La unidad en México de la alemana Volkswagen acordó con el sindicato prorrogar hasta enero de 2021 la negociación sobre la distribución entre los empleados de los beneficios de la compañía de un ejercicio anterior para evitar una huelga, informó este viernes en un comunicado.
Volkswagen dijo que el nuevo plazo, que vence el 29 de enero, tiene como objetivo esperar la resolución definitiva por parte de las autoridades sobre el reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2015.
Volkswagen México dijo en un comunicado que el nuevo término, que vence el 29 de enero, tiene como objetivo «esperar la resolución definitiva por parte de las autoridades sobre el reparto de utilidades del ejercicio fiscal 2015».
Esta es la segunda vez en 2020 que la armadora evita una paralización de su producción por diferencias contractuales con sus empleados, luego de que se vio obligada a detenerla unos tres meses hasta junio para evitar la propagación del coronavirus.
«Volkswagen garantiza debidamente los intereses de sus trabajadores durante dicho proceso», añadió la empresa.
Un portavoz del sindicato de trabajadores de Volkswagen en México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La planta de Volkswagen en Puebla fabrica los modelos Tiguan, Jetta, Golf y, desde el mes pasado, el deportivo utilitario compacto Taos para la venta en México y otros mercados, incluido Estados Unios, y es una de las fábricas de automóviles más grandes del país latinoamericano.
La pandemia de Covid-19 ha impactado de manera más profunda a las mujeres alrededor del mundo, especialmente a las que se encuentran en el mercado laboral. Por un lado porque forman parte mayoritaria en la primera línea de combate a la contingencia sanitaria, siendo médicas, enfermeras y cuidadoras; por otro lado, porque se han profundizado las brechas de género en las actividades domésticas y la violencia dentro de los hogares se ha disparado a niveles altos.
Las mujeres profesionistas declaran no sólo tener más carga laboral en sus casas, también manifiestan que tienen más carga en sus ocupaciones remuneradas. De acuerdo con una encuesta realizada por Deloitte Internacional, el 82% declaró que sus vidas han sido afectadas negativamente por la pandemia y siete de cada 10 de ellas están preocupadas por su crecimiento profesional; piensan que irá en picada.
“Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 todos hemos tenido que adaptar nuestra vida diaria. Sin embargo, las mujeres están siendo impactadas de manera profunda, ya que enfrentan grandes desafíos y, generalmente, asumen tareas más amplias en el hogar mientras continúan haciendo malabarismos con sus carreras”, dijo Emma Codd, Líder de Inclusión en Deloitte Global.
La ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) también han alertado sobre el impacto diferenciado de la pandemia para hombres y mujeres; si las empresas y el sector público no desarrollan políticas bajo la perspectiva de género, todo el camino avanzado en materia de inclusión e igualdad podría borrarse.
Del estudio de Deloitte, que recopila las opiniones de 400 mujeres del mundo que tienen un trabajo fuera de casa, se encontró que el 65% dice que desde que inició la pandemia tiene más ocupaciones dentro de su hogar, y el 33% también recibe más tareas de su empleo.
En este sentido, el caso específico de México se confirma con los datos de la Encuesta sobre el Impacto Económico generado por el Covid-19 (ECOVID-ML) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que refleja que, en comparación con sus pares hombres, las mujeres que trabajan han enfrentado con más fuerza la pobreza de tiempo.
En México, durante abril, el mes más estricto en términos de confinamiento, la encuesta del Inegi encontró que un cuarto de las mujeres ocupadas pudieron seguir laborando bajo el esquema del teletrabajo. De ellas casi la mitad (44.6%) declaró que enfrentó un recorte en sus ingresos laborales y el 87.7% aseguró que no ha recibido ningún incentivo o apoyo para enfrentar la crisis.
Las cifras nacionales se alinean con el rastreo realizado por Deloitte a escala global; este estudio también mostró que las principales afectaciones que han experimentado las mujeres que trabajan durante la pandemia son en términos de salud mental, recreación y balance entre vida personal y trabajo; cerca del 40% de las mujeres encuestadas dijeron que la pandemia impactó negativamente en estos rubros.
Estas condiciones, de acuerdo con un informe emergente en contexto Covid-19 de ONU Mujeres, conllevan un riesgo importante para las mujeres, no sólo en su participación en el mercado laboral, también en su propio desarrollo y bienestar.
Las mujeres que trabajan y que, además, tienen hijos o responsabilidades especificas en el hogar son las más afectadas. El estudio mostró que el total de mujeres que asume más del 75% de las labores domésticas pasó de 17% a 48% de antes de la pandemia al momento de la encuesta. Esto es: casi se triplicó el número de mujeres que trabajan y además realizan casi todo el quehacer y los cuidados en casa.
El caso de México también es especialmente particular en este aspecto; la educación básica se reactivó de manera remota, mediante la televisión, celulares y tabletas electrónicas los niños y adolescentes toman clases. Las mamás, en su mayoría, se han convertido en sus principales guías educativos.
La ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Inegi muestra que a partir de la pandemia, salieron millones de mujeres del mercado laboral. Gran parte de las que han regresado se ocupan principalmente en la informalidad o en empleos con jornadas más cortas; esto podría explicarse porque las tareas domésticas, de cuidados y ahora de acompañamiento escolar ocupan gran parte de su tiempo.
Preocupa el incierto panorama para el desarrollo profesional
El estudio de Deloitte también mostró que a las mujeres que tienen un empleo les preocupa su desarrollo profesional en el corto y largo plazo, debido a la turbulencia que ha generado la pandemia.
El 23% de las mujeres considera que debe estar siempre activa en el trabajo y teme que en algún punto tenga que elegir entre sus actividades laborales o sus actividades del hogar. Un 10% incluso dice que considera la posibilidad de poner en pausa su crecimiento profesional o dejarlo en su totalidad por la falta de tiempo.
“Si bien la gran mayoría de las mujeres encuestadas ven potencial para progresar en sus carreras durante el próximo año, de alguna manera (por ejemplo, obteniendo un ascenso o un aumento de sueldo, cambiando roles o adquiriendo más responsabilidades), 60% se pregunta si quieren continuar con su desarrollo en general, al considerar lo que creen que se necesitará para ascender en sus organizaciones”, resalta el reporte de Deloitte.
La desproporcionalidad en la que se realizan las tareas domésticas no sólo forma parte de un tipo de violencia de género, de acuerdo con la ONU Mujeres, también imposibilita a las mujeres de gozar efectivamente de sus derechos, a la recreación, al trabajo y al desarrollo individual. Adicionalmente también tiene impactos negativos en el mercado laboral; la deserción femenina reduce la tasa de participación laboral de las mujeres y como consecuencia reduce la actividad y producción económica.
En México la tasa de participación laboral masculina es casi del doble que la femenina; mientras que en las labores domésticas las mujeres participan casi con el 80% del total y el 20% restante lo realizan los hombres.
De no implementar políticas a escala institucional, estas brechas podrían profundizarse de manera inédita a causa de la crisis por Covid-19.
El informe de Deloitte resalta que la participación empresarial será clave para que las mujeres puedan continuar con su desarrollo profesional y los avances en materia de género no den pasos atrás: “El próximo año resultarán fundamentales nuestros esfuerzos para lograr la diversidad de género en el lugar de trabajo. Las empresas deben priorizar la flexibilidad, la equidad y la inclusión, para ayudar a las mujeres a lograr sus ambiciones profesionales”.
Durante los meses más duros en términos sanitarios el mercado laboral mexicano recibió un fuerte impacto negativo con muchas suspensiones laborales, anulación temporal de prestaciones, despidos definitivos o recortes salariales. Aún cuando se han recuperado algunos empleos, éstos se han generado en distintas condiciones, y todavía crece (aunque a menor ritmo) el número de trabajadores que pide asesorías o reporta abusos ante la Profedet.
La emergencia sanitaria impactó de manera importante al mercado laboral; por un lado, miles de trabajadores del sector formal e informal perdieron sus ocupaciones y muchos otros tuvieron bajas temporales y a la par de la recuperación se han recuperado algunas plazas y creado otras en distintos sectores. Aunque durante el tercer trimestre del 2020 se han recuperado empleos y la economía presenta avances, todavía los trabajadores continúan pidiendo asesorías laborales, enfrentando juicios o conciliaciones.
Tan sólo de enero a septiembre la Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) atendió a 191,115 trabajadores, siendo abril, mayo y junio los meses con mayor nivel de asesorías y apoyos brindados. Durante este lapso de tres meses se concentró casi la mitad de las solicitudes para atención de los trabajadores en nueve meses que lleva el año. También se ha acumulado un total de 6,105 conciliaciones entre patrones y trabajadores y 4,856 juicios laborales.
Desde inicios del confinamiento y como respuesta al decreto de contingencia sanitaria, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que los despidos y bajas derivadas de la pandemia son ilegales: “Debe quedar claro que no existe fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo”, se acotó.
Pese a los pronunciamientos de las autoridades, la condición de informalidad de muchos trabajadores los deja fuera del alcance de la protección laboral, y por otro lado el quiebre de muchas micro y pequeñas empresas impulsó miles de bajas y suspensiones en el campo formal. De acuerdo con la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) en abril, el mes con mayores restricciones, salieron del mercado laboral 12 millones de mexicanos de los cuales ya 8.4 millones han vuelto paulatinamente al corte de septiembre.
En el sector formal se perdieron entre marzo y julio 1 millón 113,677 ocupaciones, de las que hasta octubre se han recuperado cerca del 38%, de acuerdo con las cifras de afiliados al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Por su parte, la informalidad repuntó a una tasa de 54.9% en septiembre, casi el mismo nivel que se registraba antes de la pandemia (56 por ciento).
Estas cifras revelan que, si bien el programa de reactivación ha logrado desacelerar el incremento del desempleo y los conflictos laborales, no ha sido suficiente para generar condiciones prepandémicas en el mercado laboral, que además ya presentaba muchas problemáticas.
Especialmente para el sector formal se observa que la mayor parte de la recuperación de empleos se ha presentado en rangos salariales de medios a bajos y los conflictos entre patrones y trabajadores todavía persisten.
Desde que comenzó la reactivación gradual en julio la Profedet registra un promedio mensual de asesorías brindadas significativamente mayor al del año pasado. Y las principales problemáticas en las que los trabajadores solicitan apoyo son: temas de derechos humanos, despidos y prestaciones laborales. En julio se registró un total de 22,787 trabajadores atendidos, en agosto sumaron 21,762 y en septiembre se acumularon 21,052 a escala nacional.
La mayor parte de las solicitudes y reportes a la Profedet se generaron en el Valle de México y en las entidades que conforman la región centro del país y el 42% se produjeron a través del Centro de Orientación Telefónica. Esta situación también empalma con los estados que presentaron mayor pérdida y recuperación de empleos formales que fueron la Ciudad de México, el Estado de México, estados del Bajío y algunas entidades industriales como Nuevo León y Jalisco.
A través de la Procuraduría Digital, un recurso virtual generado para cubrir las necesidades en el contexto de la pandemia Covid-19, también se han registrado al corte del 23 de octubre 11,563 reportes de abusos o conflictos de trabajadores de los cuales el 73% han sido atendidos y el resto se encuentra en revisión.
¿Qué derechos corresponden en caso de renuncia voluntaria?
Aguinaldo (parte proporcional)
Vacaciones y prima vacacional (parte proporcional)
Prima de antigüedad, siempre que se tengan como mínimo 15 años de antigüedad (parte proporcional)
Prestaciones vigentes que no estén cubiertas
¿Qué derechos corresponden en caso de despido injustificado?
Aguinaldo (parte proporcional)
Vacaciones y prima vacacional (parte proporcional)
Prima de antigüedad
Prestaciones vigentes que no estén cubiertas
Tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional
Ante los despidos injustificados, el trabajador puede acudir a la Profedet para solicitar asesorías laborales y alcanzar una conciliación con su empleador. En el caso de no resolverse existe la posibilidad de interponer una demanda, si es el caso el trabajador tiene un plazo de dos meses para iniciar el proceso.
Otras problemáticas laborales
Ante la persistente crisis en el mercado laboral, la información y asesoría es fundamental para que los trabajadores que se vean involucrados en algún conflicto laboral. La Profedet asesora gratuitamente a todos los trabajadores y también funge como representante legal en situaciones de despido injustificado, riesgo y condiciones laborales, reclamo de prestaciones, pensiones por invalidez o retiro, designación de beneficiarios, antigüedad, vacaciones forzadas, bajas temporales sin goce de sueldo y aportaciones para el retiro ya sea con las Afore o en los sistemas de seguridad social IMSS e ISSSTE.
Manuel Lozano Nieto, secretario del Trabajo y Previsión Social de SLP.
° Se indicó que en el primer llamado se registraron cerca de 30 personas, pero sólo 7 cumplieron con lo que establece la ley; se requieren 12 para la entrada en vigor de la reforma laboral en el estado con la operación del nuevo Centro de Conciliación Laboral.
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social emitirá una segunda convocatoria para elegir a los cinco conciliadores faltantes de los 12 que se requieren para la entrada en vigor de la reforma laboral en San Luis Potosí con la operación del nuevo Centro de Concialiación Laboral estatal, mismo que entrará en funciones desde el próximo 18 de noviembre del año en curso.
En entrevista, el secretario del Trabajo y Previsión Social de San Luis Potosí, Manuel Lozano Nieto, detalló que se hará esta segunda invitación ya que los participantes del primer llamado no lograron cubrir la totalidad de los requisitos.
Explicó que se registraron cerca de 30 personas y sólo siete cumplieron con lo que establece la ley, de tal manera que hasta que se logre completar la cifra de 12 conciliadores se podrá hacer la distribución que se requiere para que operen don en Matehuala, dos en Ciudad Valles y dos más en Rioverde, mierntras que el resto se concentrará en los asuntos de la capital potosina.
Recordó que con la desaparición de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el personal se integrará a este nuevo organismo autónomo (Centro de Conciliación Laboral), por lo que descartó que sea necesario un recorte de personal.
«Se va necesitar del personal de la JLCyA como secretarias, notificadores, escribientes, para formar el nuevo Centro de Conciliación Laboral, aunado a los 12 conciliadores que se tendrán y que estarán bajo el mando del director de este organismo autónomo, Miguel Cardoza Mora»,adelantó.
De acuerdo con Lozano Nieto, se prevé que sea en esta semana que está por iniciar cuando el poder Judicial del estado elija a los jueces que formarán parte del nuevo Juzgado Laboral en San Luis Potosí.
Centro de Conciliación Laboral contará con oficinas en los municipios de Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y una Subdirección en Texcoco.
Así lo dio a conocer Julio César Vanegas Guzmán, Director del Centro de Conciliación Laboral mexiquense, durante la Séptima Reunión de Coordinación para la Implementación de la Primera Etapa de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, y agregó que la justicia laboral privilegia la conciliación y de no ser posible, pasa a los tribunales del Poder Judicial de la entidad.
Por lo anterior, en este encuentro en el que estuvo presente la secretaria del Trabajo de la entidad, Martha Hilda González Calderón, se dio a conocer que el Centro de Conciliación Laboral contará con oficinas en los municipios de Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y una Subdirección en Texcoco.
En esta reunión virtual, las autoridades laborales y judiciales de los estados que conforman la primera etapa de la Reforma Laboral, del Poder Judicial Federal y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) destacaron que hay avances superiores al 90 por ciento en promedio en selección de personal, en la construcción y adecuación de instalaciones y en la digitalización de expedientes.
En este encuentro, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, pidió a las autoridades demostrar a la ciudadanía que el cambio no es superficial sino que va en serio y aseguró que habrá conciliación efectiva, así como justicia ágil y expedita.
Ante el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la funcionaria federal afirmó que se hará valer las nuevas reglas de convivencia laboral, lo cual robustece el Estado de Derecho y generará mayor certidumbre y estabilidad en cada centro de trabajo.
En el encuentro estuvieron autoridades laborales y judiciales de los estados de Campeche, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, así como del Poder Judicial Federal y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
Entre los trabajos realizados para garantizar su operatividad se encuentra la creación de cuatro salas y nombramientos de nuevos jueces, precisó el mandatario estatal.
La entidad potosina está lista para que en el transcurso de los próximos días, pueda instaurarse el nuevo modelo de justicia que impone la reforma laboral.
El mandatario estatal, Juan Manuel Carreras López, explicó que junto a otros estados del país, SLP forma parte de un grupo en el que empezará el nuevo modelo de justicia laboral a partir del próximo 18 de noviembre.
Conforme a esa reforma, las atribuciones que antes tenían las Juntas de Conciliación y Arbitraje quedarán bajo responsabilidad de los Tribunales Estatales de Justicia.
Ya se ha hecho un trabajo -explicó- para que en próximos días pueda funcionar en SLP el nuevo modelo de justicia laboral, eso contribuirá sin duda a que esos casos que están vinculados con las relaciones laborales puedan ser solucionados, conciliados, en la forma más pronta y expedita.
Para el funcionamiento de ese modelo, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado creó cuatro salas y nombró a nuevos jueces.
Carreras dijo además este modelo permitirá que, a través de métodos alternativos de solución de conflictos, puedan darse atenciones y confiar en que sea una cantidad menor los que procedan a un juicio.
Lo que se trata -expuso-es que la justicia laboral sea más rápida, expedita.
Carreras también dijo que será en el mes de diciembre cuando habrá una nueva reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que podrá conocerse la estrategia que utilizará la Federación para cerrar el ejercicio fiscal 2020 con las entidades federativas, cuyo gasto extraordinario continúa debido a que sigue vigente la crisis sanitaria, por el virus Covid-19.
INFORMACIÓN. FEBRERO 14, 2019. FORO CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO, LUISA MARIA ALCALDE LUJÁN, Y SUBSECRETARIOS. EN LA IMAGEN, LUISA MARIA ALCALDE. FOTO : LUCÍA GODINEZ / EL UNIVERSAL.
La Secretaría del Trabajo (STPS) aseguró que hay avances superiores al 90 por ciento, en promedio, en selección de personal, construcción y adecuación de instalaciones y digitalización de expedientes para arrancar el nuevo modelo de justicia laboral en las entidades que conforman la primera etapa de implementación.
Luisa María Alcalde, titular de la dependencia, aseguró que este cambio no es superficial sino que se busca que haya conciliación efectiva, que la justicia sea ágil y que los trámites registrales (de sindicatos) estén libres de todo vicio político o de interés cupular.
«Como autoridades, tenemos la obligación de dar un mensaje claro e inequívoco: haremos valer y hacer valer las nuevas reglas de convivencia laboral, reglas comunes que todos debemos cumplir. Esto no sólo va a robustecer el Estado de Derecho, sino que generará mayor certidumbre y estabilidad en cada centro de trabajo y atraerá más inversiones, certeza en el tratado comercial del T-MEC y de los derechos de los trabajadores», dijo Alcalde, durante la séptima y última reunión de coordinación.
A su vez, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, coincidió en que se trata de la transformación del sindicalismo mexicano y de un cambio cultural.
La primera etapa de la reforma laboral arrancará en: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, solo en el ámbito federal.
El año 2021 será un año nuevamente cargado en temas laborales. Aspectos como el nuevo modelo para resolución de conflictos entre patrones y empleados, los compromisos asumidos por México en el T-MEC en materia de democracia sindical y combate al trabajo forzoso y la posible reforma para regular la subcontratación presentan un panorama activo para los encargados del capital humano en las empresas.
Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de la firma De la Vega & Martínez Rojas, recordó que el nuevo sistema de justicia laboral está por entrar en vigor el 18 de noviembre, con nuevas autoridades para la resolución de conflictos y una carga importante en la conciliación como una herramienta para solucionar de manera rápida los problemas entre trabajadores y patrones.
“Será importante para las empresas prepararse en esta etapa conciliatoria. Sugerimos que las empresas tengan dentro de su equipo de Recursos Humanos una persona que sepa conciliar, que sepa mediar y que pueda ir a estos nuevos centros de conciliación a llevar a cabo las conciliaciones, van a ser muy rápidas”, expuso durante su participación en el foro virtual Perspectivas 2021 de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).
El especialista mostró confianza en la rapidez del nuevo modelo de justicia laboral para resolver los conflictos, el cual contempla un plazo de 45 días para la resolución de casos individuales. Sin embargo, la promesa de soluciones más prontas y expeditas requieren que las áreas de relaciones laborales estén preparadas con las pruebas que se presentarán durante la conciliación y, en su caso, en el juicio ante un tribunal laboral.
“Los términos se acortan muchísimo, en esta nueva etapa por lo más vamos a tener 15 días para preparar la contestación y ofrecer pruebas. Por lo tanto, deben preparar muy bien en sus equipos a las personas que tengan las pruebas. Los términos van a ser muy cortos, nosotros pensamos que va ayudar mucho que ustedes tengan un nuevo equipo para poder resolver estos términos que serán muy cortos”, puntualizó el especialista.
Compromisos sobre democracia sindical
Para el 2021, destacó Ricardo Martínez, es necesario que las organizaciones apoyen en la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, sin tener injerencia en la vida sindical, pues la reforma laboral y los compromisos asumidos por México a través del Anexo 23-A del T-MEC establecen esta obligación.
Además, las empresas deben tomar en cuenta que las negociaciones directas con los líderes sindicales, sin consultar a los trabajadores, se terminaron. “Aquella revisión de contrato que se llevaba amistosa con el líder, tomándose un café, se acabó”.
Desde otro enfoque, el especialista consideró que la reforma laboral del 2019 dejó la puerta abierta a que las empresas puedan operar sin una relación sindical; sin embargo, para lograr esto se necesita que las áreas de Recursos Humanos estén más cerca de sus trabajadores, procuren su bienestar y escuchen constantemente sus inquietudes.
“Con eso será muy difícil que se nos meta un sindicato como antes, que con un emplazamiento a huelga nos amenazaban, nos extorsionaban, nos sacaban dinero y nos ponían a temblar. La nueva reforma, copiada de los Estados Unidos, nos gusta mucho porque va a evitar la simulación, va a evitar la extorsión”, puntualizó.
Combate al trabajo forzoso
Al igual que el nuevo modelo de justicia laboral, la negociación colectiva auténtica y el respeto íntegro a los derechos colectivos, el especialista recordó que la erradicación del trabajo forzoso es otro de los compromiso asumido por nuestro país para la firma del T-MEC.
A diferencia de los paneles internacionales que intervendrán en caso de una queja por violación a derechos colectivos, cuando exista un caso de trabajo forzoso en una empresa exportadora a Estados Unidos o Canadá, se cancelará la exportación, expuso Martínez Rojas.
En ese sentido, el abogado laboralista enfatizó que las áreas de Recursos Humanos deben estar pendiente de que estas prácticas no se presenten en la organización, entendiendo que el trabajo forzoso es un concepto muy amplio, en que también se puede incluir cuando las personas laboran más tiempo que las jornadas permitidas por la Ley Federal del Trabajo.
“La otra recomendación es que tomen en cuenta muy bien si no están llevando a cabo algún tipo de trabajo forzoso, con jornadas exageradas e ilimitadas. Eso para efecto del T-MEC se considera trabajo forzoso y no requiere de panel, por eso es muy importante que hagamos un análisis de cómo estamos laborando”, detalló.
El especialista recordó que ahora toda la cadena de suministro está sujeta al cumplimiento de los derechos colectivos y la erradicación del trabajo forzoso para mantener sus derechos arancelarios con Estados Unidos y Canadá.
Durante la séptima y última reunión de planeación, para la primera etapa de la reforma laboral en México, dijeron que habría cambios profundos
Los avances de esta reforma están en un 90%.
Habrá una segunda etapa de la reforma en octubre de 2021 y posteriormente en 2022.
Los conflictos laborales pasarán de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial.
El próximo 18 de noviembre, comenzará la primera etapa del nuevo sistema de justicia laboral en México. Tras la séptima y última reunión de planeación, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que se tratará de un auténtico cambio y no de algo superficial. Aplicación de los derechos de los trabajadores, atracción de más inversiones y certeza en el T-MEC (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), así como estabilidad y claridad en todos los trabajos en general, serán algunas de las mejoras que se buscan.
“Hoy fue la 7ma y última reunión de planeación para implementar la reforma laboral este 18 de nov. en su primera etapa, veremos nacer el nuevo modelo de justicia laboral, de libertad y democracia sindical en las entidades pioneras”, publicó Alcalde Luján en su cuenta de Twitter, acompañada de unas fotografías de la reunión virtual, en la que participaron autoridades laborales y judiciales de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, además del Poder Judicial Federal y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La funcionaria pidió a las autoridades seriedad ante este cambio, para brindar agilidad en la impartición de justicia que esté libre de corrupción. Los avances de esta reforma están en un 90%, aseguraron las autoridades. “Cerramos un ciclo e iniciamos otro y esto tiene que ver con un cambio de cultura, no es simplemente abrimos y cortamos listón y empiezan las nuevas instituciones, sino que es un cambio profundo, de fondo, es cultural”, aseguró Alcalde Luján durante la séptima reunión de planeación.
José Fernando Franco González Salas, coordinador de la implementación de la reforma laboral en el Poder Judicial, secundó las declaraciones de la secretaria: “es un cambio producto no sólo de la decisión interna del país, sino un compromiso de estado internacional. Somos pioneros y los llamo a no bajar la guardia, esto requiere una permanente continuidad para sacar adelante el primer paso y asegurar la consolidación de esta gran reforma”, dijo.
“La justicia laboral para los trabajadores del país será más rápida y eficaz, al quedar a cargo de los Poderes Judiciales Federal y estatales, al ser más breve su trámite, al pasar de un promedio de cuatro años a seis meses aproximadamente para obtener una sentencia definitiva”, se explicó en el boletín del año pasado sobre la reforma laboral. “Los conflictos laborales pasarán de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a manos del Poder Judicial, el cual implementará tribunales especializados que deberán ceñirse al sistema oral para impartir justicia”.
Después de esta primera etapa, donde participan sólo parte de los estados de la república, vendrá una segunda prevista para octubre de 2021 y posteriormente en 2022, donde finalmente se integrará a todos los estados de México.
Lo maestros se manifestaron frente al edificio de gobierno. – Foto: @GuillermoCinta
Señalaron que el gobierno del estado les adeuda más de 2.5 millones de pesos.
Los docentes que demandan el pago de la prima de antigüedad afirmaron que la cifra que se le debe a cada uno de los 13 mil maestros jubilados de la entidad es de entre 11 y 12 mil pesos.
“Estamos inconformes porque a los 13 mil maestros jubilados de Morelos nos deben, alrededor de 12 mil pesos, otros 11 mil pesos”, aseguró a La Jornada una maestra jubilada que se manifestaba.
En total, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, según los maestros, les adeuda dos millones 600 mil pesos.
De igual forma, otro grupo de maestros, que se identifican como Expresión Democrática Educativa, El Poder de la Educación y la Sociedad, el Movimiento Magisterial de Bases (MMB) y Maestros Independientes por la Educación en Morelos, protestaron para exigir la democratización del SNTE.
Alejandro Trujillo, miembro del MMB, pidió la intervención del presidente Andrés Manuel Obrador, para que se realicen las elecciones en el SNTE a fin de que los profesores tomen posesión de estas organizaciones gremiales y no la gente de la exlideresa Elba Esther Gordillo, “que hasta hoy siguen en el poder de las diferentes secciones del SNTE”.
Recordó que en noviembre pasado se debió elegir nueva dirigencia nacional, y estatales, pero se suspendió porque no le aprobaron el reglamento al SNTE armonizado con la ley del trabajo, y la reforma laboral. “Se ha suspendido más por la pandemia, se suspendieron las elecciones en este sindicato”.
Rubén Hurtado, maestro egresado de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, se sumó a la petición al presidente y a los diputados federales para que el SNTE ya convoque a elecciones, pero con un árbitro independiente “para que sean los maestros quienes encabecen esta organización gremial”.
