La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, mantuvieron una reunión esta mañana. Foto: Especial
El encuentro tuvo como objetivo hablar sobre la situación de las 160 mineras canadienses que hay en México
Esta mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, sostuvieron una reunión para dialogar sobre la operación de las compañías mineras canadienses en México y la reforma laboral.
Hay 242 empresas con proyectos mineros en México, de las cuales 160 son de origen canadiense, es decir, dos de cada tres de las que operan en el país.
“Durante el encuentro realizado en la sede Bucareli, además fueron abordados temas relacionados con compañías mineras canadienses, la reforma laboral, y el sindicalismo”, informó la Secretaría de Gobernación en un comunicado.
Sánchez Corderotambién expuso las acciones del gobierno federal en materia de prevención, sanción y erradicación de las violencias contras las mujeres y las niñas, y el fortalecimiento del sistema de justicia.
En el encuentro participaron la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez Martínez; y la directora de Relaciones Internacionales, Cyndy Rodríguez Moctezuma; así como los ministros consejeros de la representación diplomática, Jean-Dominique Ieraci y Shauna Hemingway.
Por Paris Alejandro Salazar. El Heraldo de México 08/10/2020
Este procedimiento ayudará a hacer la depuración del proceso de transición “y a prepararnos para una nueva normalidad sindical: Esteban Martínez Mejí.
La legitimación de los contratos colectivos de trabajo que establece la reforma laboral de 2019 es la fórmula pragmática para identificar y depurar los inactivos o de protección. En México existen aproximadamente 580 mil depositados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de los que únicamente entre 10 y 15% pasarán la prueba de la legitimación, afirmó el titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Esteban Martínez Mejía.
Durante su participación en la semana de conferencias virtuales en materia laboral que organizó Index, el funcionario dijo que este procedimiento ayudará a hacer la depuración del proceso de transición “y a prepararnos para una nueva normalidad sindical, donde los organismos gremiales estén cotidianamente en comunicación con los trabajadores para recuperar una negociación colectiva auténtica, que es el corazón de las relaciones laborales”.
Invitó a los empresarios a sumarse a este trabajo y no esperar hasta el 2023, establecido como término del plazo, “lo que permitirá terminar con los sindicatos ‘fantasma’ que pululan como corsarios con bandera rojinegra, extorsionando al que se deje”.
Martínez Mejía también destacó que en el proceso de legitimación, los trabajadores deberán avalar su contrato colectivo mediante el voto personal, libre, directo y secreto.
Esto permite también que varias organizaciones sindicales, por la vía del auto cumplimiento, apliquen los nuevos mecanismos democráticos a los que se deberán ceñir en la nueva normalidad laboral.
La primera etapa del nuevo sistema de justicia laboral arrancará el 18 de noviembre en ocho entidades federativas, con el cierre de las juntas locales y la apertura de los centros de conciliación local y tribunales laborales, aseguró Luisa Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo.
En conferencia con miembros de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, aseguró que en esa fecha inicia operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que estará dirigido por Alfredo Domínguez Marrufo.
«El 18 de noviembre inicia el modelo laboral en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas en lo local y federal. En el estado de Hidalgo a nivel federal.
«El 18 de noviembre veremos que abren las puertas los centros de conciliación local, que abren las puertas los tribunales federales laborales y que abra las puertas el Centro de Conciliación Federal con sus sedes en estas entidades federativas», comentó la funcionaria.
A partir de esta fecha, en los estados mencionados, se tendrán que llevar nuevos registros de sindicatos al Centro Federal, no se puede firmar un contrato colectivo si no se comprueba antes que hay una legitimación por parte de los sindicatos. Cualquier conflicto entre trabajadores y patrones deberá pasar primero a conciliación y luego a tribunales.
Anticipó que la segunda etapa de implementación será para 13 entidades federativas, el 1 de octubre del 2021, y una última fase será para el 1 de mayo del 2022 en el resto de los estados.
Luisa Alcalde dijo que un pendiente importante es el cambio de estatutos de los sindicatos que tienen registro local. Este procedimiento es para que los sindicatos reconozcan el derecho de los trabajadores para emitir un voto personal, libre y secreto. Además de rendición de cuentas y equidad de género.
Más de 300 personas participaron por medio de la plataforma Zoom, se analizaron los retos y las perspectivas ente la Reforma Laboral.
Guanajuato, Gto. Con el objetivo de informar sobre las nuevas prácticas que se deben de adoptar por las Asociaciones Sindicales con base en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, se realizó el “Foro Sindical 2020”, en la modalidad virtual.
La primer actividad consistió en una ponencia magistral por parte del maestro Gilberto Chávez Orozco, director General del Instituto en Posgrados en Derecho, quien abordó el tema “La Reforma Laboral y los retos para el Sindicalismo”.
Posteriormente se realizó el panel “Perspectivas de la Reforma Laboral y su aplicación en los Sindicatos”, el cual contó con las visiones del sector obrero, con la participación Ricardo Espinoza López de la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT); del sector empresarial estuvo Afredo Arzola del clúster automotriz de Guanajuato; por parte de la academia, Antonio Ramírez Vallejo, director del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato; y como autoridad laboral estatal, participó el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Marco Antonio Rodríguez Vázquez.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, destacó la paz laboral que se presenta en la entidad, lo que ha permitido a las empresas un crecimiento sostenido, además de la llegada de otras nuevas al ver las oportunidades de desarrollo.
“En Guanajuato sí trabajamos unidos como sector, buscando el crecimiento integral de las empresas y sus trabajadores”, dijo.
Participaron 300 personas a través de la plataforma Zoom, entre asociaciones sindicales, trabajadores, empresas, cámaras empresariales, estudiantes y público en general.
Este tipo de foros sirven como un espacio en donde expertos del sector laboral, comparten información de relevancia y de actualidad, con los factores de la producción, es decir, con empresarios, trabajadores y sus sindicatos.
Además, este tipo de encuentros acercan conocimientos a los participantes, pero también unen al sector laboral a efecto de compartir experiencias y fortalecer los canales de comunicación entre ellos.
La regulación de la subcontratación quedó congelada en el Congreso de la Unión el periodo ordinario de sesiones pasado, y a pesar de que hay diversas reformas propuestas en la materia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) definió este martes los elementos a considerar en un proyecto para actualizar esta figura laboral en la ley.
Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, aseguró que la dependencia ha trabajado en el combate a la subcontratación abusiva desde primer día de la administración para asegurar un estado de bienestar sólido y duradero para los trabajadores.
En ese sentido, durante su participación en la mesa de diálogo Reforma Laboral en materia de subcontratación, convocada por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), el funcionario resaltó que la regulación del outsourcing debe avanzar sobre 5 pilares:
Registro nacional de contratistas y contratantes, que permita transparentar normas para saber “quién es quién” en la industria.
Fortalecimiento de la figura de las inspecciones. Combatir la práctica de “negativa patronal” en la inspección. Actualmente, explicó el funcionario, algunas empresas de subcontratación ilegal no permiten entrar al inspector y prefieren pagar una multa.
Subcontratación acotada. No podrá abarcar la totalidad de las actividades en una empresa.
Especialización. Deberá justificarse por el carácter especializado de las tareas a contratar.
Transparencia en contrataciones. No podrá subcontratarse personal para tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
Los últimos tres puntos serían parte de cambios al artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo. Además, expuso el funcionario federal, se buscará mejorar la redacción de la legislación para aclarar los casos considerados como “fuera de la normalidad”.
El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS afirmó que la subcontratación ilegal es un delito a gran escala que afecta, en primera instancia, el presente de los trabajadores y sus salarios, pero también tiene un impacto negativo en los recursos que llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en los mismos empresarios de outsourcing que sí cumplen con la ley.
AMLO: Listo el proyecto de reforma
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que el gobierno ya cuenta con una propuesta para regular la subcontratación y proteger a los trabajadores.
“Hay una propuesta, un poco lo que hicimos con las Afores, sin extremismos, pero proteger a los trabajadores y corregir esos vicios de formaciones que se fueron creando. Ya hay una iniciativa de ley para ese propósito porque son muchos los abusos”, afirmó López Obrador durante su conferencia matutina.
En esa misma línea, el mandatario explicó que algunas empresas de subcontratación llegan a tener hasta 10,000 trabajadores y de pronto les dan de baja a todos, sin considerar ninguna indemnización.
“Vamos a poner orden en eso. Claro, no queremos que el empresario esté ocupado todo el tiempo en la administración, pueden tener alguien que les ayude en la administración, pero que no se abuse de este mecanismo, tenemos que buscar un justo medio, pero sí vamos a ayudar a los trabajadores en este caso. Es más, hasta el gobierno contrataba de esta manera, entonces todavía tenemos que resolver”, comentó el mandatario.
El año pasado, la STPS, el IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Procuraduría Fiscal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) crearon un equipo interinstitucional que ha facilitado el intercambio de bases de datos de las dependencias para identificar irregularidades en el ámbito laboral. Este trabajo coordinado le ha permitido a las autoridades detectar casos en los que la subcontratación se ha usado de manera ilegal.
Maestros y trabajadores de diferentes universidades del estado se manifestaron en el Congreso estatal. Aseguran que la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Noemí Zitle Rivas, no ha atendido esta iniciativa que los beneficia.
Alrededor de 150 profesores de diez instituciones educación superior se manifestaron en el Congreso del estado en contra de la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Noemí Zitle Rivas, a quien exigieron la liberación del convenio para que se les otorgue seguridad social.
Señalaron que el pasado 16 de julio se entregó al Congreso la iniciativa del gobernador, Omar Fayad Meneses, en la cual solicita la autorización para constituirse como garante de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal ante el Instituto Mexicano del Seguro Socialpara la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de sus trabajadores conforme a la Ley de Seguridad Social, “requisito indispensable para poder formalizar con el IMSS el aseguramiento que por ley nos corresponde”.
Indicaron que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual preside la diputada local de Morena, Noemí Zitle Rivas, sin embargo acusaron que al día de hoy la legisladora no ha convocado a la Comisión para analizarla y dictaminarla.
“La iniciativa tiene como propósito hacer justicia a todas y a todos aquellos trabajadores al servicio de la educación que día con día ofrendan tiempo, esfuerzos y vida en la labor de educar a las y los jóvenes del estado”, dijeron.
Los inconformes pertenecen a la Universidad Tecnológica de la Zona del Valle de México, el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, el Colegio del Estado de Hidalgo, la Universidad Politécnica de Huejutla, la Universidad Politécnica de la Energía, la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma y la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, quienes afirmaron que representan a mil 200 trabajadores de la educación superior.
Recordaron que el pasado 29 de septiembre acudieron al Congreso del estado para conocer las causas en el retraso del análisis de la iniciativa al interior de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sin embargo afirmaron que no tuvieron respuesta por parte de Zitle Rivas además de acudir en una segunda ocasión a la legislatura, ya en octubre, sin ser atendidos por la diputada.
“La diputada se ha negado a atenderlos, es por lo anterior que su conducta de omisión denota negligencia y desinterés de nuestra demanda justa, su comportamiento inexplicable lastima y agravia nuestra dignidad”, agregaron.
Pidieron a Noemí Zitle que no limite el derecho humano universal de contar con seguridad social, “a caso los tiempos de pandemia que vivimos no la obligan a ser empática y sensible ante nuestras demandas hechas de su conocimiento hace ya casi tres meses”.
Finalmente, los profesores exigieron a la presidenta de la Comisión de Hacienda convoque inmediatamente a una sesión para estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo.
Tras la manifestación, una representación de los inconformes fue recibida por los integrantes de la Comisión de Hacienda al interior del Congreso para atender sus demandas.
El Seguro Social debe pagar incapacidades a los trabajadores contagiados y no considerarlo como riesgo de trabajo, porque los contagios se dan en las comunidades y no en los centros laborales, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang.
Durante la Semana de Conferencias virtuales en materia laboral Index, el líder de los maquiladores explicó que deben de otorgarse también permisos por Covid-19 para los trabajadores vulnerables por los que se den los beneficios de la incapacidad.
Por lo que afirmó: “Que no se consideren los casos de coronavirus como riesgos de trabajo porque aumentaría la prima de seguro y pago de cuotas patronal para las empresas”.
“Segundo, que el IMSS brinde incapacidades a los trabajadores contagiados por Covid-19 porque la cadena de contagios se propicia en su comunidad social y no en los centros de trabajo, donde estamos cumpliendo puntual y cabalmente con los protocolos sociales”, expuso Aguirre Lang.
Agregó que los trabajadores que son vulnerables deben de permanecer en un “resguardo domiciliario” con el respaldo del Seguro Social, es decir, con incapacidades laborales “al tiempo que las empresas sigan pagando seguridad social y los salarios; de la salud empresarial depende mantener a los empleados con trabajo”.
Dijo que la revaloración del comercio exterior en México debe considerar esas tres prioridades anteriores “que implican tres de cal por las que van de arena”.
El presidente del Consejo consideró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre nuevas oportunidades y es momento de facilitar la integración productiva, el crecimiento de empresas a través de los esquemas globales de producción y cadenas productivas de valor
El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Guillermo Zozaya, explicó que cumplir con la regulación del T-MEC y las leyes laborales es fundamental para este sector.
Expuso que la situación actual es “preocupante porque la crisis sanitaria está acompañada de una crisis económica y esto pega a la industria automotriz”, en donde se registran caídas de ventas de más de 20%.
Por su parte, el representante de la Organización Internacional del Trabajo, Pedro Américo Furtado de Oliveira, dijo que México está ante una oportunidad dorada de responder a la reforma laboral, cumplirla y apegarse a los cambios.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se alista una iniciativa contra la contratación por outsourcing, al que consideró un vicio y un «fruto podrido» del periodo neoliberal, con el fin de proteger a los trabajadores.
Por: Reforma 06/10/2020
«Pues sí, esa modalidad de contratación, también es fruto podrido del periodo neoliberal, aprovechamos el viaje, la ocasión, para aclarar que eso surgió en el periodo neoliberal; iba a ver una iniciativa de ley para hacer una reforma, vamos a tratar de enderezar el entuerto, en todo lo que podamos», afirmó en conferencia.
«Hay una propuesta, un poco lo que hicimos con las Afores, sin extremismo, pero proteger a los trabajadores y corregir esos vicios, deformaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal».
El Mandatario federal consideró que la iniciativa es para poner orden ante las injusticias contra los trabajadores y que no se abuse de este mecanismo de contratación.
«Ya hay una iniciativa de ley para ese propósito, porque son muchos los abusos, hay estas oficinas de contratación que pueden tener hasta 10 mil trabajadores y de repente los dan de baja y no les consideran ninguna prestación, muchas injusticias que se cometen, entonces vamos a poner también orden en eso.
«No queremos que el empresario esté todo el tiempo ocupado en la administración, pueden tener alguien que les ayude en la administración, pero, que no se abuse de este mecanismo, entonces tenemos que buscar un justo medio, pero sí vamos a ayudar a los trabajadores en este caso», agregó.///Reforma
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que su gobierno acatará la resolución judicial del conflicto entre el sindicato minero y el Grupo México, cuyo propietario, Germán Larrea, señaló, tuvo influencias en administraciones anteriores.
“Quiero recordar que este fue un diferendo, una disputa que se origina hace como 15 años, aproximadamente. Básicamente es una diferencia entre la dirección del sindicato y las empresas mineras; para ponerle nombre y apellido, diferencias, falta de entendimiento, entre Germán Larrea y Napoleón Gómez Urrutia. En ese entonces tenía más agarraderas, más influencias, Germán Larrea. Los empresarios de la minería llegaron a tener hasta una subsecretaría, en la Secretaría del Trabajo”, dijo.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, a pregunta expresa, destacó que el conflicto está aun en tribunales, en un proceso abierto.
«Todavía, al parecer, esa es la información que yo tengo, me lo acaban también de plantear en Sonora, todavía está sin resolverse en definitiva este asunto. Entonces, si hay un mandato judicial para que se actúe, lo vamos a hacer», dijo.
Explicó que al inicio de ese conflicto “le ganaron a Napoleón”, quién debió exiliarse en Canadá.»Esa es la historia».
Ante ello, el mandatario subrayó que así no deben solucionarse las diferencias sino a partir de lo que determine el Poder Judicial, cuyas resoluciones aun no son definitivas, anotó.
“Tenemos que esperar a que haya un laudo, que la autoridad dé su laudo. Vemos, pero todavía al parecer, esa es la información que yo tengo, todavía está sin resolverse en definitiva este asunto”, dijo el presidente, sobre diversos temas tratados en su reciente visita a Sonora y Chihuahua.
Recordó que desde tiempo de campaña electoral, un grupo de trabajadores se le acercaron para plantearle que era una injusticia el exilio en que vivía su dirigente. Por ese entonces, dijo, fui a Londres invitado por el líder del partido laborista, y ahí también le pidieron los obreros atendiera el caso del sindicato minero.
Con todos esos elementos, «dijimos, a ver, garanticemos que regrese Napoleón, no queremos que nadie se vaya al exilio, no se deben dirimir así las diferencias y menos el gobierno se inclina a una de las partes», debe haber imparcialidad.
Señaló, sin embargo, que las cosas se han ido arreglando, ha habido conciliación; confió en que logre un arreglo pleno, completo, que haya armonía y se resuelva el problema a los trabajadores.
«Entonces, si no hay entendimiento, conciliación, un acuerdo, lo que establezcan en este caso los jueces, el Poder Judicial, y nosotros nos vamos a ajustar a eso porque tenemos que actuar de esa manera», anotó.
Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno en la STPS, dijo que la subcontratación abusiva complica la construcción de un estado de bienestar sólido y duradero, por lo que la postura de la dependencia desde el día uno es combatirla.
Mientras las empresas consideran que hay incertidumbre jurídica, desde hace ocho años, en la legislación en materia de subcontratación; las autoridades laborales aseguran que estaba regulada de una forma muy razonable, pero “en una absoluta inacción del Estado y su aplicación”.
En el marco de la mesa de diálogo “Reforma Laboral en materia de subcontratación”, en la Semana de Conferencias Virtuales en materia laboral, organizada por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Salvador Roberto Maese Barraza, integrante del Comité Laboral y director de Recursos Humanos para Latinoamérica en Newell Brands, afirmó que “en la práctica, la falta de precisión en la legislación en vigor en materia de subcontratación desde el año 2012, en específico la definición de trabajo bajo el régimen de subcontratación, ha propiciado incertidumbre jurídica a las empresas por 8 años”.
No obstante, en su participación Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), afirmó que “lo primero es que no hacía falta una reforma enorme a la Ley Federal del Trabajo, es decir, partimos de la base de que la subcontratación estaba regulada de una forma muy razonable lo que encontramos es una absoluta inacción del Estado y su aplicación”.
Añadió que la subcontratación abusiva complica la construcción de un estado de bienestar sólido y duradero, por lo que la postura de la dependencia desde el día uno es combatirla. En ese sentido destacó tres puntos esenciales para acotar su avance:
Uno, la necesidad de un registro nacional de contratistas y de contratadores en subcontratación para transparentar una serie de normas, de quién es quién en esta industria.
Dos, regular una figura muy nociva para la inspección, “la negativa patronal”, porque hoy en día muchas de las empresas de subcontratación ilegal simplemente no dejan entrar al inspector y prefieren pagar la multa de no dejarlo ingresar a las instalaciones.
Tres, la puntualización del artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo.
