Hay un abandono estatal del sistema de justicia: Magistrado Héctor Arturo Mercado López *


*Participación del Magistrado Héctor Arturo Mercado López, en el Foro “la Reforma laboral para todos. Última Llamada” efectuado en la Cámara de Senadores el 13 de abril de 2018.
Desde que se empezó la Reforma Laboral, fue un viejo anhelo que en lo personal tenía de que las juntas tenían que desaparecer.
El sistema de justicia de este país en materia laboral es una vergüenza, era una vergüenza, y sigue siéndolo en su manera estructural, porque hay un abandono estatal del sistema de justicia.
Porque el Estado no provee del suficiente presupuesto al sistema actual, porque no permite la capacitación plena y completa de todos los trabajadores, porque no paga salarios dignos a sus trabajadores que los aíslen y los alejen de la corrupción, porque no mete mecanismos de control que determinen ni detengan el tráfico de influencia y la corrupción.
El sistema, en su conjunto, es una vergüenza, no hace justicia, y eso es gravísimo.
Y el problema es que cuando algún sistema de justicia no responde a las necesidades de una sociedad que reclama que le digan cuál es su derecho, sea trabajador o patrón, el problema se empieza a resolver en la calle. Y se empieza a resolver en la calle o de manera absolutamente inconsciente y por lo tanto, la criminalidad aumenta, porque la desigualdad se acentúa o se empieza a resolver a través de movilizaciones sociales, que logran reivindicar derechos legítimos de una sociedad.
¿En qué situación estamos en este país? ¿Reivindicaremos por consciencia derechos fundamentales como sociedad, frente a eso que se nos viene o saldremos a la calle a continuar rescatando la sobrevivencia de nuestras vidas, porque nuestro trabajo digno no nos lo respeta la ley? Y por lo tanto, incrementará la delincuencia. Esa es la pregunta.
A mí me dijeron que respondiera una pregunta muy sencilla: ¿la reforma laboral secundaria era un retroceso para México?. Bueno, esta es la primera reflexión que me hago.
La reforma laboral tiene que verse sobre el fenómeno de la eficiencia con la que se va a aplicar y que se pretende aplicar con la reforma laboral. Si no entendemos el esquema de toda la propuesta que se está haciendo por parte del PRI y del PAN de manera objetiva, mesurada, profunda, centrada, punto por punto qué persigue; podemos correr el riesgo de no entender qué es lo que están proponiendo y creer que simplemente es un atropello simplón y ramplón de un vulgar despacho jurídico que la elaboró; y yo creo que estoy muy lejos de pensar que sea algo superficial.
Creo que hay que ir pensando varias cosas. La primera de ellas es, si se vota la reforma así como está, entra en vigor en noviembre; estamos hablando de seis meses para que entre en vigor. Y lo que he venido pregonando hasta el cansancio: señores, ¿con qué dinero, con qué presupuesto, con qué instalaciones y con qué personal?
En este país, señores, no existen laboralistas suficientes para soportar una carga profesional de un sistema de justicia altamente eficiente. Tenemos que prepararlos y eso nos lleva dos o tres años; y eso cuesta dinero, y eso implica un diseño de las instalaciones a partir del diseño que se haya hecho en la ley de los procedimientos que se hagan, y esas no las tenemos.
Qué, ¿vamos a rentar la casa que está al lado y metemos como sea y seguimos atendiendo? ¿O vamos a seguir en las instalaciones en que están, que en materia federal y local muchas veces tienen deficiencias serias?
Entonces, tenemos tres grandes problemas de entrada, que no tienen que ver con el derecho necesariamente. Que es un problema presupuestal, un problema de instalaciones que nos obligan a que en seis meses se preparen y un problema de personal.
¿A poco creen –y lo he dicho hasta el cansancio– que tenemos en este país los suficientes conciliadores o mediadores para llevar a cabo una función altamente eficaz?
La respuesta es no. Y se tiene que capacitar, porque aparte de ser expertos en derecho laboral un poco bajo el perfil que mi compañero, el que me precedió lo señaló con mucha puntualidad, tendrían que ser mediadores altamente calificados, con procedimientos objetivos y veraces. Entonces, no existe ese personal; no existen esas instalaciones y no existe el presupuesto.
Entonces, están enviando un par de monstruos tanto al sector federal como al local, de tribunales y de organismos que no van a funcionar. Pero es parte de la estrategia, que no funcionen.
El otro problema que tenemos es, ya en el diseño propio de la ley, de su desarrollo, implica por lo tanto empezar a ver qué papel juega este fenómeno de la conciliación prejudicial dentro del sistema de justicia.
Para un trabajador, él no entiende de si un organismo es prejudicial y que el juicio realmente inicia hasta que llega hasta el Tribunal Laboral; para el trabajador empieza el día que lo despidieron, el juicio, y termina el día en que lo reinstalan o lo indemnizan. O para el Sindicato empieza el día en que presenta su promoción y termina el día en que se resuelve su problema; lo demás son cuentas alegres y son tecnicismos, no necesariamente muy puntuales, porque esto estaría a discusión.
Y entonces, el problema que tenemos con los órganos de conciliación, ya se señaló aquí pero lo vuelvo a enfatizar: la ausencia de autonomía e independencia de estos órganos para tomar las decisiones correctas, en términos, ojo, de conciliación y registro.
Porque ahorita voy a señalar otro problema que trae, y entonces el problema es que su personal no cuenta con autonomía e independencia.
A nivel federal, ya se dijo, la composición tripartita. La composición tripartita, me parece que trae problemas de constitucional severo, pero eso ya será materia de pronunciamiento, en su momento.
Lo grave de la composición tripartita, y ahí es donde me asombro porque ley la ley y digo: Bueno, ¿qué no se dieron cuenta? El Gobierno está cediendo el control corporativo que tenía sobre los sindicatos, se lo está cediendo a un organismo patronal, porque la composición permite una organización con cuatro representantes patronales y cuatro sindicales, pero adeptos a esos patrones, con lo cual los cuatro del Gobierno quedan en minoría.
El control histórico corporativo de los sindicatos oficialistas, el Gobierno lo está cediendo con este proyecto de ley hacia un organismo que va a tener un profundo tinte patronal, y entonces ellos van a decidir qué sindicatos existen, cuáles no existen y cuáles son los procedimientos de contratación colectiva y huelga.
¿Qué no se dio cuenta el Gobierno lo que estaba cediendo en términos de poder? Ya no pregunto como persona que estoy criticando la ley, pregunto como una persona si estuviera haciendo la ley, estoy diciendo, ¿qué no se dieron cuenta los compañeros, estos representantes de los sindicatos que presentaron la ley que estaban presentando su carta de defunción? En fin.
El problema del órgano de conciliación, que también trae un desequilibrio procesal en el mundo individual, porque obliga a que el trabajador abra sus cartas en un fenómeno que se supone que es prejudicial y el patrón no, y entonces le permite todo un invento de pruebas y de defensa al patrón cuando ya llega a los tribunales, y convierte a nuestros tribunales laborales que, por muy independientes o autónomos que sean simplemente una caricatura, porque llegan con procedimientos amarrados y pruebas preconstituidas inventadas. Esto es lo que permite este sistema.
Y, desde el punto de vista colectivo, le da facultades al órgano de conciliación en materia de registros y procedimientos de huelgas y de negociación colectiva, que por su naturaleza específica son decisiones de carácter jurisdiccional que constitucionalmente no puede tener ese organismo, que tendría que tener nuestros tribunales. Entonces, nos resta a los tribunales las funciones jurisdiccionales que nos corresponden, para dejarla en un organismo de conciliación que no es autónomo independiente.
Yo sí estoy convencido de que, en términos federales, las juntas podrían funcionar con autonomía e independencia en las federales, pero a nivel local no.
En todas las entidades federativas los poderes judiciales-locales no son autónomos e independientes.
Cualquier presidente de un Tribunal Superior de Justicia de cualquier entidad federativa, se siente candidato a gobernador en cuanto le dan el cargo de titular del tribunal.
Siempre he alegado que los que nos dedicamos a la carrera judicial, no debemos tener acceso a puestos de elección popular ni en el ejecutivo ni en el legislativo, debemos mantenernos exclusivamente en la carrera judicial.
El problema que tenemos es, tendríamos que garantizar la autonomía judicial tanto de los centros de conciliación como de las juntas, al ser incorporadas en los poderes judiciales, pero eso significa un rediseño constitucional de los propios poderes judiciales locales y probablemente, yo no digo que no, estamos dispuestos y abiertos a todo, un rediseño de carácter federal.
No se toma en cuenta el voto secreto y esa es una cuestión que a mí en lo personal ha sido una de las grandes batallas que dentro de mi función jurisdiccional se dio la batalla por el voto secreto para los trabajadores no se toma en cuenta, ¿por qué? Porque se generan mecanismos para que la decisión no corresponda finalmente a la voluntad de los trabajadores y se rompe esto.
¿Qué podríamos pensar de esto?
Hay un rompimiento del voto, del sindicalismo, se convertiría en una caricatura patronal, existiría un desequilibrio procesal, tribunales que serían solamente de decoración, porque no haríamos justicia, esa es la verdad. Una conciliación inexistente, porque detrás de ella viene todo el control y todo el corporativismo patronal y con personal mal preparado, mal contratado, sin instalaciones y sin presupuesto.
Ese es un panorama que nos plantea el proyecto de ley, porque entraría en vigor en noviembre y entonces voy a repetir una vez más dos cosas y termino, lo que he venido repitiendo desde hace más de un año: pedirle a este Senado, pedirle a los diputados que no se vote la ley.
Yo no digo que no pueda tener cosas valiosas, pero si tiene cosas valiosas, sometámoslas a la discusión de los que no están de acuerdo, abramos un gran debate nacional por la ley, por los sectores, sobrio, profundo, de altura, técnico, que nos lleve a decidir un sistema de justicia eficaz, que le dé a cada quien lo que le corresponde, tanto a patrones como a trabajadores.
Que no se vote la ley, pero si la llegan a votar, porque se quieren imponer, en un acto de decencia les pediría que no entre en vigor en noviembre, no hay manera de organizar este sistema en seis meses de manera eficaz y eficiente.
Por lo tanto, pediría que dieran una vacatio legis de tres o cuatro años, lo que nos permitiría sacar este fenómeno del fenómeno electoral y ponernos a discutirlos con él de manera seria y profunda, que eso es lo que importa, está de por medio el bienestar de los trabajadores.
Finalmente, en 2012 se cambia el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo y se dice que el trabajo digno o decente y hacen una descripción muy completa que todos conocemos, ¿quién puede estar en contra de eso?
¿Este proyecto de ley aspira, lleva, profundiza el trabajo decente? No, yo creo que lo contradice y lo destruye. Por eso es importante en este momento que no haya ley, que se discuta, ninguno de nosotros podemos afirmar que tenemos la razón completa, pero frente a ese proyecto hay muchas razones que dicen que no puede ser, que está muy mal hecho.
Por lo tanto, nuestra obligación es pedir que nos se vote y ojalá no se vote, pero si se llega a votar, entonces que no piensen que ya se acabó el problema, yo creo que empieza la resolución del problema y empieza en términos de decisión constitucional.
La Corte podrá jugar un papel ahí muy importante, los tribunales colegiados, para decidir la constitucionalidad de muchos artículos y de muchas leyes. Ojalá no tengamos que llegar a eso, pero eso es necesario.
La batalla no termina, simplemente cambia de estilo. Defender la Ley Federal del Trabajo, los principios que tanto reivindicó mi compañero, defender la dignidad en el trabajo es defender la dignidad en mi persona y en mi familia, que no se nos olvide.
Gracias.

http://reformalaboralparatodos.org.mx/portfolio/foro-reforma-laboral-para-todos-ultima-llamada/

 

Reforma Laboral inconclusa

Raúl Contreras Bustamante
15 de Septiembre de 2018 
La Teoría de la Constitución sostiene que el respeto a la Ley Fundamental es esencial para que tanto detentadores del poder como los destinatarios deban regir sus actos, a efecto de mantener vigente el pacto social, garantizar la paz y tener estabilidad social. El cumplimiento de las normas constitucionales es el imperativo primordial de un Estado de derecho.
El 24 febrero del año pasado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma laboral mediante la cual se dispuso la supresión de las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje —como instituciones responsables de la resolución de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones—; para ser sustituidas por los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación.
Dicha enmienda constitucional estipuló que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a una instancia conciliatoria que estará a cargo de un organismo descentralizado al que le corresponderá, además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como la resolución de todos los procesos administrativos relacionados.
El segundo artículo transitorio de la reforma señaló la obligación del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales para realizar —dentro del año siguiente de la entrada en vigor— las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento al mandato constitucional. Hoy en día, a más de un año y medio de la publicación de la reforma, esto no se ha efectuado y por lo tanto aún no está vigente.
Ello mantiene una incertidumbre jurídica entre los empleados de las juntas, los litigantes, la academia, y lo peor, entre patrones y trabajadores.
Las actuales autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social calculan que el proceso de transición del cierre de las juntas llevará cuando menos cinco años, en razón de terminar los procesos actuales; y al mismo tiempo comenzar a instituir a los nuevos tribunales.
A decir de los especialistas en Derecho Laboral, se trata de una reforma de tal envergadura que requerirá la modificación de más de un centenar de leyes. Dentro de la propia academia se le ha criticado porque adolece de muchos defectos y además, de ser incompleta en materia de seguridad social; e incluso, se le llega a calificar como neoliberal.
¿Podrá la reforma laboral planteada aspirar a tener éxito, cuando antes de operar ya ha probado sus deficiencias en el diseño? Haber dado un plazo tan corto para llevar a cabo cambios legislativos tan profundos pone en evidencia la falta de reflexión y compromiso al ser aprobada.
Habrá que esperar a conocer la postura de la nueva administración al respecto y ver lo que determine el Congreso a la hora de aprobar el Presupuesto de Egresos, respecto del gasto presupuestal que el Poder Judicial de la Federación necesita para la creación de la estructura de los futuros tribunales laborales.
El nuevo gobierno tiene que definir si la reforma va a operar o será modificada. Lo que no puede suceder es ignorar la obligación de hacer que el texto constitucional sea vigente y positivo, porque ello es un imperativo supremo.
Como Corolario, las palabras del expresidente estadunidense, Al Gore: “El respeto a las instituciones es importante, pero no tanto como el respeto a la Constitución”.

https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/reforma-laboral-inconclusa/1265243

Chiapas: Tribunales laborales contribuirán a desahogar conflictos laborales


14 Sep 2018 Carlos Díaz Vázquez
En las últimas dos décadas los conflictos laborales obrero-patronal se incrementaron hasta 132 por ciento en todo el país, dicho fenómeno se le adjudica a la incorporación de más de 18 millones de mexicanos a la fuerza productiva.
Carlos Enrique Martínez Vázquez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, destacó que, con la creación de los Tribunales Laborales, existe certeza que se ofrecerán mejores soluciones para este tipo de conflictos y podría contribuir también en que los procesos sean imparciales y mucho más rápidos.
Los Tribunales Laborales, dijo, sustituirán completamente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los 32 estados, esa transformación forma parte de las reformas del 2016.
En una reunión con integrantes de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal Capítulo Chiapas, explicó que a la par de la incorporación de la fuerza productiva, también iba creciendo los conflictos laborales, mientras las instancias de impartición de justicia laboral se mantuvieron intactas en su estructura y procesos.
“Con la creación de los Tribunales Laborales se obtiene un verdadero avance en materia de justicia laboral. Con estas nuevas instancias se ampliarán las tareas de conciliación en un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo” destacó el funcionario.
Se creará, además, un organismo federal descentralizado de conciliación, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados, abundó.
Destacó que aún muchos trabajadores tienen la creencia que al irse a juicio tras demandar es lo mejor, por eso es que se registran al redor de 15 demandas laborales dirías, acercando el promedio estatal a unas 35 demandas en 24 horas.
“Los trabajadores desconocen lo que esto realmente implica, es ahí donde los Centro de conciliación jugarán un rol importante, al tratar de conseguir acuerdos equitativos para ambas partes” mencionó.
Una vez que se establezcan los Tribunales Laborales, añadió, los trabajadores demandantes deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente en el ámbito local, donde la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación.
“A este organismo, le corresponderá, llevar los procesos de conciliación entre ambas partes, explicando en qué consistiría y cuánto tiempo tomaría un juicio laboral en caso de no llegar a un acuerdo” remató.
Como parte de la creación de los Tribunales Laborales la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, organiza un foro para el próximo 20 y 21 de septiembre en el auditorio Enrique Robles Domínguez, en las instalaciones del Poder Judicial del Estado. El evento tiene como finalidad, generar propuestas para la estructuración del nuevo tribunal laboral, así como el nuevo organismo descentralizado.

http://www.noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/09/14/tribunales-laborales-contribuirana-desahogar-conflictos-laborales

AMLO debe tener mano dura con líderes sindicales: expertos


El gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deberá tener mano dura con los líderes sindicales para evitar actos de corrupción y construir una nueva relación con los sindicatos, así como con el resto del sector laboral, advirtieron especialistas.
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Ante el regreso de personajes como Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia, académicos consideraron que el retorno a la escena pública de estas figuras no es un factor que determinará las relaciones del nuevo gobierno con el sindicalismo; sin embargo, indicaron que se deben modernizar las relaciones laborales para erradicar a los «capos” sindicales y hacer que estas organizaciones sean más transparentes en el uso de las cuotas.
Para Alfonso Bouzas, catedrático del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el sindicalismo de «capos” tiene que ser superado para transitar hacia una nueva relación con estas organizaciones; resaltó que una de las prioridades de la nueva administración debe ser la reforma laboral, para acabar con los contratos de protección.
Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que uno de los grandes retos del nuevo gobierno es la creación de una «gran reforma laboral” que modernice las relaciones del Estado con este sector, en la que exista una consulta amplia entre los trabajadores para que se prioricen sus intereses por encima de los del sector empresarial.
Germán de la Garza, abogado laborista del despacho De la Vega y Martínez, resaltó que los sindicatos deben establecer reglas más estrictas para la transparencia y vigilancia del manejo de las cuotas, con el fin de que sean los agremiados los beneficiados y no sus dirigentes.

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/9/15/amlo-debe-tener-mano-dura-lideres-sindicales-expertos-759416.html

Querétaro: Más personal para Junta de Conciliación


viernes 14 de septiembre de 2018
Rosalía Nieves Rosas
La plantilla del personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje de San Juan del Río aumentará 40% a partir de los próximos días con la finalidad de mejorar el servicio en la impartición de justicia laboral, informó el secretario del Trabajo del estado, José Luis Aguilera Rico.
En su visita a San Juan del Río, el funcionario expreso que los últimos días de la semana pasada, se llevó a cabo una reunión con los abogados laboralistas del municipio sanjuanense para crear una estrategia de trabajo, de tal manera que la impartición de justicia laboral sea más eficiente, por ello se determinó la asignación de cuatro personas más a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la localidad en el interior de una céntrica plaza comercial.
Enfatizó que esta estrategia avalada por los postulantes del Derecho laboral permitirá un ordenamiento legal a la vanguardia para mejorar el servicio al momento que otorguen sus servicios, en virtud de que se contará con servicio de manera pronta, expedita y profesional a medida de lo posible, para satisfacer las demandas de los trabajadores.
“Ya nosotros abarcamos prácticamente un avance la semana pasada, hubo una presentación en el auditorio de la Asociación de Industriales de San Juan del Río, explicamos las posibilidades que tenemos nosotros para impulsar las plazas aquí en San Juan, el proyecto de que cuatro personas se integren a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para ayudarnos, el servicio social también, muchos abogados nos van a ayudar, y por supuesto que los tres mil 372 expedientes que tengo actualmente en la Junta puedan ya concentrarse directamente en San Juan, en el caso de los laudos que se determinen aquí, vamos caminando bien”.
Refirió que la Ley Federal del Trabajo establece la integración de la Junta de Conciliación y Arbitraje una plantilla de 10 personas operando en las dependencias, sin embargo, el amplio número de expedientes registrados en San Juan del Río, permite q se incremente a cuatro personas más la plantilla.
“Sería un tema que haremos para resolver el famoso retraso que no lo hay, pero a la expresión de los bogados laboralistas, hay un retraso en San Juan, traíamos alrededor de ocho mil 500 expedientes pero nosotros en un esfuerzo que hicimos, convenios, arreglos con los abogados, empresas y trabajadores, nos ha reducido a tres mil 372 expedientes vigentes y derrama económica que le hemos dejado a San Juan de 35 millones de pesos en negociaciones que no llegan a demanda laboral”.

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/mas-personal-para-junta-de-conciliacion-1994090.html

Alista AMLO legislación para eliminar reforma laboral


Andrés Manuel López Obrador |Foto: amlo.org.mx
El presidente electo dijo buscará prohibir los contratos colectivos firmados por líderes sindicales y patrones sin el consentimiento de los trabajadores, señaló Luisa María Alcalde, quien será su Secretaria del Trabajo
Por: El Debate
13 de Septiembre 2018
México.-El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está preparando una legislación para reformar el sistema de negociación colectiva del trabajo con el objetivo de mejorar los salarios y cumplir con las disposiciones sobre derechos laborales acordados con Estados Unidos en el nuevo TLC.
AMLO busca prohibir los contratos colectivos firmados por líderes sindicales y patrones sin el consentimiento de los trabajadores, señaló Luisa María Alcalde, quien será su Secretaria del Trabajo.
Pedirá a los sindicatos que demuestren contar con el respaldo de al menos 30 por ciento de sus representados antes de firmarlos.
Es hora de que los trabajadores mexicanos decidan por sí mismos quién deber representarlos, dijo Alcalde en entrevista.
Indicó que los acuerdos existentes también deberían ser legitimados en los próximos años por medio de boletas secretas entre los trabajadores.
Nueve de cada 10 contratos de negociación colectiva suscritos en México se acuerdan sin el consentimiento, y en ocasiones sin el conocimiento de los trabajadores de una empresa, estiman los expertos.
AMLO prometió en su campaña mejorar la situación de los trabajadores en México.
Datos del IMSS muestran que este año el salario promedio de los trabajadores ronda los 354 pesos diarios, manteniéndose prácticamente estancados en términos reales en los últimos años.
Durante las negociaciones para el nuevo TLC, Estados Unidos pidió a México que implementara medidas para aumentar sus bajos salarios, algo que Trump considera una competencia desleal.
Una disposición preliminar permitiría a Estados Unidos imponer sanciones comerciales si México no promulga una reforma laboral que garantice los derechos básicos de los trabajadores, como el acceso efectivo a la negociación colectiva, según dos personas con conocimiento del acuerdo.
Ésta es una reforma revolucionaria. Los contratos colectivos son una carga enorme para el País, y la representación (del trabajador) traerá una mejor distribución de la riqueza, dijo Álvaro Altamirano, un abogado laboral que trabajó para Volkswagen y Audi en México.
Las leyes actuales no requieren que los sindicatos demuestren que representan a los trabajadores. Las firmas del patrón y del líder sindical son suficientes si un acuerdo está registrado ante las autoridades.
La legislación de AMLO complementaría una enmienda constitucional que se promulgó en febrero del 2017, pero que no ha entrado en vigor debido a leyes secundarias pendientes. Los legisladores dicen que la legislación sería aprobada antes de fin de año.
Alcalde indicó que también se propondrá que cuando dos o más sindicatos compitan por un contrato, la decisión de la representación la voten la mayoría de los trabajadores involucrados.
Apuntó que los líderes sindicales también deberán ser elegidos mediante votación secreta.
La legislación crearía un organismo independiente para garantizar que los trabajadores estén efectivamente representados y las copias de los contratos estarán disponibles en internet por primera vez.
Esta nota incluye información de: Reforma
 

https://www.debate.com.mx/politica/amlo-prepara-legilacion-eliminar-reforma-laboral-nuevo-gobierno-20180913-0038.html

El presidente electo de México prepara una reforma laboral para empoderar a los trabajadores


No más acuerdos secretos entre los dirigentes sindicales y los empleadores, dice la futura Secretaria de Trabajo
Por Juan Montes
The Wall Street Journal, 11 de septiembre de 2018 6:17 p.m. ET
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está preparando una legislación para reformar el sistema de negociación colectiva del país para mejorar los salarios y ayudar a México a cumplir con las disposiciones sobre derechos laborales de un reciente acuerdo comercial con los EE. UU.
El Sr. López Obrador busca prohibir efectivamente los llamados contratos de protección, o contratos colectivos firmados por líderes sindicales y empleadores sin el consentimiento de los trabajadores, al requerir que los sindicatos demuestren que cuentan con el respaldo de al menos 30% de los trabajadores antes de firmar un contrato, dijo Luisa María Alcalde, quien ha sido nombrada Secretaria de Trabajo cuando el Sr. López Obrador asuma su cargo el 1 de diciembre.
«Esos contratos están podridos desde el principio,» dijo en una entrevista. «Es hora de que los trabajadores mexicanos decidan por sí mismos quién debería representarlos».
Tal vez tan importante como esto, la Sra. Alcalde dijo que los contratos de protección existentes también deberían ser legitimados en los próximos años por medio de votos secretos entre los trabajadores. Nueve de cada 10 contratos colectivos de trabajo suscritos en México se acuerdan sin el consentimiento, y en ocasiones sin el conocimiento, de los trabajadores de una empresa, estiman los expertos.
López Obrador, un izquierdista que ganó las elecciones presidenciales del 1 de julio por un deslizamiento de tierra, hizo campaña con la promesa de mejorar la situación de los trabajadores en México, donde los salarios mensuales promedio rondan los 315 dólares [6,067 pesos].
La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha insistido en que un renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluya medidas para aumentar los bajos salarios de México, que Trump considera una competencia desleal.
Los datos del gobierno mexicano muestran que los trabajadores manufactureros en México ganan 2.30 dólares por hora [413 pesos por día] en promedio, mientras que los trabajadores de fábricas de Estados Unidos ganan alrededor de 21.50 dólares por hora [3,865 pesos por día].
El acuerdo comercial preliminar alcanzado entre los EE.UU. Y México a fines de agosto, que servirá como base para un nuevo Nafta si Canadá y los EE.UU. se ponen de acuerdo sobre sus términos, incluye disposiciones laborales exigibles.
Una disposición permitiría a los EE.UU. imponer sanciones comerciales si México no promulga reformas laborales que garanticen los derechos básicos de los trabajadores, como el acceso efectivo a la negociación colectiva, según dos personas con conocimiento del acuerdo. México también acordó aprobar una nueva legislación laboral consistente con el acuerdo comercial.
«Esta es una reforma revolucionaria. Los contratos de protección son una carga enorme para el país, y la representación [del trabajador] traerá una mejor distribución de la riqueza «, dijo Álvaro Altamirano, un abogado laboralista que trabajó para Volkswagen y Audi en México.
Un sistema de negociación colectiva disfuncional en México ha mantenido los salarios deprimidos durante décadas, y las condiciones laborales no han mejorado significativamente para millones de trabajadores, según los expertos.
Las leyes actuales no requieren que los sindicatos demuestren que representan a los trabajadores antes de firmar un contrato colectiva de trabajo. Las firmas del empleador y del líder sindical son suficientes si un acuerdo está debidamente registrado ante las autoridades laborales.
La legislación planificada complementaría una enmienda constitucional que se promulgó en febrero de 2017 pero que no ha entrado en vigor debido a leyes secundarias pendientes. Los legisladores dicen que la legislación sería aprobada antes de fin de año. El partido Morena del señor López Obrador y sus aliados tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso.
La Sra. Alcalde, con 31 años, la hija de un prominente abogado laboral de izquierda, tiene una maestría en leyes de la Universidad de California, Berkeley, así como un título en derecho mexicano. Además de la necesidad de que los demuestran que representan al menos el 30% de los trabajadores para firmar un contrato en virtud de la nueva ley, dijo que requeriría la aprobación de la mayoría si dos o más sindicatos luchan por un contrato. Los líderes sindicales también deberán ser elegidos mediante votación secreta.
Las leyes propuestas, si son implementadas completamente, aumentarán los salarios mexicanos, mejorarán las condiciones laborales y ayudarán a aumentar la productividad de las empresas, dijo la Sra. Alcalde. Algunos líderes empresariales están preocupados, sin embargo, de que el nuevo modelo pueda aumentar los conflictos laborales y desalentar la inversión.
La legislación crearía un organismo independiente para garantizar que los trabajadores estén efectivamente representados. Las copias de los contratos estarán disponibles en internet por primera vez.
Durante años, muchas empresas favorecieron los contratos de protección porque mantienen los salarios bajos y los márgenes de ganancias altos, al tiempo que evitan las huelgas costosas. También ayudan a proteger a las empresas contra las amenazas de huelga. Tales amenazas, comunes en México, a menudo han servido como un medio de extorsión por parte de sindicatos falsos que no representan a sus trabajadores, dicen los abogados del trabajo.
Escribir a Juan Montes en juan.montes@wsj.com

https://www.wsj.com/articles/mexicos-president-elect-prepares-labor-overhaul-to-empower-workers-1536704229
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1490211&urlredirect=https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1490211

Una cuenta por cobrar: el salario


Saúl Escobar Toledo
Septiembre 12, 2018
De todos los saldos y pendientes del sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de las más graves se refiere al salario. En primer lugar, claro, el salario mínimo, el que, a pesar de un ligero aumento en los últimos dos años, sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Pero la situación no es mejor en el resto de la estructura salarial. Más de la mitad de las familias, según el VI Informe de gobierno, se sostiene con un nivel de percepciones menor a 5 SMD (salarios mínimos diarios) a pesar de que en ese hogar más de una persona puede estar aportando ingresos. Según el mismo informe, la población vulnerable por ingresos aumentó entre 2012 y 2016, lo que sólo puede explicarse por una disminución de sus remuneraciones y la informalidad laboral.
De la misma manera, el Informe muestra que el salario base de cotización de los trabajadores asegurados del IMSS apenas creció un poco por encima de la inflación general (INPC) pero por debajo del aumento de la canasta básica calculada por Coneval, perdiendo casi 2 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Incluso en la industria de la transformación (en la que deberían situarse los trabajadores mejor pagados) el salario medio apenas representa alrededor de 4 SMD. Llama también la atención que en las grandes empresas los aumentos hayan sido menores que en las medianas y en las pequeñas, lo cual puede explicarse por un control salarial más estricto. Peor aún, en dólares estadunidenses por hora, los jornales de los trabajadores mexicanos en la industria de la manufactura disminuyeron entre 2012 y 2017 mientras que en EU aumentaron. La brecha salarial entre los dos países se hizo más profunda.
La agenda del próximo gobierno en esta materia es pues un asunto inevitable y urgente. Diversos integrantes del futuro equipo de gobierno han manifestado su voluntad para aumentar el salario mínimo a poco más de 100 pesos diarios para nivelarlo con el nivel de pobreza señalado por Coneval. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicho cálculo no toma en cuenta a los hijos del trabajador. Si éste tiene, como sucede generalmente, un hogar formado por lo menos por cuatro personas y es el único que aporta ingresos, el salario mínimo vital (como lo marca la Constitución) debería ser de alrededor de seis mil pesos mensuales. De esta manera, aunque un aumento como el señalado es positivo, el problema no se resuelve del todo.
Habrá que agregar que un incremento al mínimo difícilmente repercutirá en el conjunto de la estructura salarial, es decir en aquellas que teóricamente se pactan entre el empleado y el empleador por medio de un contrato. Según diversos estudios, la relación entre los aumentos al SMD y a los salarios contractuales ha cambiado en el tiempo. Durante muchos años (entre principios de los años ochenta hasta el año 2000) el SMD sirvió como índice para topar los aumentos otorgados por las empresas. A principios del siglo XXI y hasta 2008, cuando estalló la crisis mundial, los salarios medios aumentaron mientras el mínimo se quedó congelado. Desde entonces, ambos, el mínimo y el medio casi no se han modificado. Parte del problema se explica por la escasa capacidad de negociación de los trabajadores y a la ausencia de sindicatos representativos. También hay que recordar que el salario mínimo lo obtiene un reducido número de trabajadores ubicados en los sectores más desprotegidos de la economía: en los micronegocios y en las áreas rurales donde predomina el trabajo informal (que no cuentan con seguridad social). Se trata de un conjunto de alrededor de 8 millones de trabajadores (de un total ocupado de aproximadamente 56 millones), es decir alrededor del 15%.
Además, después de la crisis de 2018, la estructura salarial se ha seguido comprimiendo hacia abajo: el número de trabajadores que gana hasta 3 SMD ha venido aumentando mientras que los que perciben más de esa cantidad se reducen año tras año. Ello está ligado a los bajos índices de crecimiento de la economía y a la destrucción de empleos en los puestos más calificados en las ramas económicas más modernas.
Una medida que todavía no conocemos pero que tendrá igual o mayor importancia que el aumento a los mínimos se refiere a las percepciones de los trabajadores del sector público a nivel federal. Durante los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard (hasta 2010) se otorgaron aumentos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México en porcentajes promedio superiores no sólo al mínimo legal sino también a la inflación. Habrá que ver si esta política se aplicará bajo la presidencia de AMLO tanto a nivel local (en los estados que gobernará Morena principalmente) y a nivel nacional.
Legisladores del partido mayoritario y de otros grupos parlamentarios han manifestado su interés en cambiar la ley sobre los salarios mínimos. Un asunto central se refiere al organismo que toma esa decisión, la Consami (Comisión Nacional de Salarios Mínimos). Sin duda, ha sido una entidad incondicional al mandatario en turno y bastante inútil. Habrá que pensar en su reemplazo. Para ello, deberá tomarse en cuenta que, según estudios de la OIT, en los países donde existe un salario mínimo legal sólo hay tres modelos: en el primero, que es el método más frecuente a nivel mundial, la fijación de este ingreso mínimo se toma por una autoridad, usualmente el ministerio del trabajo, previa consulta con los interlocutores sociales, es decir los sindicatos y la representación patronal. En el segundo caso, la decisión se toma por una entidad tripartita, como la Consami de México. Una instancia similar existe en otros países, por ejemplo Corea del Sur y Costa Rica. En el tercer caso, el fallo recae en el órgano legislativo (Brasil, Estados Unidos).
La Consami puede cambiar de nombre, pero eso no es lo importante. Lo relevante consiste en si se migra de un modelo tripartito a cualquiera de los otros dos. Según mi parecer, la decisión debería recaer en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, previa consulta con los representantes de obreros y empleadores y auxiliado por una comisión técnica ad hoc que permita tomar una decisión acorde con las metas de política económica señaladas por el Ejecutivo y bajo la estrategia de una mejora gradual pero permanente. De esta manera, el aumento tendría un mayor impacto y serviría de base para las negociaciones contractuales. La idea sería que el conjunto de la economía se moviera en un mismo sentido, mejorando los ingresos reales de la mayoría de los trabajadores.
Para ello, las reformas a la LFT pendientes desde la reforma constitucional de 2017 que garantizan el voto secreto de los trabajadores en la elección de sus representantes y de su contrato colectivo, así como la creación de una institución independiente para el registro de los sindicatos, pueden efectivamente conducir a una negociación real en los centros de trabajo.
Estaríamos así frente a un andamiaje institucional distinto que recaería en cuatro patas: una política de aumento del salario mínimo propiciada y planeada por el gobierno, pero consultada con las representaciones obreras y patronales; una estrategia de aumento real de las retribuciones de los servidores públicos; un nuevo método para decidir el monto anual del SMD que recaería en la Cámara de Diputados; y una estructura legal que garantizaría una negociación efectiva entre obreros y patrones.
No faltará quien afirme que estos cambios podrían conducir a una espiral perversa inflación-salarios, lo que afectaría la competitividad internacional. Eso no sucederá si existe una conducción del Estado (principalmente del Poder Ejecutivo y el Congreso) responsable, apoyada en el diálogo social, que plantee un esquema de cambio previsto para varios años. El otro camino es el que ya conocemos: dejar que los ingresos laborales se reduzcan permanentemente, con el consecuente aumento de la pobreza y la desigualdad. Tenemos más de 35 años bajo esta estrategia y sólo ha arrojado pérdidas para la inmensa mayoría de la población.
saulescobar.blogspot.com

https://suracapulco.mx/impreso/9/una-cuenta-por-cobrar-el-salario/

Convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva requiere debate amplio: analistas


La legislación actual no está adaptada para los compromisos y regulaciones que implica, afirma especialista de Hogan Lovells.
María Del Pilar Martínez Y Octavio Amador
12 de septiembre de 2018, 01:07
Antes de que se pida al Senado de la República aprobar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —que contempla la libre negociación colectiva— especialistas laborales piden que se analicen los pros y contras.
En diciembre del 2015, el presiente Enrique Peña Nieto mandó la propuesta al Senado para que se llevara a cabo dicha discusión, sin que hasta la fecha se haya aprobado. Este convenio forma parte de los cinco convenios fundamentales de la OIT.
El Convenio 98 tiene la tarea específica degarantizar la negociación colectiva y es complementario del Convenio 87, que protege la libre sindicación laboral. “Ambos datan de siete décadas atrás; sin embargo, nuestro gobierno sólo ratificó el 87 y por lo que se refiere al 98, el Senado ha suspendido su ratificación por los intereses del añejo corporativismo y la intención de mantener los contratos colectivos de protección patronal firmados a espaldas de los trabajadores”, afirmó Arturo Alcalde, abogado laboral.
Ricardo Martínez Rojas, de la firma De la Vega & Martínez, expuso que lo que se busca es que se discuta si verdaderamente se requiere la ratificación del Convenio 98, sobre todo porque con la reforma constitucional en materia de justicia laboral que se realizó en febrero del 2017, “ya contempla la garantía de una contratación colectiva real y efectiva”. Destacó que a México se le ha presionado mucho para que ratifique todos los convenios de la OIT, cuando en Estados Unidos “tiene un sistema más represivo”. Añadió que nuestro país se adhirió al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el cual “ya incluye esa norma (contratación colectiva efectiva)”.
Sin embargo, para Hugo Hernández-Ojeda, socio de la práctica de Trabajo, Empleo, Pensiones y Seguridad Social del despacho Hogan Lovells, no está claro que la legislación laboral mexicana esté adaptada a los lineamientos que marca el Convenio 98 de la OIT.
“Al entrar en ese tipo de aplicaciones de regulaciones tendría que modificarse totalmente la Ley Federal del Trabajo (LFT), porque no sería aplicable (el convenio) y necesitaríamos una reforma sustancial a las leyes laborales, lo cual afectaría la vida laboral de las empresas”.
Pero al margen de ello, México ha adquiridocompromisos internacionales para proteger los derechos laborales de los trabajadores, lo cual es de interés para sus socios comerciales en el afán de que nuestro país no compita “deslealmente” por inversiones globales por sus bajos salarios, asociados a un deficiente ejercicio de los derechos laborales.
En el principio del acuerdo logrado por México y Estados Unidos para reformar su relación comercialhace un par de semanas, nuestro país se comprometió a realizar acciones legislativas específicas para garantizar el derecho a la negociación salarial colectiva y aceptó ser sujeto de sanciones en tribunales supranacionales si incumple con este punto.
“Habría que analizar si conviene o no al país el convenio para evitar una sobrerregulación o para aprobar un convenio que, si no se modifican las leyes locales, difícilmente se podría aplicar a cabalidad, la LFT y todos los reglamentos”, afirmó Hernández-Ojeda.
Actualmente, el Convenio 98 ha sido firmado por 164 países de los 187 que forman parte de la OIT. En diversas oportunidades, el Consejo Coordinador Empresarial se ha mostrado reacio a respaldar que México firme este protocolo, porque en su opinón,  permitiría que sindicatos sin representatividad entre los trabajadores interfieran en la administración de las empresas.
En un encuentro con la próxima secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, varios abogados y especialistas laborales le solicitaron que se realice un foro en donde se analice la iniciativa de incorporar a México a dicho acuerdo.

empresas@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Convenio-98-de-la-OIT-sobre-negociacion-colectiva-requiere-debate-amplio-analistas-20180912-0023.html

Coahuila: Presentadas ante JLCyA 2 mil demandas laborales


11 Sep 2018
El presidente de JLCyA de Saltillo aseguró que la cantidad de demandas va acorde al número que se recibe anualmente en promedio
Hasta finales de agosto, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo ha recibido alrededor de 2 mil demandas laborales, de las cuales el 50 por ciento se ha resuelto por la vía conciliatoria, informó Gilberto Silva González.
El presidente de JLCyA de Saltillo aseguró que la cantidad de demandas va acorde al número que se recibe anualmente en promedio, que es de 3 mil.
“El comportamiento natural de esta zona es la conciliación, regularmente el 50 por ciento de los conflictos ya se han concluido vía conciliatoria y los demás siguen en trámite”, destacó.
Silva González manifestó que el resto (el 50 por ciento) ha optado por continuar con la demanda, la cual llega hasta los tribunales laborales, al no existir un acuerdo entre el patrón y el trabajador.
 “Esta Junta aquí en Saltillo, evidentemente por el tamaño de la jurisdicción en la que aplica, recibe en promedio 3 mil demandas al año, ya vamos en las 2 mil demandas hasta el 28 de agosto y esperamos cerrar con las 3 mil al año”, aseveró.
Informó que en cuanto a las resoluciones dictadas, se tiene un equilibrio, pues es un 50 por ciento a favor de los trabajadores, y la otra mitad, de los patrones.
“Aunque si hablamos de 3 mil demandas, podemos decir que en los últimos años el número ha disminuido, amén de que se ha incrementado la plantilla laboral producto de la actividad económica.
Lo lógico es pensar que entre más se incremente la plantilla laboral, más demandas o más conflictos habrá, y no, y esto ha sucedido no nada más en Saltillo, sino que también se ha presentado en Torreón y Monclova (la baja de demandas)”, expresó Silva González.

https://vanguardia.com.mx/articulo/presentadas-ante-jlcya-2-mil-demandas-laborales