Cambios en la justicia laboral a partir de mayo

A partir del 1 de mayo próximo funcionarán en Yucatán dos sistemas de justicia laboral: las juntas de conciliación, que ya no recibirán quejas laborales, solo resolverán las que tengan pendientes, y el nuevo Centro de Conciliación, a donde deberán acudir los trabajadores por problemas con sus patrones y los sindicatos, informó ayer Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal de Justicia del Estado.

El magistrado precisó que aunque el nuevo sistema de justicia laboral que se inicia en mayo consta de un Centro de Conciliación y un Tribunal Laboral, y que ambos se instalarán el mismo día, el último empezaría a operar al menos 45 días después, por ser el plazo para que el primero le turne los casos que se le presenten y no puedan lograr su conciliación.

Entrevistado en sus oficinas del Poder Judicial, el presidente del Tribunal recordó que en diciembre el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo, Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas del Poder Ejecutivo, para hacerlas acordes a la últimas reformas laborales federales, en las cuales se divide la justicia laboral entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Reforma

El presidente del tribunal informó que la aplicación de las reformas laborales son coordinadas desde Ciudad de México por la Secretaría del Trabajo, la cual dividió a los estados del país en tres grupos para su aplicación, y Yucatán se encuentra en el tercero y último para que entre en vigor el nuevo sistema el domingo 1 de mayo.— David Domínguez Massa

El presidente del Tribunal Superior recordó que en diciembre el Congreso aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo, Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas del Poder Ejecutivo para hacerlas acordes a la últimas reformas laborales federales, en las cuales se divide la justicia laboral entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Por: David Domínguez

Fuente: https://www.yucatan.com.mx/merida/gobierno/cambios-en-la-justicia-laboral-a-partir-de-mayo

Se cumplieron ocho días de paro laboral

Jubilados y homologados ya comenzaron a manifestarse para exigir el bono y aguinaldo, respectivamente

Se cumplieron, ayer, ocho días de paro laboral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 15 de Hidalgo, y comenzaron las manifestaciones de jubilados y homologados, en algunos centros de trabajo, así como en el monumento al Maestro, en Pachuca.

La consigna, en todos los casos, fue la misma: El pago de bono de fin de año a jubilados y aguinaldo a homologados.

En el primero de los casos, el SNTE acusó que se adeudan seis mil 500 pesos a cada uno de los 15 mil 791 jubilados; y en el segundo, el aguinaldo a dos mil 820 a trabajadores homologados, de educación media superior y algunos de superior.

La suma es de aproximadamente 196 millones de pesos, recursos que, afirmó el sindicato, debieron cubrirse desde diciembre pasado.

En promedio, cien millones para jubilados y 96 millones para homologados.

Ayer, desde primeras horas del día, ambos se comenzaron a manifestar, en varias regiones del estado, como Pachuca y Tizayuca, por citar algunos.

Debidamente organizados, el protocolo y las mantas casi fueron los mismos, por parte de las delegaciones y representantes sindicales.

Textualmente decían: “Merecemos ser tratados con respeto”, “Desde las aulas hemos contribuido al desarrollo del estado”, “Fuimos formadores de generaciones”, “Exigimos pago inmediato” y “Ni un paso atrás”, entre otras leyendas

Asimismo, en una lona que fue exhibida en varios sitios, se leyó: “El Gobierno de Estado falló en su responsabilidad de proveer los recursos para el pago del Bono a Jubilados y Aguinaldo a Homologados…”

Asimismo, subrayaron: “¡No más excusas! Exigimos su pago inmediato”.

Al respecto, el secretario general de la Sección 15 del SNTE, Luis Enrique Morales Acosta, respondió: “Ni llamadas, ni reuniones, ni acercamientos, ni nada. Hasta parece que no hay interés para resolver el problema”.

Ya comienza la desesperación de los compañeros, dijo, porque el recurso es indispensable para cubrir necesidades de primer nivel.

“En el caso de los jubilados, hasta medicamento tienen que comprar, porque muchas veces no cuenta el ISSSTE con él”, mencionó.

“Y en el caso de los homologados, son trabajadores que ya tienen organizados sus gastos, y actualmente hasta adeudan dinero porque no han recibido el pago de aguinaldo”, agregó.

En Hidalgo, suman aproximadamente 44 mil trabajadores de la educación que están en paro laboral, virtual y presencial, desde el pasado lunes, 3 de enero.

Laboran en poco más de siete mil escuelas de los niveles básico, medio superior y algunas de nivel superior.

Un promedio de 700 mil alumnos no tiene clases, ni virtuales ni presenciales.

Fuente: https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/se-cumplieron-ocho-dias-de-paro-laboral-7713704.html

Flexiseguridad, el gran desafío para regular el trabajo en plataformas digitales

Un estudio de la Fundación Friedrich Ebert en México recupera este concepto, que cada vez es más utilizado en las nuevas formas de empleo. Bien implementada, podría garantizar la libertad e independencia que muchas personas buscan en el trabajo por aplicación sin comprometer sus derechos laborales.

La reforma laboral en las plataformas digitales debe crear “un esquema de contratación flexible” para quienes se conectan pocas horas a la semana, propone el investigador Rodrigo García Reséndiz. En su estudio Plataformas millonarias y empleos precarios: Las empresas de redes de transporte en México, presenta una serie de recomendaciones para una legislación al respecto.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en México más de 500,000 personas trabajan como repartidores o conductores a través de las empresas por aplicación y no tods lo hacen de tiempo completo, muchas las utilizan para completar sus ingresos. Según la investigación de García Reséndiz, para una tercera parte de los conductores y las conductoras de Uber en México lo que ganan ahí es su principal fuente de ingresos y la mitad tiene otro empleo.

En el Senado se han presentado cuatro iniciativas para reconocer y garantizar losderechos laborales de las personas trabajadoras ocupadas en las plataformas digitales. La primera fue de Joel Padilla (PT) en 2019; Juan Manuel Fócil (PRD) y Xóchitl Gálvez (PAN) presentaron otras dos en 2020. La más reciente fue de la senadora Lilia Valdez (Morena) en octubre 2021. En la Cámara de Diputados lo hizo Isaías González Cuevas (PRI) en marzo de 2021. Sin embargo, ninguna ha avanzado.

Esas propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) hablan de salarios, prestaciones, vacaciones, aguinaldo, seguridad social, derecho a la organización y protección e indemnización por despido injustificado.

El gobierno federal no se ha quedado al margen de esta situación. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, ha señalado en varios espacios que la dependencia analiza la manera en la que el empleo en la economía gig pueda ser regulado y protegido.

En tanto eso se logra, el año pasado el IMSS firmó un convenio con Beat, DiDi, Rappi y Uber “para difundir y promover” la inscripción voluntaria de choferes y repartidores en el programa piloto para personas trabajadoras independientes.

Pero para el académico, la reforma a la LFT no sólo debe incluir la seguridad social, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, antigüedad, indemnización por despido injustificado, reparto de utilidades y horas extras, “el patrón deberá cumplir con las obligaciones que surjan con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)”. Y algo importante que todas las iniciativas han dejado fuera es la “flexiseguridad”, apunta en el documento publicado por la Fundación Friedrich Ebert en México.

Flexibilidad e independencia reales

El término “flexiseguridad” fue utilizado por primera vez en 1999 en los Países Bajos, al aprobar una ley para ofrecer “perspectivas de empleo permanente al cabo de dos años de contratación temporal a los trabajadores cedidos por agencias de empleo temporal”, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Sin embargo, el sentido se ha ampliado hasta abarcar, de forma más general, todos los mecanismos del mercado de trabajo que ofrecen seguridad en el empleo a cambio de unas relaciones de empleo más flexibles”.

De acuerdo con el banco BBVA, la flexiseguridad es una estrategia para lograr mayor flexibilidad que beneficie a las empresas y a las personas trabajadoras, “incrementando la probabilidad de encontrar un empleo estable, asegurando una adecuada protección social para los trabajadores en una situación de transición”.

La reforma en México para reconocer los derechos laborales de quienes se emplean en la economía gig podría incorporar este concepto, apunta García Reséndiz en su reporte. “Que combine los derechos otorgados por la LFT y, asimismo, permita a miles de conductores de Empresas de Redes de Transporte en México (ERT) que actualmente se conectan a la aplicación pocas horas a la semana seguir haciéndolo pero con principios de seguridad con flexibilidad”.

Un nuevo modelo de protección laboral “podría ser deseable, tomando en cuenta que existe un porcentaje considerable de conductores que trabajan menos de 10 horas a la semana en búsqueda de un ingreso suplementario”.

Sin embargo, esa adaptabilidad a las formas no tradicionales de empleo “debe de ser analizada e implementada con reservas”. El esquema que se acuerde no debe poner en riesgo los derechos laborales, tiene que anteponer a las personas trabajadoras “y no a las compañías”. Una forma de implementar la flexiseguridad es que las conductoras y los conductores paguen su parte correspondiente de las cuotas de seguridad social en vez de pagar IVA o ISR, propone.

Bien implementada, la flexiseguridad “podría suscitar que finalmente los conductores cosechen los beneficios de la libertad e independencia que tanto prometieron las ERTs pero que, desafortunadamente para cientos de miles de conductores, nunca llegaron”.

El investigador también destaca que el reconocimiento de las personas como trabajadoras digitales menguaría la atomización que les impide sindicalizarse “para lograr mejores condiciones laborales colectivamente sin temor a represalias, como la desconexión de la plataforma”. Finalmente, indica que es necesario “incrementar los controles de contratación y seguridad entre los conductores en beneficio de los usuarios”.

Por: Blanca Juárez

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Flexiseguridad-el-gran-desafio-para-regular-el-trabajo-en-plataformas-digitales-20220110-0073.html

AMLO nombra a Laura Fernanda Campaña como nueva titular de Fonacot

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Laura Fernanda Campaña Cerezo, como directora General del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).

Así lo dio a conocer la dependencia en un comunicado, en el que señaló que el nombramiento fue hecho a propuesta de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, quien es la presidenta del Consejo Directivo del instituto.

En el acto de entrega del cargo, Alcalde aseguró que Campaña es “una mujer con visión y liderazgo suficiente para llevar a buen puerto al instituto”.

De acuerdo con la ficha distribuida por Fonacot, Laura Fernanda Campaña Cerezo es contadora pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con un diplomado en Banca de Crédito por la misma casa de estudios y un curso de Especialización en Finanzas Internacionales por el IMERVAL.

Además, colaboró también en Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero durante 10 años, en los cuales se desempeñó en diversas áreas tanto técnicas como operativas; su último cargo fue como titular de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos.

También trabajó en el Banco Nacional de Crédito Rural, en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Tras asumir el cargo, Campaña manifestó su compromiso de “redoblar esfuerzos en beneficio de las personas trabajadoras que requieren un financiamiento y que buscan en instituciones como el organismo a su cargo un respaldo económico que no les signifique un sobreendeudamiento que difícilmente puedan solventar”.

La nueva directora hizo un llamado a las colaboradoras y colaboradores del Fonacot, “a seguir demostrando su compromiso con esta institución y a trabajar en equipo para cumplir con el objetivo social de ofrecer créditos de fácil acceso”. Hizo un reconocimiento a los trabajadores de la institución, por mantener el servicio pese a la contingencia sanitaria.

Fuente: https://aristeguinoticias.com/1101/mexico/amlo-nombra-a-laura-fernanda-campana-como-nueva-titular-de-fonacot/

Costará 260 millones de pesos que el Tribunal de Justicia implemente la reforma laboral

HERMOSILLO, SON.- Un presupuesto de 260 millones de pesos es el que requerirá el Supremo Tribunal de Justicia para la implementación de la nueva Reforma Laboral, afirmó Rafael Acuña Griego, presidente del Poder Judicial.

Manifestó que al principio se espera que los gastos sean más altos porque se tienen que construir edificios adquirir tecnología, después va a ser menor.

“Ya se tiene dividido la zona donde se van a poner juzgados aquí en Hermosillo va a haber 6, dos en Ciudad Obregón, 1 en Navojoa, 1 en Nogales otro en Guaymas, otro en San Luis Río Colorado y uno mas en Puerto Peñasco serían 7 con 13 jueces”, externó.

Indicó que en febrero se hará una convocatoria para hacer un concurso y escoger a los jueces, a los secretarios y a los actuarios. Acuña Griego, expuso que, sin embargo, no se sabe exactamente qué es lo que se va a hacer debido a que no saben cuánto de los recursos que requieren les va a llegar por parte de la Federación.

“Cuando se tenga claramente definido con cuanto se va a contar tanto por parte del gobierno federal como del estado entonces ya se podrá tener más preciso que es lo que se va a hacer”, apuntó.

Externó que a lo mejor no se hacen tantos juzgados, se suprimen uno o dos, todo dependiendo de los recursos.

Finalmente señaló que la Confederación Nacional de Tribunales está solicitando que se prorrogue un mes o dos la ejecución de esta Ley, posiblemente hasta hasta en agosto, debido a que todo está muy apresurado actualmente con la aplicación programada para el 1 de mayo.

Por: Lorena Martínez

Fuente: https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/379588-costara-260-millones-de-pesos-que-el-tribunal-de-justicia-implemente-la-reforma-laboral.html

 

Del trabajo en plataformas a relevo sindical petrolero, retos del año para la STPS

Este mes la dependencia deberá dar seguimiento a la elección del nuevo líder del sindicato de Pemex, que tendrá como novedad la implementación del voto electrónico, y en el año alista avances en la regulación del trabajo en plataformas digitales y en el sector agrícola de exportación, afirma su titular, Luisa María Alcalde.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), afirma que hay importantes retos en la política laboral en este año, en donde no sólo se trata de mantener al programa más importante de la administración con el mayor número de jóvenes capacitados, sino de avanzar en la regulación de las nuevas formas de trabajo, como es el caso de las plataformas digitales, así como la regularización de los trabajadores agrícolas de exportación e impulsar la democracia sindical en organizaciones como la de los petroleros con la participación de más 90,000 trabajadores.

En entrevista con El Economista la titular del trabajo detalló que este mes de enero para el gobierno federal será todo un reto dar seguimiento a la elección sindical de mayor trascendencia, “tendremos una elección histórica, el 31 de enero se llevará a cabo la elección sindical de secretario o secretaria del sindicato de Petróleos Mexicanos, lo que además da pie a ser un ejemplo en materia de libertad y democracia sindical, además de la integración del voto electrónico”.

De acuerdo con el proceso de elección que presentó Alcalde Luján, el cual se viene desarrollando en cinco etapas, contará con un sistema de voto electrónico en la plataforma llamada Sirvolab, además contará con la participarán 400 servidores públicos de la STPS y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Cabe señalar que los petroleros contarán con un sólo día para llevar a cabo la jornada electoral, (31 de enero 2022); el conteo electrónico se llevará a cabo a partir del término del horario establecido para la votación. Una vez finalizado el proceso de conteo, se elabora el acta correspondiente para documentar el resultado de la elección, el cual será validado por los miembros del comité electoral y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Éste podrá ser publicado una vez concluido el proceso.

Implementación final de la reforma laboral

Cómo segundo tema prioritario, Luisa María Alcalde destacó que se llevará a cabo la tercera y última etapa de implementación de la reforma laboral, corresponde entonces “a las entidades que resultan más difíciles, dado que son las más grandes y son las que tienen mayor actividad económica y por ende mayor conflictividad, destacan tres: la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, de tal manera que será un reto importantísimo”.

En ese sentido, sostuvo que en el 2022 entrará de lleno la aplicación del nuevo modelo laboral que “constituye una responsabilidad del Estado Mexicano en su conjunto, por ello la importancia del trabajo coordinado, para saldar la deuda histórica con los trabajadores y empleadores a fin de concretar a nivel nacional, un cambio de fondo en el mundo del trabajo”.

Los estados en los que comenzarán operaciones los centros de conciliación local y federal, así como los tribunales laborales federales y locales son: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Esta última etapa tendrá que realizarse en el mes de mayo de 2022.

Nuevas formas de trabajo, a debate

Además de los temas expuestos, la secretaria de Trabajo explicó que hay nuevas formas de trabajo en las que se tienen que poner especial atención y entrar de lleno a su discusión.

“Hay dos temas adicionales que se suman a los retos de este 2022. Se trata de la discusión sobre plataformas digitales, y la segunda es la regularización de trabajadores en los sectores agrícolas de exportación”, destacó el Alcalde Luján, pues se pretende no incurrir en faltas dentro del T-MEC que puedan impactar las exportaciones.

Respecto al trabajo por plataformas, vale la pena resaltar que ya existen iniciativas tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, en donde se pretende reconocer a conductores y repartidores como asalariados, ello con el fin de garantizar sus derechos laborales tales como vacaciones, aguinaldo, seguridad social, indemnización por despido injustificado o incapacidad por accidente, de ahí que será un tema que será revisado.

En lo que respecta a los trabajadores agrícolas de exportación, se han hecho señalamientos importantes respecto a los salarios de los jornaleros; así como a la presencia de trabajo infantil y forzoso, por, incluso, México ha sido incluido en una lista con productos como el ejote, el chile, el pepino, la berenjena, el melón, la cebolla, caña de azúcar, el tabaco y el tomate, y que está siendo revisado.

En ese sentido, organizaciones como Jornaleros Agrícolas de Exportación, analizan cuál es la tendencia de los ingresos de los jornaleros en general, y de los jornaleros en la agricultura de exportación; en qué niveles se encuentran esos ingresos hoy entre ambos grupos, individualmente y a nivel de sus hogares, y qué diferencias hay en los niveles salariales entre estados, cultivos, por género, etnicidad, y otras dimensiones.

En su artículo 23.4, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) plantea el principio de no derogación, prohíbe fomentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones otorgadas en las leyes laborales de cada país.

Petroleros: relevo esperado

  • El STPRM nació el 15 de agosto de 1935 en el entonces Distrito Federal
  • Tiene 92,666 trabajadores de planta distribuidos en 470 Centros de Trabajo
  • El proceso para la elección de Secretario General comprende 27 días desde el 6 de diciembre de 2021 hasta el 31 de enero de 2022.
  • Cuenta con 36 secciones sindicales
  • También se renovaron las 36 secciones en diciembre, de las cuales se entregaron 32 Tomas de Nota –reconocimientos al proceso de elección–
  • En 4 secciones se repondrá el procedimiento

Por: Pilar Martínez

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Del-trabajo-en-plataformas-a-relevo-sindical-petrolero-retos-del-ano-para-la-STPS-20220110-0141.html

No romperá paz laboral guerra por contratos de trabajo

Apenas se han legitimado 200 de cerca de 3 mil; el gobierno estatal creará mesa de trabajo para preservar estabilidad en los procesos que restan.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del Gobierno del Estado, Néstor Eduardo Garza Álvarez, señaló que apenas el 6.6 por ciento de los contratos colectivos de trabajo registrados en SLP han sido legitimados, pues apenas van 200 de alrededor de 3 mil. Señaló que no está en riesgo la paz laboral por las disputas sindicales que podrían generar el proceso para legalizar el restante 93.4 por ciento.
Para no poner en riesgo la paz laboral por las disputas que pudieran surgir entre sindicatos, el gobierno propuso una mesa de trabajo en la que participen centrales obreras, empresas y autoridades.
El funcionario estatal precisó que el plazo para que en el 93.4 por ciento de los contratos que restan por legitimar, como lo contempla el Capítulo 23 del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), vence en mayo del 2023, por lo que confió que hay tiempo suficiente de un año y cinco meses para abatir el importante rezago.
TRABAJO COORDINADO
Garza Álvarez señaló que la STyPS ha propuesto a todas las centrales sindicales, cámaras empresariales, al Colegio de Notarios y al clúster automotriz una mesa coordinada de trabajo donde todos se comprometen a un acuerdo de protección al empleo de los potosinos, con la finalidad de respetarse y evitar competencia desleal. “Tenemos que privilegiar el sufragio y la decisión de representación de los trabajadores”, indicó.
El funcionario anunció que en las siguientes semanas se agendarán las consultas, por lo que la dependencia a su cargo tiene a la Procuraduría de Defensa del Trabajador como figura que contempla la Ley para que los empleados acudan a resolver dudas sobre los contratos que los rigen.
Néstor Garza explicó que, en una primera fase, las empresas que ya tienen un CCT con alguna representación sindical deberán someter el contrato a su legitimización, es decir al menos el 60 por ciento de los trabajadores deben decidir si continúan con él o lo terminan.
Si la mayoría de los trabajadores lo anulan, se abre proceso para una nueva contratación donde podrán intervenir centrales obreras diversas mediante la figura de delegados al interior de cada factoría.
En dado caso de que no haya disputa por la representación sindical, la parte patronal podrá elegir a quien depositar su CCT.
“Invitamos a las fuerzas sindicales a respetar la consulta de los contratos existentes, no intervenir, apostar a la decisión de los trabajadores, que agrupaciones ajenas no hagan campañas en contra, hay que darle libertad al trabajador para que decida”, expresó.
El secretario del Trabajo estatal consideró que la estabilidad laboral en la entidad no será trastocada.
“La democratización, la legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo, van a garantizar que la paz laboral de nada sirve si está acompañada de una coacción por parte de los líderes, si hay acuerdos en lo obscuro”, sostuvo.
También descartó que se vaya a registrar algún tipo de violencia cuando debido a la disputa entre varias representaciones sindicales, por los contratos.
“Eso no lo vamos a permitir”, apuntó.

Sin contrato, 7 millones de empleados del sector formal

En el país, 7.2 millones de personas trabajan para empresas del sector formal, pero lo hacen sin contratos, sin derechos laborales y sin prestaciones.

De acuerdo con el informe laboral mensual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), elaborado a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en México hay 55 millones 836 personas ocupadas. El reporte, con datos recopilados al tercer trimestre del año pasado, establece que, de ellas, 31 millones 434 mil 243 están en el sector informal.

En tanto, de este grupo, 16 millones 7 mil 862 reportaron laborar en unidades de trabajo informales: un millón 265 mil 156 son empleadores, 8 millones 505 mil 526 trabajan por cuenta propia, 5 millones 164 mil 909 son asalariados y un millón 72 mil 271 no reciben sueldo, en su mayoría por atender un negocio familiar.

En otra categoría, la STPS recalca que 7 millones 205 mil 977 personas trabajan en empresas del sector formal con empleo informal, es decir, unidades de negocios registradas ante Hacienda, y que cuentan con trabajadores formales, pero al mismo tiempo sin contrato.

De esta cifra, sólo 467 mil 384 laboran sin pago, en su mayoría por ser familiares, mientras el resto son asalariados, pero sin prestaciones de ley.

Distintos organismos enfocados al derecho en la materia han explicado que en estos casos se encuentran, por ejemplo, meseros o repartidores, que laboran en restaurantes reportados como un negocio formal, pero que sólo contratan a su personal a nivel gerencial o en puestos claves.

Además, 6 millones 97 mil 209 de personas que se encuentran en la informalidad, están en el sector agropecuario informal. Casi la mitad lo hace por cuenta propia, y otro tanto como asalariados.

Mientras 2 millones 123 mil 195 personas son trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres.

Por otra parte, el reporte más reciente del gobierno federal indica que tras llegar a 20 millones 933 mil 50 las fuentes de empleo formal registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para diciembre bajaron a 20 millones 620 mil 148 trabajadores, producto de despidos masivos al cierre del año para evitar el pago de prestaciones.

Con todo y la reducción, la proporción de personas ocupadas en la informalidad se mantiene casi igual, y representan 56 por ciento de la fuerza laboral del país, frente a 37 por ciento que se encuentra en el sector formal.

Al tomar en cuenta a toda la población ocupada, tanto formales como informales, la mayoría labora en el área de otros servicios, donde se encuentran 18.7 millones de personas; seguido del comercio, 10.8 millones; la industria manufacturera, 9.1 millones; actividades agropecuarias, 6.9 millones, y la construcción, con 4.3 millones.

Sobre el ingreso, la mayoría, unos 21.4 millones de personas, ganan de uno a dos salarios mínimos, 11.9 millones perciben menos de uno, 10.9 millones ganan de dos a cinco. Además, poco más de un millón ganan de cinco a 10 salarios y 222 mil obtienen más de esa cantidad. El resto no lo especificó o no recibe.

Por: Néstor Jiménez

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/politica/003n2pol?fbclid=IwAR07RxeJ8-_cWonpgr3hA4OGPua3IXfGZEr17dVURjJY6l-ZxwQWWTp7ELQ#.YdxL1_-DSlI.facebook

10 temas de regulación laboral para tener en el radar en 2022

La supervisión de la reforma de outsourcing, el nuevo método de cálculo de las utilidades a repartir entre los trabajadores y las próximas reglas de seguridad y salud en el teletrabajo son parte de los temas en la agenda de cumplimiento normativo que tomarán fuerza este año.

“El trabajo volvió a tener una importancia central en la agenda nacional, respetando los derechos de los trabajadores y construyendo un modelo económico, pensando en que no se puede avanzar si no es de la mano de los trabajadores que son la fuerza que genera las utilidades”, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social.

El 2022 no será la excepción en la implementación de cambios en las empresas debido a las políticas laborales impulsadas por el gobierno federal. En los últimos años las relaciones laborales se han puesto bajo la lupa, requiriendo una mayor participación de parte de las empresas y sus áreas de gestión de talento y cumplimiento normativo.

La operación práctica de la reforma de outsourcing y su supervisión gubernamental, el nuevo método de cálculo de las utilidades a repartir entre los trabajadores y las próximas reglas de seguridad y salud en el teletrabajo son parte de los temas en la agenda de cumplimiento normativo, temas que se suman a la ola de ajustes impulsados por la pandemia de Covid-19.

Éstos son los principales aspectos de la agenda laboral a tener en cuenta a lo largo del año:

» 1. Salario mínimo

El referente general a partir del 1 de enero de 2022 es de 172.87 pesos diarios (+22%), lo que equivale a un salario mensual mínimo de 5,255 pesos. Éste es el cuarto aumento significativo al hilo en este indicador y forma parte de la política de recuperación del poder adquisitivo del salario puesta en marcha por la presente administración. En 2018, en el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo tenía un valor de 88.36 pesos diarios; la meta para el último año del gobierno, en 2024, es de 226 pesos diarios.

» 2. Reparto de utilidades (PTU)

Este año entra en vigor el nuevo modelo para calcular cómo se reparten las utilidades anuales de las empresas entre sus trabajadores y que fue incluido como parte de los cambios negociados por la iniciativa privada dentro de la reforma de outsourcing que se promulgó en abril de 2021.

El nuevo mecanismo contempla un límite para el pago de las utilidades en dos modalidades: tres meses de salario de la persona trabajadora o el promedio del PTU recibido en los últimos tres años; “se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”, establece la nueva fracción VIII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

» 3. NOM de teletrabajo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitirá en el transcurso del primer semestre del año una norma oficial para regular las condiciones de seguridad y salud que deben observarse en el home office.

La reforma a la LFT que introdujo la figura del teletrabajo en la legislación fue promulgada en enero del año pasado y en ella se le dieron 18 meses de plazo a la STPS para echar a andar la NOM específica para este fin, la cual deberá atender temas como los accidentes de trabajo bajo esta modalidad, el uso del equipo de protección personal, de ergonomía y de factores de riesgos psicosociales, entre otros.

El plazo para su publicación vence los primeros días de julio, pero las autoridades se han puesto como meta presentarla en abril de este año.

» 4. Outsourcing vigilado

Las autoridades intensificarán las inspecciones de las empresas de subcontratación para verificar que cumplan las nuevas reglas previstas en la LFT. La STPS adelantó que la supervisión de las compañías ocurrirá bajo dos escenarios: cuando haya denuncias por el uso del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse) para disfrazar el suministro de personal y cuando se haya presentado documentación falta para la inscripción al padrón.

“Ya concluyó el período para regularizarse, para registrarse en el registro (Repse) si eres una empresa especializada y vamos a continuar con esta coordinación que tenemos muy cercana con el IMSS, el SAT y la Procuraduría Fiscal para detectar en caso de que haya incumplimiento. No vamos a quitar el dedo del renglón”, expresó Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS.

» 5. Responsabilidad solidaria

Las empresas deben cerciorarse que los negocios que subcontraten para la prestación de servicios estén en el Repse y que cumplan con todas sus obligaciones patronales, pues serán responsables solidarios en temas laborales y fiscales.

Las multas por operar sin el registro o por contratar empresas sin este requisito son las más altas de la historia de la legislación laboral y pueden llegar hasta 50,000 UMAs, lo que al valor de este referente para 2022 equivale a una sanción de hasta 4 millones 811,000 pesos. Además, contratar los servicios de suministro de personal se considera ya defraudación fiscal.

» 6. Nueva justicia laboral

A partir de mayo operará en todas las entidades federativas del país el nuevo modelo de resolución de conflictos obrero-patronales con el que desaparecerán todas las juntas de Conciliación y Arbitraje, aunque éstas seguirán operando hasta desahogar todos los asuntos pendientes sin recibir casos nuevos.

El sistema que contempla la operación de centros de conciliación y tribunales laborales, federales y locales, está ya en funcionamiento en 21 entidades federativas y en 2022 se sumarán las 11 entidades restantes, entre ellas la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. La operación plena del sistema tendrá un costo de 5,748 millones de pesos.

» 7. Legitimación de contratos

A lo largo del año continuará el plazo previsto en la reforma laboral para que los trabajadores legitimen los contratos colectivos vigentes, cuya fecha límite es el 1 de mayo de 2023.

La reforma laboral de 2019 contempló una transición de cuatro años para que todos los sindicatos pongan sus contratos colectivos ante el escrutinio de sus agremiados, quienes deben respaldarlos mediante el voto personal, libre, secreto y directo. En México hay cerca de 530,000 contratos colectivos de trabajo registrados y las autoridades estiman que 85% de ellos no pasará este nuevo trámite pues son contratos de protección patronal.

» 8. Nuevos liderazgos sindicales

El mundo del sindicalismo tiene nuevos jugadores y están abarcando áreas que antes no estaban sindicalizadas, un panorama que deben considerar las empresas porque también marcará un desafío en las relaciones laborales.

Un claro ejemplo de esto se vivió con el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo en la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, del cual tenía la titularidad la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y lo perdió en agosto pasado tras no ser legitimado. Varios sindicatos independientes pelearán ahora por la titularidad, lo que representará un cambio en la dinámica de las relaciones laborales para la empresa automotriz.

» 9. Presiones externas

A través del T-MEC los organizaciones obreras de Estados Unidos y Canadá mantendrán la supervisión de la actividad laboral y de democracia sindical en México, lo que plantea una presión adicional para las relaciones laborales.

En 2021 se presentaron ya las dos primeras quejas laborales a través del nuevo mecanismo de respuesta rápida incluido dentro del acuerdo comercial trilateral por la violación de derechos sindicales en la planta de GM en Silao, Guanajuato, y en la de Tridonex en Matamoros, Tamaulipas.

» 10. Pandemia persistente

Las nuevas olas de la pandemia de covid-19 mantendrán ajustes en las actividades corporativas presenciales permitidas por los semáforos epidemiológicos. Esto podría darle un nuevo impulso al home office y a modelos de trabajo flexibles.

Temas como la importancia de las vacunas, el retorno seguro a las oficinas, el impulso a nuevas formas de trabajo colaborativos, los esquemas laborales híbridos y las nuevas competencias en el talento se mantendrán como parte central de la conversación sobre elmundo del trabajo, tal como en los últimos dos años.

Como bien lo afirma Luisa María Alcalde en la cita que abre este espacio, el tema de las relaciones laborales volvió a estar en la agenda pública y de las empresas en los últimos años debido a la ola de cambios impulsados por el nuevo gobierno, lo que se sumó a los mecanismos de supervisión del T-MEC y la sacudida que le ha dado la pandemia al mundo del trabajo y la cultura organizacional. Y este año que acaba de empezar no pinta diferente, la gran incógnita es si esto realmente se traducirá en mejores condiciones para las personas trabajadoras. El reto no es nada menor.

 

Fijan en UMA en 96.22 pesos diarios

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) a partir del 1 de febrero de 2022 será de 96.22 pesos diarios, informó el INEGI.

Este valor significa un incremento de 6.6 pesos respecto al valor diario de 2021, cuando se fijó en 89.62 pesos.

La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Por: El Pulso Laboral

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/27152/fijan-en-uma-en-9622-pesos-diarios