Representantes de diversos sindicatos enviaron una propuesta de aumento de 25% al salario mínimo para 2023, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
En contraste, el sector patronal ha dado a conocer que su oferta de aumento al salario es de 15 por ciento, para el próximo año.
“Se debe tener en cuenta que el aumento solicitado para el salario mínimo general y profesional no tiene impacto en la inflación como se desprende del análisis del Banco de México”, manifestó el sector obrero en un comunicado.
Los dirigentes sindicales señalaron que si bien, aún no se tiene la cifra oficial con que cerrará la tasa de inflación este año, las proyecciones del Banco de México y otras instituciones financieras, pronostican un 8.6% anual.
De terminar en este nivel, sería la tasa más alta de inflación en los últimos 22 años, lo cual tendrá serias implicaciones en el bolsillo de los trabajadores.
Aumento a salarios no afectaría inflación
En entrevista con El Economista, José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que, aunque empieza a bajar la inflación, se debe cuidar que los aumentos no la disparen y reduzca el poder adquisitivo de los salarios.
“Si lo subimos demasiado rápido podría provocar que muchos trabajadores se vayan a la informalidad”, indicó.
De acuerdo con el diario, la meta del gobierno federal, el tercer actor en esta negociación, es dejar el Salario Mínimo General (SMG) en 260 pesos al final del sexenio, en 2024. Este año el monto para la mayor parte del país es de 172.87 pesos diarios.
Para la Confederación de la Trabajadores de México (CTM), los incrementos de los últimos años han demostrado ya que este tipo de ajustes no generan ningún efecto negativo, señala un artículo de El Economista. /// El Economista
Los salarios contractuales, que son los ligados a las empresas con trabajadores bajo un contrato colectivo en la jurisdicción federal, registraron una reducción en términos reales de 3.68% en octubre de 2022, su tercera caída consecutiva.
Dicha caída es la séptima baja en lo que va del 2022 y la mayor contracción desde marzo de 1997. La mayor velocidad de crecimiento en la inflación respecto a los incrementos salariales nominales reducen mes a mes el tamaño de la canasta de consumo de los trabajadores, lazándolos al mercado de crédito formal e informal para completar los gastos de la quincena.
En términos generales, se puede señalar que el salario contractual en términos reales resulta de la diferencia entre el aumento nominal del salario en los convenios contractuales, respecto al aumento de la inflación en el mes en consideración. En octubre de 2022 el incremento nominal en los convenios contractuales fue de 4.41%, mes en el que la inflación aumentó 8.81%, ello de acuerdo con información de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística (Inegi).
De acuerdo con cifras de la STPS, en octubre se realizaron 302 revisiones salariales en la jurisdicción federal, que involucró a 617, mil 814 trabajadores.
El número de revisiones salariales y de trabajadores registraron reducciones de 58.5% y 8.4%, respecto a las efectuadas en el mismo mes de un año antes. La mayor velocidad de aumento de la inflación que en las revisiones contractuales, arroja una caída promedio de 2.09% para los primeros nueve meses del año.
La merma salarial al noveno mes del 2022 afectó a 1.64 millones de trabajadores en 2 mil 455 revisiones salariales. Las caídas del salario real contractual de los dos últimos años contrastan con los dos avances de 2019 y 2020, en los que las remuneraciones aumentaron en promedio 1.70% y 1.03%, respectivamente, por arriba de la inflación, misma que para esos años fue de 3.64% y 3.40% en promedio.
El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), José Humberto Gual Ángeles, y el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, se reunieron en privado y analizaron los retos que tiene el mundo del trabajo a nivel global frente a los cambios que han tenido los modelos en la cadena de suministro a partir de los escenarios económicos, políticos y sociales actuales.
En un análisis sobre la situación que atraviesa la clase trabajadora en México, Gual puntualizó la urgente necesidad de construir desde el sector público, los mecanismos necesarios que permitan fomentar un diálogo social auténtico como única vía para alcanzar la justicia social.
“Estoy muy contento de haber podido compartir y coincidir con el director Houngbo los temas e ideales que se buscan para un mundo con justicia social”, comentó el capitán Gual Ángeles, también presidente colegiado de la UNT.
Proponen crear Frente por la Defensa de la Aviación Iberoamericana
Durante el encuentro, se planteó el proyecto para construir el Frente por la Defensa de la Aviación Iberoamericana, el cual permitirá proteger el desarrollo de esta industria en todos los países integrantes bajo principios de equidad económica, defensa de la soberanía del espacio aéreo y protección de la fuente de trabajo bajo criterios básicos de seguridad social para todos los trabajadores.
Con este tipo de acciones, los pilotos de ASPA refrendan su compromiso por acercarse a los actores clave nacionales e internacionales para mejorar las condiciones laborales y defender la soberanía de los cielos. /// El Universal
STPS mete en cintura al sector hotelero con nuevos criterios para regular el outsourcing
La autoridad no reconocerá los servicios de limpieza, atención a huéspedes o tareas de cocina, entre otros, como actividades especializadas cuando realice inspecciones para verificar el cumplimiento de la reforma de subcontratación en los hoteles.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prepara nuevos criterios con los cuales consideraría una docena de servicios en el sector hotelero como parte del objeto social y actividad económica preponderante de estos negocios, lo que en la práctica implicaría que éstos no se podrían subcontratar bajo las nuevas reglas del outsourcing.
Estos criterios, que se encuentran en análisis en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), serían aplicables para las inspecciones que realice la autoridad para verificar el cumplimiento de la reforma de subcontratación en el sector hotelero. Es decir, es la interpretación que haría la STPS durante una visita a un centro de trabajo en esta industria.
Recientemente la autoridad laboral oficializó criterios similares para el sector de la agroindustria de exportación, con los cuales la dependencia estableció que para efectos de una inspección en esta rama, los servicios de corte, cosecha y recolección serían considerados como parte del objeto social y actividad económica preponderante de las empresas las empresas dedicadas al cultivo, empaque, distribución y exportación; esto significa que dichos servicios no pueden ser subcontratados.
Para el caso de las inspecciones en la industria de hotelería, la STPS no consideraría como servicios especializados las siguientes actividades:
Limpieza de habitaciones
Registro de huéspedes
Atención al huésped
Cocineros
Cantineros
Capitán de meseros
Meseros
Encargados de lavandería
Encargados de ropería
Lava losas
Limpieza y cuidados de la cocina
Reservaciones
Cargos de habitación
“Las actividades enlistadas en el punto anterior no se consideran especializadas, por consecuencia, resulta inviable que las empresas o personas físicas dedicadas a prestar servicios de alojamiento temporal (industria hotelera) contraten dichos servicios con un carácter de especializado, ya que dichas actividades se encuentran intrínsecamente vinculadas a su objeto social y actividad económica preponderante”, expone la dependencia en los criterios.
Jaime Rodríguez Eguiarte, socio líder de la Práctica Laboral de la firma Ibarra, del Paso y Gallego, reconoce que en el sector hotelero hay diversas actividades que en otras industrias sí podrían catalogarse como servicios especializados.
“En un hotel, por ejemplo, la limpieza de una habitación es parte del valor agregado de tu actividad principal, por eso se entiende que la Secretaría del Trabajo los considere como parte de la actividad preponderante, porque sí está relacionado con el valor que se le da a la habitación que se le renta a los huéspedes”, explica el especialista.
Durante el aniversario de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, apuntó que los sectores prioritarios para la vigilancia de las nuevas reglas de subcontratación son: agroindustria, turismo, seguridad y limpieza.
Para Diego García Saucedo, socio director de la firma García Vázquez Abogados, los criterios que prepara la autoridad son pertinentes para dar mayor claridad a las inspecciones y evitar que la vigilancia esté sujeta a la interpretación de cada inspector.
“En el sector hotelero las inspecciones eran fáciles de batear porque se justificaba tareas como la limpieza, por ejemplo. Lo que propone la autoridad es que el negocio de hotelería necesita permanentemente servicios de limpieza y de restaurantes, entonces un patrón no puede argumentar que eso lo contrata como servicios especializados. De emitirse, va a cortar una mano del sector hotelero que justificaba la tenencia de empresas de subcontratación bajo esa tesitura”, agrega.
Sin embargo, los especialistas en Derecho Laboral subrayan que si bien la autoridad está facultada para regular sobre la inspección de trabajo, estas disposiciones no eliminan la posibilidad de que un empleador que tiene una interpretación distinta pueda ampararse, por lo que no se puede descartar un escenario de defensa jurídica por parte de los hoteles.
De hecho, Jaime Rodríguez considera que en el corto plazo, a medida que avancen las inspecciones, es probable que los tribunales definan la interpretación de las nuevas reglas de subcontratación en cada industria.
Por su parte, Diego García coincide en que puede haber un escenario de choque de interpretaciones entre la autoridad y los empleadores, por lo que hay que seguir de cerca cómo evolucionan los amparos.
Claves para entender los servicios especializados
La reforma de subcontratación le cerró la llave al outsourcing basado en suministro de personal y reguló la tercerización de servicios especializados. Es decir, permite la contratación de proveedores que ejecutan tareas con sus propios trabajadores, siempre que éstas no formen parte del objeto social y la actividad económica preponderante.
Para participar en esta industria, los proveedores deben inscribirse al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), un padrón público que opera la STPS y con más de 128,000 registros hasta ahora.
Desde abril del 2021, ninguna empresa puede subcontratar actividades que formen parte de su objeto social y actividad económica preponderante. Por ejemplo, una empresa que ofrece servicios de limpieza no puede subcontratar a los trabajadores con los que ejecuta esas actividades.
La reforma estableció sanciones que van de 192,440 a 4.8 millones de pesos, las multas laborales más elevadas, para las empresas que incumplan las nuevas reglas de subcontratación.
En esta guía te explicamos cómo afiliar a una persona trabajadora del hogar a través de la página de internet del Seguro Social. Ya sea que labore exclusivamente en tu casa o que trabaje con diferentes personas, cada empleador o empleadora debe hacer su trámite de manera independiente.
A partir de esta semana, las personas que contraten a una trabajadora del hogar tienen la obligación de inscribirla al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Si las empleadas están de planta, si son de entrada por salida, pero también si laboran en diferentes casas, las recientes reformas legales mandatan que tienen derecho a esta protección.
“Históricamente las trabajadoras del hogar han tenido derechos limitados restringidos, tanto en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como en la Ley del Seguro Social (LSS)”, reconoció Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Prueba de ello es que durante mucho tiempo su incorporación a la seguridad social era voluntaria, dependía de la voluntad de los empleadores, a diferencia de los otros trabajadores dónde está incorporación es obligatoria”, dijo este martes la secretaria del Trabajo al participar en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este contexto, la STPS publicó en la noche de este miércoles, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la LSS que hacen obligatoria la inscripción de las trabajadoras del hogar al IMSS.
Y si bien sigue habiendo resistencia e incluso rechazo de algunos empleadores y algunas empleadoras a inscribir a las trabajadoras del hogar al IMSS de quienes ocupan sus servicios, muchas otras personas quieren cumplir con su obligación, pero no saben cómo.
Primero, si las personas empleadoras no realizan este trámite, estarán incumpliendo la ley, específicamente la nueva redacción de los artículos 334 Bis de la LFT y 239-C de la LSS, entre otros ordenamientos.
Luego, el trámite lo debe realizar quien las contrata. “Los empleadores, de manera individual, están obligados a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el primer día de trabajo. El pago se efectúa por cada empleador de acuerdo con el salario y los días trabajados”, señaló la funcionaria.
Si trabajan vía una agencia de empleo, le corresponde a dichas empresas inscribirlas y pagar sus cuotas patronales.
En la seguridad social para las trabajadoras del hogar, el esquema es tripartito, es decir, aportan económicamente las personas que las contratan, las propias empleadas y el gobierno, e incluye el acceso a los cinco seguros que ofrece el IMSS:
Enfermedades y maternidad.
Riesgo de trabajo, que contemplan las incapacidades temporales.
Invalidez y vida, para que, ante algún daño que les impida seguir trabajando, sean incapacitadas de manera permanente con una pensión, o que ante su muerte, su familia tenga cobertura.
Ahorro para el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Guarderías y prestaciones sociales.
Algunos de los beneficios, como la atención médica, son también extensivos para la pareja de la trabajadora y sus hijos e hijas hasta los 16 años y hasta 25 si estudian. De igual manera pueden afiliar a padre y madre, si viven con la trabajadora y dependen económicamente de ella.
Los cuatro pasos para la inscripción
Aunque el trámite se puede realizar de manera presencial en una subdelegación del IMSS, el proceso es sencillo para hacerse desde la página del instituto. Éstos son los pasos para realizarlo de manera remota:
» Paso 1. Ingresar los datos de la persona empleadora a la plataforma. La información que se debe tener a la mano es:
Clave Única de Registro de Población (CURP)
RFC (opcional)
El sistema también pedirá un correo electrónico, número de teléfono celular y dirección del domicilio particular.
» Paso 2. Capturar los datos de la trabajadora del hogar. Para ello deben pedirle que proporciones estos datos:
Número de Seguridad Social (NSS). Si no cuentan con uno porque nunca habían sido aseguradas, lo pueden tramitar también en línea.
CURP
Domicilio
Luego, el sistema dará dos opciones a elegir: pago por mes completo o pago por día.
» Paso 3. Calcular el pago. Ingresar el salario que se le paga a la trabajadora cada día que acude. O su salario diario, para el caso de quienes laboran todo el mes, por ejemplo, las trabajadoras de planta o de quedada.
Con base en esa información, el sistema indicará la cuota de la persona empleadora y la cuota de la trabajadora. Quien la contrata se debe encargar de retener la cuota de la empleada, pues se debe realizar un solo pago que incluya la cantidad que le toca a ambas partes.
Ejemplo 1: Digamos que la trabajadora labora completamente para una familia en algún lugar del país que no es la frontera norte. La opción a elegir es pago por mes, el cual no podrá ser inferior a 5,602 pesos, pues es el salario mínimo profesional para este sector en la mayor parte del territorio nacional en 2022. Con base en ese sueldo mensual, la cuota patronal sería de 1,180 pesos y la obrera de 133 pesos.
En tanto, si la persona trabaja en una de las ciudades de la frontera norte, el pago mínimo que debe recibir este año es de 8,435 pesos mensuales, pues es el referente para esta región. Con base en ese cálculo para 2022, la cuota patronal sería de 1,468 pesos y la obrera, de 200 pesos.
La cobertura que tendrá la persona asegurada será durante todo el mes, incluyendo los días de descanso.
Ejemplo 2: Ahora, pongamos el caso de que la trabajadora asiste a su casa dos días a la semana —es decir, ocho al mes— y por cada uno le paga 350 pesos. La cuota patronal será de 645 pesos mensuales y la trabajadora pagará 85 pesos.
En este caso, la empleada tendrá cobertura únicamente los días que acuda al domicilio de cada empleador que la inscriba.
En cualquiera de las tres modalidades de empleo para este sector —de entrada por salida, de planta o de quedada y empleo en diferentes domicilios— las personas empleadoras pueden utilizar la calculadora del IMSS para determinar el pago mensual correspondiente.
» Paso 4. Realizar el pago. Una vez que el sistema haya indicado el monto de la cuota, las personas empleadoras podrán descargar el formato de incorporación y la línea de captura para realizar el pago de manera presencial en un banco o a través de la banca en línea.
No es necesario hacer este trámite cada mes, pues en el sistema se puede indicar que se realice la renovación automática. La persona empleadora debe retener la cuota obrera, pues se pagará una sola cantidad que incluye ambas aportaciones.
Otras consideraciones para las personas empleadoras
Si la trabajadora del hogar labora para diferentes personas, no es necesario que las empleadoras o empleadores se pongan de acuerdo entre sí para cumplir con su obligación de afiliar a la empleada. Cada uno paga por separado sus cuotas, éstas no son deducibles de impuestos.
Aunque la LFT señala como una de las obligaciones de las personas empleadoras firmar un contrato por escrito al requerir los servicios de una trabajadora del hogar, éste no es un requisito para su incorporación al IMSS.
Con base en el salario que se registre a las trabajadoras del hogar se calcularán sus prestaciones en dinero, como las incapacidades y el ahorro para el retiro. Si se le reporta al IMSS una cantidad menor a la real, se estará perjudicando a la trabajadora y violando sus derechos.
Si la trabajadora es migrante, también tiene derecho a ser afiliada a la seguridad social. Sin embargo, el marco legal mexicano sólo le reconoce ese derecho “siempre y cuando demuestre su estancia legal en el país y tramite su NSS”, de acuerdo con información del IMSS.
Alrededor del 95 por ciento de trabajadores jubilados entre 2021 y 2022 se beneficiaron por la reducción en las semanas de cotización, que incluyó la reforma en materia de pensiones de 2020, aseguró Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Tan sólo el año pasado, 47 mil 788 trabajadores lograron pensionarse derivado de esta reforma, según Alcalde Luján. Sin las modificaciones, en 2021, solamente se hubiesen pensionado dos mil 854 personas, explicó.
“A través de la reforma hemos logrado atender una de las demandas más sentidas de los trabajadores mexicanos, quienes ahora verán incrementados sus ahorros para disponer de una pensión que les brinde certeza», dijo la titular de la STPS.
Al participar en el foro Encuentro Amafore 2022, organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Alcalde Luján recordó que otro resultado de la reforma fue que las personas reciban el equivalente al 70 por ciento de su salario, y no el 30 o 40 por ciento como fue hasta hace unos años.
Por otro lado, estimó que gracias a la reducción de comisiones que cobran las Afores, en 2030 las cuentas de los trabajadores tendrán cerca de 143 mil millones de pesos adicionales.
Actualmente, el tope de comisiones se ubica en un nivel de 0.57 por ciento, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Este cobro lo hacen las Afores por administrar los recursos de las personas durante su vida laboral.
Durante el foro de la Amafore, Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que en días pasados tuvo reuniones con los directivos de las 10 Afores que operan en el país para encontrar nuevos instrumentos de inversión.
El objetivo, argumentó el funcionario, es crear alternativas de inversión más adecuadas con el fin de “potenciar” el patrimonio de los trabajadores.
“Precisamente por ello, contactamos hace unas semanas a los directivos de las Afores para establecer un diálogo que permita establecer instrumentos y productos de inversión que hagan viable impulsar proyectos estratégicos de largo plazo en beneficio del país”, explicó Santana Suárez.
Sistema de pensiones es referente mundial: Consar
Pese a las condiciones económicas actuales, México cuenta con un Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) revitalizado y respaldado por las autoridades, aseguró Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores.
El directivo aseguró que esta nueva visión sobre el SAR fue resultado de la reforma al sistema de pensiones que se llevó a cabo en 2020.
En su intervención, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Iván Pliego Moreno, destacó que al día de hoy México es un referente internacional para otros sistemas de pensiones.
El funcionario de la Consar informó que se trabaja en nuevas modificaciones para las administradoras, como fortalecer la oferta de valores e instrumentos financieros, así como mejorar la normatividad y costos operativos.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recomendó a la industria automotriz en México a acelerar el proceso de legitimación para “vacunarse” contra un eventual conflicto comercial y dotar de certeza a las nuevas inversiones.
A 5 meses de que venza el plazo para legitimar los contratos colectivos de trabajo, Esteban Martínez Mejía, representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recomendó a la industria automotriz en México a acelerar el proceso de legitimación para “vacunarse” contra un eventual conflicto comercial y dotar de certeza a las nuevas inversiones.
El titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Esteban Martínez Mejía, precisó que hasta el momento se han legitimado 200 Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) en la industria automotriz, equivalente a 110,000 trabajadores, por lo que instó a “no esperarse al final del plazo, pues no habrá prorrogas”, advirtió al inaugurar el Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM), en su edición 20.
Ante Ceos de empresas automotrices y sus proveedores, el funcionario en representación de Luisa María Alcalde, titular de la STyPS, estimó que existen alrededor de 200,000 contratos colectivos en el país, de unos 550,000 que existían y que muchos actualmente ya no tienen vida, cifra que consideró aún “exhorbitante”.
“Hemos notado que varias empresas no han legitimado y tenemos la confianza de las grandes empresas, como la automotriz, está avanzando bien, no tengo porcentaje de avance, pero toda la industria tiene cumplimento. Lo que sí es, no bajar la guardia por la legitimación que es la mejor vacuna contra un posible conflicto”, acotó.
El encargo de la política sindical a nivel federal dijo: “Hay que tener en cuenta la línea de proveeduría, le conviene a las grandes empresas que se cercioren de legitimación y pasar toda la cadena de suministro también, en caso de que hubiera alguna queja en el marco del T-MEC, en contra de una empresa que sea proveedor de una grande, puede haber afectación a toda la cadena productiva, por eso se necesita estrecha colaboración con el sindicato”.
Esto, agregó, sirve a que se habitúen a la democracia laboral porque cada dos años se hará revisión laboral y habrá consulta sindical.
“No hay que tener miedo a las consultas ni a las organizaciones sindicales. Esto fortalece y da certeza para mayor y mejor llegada de las inversiones”, aseguró.
En el marco del evento, la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF México y la Industria Nacional de Autopartes (INA) renovaron un convenio de colaboración para impulsar acciones que contribuyan al cumplimiento eficiente de las distintas disposiciones en el marco de la Reforma Laboral del 2019.
Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la INA sostuvo que esto llevará a la participación de los empleadores en la implementación de la Reforma Laboral mexicana y el Capítulo 23 del T-MEC.
Para la organización de trabajadores, una transición energética justa va más de un cambio de fuentes de energía, pues debe considerar sus impactos sociales.
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), representativa de más de 55 millones de trabajadores de la región, con afiliación y presencia en 21 países del continente, dieron a conocer su posicionamiento frente a COP27 llamando a la urgencia de “avanzar hacia una transición verdaderamente justa. No más falsas soluciones ni postergación del financiamiento para enfrentar el cambio climático”.
Cabe destacar que la inclusión del término Transición Justa (TJ) en el Preámbulo del Acuerdo de París (AP) implicó un reconocimiento al mundo del trabajo y sentó precedentes dando impulso a iniciativas para el abordaje de la crisis climática.
Sin embargo, el concepto está siendo adoptado y reinterpretado por diferentes espacios, tan diversos como antagónicos, convirtiéndose en un término que se modifica en función de los intereses del interlocutor.
El sindicalismo de la región manifestó que la TJ es más que una transición energética y la transición energética justa es mucho más que un cambio de fuentes de energía. Apunta a garantizar el acceso a la energía como derecho y la democratización de la misma.
“La región enfrenta grandes problemas estructurales que impactan directamente sobre la viabilidad de las políticas climáticas y la TJ: los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria, la desprotección social casi generalizada de la clase trabajadora, el nivel de trabajadores en condiciones de informalidad, el aumento constante de la violencia, entre otros”.
No más endeudamiento
En ese sentido, reafirmaron que la financiación no puede implicar bajo ningún concepto un nuevo ciclo de endeudamiento ni ser un circuito que promueva negocios o políticas de privatización, desregulación o mercantilización de sistemas energéticos.
“La capitalización de los fondos y gestión de esta financiación debe tener un control público, democrático y transparente y partir del reconocimiento del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas”, indicaron.
A pesar de los años de negociaciones, para la CSA el debate sigue priorizando la mitigación relegando los temas de implementación y el financiamiento para la adaptación y lo referente a pérdidas y daños. “Esto se explica por la resistencia de los países centrales en avanzar en compromisos asumidos en relación a la asistencia económica”.
La iniciativa privada y el gobierno coincidieron en que con la reforma de 2020 México cuenta con un sistema de ahorro para el retiro que se encuentra a la vanguardia en la región, siendo inspiración para los esquemas pensionarios de otros países, pues al corregir algunos parámetros incorrectos, puso en el centro al trabajador.
En el marco de la inauguración del Encuentro Amafore 2022, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), aseguró que tras las modificaciones hechas a la ley pensionaria, México cuenta con un sistema revitalizado.
“La reforma permitió preservar elementos positivos que ya se tenían como el hecho de que el ahorro es propiedad de los trabajadores, un rendimiento como pocos en el mundo y una inversión transparente, pero también puso en el centro al trabajador y corrigió parámetros incorrectos, que combinados darán como resultado una mejor pensión.”
Por su parte, Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), destacó que con la reforma México se consolidó como un referente de la región en materia de sistema de pensiones; además de que con ella se logró lo que no se pudo en 25 años: incrementar las aportaciones obligatorias de los trabajadores.
Lo anterior, enfatizó el funcionario, beneficiará por dos vías, la primera aumentando el saldo de las cuentas individuales de los trabajadores y, la segunda, fortaleciendo los activos administrados en el sistema, lo que abrirá paso a diversificar la oferta y entregar mayores rendimientos, lo que por consecuencia se reflejará en mejores pensiones.
Más de 47 mil pensionados
En su participación, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, explicó que si la reforma no hubiera entrado en vigor, en la primera generación de jubilados con el sistema Afore, sólo 2 mil 854 trabajadores hubieran obtenido una pensión; sin embargo, gracias al cambio de las reglas, fueron 47 mil 788.
Lo anterior es consecuencia de la disminución en el requisito de semanas de cotización, pues antes de la reforma era necesario contar con mil 200 semanas de trabajo en el sistema formal, lo cual fue reducido a sólo 750.
Otro elemento clave de la reforma, dijo la funcionaria, fue la disminución de la comisión que cobran las Afore a los trabajadores por administrar su dinero, la cual se traducirá en 143 mil millones de pesos hacia 2030, recursos que irán directo a las cuentas de los trabajadores, y que mejorarán la pensión en un 6 ciento.
Resaltó que ahora los trabajadores accederán a una pensión que será equivalente a 70 por ciento de su último sueldo y no de 30 o 40 como era antes.
Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que las Afore son palancas de desarrollo para las empresas del país, por lo que éstas asumieron la responsabilidad de apoyar en su momento la iniciativa de reforma, la cual ha consolidado el propósito de incrementar el ahorro de los mexicanos y contribuir a que las pensiones permitan a los trabajadores mantener su nivel de vida durante la vejez.
A unas horas de que venciera el emplazamiento a huelga en el Nacional Monte de Piedad, el sindicato de esta institución decidió prorrogar hasta el 20 de enero de 2023 el estallamiento programado para el primer minuto de mañana jueves, con la finalidad de buscar distintas vías de solución.
El dirigente sindical Arturo Zayún González informó lo anterior y señaló que a pesar de que la representación legal de la institución de empeño se opuso, la JFCA autorizó el aplazamiento.
Previo a esta resolución, Nacional Monte de Piedad fijó su postura y aseguró que el costo de las prestaciones “es insostenible”.
Reiteró que “es impostergable” cambiar el “rígido” contrato colectivo que actualmente determina las relaciones laborales con los trabajadores sindicalizados y si esto no se logra –advirtió- la institución con 247 años de existencia tendrá que cerrar sus puertas.
Sostuvo que la renegociación del CCT no busca cambiar ninguna de las prestaciones de los jubilados, ni pretende eliminar su sindicato “ni restarle representatividad”.
La institución dedicada al empeño expuso que el CCT vigente contempla, entre otras cosas, 105 días de aguinaldo, 60 días de fondo de ahorro, el pago del ISR a cargo de algunos de los trabajadores y un servicio médico ilimitado. Además, se otorga pensión y servicio médico vitalicio para aquellos que se retiran y sus dependientes. El retiro se adquiere con la sola condición de cumplir 24.5 años de antigüedad.
“Las prestaciones que se proponen para el nuevo CCT son muy superiores a las de Ley, a las que se ofrecen en el sector prendario y a la gran mayoría de los contratos de trabajo”, reiteró la institución de asistencia privada. /// La Jornada
