Empujan pensión para trabajadores del campo

Diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano promueven iniciativa para que los trabajadores del campo tengan derecho a una pensión para el retiro, que sería otorgada por un fondo de pensión rural.

Proponen adicionar el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, así como un cuarto y quinto párrafo a la fracción III del artículo 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En la exposición de motivos, la iniciativa refiere que con esta medida se contribuye a garantizar el acceso a la seguridad social, un derecho fundamental que permitirá reducir la pobreza y las carencias en el sector rural mexicano, uno de los más vulnerables del país.

Advierte que la mayoría de los trabajadores agrícolas no son afiliados a las instituciones de seguridad social, a pesar de que la Ley del Seguro Social lo establece en el artículo 237-B.

Los sueldos que se pagan son de alrededor de 18.5 pesos por hora y tan sólo siete de cada 100 trabajadores obtienen aguinaldo.

Por lo anterior, sugieren adiciones a la Ley del Seguro Social para crear el fondo de pensión rural, que sea previsto cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación conforme con la legislación aplicable.

El documento apunta que dicho fondo es un instrumento de seguridad social universal en beneficio de las y los trabajadores del agro y sería administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de conformidad a lo que establece el artículo 239-A de la legislación en la materia y el reglamento respectivo.

El IMSS procurará la inscripción de las y los productores del sector rural que cumplan los requisitos de edad previstos en su ley, explica el documento.

La cuantía del retiro del fondo de pensión rural deberá actualizarse conforme al salario mínimo vigente establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, agrega la propuesta.

En torno a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la bancada de MC plantea que el Ejecutivo federal establecerá el Fondo de Pensión Rural para fomentar, financiar y promover un instrumento de seguridad social universal para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del campo en el pleno ejercicio de sus derechos sociales del sector rural y sus comunidades.

La iniciativa se remitió a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

En los artículos transitorios, refiere que el Poder Ejecutivo federal realizará las adecuaciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestal al fondo de pensión rural, en los términos del presente decreto y la legislación aplicable.

Asimismo, enuncia que el Ejecutivo federal realizará una evaluación sobre los distintos programas en materia de política de seguridad social y apoyo a adultos mayores del sector rural, procurando el ordenamiento, transparencia y eficacia de ésta, con el objetivo de unificarlos y transitar hacia un esquema de acceso universal a través del fondo de pensión rural.

La iniciativa apunta la importancia de estas reformas, en virtud, de que el 45 por ciento de los trabajadores rurales son subordinados y remunerados; 37.1 por ciento labora por cuenta propia; 12.6 por ciento son trabajadores sin sueldo y tan solo el 5.3 por ciento son empleadores.

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/27186/empujan-pension-para-trabajadores-del-campo

Trabajo informal: la mayor preocupación en materia laboral para 2022

Dos millones de empleadores no inscriben a sus trabajadores en el IMSS, detalló el director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup

Lo más preocupante para este 2022 en materia laboral, es resolver lo que he llamado ‘el cáncer’ del empleo en el país, que es la informalidad. Al tercer trimestre de 2021 había 31.4 millones de personas con un empleo informal. Y dos millones de empleadores que no registran a su personal en el Seguro Social ”, afirma contundente Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.

«Se debe cerrar la puerta a los patrones que hacen evasión. Quien te contrata con seguridad social, no evade sino el empleador que desde un principio no asume esta responsabilidad. ¡Esa es la puerta que hay que cerrar! Sería un gran logro para el país en materia laboral», dice a El Sol de México.

Al hablar sobre las perspectivas laborales para este año, el especialista y analista en la materia, comentó:

«En materia legal laboral, tenemos que legislar para cerrar la puerta a los empleadores que hoy no quieren reconocer que son patrones y que pagan por honorarios, como si fueran trabajadores independientes, cuando no lo son. Son sus empleados».

Por tanto, busquemos reglamentos, lineamientos legales para que esto se corrija, asumió.

¿Cuántos empleadores hay en el país?

-Empleadores hoy en México, según el INEGI 2.9 millones. Y de acuerdo con el IMSS, hay 1 millón 054 mil inscritos. Esto quiere decir que son 2 millones de empleadores que no registran a su personal en el Seguro Social.

De los casi 3 millones que hay solo un millón los registra. Ahí es donde hay que revisar y entonces sí, tendremos una mejor situación laboral para todo el mundo, para esa Población Económicamente Activa (PEA), bono demográfico magnífico todavía, tan importante como el dato de más de 3 millones que son los puestos que deberíamos de crear.

Sí no, la gente no se va a quedar sin hacer nada. Las personas requieren dinero y se van a trabajar a la informalidad. Eso es lo que necesitamos.

¿Cómo cerró 2021 en materia de empleo?

-En cuanto a números, 2021 fue prácticamente un año en el que quedamos cero a cero. Fue un empate. Se recuperó el empleo, básicamente al mismo nivel que antes de la pandemia.

¿Entonces, no hubo creación de nuevas plazas?

-Exactamente. Para ser honestos eran 20.6 millones de empleos en febrero de 2020 y vuelven a ser 20.6 millones con sus pequeñas diferencias positivas.

Perspectivas para 2022

¿Qué va a pasar en este 2022?

-Por un lado, deberíamos concentrarnos en ofrecer formalidad y seguridad social para todo tipo de trabajadores. Esto desde el punto de vista legal.

Desde el punto de vista de cuántos empleos se van a generar, todavía hay números muy cortos. El Banco de México ya sacó un estimado de 464 mil empleos, muy bajito y creo que son muy buenos los analistas del Banxico y espero que estén equivocados porque están dando menos de medio millón de empleos.

¿Cuántos es el objetivo?

-Medio millón es muy poco, pero el número promedio que se generaba en años antes de la crisis sanitaria estaba por arriba de los 700 mil empleos. Ese debería ser nuestro objetivo. Ya hemos sido capaces de generar ese número anteriormente.

Sí no se viene otra vez un problema de salud, de pandemia, estaríamos regresando a esos niveles de generación de empleo que ya eran antes factibles.

¿Qué es lo que genera empleo?

-Lo único que genera empleo es la inversión. Y el problema es que la recuperación económica de muchos sectores y empresas no se va a dar en este 2022. Se van a necesitar de dos años más al menos para poderse recuperar.

Pero seamos optimistas de que logremos mantener esos niveles de empleo de arriba de los 700 mil.

Se habla de que en materia legal, ya no tenemos pendientes en el sector laboral. En mayo se implementa la tercera fase del nuevo modelo de justicia laboral. ¿Cómo lo ve usted?

-Creo que no nos debemos de meter en más reformas, sino ponernos ya a trabajar. Lo que hay que concentrarnos más en este tema, que todo el empleo que se genere, sea eventual, digital o a distancia sea con bases de formalidad y que incluya seguridad social.

Sí ofrecemos eso y trabajamos juntos iniciativa privada y gobierno en esos reglamentos va ser mucho mejor. Y no implica que nos vayamos a ir por otra reforma laboral. Sería un error. Simplemente generar los lineamientos, los reglamentos para que se vaya la gente no a la informalidad sino a la formalidad.

Por otro lado, ¿va muy lenta la legitimación de los contratos colectivos de trabajo?

-Sí, es un tema que va a durar todavía un rato. Va a tomar cauce. Aunque es complicado, no es porque no se entienda, sino que son muchas las empresas y es un sindicato que tiene que ser por empresa.

Se habla de 550 mil contratos colectivos de trabajo. Y que para fines de 2021 se esperaban tener legitimados más de 2 mil. ¿Cómo lo ve?

-En efecto, a partir de cierto número de trabajadores implica tener un sindicato. Entonces, junto con los datos que nos da el IMSS, nos dice cuántas empresas hay de tantos asegurados.

Patrones hay un millón 054 mil al terminar 2021, pero de esos son de tamaño micro y pequeña empresa y hay 700 mil empresas que no cuentan, para esos números.

Pero sí, son muchísimos los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) y va a tomar su tiempo. Lo laborioso es que son muchos y controlar mucho es difícil; pero ese cauce va a ir. Tengo confianza de que eso vaya bien.

Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/trabajo-informal-la-mayor-preocupacion-para-2022-en-material-laboral-7737738.html

Grupo de Carlos Romero Deschamps mantiene control de la mayoría de las secciones del STPRM

Seguirá manteniendo el control, a través de poderosos líderes seccionales que, desde hace varias décadas, ejercen feudos como Ramón Hernández Toledo, en la sección 11 de Nanchital, Veracruz; Ricardo Aldana, en la 40, con sede en la Ciudad de México; Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, en la 47 de Ciudad del Carmen, Campeche; Esdras Romero Vega, en la 01, de Ciudad Madero, Tamaulipas; Artemio de Jesús Enríquez, de la 38, de Salina Cruz, Oaxaca y Raúl Becerra de Dios, de la 14, de Macuspana Tabasco, entre otros.

A unas horas de que inicie el periodo para el registro de candidatos a la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el grupo afín al exsecretario general, Carlos Romero Deschamps, ha logrado mantener el control de la amplia mayoría de las 36 secciones que integra esa organización sindical.

Durante noviembre y diciembre pasados, se realizaron los procesos para renovar los comités ejecutivos locales, de los cuales, en cuatro se declararon inválidos los resultados y se ordenó la reposición de la elección.

De las 32 secciones donde se declaró valido el ejercicio, en tres habrían ganado candidatos disidentes al grupo del ahora exdirigente nacional Carlos Romero Deschamps y, en 29, ese grupo habría ratificado su dominio. Sin embargo, algunos dirigentes opositores aseguraron a El Economista que ese grupo seguirá manteniendo el control de todas las secciones donde las elecciones se declararon válidas.

Subrayan que el grupo que hasta ahora controla el sindicato petrolero seguirá manteniendo el poder, a través de viejos líderes seccionales que, desde hace varias décadas, mantienen feudos. Es el caso de Jorge Alberto Wade González, en la sección 10, de Minatitlán, Veracruz (aunque la autoridad determinó reponer la elección en ese lugar) y Ramón Hernández Toledo, en la 11 de Nanchital, Veracruz, que son las dos más importantes por número de agremiados, así como a través de Ricardo Aldana que controla la 40, con sede en la Ciudad de México, pero con cobertura en Nayarit, Nuevo León, Aguascalientes, Durango, Puebla y Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, en la 47, de Ciudad del Carmen, Campeche. Estas dos últimas son consideradas altamente estratégicas, la primera porque agrupa a los trabajadores de la amplia red de gasoductos y oleoductos del país y, la segunda, tiene cobertura en la poderosa región petrolera campechana, aunque es una donde se determinó reponer el proceso.

En el primer círculo del equipo afín a Romero Deschamps destacan también los líderes seccionales Héctor Sosa Rodríguez, en la 34, que corresponde a la Ciudad de México e Hidalgo (donde se tendrá que hacer nuevamente la elección); Esdras Romero Vega, en la 01, de Ciudad Madero, Tamaulipas, Artemio de Jesús Enríquez de la 38, de Salina Cruz, Oaxaca y Raúl Becerra de Dios, de la 14, de Macuspana, Tabasco, entre otros.

Las elecciones se realizaron con base en la reforma laboral de 2021, bajo el principio de voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores, estableciendo mecanismos de denuncia para proteger su derecho a elegir a sus dirigentes por la vía democrática.

Los nuevos secretarios generales ejercen el cargo desde el 1 de enero de 2022 y permanecerán hasta el 31 de diciembre de 2024.

El 7 de enero pasado, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informó que, con base en los informes de los inspectores federales del trabajo, así como las evidencias aportadas a través de los mecanismos de denuncia, determinó la reposición del proceso de elección en cuatro secciones que son las 10, correspondiente a Minatitlán, Veracruz; 34, que incluye a Ciudad de México e Hidalgo; 38, de Salina Cruz, Oaxaca y 47, de Ciudad del Carmen, Campeche, “al considerar la existencia de duda razonable durante el proceso de selección”.

Niegan toma de nota a hijo de líder Jorge Alberto Wade González, en sección 10, de Minatitlán, Veracruz

El CFCRL determinó reponer el proceso de selección de la dirigencia de la sección 10 del STPRM, con sede en Minatitlán, Veracruz, al considerar que hubo duda razonable sobre las irregularidades denunciadas durante la contienda.

Con ello se negó la toma de nota a Jorge Alberto Wade Zúñiga, quien se venía desempeñando como secretario del Interior y Acuerdos del Comité Ejecutivo Local, pero es más conocido por ser hijo de Jorge Alberto Wade González, señalado como cacique petrolero en el sur de Veracruz, aunque oficialmente actualmente es presidente del Consejo Local de Vigilancia y dirigente del denominado Frente Liberal Sindicalista.

Según los resultados del cómputo, Wade Zúñiga había obtenido más de 90% de los votos.

La Comisión Electoral Auxiliar de la sección 10 del STPRM solo aprobó la candidatura de Wade Zúñiga, a pesar de que al menos otras tres planillas buscaron competir.

A esta sección pertenece el actual secretario general del STPRM, Manuel Limón Hernández.

En esa sección impidieron el registro de José Luis Uría, quien realizó una serie de movilizaciones denunciando el fraude.

Invalidan triunfo de Héctor Sosa Rodríguez en sección 34 CDMX-Hidalgo

Héctor Sosa Rodríguez, el poderoso dirigente petrolero que se había autoproclamado ganador en la elección de secretario general de la sección 34, a la que pertenece el exsecretario general, Carlos Romero Deschamps, que incluye las Ciudad de México e Hidalgo no podrá asumir el cargo, luego de que el CFCRL le negara la toma de nota al tener duda razonable sobre la forma en que logró el triunfo.

El dirigente perteneciente al grupo político de Romero Deschamps, fue el único candidato que fue registrado para las elecciones celebradas el 16 de noviembre pasado.

Sosa Rodríguez, forma parte del denominado Movimiento Depurador 27 de agosto, al cual también pertenece el actual secretario general seccional, Miguel Cándido.

El aspirante ha sido ya dos veces secretario general seccional y ha tenido diversos cargos en el sindicato durante el tiempo en el que era encabezado por Romero Deschamps. Hasta antes de postularse como candidato a la secretaría general seccional, fungía como secretario del Interior y Acuerdos de la sección 34.

Ordenan nueva elección en sección 38 de Salina Cruz, controlada por Artemio Enríquez

El dirigente petrolero Carlos Cabello Moreno, integrante del Frente Liberal Sindicalista 25 de enero, ganó la elección de secretario general de la sección 38 del STPRM con sede en Salina Cruz, Oaxaca, sin embargo, el CFCRL anuló el proceso por considerar que hay duda razonable sobre las presuntas irregularidades ocurridas durante ese ejercicio.

El CFCRL ordenó reponer el proceso en el que Cabello Moreno, quien se venía desempeñando como tesorero de la sección, se proclamó triunfador, pero, de acuerdo con la disidencia, gente del líder real de la sección, Artemio de Jesús Enríquez, cercano a Carlos Romero Deschamps, incurrió en prácticas de terrorismo sindical.

Incluso ejercieron represalias contra trabajadores que votaron por otra opción. Concretamente amenazaron con correr a trabajadores de la refinería “Antonio Dovali Jaime”, ubicada en aquella región de la costa oaxaqueña.

Otros, presuntamente fueron obligados a jubilarse para no permitirles votar. También negaron el ascenso en el escalafón a quienes les tocaba y se negaban a apoyar a Cabello Moreno.

Lucía Lara Suarez, excandidata a la dirigencia local por la planilla Guinda, denunció que el proceso ocurrió en desventaja, pues se limitó el tiempo para hacer campaña y que en algunas instalaciones se impidió hacer proselitismo y sus compañeros de planilla fueron objeto de amenazas. También denunció acarreo de votantes.

El día de la elección, trabajadores disidentes denunciaron prácticas como relleno de urnas.

En enero de 2021, Artemio de Jesús Enríquez fue denunciado por su presunta responsabilidad de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, presuntamente cometidos entre 2016 y 2021.

Trabajadores disidentes lo acusan de tener demandas por abuso sexual y señalamientos de venta de plazas.

Invalidan elección en sección 47, de Ciudad del Carmen, Campeche, controlada por Víctor Manuel Kidnie

La elección para renovar la dirigencia de la sección 47 del STPRM, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, fue anulada por el CFCRL, que determinó la reposición del procedimiento, al haber duda razonable sobre la forma en que ganó Víctor Matías Hernández Colunga, candidato de la Planilla Verde.

Hernández Colunga forma parte del grupo sindical que controla esa sección desde hace años y que es encabezado por Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, quien tiene una amplia carrera política al interior del PRI, por el cual ha sido diputado federal, integrante del Consejo Consultivo de la Liga de Economistas Revolucionarios de la República Mexicana, integrante honorario del Consejo Consultivo Adherente Nacional de la Organización por la Democracia, consejero municipal y estatal. Ha sido denunciado por su presunta responsabilidad en extorsión y lavado de dinero y fraude.

La autoridad ordenó la reposición de la elección realizada el 16 de noviembre pasado, debido que se documentaron irregularidades en ese ejercicio donde sólo hubo una planilla.

En esa sección, al menos cinco planillas tenían la intención de participar en el proceso pero se les impidió el registro.

Disidentes denunciaron que el Colegio Electoral fue integrado solo por personas seguidoras de Kidnie de la Cruz.

Se imponen seguidores de Romero Deschamps en dirigencias seccionales

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, las elecciones seccionales en el sindicato de Pemex demuestran que “todavía hay inercias” y según la información de la que dispone, la oposición al grupo dominante, es decir al que encabeza Carlos Romero Deschamps, ganó “cinco o seis secciones” y “pudieron haber ganado más, pero se dividieron. Sin embargo, para algunos dirigentes eso no es así.

Para María de Lourdes Díaz Cruz, mejor conocida como Lula y dirigente del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, el presidente está dando como ganadas por la oposición las secciones 21 con sede en Ciudad Camargo, Chihuahua, la 36 con sede en Monterrey, Nuevo León y Reynosa, Tamaulipas y la 31 de Coatzacoalcos, así como tres donde en realidad lo que ocurrió es que se negó la toma de nota a los supuestos ganadores y que son la 10 de Minatitlán, Veracruz; 38 de Salina Cruz, Oaxaca y 47 de Ciudad del Carmen, Campeche.

Para la dirigente sindical, en las tres primeras lo que ocurrió fue que falsas disidencias ganaron las elecciones, pero en realidad son personas cooptadas por el grupo en el poder, el de Romero Deschamps.

Luis Ricardo Muñoz Natividad pierde control de sección 21, con sede en Ciudad Camargo, Chihuahua

En Ciudad Camargo, Chihuahua, triunfó la contienda Luis Alejandro Reyna Tirado, quien ganó a Luis Ricardo Muñoz Natividad, quien había ejercido el control del sindicato en esa zona durante más de 17 años.

En esa sección está la planta de fertilizantes inaugurada en 1967 y cerrada en 2002, aunque en 2012 se anunció su reapertura, pero no se concretó y en junio de 2019 el presidente López Obrador anunció su rehabilitación.

Reyna Tirado ganó la contienda por tres votos de diferencia y luego de varios problemas que enfrentaron porque en un principio le negaron el registro a su planilla.

La elección se realizó el 7 de diciembre y participaron menos de 200 personas.

Luis Ricardo Muñoz Natividad es acusado por trabajadores de vender terrenos propiedad del sindicato, sin la autorización de los trabajadores.

María de Lourdes Díaz Cruz denunció que sancionaron a su compañero, Jesús Carrasco, para impedir que se registrara como candidato y el grupo dominante “arregló” el triunfo de Reyna Tirado.

Aseguró, el grupo de Romero Deschamps cedió esa plaza ya que no es estratégica.

Quitan a Moisés Gerardo Balderas riendas de la poderosa sección 36, con sede en Reynosa, Tamaulipas

Moisés Gerardo Balderas Castillo perdió el control de la sección 36 del STPRM con sede en Monterrey, Nuevo León y Reynosa Tamaulipas, ante Juan Antonio Treviño Vega, quien encabezó una candidatura de unidad, al unirse las planillas naranja, verde, amarilla y roja, elección realizada el 30 de noviembre, cuando la planilla de unidad obtuvo 1,310 votos, contra 1,160 de la blanca.

Balderas Castillo llevaba 18 años con el control de la poderosa sección 36 del sindicato petrolero y buscaba reelegirse.

Balderas Castillo es considerado integrante de la llamada “cúpula dorada” del sindicato petrolero, encabezada por Carlos Romero Deschamps.

Ha sido denunciado de enriquecimiento ilícito. Además de dirigente petrolero, se ha desempeñado como diputado federal, diputado local y regidor del ayuntamiento de Reynosa, por el PRI.

Algunos líderes sindicales consultados por este periódico consideran que Juan Antonio Treviño Vega es realmente el único candidato disidente al grupo de Romero Deschamps en ganar una secretaría general seccional en el pasado proceso electoral, pues con los demás hubo arreglo con el grupo de Romero Deschamps.

Prima, interrumpe control de Edith Carrillo Díaz, lideresa sindical en Coatzacoalcos

Margot Castañeda Cansino, se convirtió en la secretaria general de la sección 31 del STPRM, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, al derrotar en las urnas a su prima, Edith Carrillo Díaz, mejor conocida como La Jefa y quien había mantenido el control de esa sección durante los últimos 25 años.

Edith Carrillo Díaz buscó la reelección a través de la planilla Verde y obtuvo 183 votos frente a 240 que logró Castañeda, postulada por la planilla azul. El padrón era de 545 trabajadores.

El triunfo de la planilla azul ocurrió a pesar de que se registraron irregularidades el día de la elección, cuando se obligó a trabajadores de Comalcalco a trabajar dos horas más de su jornada laboral normal con el fin de no poder llegar a tiempo a sufragar.

En la contienda también participó Luis Castro, por la planilla roja, que obtuvo 92 sufragios.

María de Lourdes Díaz Cruz, aseguró que en esta plaza, la elección fue arreglada entre las primas.

Grupo de Romero Deschamps gana en la amplia mayoría de secciones

El grupo afín a Romero Deschamps y al actual secretario General del STPRM, Manuel Limón Hernández, mantuvo el control de las secciones 01, de Ciudad Madero, Tamaulipas; 03 de Altamira, Tamaulipas; 09, del puerto de Veracruz; 11, de Nanchital, Veracruz, 13, de Cerro Azul, Veracruz; 14, de Ciudad Pemex, Tabasco; 15, de Ciudad Mendoza, Veracruz; 16, de Cuichapa, Veracruz; 22, de Agua Dulce, Veracruz; 23 de Minatitlán, Veracruz; San Francisco de Campeche y Progreso, Yucatán.

También mantiene su hegemonía en la 24, de Salamanca, Guanajuato; 25, Ciudad Naranjos, Veracruz; 26, de Las Choapas, Veracruz; 29, de Comalcalco, Tabasco; 30, de Poza Rica, Veracruz; 33, de Tampico, Tamaulipas; 35, de Tula de Allende, Hidalgo y Azcapotzalco, Ciudad de México; 39, de Huauchinango, Puebla; 40, de Tepic, Nayarit; Monterrey, Nuevo León; Aguascalientes; Gómez Palacio, Durango; Puebla, entre otras entidades; 42, de Ciudad del Carmen, Campeche; 43, de Santa María La Rivera, Ciudad de México; 44, de Villahermosa, Tabasco; 45, que corresponde al Hospital Central Norte, Ciudad de México; 46, de Texmelucan, Puebla; 48, de Reforma, Chiapas; 49, de Cadereyta de Jiménez, Nuevo León; 50, de Dos Bocas, Tabasco; 51, de Tuxpan, Veracruz y 52, de Guadalajara, Jalisco.

De ellas, las que más llamaron la atención, sobre todo para saber si sus poderosos líderes locales mantendrían el control, destacan las elecciones en la sección 40 con sede en la Ciudad de México, no solo porque concentra a más de 6,000 trabajadores, sino porque es el bastión de Ricardo Aldana Prieto, uno de los líderes más poderosos dentro del sindicato y quien aspira a suceder al actual líder nacional, Manuel Limón.

En esa sección, la autoridad concedió la toma de nota a Francisco Araiza Alcázar, quien se reeligió en el cargo, ya que no hubo competidor.

También llamó la atención lo ocurrido en la sección 11, con sede en Nanchital, Veracruz, con alrededor de 8,000 trabajadores, donde retuvo la dirigencia el exdiputado federal priista, exregidor de Coatzacoalcos y exdirector de Gobernación de Veracruz, Ramón Hernández Toledo, quien controla esa sección desde hace tres décadas, dejando en segundo lugar a Flavio Medina Barragán, de la Planilla Guinda y del Movimiento Cambio Sindical (Mocasin).

Otra sección que atrajo la atención fue la 01 de Ciudad Madero, Tamaulipas, donde retuvo la secretaría general, Esdras Romero Vega, uno de los más poderosos líderes del STPRM. En esa sección, se impidió el registro de Hugo Carlos Venegas Leija.

Esdras Romero Vega ha sido, a demás de dirigente petrolero, diputado federal, diputado local por el PRI, regidor de Ciudad Madero, presidente municipal de la misma localidad y consejero político del PRI.

La sección 14, con sede en Ciudad Pemex (Macuspana, Tabasco), es controlada desde hace años por Raúl Francisco Becerra de Dios, quien se reeligió en el cargo.

La disidencia denunció que ni siquiera se dejó registrar otras planillas, aunque opositores como Daniel Oropeza Falcón y César León Díaz, buscaron el registro.

Denuncia disidencia terrorismo sindical

La dirigente disidente María de Lourdes Díaz Cruz dijo que las elecciones estuvieron plagadas de actos de terrorismo sindical, presiones, compra de votos, promesas y una serie de prácticas del charrismo sindical.

Denunció que durante los procesos electorales locales operaron “casas de seguridad” y, en algunos casos, gente del sindicato iba por los trabajadores a sus viviendas para llevarlos a votar.

Acusó a la senadora Cecilia Sánchez de impulsar una narrativa en contra de la Secretaría del Trabajo, según la cual esa dependencia federal se alió al grupo de Romero Deschamps, lo cual, afirmó, son infundios pero inhibieron el voto.

Incluso la acusó de ser ella la que forma parte del grupo del ahora exsecretario general.

Dijo que con ello se dividió al movimiento disidente, lo cual benefició a los “charros sindicales”.

A su vez, la aspirante a secretaria general, Cristina Alonso García, afirmó que la elección para renovar las dirigencias seccionales fue muy irregular, debido a que la dirigencia nacional y las seccionales anteriores tuvieron el control de los procesos.

Sin embargo, añadió, la disidencia logró ganar la sección 36 correspondiente a Monterrey y Reynosa y se logró echar abajo cuatro donde hubo serias irregularidades.

Aunque en varias secciones se pudo postular a candidatos de unidad por parte de la disidencia, los grupos que controlan desde hace años esa dirigencias ganaron con acciones ilegales, actuando como juez y parte, recalcó.

Dijo que la principal irregularidad es que las mesas electorales estuvieron controladas por gente de la anterior dirigencia, lo cual, en la mayoría de los casos, aseguró el triunfo de sus candidatos e impidieron, por la mala, que ganara la disidencia.

Por su parte el consultor jurídico en materia laboral, Armando Jurado, explicó que el primero de mayo de 2019 se promulgó el decreto de reforma laboral en el que se establece las normas básicas que deben regir la vida democrática de los sindicatos. Concretamente las votaciones deben ser mediante voto, personal, libre y secreto.

Asimismo, subrayó que en los procesos electorales seccionales, los funcionarios del CFCRL solo tenían facultad para actuar como observadores, aunque, al final esa instancia fue la encargada de conceder o negar la toma de nota.

La actual dirigencia del SNTPRM decidió realizar primero la renovación de sus 36 dirigencias seccionales y luego la dirigencia nacional, que tendrá lugar el 31 de enero de 2021. En ese sentido, explicó, el cálculo es que quien controle las dirigencias seccionales tiene amplias posibilidades de ganar la contienda por la dirigencia nacional.

El especialista destacó que la ley solo especifica que se debe hacer mediante voto electrónico para aprobar el Contrato Colectivo de Trabajo, no para elegir a secretarios generales, por lo cual no se pudo obligar al Sindicato a que se usara esa modalidad en la renovación de las dirigencias estatales.

Por: Diego Badillo

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Grupo-de-Carlos-Romero-Deschamps-mantiene-control-de-la-mayoria-de-las-secciones-del-STPRM-20220114-0074.html

Amparo de trabajador de la salud para estar en casa y evitar contagio no procede

Si usted es trabajador del sector salud y pretende irse a un juicio de amparo porque su patrón no aceptó más su resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio de Covid-19, el procedimiento jurídico que pretende no será aceptado.

Y es que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.

Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo.

Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador.

Es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente.

Fuente: https://reformalaboralparatodos.org.mx/wp-admin/post-new.php

“Yo tengo mi equipo y pago mis servicios”: Claroscuros de la reforma de home office

La regulación del teletrabajo cumplió su primer año de vigencia en México y, a pesar de ello, los ajutes que se hicieron en la legislación laboral aún no se aplican a plenitud y se observan estrategias legales para evadirlos.

“Me dijeron que no”, así le contestaron a Sandra González cuando preguntó si le darían las herramientas para trabajar desde casa. Sandra cumplió ya seis meses laborando de manera remota en turnos de 12 horas en el área de soporte técnico de una empresa dedicada a la venta de GPS.

Durante su proceso de reclutamiento le comentaron que la posición sería remota. Sandra cuestionó si le darían las prestaciones que marca la reforma de teletrabajo, pero la respuesta de la empresa fue negativa. “Yo tengo mi equipo y pago mis servicios”, comparte Sandra. De acuerdo con una encuesta de OCC Mundial, el 73% de las personas que trabaja de manera remota no tiene acceso a los derechos que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La reforma de teletrabajo entró en vigor en enero del 2021 y estableció que las nuevas disposiciones son aplicables cuando un trabajador labora más del 40% de su jornada laboral semanal en un domicilio distinto al centro de trabajo. En ese mismo mes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fijó una postura en la que aseguró que la regulación no podía ser aplicable en un contexto como la pandemia en el que el teletrabajo es una respuesta a las restricciones por la emergencia sanitaria.

Un año después, el escenario no es el mismo y los semáforos epidemiológicos permiten el retorno de trabajadores a las actividades presenciales. Especialistas coinciden en que ante este panorama, ya no es viable justificar el incumplimiento de la reforma por la pandemia, pues la continuidad del teletrabajo ya se percibe como una decisión de cada organización.

Jimena Sánchez, socia de la firma D&M Abogados, opina que la pandemia nunca fue motivo suficiente para no aplicar los cambios. “El teletrabajo no dejó de ser teletrabajo por un tema de contingencia. Entonces, si tú cumples con todos los supuestos que marca la reforma, es decir, que representa más del 40% de tu horario y que es a través del uso de tecnologías de la información, es teletrabajo independientemente del motivo”.

Para Carlos Ferran Martínez, socio director de la firma Ferran Martínez Abogados, aunque aún existe un choque de interpretaciones en torno a la vigencia de la reforma en el contexto de la pandemia, la realidad es que el mercado se encuentra en el momento idóneo de realizar las modificaciones de los contratos de los teletrabajadores.

“Ahorita ya empieza a ser pertinente la discusión de quiénes van a quedarse laborando en teletrabajo. En definitiva, hay una recuperación de la movilidad, de la actividad económica, muchas empresas regresando escalonadamente o en su totalidad, y otras que no tienen la intención de regresar y aquí la pregunta y el análisis que debe hacerse es cuánto de mi personal va a quedarse trabajando en la modalidad de teletrabajo”, apunta el especialista.

Según la encuesta de OCC Mundial, sólo el 27% del universo sujeto a las nuevas reglas de teletrabajo ha firmado una modificación a sus condiciones contractuales para dar certeza a la modalidad. Pero únicamente el 26% de quienes hacen home office recibió equipo y material para trabajar desde casa, el resto —al igual que los que mantienen su relación contractual sin cambios— sigue asumiendo los costos del teletrabajo, como Sandra.

Para Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el reto de la implementación del teletrabajo no sólo radica en modificar las relaciones contractuales, sino en garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, lo cual no ha ocurrido entre quienes ya han firmado los cambios en sus contratos.

“Lo que han hecho algunas empresas es que en donde tienen teletrabajo, establecen que la modalidad no rebasa el 40% del tiempo para evadir cualquier responsabilidad que derive de ello, como pagar la luz, el internet o las herramientas que deben darle a los trabajadores”, afirma el abogado laboralista.

Modelo laboral 3-2-2

De acuerdo con una investigación de la firma Talent Solutions de ManpowerGroup y Everest, el modelo 3-2-2 (tres días de oficina, dos días en casa y dos días de descanso) es el que está predominando entre los esquemas híbridos que están adoptando las empresas. Pero en una jornada semanal de cinco días, laborar dos desde casa implica no rebasar el 40% del tiempo que marca la LFT.

“Hay una arquitectura legal para evadir el cumplimiento de la reforma de teletrabajo”, subraya Manuel Fuentes. Con este formato, apunta el especialista, se diluyen los objetivos de la regulación del teletrabajo como garantizar el equipamiento de los trabajadores, la seguridad y salud, y que la jornada no exceda el límite legal.

Desde la perspectiva de Jimena Sánchez, el modelo 3-2-2 es una vía legal para mantener la flexibilidad laboral, otorgando el beneficio del trabajo remoto, pero sin caer en el supuesto que establece la Ley Federal del Trabajo.

“Si nosotros trabajamos desde nuestra casa dos días y tres días vamos a la oficina, no estamos en la figura del teletrabajo porque no representa más del 40 por ciento. Aún con ese esquema híbrido, los patrones estarían exentos del pago de los gastos, de asignar las herramientas de trabajo”, explica la especialista.

Este es sólo un ejemplo, coinciden los especialista, de que tras un año de aplicación de la reforma de teletrabajo, hay varias lagunas legales que deben revisarse.

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Yo-tengo-mi-equipo-y-pago-mis-servicios-Claroscuros-de-la-reforma-de-home-office-20220114-0059.html

Votarán trabajadores de General Motors por su nuevo sindicato el próximo 1 y 2 de febrero

En una jornada electoral que durará 38 horas, los trabajadores de la planta de General Motors de la planta de Silao, votarán para elegir a su nueva representación sindical, luego de que el 3 de noviembre quedó disuelto el contrato colectivo de trabajo.

Trabajo del hogar debe pagarse: ministro Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se pronunció ayer en favor de que el trabajo del hogar tenga una retribución económica.

En un mensaje en video publicado en sus redes sociales, explicó que en México se piensa que el trabajo del hogar y el cuidado de los niños es exclusivo de las mujeres. “Además, estamos acostumbrados a pensar no merece remuneración, como si fuera obligación de las mujeres trabajar gratuitamente en beneficio de sus familias, descargando responsabilidad de los padres”, agregó.

Zaldívar mencionó que la SCJN ya emitió una sentencia en la que estableció por primera vez que ese trabajo del hogar debe tener un pago. Se trata de una doble jornada laboral: “Una mujer que trabaja lo mismo que el esposo, pero que después ella se hacía cargo de manera exclusiva de las hijas, de los hijos y de las labores del hogar. Se dijo ahí que las labores del hogar y el cuidado de los hijos son responsabilidad de ambos padres y que, en consecuencia, si uno se dedica preponderante a este cuidado, debe tener una satisfacción económica”.

Comentó que el anterior es un criterio de vanguardia que ha sido reiterado en la Corte, la cual, aseguró, “defiende los derechos de todos, hace diferencia en la vida de las personas –sobre todo de las mujeres– y ayuda a cambiar, y combatir la cultura machista”.

Petición de ONG al Senado

Por otro lado, la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza instó al Senado a aprobar la minuta que permitiría la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, mediante el cual se podría facilitar la inserción laboral de unos 14.5 millones de mujeres que permanecen fuera del mercado de trabajo por dedicarse a tareas domésticas y de cuidado de personas vulnerables.

En conferencia de prensa, subrayaron que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, el valor del tiempo dedicado a cuidar a otras personas es de 6.4 billones de pesos, equivalentes a 23 por ciento del producto interno bruto.

“El Senado de la República quedó en falta al no aprobar la minuta de reforma constitucional del Sistema Nacional de Cuidados, porque esta reforma ya fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados a fines de 2020. Ya pasó un año y sigue pendiente”, resaltó la organización civil.

Fuente:

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/16/politica/trabajo-del-hogar-debe-pagarse-ministro-zaldivar/

 

Debe aplicarse el nuevo sistema de Justicia Laboral

El nuevo sistema de Justicia Laboral debe aplicarse en Guerrero a más tardar en el mes de mayo, de lo contrario se estaría incumpliendo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseguraron abogados laboralistas.

Carlos Marx Barbosa Guzmán, integrante de la directiva del Colegio de Laboralistas de Guerrero, informó que el nuevo sistema de justicia laboral debió establecerse desde octubre pasado, pero Guerrero no se  contó con los recursos necesarios para hacer los ajustes que se requerían, y ahora tiene como fecha límite en mayo próximo para que se empiece a aplicar.

Lamentó que durante la anterior legislatura no se presupuestó ningún recurso para ese rubro, por lo que no fue posible actualizar el sistema y adaptar las reformas aprobadas a nivel federal.

Aseguró que tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Secretaría del Trabajo y los gobiernos estatal y federal están en dispocision de participar, cada quien desde el ámbito de su competencia para hacer una realidad la aplicación del sistema de justicia laboral.

El abogado laboralista agregó que de no aplicarse ya esa reforma en Guerrero en mayo próximo, se rompería uno de los pactos internacionales el que se relaciona con el TLCAN, porque básicamente es desde la firma de ese tratado que se determinó impulsar las modificaciones.

Barbosa Guzmán se quejó porque los diputados locales aprobaron para el Tribunal Superior de Justicia un presupuesto de 865 millones de pesos, pero al DIF estatal le aprobaron 731 millones de pesos, “cómo es posible que para un Organismo Público Descentralizado se autorice casi el mismo presupuesto que para al Tribunal Superior de Justicia, cuando el DIF no tiene actividad productiva ni jurisdiccional, eso significa que no le han dado la debida importancia, ni han medido la magnitud de lo que representa el cumplimiento de un pacto internacional”, expuso.

Dijo que los laboralistas se suman a la petición que ha hecho el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias tanto al gobierno federal como al estatal, para que se destinen recursos extraordinarios para todos los ajustes administrativos, de capacitación y de infraestructura que se necesitan para estar listos para el nuevo sistema de justicia laboral.

Las declaraciones de dieron en el marco de la sesión del Colegio, en la que su presidente, César Felipe Leyva anunció que se llevará a cabo próximamente el Congreso Internacional de Laboralistas en Guerrero, evento al que acudirá el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, se comprometió a colaborar en todo lo que sea necesario para que en Guerrero se cumpla con esa normativa.

En tanto, Jorge Naranjo, secretario general del Colegio de Laboralistas de Guerrero, consideró importante que en las universidades se privilegie la actualización de los saberes, pero también la práctica, de manera que puedan combinarse las clases entre teoría y práctica que permitan una mejor calidad de egresos de los especialistas en derecho; del mismo modo convocó a los socios a certificarse, en alguno de los más de mil estándares de competencia, con el apoyo del propio Colegio.

Fuente: https://www.enfoqueinformativo.mx/debe-aplicarse-el-nuevo-sistema-de-justicia-laboral/

Elección sindical de petroleros, por voto «libre, secreto y directo»

Ciudad de México. El gobierno federal informó de los avances en el proceso de elección de una nueva dirigencia en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), prevista para el 31 de enero, la cual se realizará por “voto libre, secreto y directo”.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, se detalló que se trata de la elección a dirigente sindical más grande realizada hasta la fecha con el nuevo marco normativo laboral, y con una “neutralidad del gobierno y de la empresa, garantizando que sean los trabajadores quienes elijan a sus representantes”, informaron autoridades laborales.

Se informó que del 8 de diciembre y hasta el 20 de enero se realiza el registro de votantes. A la fecha, 50 mil trabajadores han dado de alta su correo electrónico y número de teléfono celular, a fin de participar en el proceso para emitir su voto electrónico a través del denominado Sistema Remoto de Votación Laboral (SIRVOLAB).

El registro de candidatos a la secretaria general del STPRM se realizará del 17 al 19 de enero; la campaña electoral se realizará del 21 al 29 de enero; y el día de elección será el próximo 31 de enero, y cuyos resultados se darán a conocer el mismo día.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el sindicato petrolero, los candidatos que aspiren a dirigir el STPRM deberán cumplir con cuatro requisitos: ser socio activo del sindicato; ser trabajador de planta; tener una antigüedad mínima de 10 años; y tener al menos 25 años de edad.

Por lo que respecta a la elección de dirigentes en las 36 secciones del gremio petrolero, la autoridad laboral informó que se repondrá el proceso en cuatro secciones (Minatitlan, Ciudad de México, Ciudad del Carmen y Salina Criuz), mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral validó el proceso de elección en 32 secciones.

En cuanto a los compromisos laborales contraídos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canada (T-MEC), se informó que se cumplió con la creación de un órgano independiente del registro de sindicato y verificación de los procesos de democracia sindical, pues a la fecha se han realizado 2 mil 209 verificaciones y 2 mil 556 Contratos Colectivos han sido legitimados, lo que involucra a más de un millón de trabajadores.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/14/politica/eleccion-sindical-de-petroleros-por-voto-libre-secreto-y-directo/

De vuelta a la polémica: ¿Quién debe pagar las pruebas Covid-19 en el trabajo?

Además del costo que implica para una persona realizarse la prueba Covid-19 de forma particular, este tema implica otras preguntas: ¿Las empresas pueden o deben pedir las pruebas? ¿Sirve realmente esta medida para evitar contagios?

A diferencia de otros picos de la pandemia, la cuarta ola ha pegado en la transición del teletrabajo a la presencialidad. Con la mayor parte del país en semáforo verde y luego del periodo vacacional de fin de año, miles de personas volverían a sus empleos, pero para ello les exigen una prueba covid-19 y para obtenerla, están lidiando con largas filas, que les exponen al contagio, o con asumir el costo económico de los análisis.

“Es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas covid-19 como requisito para ingresar a los centros de trabajo”, informó ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En un breve comunicado, advirtió que, de acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, “en ningún caso se debe trasladar el costo” al personal.

Y recordó que para cualquier orientación o queja, está el teléfono 800 717 29 42 o la página de la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador.

En tanto, Omar Estefan, director de Previsión Social de la STPS, expuso en sus redes sociales que si las empresas requieren prueba negativa de covid-19 sus colaboradores para acceder al centro de trabajo, los empleadores están obligados a pagarla.

«Los empleadores deben fomentar y brindar confianza para que el personal se quede en casa o se retire del centro de trabajo ante la presencia de síntomas de la enfermedad o sospecha de contagio, aun sin necesidad de pruebas PCR o de antígenos», agregó.

El tema de las pruebas sigue siendo polémico y trae a la discusión la corresponsabilidad empresarial, gubernamental y de las trabajadoras y trabajadores, así como la viabilidad económica y epidemiológica, coinciden la especialista en Derecho Laboral Sara Morgan y el consultor en Recursos Humanos Luis F. González-Aspuru.

En los últimos días, miles de personas, principalmente en la Ciudad de México, han saturado las instituciones de salud, alcaldías, municipios, laboratorios y farmacias privadas en busca de una prueba covid-19. Buena parte de ellas, porque se las han solicitado en su empleo.

La cuestión es que “no soluciona el problema a largo plazo”, señala González-Aspuru, el resultado negativo “es sólo una foto del momento”. Para tener la seguridad de un ambiente laboral libre de covid-19 “tendrían que pedir pruebas de manera regular, por lo menos cada dos semanas y eso sería una carga económica para cualquiera. Simplemente no es viable”.

Prevención antes que nada

Mejor que pedir pruebas, habría que minimizar el riesgo de contagio en las instalaciones, cumpliendo la sana distancia, programando la sanitización constante y una buena capacitación al personal para recordar o reforzar las medidas de higiene y seguridad, aconseja el especialista en desarrollo empresarial.

Y de ser posible, para aquellas empresas que puedan hacerlo, continuar en home office, dice Sara Morgan, extitular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México.

“Pero también es importante entender que la variante Ómicron es mucho más contagiosa y tenemos que salir al súper o cualquier otra diligencia fuera de casa. Seguimos y seguiremos conviviendo con esta enfermedad, incluso es probable que muchas personas la contraigan y nunca lo sepan”, agrega.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, las pruebas rápidas de antígenos podrían ser menos sensibles para detectar Ómicron. Y de acuerdo con la Iniciativa Mundial para Compartir Todos los Datos Sobre la Influenza (GISAID, por sus siglas en inglés), más del 70% de los nuevos casos covid-19 en México pertenecen a esa variante.

El martes pasado, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conformado por representación empresarial, obrera y de gobierno, hizo “un llamado a las empresas a no pedir pruebas covid con costo a los trabajadores para su regreso al centro laboral”.

Por su parte, este miércoles la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México emitió un boletín en el que aseguró que las empresas que agrupa “no están solicitandopruebas covid-19 a sus colaboradores como requisito para la continuidad de la actividad laboral”.

Sostuvo que han asumido los costos de todos los protocolos de prevención y además continúan “sanitizando y ventilando espacios, generando horarios escalonados y muy importante, facilitando todo lo necesario para el home office, en aquellos sectores y giros en donde son posibles”.

En su comunicado, la STPS se dirigió también a la comunidad trabajadora y le recordó “la importancia de no acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con covid-19, para no ser un riesgo potencial de contagio para otras personas”.

Sabiduría popular

Si bien Luis González-Aspuru, director de la consultora Asgar Corporation no considera que las pruebas sean la mejor opción para asegurarse que el personal está sano, “si aun así lo quieren implementar, la tendría que pagar la empresa”. No es viable para colaboradoras y colaboradores, pues el costo representa hasta el 20% de sus salarios, apunta.

Para otras actividades laborales con más personas, para las cuales no sea necesario asistir pero así lo elijan los propios trabajadores o trabajadoras, “las podría pagar el empleado, con apoyo de empresa, porque ellas tienen la facilidad de generar convenios con laboratorios”.

“Muchas grandes empresas están costeando las pruebas, el problema es para las pequeñas y medianas empresas (mipymes)”, dice Sara Morgan. Esos centros laborales generan más del 70% del empleo en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y también para ellas sería inviable económicamente, apunta la exfuncionaria.

González-Aspuru ve una ventaja en esas pequeñas organizaciones. “La comunicación podría ser más directa porque tienen menos gente, hay menos burocracia” y en ese caso la mejor estrategia sería el llamado a vacunarse, dice.

“Tenemos que entender que no es un problema de empresa o de colaboradores, es un problema social y mundial. Creo que es a través de una buena plática, de la negociación y de tener ganas de solucionar se puede lograr en cualquier organización, de cualquier tamaño. No hay respuesta perfecta sobre quién debe pagar las pruebas, ni de quién es más responsable, todos lo somos”, afirma la especialista.

“Yo apelaría también a la sabiduría colectiva”, apunta Sara Morgan. “Muchas personas quieren sacar raja de este problema, tanto las empleadoras como las trabajadoras. Pero todas tenemos una obligación de seguir funcionando, dentro de lo que se pueda. Las empresas no deben exigir un comprobante de no infección, pero el personal no debe dejar lugar a dudas de que está cuidándose”.

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/De-vuelta-a-la-polemica-Quien-debe-pagar-las-pruebas-Covid-19-en-el-trabajo-20220112-0113.html