden los dirigentes seccionales y no las autoridades, ahí sí siguen ejerciendo el poder”, explicó.
Tras cuatro años de gestión, al menos 31 dirigencias seccionales de las 61 que integra el sindicato de docentes más grande de América Latina, vencieron sus plazos de renovación entre marzo y julio de este año; otras tres lo hicieron desde el año pasado.
«Los sindicatos en México no están preparados para llevar a cabo un acuerdo de los contratos colectivos de trabajo», indicó Héctor de la Cruz, especialista en Derecho Laboral
Los sindicatos en México no están preparados para llevar a cabo un acuerdo de contratos colectivos de trabajo y consulta la negociación de los mismos que conlleva el aumento salarial, prestaciones y mejoras de condiciones de trabajo.
Las relaciones laborales entre empresas y sindicatos deben modernizarse a raíz de las nuevas reglas que marca el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que verificará que las empresas cumplan con las disposiciones de la legislación laboral nacional e internacional .
Esto es, ajustarse a los compromisos del tratado contenidos en el capítulo 23 y anexo 23, para no ser objeto de las penas que contemplan el capítulo 31 y sus anexos 31 A y B, que pueden llegar a la instalación de paneles arbitrales y la imposición de sanciones arancelarias muy cuantiosas por violaciones a la libertad de asociación, democracia sindical y la negociación colectiva, afirma el abogado Héctor de la Cruz.
El especialista en Derecho Laboral, advierte que justo ahí están los riesgos, en el capítulo 31 en sus anexos A y B, que son de aplicación exclusivamente para México. El A, es para la relación exclusivamente con Estados Unidos y el B con Canadá. Y los dos prevén los mecanismos de respuesta rápida a las posibles controversias que se susciten en los compromisos laborales contraídos por México.
Dentro de ellos, los de la libertad de asociación, los de negociación colectiva, enfocados a la rama de la industria principalmente que nuestros socios comerciales se identifican como fundamentales: automotriz, autopartes, cementera, cerámica, electrónica, entre otras.
Esas ramas industriales, al final de cuentas tienen que tomar muchas precauciones y medidas frente a la negociación colectiva, precisó en la entrevista.
“Lo que nosotros planteamos al final de cuentas, es que la negociación entre empresa y sindicato debe modernizarse necesariamente, a raíz de estas nuevas reglas”, agregó el experto en Derecho Laboral del Despacho De la Vega & Martínez Rojas.
Refirió, que anteriormente, la relación entre empresa y sindicato era entre un círculo muy pequeño: el dueño de la empresa o el presidente del Consejo de Administración, con el secretario general del sindicato.
Sencillamente, había dos o tres juntas, se veían temas ya pre-arreglados, se firmaba el convenio para la nueva contratación colectiva y así todos felices y se terminaba el asunto.
Sin embargo, a partir de la entrada en operación a mediados de noviembre del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y estas reglas del T-MEC, la negociación colectiva entre empresa y sindicato tiene que pasar necesariamente por el consenso.
Además, de una consulta a por lo menos el 50% más uno, de los trabajadores que estén de acuerdo en la negociación, en un incremento salarial, en un cambio de prestaciones, una mejora de condiciones de trabajo o la suspensión de alguna condición de trabajo previamente pactada, todo eso, necesariamente, ya no va a dependiente de los dos negociadores: empresa y sindicato.
Ahora se involucra a un tercer factor que es el de los trabajadores, a la base. Obviamente, eso cambia reglas, modifica nuestra manera de ver el mundo laboral, detalla.
Afirmó: “Los sindicatos en realidad no están preparados para llevar a cabo ese tipo de situaciones a consulta, nunca lo han hecho y es difícil concebir que vayan a hacerlo de manera rápida y correcta. Lo que puede pasar es que se empantanen las negociaciones colectivas, que no avancen. Y eso sería un problema grave para todas las fuentes de trabajo ”.
-¿Habrá que tener mucho cuidado en esta transparencia?
– Si, al final de cuentas, los sindicatos tienen que acercarse a sus agremiados, hacerse notar con ellos y que los trabajadores sepan que tienen sindicato y para qué sirve. Y por el otro lado, las empresas tienen que llevar a cabo un cabo ciertas políticas nuevas de acercarse al trabajador y hacer ver los resultados son las bondades de trabajar en el equipo, las empresas tienen que llevar a cabo las ventajas, cómo puede tener la empresa un sistema de manejo de sus quejas y la resolución de sus problemas. Es un acto combinado.
Empresa y sindicato deben ir de la mano, porque no puede entenderse que cada uno pueda ir por una vía diferente.
-¿El nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es el instrumento de las nuevas reglas del T-MEC?
– Sí, claro. De hecho, la generación del Registro está en la Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada el 1 de mayo de 2019, misma ley que está alineada totalmente con los principios del Título 23 del Tratado de Libre Comercio y el Artículo 31 del mismo. Entonces, todo es parte de un sistema de justicia integral que pretende finalmente que los trabajadores sean finalmente quienes decidan cómo van a ser las negociaciones con la empresa en el futuro, puntualizó.
La oficina del Servicio Nacional del Empleo Laguna se ha reunido con diversas empresas y con la CANACO y CANACINTRA
Torreón, Coah.- El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), en su último corte, oferta 673 puestos de trabajo en la Región Laguna.
La oficina del Servicio Nacional del Empleo Laguna se ha reunido con diversas empresas y con las cámaras Nacional de Comercio (CANACO) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).
Con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) para conseguir vacantes de calidad para los laguneros que requieran de una oportunidad laboral.
La Secretaría del Trabajo vincula a los empleadores con los ciudadanos que buscan un empleo formal, y así colaborar de manera efectiva en la reactivación económica y del empleo de la región.
Entre las vacantes que ofertan las empresas por medio de la Secretaría del Trabajo, se encuentran plazas laborales para personas mayores de 18 años, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad.
Los puestos que destacan son: fogonero, coordinador de calidad y normatividad, gestor de trámites, jefe de contabilidad, supervisor de nóminas, supervisor de relaciones laborales y operadores de quinta rueda.
Además de desarrollador web, jefe de mantenimiento de transporte, ingeniero en ventas, gerente de ventas, dirección de ventas inmobiliarias, contador, coordinador de calidad, coordinador de sistemas de gestión, ingeniero de proyectos, médico de planta, supervisor de producción y calidad así como encargado de seguridad.
Igualmente la opción es para especialista en desarrollo, ingeniero en presupuestos, auxiliar de almacén, técnico en servicios, comprador, venta industrial, gerente de restaurante y otras.
Las personas interesadas pueden enviar su currículum (CV) al correo seetorreon_informatica@stps.gob.mx o bien comunicarse al 871 711 1581 y 82 para mayores informes.
Ante el incumplimiento del pago de salarios y vales de despensa, el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sección 15, que representa a los empleados de Interjet, emplazó a huelga a la aerolínea para el 20 de octubre en caso de no realizar las respectivas liquidaciones.
En un comunicado que el sindicato envió a los trabajadores afectados, señaló que la semana pasada tuvieron una reunión con la empresa ante autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde exigieron una explicación por la falta de pagos que según pactaron se realizarían el pasado 7 de octubre.
“La representación sindical manifestó que es inaudito que haya tan poca seriedad en los compromisos de pago que se adquieren con sus trabajadores, aún y cuando estos son documentados en minutas levantadas ante las autoridades laborales. La empresa se disculpó por no haber podido realizar los pagos respectivos, señalando de manera informal, (ya no en un acta pues temen quedar mal de nueva cuenta) que el martes 13 de octubre es probable que sean cubiertas las dos quincenas atrasadas con la posibilidad de cubrir salarios conforme tengan dinero”.
Por ello, dijo la representación sindical, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el objetivo de darle seguimiento a este compromiso, los citó de nuevo para el 13 de octubre. “Hemos seguido dialogando con los accionistas de la empresa y ellos nos ratifican que van a poner a volar la compañía, que están realizando todas las gestiones para que puedan llegar a negociaciones satisfactorias con las autoridades, para que la inyección de dinero ingrese directamente a la operación y así generar los ingresos suficientes para cubrir todos sus adeudos.
“Ante este escenario incierto, el camino que ha optado la organización sindical es el legal; nuestros derechos se están reclamando ante la autoridad laboral por medio del emplazamiento a huelga y en el cual nos señalaron fecha de audiencia para el 16 de octubre de este año ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con fecha de estallamiento el 20 de octubre del 2020 a las 10:00 horas, previa aprobación que se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa”.
La sección 15 del sindicato que representa a los trabajadores de Interjet, exhortó a los accionistas de la aerolínea para que “apresuren las negociaciones, si nos necesitan ahí estaremos, sólo sean solidarios y hagan el esfuerzo de pagar las quincenas y vales de despensa para comer y podernos trasladar al trabajo” añadió.
Para muchos, es claro que durante las últimas décadas México estableció una política laboral basada en mantener bajos salarios para hacer más competitiva la industria y atraer inversiones. Se ofreció, además, una “paz laboral” basada en el control sindical y prácticas de simulación en la contratación colectiva. Todo para insertarnos en el mercado mundial sin reparar en los costos internos, como fue la hoy evidente precarización del empleo.
Luego vino la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 que, lejos de beneficiar a los trabajadores, los perjudicó, toda vez que se legalizaron los esquemas de tercerización (outsourcing) que, al ser utilizados en forma abusiva y sin ningún control ni vigilancia gubernamental, afectaron aún más los salarios y también la seguridad social de los trabajadores, al ser una práctica común registrarlos en el IMSS con un salario mucho menor al que perciben.
Por otro lado, desde hace muchos años, un amplio sector de trabajadores ha venido pugnando por sindicatos realmente democráticos, por rescatar la negociación colectiva auténtica y la recuperación de los salarios. Estos esfuerzos cobraron impulso, debemos reconocerlo, con la exigencia de nuestros socios comerciales (Estados Unidos y Canadá) que ven los bajos salarios y el control de los sindicatos como dumping laboral.
La llegada de la Cuarta Transformación tenía que pasar forzosamente por transformar el mundo del trabajo; lo cual posibilitó la reforma laboral de mayo de 2019, que significó el viraje más importante en las relaciones obrero-patronales y la vida sindical en los últimos cien años.
Este nuevo modelo laboral descansa en tres ejes: primero, justicia expedita e imparcial, con la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de los Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial. Segundo, la democracia sindical, con el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores para elegir dirigentes sindicales y aprobar contratos colectivos. Tercero, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), responsable del registro de sindicatos y depósitos de contratos colectivos de todo el país, así como de la conciliación a nivel federal a la que tendrán que acudir trabajadores y empleadores antes de ir a un Tribunal Laboral.
Este nuevo sistema apuesta por la conciliación como la vía por excelencia para la solución de conflictos laborales. Los convenios que se realicen tendrán el carácter de cosa juzgada, y deberán concluirse en 45 días como máximo, y sólo en caso de no conciliar, se podrá acudir ante un Tribunal, el cual, a su vez, deberá cumplir con los principios de inmediación, inmediatez y oralidad, en el que las partes deberán declarar y rendir sus pruebas frente al juez laboral, lo que reduce los tiempos y garantiza una mayor imparcialidad.
En lo que hace a las organizaciones sindicales, vamos por una democracia real porque se trata de regresar el poder de decisión a los trabajadores. Adiós a las elecciones a mano alzada, a las presiones indebidas de líderes ilegítimos o empleadores. No más contratos firmados a espaldas de los trabajadores. Además, se destierran los emplazamientos a huelga por seudosindicatos, que no son otra cosa que una vil extorsión a los empleadores, cuya práctica común es exigir la firma de un contrato colectivo, alegando falsamente que se cuenta con el respaldo de los trabajadores.
El gran reto es que todas y todos conozcan sus derechos y obligaciones y las nuevas reglas que implica este nuevo modelo de justicia laboral, que lo pongan en práctica; la ley y la Constitución son sólo los cimientos del gran edificio que tenemos que construir, y que no sólo nos toca hacer realidad a las autoridades, sino también a los trabajadores y empleadores.
Por Alfredo Domínguez Marrufo 11/10/2020 Excélsior
