Julio Santaella, presidente del Inegi. Foto José Antonio López / Archivo
Ciudad de México. Tras más de un año de la pandemia de Covid- 19, el restablecimiento de la oferta laboral en México dependerá de que las empresas expandan sus líneas de negocio; que la reforma laboral del outsourcing comience a dar los primeros resultados, y que haya una serie de incentivos a la inversión, afirmó Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“La vacunación va ayudar a que se restablezca la oferta laboral y, el personal que aún no se ha incorporado, regrese a sus labores; pero también se requiere que las empresas mismas puedan expandir sus líneas de negocio y sus esquemas de contratación. Lo que suceda con la reforma laboral, de outsourcing, u otras series de incentivos a la inversión, la política fiscal, todos ellos determinantes muy importantes para que se restablezca el empleo”.
Durante el webinar: “Impacto del Covid en empleos y empresas”, organizado por minu, empresa mexicana que ofrece a los trabajadores mexicanos acceso a su salario ya trabajado, pero no pagado, el presidente del Inegi describió que es difícil saber si todos los daños económicos que provoca y provocó el Covid- 19 se van a resarcir.
Santaella precisó que tan sólo el comercio internacional y el programa con Estados Unidos, con el nuevo T-MEC, ha sido muy importante para generar un canal de expansión de las exportaciones mexicanas.
Sin embargo, afirmó, que “si hubieran otras palancas que ayudaran más rápido a salir de este bache y sanar las cicatrices que definitivamente va a dejar el Covid- 19, (como reformas estructurales) será de suma relevancia” para el crecimiento y desarrollo del país.
Julio Santaella adelantó que a finales de julio el Inegi dará a conocer los resultados de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares mexicanos.
“Ahí vamos a ver el impacto de la pandemia sobre la distribución del ingreso y sobre el impacto en bienestar que ha tenido directamente la pandemia y me temo que no van a ser buenas noticias”.
Toda la creación de empleo en el quinto mes del año se concentró en la población femenina. Especialistas coinciden en que este incremento estuvo vinculado a una mayor dinámica del sector servicios y a la necesidad de ingresos en los hogares.
El empleo femenino ha empujado el avance de la recuperación del mercado laboral en lo que va del año. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el total de plazas creadas en mayo fue para mujeres, en gran parte por su incorporación al trabajo en el sector servicios.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que 546,428 mujeres se sumaron al mercado laboral en el quinto mes del año, lo que compensó la salida de 490,125 hombres y llevó el balance de creación de empleo reportado para mayo a 56,303 plazas.
En los últimos tres meses del año la ocupación femenina ha mostrado mejor ritmo de avance que el del empleo masculino. De esta manera, el 63% de los casi 2 millones de trabajos recuperados en lo que va del 2021 corresponde a plazas ocupadas por mujeres.
Lafuerza laboral femenina fue la más afectada por el impacto económico de la pandemia. La salida del mercado de trabajo llevó la tasa de participación económica de las mujeres a su nivel más bajo en 15 años, desde que se mide la ENOE, reduciéndose a 40.71% como promedio el año pasado, proporción menor en casi 2 puntos a lo observado durante la crisis financiera global de 2009.
Previo a la pandemia, México registró sus mejores números en participación laboral de mujeres. En noviembre del 2019 se reportó el mejor mes para la intervención de la fuerza laboral femenina en la economía, con una tasa de 45.50 por ciento. Ese mismo año, el promedio de los cuatro trimestres fue de 44.72%, el más alto en la historia.
Sin embargo, llegó la crisis sanitaria y ésta puso un freno al avance que de por sí era lento. En abril de 2020 se presentó la mayor pérdida de empleo en el país con la salida de 12.5 millones de personas del mercado laboral y el desempleo castigó en buena medida a las mujeres debido a que se encuentran en actividades y sectores considerados como no esenciales. Ese mismo mes se posicionó como el más bajo en la participación económica de mujeres, con una tasa de 34.97 por ciento.
El impacto de la covid-19 para las mujeres ha sido un fenómeno global. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó en su informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2021 que en 2020 la contracción del empleo femenino fue del 5% frente al 3.9% del empleo masculino. Además, el 90% de las mujeres que perdió su empleo no sólo quedó sin trabajo sino que salió de la población económicamente activa.
Servicios, motor de la recuperación
Especialistas opinan que los números positivos de mayo están vinculados a la reactivación del sector de servicios, donde se emplea la mayoría de las mujeres, y que fue el más afectado por la suspensión de actividades no esenciales por la pandemia hace un año, contrario al comportamiento de la ocupación masculina, que inició antes su reincorporación al mercado debido a una recuperación más rápida de los sectores industrial y agropecuario.
Es importante la recuperación del sector de servicios para el empleo de las mujeres, al reactivarse este renglón, es lógico que más mujeres se incorporen al mercado de trabajo, subraya Adriana García, coordinadora de Análisis Económico de México ¿Cómo vamos?
“Prácticamente ya llegamos a los niveles prepandemia, estamos un poco más abajo en la población económicamente activa de mujeres, pero al final, pareciera que ya superamos lo peor del bache”, expone Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En el mes pasado, 21.8 millones de mujeres se encontraron ocupadas, una proporción de 96.1% de la fuerza laboral femenina. En marzo, un mes previo al cierre de las actividades económicas no esenciales a consecuencia de la emergencia sanitaria, esta cifra era de 97% y concentraba a 22.2 millones de trabajadoras.
El crecimiento de las plazas concentrado en la población femenina también es muestra de una necesidad de ingresos en los hogares. “Sigue la crisis de cuidados, porque no hay escuelas y no es fácil desligarse de todas las tareas no remuneradas, pero sí están retornando a los empleos que se ofrecen”, apunta Fátima Masse.
A pesar de la última cifra, Adriana García opina que aún estamos lejos de una recuperación integral de la ocupación femenina, puesto que la calidad de los empleos recuperados está en duda.
En ese sentido coincide la especialista del IMCO, es probable que los empleos a los que se están incorporando las mujeres son de medio tiempo o bien, actividades por cuenta propia. La subocupación, que engloba a las personas que necesitan o tienen disponible más del tiempo del que laboran, abarca al 13.1% de la ocupación femenina, pero en marzo de 2020, la proporción era de 8.7 por ciento. “Ahora el foco es en cuál es la calidad del empleo al que están accediendo las mujeres”.
Urgen políticas públicas focalizadas
Sin embargo, entre la población no económicamente activa, en el renglón de “no disponibles”, es decir, quienes no buscan empleo, pero tampoco aceptarían uno si se lo ofrecieran, la población femenina aumentó en 178,026 personas en mayo, superando el incremento de 26,873 personas en la población masculina, lo que evidencia las dificultades que tienen las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo.
“El punto es la infraestructura o el subsidio a los cuidados. Si las mujeres se encuentran en una familia con menores, adultos mayores o enfermos, si un miembro masculino tiene mejores condiciones laborales, la mujer tiende a sacrificar su participación en el mercado para dedicarse a las labores del hogar”, explica la especialista de México ¿Cómo vamos?
Por su parte, Fátima Masse resalta que algunas mujeres no están viendo las condiciones óptimas para retornar al mercado por una crisis de cuidados que aún permanece, aunque sí ha mejorado la expectativa para buscar trabajo entre la población femenina.
Ambas especialistas coinciden en que México debe tomar acciones concretas para incrementar la participación laboral de la fuerza de trabajo femenina. Entre estas medidas, el IMCO propone cuatro acciones específicas:
1. Creación del sistema universal de cuidados
México debe invertir en un sistema universal de cuidados y desarrollo infantil que no distinga entre trabajadoras formales e informales y les permita a las mujeres tener más flexibilidad para incorporarse al mercado laboral.
El organismo estima que este sistema requiere de una inversión anual de 99,000 millones de pesos, equivalente al 77% de los recursos que destinará este año el gobierno para el avance en la igualdad entre mujeres y hombres.
2. Formalización de las licencias de paternidad
De entrada, es necesario que en nuestro país se transite del concepto de “permiso” al de “licencia de paternidad”, para que sean obligatorias, intransferibles y que corran a cuenta del sistema de seguridad social.
Las licencias de paternidad abonarían a la permanencia de las trabajadoras en el mercado laboral, según la experiencia internacional, porque promueven que los hombres se involucren más con su familia y mejora el contexto para que las mujeres continúen laborando.
Esta medida implica una inversión de 1,300 millones de pesos al año para financiar una semana de licencia y es igual al 1% del presupuesto del gobierno para la igualdad entre mujeres y hombres.
3. Impulso a la Norma 025
La Norma 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación debe convertirse en una herramienta para incentivar condiciones de trabajo más inclusivas. Sólo 433 empresas están certificadas con esta norma y es importante que más organizaciones busquen este reconocimiento, en especial si ya implementan políticas en esta materia.
Además, proponen que los esfuerzos de la Norma 025 estén liderados por una sola autoridad federal para ofrecer mejores oportunidades de redes y alianzas para que más organizaciones se sumen a la certificación. Actualmente está a cargo de el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
4. Estímulos fiscales para las pymes
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) concentran casi la mitad de las trabajadoras formales y es por ello que las políticas fiscales y de inclusión focalizadas en ese sector pueden mejorar la permanencia de las mujeres en la economía.
La experiencia internacional indica que las pymes pueden obtener créditos fiscales de hasta 30% de los costos por contratar mujeres que regresan a trabajar después de un embarazo, el cuidado de hijos o un periodo de inactividad de hasta 15 años.
En México, estos apoyos se podrían limitar a empresas certificadas por la Norma 025. El costo aproximado de esta política pública es de 2,000 millones de pesos al año, equivalente a 1.5% de los recursos para la igualdad entre mujeres y hombres.
Ciudad Juárez es sede de la segunda reunión con diversos sectores para la construcción del proyecto.
Al ciere de la semana anterior se realizó una sesión de trabajo encabezada por el magistrado presidente Pablo Héctor González Villalobos en compañía de magistrados, consejeros, consejera y directivos del Poder Judicial en conjunto con liderazgos sindicales, académicos, litigantes y empresariales, escucharon diferentes planteamientos de cómo se proyecta operar los juzgados laborales a partir de mayo de 2022 en la entidad.
José Díaz Monarrez, secretario general de la federación regional de la CTM en la frontera comentó que, ”todo cambio implica un proceso de adaptación y en lo general ven con buenos ojos este tipo de actividades”, quien además externó que la convocatoria es magnífica para conocer la operatividad del proyecto.
Por su parte la presidenta de INDEX Juárez, Fabiola Luna Ávila, externó que estas modalidades de trabajo permiten se revisen los puntos que pueden aplicarse en la industria maquiladora, así mismo en el tema de información y capacitación se tiene contacto con la secretaría del trabajo y el comité nacional de INDEX.
La jornada de trabajo comprendió una introducción del tema y posteriormente, de acuerdo a sus ejes de interés, se llevó la reunión a un esquema de mesas de análisis donde los temas fueron normatividad, programación presupuestal, sensibilización, selección y contratación de personal y capacitación.
Maribel Hernández trabajó el año pasado en el estado de Luisiana en una planta procesadora de mariscos con una visa H-2B. Cuando se contagió de Covid-19, junto con un centenar de compañeros, su empleador los despidió y alertó a las autoridades migratorias.
“Fue una experiencia horrible” y entonces decidió presentar una queja ante la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), que finalmente la rechazó. A partir de ello, expresa, “descubrí que como trabajadoras migrantes no nos hacen valer nuestros derechos en cuestiones de salud ni en servicios legales gratuitos”.
Hernández es una de las ocho trabajadoras migrantes cuyos testimonios serán puestos a consideración de los gobiernos de México y Estados Unidos en el contexto de la primera reunión del Consejo de Trabajo, que este martes presentará el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), en virtud del Capítulo 23 (laboral) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Este Consejo se integra por “representantes gubernamentales de alto nivel”, de los ministerios de comercio y trabajo; debe reunirse un año después de la fecha de entrada en vigor del T-MEC (primero de julio) y posteriormente cada dos años.
La primera reunión del Consejo laboral consistirá en dos partes: una sesión privada entre los representantes de los tres gobiernos, donde se abordarán la implementación del Capítulo 23 y sus obligaciones laborales. Y una sesión pública para discutir asuntos relacionados con su instrumentación, donde las autoridades antes mencionadas atenderán preguntas recibidas previamente por escrito.
En entrevista con La Jornada, Evy Peña, directora de Comunicaciones del CDM, indicó que el documento contiene los testimonios de trabajadoras que identifican los problemas prioritarios que enfrentan las comunidades de migrantes, ofrecen propuestas de cooperación bilateral para abordar los abusos y plantean cuestionamientos para las partes del T-MEC.
“Uno de los temas principales es la discriminación de género en los programas de trabajo temporal, de eso se trata nuestra queja. Es muy importante que este proceso sea incluyente, transparente y que sea accesible a la sociedad civil y las personas migrantes”, apuntó.
La especialista comentó que si bien la reforma laboral y la libertad sindical serán dos asuntos fundamentales, “queremos asegurarnos de que el tema de la migración laboral sea un punto de sinergia que pueden abordar en conjunto los gobiernos de México y Estados Unidos”.
Entonces, a partir de las voces y relatos disponibles, “nuestro mensaje es: ¿qué es lo que van a hacer con las historias y preguntas de las personas migrantes?’”
Hernández expuso que “es muy fácil que los empleadores nos despidan”, y como la visa H-2B depende de ellos, no pueden cambiar de trabajo. En estos programas, “los empleadores tienen demasiado poder”.
Luz Hernández, otra trabajadora migrante, secundó: “Al gobierno de Estados Unidos quiero preguntarle, ¿qué planes tiene para dar más movilidad a los migrantes en los programas de visas de trabajo para no depender tanto del patrón?”
Al respecto, Peña señaló que el T-MEC debe ser visto como “una herramienta para la protección de personas trabajadoras de una manera holística e integral”. Y a partir de ello asegurarse de que se están “elevando las condiciones laborales para todas las personas trabajadoras a lo largo del corredor comercial”, incluyendo a los migrantes.
La central sindical acepta errores que pusieron en entredicho el proceso de votación para refrendar el contrato colectivo en la planta de Silao, pero también acusa que el caso se ha politizado por otras corrientes sindicales.
En su primera aparición, luego de que se anulara el proceso de legitimación de Contrato Colectivo de Trabajo con General Motors (GM), de la planta de Silao, Guanajuato; el líder sindical, Tereso Medina, admitió que las conclusiones que entregará el gobierno de México al de Estados Unidos, por la queja interpuesta bajo el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, confirma que se negaron los derechos laborales a los más de 6,000 trabajadores, pero pide su revisión a este tipo de mecanismos.
De manera contundente afirma que no salvará a nadie, ni se trata de su defensa, pero son creyentes de la democracia sindical que practican desde hace muchos años; por lo que “aceptamos que hubo errores en el proceso y esos errores no solamente pudieron haber sido del sindicato, también de otras partes involucradas. Ya nos dieron la sentencia, como se dice en el proceso, y la sentencia fue convocar a una nueva legitimación; a pesar de que tenemos hasta el 2023 para hacerlo”.
Para el también secretario general del sector automotriz de la CTM en Coahuila, hay varias enseñanzas en este proceso de legitimación. En principio que fue declarado nulo, y ello no los obliga a retomar esa legitimación, si no a iniciar nuevamente todo el proceso, de ahí que no se haya tomado como nueva fecha los 30 días que pidió la Secretaría del Trabajo en su resolución del 11 de mayo de 2021.
Vacíos, irregularidades y politización
A sabiendas de que los ojos del gobierno de Estados Unidos y Canadá están puestos en el Sindicato “Miguel Trujillo López”, Tereso Medina expone que tanto la reforma laboral como el Capítulo 23 del T-MEC tienen vacíos. “Hay declaraciones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos que han señalado que su gobierno se adelantó a presentar quejas, cuando aún no se ha publicado la guía procesal”.
Además, todo el proceso se politizó. “Y sospecho que también se aprovechó el tema para infiltrar a otra corriente sindical. Sospecho, que quede claro, y lo hablo como sospecha, como una presunción. Lo que es cierto es que se vició el tema y qué bueno que la Secretaría del Trabajo determinó no suspender el proceso, sino anularlo, que esa es prácticamente la responsabilidad de la autoridad laboral”.
Antes de tomar decisiones, Medina expone que “fue indispensable entrar a un debate, pues después de la determinación de las autoridades, en todo caso el Sindicato debía solicitar una nueva legitimación y es lo que hicimos. Por esa razón estuvimos platicando cuáles eran las mejores fechas”.
Destaca que el 20 de agosto es la fecha límite, “es adecuada, no sólo para preparar el proceso; sino porque hay paros técnicos por problemas de producción ante la ausencia del microchips que viene de Asia”.
Para Medina, quien ocupará una curul en la Cámara de Diputados a partir de septiembre, los “sindicatos ‘gringos’ (sic) han puesto en la mira a los sectores más exitosos de exportación de México hacia la Unión Americana, y su interés no es la defensa de los derechos laborales, sino el evitar que lleguen inversiones a México”.
El secretario general sustituto de la CTM destaca que actuarán de buena fe y llevarán a cabo la legitimación de contrato antes del 20 de agosto, a pensar de tener hasta 2023 para cumplir con este requisito.
Asimismo, afirma: “Yo creo que con esto ya se resuelve o se le da respuesta a esta supuesta denegación de derechos y, en ese sentido, acatamos en esa situación; de ninguna manera se trata de obstaculizar el tema de la legitimación. Estoy seguro que ya el daño se reparó por decir así y la sentencia fue una nueva legitimación que se le solicita al sindicato que representó”.
Desde muy temprano del sexenio federal se ha estado manejando la posibilidad de que se use el voto electrónico en las elecciones sindicales mexicanas.
Hace más de un año, en febrero de 2020, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio para que el INE ayudara a la implementación de la reforma laboral en los aspectos electorales. La reforma laboral de 2019 tiene, desde luego, aspectos electorales: son los electorales en materia sindical. Con el voto se deben ratificar los contratos colectivos de trabajo, y con el voto (directo) se deben elegir a las dirigencias locales y nacionales. En la mayor parte de los procesos sindicales mexicanos estas votaciones se han hecho tradicionalmente a mano alzada, incluso con la identificación del voto de cada sindicalizado electoral (tomando nota de su credencial, asociada a su voto, para las represalias que sean necesarias).
La modernidad ha llegado al sindicalismo mexicano cuando desde el gobierno federal se impulsa que el voto se haga a través de aplicaciones informáticas y se emita desde el teléfono celular del elector sindicalizado, desde la comodidad de su sofá casero. El presidente López Obrador ha dicho que ha propuesto el citado procedimiento a los líderes petroleros desde mayo, y el INE ya está avisado y dispuesto a cooperar.
En la semana pasada se lanzó una convocatoria para elecciones nacionales petrolera que resultó falsa. Desde su hospital covid, convaleciente, la senadora Cecilia Sánchez advirtió que «no se puede emitir una convocatoria sin que hayan salido los lineamientos de la STPS para el voto electrónico, como lo solicitó el presidente de México. Su convocatoria no señala los requisitos que deben cubrir los participantes de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y los Estatutos del sindicato».
Así lo resumió el presidente de la República en la mañana del viernes 25 de junio: «Acabo de dar indicaciones a la secretaria del Trabajo para que la elección sea limpia y libre, que haya democracia sindical. Que sean los trabajadores sin presión de ninguna índole, los que puedan emitir su voto, y ojalá los directivos actuales del sindicato acepten una propuesta para que cada trabajador vote libremente, con un teléfono, una aplicación. Que primero se lance la convocatoria para ver quiénes quieren ser los dirigentes, de acuerdo a los requisitos. Y que la Secretaría del Trabajo decida si cumplen los requisitos. Se da un plazo para que todos los trabajadores sepan quiénes son, sus trayectorias. Ya cuando sepan los 100 mil trabajadores quiénes son, se da un día, o dos o tres, a votar, ya con una clave. «Yo quiero al número uno, o al cinco, o al ocho»; de ahí se cuenta. Se puede proponer a 3 o 5 personas honorables para cuidar todo el proceso, y el que sacó más voto de los trabajadores, ése es el dirigente. Nada de acarreos, o me debes mostrar por quién votaste».
Allí están explícitas las directrices presidenciales para las elecciones petroleras. De inmediato debe saltar la pregunta de por qué el SNTE no está en el discurso presidencial, ni para elecciones seccionales ni para elecciones nacionales, y estas últimas menos que ninguna, y al no estarlo no se sabe si al presidente le interesa que el voto electrónico se aplique al SNTE. En los petroleros el interés por las elecciones está desatado. En el magisterio las cosas están casi muertas. No hay interés por las elecciones nacionales, y son nacionales las que harán los petroleros.
Para las elecciones seccionales del SNTE en Veracruz, hay únicamente dos aspirantes, dos personas que han dicho que quieren ser. Para la Sección 56, Miriam López Cruz, para la Sección 32, Galdino Diego Pérez, ambos de grupos opositores internos pues los candidatos de los grupos en el poder guardan silencio con sus tapados, a la espera, según, de la publicación de las respectivas convocatorias. A Miriam y a Galdino quizá les interese manifestar si solicitarán el voto electrónico en las elecciones magisteriales de las dos secciones del SNTE en Veracruz.
Quizá fijen postura dado que desde lo más alto del gobierno federal se le ven tantas bondades al voto sindical electrónico. Las cifras son parecidas: los petroleros son realmente 92 mil, y la Sección 32 tiene una membresía similar. En la Sección 56 son aproximadamente la mitad. Es hora de decirlo ahora que el gobierno impulsa y el INE apoya con asesoría y equipo. Es hora de saber si el voto sindical electrónico llegará o no para quedarse.
El mecanismo de respuesta rápida en materia laboral puede tener como consecuencia el bloqueo de exportaciones o el retiro de preferencias arancelarias del T-MEC de las plantas en donde se identifiquen violaciones laborales y no se repare el daño identificado.
El pasado 26 de junio se agotaron los 45 días con los que contaba México para emitir una resolución sobre si se denegaron o no los derechos laborales de los trabajadores de la planta de la armadora en Silao, Guanajuato, y especialistas afirman que lo más seguro es que se aceptará que hubo fallas en la legitimación del contrato colectivo, por lo que en 10 días naturales el país deberá negociar un plan de remediación.
Ha terminado el plazo para que el gobierno de México responda al de Estados Unidos si existió o no la denegación de derechos contra trabajadores de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, cuando buscaban rechazar su contrato colectivo de trabajo (CCT) en abril. El pasado 26 de junio se cumplieron los 45 días que dicta el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) y especialistas prevén que la resolución será que, efectivamente, la hubo.
Para las autoridades mexicanas, el gobierno de este país se adelantó incluso a la presentación de la queja y tomó cartas en el asunto. Ningún país quiere llegar a una sanción comercial, por ello dieron un paso adelante en el proceso, afirmó en entrevista Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El gobierno de México aceptó la queja que el 12 de mayo envió la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés). Pero desde un día antes resolvió reponer el proceso de legitimación del CCT. En un comunicado indicó que ratificaba “su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva”.
El voto libre, secreto y directo es uno de los pilares de la reforma laboral y del Capítulo 23 del T-MEC. Por ello, las “serias irregularidades” no sólo detonaron la primera reclamación entre gobiernos, sino también la suspensión de la votación, donde el Sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), es el principal protagonista.
Una vez que México presente los resultados de su investigación, inicia una etapa de consultas de 10 días, en la que Estados Unidos señalará si está conforme con el reporte. “En caso de que identifiquemos que sí hubo una denegación de derechos, proponemos un plan de reparación”, dijo Alejandro Encinas. Éste tiene que ser “razonable, proporcional a la falta cometida. Una vez que acordemos, se implementa adecuadamente. En ese momento se acaba el mecanismo laboral y la empresa sigue contando con todos los beneficios comerciales”.
Sin embargo, hay que cuidar el uso de este mecanismo, sostuvo, “porque tienes que equilibrar un buen clima para las inversiones y para la generación de fuentes de empleo. Entonces tienes que administrarlo bien, para que no haya un uso abusivo. Pero, por otra parte, sí coincidimos en que puede ayudar a avanzar en materia de derechos laborales”.
Informó que la STPS realiza campañas preventivas para evitar la activación del mecanismo. “Todavía hay una buena oportunidad para las empresas y, concretamente, para el centro de trabajo; pues no es todo General Motors, es GM Silao el que puede ser objeto de sanción. Los mecanismos de sanción anteriores eran a la cadena de producción de todo un país: al chile, al tomate. Éste ni siquiera es a un producto, es lo que se produce en un determinado centro de trabajo que niega derechos” sindicales.
Hasta la disidencia lo ve llegar
Especialistas que dieron seguimiento al proceso legitimación del contrato colectivo CC-973-2005-XII-2019-7819 afirman que la resolución emitida por la STPS el 11 de mayo es contundente y deja en claro que el sindicato cetemista impidió a los trabajadores manifestar libremente su derecho.
Ben Davis, integrante de la AFL-CIO, la central obrera más importante de Estados Unidos, recordó que si en las consultas los gobiernos no llegan a un acuerdo, entonces se convoca a un Panel Laboral. Comentó que falta el proceso para conocer la sanción, pues el sindicato no entregó copia del CCT a todos los trabajadores. Además, se alteraron las actas de la votación.
La representación de la disidencia sindical confía que el fallo de la STPS señale la denegación de los derechos laborales. Pero, principalmente, espera que en el proceso de remediación se escuche a trabajadoras y a trabajadores, “que son los destinatarios y los principales involucrados”, dijo la abogada Patricia Juan Pineda.
Son tres sus demandas para la reparación del daño: revisión del protocolo de legitimación, con normas más claras, transparentes y eficientes. Luego, una “vigilancia real de la autoridad laboral para que los procesos se efectúen conforme a la ley”, que el monitoreo sea antes, durante y después de la elección.
Más que el día de votación, los días previos y posteriores son “los más peligrosos”. Como prueba, están 15 personas despedidas a raíz de este proceso, una de ellas, embarazada, afirmó. Por ello, la tercera petición son medidas de protección para quienes participan. Adelantó que presentarán “quejas antes las instancias correspondientes contra el Estado mexicano, la empresa y la CTM por no garantizar la integridad de los trabajadores”.
Lamentó que la STPS “desconozca a los trabajadores y al grupo que los representa legalmente”, pues durante este periodo de 45 días le solicitaron información sobre el desarrollo de la investigación, pero no les fue compartida. “Resulta ilógico que excluyan a los trabajadores cuando se resuelve un asunto en el que ellos son los principales involucrados”.
Para la abogada, al hablar sobre la legitimación del contrato colectivo en GM Silao, “debemos entender que es uno de protección patronal, y que sindicato y empresa trabajan a la par para mantenerlo”. En general, esta etapa de la reforma laboral “está mostrado que las legitimaciones no son reales. Los grupos de protección patronal se están fortaleciendo”.
Por: Blanca Juárez y María del Pilar Martínez 28/06/2021
Esto a pesar de que por primera vez los trabajadores elegirán a su dirigente a través del voto libre y secreto.
Este lunes, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) convocaron a una movilización del Palacio de Bellas Artes a Palacio Nacional ante la inconformidad por las reglas impuestas para la elección de su nuevo líder sindical.
Esto a pesar de que por primera vez los trabajadores elegirán a su dirigente a través del voto libre y secreto. No obstante, algunos agremiados denunciaron que se limitó su participación en esta elección, toda vez que 117 delegados impusieron nuevos requisitos para postularse como candidato para este puesto.
Refirieron que ahora para ser candidato “se debe contar con el apoyo y autorización de 8 de los 40 secretarios generales del sindicato”, lo que traería como consecuencia la compra de voluntades por parte de los interesados en participar.
“Esto es una violación fragante a la Reforma Laboral, que se publicó el 1 de mayo del 2019, y lo que nosotros esperamos es que cuando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la reciba, la rechace. Porque solo fue aprobada por los delegados y no por todos los trabajadores”, explicó el ex secretario general de la sección 1, Maximiliano García.
Ante esto, los trabajadores realizan asambleas para planificar otras movilizaciones en diferentes calles de la Ciudad de México, esto aunado a las impugnaciones que presentarán ante las instancias correspondientes.
“Suponiendo sin conceder que comienzo a buscar a los 8 secretarios generales, va a llegar un interesado que tiene dinero y va a decir: yo te compro tu voto, no le des la firma a Juan, Pedro o Luis. ¿Cuál es la democracia? No hay democracia”, concluyó.
El nuevo modelo laboral acabará con el modelo corporativista que durante 100 años ha regido las relaciones obrero-patronales y que ha mermado la competitividad, inversiones y la certeza jurídica para los trabajadores y las empresas, dijo Esteban Martínez, titular de la Unidad para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“El nuevo modelo laboral busca acabar con el viejo sistema que es insostenible y tóxico”, destacó.
Agregó que estamos frente a una reforma histórica y de gran calado que moderniza el sindicalismo mexicano de manera profunda, al establecer mecanismos de democracia, transparencia y equidad de género.
En el marco de una conferencia denominada: “El Rol de los Notarios Públicos en la Reforma Laboral”, Martínez expuso aspectos generales de la participación de los Notarios Públicos en el proceso de legitimación de Contratos Colectivos a fin de garantizar el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores.
Eliel Flores Ángeles, secretario general del SNEPE-PM-SF, señaló que mientras no se elimine el maridaje y conflictos de interés entre las autoridades y las empresas productivas, éstas no podrán avanzar.
Bertha Becerra | El Sol de México
La representación legal del Sindicato Nacional de Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales (SNEPE-PM-SF) solicita por segunda ocasión audiencia con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, para plantearle una serie de anomalías que enfrentan; entre otras, dos tomas de nota emitidas de manera indebida por la propia dependencia al organismo gremial.
“Esto refleja el conflicto de intereses que prevalecen en la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la STPS. Mientras no se retiren entes de maridaje, corrupción y conflictos de intereses en dichas Secretarías de Estado y Empresas Productivas del Estado, sobre todo ésta última, seguirá como hasta hoy: nido de depredadores del erario de la nación”, afirmó Eliel Flores Ángeles a EL SOL DE MEXICO.
El secretario general del SNEPE-PM-SF dijo: Se trata de la toma de nota que se dio a un grupo de trabajadores de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, operados por Jorge Enrique Zárate Castillo, quienes se apoderaron ilícitamente de documentos oficiales de nuestro sindicato.
Entre ellos, la Toma de Nota 7150, Exp 10/15490, Legajo 1 Resolución0222.2.2.-539 del 14 de octubre 2019 y Exp.10/15490, Legajo 1 y Resolución 211.3.3_5357, Folio no.094 de 15 de octubre 2019; así como el original del Acta Constitutiva y las modificaciones al Estatuto, autorizadas en tiempo y forma en octubre de 2019, por la Dirección General del Registro de Asociaciones de la STPS.
Además, se apropiaron del logotipo, lema, emblema, estatutos, registro y toma de nota, y los utilizaron dolosamente para falsear información oficial del SNEPE, con la finalidad de efectuar ilegalmente trámites con fecha del 23 de diciembre de 2019, cuando la STPS se encontraba de vacaciones, “y así obtener una indebida toma de nota en 10 días”.
Puntualiza el secretario general del SNEPE-PM-SF, Eliel Flores Ángeles, ”nuestra toma de nota tardaron cinco años en entregarla, con vigencia del 3 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2024”.
Además, Zárate Castillo obtuvo esa segunda toma de nota sin apegarse al procedimiento de elecciones que establecen los Estatutos vigentes del SNEPE y en violación flagrante de la Ley Federal Trabajo vigente, dijo en el curso de la entrevista.
Y afirmó: “Es nulo de pleno derecho e ilegal su trámite ante dicha Dirección General de Asociaciones de la STPS”.
El secretario también aseveró: “si Zárate Castillo sorprendió a la Dirección General del Registro de Asociaciones con esta apresurada solicitud, ¿por qué resolvió el mismo día que se le presentó? Se estima sospechoso y por ende doloso. Ese trámite es tardado”.
También “es falso que Jorge Enrique Zárate Castillo estuviera legalmente autorizado, mucho menos para ostentarse como secretario general del SNEPE, porque jamás se celebraron elecciones en el domicilio legal de nuestro sindicato nacional, en la Ciudad de México, en los términos que establece la LFT y los Estatutos vigentes”.
Indica que “no puede haber una elección fundada y motivada por el término del ejercicio social, mismo que aún no concluye y que está legalmente autorizado por la propia STPS a mi favor como secretario general”, dijo el propio Eliel Flores Ángeles.
Considera que “por tal motivo, es nulo de pleno derecho el trámite que llevó a cabo Jorge Enrique Zárate Castillo para obtener una nueva toma de nota, por carecer de validez legal”.
Pero no es todo, porque también la Dirección de Asociaciones de la STPS otorgó una tercera toma de nota, para el mismo sindicato nacional con el mismo número de registro 7150, pero ahora a nombre de Juan Carlos García Torres, con base en los mismos documentos apócrifos y falsos y sin considerar los Estatutos que la dependencia ”nos expidió y que obligan a un proceso como es la Asamblea General Extraordinaria para la toma de acuerdos”.
“Todo esto confirma el manejo doloso y de mala fe, además de inapropiado de la Dirección General del Registro de Asociaciones de la STPS al otorgar nuevamente supuesta titularidad a esta persona sin hacer los análisis documentales conforme a nuestro Estatuto vigente, elaborado por la propia dependencia para expedir, después de nuestra legal toma de nota, dos ilegales más”, sostuvo el abogado Flores Ángeles.
