La secretaria del Trabajo y Previsión Social lo admite: aún no es posible saber el tamaño del outsourcing en la administración pública federal. «Es un mundo todavía con mucha oscuridad y opacidad», dice a Proceso.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, lo admite: aún no es posible saber el tamaño del outsourcing en la administración pública federal; es temprano para realizar un diagnóstico sobre cuántas empresas dedicadas a la subcontratación de servicios y obras especializadas se inscribirán al padrón público que llevará la dependencia a su cargo.
En la antesala de la aprobación final de la iniciativa presidencial que busca regular la subcontratación en el Senado, Alcalde Luján dice a Proceso:
“Es difícil saberlo. La subcontratación es un mundo todavía con mucha oscuridad y opacidad… Por primera vez se va a tener un registro de las empresas que provean servicios y obras especializadas; no tenemos certeza de cuántas empresas podrán registrarse, imagino que será una cifra grande.”
Sobre la cantidad de trabajadores que laboran bajo algún esquema de contratación en el gobierno federal, la exlegisladora expone: “Hemos avanzado. Cada dependencia está haciendo un diagnóstico de cuánta subcontratación está utilizando y así tener un plan para regularizarse, pero aún no tenemos un diagnóstico claro. Es un trabajo iniciado hace unos meses”.
–Al gobierno le va a costar tener bajo su nómina a los trabajadores que hasta ahora están bajo ese formato de contratación –se le cuestiona.
–No necesariamente. Porque las grandes ganadoras eran las intermediarias; ellas se llevaban enormes recursos para evadir; es decir, era el costo de quitarte la responsabilidad laboral e incluso de tener esquemas fiscales que permitieran no pagar la cantidad de impuestos que se debe pagar.
Quizás un poco, matiza, por el tema del subregistro ante los institutos de seguridad social, “pero quitas a un intermediario que se está llevando una parte, de lo que resulta ser el salario”.
Maestra en derecho por la Universidad de Berkeley, Alcalde asegura que no restará competitividad a las empresas al eliminar también el llamado insourcing, el cual se refiere a empresas creadas por una compañía más grande para encargarse de la nómina.
Cifras alarmantes
Según el reporte elaborado por el Departamento de Estadística, Matemática y Cómputo de la Universidad Autónoma de Chapingo, publicado en diciembre de 2020, el monto de evasión estimado por el ISR del régimen de sueldos y salarios, correspondiente a patrones con trabajadores vinculantes, para el ejercicio fiscal 2017 fue de 17 mil 680 millones de pesos; para 2018 se elevó a 20 mil 267 millones y en 2019 se estimaron 22 mil 17 millones de pesos.
En estos montos de evasión se involucra un creciente número de patrones que pasó de 19 mil 594 en 2017 a 23 mil 528 en 2019.
“En realidad es un fenómeno que se presenta principalmente en grandes empresas, un poco en medianas, pero la mayoría están en grandes empresas. Hasta ahora no hemos conocido ni un solo caso de micro o pequeñas empresas que tengan este tipo de mecanismos, porque son mecanismos complejos. Se contratan despachos, se hace toda una ingeniería fiscal y laboral precisamente que permita eludir responsabilidades”, señala Alcalde.
La encargada de la política laboral del país menciona que los sectores donde se dan con mayor frecuencia estos esquemas incluyen a los grandes hoteles, bancos, tiendas departamentales y de autoservicio, así como en los relacionados con las actividades terciarias de la economía.
La semana pasada ManpowerGroup estimó que de los 4.6 millones de trabajadores subcontratados, sólo 1.3 millones podrán ser contratados de base, 2.7 millones no tendrán seguridad social y casi medio millón de empleos se perdería. Sin embargo, Alcalde ataja: “No, de ninguna manera. De entrada, no consideramos de ninguna manera que se vayan a perder empleos. Al contrario, se están regularizando figuras que habían venido pulverizando al mercado laboral y evadiendo responsabilidades frente a los trabajadores”.
En sentido contrario a las proyecciones de la trasnacional, la excoordinadora nacional de jóvenes de Morena presume que desde noviembre 300 mil trabajadores se han regularizado en el IMSS y lo han hecho con un salario entre 15% y 35% superior al que venían cotizando.
–¿Los grandes sindicatos serán los nuevos outsourceros, se verán beneficiados con la reforma? –se le pregunta a la funcionaria federal.
–No vemos en dónde cabe que sean los sindicatos los que se conviertan en esta función. Si es una función que independientemente de quien la realice, estará prohibida en la ley no sólo laboral, sino también en las leyes fiscales, de ser aprobada la reforma.
–Se dice también que con la eliminación del insourcing se restará competitividad a algunas empresas relacionadas con el exterior.
–No se puede argumentar que va a quitar competitividad, porque ahora van a tener que repartir utilidades. El reparto de utilidades es un derecho constitucional y está plasmado en la Ley Federal del Trabajo. Entonces este derecho nunca se debió haber negado… ¿Qué sucederá? Que esas utilidades las van a tener que repartir entre los trabajadores que antes no estaban reconocidos.
Por: Juan Carlos Cruz Vargas 20/04/2021
