Cd. de México (10 junio 2019).- La instalación del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma laboral ha sido cuestionada debido a que en su composición no figuran el sector privado, ni los trabajadores.
«La preocupación es que notamos que este consejo que se instaló tiene una composición que no es del todo representativa. No vemos una representatividad del sector empresarial y no vemos una representatividad de los trabajadores, que podría ser a través de las centrales sindicales.
«Es necesario señalarlo, porque los usuarios de los nuevos tribunales serán los trabajadores y los empleadores y deberían estar formando parte del Consejo», señaló Jorge Sales, abogado laboral.
Agregó que éste consejo que se está instalando y tiene funciones de tipo administrativo, tiene la posibilidad de que en algún momento integre a los sectores empresarial y sindical.
«Pareciera ser una constante en la nueva administración esta forma de gobernar donde se lanzan dispositivos legales que no parecen muy consensados, que no son muy participativos. Por las funciones que va a tener este órgano, pensamos que es importante que haya claridad sobre si se va o no a integrar con los usuarios de los tribunales», subrayó Sales.
El consejo emitirá los acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos necesarios para la implementación de la reforma a nivel federal y local.
Entre sus principales líneas de acción se están la creación e instalaciones del Centro federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el organismo donde se concentrarán todos los contratos colectivos de trabajo.
La transferencia y digitalización de expedientes; la creación y entrada en funciones de los tribunales laborales; impulsar que se concluyan los asuntos que están en trámite y pendientes de resolución en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Asimismo promover la profesionalización en materia de justicia laboral; así como emprender los procedimiento para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica.
«La reforma laboral es de un tamaño tal que no solo se afecta al órgano impartidor de justicia, sino a trabajadores y patrones. Podrían tomarse decisiones operativas equivocadas», señaló Sales.
Este consejo se conforma por las Secretarias del Trabajo, la de Hacienda, la Conago, una comisión nacional de Tribunales de Justicia y Conasetra.
También cuenta con una Secretaría Técnica, representada por la subsecretaría del Trabajo, la cual deberá operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones que tome el consejo, así como coadyuvar y brindar el apoyo que requieran las autoridades e instancias correspondientes para la implementación del Sistema de Justicia Laboral.
Uno de los principales cambios en la reforma se da en los juicios laborales, que ahora pasan a formar parte del poder judicial, con la intención de que éstos puedan tener una duración más corta, lo que beneficia a empleados y empresas. | Archivo
Los legisladores revisaron cuestiones esenciales en el ámbito laboral del país, especialmente en materia sindical.
La reforma laboral aprobada el 29 de abril de 2019 representa un avance en materia de juicios laborales y acciones en contra de la discriminación, consideró el especialista en derecho laboral Luis Aurelio Espinoza Araujo, director laboral de Index.
Afirmó que al momento de crear la reforma, los legisladores revisaron cuestiones esenciales en el ámbito laboral del país, especialmente en materia sindical, donde se buscó empoderar a la parte trabajadora.
“Si pudiéramos generalizar, podríamos decir que ha sido un avance” señaló “este país tenia que transitar a un nuevo esquema, porque los tiempos merecen cosas nuevas”
Aunque la reforma laboral entró en vigor a principios del mes de mayo, algunos de los transitorios que la integran se aplicarán de forma gradual en un periodo de 3 y 4 años a nivel federal y en cada uno de los estados.
PUNTOS CLAVE
Entre los cambios más importantes que integran esta reforma laboral, explicó Espinoza Araujo, se encuentra el de darle un mayor poder de decisión al trabajador en materia sindical, permitiéndole tener una voz dentro de la vida interna de los sindicatos, además de decidir su permanencia o no dentro de uno.
Uno de los principales cambios en la reforma se da en los juicios laborales, que ahora pasan a formar parte del poder judicial, con la intención de que éstos puedan tener una duración más corta, lo que beneficia a empleados y empresas.
Esta decisión traería como consecuencia la necesidad de crear nuevos tribunales, lo cual podría traer mayor gasto al erario a pesar de la entrada gradual de estas nuevas medidas, aspecto que de acuerdo al entrevistado no se atendió en la reforma aprobada.
Otro de los avances señalados por el especialista fue que la reforma otorga una mayor validez a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), algo que había sido solicitado por las empresas, además de la inclusión de los trabajadores domésticos al Seguro Social.
“Si hablamos por parte de los trabajadores hay un avance muy significativo en cuanto a lo que es los trabajadores del hogar” indicó “ahora ya se les reconoce ante el Seguro Social, y además otro de los temas es el de discriminación”
Sin embargo el especialista señaló que hubo algunos temas que no se tomaron en cuenta en la realización de esta reforma, entre ellos las 70 reservas que emitieron los integrantes del Congreso de la Unión, algunas de ellas relativas al tema de la subcontratación o “outsourcing”.
Sostuvo que la reforma se quedó corta en este tema, pues mal implementado el esquema de subcontratación lesiona los derechos de los trabajadores.
Asimismo, indicó que tampoco se incluyeron en la reforma medidas de verdadera protección al salario de los trabajadores, pues todavía se permitiría a los jueces embargar en su totalidad el salario del trabajador.
DISCRIMINACIÓN
En materia de discriminación, la reforma enfatiza la creación de protocolos en contra de este tipo de lácticas, lo que para el entrevistado representa un gran avance en un país como México, con una “gran deuda con algunos sectores históricamente discriminados.
Aunque señaló que reformas laborales anteriores ya habían tocado el tema, en la de este año se incorporan conceptos en la materia, además de la obligación para que empresas creen protocolos en contra de la discriminación, el acoso sexual, el trabajo infantil, la violencia en el ámbito laboral y el trabajo forzoso.
“Eso va a cambiar la dinámica entre lo que es la parte trabajadora y el patrón, en cuanto a que tendrán que tener más cuidado con este tipo de conductas de discriminación, por citar un ejemplo, para proteger a los empleados” aseguró.
Si bien resaltó que muchas empresas grandes, sobre todo aquellas que provienen del extranjero, cuentan ya con muchos de estos protocolos, la reforma laboral obligaría a las empresas medianas y pequeñas a implementarlos también para beneficio de sus trabajadores.
Se han establecido los candados suficientes para que el patrón sólo negocie con el sindicato que tenga 30% de representación.
María Del Pilar Martínez
09 de junio de 2019
Los contratos colectivos de trabajo no están en riesgo de ser divididos en caso de que haya un incremento en el número de sindicatos o haya más Toma de Nota —constancia que otorga la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)—, a partir de la reforma laboral, pues se han establecido los candados suficientes para que el patrón sólo negocie con quien tiene la mayoría.
“La Toma de Nota de un sindicato es el registro sindical, no quiere decir que haya contrato colectivo”, afirmó el subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Alfredo Domínguez Marrufo.
De acuerdo con datos de la STPS, de diciembre del 2018 a junio del 2019, el número de nuevos sindicatos que recibieron una Toma de Nota suman 54, mientras que durante todo el 2013, arranque de la administración pasada, se reportaron sólo 79 nuevas organizaciones sindicales.
El año en el que se otorgó el mayor número de registros sindicales fue el 2018, ahí se dieron 160 tomas de nota. “Muchos sindicatos se adelantaron a los nuevos tiempos, a las nuevas reglas que traería la Ley Federal del Trabajo, y decidieron pedir registro, o en su caso adelantarse para presentar a sus directivas”, agregó Domínguez Marrufo.
A partir de mayo, las organizaciones sindicales tendrán que renovar o ratificar sus directivas sindicales de acuerdo con sus estatutos. La STPS informó que en lo que va del año las constancias de comités directivos de sindicatos, en las que se ha presentado a la directiva, suman 392. En todo el 2018 fueron 1,347, mientras que en el 2013 se reportaron 867.
En se sentido, Domínguez Marrufo dijo que romper con liderazgos sindicales, como en el caso de Carlos Romero Deschamps, quien actualmente se encuentra en proceso de revisión de su contrato colectivo de trabajo, corresponde a los trabajadores. “El líder puede tener una Toma de Nota, y lo que el gobierno está haciendo ahora es poner el piso parejo en reglas para que sean los trabajadores quienes puedan designar, mediante votos de forma libre, secreta y directa a sus dirigencias sindicales, y escoger si se quedan con tal o cual sindicato, pero nosotros no les vamos a poner y quitar dirigentes. Nosotros no vamos a imponer directivas sindicales, tampoco vamos a quitar”, afirmó.
En caso de que haya alguna fusión de empresas para que quede una sola, tendrían que decidir quién es el titular, tendría que entrar al proceso de quien tiene más afiliados, pues se requiere que 30% del total de trabajadores sindicalizados reconozca al líder, expuso.
Añadió que “hay contratos colectivos muy generosos, como el de Pemex o CFE. En ese caso ha resultado conveniente para los trabajadores mantenerse sindicalizados. Pero hoy pueden elegir quién será su líder, si se quedan con quien está ahora, o votan por alguno más”.
Al respecto, Germán de la Garza de Vecchi, abogado especialista en materia laboral de la firma Mowat, explicó que en las empresas existe el temor de que con la nueva reforma laboral se multipliquen los sindicatos que busquen negociar directamente con el patrón, lo que dificultaría la estabilidad laboral.
En ese sentido, comentó De la Garza de Vecchi que la mejor manera de avanzar en los nuevos tiempos laborales es actualizando los contratos, además de conocer al sindicato con quien mantiene relación laboral: “Debe ser auténtico, debe contar con 30% de la aceptación de los trabajadores, tener su constancia de representatividad y haber llevado procesos transparentes aplicando el voto libre y secreto”.
La ruta
El artículo 387 señala que para llevar a cabo una Negociación y el emplazamiento a huelga por un Contrato Colectivo, el sindicato debe contar con la Constancia de Representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y mientras éste se crea debe ser por la Junta de Conciliación y Arbitraje.
El patrón sólo llevará a cabo la negociación con el sindicato que tenga 30% de representación; aun cuando haya más de dos sindicatos.
El patrón no estará obligado a firmar un contrato si antes no hay una constancia, por lo que no podrá ser extorsionado.
Los sindicatos están obligados a modificar sus estatutos e incluir el voto libre, secreto y directo para llevar a cabo todos los procesos de negociación con el patrón.
La STPS dijo que desde la dependencia se va a elaborar una ruta para evitar abusos en el sistema de subcontratación y que “el legislativo ya determinará”. ARCHIVO EL UNIVERSAL
09/06/2019 | 02:53 | Laura Quintero
Pese a que el sistema de contratación vía outsourcing ha presentado muchos abusos y es uno de los temas pendientes de la reforma laboral que fue publicada el 1 de mayo, Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo que llegó para quedarse, pero revisarán a quienes hayan cometido excesos.
“El sistema de subcontratación llegó para quedarse, pero hay un modelo muy abusivo que debe ser revisado. Desde la secretaría vamos a elaborar una ruta y el legislativo ya determinará”, aseguró.
Tras su participación hace unos días en el Foro Las claves de la nueva Reforma laboral mexicana, Martínez Mejía dijo que la reforma no es una modificación integral, porque dejó varios pendientes; no obstante, precisó que se abordarán en el próximo proceso legislativo.
“Si hubiéramos subido el tema del outsourcing y todos los que quedaron pendientes, la reforma hubiera naufragado; sin embargo, se hizo un compromiso de que en el siguiente periodo de sesiones [se tratarían]”, refirió.
Salim Kalkach, secretario general de Vanguardia Obrera, comentó que la legislación establece la regulación de ese esquema laboral, pero el problema es que nadie revisa a las empresas y actúan como quieren.
“La ley es muy bonita, pero no está funcionando, el ‘sistema de dientes’ para conocer y sancionar a quienes no respetan la ley es nulo”, lamentó.
Reforma se queda corta. Kalkach comentó que la reforma laboral se quedó corta porque no aborda muchos de los problemas que enfrenta el país en dicha materia.
“Somos un país en el que 70% de los trabajadores están en la informalidad, esta reforma es sólo para 30% de los que están en la formalidad. Una modificación integral tendría que haber repensando una estrategia de desarrollo sostenible, la creación de empleos decentes, porque al final termina siendo insuficiente”, señaló.
Además, el sindicalista advirtió que los cambios implican una sobrerrepresentación que podría generar conflictos laborales y que en la práctica sería complicado cumplir la ley a cabalidad.
La falta de información sobre mecanismos de conciliación aleja a los trabajadores de obtener justicia laboral, reveló un estudio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad.
El texto, cuyos resultados se dieron a conocer a finales del año pasado por el National Bureau of Economic Research (NBER) y fue elaborado por académicos del ITAM, concluye que en la mayoría de los casos los trabajadores que demandan alguna compensación por despido o liquidación reciben menos de lo que corresponde por ley.
Esto, a su vez, refleja el desconocimiento de los trabajadores acerca de lo que legalmente deben demandar a sus ex empleadores.
Los empleados están mal informados acerca de sus derechos y la importancia de ciertos tipos de evidencia; segundo, tienen poca información sobre la calidad de los abogados, contratando defensores informales de bala calidad, señala el estudio.
Por ello, los académicos Joyce Sadka y Enrique Seira desarrollaron una calculadora de conciliación laboral para estimar los posibles resultados de un determinado proceso de justicia laboral con base en el análisis de otros casos.
La presentación de esta herramienta a querellantes y abogados tuvo efectos en la decisión de los trabajadores de optar por la conciliación en lugar de continuar con juicios extensos que, en ocasiones, duran más de tres años, como ocurre en el 48 por ciento de los casos.
La razón por la que trabajadores deciden continuar con los juicios se debe, en parte, a la relación que man tienen con abogados privados, cuyos intereses derivan del incentivo que corresponde emprender el proceso judicial, mientras que la conciliación resuelve.
Muchos abogados inflan los montos reclamados, posiblemente para incrementar las expectativas de los querellantes y convencerlos de demandar Dos de cada cinco demandantes obtienen devoluciones negativas (además) la información proporcionada al abogado no es transmitida al trabajador, exponeel texto.
En entrevista con REFORMA, Sadka explicó que actualmente se lleva a cabo otro experimento en la Junta de Conciliación, aunque aseguró que la reciente Reforma Laboral mostró avances en la materia del estudio.
Han hecho dos cosas importantes: la primera es que la primera instancia laboral se mueve al Poder Judicial de cada entidad, ya no son juntas con sus presupuestos pobres La segunda es que ahora hay una instancia de conciliación prejudicial que es obligatoria, señaló. //Reforma
La redacción actual de los artículos no hace fácil y eficaz la impartición de la justicia laboral burocrática, señala el diputado Cándido Ochoa.
Para lograr una eficaz impartición de justicia laboral burocrática, el diputado Cándido Ochoa Rojas presentó una iniciativa para reformar el artículo 139 Y derogar el 140 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
Mediante esta propuesta, se busca reformar el artículo 139 para establecer que «para ejecutarse el laudo firme a petición de parte el Presidente del Tribunal dictará auto de requerimiento, con efectos de mandamiento; en los casos de condenas de hacer; en el supuesto de condena de dar, al no acatarse voluntariamente, se procederá al embargo de bienes suficientes que la garanticen, los que pondrá de inmediato a disposición del que ganó».
El legislador plantea, en su exposición de motivos, que la actual redacción de los artículos, lejos de hacer ágil y eficaz la impartición de justicia laboral burocrática, la traducen en tardía, lenta e ineficiente, en perjuicio de quienes ocurren en demanda de la misma, ya que para conseguirse el cumplimiento de un laudo, el Presidente del Tribunal emite un acuerdo de requerimiento, con el apercibimiento de que no se atiende se hará uso de los medios de apremio.
Posterior a ese primer requerimiento, y ante la rebeldía del condenado, se emite un segundo, este con un apercibimiento de multa. Al subsistir la negativa, en un tercer requerimiento se hace efectiva la multa y de persistir la rebeldía, se da vista al Congreso, ya que el artículo 140 sobre este particular señala que se procederá en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
«Todo lo anterior, se lleva a cabo sin que hasta este momento procesal se garantice de forma alguna el derecho de quien obtuvo laudo favorable, porque ninguno de los citados numerales consagra una autorización inmediata, categórica y específica, de embargo, como medida de aseguramiento», indica.
Señala que es necesario que una vez obtenido laudo firme, el beneficiario del mismo pueda conseguir su ejecución sin tanto trámite, tortuoso, complejo e ineficaz, tal y como ya se establece en la Ley Federal del Trabajo.
Explica el legislador que, ante un laudo firme, se debe emitir auto con efectos de mandamiento para requerir su cumplimiento y en tratándose de condenas de dar, de no cumplirse voluntariamente en el momento del requerimiento se debe proceder al embargo de bienes suficientes que garanticen la condena, los que se deben poner de inmediato a disposición del titular de ese derecho, o sea, entregarse al beneficiario que ganó el pleito.
Y en el caso de condenas de hacer, como el cumplimiento del laudo es declarativo, no se va a tomar parecer al ente condenado, sino que ante su renuencia la autoridad del trabajo procede a llevar a cabo esa obligación, sino se acata voluntariamente, así por ejemplo procede a una reinstalación o a la declaración de cualquier derecho, ante la rebeldía del condenado.
San Luis Potosí: Agilizarán procesos de laudos laborales
Sostienen que la legislatura actual en el tema es lenta e ineficiente
Plano Informativo | 08/06/2019
San Luis Potosí, SLP.- Para lograr una eficaz impartición de justicia laboral burocrática, el diputado Cándido Ochoa Rojas presentó una iniciativa para reformar el artículo 139 Y derogar el 140 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
Mediante esta propuesta se busca reformar el artículo 139 para establecer: “Para ejecutarse el laudo firme a petición de parte, el presidente del Tribunal dictará auto de requerimiento, con efectos de mandamiento, en los casos de condenas de hacer; en el supuesto de condena de dar, al no acatarse voluntariamente, se procederá al embargo de bienes suficientes que la garanticen, los que pondrá de inmediato a disposición del que ganó”.
El legislador plantea, en su exposición de motivos, que la actual redacción de los artículos, lejos de hacer ágil y eficaz la impartición de justicia laboral burocrática, la traducen en tardía, lenta e ineficiente, en perjuicio de quienes ocurren en demanda de la misma, ya que para conseguirse el cumplimiento de un laudo, el presidente del Tribunal emite un acuerdo de requerimiento con el apercibimiento de que no se atiende se hará uso de los medios de apremio.
Posterior a ese primer requerimiento, y ante la rebeldía del condenado, se emite un segundo, este con un apercibimiento de multa. Al subsistir la negativa, en un tercer requerimiento se hace efectiva la multa y de persistir la rebeldía, se da vista al Congreso, ya que el artículo 140 sobre este particular señala que se procederá en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.
“Todo lo anterior se lleva a cabo sin que hasta este momento procesal se garantice de forma alguna el derecho de quien obtuvo laudo favorable, porque ninguno de los citados numerales consagra una autorización inmediata, categórica y específica de embargo, como medida de aseguramiento”, indica.
Señala que es necesario que una vez obtenido laudo firme, el beneficiario del mismo pueda conseguir su ejecución sin tanto trámite tortuoso, complejo e ineficaz, tal y como ya se establece en la Ley Federal del Trabajo.
Explica el legislador que, ante un laudo firme, se debe emitir auto con efectos de mandamiento para requerir su cumplimiento y, tratándose de condenas de dar, de no cumplirse voluntariamente en el momento del requerimiento se debe proceder al embargo de bienes suficientes que garanticen la condena, los que se deben poner de inmediato a disposición del titular de ese derecho, o sea, entregarse al beneficiario que ganó el pleito.
Y en el caso de condenas de hacer, como el cumplimiento del laudo es declarativo, no se va a tomar parecer al ente condenado, sino que ante su renuencia la autoridad del trabajo procede a llevar a cabo esa obligación, sino se acata voluntariamente, así, por ejemplo, procede a una reinstalación o a la declaración de cualquier derecho, ante la rebeldía del condenado.
El secretario general de la CTM comentó que existe la intención del gobierno federal de debilitar a las organizaciones legalmente constituidas por una autoridad estatal
Salvador Miranda
Ciudad Juárez, Chihuahua.- Los diferentes sindicatos que se encuentran en la localidad se han mantenido fortalecidos a pesar de los gobiernos que están al frente tanto federal, estatal como municipal, aunado a la reforma a Ley Federal del Trabajo laboral que se aprobó el pasado 1 de mayo.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jesús José Díaz Monárrez dijo que a pesar que aún no han tenido las repercusiones por las reformas a la Ley Federal del Trabajo y del nuevo gobierno federal, algunos gremios promovieron 40 amparos en los juzgados de distrito contra las reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Consideró que en algunos de los casos a estas reformas son violatorios al derecho del sindicato y de las personas en la intromisión en los asuntos internos en alguna organización no se debe de permitir.
“Una asociación civil por ejemplo que no reciba recurso del gobierno, no tienen por qué intervenir en asuntos internos, es el caso de los sindicatos que no reciben apoyos económicos de ninguna autoridad”, apuntó.
Díaz Monárrez comentó que existe la intención del gobierno federal de debilitar a las organizaciones legalmente constituidas por una autoridad estatal.
Indicó que la autoridad federal ve el modelo que siguieron las autoridades anteriores, priistas y panistas donde tomaban como rehén a las organizaciones sindicales y las utilizaban para su provecho propio.
Ahora el nuevo gobierno federal emanado de Morena, quiere hacer lo mismo, pero no con las mismas organizaciones existentes, sino con otras nuevas como la de Napoleón Gómez Urrutia de ser un ser prófugo de la justicia, lo regresan con fuero para no ser detenido y le dan todo el poder sindical con una organización que lo repudian.
Aseveró que el objetivo del nuevo gobierno de López Obrador es debilitar a las organizaciones sindicales existentes para fortalecer a unas nuevas organizaciones.
La dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Gloria Porras coincidió en señalar que es muy prematuro ver los cambios que ha tenido las reformas a la Ley Federal del Trabajo.
No obstante, denunció que el gobierno federal le está informando a los trabajadores por los medios de comunicación que ellos pueden decidir si quieren estar sindicalizados o no y en cuál sindicato.
Expuso que la CROC representa a 25 mil trabajadores dentro de la industria maquiladora tan solo en Ciudad Juárez, los cuales asesoran al trabajador en la función que tienen.
Explicó que manejan programas en beneficio de los trabajadores y sus familias como es la otorgación de mil 700 becas para estudiantes de bachillerato y universidades.
Mientras que el secretario de trabajo del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM), Héctor Cano Villela externó que ahora que se reformó la ley laboral se dice que se va a fortalecer la vida autónoma de los sindicatos, pero otros dicen que se va a disminuir la fuerza de los sindicatos.
Ante esto, mencionó antes que nada que este sindicato se rige con la Ley Estatal de Trabajo, por lo que tendría que haber cambios en el Código Administrativo del Estado para poder aplicar.
Agregó que fuera de esto y ante la obligatoriedad de las reformas laborales todos los sindicatos tendrán que hacer las adecuaciones a los estatutos para cumplir con lo que la nueva ley marca, como es el voto libre y la elección de los dirigentes.
Aseguró que el SUTM está más fuerte y unido que nunca y muestra de ello es la solidaridad de los agremiados en los asuntos internos del sindicato.
Al respecto el dirigente local del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión (STIRT), Martín García Prieto, expresó que la reforma a la nueva ley laboral viene una visión diferente para el trabajador.
Tiende a desaparecer las Juntas de Conciliación y ahora todo se va a ir a juicios con el objetivo de agilizar los procesos a favor de los trabajadores y darle más equidad, según informes del gobierno federal.
Dijo que el STIRT tiene aglomerado a 210 trabajadores de radio y televisión de la localidad.
García Prieto aseveró que el sindicato no ha perdido plazas por lo que se ha fortalecido, además están en espera de la llegada de “Audiorama” que ampliará el número de plazas en Ciudad Juárez.
Finalmente, el secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYRT), Julio Gómez, expuso que el propósito de la nueva ley federal del trabajo tiene la finalidad de que el trabajador tenga la libertad de afiliarse o pagar cuotas o no, pero eso sería para los sindicatos muy opacos.
“Hoy los trabajadores tienen que estar por convicción en los sindicatos, por lo que a nosotros no nos preocupa porque siempre hemos tenido libertad sindical, garantías de la negociación colectiva; es decir, esto va para garantizar a los trabajadores que no están presentados dignamente”, puntualizó.
A 90 años de su creación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se encuentra fuerte y como una institución que se apega a la legalidad en defensa de los derechos de los trabajadores
A sus 90 años de creación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) está más cerca que nunca de las personas que la necesitan, aseguró su titular, Carolina Ortiz Porras, al encabezar el Sorteo de Diez Número 2599 que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) realizó en honor del aniversario de la institución.
La Procuradora aseguró que la Profedet se reafirma como una institución fuerte, consciente del privilegio que es servir al ciudadano, de la ética que necesita el ejercicio de su labor, siempre apegados al principio de la legalidad en la defensa de los derechos de los trabajadores de nuestro país.
“Acompañar a un trabajador, escucharlo, hacer su demanda, sufrir cuando los testigos a los que se llamaron para comprobar el despido no llegan; estar en todo momento corriendo en las audiencias, ese es el trabajo cotidiano que hace que uno que traba en la procuraduría se enamore de ella”.
Al dar el campanazo de salida al sorteo en conmemoración por el 95 aniversario, Ortiz Porras, acompañada del subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfredo Domínguez Marrufo, recordó que la Profedet fue creada el 8 de junio de 1929 con la convicción de que el Estado debe tomar acciones firmes y eficaces para nivelar las desigualdades.
“Es a partir de esa fecha que la institución, aún antes de la primer Ley Federal del Trabajo, se dedica a asesorar, a representar y a acompañar a los trabajadores y a ahora ya se amplían las facultades a los beneficiarios de los trabajadores. Cuando un trabajador fallece, las personas que dependían directamente de él van con nosotros”.
Recordó que los servicios de la institución son: conciliación, asesoría y representación legal, totalmente gratuitos, para lo que cuentan con una oficina central, 47 más en los estados de la república y una procuraduría móvil.
“La responsabilidad que hoy tenemos los servidores públicos de la Profedet no caben las visiones cortas, ni los intereses fragmentados. La visión nacional de equipo, de trabajo y compromiso colaborativo nos obliga a reformarnos y a estar a la altura del momento histórico que vive el mundo laboral en México”.
El Premio Mayor de 15 millones de pesos lo ganó el billete número 4200, las dos series fueron emitidas para su venta a Medios Electrónicos.
El segundo premio de 1 millón 200 mil pesos lo obtuvo el billete Número 24594, la primera serie fue remitida para su venta a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la Segunda a Huejutla de Reyes, Hidalgo.
Los reintegros fueron para los billetes cuya terminación o último dígito es 0 y 4.
Chetumal, 7 de junio.— A pesar de que se tiene un plazo de 3 de años para cumplir las reformas laborales que entraron en vigor en mayo pasado, en Quintana Roo se requieren 94 millones de pesos y no se han aprobado desde el Congreso del Estado, apuntó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz.
Por lo anterior hizo un llamado a quienes integrarán la XVI Legislatura para sea tomado en cuenta en las prioridades de la agenda legislativa.
Hay que recordar que fue el 1 de mayo de este año la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materias de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
En ese sentido el magistrado presidente del Tribunal de Justicia comentó que son tres años que se tienen para que se cumpla con todo lo que implican estas reformas laborales, pero se requieren por lo menos 94 millones de pesos para establecer los tribunales de justicia laboral, equipamiento y contratación de personal que estará atendiendo estos requerimientos.
Manifestó que luego de la publicación de esas reformas se tiene un debate nacional sobre los recursos que no tienen los estados para el cumplimiento de todo lo que implica esa situación y que la Federación se tiene que hacer responsable para dotar no solo de la normatividad sino de las herramientas para lograr estas reformas en los estados.
En el caso del Tribunal, apuntó, se solicitó en el presupuesto de este año la cantidad de 94 millones de pesos pero no puso ser contemplada por cuestiones de austeridad y recortes que se hicieron desde la Federación con respecto a los presupuestos estatales, por tanto es que se tiene que insistir en este tema.
En este punto hizo un llamado a quienes serán los integrantes de la XVI Legislatura para que se contemple esta necesidad de ir dotando de estos recursos al Tribunal de Justicia, ya que se tienen que ir generando varias etapas con respecto a los avances que se tendrán en este sentido.
La Paz, Baja California Sur- Los diputados Héctor Ortega Pillado, Carlos Van Wormer Ruiz y Ramiro Ruiz Flores presentaron ante el pleno del Congreso del Estado una propuesta para reformar la Ley Burocrática a fin de terminar con una confusión normativa en el caso de las causales de recisión de los trabajadores sindicalizados, así como dar mayores garantías a los trabajadores de veinte años de servicio o más.
Mediante esta propuesta de reforma al artículo 47 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Estados y Municipios de Baja California Sur (BCS) y adicionando un artículo 47 bis se busca solucionar la confusión normativa como progresar en el derecho de los trabajadores en su derecho a la estabilidad de su empleo, expresó el diputado Carlos Van Wormer Ruiz.
El sentido de la reforma establece que en los sucesivo los trabajadores podrá cesar su relación laboral por renuncia o abandono de empleo como se especifica en la fracción uno del artículo 47, así como que por resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje: “cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores o por acumular más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin justificar debidamente y sin permiso de quien está facultado para otorgarlo”.
Mientas que la adición del artículo 47 bis: cuando el nombramiento, designación o relación laboral haya tenido una duración de más de veinte años, los titulares de los Poderes del Estado y Municipios y sus dependencias, sólo podrán cesar a los trabajadores por alguna de las causas señaladas en la fracción V del artículo 47, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, debiendo precisar en su solicitud al Tribunal Burocrático las razones por las que se considera que la falta cometida es particularmente grave o que hace imposible la continuación de la relación de trabajo. Lo anterior no será obstáculo para que se le imponga al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando los derechos que deriven de su antigüedad.
La repetición de la falta o la comisión de otra u otras faltas, que constituyan una causa legal de cese, deja sin efecto la disposición anterior.
