La reforma laboral de 2019 no sólo cambió el modelo de elección y representación sindical en el sector privado; también se incluyó al sector público (Apartado B), en donde sindicatos como el Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) deberán realizar todo su proceso electoral con voto libre, secreto y directo en las 57 secciones del país, para luego dar paso a la elección del Comité Ejecutivo Nacional en donde participarán 2.3 millones de maestros.
Considerado como el mayor reto en un proceso de renovación sindical, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales, platicó con El Economista respecto al desarrollo que tendrán las votaciones.
El SNTE fue un poderío político y económico para quienes estuvieron ahí. Con el proceso de cambio por la reforma laboral (el SNTE) también está llegando a un proceso de democratización sindical y se decidió que primero se realizará el proceso de cambio en los Comités Seccionales, los cuales ya iniciaron en 19”, comentó.
En tanto, el próximo 29 de junio se renovará la Sección 4, de Campeche que tiene 30,000 agremiados; la Sección 50 de Nuevo León, que tiene 76,000 afiliados -son más afiliados e incluso que una empresa-, por ello, explicó el Magistrado, cada ejercicio tiene que hacerse de manera muy organizada.
“Ahí es donde el Tribunal revisa la convocatoria, expedida con 15 días de anticipación, se verifica que ésta se publicite, que se dé registró a todos los que quieran participar, que no se excluya a nadie pensando en un principio de igualdad y que el día de la jornada electoral en las asambleas electorales delegacional y selectivas se vote conforme a una a un padrón que previamente ya publicó el Comité Electoral, también se pueden recibir quejas o los reclamos que pudieran presentarse”.
Cabe señalar que el proceso electoral, es similar al que ocurrió en Pemex, en donde primero se cambiaron los Comités, para luego elegir al secretario general; aunque en el caso del SNTE, explica Morales, “aquí se tratará que se ventile, que se genere movilidad al interior del SNTE, porque hay muchas corrientes que se manifiestan y que tengan el Comité Ejecutivo Nacional que tenga la mayoría”.
Destacó que se espera que la primera parte del proceso concluya en los próximos seis meses, aún faltan 38 secciones y “respetando la autonomía sindical, el SNTE debe llamar a un Congreso Nacional para que modifique sus estatutos y posteriormente y se convoque a elecciones, lo que será el segundo semestre del año de 2023, previo a las elecciones presidenciales de 2024”.
Aseguró que se cumplirá en tiempo, a pesar de que hay secciones complicadas donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es muy competitiva, como es el caso de la sección 21 de Oaxaca; la sección séptima de Chiapas y la 12 en la Ciudad de México.
En ese sentido, dijo que ya se perciben tiempos de democracia sindical; “me ha tocado ir a mí a verificar quizá 10 procesos y uno ve el nivel de participación, la autenticidad de la gente que va a votar, el equilibrio que se da entre las plantillas que compiten, entre ellos tienen sus representantes que vigilan la autenticidad del voto”.
“Por su volumen (el SNTE) es el más complejo, el que más nos toca encauzar, el nivel de participación de plantillas es numeroso, en algunos casos hay seis, en otras cuatro, hay unos en los que sólo son dos; generalmente hay competencia y discrepancias, hay emoción porque es una elección”, detalló.
Respecto a la votación mediante un sistema electrónico, dijo que se ha pensado para la elección nacional “como el volumen de votantes es tan numeroso, que sería tan costoso hacer la papelería de 2.3 millones de boletas, las casillas, el personal de casillas; sí se está contemplando, pero ya los contendientes tendrán que ponerse de acuerdo en que no vaya a dar motivos de imparcialidad o de duda el sistema de elección”.
Finalmente, destacó que “nosotros esperamos que los trabajadores al Servicio del Estado tengan representaciones más auténticas, que se vaya modificando esa idea de los cacicazgos eternos. El espíritu de la reforma laboral y la democratización sindical que tiene contemplada la cuarta transformación nacional es que haya una legítima representación de los trabajadores”.
Así como existen motivos por los que una persona puede ser despedida sin que esto implique una responsabilidad para el empleador, la Ley Federal del Trabajo (LFT) también contempla una serie de causas por las que los trabajadores pueden rescindir la relación laboral con derecho a una indemnización especial adicional a los tres meses de salario.
Este escenario es similar a una renuncia porque el trabajador decide voluntariamente separarse del puesto. Sin embargo, en estos casos la decisión está motivada por el incumplimiento de parte del empleador y por ello la legislación prevé mayores implicaciones para las empresas.
El artículo 51 de la LFT establece al menos 9 motivos por los que una persona puede terminar la relación laboral sin que esto le implique una responsabilidad. Esto puede ser posible cuando:
El empleador engaña a la persona con las condiciones de trabajo
El patrón, sus familiares o representantes incurren en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, acoso sexual y malos tratos en contra del trabajador
El patrón, sus familiares o representantes incurren en los actos anteriores fuera del centro de trabajo y la falta es tan grave que imposibilita el cumplimiento de la relación laboral
Se reduce el salario del trabajador de manera unilateral
No se paga el salario en la fecha y lugar convenidos
El patrón daña intencionalmente las herramientas o útiles de trabajo del colaborador
Hay peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplen las medidas preventivas y de seguridad
El patrón compromete, por imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento y de las personas que trabajan en él
Se exige la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaban o atentan contra la dignidad del trabajador.
“El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas”, refiere el artículo 52 de la LFT. Sólo en caso de engaño sobre las condiciones laborales, las personas tienen únicamente 30 días después de empezar a prestar sus servicios para rescindir la relación de trabajo por esta situación.
Cuando una persona trabajadora se quiere separar de su trabajo por un incumplimiento de su empleador, tiene derecho a recibir tres meses de salario, más una indemnización que se paga de acuerdo al tipo de contrato que tiene, ya sea por tiempo indefinido o temporal. Se distribuye de la siguiente forma.
Tiempo indefinido: La indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados.
Tiempo determinado menor a un año: La indemnización equivale a una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados.
Tiempo determinado mayor a un año: La cantidad debe ser igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios.
El papel del CFCRL en el proceso
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) permite a las personas trabajadoras iniciar con el proceso de conciliación cuando se quiere dejar de laborar para un empleador por uno de los motivos previstos en la LFT y se desea una compensación.
Aunque estos casos no son muy comunes en el CFCRL porque generalmente se acude por despidos y se solicita el pago de prestaciones, Gianni Rueda de León, directora general de Conciliación Individual del organismo descentralizado, señala que sí se tienen asuntos de personas que quieren terminar una relación laboral por incumplimiento de los empleadores.
Una vez que se detecta una falta del empleador citada en la legislación, la funcionaria recomienda a las personas acudir al CFCRL. “Se presenta al Centro y nosotros citamos a la parte patronal para que se sienten en la mesa. Una vez que se presenta el trabajador y se levanta la solicitud de conciliación, se suspende el plazo de prescripción, y queda suspendido hasta que llegan a un convenio o se emite la constancia de no conciliación”, explica en entrevista.
En estos casos, como en otros conflictos, es importante el acercamiento de los trabajadores al centro de conciliación, ya sea federal o local, para tener una asesoría con funcionario y determinar si el asunto procede o no, expone.
“Lo que buscamos es conocer, bajo el principio de buena fe, cuál es la realidad, qué paso realmente que rompió la relación laboral entre las dos partes. Pero esto lo conocemos atendiendo a las manifestaciones vertidas tanto por el trabajador como por el representante del patrón en la audiencia”, señala la funcionaria del CFCRL.
Desde su inicio de operaciones, el organismo descentralizado ha firmado más de 36,000 convenios que amparan más de 7,800 millones de pesos a favor de los trabajadores. Estos números, apunta Gianni Rueda, son muestra de que generalmente las personas acuden a la autoridad para que se les pague lo que por derecho les corresponde.
Más de 21 millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): cifra que supera a los registros previos a la llegada de la contingencia por el COVID-19.
Así lo declaró el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia de prensa en Acapulco, Guerrero, donde, además, aseveró que dichos números no se habrían registrado en ningún sexenio anterior.
“Tenemos más empleos de los que se tenían antes de la pandemia. Más de 21 millones de trabajadores están inscritos al Seguro Social. Nunca se había tenido esa cantidad de trabajadores”.
Aunado a ello, el Jefe del Ejecutivo señaló que el ingreso de dicha planta laboral actualmente ronda en los 14 mil 500 pesos mensuales, “se ha incrementado”, pronunció. Bajo ese mismo tenor, presumió que el promedio en el reparto de utilidades fue de 200 mil millones de pesos, mientras que el salario mínimo registró un alza del 70% en todo su sexenio.
“¿Desde cuándo no sucedía esto? Desde hace 40 años. Entonces sí vamos recuperándonos”, declaró.
Las ostentaciones del mandatario tabasqueño formaron parte del reiterado discurso en el cual asegura haber recuperado los niveles económicos, luego que las finanzas resultaran afectadas por la contingencia sanitaria.
Bajo ese tenor, Andrés Manuel se jactó de haber rechazado las propuestas de “expertos conservadores” en las cuales se apostaba por implementar un modelo de rescate económico basado en contratar más deuda pública.
El presidente reprobó a dichas propuestas que, además, implicaban destinar el presupuesto públicos para pagar los intereses de aquella deuda. En su lugar, afirmó, reenfocó los recursos a incrementar los proyectos sociales y créditos del bienestar.
“La riqueza no es contagiosa, no es permeable. Y lo que hicimos fue ayudar desde abajo hasta arriba”, dijo.
De ahí que señaló a los programas de bienestar y créditos para las comunidades más vulnerables como factores esenciales para sacar adelante la economía de México; esto, en conjunto con las remesas.
“Es un dinero que llega abajo (…) Este año sigue aumentando el monto de remesas y se va a llegar a una suma histórica de 60 mil millones de dólares”, declaró ante los asistentes y la prensa, afirmando que México ya habría recuperado el crecimiento financiero al nivel de pre-pandemia.
En abril se crearon más de un millón de plazas: INEGI
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la tasa de desempleo en México se ubicó en abril del 2022 en un 3% de la población económicamente activa (PEA), una cifra inferior al 4.7 % del mismo mes de 2021.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa fue de 59.5 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 60.1% – superando en 1.9 millones a la de abril de 2021.
Por su parte, la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 39.5 millones de personas, 345 mil personas menos que en abril de 2021. A su interior, la PNEA disponible aumentó en 65 mil, detalló el Instituto.
“La PEA muestra la siguiente distribución: 57.66 millones de personas están ocupadas; 1.80 millones de personas están desocupadas; 5.2 millones son subocupados, es decir declararon tener necesidad y disponibilidad de trabajar más horas”, expuso Graciela Márquez, presidenta del Inegi, en sus redes.
En una acción coordinada entre los tres niveles de gobierno, el Secretario de Fomento Económico y del Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, realizó una gira en el sur de Yucatán para promover la campaña “Afíliate al IMSS”, dirigida a las personas trabajadoras del hogar, hombres y mujeres que dedican su vida al servicio doméstico y al cuidado de miles de familias en Yucatán.
“Dotar a estas personas de atención médica, acceso a medicinas y a una jubilación por sus años de servicio es un acto de inclusión y de justicia laboral”, subrayó el titular de la Sefoet.
Acompañado de Gaspar Torres Palma, Jefe del Departamento de Supervisión y Afiliación del IMSS en Yucatán, Herrera Novelo visitó Peto, Tekax y Ticul para promover la campaña de incorporación al Seguro Social de las y los trabajadores del hogar, que incluyó la instalación de módulos de afiliación y recorridos por calles, parques y mercados para llevar información y entregar folletos alusivos al programa.
El funcionario destacó la buena disposición y el espíritu de colaboración tanto del personal del IMSS como de los alcaldes anfitriones, Diego Ávila Romero, de Tekax; Renán Jiménez Tah, de Peto, y Rafael Montalvo Mata, de Ticul, quiene se sumaron a los recorridos y ofrecieron continuar esa labor, así como realizar un censo en sus respectivos municipios a fin de contar con un padrón de las personas trabajadoras del hogar.
“Trabajando de la mano los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, es como se logran avances y se concretan resultados”, apuntó Herrera Novelo, quien inició esta campaña en Mérida y hace un par de semanas arrancó en Valladolid y Tizimín las giras por el interior del estado para llevar este programa.
Ahora le tocó al Sur y próximamente estará en Umán, Hunucmá, Sisal, Motul, Progreso y Telchac Puerto, para cerrar nuevamente en Mérida.
Torres Palma recordó que se debe afiliar al IMSS no solo a quienes realizan la limpieza en los hogares, sino también a los que cuidan niños y adultos mayores, jardineros, mozos, choferes, diligencieros y a todos aquellos que trabajan en las casas brindando un servicio a las familias, y ya sea por días o durante toda la semana.
El funcionario afirmó que es muy sencillo afiliar a estos trabajadores y trabajadoras, el trámite se hace en línea -puede ser desde un teléfono celular- y no lleva más de 10 minutos. La plataforma es: imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar.
Cada patrón debe registrar cuántos días labora la persona y cuánto le paga y la misma plataforma le indica cuánto debe pagar al IMSS, explicó el funcionario, quien estuvo acompañado de Grissel Vega Pech, supervisora de Afiliación del Seguro Social.
“Ahora es una invitación, pero muy pronto será una obligación y quien no la cumpla podrá ser sujeto a multas y sanciones. Por eso es mejor cumplir de una vez”, indicó, sobre el tema, el secretario de Fomento Económico.
En Tekax, Diego Ávila manifestó su respaldo a la campaña por considerar que, efectivamente, es un acto de justicia para las personas trabajadoras del hogar y ofreció que llevará el programa a las comisarías del municipio, a fin de abarcar al mayor número de potenciales derechohabientes.
En Peto, tanto el alcalde Renán Jiménez como la síndico María del Rosario Perera Suaste expresaron su apoyo al programa, y en Ticul, Rafael Montalvo ofreció al secretario llevar la información a los alcaldes afiliados a la Asociación de Municipios por Yucatán A.C. (Ampyac), organismo que actualmente preside.
En Ticul se sumó también la diputada del XIII Distrito, Carmen González Martín, quien participó en el recorrido y manifestó su compromiso de promover la campaña de afiliación en esa demarcación, ante los beneficios que genera para las y los trabajadores del hogar.
El Congreso del Estado de Guerrero ha logrado avances significativos en el tema de la Reforma Laboral para la homologación de las demandas, a pesar de que en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) tiene un rezago de más de 15 mil juicios pendientes, aseguró Cesar Felipe Leyva presidente del Colegio de Abogados Laboralistas en representación del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel, durante la toma de protesta de integrantes de la Coordinadora Nacional de Abogados de México (Coonamex).
Asímismo dijo que “bajo la nueva política en materia laboral del gobierno de México, garantiza la democracia sindical y se continuar con los resultados del nuevo modelo de justicia laboral, con procesos eficientes y eficaces, para que los centros de conciliación locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas lleven a cabo acciones de manera correcta que garantice que los mexicanos tengan acceso a la justicia y respeten los derechos laborales.”
Agregó que “la pandemia de Covid 19 hizo evidente que, por el bien de todos, debemos dejar atrás modelos económicos y laborales que durante décadas ampliaron la desigualdad de nuestras sociedades, la Nueva Reforma Laboral en México es uno de los temas que hoy en día tiene gran importancia”.
Agregó que “esta reforma pretende poner en orden las condiciones de trabajo para todos los actores de la relación laboral, esta reforma tiene impacto en muchos ámbitos de la vida en México”.
Asimismo dijo que La democracia sindical es un punto clave en la nueva Ley Federal de Trabajo, no sólo porque otorga el poder de decisión del trabajador para elegir el sindicato que más le convenga, sin ningún tipo de coacción de por medio, sino también para la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), además de que promueve un nuevo modelo de representatividad, la creación de varios sindicatos y busca eliminar las prácticas ilegales de coacción de voto y el denominado charrismo sindical.
En este orden, la reforma laboral reconoce el derecho de libertad sindical, de libre sindicalización y la protección contra actos de injerencia, bajo los parámetros de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional”.
El Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral (reforma constitucional 2017), publicado en el DOF el 24 de febrero de 2017, ordenó en su artículo segundo transitorio que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas realizaran las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento a la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.
No obstante, hasta 1o. de mayo de 2019 se dio a conocer el Decreto de reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva (Decreto), en el cual se estableció el nuevo procedimiento para la solución de los conflictos laborales, incluyendo una fase conciliatoria administrativa.
Los artículos quinto y sexto transitorios de dicho Decreto, fijaron un plazo para que los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales iniciaran actividades, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto: cuatro años a nivel federal y tres para las autoridades locales.
De esta forma, todos los estados tenían hasta el 2 de mayo de 2022 para ejecutar la referida reforma (lo cual ya se cumple en 20 entidades); a diferencia de la federación, porque su plazo vence el 2 de mayo de 2023.
Desafortunadamente, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en su primera reunión ordinaria de enero de 2022, comunicó el acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión una prórroga para la CDMX, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, con el fin de que las instituciones locales laborales de dichos lugares pudiesen estar habilitadas y contar con el equipamiento adecuado para realizar sus funciones.
Esto muestra el incumplimiento de las entidades federativas a lo ordenado en el Decreto, y con el retraso en la divulgación de la prórroga (16 días después al 2 de mayo), la omisión presidencial de hacer cumplir la ley a su estricta observancia, expresando cierto desinterés en los sectores de la producción.
A pesar de la publicación de la reforma, se transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por la omisión legislativa, de no reglamentarse lo referente a la impartición de justicia en materia laboral.
Al señalarse una fecha posterior a lo previsto en la reforma constitucional de 2017, se afecta la plena vigencia de la CPEUM, pues en ella se implementa el desahogo de la conciliación prejudicial como el mecanismo idóneo para dar soluciones prontas a los conflictos laborales, lo que finalmente vulnera la jerarquía del orden nacional establecido.
En nuestra opinión, no se puede excusar del cumplimiento a los órganos legislativos locales del mandato que los constriñó a adoptar las medidas presupuestales para dar efectividad a la CPEUM, pues al ser derecho vigente, se tiene que acatar.
Es tan evidente el desacato, que inclusive en la CDMX, sin que se hubiese publicado la prórroga, dio a conocer en su Gaceta Oficial el 29 de abril de 2022, la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de dicha entidad y el Decreto por el que se reforman varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en cuyos transitorios se señalan que sus Tribunales Laborales y el Centro de Laboral iniciarán funciones a más tardar el 3 de octubre de 2022, lo que deja en evidencia su omisión constitucional y legal.
LABORAL
Se atrasa la reforma de justicia laboral
Aplazan cinco meses el inicio de las funciones de los Tribunales Laborales de la CDMX y 11 estados
El Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral (reforma constitucional 2017), publicado en el DOF el 24 de febrero de 2017, ordenó en su artículo segundo transitorio que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas realizaran las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento a la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.
No obstante, hasta 1o. de mayo de 2019 se dio a conocer el Decreto de reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva (Decreto), en el cual se estableció el nuevo procedimiento para la solución de los conflictos laborales, incluyendo una fase conciliatoria administrativa.
Los artículos quinto y sexto transitorios de dicho Decreto, fijaron un plazo para que los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales iniciaran actividades, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto: cuatro años a nivel federal y tres para las autoridades locales.
De esta forma, todos los estados tenían hasta el 2 de mayo de 2022 para ejecutar la referida reforma (lo cual ya se cumple en 20 entidades); a diferencia de la federación, porque su plazo vence el 2 de mayo de 2023.
Desafortunadamente, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en su primera reunión ordinaria de enero de 2022, comunicó el acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión una prórroga para la CDMX, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, con el fin de que las instituciones locales laborales de dichos lugares pudiesen estar habilitadas y contar con el equipamiento adecuado para realizar sus funciones.
De ahí que el 26 de abril de 2022 el poder legislativo aprobó y turnó al ejecutivo, la modificación al artículo quinto transitorio del Decreto, para que los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales Locales inicien funciones a más tardar el 3 de octubre de 2022; reforma que el presidente firmó el 10 de mayo y se publicó en el DOF el 18 de mayo, de 2022.
Esto muestra el incumplimiento de las entidades federativas a lo ordenado en el Decreto, y con el retraso en la divulgación de la prórroga (16 días después al 2 de mayo), la omisión presidencial de hacer cumplir la ley a su estricta observancia, expresando cierto desinterés en los sectores de la producción.
A pesar de la publicación de la reforma, se transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por la omisión legislativa, de no reglamentarse lo referente a la impartición de justicia en materia laboral.
Al señalarse una fecha posterior a lo previsto en la reforma constitucional de 2017, se afecta la plena vigencia de la CPEUM, pues en ella se implementa el desahogo de la conciliación prejudicial como el mecanismo idóneo para dar soluciones prontas a los conflictos laborales, lo que finalmente vulnera la jerarquía del orden nacional establecido.
En nuestra opinión, no se puede excusar del cumplimiento a los órganos legislativos locales del mandato que los constriñó a adoptar las medidas presupuestales para dar efectividad a la CPEUM, pues al ser derecho vigente, se tiene que acatar.
Es tan evidente el desacato, que inclusive en la CDMX, sin que se hubiese publicado la prórroga, dio a conocer en su Gaceta Oficial el 29 de abril de 2022, la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de dicha entidad y el Decreto por el que se reforman varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en cuyos transitorios se señalan que sus Tribunales Laborales y el Centro de Laboral iniciarán funciones a más tardar el 3 de octubre de 2022, lo que deja en evidencia su omisión constitucional y legal.
.(Foto: IDConline)
Por otra parte, es de señalarse que México debe cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T—MEC) a finales de 2018, en el que se estableció un nuevo modelo de justicia laboral.
Por lo que se debe armonizar la legislación interna con ese convenio, a fin de darle uniformidad, coherencia y consistencia a un bloque normativo; y de tal suerte, se respete lo acordado por nuestro país frente a otros Estados. Ello de conformidad con la jurisprudencia de nombre: NORMAS DE DERECHO INTERNO. SU INTERPRETRACIÓN Y APLICACIÓN DEBEN ARMONIZARSE NECESARIAMENTE CON EL DERECHO INTERNACIONAL CON ENCIONAL, Registro digital: 2023266.
En otro orden de ideas, conforme a la tesis de rubro: SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ES NORMATIVA E IDEOLÓGICA, Registro digital: 2017841, al ser la CPEUM la base del sistema jurídico—político nacional, que establece valores, principios y reglas de observancia para todos los componentes del Estado, deben prevalecer las reglas jurídicas establecidas en ella, y en igual proporción el espíritu que las anima, como lo es su ideología y fines.
Por ende, lo jurídicamente correcto, sería que los estados pusieran en marcha inmediatamente el nuevo sistema de justicia laboral, y con ello se respete lo previsto en las reformas constitucional de 2017 y la legal de 2019, cuya esencia es crear una instancia prejudicial obligatoria, salvo ciertas excepciones.
Finalmente, más allá de transgredirse a la CPEUM, se está afectando a los colaboradores, porque no cuentan con instancias de conciliación, a fin de acceder a una justicia pronta y expedita, y evitar litigios largos y sin solución.
Con el consentimiento de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión, Luisa María Acalde Luján y del coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, están bloqueados y congelados los trámites oficiales del Sindicato Nacional de Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos, Subsidiarias y Filiales (SNEPE-PM-SF) y de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), pese a contar con Registro y Toma de Nota vigentes.
Estos son sindicatos nacionales de industria, en contraposición a la personalidad jurídica del ilegal Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que es considerado como sindicato de oficios varios desde el 15 de agosto de 1935.
Ante esta situación, le solicitan al Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, instruya a las secretarias de Energía, Rocío Nahle y del Trabajo, Luisa María Alcalde y al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reconocer la personalidad jurídica de los sindicatos SNPE-PM-SF y UNTYPP.
«Se debe terminar con la corrupción y maridaje entre los funcionarios de la Subdirección de Capital Humano de Pemex, que buscan ocultar la verdad y el total desconocimiento de la Ley Federal del Trabajo y favorecer al ilegal Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)», explicó el secretario general del SNPE, el abogado Eliel Flores Ángeles.
Los funcionarios de Pemex Franco V. Palavicini Pesquera y Carlos Víctor Jasso de Anda, subdirector y Jefe de Departamento de Capital Humano de Pemex, señalaron respectivamente: en una mala o nula interpretación de la fracción II del artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo, dejan fuera de la empresa a los sindicatos independientes.
“Y le conceden el manejo absoluto de las relaciones laborales entre Petróleos Mexicanos y los trabajadores que dicen representar”, agregan.
“Si no concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones siempre que se pongan de acuerdo….”. En caso contrario, “…cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión…” dice el citado artículo de la LFT.
“Sin embargo, los funcionarios ya citados, en claro sometimiento a los deseos de los líderes del STPRM, Carlos Romero Deschamps y su delfín Luis Ricardo Aldana Prieto y con el consentimiento tácito de la titular del Trabajo y del coordinador de asesores de la Presidencia de la República, mantienen bloqueados y congelados nuestros trámites”, precisó Flores Ángeles.
Comentó que una constancia de la primera ilegalidad del STPRM “es que se cancelló su Registro 1131 y Toma de Nota con oficio No. 211/2012 del 07/VI/2012 suscrito por el licenciado Rafael Avante Benavides, subsecretario del Trabajo y Previsión Social.
Por segunda vez se le retiró su lugar del Consejo de Administración de las empresas del Estado a partir del 13 de agosto de 2015 por carecer de personalidad jurídica, en términos de los artículos 369 fracción II y 379 fracción II de la Ley Laboral vigente, antes del 1 de mayo de 2019, por la aprobación de la reforma energética y el cambio de régimen jurídico de Pemex de Empresa Paraestatal a Empresas Productivas del Estado, Subsidiarias y Filiales.
“El gobierno federal de Enrique Peña Nieto fue dolosamente omiso y ocultó la extinción del ilegal STPRM y prohijar en este caso, la corrupta ilegalidad desde hace 33 años», refirió el líder del SNEPE.
“Además, esta ilegalidad, está la asignación de comisiones a quienes se ostentan como sus dirigentes de facto, con sus correspondientes impactos en el presupuesto de Pemex. Y también la entrega de cuotas sindicales se siguen descontándose a los trabajadores que ya no les pertenecen por ser nuestras”, subrayó el abogado Eliel Flores Ángeles.
La reforma laboral tiene que operar también en los 171 sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y garantizar su democratización, “no más votos a mano alzada”, advirtió el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez.
En entrevista con La Jornada, aseveró que por lo menos a una docena de organizaciones gremiales del apartado B (sector público) se les negó la toma de nota, ya que insistieron en elegir a sus dirigentes de manera representativa, es decir a través del voto de delegados.
“La ley es muy expresa, y es causa de nulidad la coacción del sufragio la falta de voto personal, libre, directo y secreto”; debe respetarse el voto de cerca de 5 millones de trabajadores del Estado, como establece el nuevo modelo laboral, subrayó.
En gobiernos anteriores, agregó, el “control del sindicalismo fue clave y se generaron grandes élites”, por lo que las recientes disposiciones de la reforma laboral, como la transparencia, la rendición de cuentas y la libre sindicalización son los ejes para que la democracia se “vaya institucionalizando en el interior de los gremios”.
La norma no incluye legitimación de contratos colectivos en los sindicatos del Estado, sino únicamente convenios sobre las condiciones generales de trabajo, entre otros.
No obstante, estas organizaciones deben adecuar sus estatutos de acuerdo con las reformas de los artículos 69, 72 y 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, a fin de garantizar la libertad y democracia sindical en sus elecciones.
El magistrado Morales Vázquez detalló que del total de gremios de servidores públicos, 116 tienen dirigencia vigente o ya renovada y 29 prórroga por la emergencia sanitaria. No habrá más aplazamientos, “el último fue en mayo y se acabaron las extensiones de periodos”.
En 26 sindicatos, agregó, la dirigencia ya venció, y de las seis federaciones registradas ante el TFCA, en cuatro casos expiró la vigencia de la toma de nota, por lo que sus elecciones deben hacerse con base en los nuevos principios democráticos. Omitió detallar de qué organizaciones se trata, debido a que “son procedimientos activos”.
A diferencia de los sindicatos del apartado A (sector privado) para los que se crearon centros de conciliación laboral, el TFCA es el responsable de impartir justicia, un órgano colegiado donde están representados trabajadores y el gobierno, lo cual “da una mayor certeza a la validación de una elección”.
José Neri Ortega Blancas, secretario general de la Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales de los Estados Unidos Mexicanos (CIOASEUM), sostuvo en Teotihuacán un encuentro con la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), una de las más representativas de ese país.
Reunidos ante representantes de los más de 600 mil agremiados de 25 estados del país, el líder sindical señaló que están encaminados hacia un hermanamiento de nivel internacional que pretende beneficiar a los trabajadores y a los connacionales que viven más allá de la frontera del norte de México.
Reconoció que como líderes, con este tipo de encuentros, tienen el reto de aportar más beneficios y razones de bienestar a quienes en ellos confían.
“El objetivo ahorita es ir abriendo fuertes, porque ahorita aquí en México existe una gran corrupción con los contratos, hay contratos que son de protección, que son contratos blancos. La nueva ley viene modificar el sindicalismo en México y nosotros lo que queremos es ser partícipes de esas nuevas normas para el beneficio de los trabajadores”, comentó.
Ortega Blancas sostuvo la importancia de abrir espacios y que el sindicalismo en México sea auténtico, en la que los trabajadores escojan la organización que mejor les parezca.
Por parte de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) asistió el asesor y representante de Asuntos Políticos, Ramón Becerra.
“Para nosotros es importante que dialoguemos para ver formas, ver opciones, ver posibilidades de cómo podemos juntos empoderar a los trabajadores latinoamericanos allá en Estados Unidos, aquí, y crear unidad para poder lograr lo que tenemos que lograr”, dijo.
Los oradores, integrantes de la CIOASEUM, resaltaron el gran avance que han logrado como organización, ya que son de reciente creación.
“La organización tiene poco de nacer, hace dos meses, pero los líderes que estamos aquí no somos nuevos, somos líderes que llevamos algunos años al frente de nuestros compañeros, que vienen de la parte de abajo, que conocen las necesidades y los problemas de todos los compañeros”, explicó.
La Confederación Internacional agrupa a organizaciones civiles y otras de comerciantes, mercados, recolectores, transportistas, entre otros gremios.
A la Asamblea Extraordinaria acudió un representante de la Secretaría del Trabajo federal y los alcaldes de los municipios de Teotihuacan, Tepetlaoxtoc y Coacalco, quienes coincidieron en la importancia de apoyar y respaldar a la clase trabajadora.
La legitimación del contrato colectivo de trabajo de la empresa Saint Gobain, en su planta de Cuautla, Morelos, se realizará el próximo 5 y 6 de julio, en medio de la disputa de dos organizaciones sindicales que buscan representar a los más de 1,000 trabajadores.
La legitimación del contrato colectivo de trabajo de la empresa Saint Gobain, en su planta de Cuautla, Morelos, se realizará el próximo 5 y 6 de julio, en medio de la disputa de dos organizaciones sindicales que buscan representar a los más de 1,000 trabajadores.
La empresa global Saint Gobain tiene operaciones en Morelos, Tlaxcala, San Luis Potosí, Coahuila, Baja California y Tamaulipas; pero es en la planta de Morelos donde surgió una organización sindical independiente, que arrancó la campaña por el “No” a la legitimación del contrato.
Actualmente el sindicato que tiene la titularidad, y quien es el encargado de organizar el proceso de votación de los trabajadores para el próximo 5 y 6 de julio, es el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio, afiliado a la Confederaciones de Trabajadores y Campesinos (CTC), quien ha buscado el acercamiento con los trabajadores para lograr la legitimación del contrato.
La compañía está vinculada con el sector automotriz, por lo que se tiene especial interés en su legitimación, pues se trata de uno de los sectores que está bajo observación de Estados Unidos y Canadá, dentro del capítulo laboral del T-MEC.
De acuerdo con información del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) son tres consultas las que se tienen registradas con el contrato CC-48/1996-XX-MOR y la votación se desarrollará en dos días.
Francisco Gerardo Servín Neri, asesor del Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos de Saint Gobain México, comentó que es una oportunidad para que los trabajadores, quienes están inconformes con la representación sindical actual, decidan sobre el futuro democrático con un proceso vigilado y sin represión.
