El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México reactivará el procedimiento para la elección de su presidencia, tras año y medio de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje anulara y ordenara reponer la realizada en enero de 2020, de la cual el líder de los trabajadores de limpia, Hugo Alonso Ortiz, se proclamó ganador.
Debido a este conflicto, la dirigencia del gremio quedó a cargo provisionalmente de un directorio integrado por representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y de la misma organización gremial, que el pasado lunes convocó a los secretarios generales de las 40 secciones a un Consejo Extraordinario de Delegados para sentar las bases de los nuevos comicios.
La reunión se llevará a cabo hoy y se prevé que se apruebe una reforma a los estatutos del sindicato para establecer que la elección del presidente se debe realizar por medio de una elección de todos sus integrantes, tal y como la marca la reforma laboral aprobada en 2019, además de establecer las bases para la convocatoria del proceso electoral.
El llamado para el consejo de delegados, firmado por el líder de la FSTSE, Joel Ayala, señala que debido a la pandemia la gestión del directorio tuvo que prorrogarse, pero que tras declararse el verde en el semáforo epidemiológico se decidió que hay condiciones para efectuarla.
De hecho, la emergencia sanitaria también ocasionó que algunas secretarías generales de las 40 secciones no se renovaran en el último año y medio, como es el caso de la 12, de servicios médicos, que actualmente está dirigida por un colectivo integrado por los candidatos al puesto.
En el caso de la sección 1, de limpia y transporte, en octubre de 2020 Hugo Alonso debía dejar el cargo, pero a petición de la FSTSE se le extendió hasta que haya condiciones para la elección de un nuevo dirigente.
En esa misma situación se encuentran las secciones 2, de operación hidráulica; la 6, parques y jardines; la 10, edificios, monumentos y obras viales, así como la 40, de trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos dirigentes participarán en el consejo de delegados.
En 2012 bajo el Gobierno de Peña Nieto y con el control del Poder Legislativo por parte del PRI, hubo una serie de reformas estructurales a la Constitución Política de nuestro país. Entre esas reformas, encontramos la reforma laboral, que se caracterizó por limitar y terminar con distintos derechos laborales de la clase trabajadora. Ahora, con el cambio de gobierno y bajo otro rumbo el país, una nueva reforma laboral se ha impulsado desde el 1 de mayo del 2019.
Desde el 14 de junio hasta el 21 del mismo mes, las trabajadoras y los trabajadores agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), están participando en la legitimización de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Por medio del derecho al voto libre, secreto y directo, el personal del IMSS de las distintas categorías de todo el país agremiados al SNTSS, ha estado decidiendo sobre la aprobación de las conquistas laborales con las que cuentan. Para todos, tanto para las y los sindicalizados, para la dirigencia sindical y para la parte patronal, éste proceso es algo novedoso y desconocido.
En efecto, el proceso de legitimización de los Contratos Colectivos de Trabajo es una obligación nueva, producto de la ya mencionada reforma laboral de la 4T. Es un proceso que los sindicatos ya existentes están obligados a hacer y se realizará por una sola ocasión. Esta disposición atiende a los objetivos principales de la reforma laboral del 2019 que son democratizar la toma de las decisiones en los gremios sindicales, regular la subcontratación laboral y motivar el empoderamiento de la base trabajadora.
La ya multicitada reforma laboral, fue impulsada por diversas situaciones que en nuestro país ocurren y que afectan al trabajador. Como bien sabemos, el Derecho Laboral forma parte de la rama del derecho social, es decir, que todas las disposiciones que de él emanen, deben favorecer siempre a la clase trabajadora, deben velar por sus intereses y por la protección de sus derechos. Una vez dicho lo anterior, podemos decir que en México han existido grandes demandas y exigencias por parte de la clase trabajadora hacia el gobierno, con las que se busca lograr una mayor justicia laboral.
El ya conocido tema del outsourcing, fue un tema que obtuvo mayor relevancia a partir de las modificaciones de la legislación laboral en 2012, en la que prácticamente se legalizaba la comercialización de trabajadores. La actual reforma, toma cartas en el asunto y exige disposiciones claras y regula la figura del outsourcing.
El máximo propósito de un sindicato y de un Contrato Colectivo de Trabajo es la defensa de los trabajadores y mejorar el mínimo de garantías que la Ley Federal del Trabajo dispone; si eso no ocurre, no tiene sentido su existencia. Hablando de sindicalismo, en México, han existido muchos sindicatos, creados únicamente para proteger los intereses de la parte patronal, en donde los contratos colectivos son simulados, no garantizan una mejora a las condiciones laborales y contienen disposiciones totalmente desconocidas para los agremiados. Son relaciones de complicidad entre el patrón y el sindicato en donde el menos beneficiado es el trabajador, ejemplos en nuestro país hay muchos, por eso la obligación de legitimar los CCT fue para todo sindicato existente y por existir. Lo anterior dicho no es el caso del CCT del SNTSS, ya que es uno de los mejores Contratos Colectivos del país, aun así, tiene que cumplir con los requisitos y obligaciones que la reforma laboral estipula.
La legitimización del CCT del SNTSS es uno de los retos más grandes para las Autoridades del Trabajo, para el sindicato, para el IMSS y para los sindicalizados, pues serán 446 mil trabajadores los que participarán en la consulta de legitimización. La cantidad de trabajadores, la presencia del sindicato en toda la República, la gran cantidad de centros de trabajo y otros aspectos hacen que la tarea sea titánica. Sin duda ganará el Sí y el CCT quedará legitimado por los trabajadores, pues como ya mencionamos las prestaciones y derechos que el Contrato contienen son superiores a las de la ley; el aguinaldo, que la ley estipula que sean 15 días de salario, el CCT de los agremiados mencionados, estipula que deberán ser 90 días de salario, solo por mencionar un ejemplo.
¿Qué pasará en los casos que la base trabajadora no apruebe la legitimización de su CCT? Seguramente en México habrá trabajadores que no aprueben el contenido de su CCT, en tal caso, las prestaciones no desaparecerán, tampoco desaparecerá el sindicato titular del CCT, pero sí se obligará a que los trabajadores participen directamente en la modificación y negociación de su CCT, para que pueda ser aprobado en otra oportunidad más. Sin duda, habrá sindicatos que puedan tener problemas o complicaciones en este proceso.
Imagínese el proceso de legitimización del CCT del SNTE, con toda la presión, información y movilización que fomentará la CNTE, sin duda será un proceso de debate y discusión, que ojalá cumpla con el propósito de la actual Reforma Laboral de empoderar a sus agremiados.
El ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, resaltó la evolución de los trabajos en preparación a la implementación de la segunda etapa de la reforma laboral, lo que muestra que ya es una realidad el nuevo modelo laboral a nivel local y federal, coadyuvando con ello, a reforzar el proyecto de nación en esta materia.
La implementación de la reforma laboral también contribuye a terminar con el coyotaje, ese fenómeno que se fue fortaleciendo a costa de los trabajadores y empleadores, en detrimento de la justicia laboral.
Así lo expresó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante la Cuarta Reunión de Coordinación Interinstitucional entre autoridades federales y locales en preparación a la Implementación de la segunda etapa de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.
Dijo que una de las herramientas más eficaces para terminar con el llamado coyotaje es tener un sistema de defensa gratuito y fortalecido, encabezado por un trabajo conjunto de las procuradurías de la Defensa del Trabajo y la Defensoría Pública del Poder Judicial.
La implementación de la Reforma Laboral implica la defensa gratuita de los trabajadores, a nivel federal esta actividad está a cargo de la Profedet y la Defensoría Pública, donde hemos logrado una coordinación eficiente sobre los asuntos de cada una de las instituciones”, dijo.
Durante el encuentro, la titular de la STPS reconoció que, pese a la pandemia se mantiene el compromiso para dar arranque al inicio de segunda etapa el primero de octubre y con ello, seguir respondiendo al mandato de ley y a los compromisos internacionales del país.
El ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, resaltó la evolución de los trabajos en preparación a la implementación de la segunda etapa de la reforma laboral, lo que muestra que ya es una realidad el nuevo modelo laboral a nivel local y federal, coadyuvando con ello, a reforzar el proyecto de nación en esta materia.
En la reunión, Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma Laboral de la STPS, presentó el informe de avances generales en materia de armonización legislativa; del proceso de digitalización y clasificación de los expedientes registrales de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, así como de la adecuación de estatutos sindicales y de legitimación de contratos colectivos.
El titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, compartió que, en breve se realizará la convocatoria al concurso de ingreso para el personal que se integrará a las nuevas sedes del Centro en los estados que forman parte de esta Segunda Etapa. De igual forma, señaló que, se adecuarán oficinas en todo el país para iniciar operaciones el primero de octubre.
La legitimación de contratos colectivos de trabajo ha despertado a las disidencias sindicales y con ello, la búsqueda para cambiar a líderes sindicales que han permanecido por décadas frente a sindicatos.
La legitimación de contratos colectivos de trabajo ha despertado a las disidencias sindicales y con ello, la búsqueda para cambiar a líderes sindicales que han permanecido por décadas frente a sindicatos.
Así, se acaba de crear el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO), que pretende, según informaron en conferencia de prensa, “promover una verdadera democratización de la actividad sindical dentro del sector ferrocarrilero mexicano y combatir acciones ilícitas y corruptas que han lesionado por más de 25 años la representatividad laboral de los trabajadores y extrabajadores de esta industria en nuestro país”, dijo Eduardo Canales Aguiar, quien encabeza dicho movimiento.
Este grupo, que se encontraba dentro del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, ahora promoverá como principios fomentar una nueva cultura sindical en la que se respete la libertad y dignidad de las personas. De esta manera, FERRO, expuso Canales, buscará modificar el estatuto sindical, promover la libertad en la elección de las dirigencias sindicales y el respeto pleno al voto, impulsar la tolerancia, respeto y libertad de expresión en el gremio.
Entre las acciones que pretenden corregir, de lo que hoy sucede en el sindicato que encabeza Víctor Flores, es reducir la cuota sindical, impulsar la transparencia y rendición de cuentas.
Por otra parte, hay un grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que han cuestionado el proceso de legitimación de contrato colectivo de trabajo, el cual se desarrolla desde el 14 hasta el 21 de junio.
Asimismo, en el Sindicato de Telefonistas un grupo de 30 personas pretende promover el cambio de dirigente.
Aguascalientes, Ags.- La Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena, participó en la “Cuarta reunión de coordinación interinstitucional entre autoridades federales y locales que integran la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.”
El encuentro que estuvo encabezado por la Secretaria del Trabajo federal Luisa María Alcalde, contó con la presencia de los presidentes y presidentas de los tribunales de justicia cuyos estados pertenecen a la segunda etapa de implementación de la reforma laboral.
En la reunión de formato virtual, se realizó la presentación de avances y comentarios por las autoridades en las entidades federativas de la Segunda Etapa (2021).
Los procedimientos estarían enfocados en el sector maquilador y una queja que se presentaría en breve sería contra Fisher Dynamics, fabricante de autopartes en Matamoros, Tamaulipas.
Susana Prieto Terrazas, representante legal de los trabajadores en el sector de la maquila en el norte del país, tiene claridad en que el camino por la defensa de los derechos de los trabajadores en materia de libertad sindical y contratación colectiva real es el del mecanismo de respuesta rápida que se implementó en el Capítulo Laboral del T-MEC al entrar en vigor julio del 2020.
En entrevista con El Economista, quien tendrá un cargo como diputada federal en la bancada de Morena en la próxima legislatura, detalla que la corrupción y contubernio entre las autoridades locales, así como el consentimiento de las empresas con líderes sindicales “charros”, impiden la aplicación real de la reforma laboral en México, por lo que se vuelve indispensable presentar quejas ante los nuevos mecanismos, de tal manera que prepara más de 40 denuncias por violaciones derechos laborales.
Prieto Terrazas promovió una de las primeras quejas en el marco del T-MEC, apoyada por organizaciones sindicales como la central obrera más importante de Estados Unidos (AFL-CIO), para denunciar violaciones a la libertad de los trabajadores para decidir la titularidad del contrato colectivo con la empresa Tridonex. La siguiente podría ser contra Fisher Dynamics, fabricante de autopartes en Matamoros, Tamaulipas.
Producto de la queja, admitida el pasado 9 de junio, el gobierno de Estados Unidos pidió al gobierno de México atender el problema, de tal manera que corresponde a las autoridades laborales presentar una respuesta para evitar que se llegue a la instalación de un Panel de Controversias –en caso de que no haya acuerdo conciliatorio previo– y para ello tienen 45 días.
“Ellos (la autoridad) van a querer hacer un convenio con la empresa Tridonex; no obstante, la libertad y democratización sindical no debe ser sólo para nosotros; estamos peleando la de la industria trasnacional maquiladora que representa a obreras y obreros sobre todo en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas; pero debe aplicarse con empresas nacionales y trasnacionales”, comentó Prieto Terrazas.
Tras señalar que esperarán a conocer la respuesta que dé el Estado Mexicano, destacó que “por lo pronto represento a los trabajadores de la industria maquiladora y vamos a ver si hay una solución integral, porque no me interesa para nada que sólo se arregle el problema de Tridonex, sino de toda la inversión extranjera que hay en los 33 municipios en los que se encuentra la industria maquiladora en el país”.
Tridonex, sentará precedente
Prieto Terrazas, quien trabaja de la mano con el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias, Movimiento 20/32 (SNITIS) y que encabeza Jaime Guarneros, el cual surgió de aquella huelga masiva en 28 maquiladoras, afirma que la queja en contra de Tridonex sentará un precedente “y por ello, terminando esta demanda vendrán las otras 39 y a lo mejor las otras 80 que puedan faltar de Matamoros y entonces empezar a difundir. Algunas ya estaban en trámite y no le dieron consecución en el Estado de Tamaulipas”.
En ese sentido, están trabajando con la AFL-CIO -sobre todo antes de presentar las siguientes quejas por denegación de derechos laborales- ya que si admite la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dado que por los tiempos de implementación de la reforma laboral aún no entra en operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las demandas de titularidad de las maquilas que se encuentran sindicalizadas, “será algo impresionante y sentaremos un precedente” y ya no llegarían a los mecanismos de respuesta rápida.
Así funciona el mecanismo laboral del T-MEC
Una vez presentada una queja laboral el gobierno estadounidense tiene 30 días para determinar si el caso tiene mérito y, de ser el caso, puede que acordar una solución con el gobierno mexicano en los siguientes 55 días para evitar un panel de solución de diferencias.
De levantarse el panel, se cuenta con un plazo de cuatro meses para resolver; si se decreta la culpabilidad de la empresa, se podrían bloquear sus exportaciones o retirárseles los beneficios arancelarios del T-MEC.
El nuevo mecanismo de “respuesta rápida” del T-MEC –único en los tratados comerciales en el mundo– prevé una investigación de un panel independiente sobre la negación de derechos laborales en sectores prioritarios del tratado, definidos como aquellos que producen bienes manufacturados, suministran servicios o involucran a la minería.
El T-MEC permite que observadores estadounidenses y mexicanos acompañen al panel en cualquier visita que realice a la instalación para verificar las reclamaciones en la petición.
En general, el mecanismo se aplicará siempre que una Parte (la Parte reclamante) cree de buena fe que a los trabajadores de una instalación cubierta se les niega el derecho de libre asociación y negociación colectiva.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dijo que en su conversación con el ministro Marty Walsh se reiteró el compromiso de mantener una comunicación abierta para todos los temas relacionados con el Tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá.
La secretaria de trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, sostuvo un primer encuentro con el ministro de Trabajo de Estados Unidos, Marty Walsh; con quien abordó cómo tema central la implementación de la reforma laboral.
Consultada al respecto comentó a El Economista que se trató de “una reunión muy cordial, nos presentamos y platicamos de los avances de la reforma laboral, de la colaboración conjunta que hemos mantenido, de los programas de capacitación de jóvenes”.
Agregó que en la conversación que sostuvieron reiteraron el compromiso de mantener una comunicación abierta para todos los temas relacionados con el Tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Cabe señalar que México arrancó con un proceso de cambio en el modelo laboral en 2019, en el que modificó desde la impartición de justicia, con la creación de un nuevo Centro Federal de Conciliación; hasta llevar a las organizaciones sindicales a un proceso de legitimación de contratos colectivos y que se encuentra en desarrollo y tiene como fecha límite mayo de 2023.
Además, se empezó a utilizar, como vía para dar cumplimiento a la reforma, el mecanismo de respuesta rápida en los casos que son señalados como violatorios de los derechos laborales en materia de libertad sindicales y contratación colectiva verdadera, y que obliga a la autoridad laboral a dar respuesta.
El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá incluye un procedimiento para velar por los derechos sindicales que ningún otro acuerdo en el mundo ha incorporado.
El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que contempla el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es “punta de lanza en el mundo”. El gobierno estadounidense lo ha utilizado ya dos veces para reclamar la protección de derechos sindicales en nuestro país. Sin embargo, las autoridades de las tres naciones deben tener cuidado de que “no se abuse de esta herramienta” y termine desgastándose, consideran especialistas.
El abuso puede suceder desde los sindicatos, dijo la presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Leonor Quiroz. La abogada participó en el encuentro digital sobre El Capítulo Laboral del T-MEC: ¿competitividad o proteccionismo?, evento fue convocado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esta situación podría suceder en casos en los que diferentes sindicatos busquen la representación del personal de una misma empresa, explicó. Por ejemplo, en un recuento de votos, en una lucha por ser el titular del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), alguno de ellos podría asegurar que no se convocó o notificó como la ley laboral lo ordena, abundó. “Ahí veo que se puede abusar de la figura”.
Y “si agregamos que hay sindicatos de otros países interesados en representar (a personas trabajadoras) en México, que quieran entrar al mercado de manera legítima, con su toma de nota”, podría presentarse esa misma disputa, consideró.
Por ello “es importante es que las autoridades de los tres países, antes de pasar este tipo de quejas al otro país, la revisen muy bien, tanto su autoridad laboral como la de comercio, para que estos mecanismos no pierdan legitimidad y validez”.
Es un procedimiento nuevo y los posibles problemas “se van a dar en la práctica”, destacó la representante de la Coparmex. Pero enfatizó que el riesgo de que estas denuncias no estén sustentadas es que no se utilice el mecanismo para lo que fue diseñado y “nos vayamos directamente al arbitraje y no se trata de eso”.
Ellos sí nos conocen
El MLRR es un procedimiento inédito en el mundo, recordó el laboralista Alfredo Kupfer. “No existe un mecanismo igual en ningún tipo de tratado comercial en ninguna parte del mundo”. Explicó que fue diseñado específicamente para el T-MEC, “por eso todo lo que estamos viviendo es nuevo”.
Los casos que atiende son únicamente la negación de derechos de libertad sindical o negociación colectiva, apuntó. Su creación fue un requisito para la firma de este acuerdo comercial. El interés del gobierno de Estados Unidos es porque han tenido información de que en México no se han cumplido de manera cabal, agregó.
Nuestro país también puede utilizarlo para pedir al gobierno estadounidense o canadiense que se garanticen esos derechos para personas trabajadoras en aquellos lugares.
Sin embargo, dijo Alfredo Kupfer, a México le ha faltado invertir en infraestructura o personal para tener un mayor conocimiento de estos casos, a diferencia de Estados Unidos que ha tenido, desde hace años, agregados en la embajada o consulados que recaban esta información para su gobierno.
Esto “nos ha abierto la puerta a dos reclamaciones. Tenemos un periodo muy corto de vigencia del tratado y ya tenemos dos quejas específicas”. Una contra la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, y la otra, contra Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas. Ambos tienen que ver con el impedimento de ejercer sus derecho a la libertad sindical.
¿Cómo funciona el MLRR?
El proceso de este mecanismo es para generar la queja laboral. Si la inician sindicatos u organizaciones de defensa de derechos humanos, tienen que solicitar al gobierno de su país que emita la queja. Le presentan una serie de evidencias por las que creen que pudieran estarse violando los derechos sindicales. Las autoridades las analizan y aceptan o no iniciar el procedimiento.
Este fue el caso de Tridonex. Sindicatos de Estados Unidos le pidieron a su gobierno que presentara a México una queja porque en esa empresa estadounidense no estaba respetando el derecho de su personal en Matamoros a sindicalizarse en otra organización.
La otra vía es que directamente los gobiernos presenten la queja. También este camino ya lo tomó Estados Unidos con General Motors en Silao, en el que el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo no pudo culminarse debido a una serie de irregularidades por parte del sindicato y de la empresa.
Lo que sigue, después de se interpone la queja, es un periodo de consultas que puede ser de hasta 45 días. Autoridades de ambos países y representantes de la empresa señalada se reúnen para crear un plan de remediación.
El MLRR está creado para evitar llegar al arbitraje, es decir, a la creación de un panel de especialistas que analizarían el caso y emitirían sanciones. Alfredo Kupfer es parte de ese grupo, por cierto. El plan de remediación debe ser satisfactorio para el país que inicia la queja.
Si no es así, se llama a la formación de ese panel, conformado por representantes de los tres países. Las sanciones para la empresa aludida pueden ser aranceles, suspensión de exportación y, si se reiteran esas conductas, la prohibición para comercializar sus productos o servicios en el otro país.
Sin embargo, incluso una vez emitidas estas sanciones, las empresas tienen una oportunidad para presentar otro plan para enfrentar y resolver la situación.
Se da cumplimiento a la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Con la finalidad de que exista una mayor rapidez en los procesos relacionados con algún litigio laboral, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores firmó un convenio con el Consejo de la Judicatura Federal para implementar una plataforma que permita al poder judicial acceder a las bases de datos de la hipotecaria del Estado.
De acuerdo con el Infonavit, con dicha plataforma los Tribunales del Poder Judicial de la Federación tendrán acceso seguro a la información sobre la subcuenta de vivienda de los trabajadores que presentan conflictos de seguridad social y que reclaman el otorgamiento de prestaciones por medio de juicios laborales.
“El uso de la plataforma agilizará el acceso a la información, la cual anteriormente debía ser solicitada por escrito, mientras que ahora se encontrará en línea y actualizada, reduciendo costos y tiempos en beneficio de los trabajadores que se encuentran en algún litigio laboral”, apuntó Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, durante la firma del convenio.
De acuerdo con las bases del convenio, dicho sistema coadyuvará en la resolución de juicios que protejan los derechos de los trabajadores en materia laboral y de seguridad social.
“El Infonavit da cumplimiento a lo establecido artículo 899-E, de la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que las instituciones de seguridad social deberán poner a disposición de los tribunales laborales una plataforma que permita el acceso a sus bases de datos con el objeto de que el tribunal esté en condiciones de esclarecer hechos controvertidos en los juicios”, acotó el organismo en un comunicado.
Martínez Velázquez acotó que estos cambios también se dan en el contexto de una reforma al poder Judicial de la Federación, la cual busca reestructurar su organización y funcionamiento, con el fin de combatir la corrupción y fortalecer la carrera judicial de los funcionarios.
Esta reforma, también impulsada por el Ejecutivo Federal, busca además mejorar el servicio de defensoría pública, a fin de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos. En este sentido, pueden estar seguros de que cuentan con el apoyo del Infonavit para alcanzar dicho objetivo”, detalló Martínez Velázquez.
En su intervención, Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, indicó que el uso de las tecnologías facilitará el cumplimiento de garantizar el acceso a la justicia laboral de los trabajadores.
“Este acuerdo facilita la colaboración entre los diversos órganos de gobierno, los diversos poderes y el intercambio de información vía digital; y no podíamos estar nosotros ajenos a todo este contexto, a esta rueda de la historia que va cada vez más hacia el uso de herramientas tecnológicas para que la atención de los trabajadores y la impartición de justicia sea cada vez más ágil”, apuntó Domínguez Marrufo. /// El Economista
Asesoramiento a sindicatos para actualización de sus estatutos de acuerdo a la Reforma Laboral
Exhortan a los sindicatos con registro local a recibir asesoría en la Coordinación de Conciliación
El secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, exhortó a los sindicatos con registro local a recibir asesoría en la Coordinación de Conciliación para llevar a cabo la actualización de sus estatutos acorde a la Reforma Laboral.
Desde la Coordinación de Conciliación de la Secretaría del Trabajo se mantiene constante acercamiento y asesorías con los miembros de los sindicatos, para contribuir a que se cumpla este mandato constitucional.
La actualización de los estatutos se deberá realizar en tres aspectos:
La forma en que se elegirán las directivas sindicales (apartado en el que se incluye la cuota de género para la integración de las mesas directivas con el mismo número de mujeres y hombres).
La forma en que rendirán cuentas.
El procedimiento por el que realizarán la consulta a las y los trabajadores para la aprobación de los contratos colectivos.
Respecto del plazo para concluir con el proceso de actualización de estatutos ante la pandemia COVID-19, serán 17 días hábiles para establecer las garantías consideradas en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de la fecha en que la autoridad sanitaria disponga la reanudación de actividades laborales en el sector público, y que la totalidad de autoridades registrales haya reanudado términos legales en su respectiva jurisdicción.
Desde 2019 la Secretaría del Trabajo ha mantenido acercamiento con líderes y miembros de sindicatos en Querétaro, para dar a conocer los cambios que implica esta Reforma Laboral.
Para atención a dudas y apoyo para la actualización de los estatutos de los sindicatos, llamar a la Coordinación de Conciliación al 442 227 06 23.
